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Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides

Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial   

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.

La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.

Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio «Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
• Consultoría financiada por Newmont señala que no existen pruebas concretas en contra de Yanacocha pese a medida cautelar de la CIDH
• Se concluye que empresa minera no persistió en mantener diálogo continuo con la familia Chaupe

RED MUQUI advirtió que en los resultados del Informe “independiente” de la consultora RESOLVE*, que fue encargado y financiado por la trasnacional minera Newmont, se ignoran las pruebas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la medida cautelar (Nº 452-11), que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de la familia Chaupe Acuña.

Entre los hallazgos que la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocharecogió entre agosto de 2015 y marzo de 2016, no se consideran los elementos de prueba que se presentó ante la CIDH, y más bien concluye que no existen pruebas concretas de violaciones de derechos humanos por parte de la minera Yanacocha.

“Es incoherente desconocer como hallazgo importante a la medida cautela que la CIDH dictó en este caso. El informe encargado por Newmont también olvidadó que hace unos meses, el propio Estado le otorgó garantías a Máxima y su familia; además tampoco menciona que la medida cautelar todavía requiere ser debidamente implementada por el Estado. Todo esto surge a raíz de las agresiones e incursiones realizadas por la empresa en los cultivos de Máxima Chaupe y su familia”, recordó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI.

En ese sentido RED MUQUI cuestionó los criterios para establecer violaciones a los derechos humanos, de quienes elaboraron el Informe Tragadero Grande: Tierra, derechos humanos y normas internacionales en el conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha(YIFFM, por sus siglas en inglés).

¿Por qué un informe?

En mayo de 2015, Newmont le encargó a esta misión examinar el conflicto que generó tras la disputa que mantienen con la familia Chaupe, por la posesión de la parcela de tierra denominada “Tragadero Grande” (Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco).

Según señala la trasnacional –accionista mayoritaria de Yanacocha– decidieron contratar la elaboración de este informe ante las “persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONGs locales, nacionales e internacionales, hacia Minera Yanacocha, por haber estado implicada en violaciones de derechos humanos, como parte de la disputa de tierras”.

Es así que encargaron le encargaron a Tim Martin (ex embajador de Canadá), liderar esta Misión que tuvo como labor, examinar tres aristas del problema: el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de Newmont.

La Misión insiste en que no tuvo por objeto llegar a una conclusión sobre la validez de los derechos de posesión, ni ofrecer una resolución legal respecto a potenciales violaciones de derechos humanos, ya que todo esto solo puede ser determinado por cortes judiciales o acuerdos negociados entre las partes. “La misión no es una investigación judicial. La información recogida no va a reunir los estándares para constituir evidencia judicial. No tiene como fin afectar procesos judiciales”, aclaró RESOLVE.

Vulneración de derechos

En este rubro, el informe de la Misión concluye que Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo cual representa uno de los factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo durante este conflicto. Pero en otra conclusión, el informe señala que no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera “violaciones de derechos humanos”.

Adquisición de tierras

Respecto a este punto, el informe YIFFM, deja en el aire la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande, ya que se realizó en la década de los 90 (1996 y 1997), por lo que resulta es compleja y no concluyente.

Asimismo, RESOLVE puntualiza que el proceso general de adquisición de tierras desde Yanacocha fue razonable. No obstante, para RED MUQUI, en el informe no se muestra de qué manera se llevó a cabo el proceso de transferencia de tierras a la empresa por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco; si la decisión fue tomada en Asamblea Comunal en un día y hora determinados, con votación de los comuneros calificados y que estaban en el padrón comunal; o si Yanacocha brindó información suficiente a dicha comunidad para que tome una decisión adecuada (de venta), entre otras cuestiones.

“No está claro cómo es que la Comunidad Campesina decidió acordar la venta. RESOLVE solo muestra como hallazgo, la declaración del Presidente de la Comunidad y con ello no se puede definir la legalidad y legitimidad del proceso”, acotó Jahncke Benavente.

Cumplimiento de estándares Newmont

Cabe remarcar que Newmont es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) cuyos lineamientos corporativos se basan en Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los Principios Voluntarios. Algo que los realizadores del informe, reconocen.

«Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo”, puntualizan.

Asimismo, el informe señala la falta de una evaluación de riesgos específica para el caso (con los Chaupe Acuña), un análisis sobre las causas del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad.

Respuesta de la minera

El vicepresidente, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, Javier Velarde, insistió en que la empresa minera ha buscado permanente un diálogo con los Chaupe Acuña, sin embargo, se perpetró otro ataque contra Máxima Acuña, y su esposo Jaime, el último 18 de setiembre. Velarde tomó el informe pagado por Newmont como otro punto de vista sobre el problema.

“Algunas de las conclusiones del informe no corresponden con nuestra visión del conflicto, pero reconocemos que debemos estar abiertos a comprender todos los puntos de vista involucrados, para superar el estancamiento actual. Confiamos en que este proceso –que ha durado un año y medio– y el informe final abrirán caminos para iniciar un diálogo con la familia Chaupe, el que hemos estado buscando desde hace unos meses para resolver finalmente la disputa con Yanacocha”, indicó.

DATOS:

  • *El recojo de información y realización del informe fue supervisado RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.
  • El equipo de la misión estuvo compuesto por las siguientes personas: Tim Martin, Director; Myriam Montalvo-Méndez, y Miguel Cervantes Rodríguez, miembros del equipo; Dana Goodson, Asesora en Políticas.
  • La adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido durante más de 30 años un mecanismo para la defensa preventiva de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
  • Newmont es un productor líder de oro y cobre, cuyas operaciones se realizan principalmente en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú, Indonesia y Surinam.

Fuente: Informe Yanacocha Independent Fact Finding Mission / RESOLVE / Yanacocha.com

Foto: Gabriela Delgado RED MUQUI / eltecolote.org / lamula.pe 

DÍAS DESPUÉS DE VIGILAR A LA FAMILIA

  • Defensoría denunció hecho ante Ministerio Público y hará seguimiento a medida cautelar a favor de Máxima
  • Médicos confirman diagnóstico policontuso tras agresión a la ganadora del Golden Prize

El día de ayer (domingo 18 de setiembre), aproximadamente a las 9.30 de la mañana. La familia Chaupe Acuña reportó un nuevo ataque por parte de la empresa minera Yanacocha. Esta vez la agredida fue la propia Máxima Acuña, quien se encontraba sola en casa junto a su esposo Jaime ese día.

Personal de la empresa irrumpió sin ninguna autorización al predio y empezaron a destruir los sembríos de papa y ollucos que anteriormente también fueron removidos por órdenes de Yanacocha. Ante esta situación Máxima se acercó a reclamar este nuevo atropello, y al tratar de conversar con el personal de la minera, fue agredida por los de seguridad.

“La empresa minera ha entrado al Tragadero Grande, el terreno que tenemos en litigio. Mi mamá se acercó a preguntarles porqué están entrando y a conocer de quienes se trataba, es ahí donde la seguridad la ha golpeado para impedir que se acerque a estas personas. Algunos de ellos la han tomado de los brazos y le han desabotonado de la blusa. Mi mamá tiene heridas en los brazos, en el pecho y las piernas”, relató Isidora Chaupe, hija mayor de la pareja.

Mientras tanto, Jaime Chaupe no pudo ser “atrapado” por el contingente de 80 personas, entre policías, comuneros del lugar, personal de seguridad e ingenieros de la empresa. Lamentablemente, el esposo de Máxima no puedo hacer nada por ella.

“Desde el día miércoles han estado vigilando para ver cuántas personas están en la casa para ver si se pueden defender. Han comprobado que mi mamá y mi papá han estado solos el día domingo para entrar”, aseguró Isidora Chaupe mientras atendían a su madre en una clínica local de Cajamarca.

Traslado a una clínica

Isidora narró a medios internacionales que cerca al mediodía, un policía del distrito Huasmín (Celendín, Cajamarca) pasaba cumpliendo su rutina, cuando el esposo de Máxima le pidió prestado su celular para comunicarse con ella. “Mi papá me pidió que enviáramos una movilidad para trasladar a mi mamá porque estaba grave”, añadió.

Tras cuatro horas de viaje, la ganadora del Goldman Prize fue trasladada a una clínica en la ciudad de Cajamarca en donde confirmó que fue agredida por personal de la empresa que pretendió ingresar a su propiedad. El periodista cajamarquino, Juan Chillón, pudo recoger escasas declaraciones que fueron publicadas en la cuenta del Facebook del portal Wayka.

«Me han aventado, me han empujado. Me han agarrado del brazo, me han jaloneado y en mi mano me han dado con la escoba. De acá me han cogido (el hombro) y me duele (…) casi me han desnudado. Me duele»

“En estos momentos está imposibilitada, porque le ataca el corazón y le duele el cuerpo por los golpes”, refirió Isidora Chaupe sobre el estado actual de su madre.

Defensoría presente

Cabe mencionar que representantes de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, acompañaron a Máxima Chaupe apenas llegó a la ciudad. Agustín Fernando Moreno Díaz, declaró a Portafolio periodístico de Cajamarca, que este hecho ha sido denunciado ante el Ministerio Público, con el fin de que la señora Acuña de Chaupe pase un reconocimiento médico y sea la Fiscalía quien determinen el grado de lesiones.

“Ella tiene mucho dolor. Su diagnóstico, según el médico con el que conversamos, es policontuso. Hemos colocado el caso en manos del Ministerio Público, ellos evaluarán si corresponde una investigación preliminar”, puntualizó.

Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, recalcó que la agricultora ganadora del Goldman Prize, cuenta con una medida cautelar que busca la garantía de su integridad física.

“La Defensoría ha venido pidiendo bastante información al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para ver cómo se ha ido implementando esta medida cautelar. Nos corresponde preguntar al responsable de implementarla, cómo es que se pueden mejorar las acciones de protección y garantía a los derechos de la señora Chaupe”, informó.

La mina responde

En un comunicado difundido el mismo domingo 18, la empresa minera Yanacocha reconoció que removió los sembríos de la familia, y según indicó, estos estuvieron ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa de los Chaupe Acuña. Nuevamente adujeron que realizaron una defensa posesoria con presencia de su personal de seguridad.

“La empresa está actuando dentro de su propiedad, en firme defensa de sus derechos, y protegiendo la integridad física y los derechos humanos de nuestros trabajadores y los miembros de la familia Chaupe, que no cuentan con autorización judicial para expandir sus actividades en los terrenos de Yanacocha, por lo que la actividad realizada hoy (domingo) responde al cumplimiento estricto de la ley”, señalaron.

En respuesta, la hija mayor de Máxima, dijo que la empresa no cesa en vigilar el predio de sus padres. “Siempre que pueden provocan, en cuanto mi mamá puede defenderse, sacan videos diciendo que ella es la agresora, pero eso es totalmente falso”, aseveró.

DATO

La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994. Sin embargo, continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad.

Fuente: Congaconflict / LaMula.pe / Portafolio Periodístico / Yanacocha

Fotos: Facebook Juan Chillón / Captura del YouTube Portafolio Periodístico /YouTube Yanacocha