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En las últimas semanas, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos  del Perú ha estado denunciando que, en promedio, habrían 12 mil trabajadores mineros contagiados de COVID-19. Asimismo, han denunciado que varias empresas mineras vienen despidiendo a dirigentes sindicales y realizando suspensiones perfectas y ceses colectivos. Esto a pesar de que la minería nunca paró durante la pandemia y actualmente se encuentra operando al 90%.

Frente a esta situación, conversamos con el Secretario General de la Federación Minera, Jorge Juárez.

Frente a la situación crítica que viven los trabajadores mineros, ustedes han venido solicitando reuniones al gobierno, ¿han tenido alguna respuesta?

No nos dan información ni siquiera de los contagios que tenemos en el sector. Hemos pedido que, básicamente, se inicie el diálogo de manera tripartita con intervención del gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, y la Federación; pero no hay respuesta alguna.

Tenemos una plataforma que venimos reiterando en las cartas de solicitud para entablar un diálogo, que tiene puntos comunes de lo que está pasando en todas las unidades mineras.

¿Frente a la falta de respuesta del Estado, qué acciones han estado realizando los trabajadores?

En días recientes pararon los trabajadores de la minera Corona en la provincia de Yauyos – Lima-, la semana pasada fueron los trabajadores de la empresa Marsa en la sierra de La Libertad; así van parando distintos trabajadores ante los contagios exponenciales en el sector y los despidos.

  • El sindicato de la empresa minera Corona denuncia que 100 trabajadores han sido despedidos–

¿Cuál es la reacción de las empresas mineras frente a las exigencias de los trabajadores?

Ya ni siquiera se puede denunciar lo que viene ocurriendo porque los dirigentes de base son despedidos. Las empresas los acusan de que han violado el reglamento interno. Si un dirigente informa que la empresa minera no está cumpliendo con los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, a pesar que fueron debilitados con el último cambio del protocolo, son denunciados por denigrar la imagen de la empresa. Por ejemplo, la salida de buses con 200 trabajadores. A pesar de que los dirigentes emiten cartas a la empresa solicitando respuesta oficial sobre el cumplimiento de los protocolos; la empresa no lo hace.

Actualmente también están optando por el despido arbitrario. Han despedido al secretario general de la empresa minera Chinalco en Junín, quien estuvo denunciando los contagios y falta de cumplimiento de protocolos sanitarios.  También la empresa minera Marsa en La Libertad ha pasado una carta de pre aviso de despido a uno de sus dirigentes. La empresa minera Shougang de Marcona en Ica, también ha despedido a uno de los dirigentes del sindicato por denunciar que en el plan de vigilancia no se estimaba que los trabajadores tenían que alojarse en unas carpas provisionales por 30 días, en malas condiciones, y 7 días de aislamiento en un hotel.

¿Cuál es la evaluación de ustedes frente a estos hechos?

Se viene una oleada de parte de las empresas de querer silenciar a los trabajadores porque ven que ni siquiera el gobierno entrega información; entonces ese es un indicativo para la empresa, que se ve protegida para actuar arbitrariamente.

Nosotros planteamos a las empresas y al gobierno tratar sobre los contagios de COVID-19 en el sector; ceses colectivos y suspensión perfecta; campamentos mineros improvisados; y jornadas atípicas de trabajo, donde por ejemplo, en Huancala -Ancash-, la empresa establece 40 días de trabajo en mina.

Los sindicatos también vienen tratando de negociar la cantidad de días de trabajo porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional para las jornadas laborales mineras, pero actualmente la mayoría  de jornadas no se ajusta a lo que dijo la sentencia del TC el 2014, que establece que los trabajadores no pueden pasar trabajando más de 14 días seguidos.  Actualmente las jornadas laborales son de 30 días de trabajo por 15 días de descanso o 40 días de trabajo por 20 días de descanso.

Frente a esto parece que las normas se respetan solo desde lo que le conviene al empresariado, pero las leyes que garantizan derechos a los trabajadores queda gaseoso, sin implementar.

¿El ministerio de trabajo ha dicho algo?

Trata de individualizar los problemas, como lo hace la comisión de Trabajo del Congreso. Hemos expuesto la problemática pero no hay voluntad de los congresistas de llevarlo a una votación, ha quedado todo para una fotografía,  solo para la exposición. No quieren hacer que la mesa tripartita se cumpla. Hay resolución ministerial con el gobierno, está vigente y no se cumple la mesa tripartita. La mesa tripartita no se aplica hace años.

Hace unos meses solo hubo una única reunión con el viceministroo del MINEM, Juan Carlos Requejo; la ex ministra nunca nos dio cara. Planteamos fechas con compromisos concretos y hasta ahora no se cumplen. El gobierno ha hecho ofrecimientos y no se han cumplido, entonces mientras no se cumplan con cosas concretas, tampoco es posible las reuniones para la foto.

¿Sobre la situación actual de los trabajadores mineros contagias de COVID-19, qué información tienen?

Nosotros queremos informes oficiales del Estado pero no nos han enviado, a pesar de haber enviado documentos formales al MINSA, MINEM, MINTRA y Censopas; y hasta ahora no nos entregan esta información. A nosotros nos han entregado y a Convoca sí. Queremos esa información para poder conciliar con los sindicatos, que no tienen los resultados de las pruebas, pero sí tienen el conteo de la gente que ha ido contagiándose.

En el caso de Chacua, de buenaventura, en Oyón, hay un informe de mas d 600 trabajadores contagiados. Queremos saber oficialmente cuanto tiene el gobierno, porque las empresas tampoco nos quieren entregar sus reportes.

¿Cuantos Trabajadores mineros están en suspensión perfecta?

La minera Raura y Atacocha son las que más despidos han realizado. 1600 trabajadores despedidos de la empresa minera Raura en Huánuco.  En suspensión perfecta parcial han incurrido 11 empresas mineras, incluyendo una empresa Siderúrguica de aceros en Arequipa, y 9 empresas de contratas. Actualmente debemos tener un promedio 7 mil trabajadores entre despedidos y en suspensión perfecta.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros tendrá su próxima asamblea nacional el 5 de septiembre.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente, la semana pasada se publico la Resolución Ministerial 128-2020-MINEM que aprueba el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”, y se emite en el marco de la norma que autoriza la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva” en nuestro país. De esta forma se completan las autorizaciones y protocolos para el sector minero, que sigue teniendo varios vacíos a pesar de las observaciones que se alcanzaron desde la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores mineros y la misma Defensoría del Pueblo.

 

Entre estas observaciones, están por ejemplo que el ente rector para la emisión de estos protocolos debe ser el MINSA y no el Ministerio de Energía y Minas, que, si bien tiene una opinión sobre el tema, no es la entidad competente. De otro lado se insiste en que la aplicación de las pruebas de descarte del virus (serológicas y moleculares) son potestativos de las empresas mineras; es decir, a voluntad de ellas, poniendo en riesgo nuevamente la salud y la vida de los trabajadores mineros y obviamente a las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Otra de las observaciones tiene que ver con que se incluye a las empresas privadas directamente como “unidades informantes” en la Red Nacional Epidemiológica. Con esto se debilita la potestad estatal de recojo de información, tanto para la toma de medidas preventivas y de control de la propagación del COVID-19; poniendo toda decisión y manejo de información en las empresas mineras, que hasta ahora han actuado con poca transparencia y ocultando información como es el caso de Antamina, por ejemplo.

 

Es en este contexto que se viene implementando la reactivación económica en el país, como ya lo señalamos anteriormente, que solo prioriza la reactivación de las grandes empresas. Recientemente organizamos desde la Red Muqui, el día de ayer, 12 de mayo, un dialogo virtual denominado: “Reactivación económica, minería, agro y Covi-19”, y aquí se discutieron varios aspectos sobre los retos que nos plantea esta reactivación; una de ellas tiene que ver con la afectación y los impactos que implica la actividad minera en los territorios de las comunidades campesinas. Melania Canales, presidenta de ONAMIAP señalaba que: “cuando hablamos de reactivación económica hablamos solo de las grandes empresas, de los ricos, pero para nosotros, para el agro, para las comunidades lo que nos van dejar es solo más contaminación” y probablemente más contagios, sobre todo en las regiones donde hay actividades mineras.

 

Por ello, desde Red Muqui consideramos que no se puede hablar de reactivación económica si solo se prioriza o se privilegia una actividad económica como la minería. Ya es hora de que el sector agrario reciba la atención que se merece, finalmente es la actividad que viene sosteniendo la alimentación de millones de peruanos en este momento de la pandemia y del Covid-19.

 

Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

26 marzo 2020

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte – ORPIAN-P
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT
Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
Comunidad Nativa Wachapea Amazonas
Comunidad Nativa Pakun Amazonas
Centro Poblado de Paragsha Pasco
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE)
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
Frente Callao Dignidad
Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua
Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac
Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri
Comuneros de San Antonio Huarochiri
Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo
Consejo Regional de la Mujer Huancayo
Comunidad de Óndores Junin
Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO
CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya
Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
La Pastoral Social del Vicariato de Jaén
La Red Huamachuco
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Red por una Globalización con Equidad – RedGe
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Red Muqui
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF
Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Earthrights International – ERI
Oxfam en Perú
APRODEH
AIDA
Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud