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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

La noticia del día es sin duda el otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso de la Republica con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. El gobierno de Castillo obtiene de esta forma el visto bueno del Congreso para implementar su plan de gobierno presentado a través del presidente de la PCM. Esperamos que por algunas semanas tengamos algo de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo para empezar a atender las demandas de la población en materia de la pandemia y la salud, la reactivación económica, la educación, el agro, entre otros. Aunque la gran ausencia en la presentación del premier Bellido fue la propuesta de cambio de Constitución, para muchos esto fue parte de la estrategia de no confrontación que se buscaba evitar en el Congreso.

Un tema a parte que hemos presenciado el día de ayer, y de modo vergonzoso, es la actitud clasista y racista de algunos congresistas ante la intervención del premier Guido Bellido en nuestro idioma oficial del quechua y cuando chacchaba su coca.

Además, un tema que nos genera preocupación en medio de los anuncios del gabinete Bellido ante el Congreso, es lo manifestado días atrás por el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien ha señalado que el enfoque y la política de trabajo en el sector energético y minero va a tener cambios durante el gobierno, entre ellos, la revisión del actual marco normativo minero en el país, y que todos los proyectos encaminados como mina Justa, Quellaveco, ampliación Toromocho, entre otros irán, salvo los proyectos cuestionados de Conga y Tía María. Así mismo sobre el caso del corredor minero del sur ha afirmado que se cambiará de termino, que ahora se hablará de “Nodo Minero”, que para el 2028 se construirá una vía férrea en el corredor minero que no solo servirá para trasladar el mineral, si no en el futuro a pasajeros a nivel interregional. Anuncios que han sido ratificados por el Premier Guido Bellido en su presentación en el Congreso de la Republica.

Si esta va ser la línea general del gobierno de Castillo respecto al tema minero, creemos que va en la línea de continuidad, ya que por un lado se menciona que se va discutir un nuevo marco normativo minero, pero por el otro se dice que casi todos los proyectos mineros van, y que se van agilizar a través de una ventanilla única los proyectos mineros demorados. Si estas decisiones que se viene planteando desde el gobierno no toman en cuenta la participación de la gente, o no son mínimamente consultados con los mismos afectados, principalmente en zonas mineras, lamentablemente se cometerán los mismos errores que los anteriores gobiernos. Como ya lo dijimos desde Red Muqui, la gestión de los conflictos en el sector minero no se puede improvisar, se tiene que conformar un equipo técnico y político que maneje estos temas y hacer una seria revisión al marco normativo minero en el país. Por los anuncios hechos por Iván Merino y Guido Bellido, de continuidad en el sector minero, los conflictos seguirán a la orden del día.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

A poco más de una semana de asumir la presidencia de la República, el profesor Pedro Castillo ha tenido que pasar por varios embates políticos, los ataques no solo han venido desde fuera, si no por las propias decisiones que ha ido tomando el presidente en el nombramiento de su gabinete ministerial, entre ellos el cusqueño Guido Bellido y algunos ministros más, así como la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres en las carteras de Economía y Justicia. Luego de escuchar un mensaje a la nación muy potente que reivindicó a los pueblos y comunidades más olvidadas del interior del país, el presidente intentó trazar la ruta de su gobierno en temas como la atención a la salud y la pandemia, la reactivación económica, la atención al agro, así como la relación que se va tener con la actividad minera, entre otros.

Sobre los anuncios en relación a la política minera que piensa implementar el presidente Castillo, esta el tema de la “rentabilidad social”, término poco conocido por las comunidades afectadas por la minería, y que por el contrario tienen un contenido más empresarial. Habría que decir que este mensaje no queda claro, porque bajo esta premisa se podría decir que si todo proyecto minero cumple con este criterio podría aprobarse, por lo tanto, proyectos cuestionados como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca, que no tienen licencia social, eventualmente: ¿podrían implementarse? Desde Red Muqui creemos que esto sería un error en la gestión de Castillo, ya que durante la campaña el presidente ha señalado que estos proyectos no irían. Por ello en estas provincias la gente a votado mayoritariamente por Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea de la “rentabilidad social”, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya ha tenido algunas reuniones con los gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), así como con algunas empresas mineras chinas. El nuevo ministro también ha señalado en un diario de circulación nacional que el proyecto Tía María podría retomarse, algo que ha causado sorpresa en los pobladores del valle de Tambo en Arequipa. Al punto que uno de los congresistas de Perú Libre de Arequipa ha pedido una aclaración al premier y al presidente sobre estas declaraciones. Pareciera que en el tema extractivo minero no habrá grandes cambios o reformas por parte del gobierno de Castillo, por los menos es lo que se evidencia en estas primeras acciones y declaraciones del ministro de Energía y Minas. Esperamos que no sea así y sí haya grandes cambios.

Finalmente, un tema que queremos remarcar en la semana es la atención del gabinete de Guido Bellido al conflicto del corredor minero en Chumbivilcas. Nos parece positivo la tregua momentánea de 60 días que se ha conseguido con las comunidades, sin embargo, este conflicto está lejos de resolverse, ya que las demandas son múltiples y resolver el saneamiento de esta carretera “que nadie aprobó” en las comunidades, va a suponer atender las demandas de todas las poblaciones y comunidades por donde pasa esta vía y no solo en la provincia de Chumbivilcas. Así mismo, la instancia encargada de ver los conflictos sociales en el país como es el viceministerio de gobernanza territorial debe ser repotenciada política y económicamente, lamentablemente el nombramiento de una persona que no conoce este sector no va ayudar a mejorar esto, tal como ha sucedido esta semana. Por el bien del país, esperamos que el gobierno del presidente Castillo haga los correctivos necesarios en este viceministerio y la soluciones a la problemática minera sean integrales y no solo parches como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores.

 

 

 

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

En una carta dirigida al Gobierno del Perú el 27 de abril, la Relatora Especial de las Naciones Unidas advirtió sobre el uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras del medio ambiente y, por ende, manifestó su desacuerdo sobre las sentencias a dos casos de defensores ambientales. Para sustentar la existencia de este uso indebido, presentó dos casos de sentencias cometidas de forma irregular. Primero, aquella contra César Estrada Chuquilín, al haberse identificado dos faltas graves al debido proceso: falta de incorporación de prueba de descargo y una representación legal ineficaz. Este caso se agrava al tomar en cuenta los antecedentes. En julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca había sentenciado a Estrada a 12 años y 4 meses de prisión por su supuesta vinculación con la retención de una camioneta y extorsión de una contratista en Valle Laguna Azul, a pesar de que este presentaba pruebas que negaban tal vinculación y, por ende, pedía la nulidad de la sentencia. A finales de marzo de 2021, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró nulo e inadmisible su recurso de casación, confirmando la sentencia del 2017.

 

En segundo lugar, expuso la sentencia contra los defensores opuestos al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú (Arequipa). El 7 de enero del 2021, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria para Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años, 4 meses de prisión) y Mariano Cornejo Reynoso (7 años, 4 meses). Las protestas tuvieron lugar debido a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2014 y el inicio de las actividades en marzo del 2015, a pesar de las denuncias ya realizadas por parte de la población contra los daños a las fuentes de agua para consumo e irrigación de campos en el Valle de Tambo. Sin embargo, el Ministerio Público abrió investigaciones y calificó a las organizaciones sociales protestantes como “organizaciones criminales” y, así, la Fiscalía acusó a los dirigentes Trinidad y Cornejo por los delitos de “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión al Estado”, “entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos”, “disturbios” y “motín”.

 

La relatora no solo exigió a través de la carta, atención urgente por parte del Gobierno sobre los casos señalados, sino que también pide que se actúe frente a los constantes atropellos a los derechos de los defensores de derechos humanos en general. A la fecha habría alrededor de 1200 líderes, ronderos, criminalizados, y estarían siendo procesados por delitos que contemplan penas de 10 a 30 años de prisión.

A través de un pronunciamiento difundido en algunos medios de comunicación el domingo 29 de noviembre, la Junta de Usuarios del valle de Tambo de Arequipa denunció y rechazó que la empresa minera Southern Perú haya estado interviniendo sus canales de riego, valiéndose de la aprobación de 8 agricultores – condicionados a aceptar el proyecto minero- con el objetivo de dividir a la organización, señalando que están mejorando la infraestructura de agua del valle de Tambo.

En el pronunciamiento señalaron que «las actividades de operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura menor del valle de Tambo, de conformidad con la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, están a cargo exclusivo de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, quien deberá ejecutarlas en el marco del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (POMDIH) aprobado por la Administración Local de Agua Tambo – Alto Tambo, cuyo incumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por el DS° 005-2015- MINAGRI, constituye infracción grave y sanción».

La Junta de Usuarios agrega que Southern pretende introducir programas como «Valle Lindo» para allanar la intervención minera de su proyecto Tía María. Frente a la denuncia de la Junta de Usuarios, Southern ha suspendido su intervención en los canales de riego, pero la Junta exige que intervengan la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Agricultura para que fortalezcan su rol de operadores de la infraestructura hidráulica de acuerdo a las leyes señaladas.

Así mismo, invocan la actuación inmediata del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para que se garantice el Estado de Derecho vulnerado por la empresa minera Southern.

A pesar que la PNP y la Fiscalía notificó a algunos voceros de Valle de Tambo -Mario Chirapo- el día de ayer por pretender desacatar la orden de sanidad y estado de emergencia al supuestamente convocar a la marcha realizada el día de hoy y, durante la mañana, la PNP trató de impedir que se realice la denominada «marcha verde»; los agricultores y pobladores de valle de Tambo, autoconvocados, realizaron una caminata desde Dean Valdivia hasta Cocachacra en conmemoración los 11 años de consulta popular en el valle que le dijo SÍ a la agricultura, pesca artesanal, turismo comunitario y NO a la minería.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la caminata realizaron una parada en la casa de Augusto Paredes, ex vicepresidente de la Junta de Usuarios, quien falleció en la pandemia producto de una enfermedad llamada embolia. El ex dirigente se encontraba preocupado por los múltiples juicios que enfrentaba de parte del Estado por participar en las movilizaciones en defensa del Valle de Tambo.

El día de mañana, lunes 28 de septiembre, desde Red Muqui realizaremos un Foro «A 11 años de la consulta popular en valle de Tambo y la resistencia del agro en pandemia», en conmemoración al aniversario de tan importante hecho político social en Arequipa y a nivel nacional. Participarán el economista Juan Aste; la comunicadora y activista de DDHH, Dilvia Gálvez; uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo; y Nico Pareja, agricultor y ex miembro de mesa de la consulta popular realizada el 27 de septiembre del 2009.

 

 

 

 

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.

 

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.