Defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.
José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”.
El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.
Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.
La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”.
En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.
El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.
Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.
Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.
