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El pasado 22 de abril del presente año, el pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Por ello, desde la Red Muqui señalamos que:

  • Esta ley busca “reconocer legalmente a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros pobladores rurales” e incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, donde su rol principal sería el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la conformación de los CAD se dio de manera excepcional en la época del conflicto armado interno que vivió nuestro país. Esta ley ahora busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; contraviniendo la autonomía, territorio y jurisdicción especial de estas organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos; pues, lo que se busca en la práctica es subordinar a estas organizaciones originarias a las Fuerzas Armadas y la PNP.
  • De otro lado, las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios.
  • La aplicación plena de esta ley y las conformaciones de los CAD en todo el territorio nacional, supone una potencial violación de los derechos humanos, individuales y colectivos; debido a que estas organizaciones podrían hacer uso indiscriminado de las armas de fuego que se les faculta obtenerlas y la promoción y financiamiento que recibirían desde el Estado. Sobre todo, en contextos de conflictividad social, pues se les facultaría a intervenir bajo pretexto de resguardar el orden interno y la seguridad ciudadana; pues no existe ningún control institucional de su actuación. Así mismo basta recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que, en la época de violencia política, sobre todo en los años 90, los CADs se han resistido a entregar sus armas y existen denuncias de graves atentados a la libertad, a la vida e integridad contra miembros de las mismas comunidades campesinas.

Por todo lo mencionado; desde la Red Muqui hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales, organizaciones indígenas y originarias, comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas a estar vigilantes y levantar su voz de protesta contra esta ley, que pretende socavar los principios democráticos del uso de la fuerza y la autonomía y jurisdicción especial. De la misma forma solicitamos al Poder Ejecutivo observar esta ley por su contenido inconstitucional, como lo ha hecho el MININTER, MINDEF y la Defensoría del Pueblo; y al Congreso de la República archivar esta ley.

Lima, 30 de abril del 2021.