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Sur del país representa reto para PPK al concentrar mayor inversión minera y conflictividad social

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CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron – en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

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Consejo de la Prensa determinó que Cecilia Valenzuela difundió información inexacta sobre RED MUQUI

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SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Periodista insiste en que fiscalía señaló a RED MUQUI como financista de “huaraqueros” durante protesta en Islay
• Diario El Comercio tuvo que publicar resolución completa del Consejo de la Prensa Peruana

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), resolvió que la periodista Cecilia Valenzuela presentó información inexacta sobre RED MUQUI, luego de determinar que la investigación fiscal (N°15060156000-2015-03-0), referida a los hechos de la protesta de Islay (Arequipa), en ningún momento concluye que RED MUQUI financió a grupos violentistas y fue cómplice de extorsión, tal como la columnista afirma en su artículo “La filiación política de la mafia de las lentejas” (miércoles, 14 de octubre del 2015).

“En dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que se está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”, resolvió el Tribunal tras evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR. De esta manera se declaró fundada la queja que RED MUQUI presentó en contra de la periodista y del diario El Comercio por esta publicación.

No se atenta contra la libertad de expresión
Como era de esperar, Valenzuela dedicó otra columna de opinión (“La tremenda corte”, miércoles 8 de junio de 2016) en contra del CCP, al asegurar que se está atentando con su libertad de expresión, además de continuar insistiendo en citar el documento fiscal y señalar a la RED MUQUI como financista de los “huaraqueros”.

En su Resolución N° 007-TE/2016 (25 de mayo del 2016), el CPP desestima estos argumentos y recalca que el artículo de Valenzuela no es equivalente a una “opinión” que puede ser contradicha por otra opinión, sino se trata de un caso de difusión de información inexacta en base a una fuente policial, sobre el que el Tribunal sí tiene competencia.

Mala intención
Cecilia Valenzuela tomó los resultados de una investigación fiscal, como si fuese verdad, para indicar que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa “…acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

En su columna de opinión de octubre del año pasado, Valenzuela insiste en que RED MUQUI “…finge ser una genuina ONG ambientalista…” y que “…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse. Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…(…) se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.
Estas falsas afirmaciones que no tienen fundamento, fueron respondidas en su momento (octubre 2015) por el secretario general de RED MUQUI, Javier Jahncke. Para ello se envió una carta de rectificación al diario El Comercio en el que se solicitó un derecho a réplica para rechazar y desmentir las acusaciones ligeras de Valenzuela que vinculan a RED MUQUI con el delito de extorsión y complicidad con grupos violentistas.

Sanción a El Comercio
Si bien el diario decano cumplió en publicar una parte de la carta de rectificación de RED MUQUI (viernes 6 de noviembre de 2015), el Tribunal de Ética del CPP observó que “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC”.

Dicha sentencia señala que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Es por ello que este 8 de junio, El Comercio cumplió con publicar –de manera íntegra– la resolución que da la razón a la queja presentada.

Posición de la RED MUQUI
En respuesta, a la resolución, a la columnista y al medio escrito, Javier Jahncke remarcó que la denuncia de RED MUQUI no busca “atentar contra la libertad de expresión y opinión.

“Buscamos que se informe con la verdad para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, y más bien encontrar las verdaderas causas que están detrás, tal como: la marginación, el olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la atención a las agendas, demandas, preocupaciones y propuestas de las comunidades afectadas, bajo una perspectiva intercultural que considere sus propias nociones sobre desarrollo”, aseveró Jahncke.

Asimismo, recordó que la tarea principal de RED MUQUI responde al acompañamiento de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras que confrontan muchos intereses económicos, a través de la generación de información y asesoramiento en tanto estas lo soliciten, y así buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, con el fin de prevenir los conflictos.

Foto: Captura TVPerú

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Juez ordenó prisión efectiva para alcalde de Dean Valdivia y dirigentes sociales de Islay

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  • Fiscalía solicitó encarcelamiento ante falta de pago de reparación civil

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, revocó la sentencia de prisión suspendida por una efectiva, contra el alcalde distrital de Dean Valdivia (Islay, Arequipa), Jaime De la Cruz y tres dirigentes sociales que fueron procesados luego de encabezar las protestas realizadas en contra del proyecto minero Tía María en el año 2011.

Durante la audiencia realizada el martes último (24 de mayo) en el penal de varones de Socabaya, el juez Gino Valdivia Sorrentino donde escuchó el requerimiento del Ministerio Público y de la defensa de los imputados. Luego de los alegatos, tomó la decisión de aceptar el pedido formulado por la Segunda Fiscalía de Mariano Melgar, a cargo de la fiscal Iris Ticona, quien indicó el incumplimiento del pago de 20 mil soles de reparación civil a favor del Estado, por parte de los sentenciados.

Cabe resaltar que el Poder Judicial dictaminó que esta cantidad debieron pagarla entre los 6 dirigentes imputados. Ninguno de los sentenciados asistió a la audiencia realizada este martes.

Es así que el magistrado ordenó la captura del exalcalde del distrito de Deán Valdivia (Islay, Arequipa), Jaime de la Cruz Gallegos, junto con Pepe Julio Gutiérrez, expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, y los dirigentes de bases Milton Abramonte, Huber Puma y Rubén Quispe, quienes fueron condenados a cuatro años por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, por el bloqueo de vías en la provincia durante los días de paro que se realizó en la provincia de Islay, en el año 2011

En las próximas se dictaría la orden de captura de los dirigentes y el exalcalde, a excepción de Pepe Julio Gutiérrez, quién ya se encuentra dentro del Penal de Socabaya, al cumplir prisión preventiva por el caso de extorsión a Southern Perú, empresa a cargo del proyecto Tía María.

Por su parte, Jaime De la Cruz, se manifestó sobre esta decisión judicial, a través de su cuenta personal de Facebook, y aseguró que se pondrá a derecho.

«Nos cambiaron la pena de suspendida a efectiva o sea iremos a la cárcel solo por defender nuestro pueblo, nuestra vida, nuestra agricultura, yo no cometí ningún delito. Solo se consumó la persecución política y esta venganza del gobierno, en las próximas horas me pondré a derecho que viva el valle de tambo», expresó.

Los abogados de los acusados anunciaron que apelarán la decisión del juez Valdivia, lo más pronto posible; no obstante esa apelación no tiene efectos suspensivos. Según indicaron los defensores legales de los dirigentes, la reparación ha sido pagada en 6 mil soles. Héctor Herrera abogado de 3 de los involucrados manifestó que no hay prisión por deudas y que sus patrocinados no cuentan con los recursos para pagar esa cantidad.

Luego de tener conocimiento de este fallo, los agricultores del valle de Tambo han decidido realizar una colecta para pagar la reparación civil de Jaime de la Cruz. Según el Búho Noticias, se ha programado en Cocachacra y Mollendo actividades para poder recolectar los fondos suficientes para cubrir este pago.

El lunes a primera hora se realizaría el pago total de la reparación civil, indicó De La Cruz. “Solo hemos defendido el agua”, indicó de forma tajante el ex alcalde del distrito de Deán Valdivia.

DATOS:

  • Este caso se remonta al año 2011, cuando se iniciaron los conflictos contra el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay, donde se acusó a los dirigentes por bloquear un tramo de la carretera Panamericana.
  • En el 2014, Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz, José Luis Chapa Díaz, Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Colla, fueron sentenciados a 4 años de prisión suspendida y el pago de la reparación civil de 20 mil soles.
  • Los sentenciados fueron condenados el 18 de agosto del año 2014 por el Juzgado Penal Unipersonal de Mollendo, decisión judicial que fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.

 

Fuente: Diario El Pueblo de Arequipa / La República / Salvemos el Valle el Tambo / El Búho noticias

Foto: La República

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Protesta de agricultores del Valle de Tambo contra Tía María se mantuvo pacífica y contundente

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  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

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Televisión española muestra a Tía María en el documental ‘La batalla del cobre’

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A UN AÑO DE LA PROTESTA EN ISLAY

A un año del último episodio de violencia y caos que vivieron los agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) emitió el documental “La batalla del cobre”, el mismo que se estrenó el 11 de febrero de este año.

El programa ‘En Portada’ viajó hasta Arequipa para conocer de primera mano el conflicto minero que sufre esta región a raíz de la adjudicación de dos minas de extracción de cobre, a la empresa mexicana Southern Cooper. Los documentalistas españoles, reconocen también que minería es uno de los principales sectores de la economía peruana, pero también el origen de un tercio de los problemas sociales.

“En Portada toma el pulso de este conflicto a través de sus principales actores y ha confrontado a unos con otros, a través de hechos y testimonios, en una batalla que se sigue librando y cuyas heridas siguen abiertas”, remarca el equipo de RTVE.

El documental presenta al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa y sus 15 mil hectáreas de cultivo y como sirve de sustento alimenticio a 50 mil habitantes y a todo el sur peruano.

“La proximidad al valle, eminentemente agrícola, preocupa a sus habitantes, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto. Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenciones”, indica el registro.

En la primera parte, el equipo de RTVE llega hasta la zona del proyecto Tía María con un representante de Southern, ahí la empresa les muestra la zona del tajo abierto a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar y a 7 km. de distancia del valle, según el funcionario de Servicios ambientales, Darío Oviedo.

En otro ángulo del documental, la reportera recoge la opinión de Otto Hito, un ingeniero ambientalista  independiente quien los conduce hacia el yacimiento “La Tapada” que está más próximo a la población y a los cultivos del valle. En el lugar, el técnico refiere que entre este yacimiento y el valle, apenas existen 1,200 metros de distancia.

“(El peligro) es la cercanía, el material particulado, los gases que va a producir La Tapada y como estos llegarán hasta los cultivos y a la población”, indicó Hito.

Mientras que se muestran imágenes de como empieza un día laboral en el distrito Cocachacra, se recoge el testimonio de la campesina, Mercedes Hinojosa quien en tiempo de cosecha le brinda trabajo a unos 40 agricultores.

“Nosotros vivimos con el agro, de lo que cosechamos. (…) si la Tía María entra, ¿Qué vamos a comer la gente? ¿De qué vamos a vivir?”, cuestionó Hinojosa.

En documental se menciona que en el valle del Tambo, 4 de 5 personas viven de la agricultura, algunos dueños de la tierra la trabajan, otros la arriendan para usufructo, moviendo unos 400 millones de soles por año.

En otro momento, declara Jesús Cornejo, presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo que agrupa a más de la mitad de agricultores del lugar.

“Quien debe asumir los compromisos y las necesidades del pueblo es el gobierno, no la empresa Southern (…) ustedes han visto al decisión del pueblo en defender el valle, no les importa morir”, asevera Cornejo a la reportera española.

Tras exponer testimonios de todas las partes, RTVE rememora los hechos de la huelga indefinida en la provincia de Islay y los deudos de aquellos que murieron durante la protesta.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio refiere que hubo excesos por parte de la policía y de los civiles. Asimismo, la gobernadora opina que la ausencia del Estado es la que viene originando la conflictividad social en el país y la población que vive de actividades tradicionales –como la agricultura- no ha sido bien atentida.

También se recoge opinión de la periodista arequipeña, Mabel Cáceres de El Búho, quien señala a falta de diálogo y una cultura de negociación se suscita hechos de violencia y es ahí cuando el gobierno se da por enterado desde Lima.

De igual modo, el defensor del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, también hizo hincapié en la falta de diálogo desde el gobierno y la misma empresa con la población.

En medio de la remembranza del conflicto, se recoge la voz de Daniel Toranzo, el reportero que grabo el preciso instante en que la policía intentó crear una prueba falsa contra un poblador.

Otro hecho mencionado por RTVE es la relación que mantenía el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, abogado de Southern, y su negociación oculta en la que se transaban más de un millón de dólares a cambio de detener el paro en Islay, la misma que acabó con la propagación de sus conversaciones teléfonicas.

Durante el recorrido audiovisual, los realizadores también muestran videos corporativos de la empresa minera y sus ofrecimientos en torno al proyecto.

Como se recuerda tras los hechos de violencia suscitados en mayo de 2015, Southern mantiene paralizadas sus acciones en la zona mientras establece un Plan de Socialización que intenta convencer a los arequipeños sobre los beneficios de la minería.

La producción española muestra el caso de ‘Tía María’ como un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

‘La batalla del cobre» es un reportaje con guión de Yolanda Álvarez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen de José Manuel Frean; sonido de Alfredo Sánchez-Toledo; montaje de Javier Mula; y producción de Ana Pastor y Lourdes Calvo.

Fotos: RTVE En Portada

Video: YouTube Info Peru

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RED MUQUI y CooperAcción presentan análisis y aportes técnicos sobre las observaciones al EIA de Tía María

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El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.
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