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Frente a la reciente sentencia de prisión efectiva para los defensores de valle de Tambo: Jesús Cornejo -presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo-, y Jaime de la Cruz -ex alcalde de Dean Valdivia-; la Plataforma Europa Perú- PEP, red integrada por 15 ONG europeas que trabajan por los derechos humanos, mostró su rechazo a través de un comunicado en contra del uso de la judicialización como herramienta para obstaculizar la labor de defensa del derecho al medio ambiente y el derecho a la legítima protesta.

Además, recalcaron que ya en el 2009 se realizó la consulta popular que tuvo como resultado un rechazo del 90% contra el proyecto Tía María de la empresa minera Southern.

En el comunicado señalan que en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de 2020 y del informe de la CIDH sobre criminalización de personas defensoras, en su visita a Perú, las autoridades peruanas deberían:

  • Suspender la ejecución de la Sentencia hasta que la decisión sea revisada en segunda instancia, tal como prevé el art. 418 del Código Procesal Penal.
  • Cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos;
  • cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada, y hostigamiento contra los defensores ambientales.

Además, precisan que se debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garantice los derechos humanos de las personas defensoras.

La Plataforma Europa Perú (PEP) recuerda que el pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo. “La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines de hostigamiento y deslegitimación de luchas sociales”.