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Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

El día de ayer en la noche, miércoles 6 de mayo, la empresa minera Southern emitió un comunicado en el que señala que identificaron a un trabajador  portador del COVID-19, a través de una prueba rápida serológica. El trabajador pertenece a la unidad productiva de Ilo, que es la planta donde se procesa el cobre que extraen de las minas de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua).

Agregan que el trabajador ha iniciado su aislamiento social y también los trabajadores que trabajaban en la misma sección de él, «a pesar que todos dieron negativo en las pruebas serológicas».

Señalan que están siguiendo de cerca el estado de salud del «colaborador», quien no presentó síntomas, y descartan que haya sido contagiado en su ámbito de trabajo.

Como es de conocimiento público, dar negativo a las pruebas rápidas serológicas no implica que no puedas tener el virus. Para tener una certificación 100% de ello es necesaria la prueba molecular.

La empresa agrega en el comunicado que han gestionado la compra de un lote de pruebas rápidas para aplicarlas progresivamente a la totalidad de trabajadores de las 3 unidades de producción: Ilo, Toquepala y Cuajone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este caso, asciende ya a 265 la cifra oficial de trabajadores mineros contagiados con COVID-19 en el sector minero, reportados por las empresas mineras, SUNAFIL y las Direcciones Regionales de Salud. El día de ayer, miércoles 6 de mayo, el sindicato de trabajadores de Chinalco reportó un caso más que fue evacuado del campamento minero de Tunshuruco,  y exigen transparencia a la empresa minera Chinalco. Ante las exigencias, SUNAFIL anunció que visitaría el campamento mencionado.