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Por: Gladys Huaman / Area de incidencia política y legal de Red Muqui.

 

De camino de Lima a La Oroya o viceversa, por la carretera central, muy cerca al nevado Ticlio se encuentra Morococha, hace 11 años era una ciudad de 5,397 habitantes[1], justo cuando cumplía 103 años de creación como distrito; el Ministerio de Energía y Minas, en diciembre de 2010, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Toromocho” de la Minera Chinalco Perú S.A.[2] Morococha es un distrito en donde diversas empresas venían explotando minerales, pero con este proyecto minero cambiaría radicalmente la vida de los pobladores.

No podemos olvidar, el proyecto Toromocho ha conllevado al reasentamiento involuntario de la población de Morococha a la zona de Carhuacoto, proceso que aún no se culmina debido a un remanente de la población que no la acepta. También ha generado alejarlos de polos económicos, lo que no les permite consolidarse y crecer como ciudad, y los pobladores que aún siguen en la antigua Morococha continúan defendiendo sus derechos. Un reasentamiento que nace por el método de extracción a tajo abierto que emplea la empresa.

Además del reasentamiento, el proyecto de explotación “Toromocho”, ubicado en los distritos de Morococha y Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín, implica un tajo abierto con reserva de cobre y molibdeno, con operaciones de minado por 32 años. Pero, no es solo el tajo, en el resumen ejecutivo elaborado por la empresa encargada de la elaboración del EIA[3], y la misma resolución que aprueba este instrumento ambiental, señalan entre otros componentes lo siguiente:

Componentes Detalles
Tajo abierto Inicia en el cerro Natividad, cuyas dimensiones finales serán 2 400 por 2 300 metros, llegando a alcanzar un cambio topográfico total de 860 m, y llegando hasta una elevación final del tajo de 4 035 m de altitud, aproximadamente.
Dos depósitos de mineral de baja ley Depósito de mineral de baja ley y depósito de mineral de baja ley suroeste. Almacenaran 89 y 96 millones de toneladas de mineral, respectivamente. El mineral apilado en dichos depósitos será beneficiado durante los últimos 4 años de la operación.
Dos depósitos de desmonte de roca Un depósito al oeste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 585 millones de toneladas de desmonte cubriendo un área de aproximadamente 345 ha. El segundo ubicado al sureste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 596 millones de toneladas, cubriendo un área de aproximadamente 235 ha.
Instalaciones de procesamiento El mineral será llevado a la Chancadora primaria ubicada al sur del tajo, luego con fajas transportadoras a la planta concentradora que tendrá la capacidad de procesar 117 200 tpd.

Los relaves producidos por la planta concentradora a razón de 115 676 tpd y serán espesados a 69% de sólidos y dispuestos en el depósito de relaves ubicado en la cuenca de la quebrada Tunshuruco.

Depósito de relaves Depósito de relaves ubicado en la quebrada de Tunshuruco, al término de las operaciones de mina, ocupará la mayor parte de la quebrada. Contendrá 950 millones de toneladas de relaves espesados y cubrirá un área aproximada de 790 ha.

Fuente: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho, y Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM.

 

En una década, Minera Chinalco Perú S.A. ha logrado modificar su EIA – 2010 hasta en cuatro oportunidades, la última aprobada el 3 de junio de 2021. Surge inmediatamente la pregunta si estas modificaciones son permitidas, evidentemente que sí.  Las modificaciones que se llevaron adelante son:

  • 10 febrero de 2014, aprobado por Resolución Directoral N° 068-2014-MEM-DGAAM, la “Optimización del proceso de beneficio – Implementación de la Planta de Extracción por Solventes y Electro Depositación (S/EW) del Proyecto Toromocho”
  • 29 diciembre de 2015, a través de la Resolución Directoral N° 504-2015-MEM-DGAAM, aprobaron la “Optimización de la ampliación de la Planta Concentradora Toromocho”, incrementando la capacidad de la concentradora en un 20%, aumentando su procesamiento por día de 117 200 tpd a 140 640 tpd”
  • 07 noviembre de 2017, con la Resolución Directoral N° 343-2017-MEM-DGAAM, aprueba la modificación para la “implementación de cambios menores en componentes de la Unidad Minera Toromocho”, con ello habrían ampliado la capacidad de los depósitos de desmonte, reubicación de la tubería de transporte de relaves, entre otros.
  • 03 junio de 2021, mediante Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, se aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD.

Las tres primeras modificaciones fueron a través del “Informe Técnico Sustentatorio (ITS)”[4]. Nos detendremos en la recientemente aprobada, esta modificación solicitada en marzo de 2020 ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, por la empresa Chinalco. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de modificar, por cuarta vez el EIA aprobado el 2010? En el resumen ejecutivo presentado por la empresa señala “El principal objetivo del proyecto de ampliación es aumentar la capacidad de producción de la Unidad Minera Toromocho de 140 640 tdp a 170 000 tpd de mineral de cobre”[5]

¿Qué significa ampliar la capacidad de producción hasta una tasa de 170 000 tpd? En el documento presentado por Chinalco señala que las principales actividades que realizarán con la modificación es reconfigurar algunos componentes, pero incorporan cinco nuevos, tal como lo podemos observar en el cuadro R-2 que se encuentra en el resumen ejecutivo de la MEIA.

 

Cuadro R-2 Actividades que se realizarán como parte de la presente MEIA
# Nombre del Componente Actividad Principal
Área Mina
1 Tajo Reconfiguración
2 Depósito de desmonte oeste
3 Depósito de desmonte este
4 Depósito de mineral de baja ley este
5 Depósito de mineral de baja ley oeste
6 Grifo mina Nuevo componente
7 Polvorín Nuevo componente
8 Nuevo acceso principal Nuevo componente
Área Planta Concentradora
9 Nueva Chancadora primaria Nuevo componente
10 Depósito de suelo orgánico N° 4 Nuevo componente
11 Sistema de suministro de agua cruda Repotenciar
12 Planta concentradora Incorporación de equipos
13 Depósito de desmonte Valle Norte (cantera) Reconfiguración
Depósito de Relaves Tunshuruco
14 Depósito de relaves Reconfiguración
Fuente: Minera Chinalco S.A.

Fuente: Resumen Ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD. Pág. 13.

En marzo de 2021, SENACE a través de la Resolución Directoral N° 052-2021, resolvió desaprobar la modificación del EIA, después de un proceso de meses de evaluación técnica, en base a las observaciones remitidas por las organizaciones y aportes ciudadanos relacionado al recurso hídrico, esto fue evaluado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En octubre de 2020, esta instancia emitió el primer informe con 25 observaciones; en diciembre, después de evaluar la respuesta de Chinalco, emiten el segundo informe con observaciones no absueltas, y en marzo del presente año el ANA emite el informe con opinión técnica no favorable.

Por su parte Chinalco interpuso recurso de reconsideración. En mayo de 2021, la ANA emitió el Informe Técnico N° 029-2021-ANA-DCERH/WQQ, con opinión favorable, con la cual SENACE aprobó la MEIA-2010 del proyecto Toromocho[6].

¿Qué ha cambiado desde las 25 observaciones de la ANA, los informes no favorables y esta reciente con opinión favorable? Merece ser analizado. Otro aspecto que debemos analizar es, con las modificaciones del EIA se viene incorporando nuevos componentes al proyecto aprobado. ¿Qué implica ello?. Esto tampoco ha sido respondido. Lo cierto es que la modificación del EIA del proyecto de Chinalco se da en un escenario de alta inestabilidad política, se aprovecha el contexto para aprobar la modificación de un EIA que la población local cuestiona.

[1] INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

[2] Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM

[3] Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho. Preparado para Minera Chinalco Perú S.A. Elaborado por Knight Piésold Consultores S.A., noviembre 2009. https://docplayer.es/8450081-Minera-chinalco-peru-s-a-proyecto-toromocho-estudio-de-impacto-ambiental-resumen-ejecutivo.html

[4] “El ITS es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuentes con certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen impactos ambientales negativos significativos” Fuente: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=21&idTitular=9274&idMenu=sub9264&idCateg=1729

[5] Resumen ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 tpd. Minera Chinalco Perú S.A. julio, 2020. Elaborado por Walsh Perú. https://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/meia/1.0%20Resumen%20Ejecutivo%20MEIA%20Toromocho.pdf

[6] Resolución Directoral N° 0083-2021-SENACE-PE/DEAR, Informe 00383-2021-SENACE-PE/DEAR

La situación de los pobladores de la Antigua Morococha parece no tener solución, más aún cuando la empresa minera transnacional china, Chinalco, no muestra intención alguna por respetar los derechos humanos de las 40 familias que aún habitan las 34 hectáreas en conflicto.

Hectáreas que son fundamentales para la ampliación del proyecto Toromocho, pero de la que desde el 2018, la empresa minera no puede tomar posesión por la defensa constante de los pobladores de la comunidad de Morococha ubicada en la provincia de Yauli, región de Junín.

Recientemente, dos hechos ocurrieron en estas últimas semanas, tras la presentación de las observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Toromocho ante el SENACE, realizado por los dirigentes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morocha. Por un lado, el bloqueo de las vías de ingreso y salida ocurrido el sábado 12 de septiembre en donde efectivos de la PNP, lejos de impedir dicha acción, salvaguardaron los vehículos de la empresa Chinalco y trataron de desalojar a los propios pobladores.

El segundo hecho se dio el lunes 28 de septiembre a las 9:30 am, cuando varios camiones de la empresa minera decidieron tirar sus desmontes, grandes bloques de piedras, sin comunicar a la población y autoridades, incumpliendo protocolos de seguridad y poniendo en peligro la integridad física de los habitantes que transitan por la carretera ubicada por el ex colegio Ricardo Palma.

Estas acciones realizadas por la empresa se dan a pesar de que el 29 de enero del 2019, el juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió la acción de amparo presentada por los pobladores de la Antigua Morococha contra la minera Chinalco y la empresa estatal Activos Mineros SAC por intento de desalojo y querer destruir las viviendas del casco que forman parte del ornato urbano de la Antigua Morococha, ubicado dentro del predio “Lote Municipio de Morococha”, que hacen parte de las 34 hectáreas en litigio.

Inmersos en luchas diarias donde son hostilizados y amedrentados; los pobladores también sufren la falta de energía eléctrica desde noviembre del 2019 cuando, según lo manifestado por algunos representantes de la comunidad, la empresa Chinalco destruyó la infraestructura eléctrica del pueblo además de intervenir, presentando un reclamo el 26 de marzo del 2019, a la empresa eléctrica Electrocentro para que cese de prestar suministro eléctrico a los hogares que aún habitan ahí.

 

 

Para entender el escenario en el que se siguen desarrollando hechos, es necesario retroceder al año 2017, fecha en la cual el Congreso de la República aprobó dos normas claves.

Todo comenzó el 2017

El 14 de noviembre del 2017 se publicó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres.

La segunda norma aprobada fue el reglamento del mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de viviendas en áreas riesgosas con el objetivo de declarar estos lugares como inhabitables.

En este contexto, el 9 de enero del 2018, se nombró a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), que es una compañía del Estado peruano orientada a la remediación ambiental y supervisión de proyectos de minería. El 18 de enero, la gerencia general de AMSAC solicitó, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de Antigua Morococha.

El 14 de febrero, Ricardo Labó, en su condición de viceministro de Energía y Minas, solicitó a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) transferir el terreno de las 34 hectáreas de Morococha a la empresa estatal que presidia (AMSAC) que luego fue destinada al proyecto de ampliación de Toromocho.

De esta forma, las 34 hectáreas pasaron a ser de Chinalco por un pago de 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles).

 

El 27 de febrero, Activos Mineros, a través del gerente general Antonio Montenegro Criado, también envió una carta a la SBN solicitando que se transfieran las 34 hectáreas a su nombre invocando el artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación. Ese mismo día, la Superintendencia resolvió de forma afirmativa dicha expropiación.

Una vez logrado estas maniobras, las 34 hectáreas expropiadas por AMSAC, se transfirieron a la empresa minera Chinalco. Una transferencia que va en contra de lo que señala la ley de expropiaciones (ley 30680) que deja bien en claro que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado, pero nunca un privado.

El 23 de marzo del 2018 se aprobó la ampliación del proyecto Toromocho por el Ministerio de Energía y Minas, en medio de una crisis política donde el actual presidente Martin Vizcarra asumió el mandato tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Pese a todas estas maniobras, en julio del 2018, el Dr. Carlos Castro, abogado representante de los pobladores de la Antigua Morococha, presentó una demanda que fue admitida por el juzgado de Yauli – La Oroya, solicitando la nulidad de la operación entre AMSAC y Chinalco. Hasta el día de hoy el proceso se encuentra vigente y falta una última audiencia para resolver el caso.

Para junio del 2018, la minera Chinalco anunció el inicio de las obras junto al nuevo presidente Martín Vizcarra, quien sentenció este anuncio manifestando, “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”.

Sin embargo, este progreso y desarrollo que señala el gobierno no ha involucrado a los que accedieron al reasentamiento en la “Nueva Morococha”: Carhuacoto, ni mucho menos a los que decidieron no dejar sus hogares en la Morococha Antigua.

Pueblo fantasma

Carhuacoto es un pueblo que, en la actualidad, no representa una oportunidad de desarrollo económico y que muchos de los reasentados siguen abandonando por no tener ingresos estables por la falta de comercio. En palabras de una pobladora de la Nueva Morococha;

“No tenemos trabajo, muchos de los que nos reasentamos en Carhuacoto lo hicimos confiando en la palabra del alcalde y en las promesas de trabajo, pero estamos en crisis. Ninguna autoridad dice nada y nosotros no tenemos cómo producir. Muchos se han ido y han dejado sus casas para alquilarlas, la minera Chinalco no contrata a los pobladores de Morococha y trae gente de afuera, no cumple con su palabra”.

Esta es la situación actual de mujeres y hombres que aceptaron reasentarse y que no encuentran respuestas ni soluciones a la crisis que viven en un pueblo de maqueta inerte.

A ello se suma los riesgos de la zona escogida para la “Nueva Morococha”, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.

Hábeas Corpus para liberar el tránsito

La semana pasada, los pobladores estaban en proceso de presentar un hábeas corpus para que la empresa minera deje de obstruir el tránsito público y deje de tirar piedras como desmonte en la avenida. Los pobladores temen el cierre total de sus vías como estrategia de la minera para expulsarlos de sus propias tierras.

Estos últimos hechos atentan directamente contra el derecho al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha quienes, por falta de energía eléctrica, corte de agua y falta de comercio, hacían uso de estas vías para ir a otras comunidades y abastecerse de alimentos, cargar sus equipos o trabajar.

¿Cuál es la respuesta del SENACE frente a las observaciones presentadas al MEIA?

Hasta ahora la única respuesta del SENACE ha sido la referida al cuestionamiento de las familias de Morococha a la participación ciudadana virtual. SENACE ampara la participación ciudadana virtual en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores. Respecto a las otras observaciones, SENACE señala que las ha transferido a la empresa minera Chinalco para que las pueda responder.

Síntesis de las principales observaciones presentadas a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental – MEIA por el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciado en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.