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El pasado domingo falleció a los 74 años el destacado y multifacético dirigente social, Augusto Fernando Carrasco Zapata. Nació en el seno de una familia de humildes peones agrícolas en la ciudad de Chulucanas en la provincia piurana de Morropón, que con el inicio de la Reforma Agraria se asienta en el Sector de Malingas perteneciente al distrito de Tambogrande en la provincia de Piura del departamento homónimo. Casado con Fanny Núñez fue padre de Fernando y Amelia Carrasco Nuñez. 

Estuvo ligado desde su niñez a la agricultura campesina por su temprana experiencia familiar y porque estudió en el Instituto Nacional Agropecuario No. 54 de Tambogrande, del que se graduó con el título de Técnico Agropecuario. Después trabajó en FUNDEAL un organismo de la Universidad Nacional de Piura en el que se dedicó entre otros proyectos a combatir la plaga del gusano rosado del algodonero.

Sin embargo, su mayor combate lo libró contra la canadiense Manhattan Minerals Corp. y su pretensión de explotar los yacimientos de oro ubicados en Tambogrande, específicamente en el subsuelo del área urbana de la ciudad, es decir debajo de las casas de sus habitantes. La lucha de los pobladores organizados en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande se tradujo en un paro total de dos días en octubre de 2001 y decantó finalmente en una consulta popular para cuya realización la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal. En el referéndum celebrado en junio de 2002 la opción contraria a la minería, en este rico valle productor de mangos, limones y otros frutos, se impuso con una abrumadora mayoría de más del 93 por ciento. 

Con la experiencia hecha en ese período y habiendo sido cofundador del Movimiento Regional “AGRO SÍ” que ganó el cargo de alcalde municipal, fue elegido regidor durante los períodos 2003 y 2006.

Su experiencia de haber tenido participación destacada en organizar un movimiento social que logró doblegar los poderosos intereses de unos pocos lo llevó a interesarse y ser invitado en otros espacios críticos con el modelo extractivista a nivel nacional y latinoamericano.  

Hacia el final de su vida le fue detectada diabetes y una insuficiencia renal que le obligó a ser sometido a diálisis por muchos años. 

El pasado martes en un sepelio multitudinario la Comisión de Usuarios Regantes, pobladores y compañeros de ruta le rindieron homenaje de despedida a este destacado dirigente social y político.

Desde Red Muqui nos sumamos a este reconocimiento, expresamos nuestro dolor por su partida y les expresamos nuestra solidaridad a su familia.

Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.

Más del 40 % del valle de San Lorenzo está concesionada, por ello se busca anular estas autorizaciones del INGEMMET

Tras la adjudicación de 21 concesiones mineras a la empresa canadiense Nuevo Arcoiris SAC. por parte del Ministerio de Energía y Minas el pasado 8 de diciembre, que representan 16,300 hectáreas de Piura, de las cuales 20 concesiones están ubicadas en el valle de San Lorenzo del distrito de Tambogrande; el alcalde de dicho distrito, Alfredo Rengifo, viajó a Lima y se reunió con la premier Violeta Bermúdez el 8 de enero, y el 11 de enero con la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, para exigirles la derogatoria de los Decretos Supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM que otorgan las concesiones mineras dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande y Las Lomas de Piura.

Tras la reunión con la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, en diálogo con Red Muqui, el alcalde de Tambogrande señaló que el gobierno “quedó en presentar hasta máximo el 20 de enero la propuesta de anulación de los decretos supremos”. El alcalde señaló que ellos se basaban en que los decretos emitidos son legales, correctos, que entregar una concesión no quiere decir automáticamente que se vaya a ocupar; sin embargo, “no aceptamos ello porque una vez que aceptamos que entren con las concesiones, luego será difícil sacarlos”, precisó vía telefónica el alcalde Rengifo de Tambogrande.

En la reunión, el alcalde también señaló que rechazan el proyecto minero Algarrobo que también está ubicado en Tambogrande y que desde Proinversión insisten en implementarlo.

El valle de San Lorenzo es uno de los valles más fértiles y productivos del norte, y es conocido por su sobresaliente producción de mango y limón siendo esta la más importante fuente de ingreso para los agricultores y pobladores de la zona. El estudio “Valor Económico del Valle de San Lorenzo” encargado por la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, antecedente de Red Muqui en 2001-2002, concluyó que ni la renta que dejarían 30 proyectos mineros en Tambogrande superaría la utilidad neta y el empleo generado por los 8 mil agricultores del valle.

Antecedentes

El alcalde también precisó que han pasado casi 20 años desde el conflicto que hubo por la pretensión de imponer un anterior proyecto minero llamado Manhattan en el mismo lugar.
El año 2002 la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito y más del 98% de la población optó por la agricultura del valle de San Lorenzo que comprende principalmente los distritos de Tambogrande y Las Lomas, y rechazó el riesgo de incorporar la minería en su economía y en su territorio.

Reunión con la presidenta del Congreso

El 11 de enero, el alcalde sostuvo una reunión con la presidenta del Congreso en la que le manifestó los mismos argumentos que al ejecutivo, presentando también el “proyecto bienestar de Tambogrande”, con el fin de convertir Tambogrande en una ciudad – región y luego hacer que se desarrolle una serie de actividades para volverla una zona productiva desde Loja – Ecuador hasta su ciudad, debido a la cercanía. “Hay 2 millones de personas alrededor de Tambogrande que no estamos aprovechando y no tenemos apoyo del gobierno”.

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Durante la pandemia uno de los sectores que más privilegios ha recibido fue el sector minero, no solo porque fue considerada una actividad esencial, si no porque se han emitido una serie de normas para que sigan operando con facilidad, inclusive han recibido los prestamos de Reactiva Perú, aún con todos estos beneficios las empresas mineras han utilizado la suspensión perfecta para en la practica despedir a sus trabajadores y han expuesto a sus trabajadores al contagio de la Covid-19. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha señalado que serían más de 12 mil trabajadores contagiados, y a la fecha no hay datos oficiales actualizados del Estado, que ha sido poco transparente en compartir esta información ante la solicitud que diferentes instituciones y medios han realizado. Por denunciar estos abusos los trabajadores sindicalizados han recibido malos tratos, hostigamiento laboral y despidos arbitrarios.

La respuesta de las empresas mineras es más que lamentable, debido a que en los momentos picos de la pandemia han trabajado entre el 50 y 80% de sus operaciones, el precio de los minerales se ha mantenido, inclusive en el caso del oro esta ha aumentado de precio en un 30% en el mercado global; es decir no hay justificación alguna para los ceses y despidos arbitrarios, así como el maltrato en la seguridad y salud de sus trabajadores. Por parte del Estado es clarísimo que el rol de fiscalización a través SUNAFIL es insuficiente y precario, primero porque no existe personal suficiente para fiscalizar y atender todas las denuncias de los trabajadores, y en segundo lugar porque las sanciones no se cumplen o las empresas simplemente no las respetan, y esto no solo pasa en el sector minero, si no en casi todos los sectores, tal como ha pasado con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador.

Recientemente el gobierno de Sagasti ha emitido un Decreto Supremo para declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, en favor de la empresa Nuevo Arcoíris SAC. en Tambogrande Piura, permitiendo que la empresa minera se haga de unas concesiones mineras en el valle de San Lorenzo, un valle agrícola muy fructífero y que en el pasado ya ha rechazado el ingreso de cualquier actividad minera.

Lamentablemente, cuando se trata de garantizar derechos económicos mineros a los empresarios, los gobiernos de turno son muy diligentes con estas autorizaciones y normas; sin embargo, cuando se trata de atender y reivindicar derechos laborales, de salud o de denuncias de contaminación ambiental, la respuesta del gobierno es muy endeble. Desde la Red Muqui nos solidarizamos con las demandas de los trabajadores mineros, pero también advertimos que muchos de estos proyectos mineros vienen generando desde hace mucho tiempo atrás impactos ambientales, a la salud humana, impactos sociales y económicos en las comunidades y poblaciones locales que son irreversibles, y sobre estos temas los sucesivos gobiernos tampoco han hecho mucho.

En declaraciones del ahora ex premier Pedro Cateriano el día de ayer, en su locución respecto a los lineamientos de su gestión, basado principalmente en el impulso de grandes proyectos mineros, para solicitar el voto de confianza a su gabinete; señaló que los sectores que se oponen a la minería formal deben encaminar su oposición a la minería ilegal, porque esta sí es la que contamina.

Airadamente Cateriano declaró: “Contra lo que sí debemos combatir con energía, es contra la minería ilegal, eso hay que combatirlo con firmeza. El uso de microextractores  prohibidos como el  mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente y afecta la salud de miles de peruanos. Para ello voy a mostrar imágenes de Tambogrande en la región Piura, captadas por el satélite Perú Sat. Fíjense como era esta zona el 2017 y fíjense como es este año 2020”.

Cateriano prosiguió “cuando se inicio el proyecto formal de la inversión minera en Tambogrande – el 2002 la empresa minera Manhattan pretendió iniciar operaciones- , dijeron nos vamos a quedar sin ceviche sr presidente – del congreso-, se acabará el limón. Y se condujo al país a detener la minería formal. ¿Que ha traído esto como consecuencia sr presidente? – preguntó Cateriano-: que tengamos este desastre ecológico producido por la minería ilegal – respondió.

Cateriano miente

El alcalde del distrito de Tambogrante, Alfredo Rengifo,  en respuesta a estas declaraciones, señaló a través de un video en redes sociales, que en Tambogrande no hay minería ilegal.

“Esas fotos que dicen un antes y un después de la minería corresponden a un área entre Tambogrande y  la Pala. No hay ninguna exacavación de minería artesanal, por lo tando el sr Cateriano está mintiendo. No existe minería artesanal”.

Al respecto, el ex dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande, Luis Riofrío, y Hermelinda Castro, dirigenta de la Asociación de Mujeres de Tambogrande, señalaron a Red Muqui que efectivamente en la zona no hay minería ilegal. Que en esa zona, cuando los dueños de las parcelas quieren sembrar, usan camiones Caterpilar para bajar la loma y se pueda sembrar mangos. Por eso podría reflejarse en la imagen que no está todo verde. Además señalaron que antes los dueños tenían más hectáreas pero en el transcurso del tiempo, los hijos herederos lo han ido parcelando.

Gráficas desmienten a Cateriano

Al respecto, Cooperacción – institución miembro de la Red Muqui-, elaboró el siguiente gráfico:

“Al hacer un análisis espacio-temporal de las imágenes satelitales a las que hizo referencia, pudimos corroborar que éstas efectivamente corresponden a la zona central del distrito de Tambogrande y lasupuesta actividad minera ilegal está circunscrita a un predio de 10 hectáreas. Por lo tanto, resulta grotesco equiparar la magnitud del predio con el de otras zonas devastadas por minería ilegal en Madre Dios que superan las 100 mil hectáreas. Además, en la zona mencionada por Cateriano no existe minería ilegal; el predio al que hace referencia no se sobrepone a ningún área natural protegida; tampoco hay indicios de un desastre ecológico y mucho menos hay un dinamismo acelerado del cambio del uso del suelo en grandes extensiones como suele suceder en zonas impactadas por minería ilegal.

Agregaron en la nota que elaboraron, “que la imagen satelital del año 2017 que mostró el ex premier Cateriano, presenta una sospechosa combinación de bandas (filtros) que le dan un “verdor” particular a la zona, haciendo notar un contraste en el predio para el año 2020. Al analizar otras imágenes satelitales (Google Earth Pro) anteriores a este último año, se puede corroborar que ya existían intervenciones de remoción de cobertura de suelo en dicho predio. Es más, estos cambios ya eran notorios a finales del año 2012 y se acentuaron a finales del 2017 (ver imagen N° 2).

Asimismo, el ingeniero ambiental de la institución Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA-, Bladimir Martinez,  que también vio la imagen satelital de Airbus a través de Google Earths, señala: “No todas las áreas que pierden cobertura forestal son causa de la minería ilegal, sino también de factores como el cambio climático y la erosión propia del desborde de ríos, además la imagen muestra una zona agrícola a menos de 10 metros de dos lagunas, lo que hace presumir que la zona no fue erosionada por la supuesta actividad minera ilegal que señala Cateriano”.

 

 

 

 

 

 

 

Cateriano arremete contra defensores ambientales de Piura

En su discurso, Pedro Cateriano también señaló que “aquellos que se opusieron a la minería formal, no han denunciando con la misma firmeza este escándalo que afecta la vida d cientos de miles de personas, y que constituye hoy una amenaza para toda  la región Piura y el norte del país. Sí debemos unirnos en combatir la minería ilegal, y sí debemos ser transparentes, discutir abiertamente, pero lo que no podemos sr presidente, es que mediante  la demagogia se permita esta clase de latrocinios que propician la delincuencia y detengamos la inversión que si genera empleos”

Al respecto, el alcalde cuestionó por qué Cateriano quiere dar a conocer a todo el mundo que Tambogrande es una catástrofe, que primero era verde y después la minería ilegal ha generado una degradación de la zona, cuando eso es mentira.

“Ha habido algo de minería artesanal en Tambogrande, que ha sido en el Alto Tejedores, en la zona de San Pedro, pero prácticamente ya no existe. Donde sí ha habido esas prácticas  ha sido en otro distrito: Las Lomas- ¿Por qué no se ha referido a Las Lomas y dijo que era Tambogrande el problema?, porque tal vez tiene interese subalternos, de que ya es tiempo de explotar la mina que Buenaventura está persiguiendo hacerlo”.

Proyectos mineros de Buenaventura

Actualmente la empresa minera Buenaventura de Roque Benavides tiene un proyecto minero llamado el Algarrobo que aparece en la cartera de proyectos de Pro Inversión para desarrollarse en Tambogrande. Este proyecto minero ya ha sido rechazado por asambleas comunales de la zona en específico donde quiere operar: San Juan Bautista de Locuto.

El acalde también recordó en su presentación que en Tambogrande existe una consulta vecinal llevada el 2002, que arrojó como resultado un contundente 98% a favor de la agricultura y en contra de la minería. En ese entonces la empresa minera Manhattan pretendió instalarse en Tambogrande. Todos los proyectos mineros que quieren instalarse en la zona norte de Piura –Ayabaca y Huancabamba también -desean extraer oro y cobre.

Al respecto, el economista y especialista ambiental, Juan Aste Daffós, señala que la estrategia del gobierno es que a través de la denuncia de la supuesta minería ilegal en Tambogrande, se imponga  la minería formal porque supuestamente no contaminaría el territorio, pero eso es falso, como ya lo ha señalado el alcalde. Buenaventura tiene dos proyectos mineros en la zona: El Algarrobo y El Faique, que afectarían la agricultura, el agua del río Piura y las aguas subterráneas. El argumento de la empresa minera es que el proyecto minero El Algarrobo no afectará a la agricultura como lo podría haber afectado el anterior proyecto minero del 2002, Manhattan, porque la explotación será subterránea y no a tajo abierto”.

Alcalde solicita apoyo al Estado

Al finalizar su presentación, el alcalde también afirmó que en su gestión han cursado diversos oficios a la ministra del Ambiente, de Agricultura y de Energía y Minas, y al gobernador regional para que tome acciones en contra de la minería ilegal en la zona de San Pedro, que no es el lugar que señala Cateriano, y que actualmente ya no existe; para que apoyen la producción agrícola de Tambogrande, y sepan, en especial el Ministerio de Energía y Minas que no quieren ningún proyecto minero en su territorio.

Nosotros estamos interesados en preservar nuestra flora y fauna y le pedimos al Ministerio de Agricultura su apoyo, como lo hemos hecho con oficios pasados. Agregó que Tambogrande tiene muchos lugares para aprovechar el turismo ecológico y la comercialización con el sur de Ecuador. “La siembra de mango, limón y otros productos de pan llevar nos colocan como un centro ecológico que puede seguir ofreciendo productos a todo el país y también a Ecuador”.

En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.