Entradas

El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización “Derechos humanos sin fronteras”; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del “Comité de Lucha de Espinar”; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la “Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos”.

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Vulneración de Derechos Humanos

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Recomendaciones al Ministerio Público

Las denuncias fueron realizadas en la jurisdicción policial de Espinar; sin embargo, hasta la fecha los pobladores agraviados no han sido llamados por las autoridades. Finalmente, Helio Cruz indicó que la Dra. Gloria Cárdenas Alarcón fue víctima de intimidación por dar sus declaraciones indicando que tres espinarenses presentaban heridas de balas con orificios de entrada y salida.

Sobre lo expuesto el Dr. Helio Cruz planteó siete recomendaciones al Ministerio Público:

  1. Las restricciones de la protesta social en el contexto de la pandemia deberían implementarse de acuerdo a un principio de proporcionalidad.
  2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación para identificar a los responsables de la violación de derechos humanos y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme la directiva 3 2008 del Ministerio Público
  3. El Ministerio de Justicia debería implementar medidas eficaces para garantizar la protección de defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco de conflicto.
  4. La Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura debería analizar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y efectuar recomendaciones que permitan realizar reformas institucionales.
  5. La empresa minera debería proceder conforme al estándar de la debida diligencia entregando a la Fiscalía todas las grabaciones de los hechos sucedidos en el campamento, reparando a las personas heridas absteniéndose de brindar cualquier apoyo logístico a la policía y militares.
  6. Se debe formar una comisión de investigación por el conflicto de Espinar por el uso desproporcional de la fuerza de la policía y militares. Esto debido a que hay una mayor cantidad de casos similares.
  7. Hemos presentado ante el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este reporte acerca de las violaciones de derechos humanos en Espinar. Se trata del uso desmedido de la fuerza frente a una protesta social. Por tal motivo es pertinente que las instituciones conformantes del Estado puedan desarrollar una intervención adecuada proporcional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Comité de Lucha de Espinar se pronuncia

Juan Carlos Quirita, integrante del Comité de lucha de Espinar, señaló que la protesta frente a las instalaciones de la empresa minera, el 22 de julio, fue pacífica. Indicó que fueron los jóvenes quienes reconocieron a una persona sospechosa que se identificó como poblador de la zona pero que, sin embargo, al pedirle documentos éstos indicaban que era de Lima.

El señor Quirita expuso que ya de regreso a la ciudad fueron víctimas de una emboscada por parte de la policía, quienes tras someterlos haciendo uso excesivo de la fuerza también les arrebataron sus pertenencias de valor. A esto se suma lo narrado por algunas de las víctimas mujeres, quienes indicaron que mientras estaban tendidas en el piso fueron manoseadas por los efectivos policiales.

Tras ello, los policías rompieron las lunas del camión, desinflaron las llantas y llenaron de tierra el motor del mismo dejándolo inoperativo hasta la fecha de hoy. Posteriormente los policías se dirigieron a la ciudad de Espinar a disparar perdigones y balas, causando terror entre los habitantes.

Presidente de la Comisión de Pueblos se manifiesta

Finalmente, el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, señaló que “el tema de Espinar es un ejemplo de cómo se tratan los conflictos sociales en nuestro país y como hay un gran desconocimiento del Estado hacia los pueblos indígenas y originarios”

Lenin Bazán agregó que la Comisión que preside invitó al ministro de Interior y al premier; este último envió al ministro de Cultura en representación, para que expliquen y respondan sobre lo ocurrido en Espinar. Tras la reunión con los ministros y su desconocimiento de los hechos, precisó que “van a presentar una moción de orden para que nos den facultades de investigación sobre el caso de Espinar y el lote 95 en Bretaña, porque el trato es el mismo, con el objetivo de lograr que el Estado peruano respete las obligaciones internacionales que tiene y respete los derechos de los pueblos indígenas y originarios y vele por el desarrollo sostenible y pacífico de nuestras comunidades que tras 40 años de minería en Espinar y 50 años de petróleo en Bretaña no le han dado a las comunidades 2 horas de agua al día en Espinar, y servicios básicos como la energía eléctrica o agua potable en Bretaña, Loreto. Eso implica la contradicción que debemos superar en nuestro país donde existe actividad extractiva”

En el octavo día de paro, tras la confirmación de 3 heridos de bala por la médico cirujana del Hospital de Espinar, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón; el día de ayer, jueves 23 de julio, las organizaciones de Espinar, los alcaldes distritales y el alcalde provincial, Lolo Arenas, se reunieron y acordaron llamar a la calma a la población para que no haya más heridos producto de la represión policial.

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 22 de julio, durante el día, la policía reprimió fuertemente la protesta que se movilizaba hacia las instalaciones de la empresa minera que se ubica en los territorios de la comunidad Tintaya Marquiri. Y durante la noche del mismo día, la policía ingresó a la capital de la provincia de Espinar, a la ciudad, y reprimió con bombas lacrimógenas, perdigones y balas a los manifestantes.

Acuerdos

Los principales acuerdos de la reunión multisectorial entre los alcaldes y dirigentes sociales, fue la solicitud de una “comisión de alto nivel del poder ejecutivo” con la presencia del premier Cateriano y los ministros de Estado. Como mediador y facilitador de comisión de alto nivel se acordó designar al monseñor de la Prelatura de Sicuani.

Entre los otros acuerdos se señaló que en la comisión se deben tratar los 6 puntos de agenda del Comité de Lucha de Espinar, y se exige el retiro de las fuerzas policiales y militares del territorio de Espinar. Además, se solicita que “el Ministerio Público denuncie a los responsables de la arremetida, violencia de derechos humanos y abusos cometidos hacia la población de Espinar”.

Los pobladores de Espinar señalan que el coronel Vargas pateó en el piso a las personas que viajaban en un camión para apoyar la protesta, que roció alcohol en el cuerpo de las personas y que los militares abusaron sexualmente de las mujeres tocándole las partes de sus cuerpos. Ver video

 

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí