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En la primera entrega del reportaje, realizado por el equipo de investigación de Red Muqui, se constataron trabajos de remoción de tierras y la instalación de barreras ubicadas en los caminos que llevan a lugares concesionados por la compañía minera Southern. En esta segunda parte nos referimos a sus intentos fallidos para conseguir a toda costa la licencia social del proyecto Tía María, en territorios donde preexisten dinámicas sociales, económicas y culturales.

Para los campesinos, el responsable de la obstaculización con piedras del camino principal sería la propia Southern Perú. Tal vez, el motivo de estas medidas sean la respuesta al anuncio que hicieran los pobladores organizados sobre la visita de inspección. Los campesinos descartan que estas rocas cayeran por deslizamiento producto de alguna lluvia, sismo u otros eventos no registrados en días anteriores. Los únicos presentes en la zona son equipos de la empresa, señalaron los dirigentes. ¿Quién más podría ser responsable de colocar piedras en el camino?

El contingente de la Policía Nacional que estuvo supervisando la concentración de los agricultores desde que se reunieron en Cocachacra y acompañó a la delegación en su trayecto, constató el hecho del camino bloqueado y señaló que la carretera “es una vía carrozable, de penetración que es usada para vías de emergencia”, afirmando que cualquier carro puede pasar por allí. Ante la pregunta respecto a si la zona le pertenece a la compañía, la policía respondió que no tenía información al respecto.

Indignación

Los agricultores manifestaron a Red Muqui que la empresa habría avanzado durante la pandemia sin que nadie se diera cuenta, y así tener listo el inicio de la construcción del proyecto minero. “Las tranqueras sobre caminos y la remoción de tierras son prueba de ello. El vocero Rocha de Southern decía que no harían nada hasta tener la licencia social”, señaló uno de los agricultores.

Southern no cumplió su compromiso

Desde julio 2019, momento cuando el Minem aprobó la licencia de construcción de Tía María, y luego en octubre, cuando el Consejo de Minería ratificó su resolución frente a la apelación del Gobierno Regional de Arequipa; la empresa minera, a través de su directivo principal, Óscar Gonzales Rocha, se comprometió públicamente a no iniciar ninguna acción hasta obtener la licencia social, presionado por las fuertes protestas que se dieron en esos meses y en años anteriores. Los gobiernos de turno también señalaron que Tía María no se iniciaría si no cuenta con licencia social. En junio de este año, durante la XV edición del Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2024, Gonzales Rocha, manifestó que “(Southern) espera concretar lo antes posible los proyectos mineros Tía María, Los Chancas y Michiquillay”, en declaraciones recogidas por ProActivo.

Buscan anular licencia de construcción de Tía María

Además del compromiso social asumido por la empresa, actualmente enfrenta un proceso judicial. En octubre de 2022, la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló en contra de la resolución que otorgó la licencia de construcción al proyecto Tía María. En la sentencia el tribunal argumenta que la empresa minera no demostró los cuidados ambientales necesarios en su EIA de no afectar considerablemente el medio ambiente del valle de Tambo, y porque no había considerado al Frente de Trabajadores de Chucarapi como demandantes en las audiencias del Consejo de Minería en 2019. Actualmente, el juicio se encuentra en segunda instancia debido a la apelación de la empresa minera.

Compañía perdió concesión donde iba a instalar planta de beneficio

El 2020, el Consejo de Minería revocó, mediante la resolución N° 491-2020, la concesión que la empresa Vania había cedido a Southern (a través una transferencia económica), a causa de que la empresa no pagó las penalidades durante el 2017 y 2018, multa que se le impusó por no iniciar ningún tipo de actividad durante 10 años, de acuerdo a la ley. En ese lugar, Southern iba a construir su planta de beneficio para procesar el cobre.

Frente a esta resolución del Consejo de Minería, Southern acudió al Poder Judicial, pero el Décimo Segundo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda interpuesta por Southern en octubre del 2022.

Actualmente Southern no puede construir su Planta de Tratamiento de Minerales en el lugar indicado por su Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Empresa presentó ITS el 2018 para mover Planta de Beneficio

Son hechos que la empresa no puede desconocer, ya que les afectan directamente. De hecho, ante algunos de ellos, la compañía minera ha reaccionado como en el caso de la superposición de la futura planta de beneficio de Tía María (tratamiento y refinado del cobre) con la concesión de la empresa Vania; Southern presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) al SENACE para obtener la autorización para desplazar su planta de beneficio 500 metros al suroeste. El Senace lo aprobó en febrero del 2018. No obstante, en la resolución del SENACE señala que eso no implica autorización o licencia para que la empresa opere con el instrumento aprobado.

Para la especialista Ana Leyva de CooperAcción, la única salida legal que tiene la compañía, uno de los mayores productores de cobre del país, es volver a solicitar su licencia de construcción con el ITS aprobado en 2018. Además, explicó que el cambio de lugar de las plantas de beneficio de las empresas mineras son modificaciones significativas que deben contar con una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) y no un ITS, que es un instrumento técnico que se solicita para cambios menores en el desarrollo de los proyectos mineros.

Recordemos que la licencia de construcción de Tía María, aprobada por el Consejo de Minería el 2019, tomó en cuenta el EIA aprobado por el MINEM el 2014. El Consejo de Minería autorizó la licencia de construcción de Tía María, 3 semanas antes de que se venza el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental.

En los distritos del Valle de Tambo, de acuerdo a la versión de los dirigentes, Southern continúa regalando algunas maquinarias e insumos a los agricultores, para así lograr la licencia social del pueblo de todo el valle, a pesar de que su licencia de construcción aprobada está en problemas, judicializada y cuestionada, una realidad que develamos desde la campaña ¿Minería para tod@s? mitos y realidades.

Fotografía: Movilización del año 2019

“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte – secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.

Después de más de 10 años de protestas y resistencia contra la construcción del proyecto minero “Tía María” de la empresa mexicano-norteamericana Southern, una nueva paralización se ha iniciado el día de ayer en el Valle de Tambo, a lo largo de la provincia de Islay en Arequipa, luego de la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, de otorgar la autorización de construcción para el proyecto minero Tía María a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Frente a ello, el ministro Francisco Ísmodes del MINEM ha declarado en prensa, que el Perú “necesita un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo”, y ha agregado que la dudas e inquietudes de los agricultores de la provincia de Islay tienen que ser aclaradas de manera técnica”.

Las razones técnicas

Debe recordar el Ministro, que fueron 138 observaciones técnicas que realizó el Organismo de Naciones Unidas – UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que no fueron levantadas debidamente por la empresa minera. En el levantamiento de observaciones que se realizaron al segundo EIA de la empresa minera Southern, recordamos como en menos de una semana (entre el 25 de julio y el 01 de agosto de 2015, con feriados de por medio) fue aprobado el EIA, con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Debemos recordar que las preocupaciones que tenía la población del Valle de Tambo, que recogió también la UNOPS respecto del primer EIA, se mantuvieron luego con la presentación del segundo EIA:

–          El tajo abierto La Tapada, el primero de los dos tajos del proyecto Tía María, y su chancadora primaria, y los depósitos de desmontes y de sulfuros; se encuentran muy próximos, en pendiente y con dirección al principal canal del río Tambo que irriga el Valle y al Valle mismo y un sector de la población. El límite de dicho tajo abierto está a sólo 50 metros del canal.

–          Las voladuras para abrir el tajo abierto generan material particulado (polvo que contienen partículas PM2.5 y PM10) que con los vientos dañarían las aguas del río Tambo y los cultivos del Valle. No existe estación de monitoreo de vientos en las zonas donde se produce polvo que haya verificado dicha situación.

–          El agua ácida (producto de los óxidos y sulfuros generados en el tajo), generarían filtraciones en la napa freática y en la roca madre hacia el acuífero aluvial del río Tambo, más aún en un escenario de detonaciones y existiendo una falla geológica. Con un estudio hidrogeológico con serias debilidades, el MINEM sin embargo dio por resuelta su observación.

–          Riesgo de drenaje ácido de roca (DAR) hacia el río Tambo, ya que los componentes de La Tapada se ubican en pendiente, y están ubicados en dirección al río.

–          Respecto de la planta de desalinización, no se llegó a establecer los niveles de impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero en Matarani; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo, población que por ello también se ha sumado a las protestas.

Ver el estudio y la investigación completa en “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay Arequipa”.

Por todas éstas preocupaciones técnicas que surgieron en la población de Islay, producto de la revisión del EIA finalmente aprobado a la empresa minera Southern para el proyecto Tía María; es que surge la desconfianza de la población, la que se acrecienta cuando el ministro Ísmodes señala respecto al proyecto minero, que el Perú «necesita de un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo».

Interpelación

Es por ello y otras razones que el último viernes 12 de julio, los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú solicitaron una interpelación del ministro de Energía y Minas, luego del otorgamiento de autorización de construcción para el proyecto minero Tía María. La interpelación es uno de los mecanismos de control político que asiste a los congresistas, principalmente a las minorías, que tiene por objeto citar a uno o varios ministros de Estado para que respondan ante el Pleno del Congreso. La moción cuenta con el respaldo de congresistas de cuatro bancadas. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) explicó que el pliego interpelatorio consta de 11 preguntas y cuenta con las firmas de parlamentarios de cuatro bancadas, además de la suya: Cambio21, Alianza para el Progreso (APP) y Nuevo Perú.

Arequipa

De otro lado, el alcalde del distrito de Islay, Fernando Zúñiga; Edgar Rivera, alcalde provincial de Islay; y Elmar Pinto, consejero provincial; han señalado que con la entrega de la licencia de construcción, “se generará un conflicto social de imprevisibles consecuencias, originado pérdidas económicas y, sobre todo, más pérdidas de vidas humanas”, de las ocho que hasta ahora el conflicto ha generado.

Por su parte, Augusto Paredes, Vicepresidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo manifestó: “son ellos o nosotros; nosotros no vamos a morir cobardemente porque traen 2000 o 3000 policías. Si vamos a morir, moriremos luchando. No nos iremos. Si hay que enfrentarse nos vamos a enfrentar. Nosotros como pobladores somos los que decidimos a dónde queremos ir y en donde queremos trabajar, no es el Gobierno que nos puede imponer dónde vamos a vivir”.

Red Muqui

Reiteramos que el diálogo es fundamental para encontrar una solución ante el conflicto que el propio gobierno ha desatado, pero no en estas condiciones. Y es que el gobierno, al otorgar la autorización de construcción a Southern, ha desvirtuado el diálogo que el mismo Presidente Vizcarra había comprometido, que era previo a otorgar la autorización de construcción a la empresa, pese a ello, incumplió su compromiso, como ha reiterado el gobernador regional de Arequipa. Lo que ha buscado siempre la población del Valle de Tambo es un diálogo para discutir sobre la viabilidad o no del proyecto minero, y no para discutir las condiciones y tiempos para la realización del proyecto.

Señalamos que está en manos del gobierno la solución; que pasa por dar un paso atrás en la determinación que el gobierno ya ha tomado, priorizando la vida de las personas y la paz social, antes que intereses económicos.

  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

A UN AÑO DE LA PROTESTA EN ISLAY

A un año del último episodio de violencia y caos que vivieron los agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) emitió el documental “La batalla del cobre”, el mismo que se estrenó el 11 de febrero de este año.

El programa ‘En Portada’ viajó hasta Arequipa para conocer de primera mano el conflicto minero que sufre esta región a raíz de la adjudicación de dos minas de extracción de cobre, a la empresa mexicana Southern Cooper. Los documentalistas españoles, reconocen también que minería es uno de los principales sectores de la economía peruana, pero también el origen de un tercio de los problemas sociales.

“En Portada toma el pulso de este conflicto a través de sus principales actores y ha confrontado a unos con otros, a través de hechos y testimonios, en una batalla que se sigue librando y cuyas heridas siguen abiertas”, remarca el equipo de RTVE.

El documental presenta al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa y sus 15 mil hectáreas de cultivo y como sirve de sustento alimenticio a 50 mil habitantes y a todo el sur peruano.

“La proximidad al valle, eminentemente agrícola, preocupa a sus habitantes, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto. Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenciones”, indica el registro.

En la primera parte, el equipo de RTVE llega hasta la zona del proyecto Tía María con un representante de Southern, ahí la empresa les muestra la zona del tajo abierto a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar y a 7 km. de distancia del valle, según el funcionario de Servicios ambientales, Darío Oviedo.

En otro ángulo del documental, la reportera recoge la opinión de Otto Hito, un ingeniero ambientalista  independiente quien los conduce hacia el yacimiento “La Tapada” que está más próximo a la población y a los cultivos del valle. En el lugar, el técnico refiere que entre este yacimiento y el valle, apenas existen 1,200 metros de distancia.

“(El peligro) es la cercanía, el material particulado, los gases que va a producir La Tapada y como estos llegarán hasta los cultivos y a la población”, indicó Hito.

Mientras que se muestran imágenes de como empieza un día laboral en el distrito Cocachacra, se recoge el testimonio de la campesina, Mercedes Hinojosa quien en tiempo de cosecha le brinda trabajo a unos 40 agricultores.

“Nosotros vivimos con el agro, de lo que cosechamos. (…) si la Tía María entra, ¿Qué vamos a comer la gente? ¿De qué vamos a vivir?”, cuestionó Hinojosa.

En documental se menciona que en el valle del Tambo, 4 de 5 personas viven de la agricultura, algunos dueños de la tierra la trabajan, otros la arriendan para usufructo, moviendo unos 400 millones de soles por año.

En otro momento, declara Jesús Cornejo, presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo que agrupa a más de la mitad de agricultores del lugar.

“Quien debe asumir los compromisos y las necesidades del pueblo es el gobierno, no la empresa Southern (…) ustedes han visto al decisión del pueblo en defender el valle, no les importa morir”, asevera Cornejo a la reportera española.

Tras exponer testimonios de todas las partes, RTVE rememora los hechos de la huelga indefinida en la provincia de Islay y los deudos de aquellos que murieron durante la protesta.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio refiere que hubo excesos por parte de la policía y de los civiles. Asimismo, la gobernadora opina que la ausencia del Estado es la que viene originando la conflictividad social en el país y la población que vive de actividades tradicionales –como la agricultura- no ha sido bien atentida.

También se recoge opinión de la periodista arequipeña, Mabel Cáceres de El Búho, quien señala a falta de diálogo y una cultura de negociación se suscita hechos de violencia y es ahí cuando el gobierno se da por enterado desde Lima.

De igual modo, el defensor del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, también hizo hincapié en la falta de diálogo desde el gobierno y la misma empresa con la población.

En medio de la remembranza del conflicto, se recoge la voz de Daniel Toranzo, el reportero que grabo el preciso instante en que la policía intentó crear una prueba falsa contra un poblador.

Otro hecho mencionado por RTVE es la relación que mantenía el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, abogado de Southern, y su negociación oculta en la que se transaban más de un millón de dólares a cambio de detener el paro en Islay, la misma que acabó con la propagación de sus conversaciones teléfonicas.

Durante el recorrido audiovisual, los realizadores también muestran videos corporativos de la empresa minera y sus ofrecimientos en torno al proyecto.

Como se recuerda tras los hechos de violencia suscitados en mayo de 2015, Southern mantiene paralizadas sus acciones en la zona mientras establece un Plan de Socialización que intenta convencer a los arequipeños sobre los beneficios de la minería.

La producción española muestra el caso de ‘Tía María’ como un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

‘La batalla del cobre» es un reportaje con guión de Yolanda Álvarez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen de José Manuel Frean; sonido de Alfredo Sánchez-Toledo; montaje de Javier Mula; y producción de Ana Pastor y Lourdes Calvo.

Fotos: RTVE En Portada

Video: YouTube Info Peru

AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.