Listado de la etiqueta: Tía María

Desde fines del año pasado, el régimen de Dina Boluarte ha estado empeñado en promocionar públicamente proyectos extractivos ampliamente rechazados por la población y que incluso han sido sometidos a procesos de consultas populares. Destaca entre los proyectos calificados como prioritarios para intentar su ejecución una vez más la mina Tía María. A inicios de esta semana trascendió en algunas redes sociales la noticia sobre el supuesto inicio de trabajos para instalar la empresa.

Red Muqui, coorganizador del encuentro previo al Foro Social Panamazónico (PreFospa) que se está desarrollando actualmente en Tarapoto, entre el 25 y el 28 de abril, aprovechó de conversar con Miguel Meza Igme, histórico dirigente del Valle de Tambo de la provincia de Islay situado en el el departamento de Arequipa, uno de los más de 200 dirigentes sociales reunidos en este encuentro, para hablar de estos esfuerzos por imponer Tía María.

Miguel, en estos días han aparecido anuncios en varios medios que Tía María se va a retomar, incluso se habla que habría gente trabajando para el proyecto. Han salido varios anuncios no solamente de medios locales de Arequipa, si no en medios nacionales sobre este tema ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
El jueves en la mañana muchos agricultores han rechazado esto porque es mentira. Es totalmente falso que Southern haya iniciado sus trabajos. Es más, sale como una nota a último minuto (en los medios).
Ellos ya han empezado hace un tiempo atrás llevando un grupo de personas que no son del Valle de Tambo, pero que han sacado sus DNI en el Valle el año pasado. Ellos están haciendo algunas cosas… «trabajando», entre comillas, haciendo unos huequitos en la parte alta.
Sin embargo, Southern Perú no va a tener un campamento y no va a tenerlo porque no tiene convivencia en la zona. Más bien tienen un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para hacer una carretera para su llegada rápida.
Southern no tiene licencia social, no tiene varios permisos que les faltan; es más hay un proceso legal administrativo que no ha concluido y no puedo empezar.

¿Por qué han aparecido estas informaciones?
Yo creo que Southern está desesperado, está dolido por las falsas expectativas y la estrategia de supuestos regalos que han fracasado.
El otro tema es que los agricultores se han organizado y están tomando algunas medidas con la finalidad de hacer rondas agrícolas en la zona, por ejemplo la comisiones de regantes, en varios sectores. Desde Cachuyo hasta el sector Arenal en Dean Valdivia, o sea todo el Valle de Tambo.
Por lo tanto es falso que Southern haya iniciado trabajos, no es una información correcta. Pienso que lo están haciendo es una guerra psicológica para saber qué piensa el Valle de Tambo. Nosotros somos muy precavidos, estamos muy atentos en la resistencia al proyecto minero Tía María.

Otro tema que está relacionado con esta conversación y que ha captado la atención en los medios es la convención agro-minera en Lima, cuyo principal mensaje es que la agricultura y minería pueden convivir ¿Mirando el caso del Valle de Tambo, tú crees que esta afirmación se sostiene?
No se sostiene y expreso mi rechazo a esas convenciones. Porque una cosa es una actividad principal como es la agricultura y otra cosa es la minería: la segunda afecta gravemente a la primera. No hay experiencias de convivencia entre ambas en otras zonas y no podemos decir que conviven. Lo único en lo que sí hay coincidencia es que el agro utiliza agua y la mina también utiliza agua, es lo único, no hay más. Por lo tanto, rechazamos este tipo de afirmación de estos encuentros mineros.

Claro, están diciendo que sí es posible la convivencia de agro y minería porque quieren insistir con el proyecto Tía María en el valle…
No hay ejemplos que avalen esa posibilidad, nosotros siempre hemos tenido grandes profesionales que han descartado esta convivencia.

Estás participando en el Pre FOSPA en la Amazonía ¿Por qué te parece importante este encuentro donde líderes amazónicos se encuentran con líderes de la zona andina?
Mira, me parece que es fundamental resaltar la lucha por la Amazonia. Estoy participando y ayer se recordó a muchos (defensores) asesinados por parte del Ejecutivo y el Estado trata a estas personas como de segunda clase. Creo que es muy importante integrar la lucha de la Amazonia con todo el nivel nacional. Estoy participando gracias a la Red Muqui, creo que es necesario participar y actuar de manera integral.

Habrá una audiencia pública en mayo a propósito del caso Tía María. ¿Hay algo que nos puedas adelantar?
Precisamente hoy estamos confirmando la llegada de grandes profesionales en Arequipa. Este trabajo lo estamos coordinando con la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, que tiene como presidente al señor Jorge Mojo y algunas organizaciones sociales. Señalar que estarán grandes compañeros de FEDEPAZ, CooperAcción y Red Muqui, como también agricultores de Valle de Tambo y se suman algunos dirigentes de la Junta de Usuarios de Locumba, donde ha afectado bastante la empresa minera Southern Perú.
Es una agenda sumamente importante que va reforzar el contexto y las observaciones que se han realizado y aún existen y que nunca ha aclarado la empresa minera Southern.

Es bueno señalar que el estudio de impacto ambiental de Tía María no ha integrado al proyecto La Tapada, ya que el EIA enrola en un solo estudio a los dos proyectos cuando deberían ser estudios separados: está Tía María por un lado y La Tapada está muy cerca del Río Tambo en línea recta.
Por lo tanto, para entender mejor este tipo de cuestiones va a ser enriquecedor este espacio para el conocimiento de la juventud y población de Valle de Tambo.

A diez días de la reciente designación de Rómulo Mucho Mamani como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ha descubierto que es, a la vez, fundador y gerente de una empresa que presta servicios a mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Información develada en la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece, según la cual se trata de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. que tiene contratos con la empresa minera Southern Perú, concesionaria del yacimiento arequipeño Tía María paralizado desde el año 2011.

Al revisar la página web de Pevoex Contratistas S.A.C. se observa que aparte de Southern Perú tiene por clientes a Nexa Resources Atacocha S.A.A, Pan American Silver Huaron S.A., Minsur S.A., Buenaventura S.A.A. y Ares S.A.C., que -en total- acumulan 801 infracciones ambientales por un monto de 78 millones 501 mil 038 soles.

El Semanario Hildebrandt en sus trece asegura que Rómulo Mucho fundó dicha empresa en octubre de 2001. Según la página web de la SUNAT, el ahora ministro asumió, desde el 20 de marzo de 2004, el cargo de gerente general de dicha empresa, que brinda servicios de voladura, perforación, movimiento de tierras, recrecimiento de relaves y explotación de minas a tajo abierto. De acuerdo a su cuenta en LinkendIn, aún sigue al frente de Pevoex Contratistas S.A.C.

Sanciones vinculadas al incumplimiemto de obligaciones ambientales

Conforme aparece en la página web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los motivos por los que dispuso las sanciones a Southern Perú fueron por exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP) en las emisiones atmosféricas de la chimenea de gases secundarios del horno Isasmelt. Además por el inadecuado manejo de residuos en el depósito de residuos sólidos domésticos de la Unidad Minera Toquepala. Tampoco evitó ni impidió la disposición de restos de concentrado de cobre sobre el suelo natural, entre otros.

Bladimir Martínez, del equipo del Área Socioambiental de la Red Muqui, interpretó que -por el acumulado de infracciones- cada una de las seis empresas sancionadas afectaron de manera individual, por lo menos en un momento y de forma permanente, el agua, suelo y aire de las poblaciones que viven cerca a sus proyectos. Aunque resalta que aún es necesario realizar más investigaciones al respecto. “Los estudios para determinar la afectación por exposición aún son incipientes y su responsabilidad debe ser probada”, agregó el especialista.

Así también las infracciones de Southern Perú y del resto de las empresas mineras se vinculan con el incumplimiento de sus propios instrumentos (preventivos y correctivos) de gestión ambiental, lo que prueba la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el país, un tema que no es prioritario para el Gobierno a pesar de los casos reportados por las instituciones como el OEFA.

Conflicto de intereses en Tía María

Desde el día que Rómulo Mucho Mamani fue nombrado titular del Minem ha expresado el respaldo del Gobierno por poner en marcha el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú, que “coincidentemente” también forma parte de la cartera de clientes de Pevoex Contratistas S.A.C. En sus inicios tuvo de clientes a Graña y Montero, Queiroz Galvao, JJC Contratistas, Cosapi y Mota Engil, que han sido socias VIP del “Club de la Construcción”. A la lista de clientes actuales se agrega Cerro Verde, Raura, Stracon, Minsur, Hochschild, Antamina y Nexa.

La investigación periodística también revela que “en el 2019 Southern hizo una convocatoria en busca de proyectos para resolver el conflicto social en Tía María. Mucho fue uno de los empresarios que envió una propuesta. Fue descartada”. No obstante, este plan se llamaba Desarrollo Integral del Valle de Tambo, el mismo nombre de la propuesta que ha anunciado para reactivar Tía María hace poco en las entrevistas a medios de comunicación.

Mucho Mamani, autor del libro “Perú, país agrominero”, ha declarado sin tapujos que pondrá en marcha proyectos que no tienen licencia social, y ha nombrado los casos de Río Blanco y Conga. Cabe hacerse la pregunta: ¿aspiraciones como ministro o como gerente general?.

En Valle de Tambo (ámbito del proyecto Tía María), Huancabamba y Ayabaca (perímetro del proyecto Río Blanco), Cajamarca (área del proyecto Conga) las comunidades han rechazado la minería a través de consultas vecinales/populares, movilizaciones y asambleas. Sin embargo, a raíz de la imposición de dichos proyectos mineros en sus territorios han estallado graves conflictos sociales en diferentes momentos que han dejado muertos y heridos.

El director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y abogado de dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velazco, expresó que Rómulo Mucho siempre se ha mostrado a favor de la minería extractiva sin control. “Está con el chip clarísimo que debe salir sí o sí Tía María con efecto de réplica en otros proyectos. Es un acto de provocación (imponer Tía María), el proyecto no cuenta con la licencia social”, refirió.

A la fecha, estimó Velazco, alrededor de cien personas defensoras de derechos humanos han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta en Valle de Tambo desde el 2011.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, ha destacado que las revelaciones del reportaje liderado por el semanario Hildebrandt en sus trece evidencian el copamiento del gobierno con personajes directamente ligados a la minería, incluso contractual y económicamente, y que estos nexos constituyen abiertos conflictos de intereses de un funcionario público de tal alto nivel.

La reacción del ministro ante el cuestionamiento que al respecto le hace el entrevistador. “¿Usted es peruano o chileno? Porque las preguntas que me hace son de un enemigo del Perú”, lo retratan a cuerpo entero, un lobbista prominero que defiende sus intereses y negocios, que como último recurso apela a la agresión.

Por: Ing. Ec. Juan Aste Daffós

No pocos escritores, políticos y periodistas repiten en diversos medios de comunicación que “la minería es el sector más importante de la economía peruana” y afirman que “nadie duda de la importancia de la minería peruana” y hablan de distritos, provincias y regiones “mineras” o de “Perú país minero” o “Perú país cuprífero”, adicionalmente señalan que históricamente la minería ha sido un sector clave de la economía peruana. Incluso, los supuestos promotores de la diversificación productiva y la necesidad de una minería responsable se reafirman en la importancia de la minería. Sin embargo, detrás de estas estas afirmaciones está el interés de las corporaciones mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la condescendencia de determinados actores preocupados por ser aceptados como “dialogantes” por la élite política y empresarial minera, el gobierno y los medios de comunicación concentrados que juegan a su favor, y liberarse de ser acusados como ambientalistas “antimineros”.

Empecemos a desmitificar la “importancia” del modelo extractivista minero. Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la palabra importancia es una “cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia.” (1). Como señaló el economista de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, “la minería ni siquiera en la Colonia fue la actividad más importante del Perú” (video), sino que recién comenzó una expansión limitada desde los años 50 del siglo pasado e incluso en la década de los 90s pasa de los 1,649 millones de dólares USA (1992) a 3,205 millones de dólares (2001), para luego representar más del 60% de las exportaciones totales en 2020 y 2022 con 26,593 millones de dólares y 38,803 millones de dólares respectivamente, producto del ciclo de precios altos de los metales desde el 2003 al 2014 y luego en 2020-2023 del aumento de la demanda, el precio y la producción después de la pandemia. Así fue que la producción del cobre se duplicó en 2012-2016. Este incremento de las divisas impulsó el aumento de las importaciones, y con ello, se acentuó la sustitución de la producción y el descenso de empleos internos (formales) aumentando las economías informal e ilegal, que no son otra cosa que la evidencia de la incapacidad del modelo económico para generar empleo y mayor producción en el país.

En consecuencia, la diversificación productiva o la cada vez menor dependencia de la minería en el marco de un proceso participativo de descentralización es lo más importante para el Perú porque es lo más conveniente, deseable, trascendente y estratégico, y por lo tanto, vital para no seguir destruyendo la producción y el empleo en el país. De lo contrario, se estaría propiciando la ampliación de las economías informal e ilegal y el centralismo en Lima, al aumentar la dependencia de las importaciones y las variaciones del mercado internacional a que nos lleva el modelo extractivista minero, que ha evidenciado ser un modelo económico no sostenible para el Perú. Quienes desean la expansión minera anárquica y sin límites del extractivismo minero son las corporaciones transnacionales mineras porque hoy están intentando asegurarse las ganancias para el mediano y largo plazo en el contexto de un gobierno débil y en el marco de la llamada transición energética. Modelo promovido por las sociedades del norte industrializado y que prevé la descarbonización y el fomento de las energías renovables y de la electromovilidad entre otros. Sin embargo, este modelo que reproduce patrones de consumo ilimitado sigue acelerando la crisis climática y destruyendo el planeta.

Por ello, la minería sí es importante, pero para las empresas transnacionales mineras articuladas a la cadena de producción mundial industrial en los eslabones posteriores (industrias consumidoras de metales) y anteriores (suministradoras) en el mercado internacional. La descarbonización y el uso de energías renovables (transición energética) y la electromovilidad implica una mayor demanda de metales del sur global para satisfacer el consumo del norte global. Por esto y frente a una economía en recesión, aparecen quiénes afirman interesadamente o por desconocimiento que debemos impulsar la expansión minera sin límites “destrabando los proyectos mineros” para conseguir los ingresos suficientes para el desarrollo de las regiones y el país. Algo que no ha ocurrido nunca, menos ahora que la participación de las comunidades y poblaciones locales no tienen autonomía en sus territorios y los gobiernos regionales y locales y el propio gobierno nacional deciden el uso de los recursos sin que ello genere un impacto significativo en la economía interna de cara al futuro. Además, los proyectos mineros con licencia social conseguida con acuerdo previo, no con consulta, tienen períodos de maduración de entre 7 y 10 años en el mejor de los casos.

Sin embargo, en períodos de recesión económica y con un nivel prohibitivo de déficit fiscal, aún con el ingreso tributario minero del 10 por ciento en promedio del total de ingresos tributarios del Estado, que se reducen a 3 por ciento neto de devoluciones, la minería aparece como un aportante significativo. No obstante, la minería es un “mal necesario” en el corto plazo, porque lo deseable es que el Perú dependa cada vez menos de esta actividad extractiva para el mediano y largo plazo, dado su impacto ambiental y social sobre cuencas y poblaciones que afectan estratégicamente la disponibilidad y la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la producción agroalimentaria, y por lo tanto, los servicios ecosistémicos y la salud. Además genera informalidad, entendida esta como la incapacidad del modelo económico extractivista minero en generar puestos de trabajo. Empecemos haciendo ordenamiento territorial por provincias y regiones.

Lima, 18 de febrero 2024

Este lunes más de 200 agricultores de Valle de Tambo arribaron en micros y buses a la ciudad de Arequipa, a pesar del hostigamiento policial que los paró y revisó varias veces durante el viaje, para expresar su rechazo al proyecto minero Tía María en la convención empresarial minero Perumin, que iba a visitar la presidenta Dina Boluarte, lo que finalmente no hizo después que organizaciones sociales anunciaran l protestas.

Durante el desarrollo del primer día de la convención, que se extiende del 25 al 29 de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, expresó que el gobierno desea la realización del proyecto minero :“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”. El desarrollo en cuestión actualmente se encuentra paralizado, a pesar de que Southern Perú, compañía propietaria de la concesión, en estos años ha instalado obstáculos viales en varias zonas del área del proyecto minero, como denunció recientemente Red Muqui en un reportaje de dos partes.

Las declaraciones del ministro Vera aumentó la indignación de agricultores y organizaciones sociales de Arequipa que se movilizaron pacíficamente por la ciudad hasta llegar cerca del lugar de la convención. Manifestación que realizaron, a pesar de la criminalización del Estado, que tiene en prisión a tres ex dirigentes: Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo y José Julio Gutierrez. El Ministerio Público incluso insiste en la denuncia por terrorismo contra el dirigente de la ciudad de Arequipa, Jorge del Carpio, que fue uno de los dirigentes que firmó la convocatoriaal paro contra Dina Boluarte en enero pasado.

Sin embargo, ayer martes, el premier Otárola declaró en la misma convención que el proyecto Tía María no está en agenda del gobierno y no se encuentra en la lista de proyectos prioritarios. Minutos antes había expresado en el mismo lugar que: “No vamos a permitir que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad. El gobierno de Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho, y les quiero decir en esta Convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Quién diga que el Perú no es un país minero, está haciendo demagogia, la minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”.

Para el abogado defensor de varios dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velasco, el gobierno ha retrocedido porque no quiere arriesgar abrir otro flanco frente al escenario de conflictos que ya enfrenta y debido a las legítimas protestas de los agricultores del valle.

Recuento

En los últimos días ha circulado en las redes sociales, el acta de compromiso que firmó Dina Boluarte en campaña electoral junto a Pedro Castillo, en el que se comprometían a no impulsar el proyecto Tía María. Acta que el dirigente Miguel Meza les hizo llegar en esa oportunidad en la zona, como recuerda el dirigente. Meza también califica de falso el supuesto apoyo de las autoridades locales al proyecto minero, como lo manifestó el ministro de Energía y Minas.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por su parte expresó: “En el caso específico de Tía María, hemos sido claros. Mientras no solucionemos el problema del agua en la provincia de Islay, no se pueden abordar esos temas”.

Continúa criminalización del Estado

En fecha tan reciente como el 21 de septiembre, el actual vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, recibió una notificación del Ministerio Público para asistir a una audiencia virtual, al igual que otros dirigentes, por haber llamado a manifestarse el 25 de septiembre frente a Perumin. A la cual tanto Miguel Meza como los demás dirigentes no acudieron. Dos días más tarde recibieron una exhortación del Ministerio Público, en la que se les conmina a no protestar ni generar disturbios, ya que de lo contrario serían denunciados.

El abogado David Velasco, asesor legal de los dirigentes, señaló que el Estado continúa con su estrategia de criminalizar a los agricultores de valle de Tambo a través del Ministerio Público, pre juzgando acciones de los agricultores en su legítimo derecho a la protesta, amparado en la Constitución.

Además, agregó que respecto de los dos dirigentes detenidos este año: Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, hasta ahora el relator de la Corte Suprema no ha atendido las llamadas telefónicas para agendar una cita respecto a la queja que presentaron por la ilegal e injusta detención de ambos agricultores. Además el Ministerio Público elevó la reparación civil que deben pagar, a una suma de entre 3 y 4 millones de soles.

“La queja primero fue presentada en febrero del 2022, en abril del presente año fue elevada a la Corte Suprema; luego la corte de Arequipa envió en agosto la documentación que faltaba para que la Corte Suprema tenga mayores elementos en su decisión y hasta ahora no resuelven”.

Frente a esta situación: “presentaremos por escrito la solicitud para que el relator agende una fecha directamente con la Corte Suprema, ya que no nos contestan el teléfono desde noviembre del año pasado”, precisó Velasco de la institución de Fedepaz, miembro de la Red Muqui.

El vocero actual del valle de Tambo, Miguel Meza, declaró que a pesar de la criminalización que sufren, seguirán realizando acciones para que el proyecto minero se archive para siempre. “La visita que hicimos al campamento minero hace más de un mes en que constatamos que Southern ha puesto garitas y tranqueras, de manera ilegal al parecer, la solicitud de información al MINEM sobre el estado actual del proyecto minero y las protestas que hemos desarrollado, han generado que el gobierno retroceda ahora”. Poco después de la visita de campo realizada a fines del mes pasado, efectivamente el MINEM respondió a través del siguiente oficio:

En la primera entrega del reportaje, realizado por el equipo de investigación de Red Muqui, se constataron trabajos de remoción de tierras y la instalación de barreras ubicadas en los caminos que llevan a lugares concesionados por la compañía minera Southern. En esta segunda parte nos referimos a sus intentos fallidos para conseguir a toda costa la licencia social del proyecto Tía María, en territorios donde preexisten dinámicas sociales, económicas y culturales.

Para los campesinos, el responsable de la obstaculización con piedras del camino principal sería la propia Southern Perú. Tal vez, el motivo de estas medidas sean la respuesta al anuncio que hicieran los pobladores organizados sobre la visita de inspección. Los campesinos descartan que estas rocas cayeran por deslizamiento producto de alguna lluvia, sismo u otros eventos no registrados en días anteriores. Los únicos presentes en la zona son equipos de la empresa, señalaron los dirigentes. ¿Quién más podría ser responsable de colocar piedras en el camino?

El contingente de la Policía Nacional que estuvo supervisando la concentración de los agricultores desde que se reunieron en Cocachacra y acompañó a la delegación en su trayecto, constató el hecho del camino bloqueado y señaló que la carretera “es una vía carrozable, de penetración que es usada para vías de emergencia”, afirmando que cualquier carro puede pasar por allí. Ante la pregunta respecto a si la zona le pertenece a la compañía, la policía respondió que no tenía información al respecto.

Indignación

Los agricultores manifestaron a Red Muqui que la empresa habría avanzado durante la pandemia sin que nadie se diera cuenta, y así tener listo el inicio de la construcción del proyecto minero. “Las tranqueras sobre caminos y la remoción de tierras son prueba de ello. El vocero Rocha de Southern decía que no harían nada hasta tener la licencia social”, señaló uno de los agricultores.

Southern no cumplió su compromiso

Desde julio 2019, momento cuando el Minem aprobó la licencia de construcción de Tía María, y luego en octubre, cuando el Consejo de Minería ratificó su resolución frente a la apelación del Gobierno Regional de Arequipa; la empresa minera, a través de su directivo principal, Óscar Gonzales Rocha, se comprometió públicamente a no iniciar ninguna acción hasta obtener la licencia social, presionado por las fuertes protestas que se dieron en esos meses y en años anteriores. Los gobiernos de turno también señalaron que Tía María no se iniciaría si no cuenta con licencia social. En junio de este año, durante la XV edición del Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2024, Gonzales Rocha, manifestó que “(Southern) espera concretar lo antes posible los proyectos mineros Tía María, Los Chancas y Michiquillay”, en declaraciones recogidas por ProActivo.

Buscan anular licencia de construcción de Tía María

Además del compromiso social asumido por la empresa, actualmente enfrenta un proceso judicial. En octubre de 2022, la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló en contra de la resolución que otorgó la licencia de construcción al proyecto Tía María. En la sentencia el tribunal argumenta que la empresa minera no demostró los cuidados ambientales necesarios en su EIA de no afectar considerablemente el medio ambiente del valle de Tambo, y porque no había considerado al Frente de Trabajadores de Chucarapi como demandantes en las audiencias del Consejo de Minería en 2019. Actualmente, el juicio se encuentra en segunda instancia debido a la apelación de la empresa minera.

Compañía perdió concesión donde iba a instalar planta de beneficio

El 2020, el Consejo de Minería revocó, mediante la resolución N° 491-2020, la concesión que la empresa Vania había cedido a Southern (a través una transferencia económica), a causa de que la empresa no pagó las penalidades durante el 2017 y 2018, multa que se le impusó por no iniciar ningún tipo de actividad durante 10 años, de acuerdo a la ley. En ese lugar, Southern iba a construir su planta de beneficio para procesar el cobre.

Frente a esta resolución del Consejo de Minería, Southern acudió al Poder Judicial, pero el Décimo Segundo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda interpuesta por Southern en octubre del 2022.

Actualmente Southern no puede construir su Planta de Tratamiento de Minerales en el lugar indicado por su Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Empresa presentó ITS el 2018 para mover Planta de Beneficio

Son hechos que la empresa no puede desconocer, ya que les afectan directamente. De hecho, ante algunos de ellos, la compañía minera ha reaccionado como en el caso de la superposición de la futura planta de beneficio de Tía María (tratamiento y refinado del cobre) con la concesión de la empresa Vania; Southern presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) al SENACE para obtener la autorización para desplazar su planta de beneficio 500 metros al suroeste. El Senace lo aprobó en febrero del 2018. No obstante, en la resolución del SENACE señala que eso no implica autorización o licencia para que la empresa opere con el instrumento aprobado.

Para la especialista Ana Leyva de CooperAcción, la única salida legal que tiene la compañía, uno de los mayores productores de cobre del país, es volver a solicitar su licencia de construcción con el ITS aprobado en 2018. Además, explicó que el cambio de lugar de las plantas de beneficio de las empresas mineras son modificaciones significativas que deben contar con una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) y no un ITS, que es un instrumento técnico que se solicita para cambios menores en el desarrollo de los proyectos mineros.

Recordemos que la licencia de construcción de Tía María, aprobada por el Consejo de Minería el 2019, tomó en cuenta el EIA aprobado por el MINEM el 2014. El Consejo de Minería autorizó la licencia de construcción de Tía María, 3 semanas antes de que se venza el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental.

En los distritos del Valle de Tambo, de acuerdo a la versión de los dirigentes, Southern continúa regalando algunas maquinarias e insumos a los agricultores, para así lograr la licencia social del pueblo de todo el valle, a pesar de que su licencia de construcción aprobada está en problemas, judicializada y cuestionada, una realidad que develamos desde la campaña ¿Minería para tod@s? mitos y realidades.

Fotografía: Movilización del año 2019

Mientras la campaña para fomentar la expansión minera sigue su curso en los medios de comunicación, en los territorios comunales y en espacios de toma de decisiones del ámbito nacional, en el Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa, los caminos de uso comunal en zonas concesionadas por la compañía minera Southern se encuentran obstaculizados, una realidad que hoy Red Muqui devela en la primera parte del siguiente reportaje de la campaña ¿Minería para tod@? mitos y realidades.

El domingo 13 de agosto, una delegación, integrada por agricultores del Valle de Tambo, el congresista Pasión Dávila y un equipo de periodistas y observadores, visitó la zona de concesiones y los exteriores del campamento del proyecto minero Tía María , ubicado entre el distrito de Cocachacra y las pampas de Cachendo.

La delegación se vió sorprendida por una primera tranquera con una garita de control de la compañía Southern Perú, propietaria de la concesión del mencionado proyecto, al costado de la antigua carretera de la Panamericana Sur, no muy lejos de las chacras y del canal de agua que abastece a varios distritos de Islay, tal como se muestra en la siguiente imagen satelital.

Las tranqueras de Southern

Los miembros de seguridad de la empresa explicaron que colocaron esa tranquera y garita para “controlar el ingreso de la población que entra a sacar piedra laja de las canteras”; y que el tramo continúa “un poco más allá, hasta que el cerro mismo cierra el camino”, como se escucha en el video. La piedra laja sirve para el uso de construcciones de diverso tipo. Los agricultores de la delegación reconocieron que existen canteras en la zona y que personas de la localidad van a sacar piedras, pero que el camino siempre ha sido de libre uso.

Sin embargo, revisando las imágenes satelitales, con el asesoramiento del ingeniero Bladimir Martínez, equipo técnico del Área Socioambiental de Red Muqui, el camino obstruido por esa barrera instalada por la minera, conduce no sólo a una de las canteras, sino también a la zona donde la empresa pretende abrir un tajo abierto denominado La Tapada, donde se han removido tierras y se hicieron cortes a desnivel desde antes del 2003 (No existen imágenes satelitales previas a 2003). Cabe recordar que, desde 1994 hasta 2010, Southern realizó labores de exploración para su proyecto Tía María que contempla el desarrollo de dos áreas de faenas: La Tapada y Tía María. La zona delimitada por la tranquera, en un futuro se convertirá en la zona de depósito de desmonte del tajo La Tapada, como se observa en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.


Cortes a nivel del futuro tajo La Tapada. El camino de la primera tranquera conduce a esta zona.


Primera valla de Southern se ubica sobre concesión de otra empresa

De acuerdo al sistema de información geográfica Geocatmin del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el lugar donde se encuentran las mencionadas garitas y la barrera es zona de concesión de la empresa Roca Zeta. ¿Por qué Southern coloca una tranquera en una zona que no es parte de su concesión? ¿La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) cedió esta parte del terreno a Southern?

En la siguiente imagen, el punto negro corresponde al lugar de la caseta y primer portón que le pertenece a la empresa BOMBON CTA, cuyo titular es Roca Zeta.

Según las imágenes de Google Earth, la caseta de control, fue instalada a inicios de enero 2019, y las barreras en momentos posteriores. Esto coincide con la afirmación del dirigente Miguel Meza, quien señala que antes de la pandemia no existían esas tranqueras, cuando él recorrió la zona a inicios del 2020.

Tras realizar la primera constatación de la presencia de la empresa minera, la delegación continuó en las movilidades por la trocha de la antigua Panamericana Sur y observó a menos de 100 metros otra barrera para impedir el paso a otro camino ubicado a mano izquierda de la carretera. Continuando por el trayecto, la delegación se encontró con grandes piedras en la carretera, que bloqueaba el acceso a escasos metros del cual se ubicaría el futuro tajo del proyecto minero y su campamento.

Siguiendo el camino, la delegación observó inesperados cortes en los cerros aledaños y registraron también remoción de tierras al costado de la carretera, tal como se ve en el siguiente video:

Al sobreponer los planos de la zona del Estudio de Impacto Ambiental con las imágenes satelitales, se evidencia que ese lugar corresponde a lo que sería el futuro depósito de desmonte del tajo de Tía María.

Al continuar por la carretera, el grupo constató la presencia de otra tranquera con un camino que, al revisar las imágenes satelitales, cruza el cerro, y llevan hacia la antigua mina Rosa María de Imsa.

La mina Rosa María de IMSA se ubica ahora dentro de la concesión Tía María 5 de Southern y, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en este lugar se emplazaría la tubería para conducir el agua desalinizada del proyecto minero. Surgen las preguntas: ¿Por qué han colocado las barreras al inicio de ese camino? ¿Estarían acondicionando el inicio de las obras en esta zona?


El camino bloqueado con la tercera tranquera conduce a este lugar, la ex mina Rosa María de IMSA

Al proseguir por el trayecto, la delegación registró un número significativo de cortes, a nivel del futuro tajo Tía María, en los cerros aledaños, de acuerdo con el cruce de información con el EIA de Tía María y las imágenes satelitales. También se observó una garita y una nueva tranquera a mano derecha de la antigua carretera, que obstaculiza uno de los caminos a la posible faena minera de Tía María.

Continuará…

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

Una de las promesas políticas del presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021 fue que de ser necesario se iba a nacionalizar el sector minero si esta no beneficiaba al pueblo, inclusive habló de revisar y renegociar contratos mineros y del gas, así como plantear varias reformas en este sector, sin embargo poco o nada ha quedado de aquella promesa, recordemos que Pedro Castillo ganó con una abrumadora mayoría en los distritos, provincias y regiones mineras del país, ya que la población sí esperaba que se hicieran cambios en relación a este tema. Lo cierto es que el gobierno de Castillo ha seguido una línea de continuidad y cero reformas en el sector minero, por lo menos no en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por esta actividad en los territorios.

En su mensaje a la nación de julio de este año no solo remarcó la importancia y aporte económico de este sector, sino que la semana pasada su premier Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, han señalado que van a promover el sector y otorgarán más beneficios a la minería, así lo han señalado en su 35ava edición del PERUMIN realizado por los gremios mineros en la ciudad de Arequipa. “El Gobierno va a promover la exploración minera. Sin proyectos de exploración no hay minería en el futuro” señaló el premier, y remarcó que se buscará simplificar los trámites administrativos para que “los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras”. Esta declaración va en la línea anunciada por el ministro de Economía, que días antes había mencionado que no habrá cambios en materia tributaria para el sector minero, mucho menos más regulación ambiental.

Esto significa que si ya teníamos un gobierno nacional poco eficiente para gestionar los conflictos socioambientales en zonas mineras, claramente se pasará a un gobierno que no solo va a promoverla sino que buscará sacar adelante algunos proyectos mineros cuestionados en el sur y norte del país, como es el caso de Tía María en el valle de Tambo de Arequipa, y el proyecto minero Conga en Cajamarca, entre otros. Sobre la situación en el valle de Tambo es preciso señalar que en las últimas semanas los pobladores vienen denunciando la afectación del agua en la cuenca del río Tambo por la licencia de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua al proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Todas estas decisiones y giros se vienen dando en un escenario de elecciones regionales y municipales que, en las últimas semanas, ha mantenido distraída a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si el gobierno de Castillo hace un giro radical en la promoción de la gran minería abiertamente, está claro que los conflictos se reactivarán con más fuerza, mucho más en aquellas provincias donde la gente votó porque las cosas cambiaran en favor de sus derechos y no en favor de los intereses económicos de los gremios mineros, quienes en plena pandemia y crisis política han tenido ingentes ingresos monetarios.

Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

Defensoras y defensores de  derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.

José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”. 

El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón  consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.

Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.

La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”. 

En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.

Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.

Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.