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El 12 de diciembre pasado ha concluido la denominada Conferencia de las Partes No. 28 o COP 28 de Naciones Unidas, cumbre climática en Dubái capital de los Emiratos Árabes Unidos(EAU), con un acuerdo que no incluye de manera explícita el abandono de los combustibles fósiles.

En cambio, en el documento los firmantes se comprometen a limitar el calentamiento global a 1,5°C y proponen para ello reducciones «profundas, rápidas y sostenidas» de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una rebaja del 43 por ciento para 2030 y del 60 por ciento para 2035 respecto a 2019 y llegar a cero emisiones al 2050. Para alcanzar esas metas se ha reiterado en el documento la necesidad de acelerar la transición energética hacia la producción y consumo de energías renovables.

La atención por el momento se centra en la guerra de palabras en torno a compromisos plasmados en el texto del documento final de la cumbre que en vez de hablar de terminar paulatinamente con el uso de combustibles fósiles plantea la transición para alejarse de la combustión de hidrocarburos, responsables principales del calentamiento global. Es decir lo que ha habido nuevamente es una escenificación de luchas de narrativas, sin que hasta la fecha los compromisos anteriores, ni siquiera el acuerdo de París en 2015, que propuso limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C hasta fines de siglo, hubiese significado algún cambio palpable en la situación de crisis climática que estamos experimentando.

Al contrario tras 27 cumbres mundiales sobre el clima de la ONU, los mandatarios y jefes de gobierno ahí presentes no han conseguido frenar el crecimiento mundial en el consumo de gas, carbón y petróleo y en las emisiones de gases de CO2, que, por el contrario, son ahora un 60 por ciento más altas que en 1992. Por ello no es de extrañar que este encuentro anual, transformado en una especie de ritual en torno al desastre climático global, se realiza al terminar el año más caluroso en la historia de los registros del clima de la Tierra; después de más de 7 años que fueron a su vez de los más calurosos en la historia de los registros del clima.

Las evidencias de que estamos viviendo en la era del colapso climático, son cada vez más notorias con la presencia de eventos climáticos nunca vistos en la historia. A inicios de año el país sufrió las consecuencias de Yaku, el primer ciclón registrado en esta zona del Pacífico en 40 años, seguido del inusual calentamiento de las aguas oceánicas frente a las costas de Perú, que en parte se debe al Fenómeno Climático del Niño, que en la era de la crisis climática se repetirá con cada vez mayor frecuencia. En otras partes del Pacífico han ocurrido fenómenos aún peores como el huracán Otis de Acapulco, que arrasó al tocar tierra con máxima potencia todo lo que encontró a su paso o el megaincendio en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, la catástrofe ambiental más letal en Estados Unidos en los últimos 100 años.

El rol asignado a los países del sur global en la llamada transición energética

Para evitar los peores escenarios de la catástrofe climática, los países del norte industrializado están proponiendo, tanto en esta cumbre como desde hace algunos años, la transición energética para terminar con el uso de combustibles fósiles a través de la instalación de infraestructura de generación de energías renovables y su almacenamiento posterior.

El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, mediante este proceso, sería necesario en los próximos 30 años extraer otras 3000 millones de toneladas de recursos estratégicos, como cobre, litio, cobalto, níquel, grafito o tierra raras, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial de estos minerales. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción presente.

Nueva transición y viejos colonaliasmos

Existen cada vez más ejemplos que muestran cómo en esta denominada transición hacia las energías renovables persisten formas de colonialismo, concretamente un colonialismo energético o verde que cristaliza, entre otras cosas, en forma de «acaparamiento verde».
Término que describe el proceso de apropiación de tierras que tiene lugar en el marco de una agenda supuestamente verde, es decir: la apropiación de tierras y recursos con fines supuestamente ecológicos.

En la división mundial del trabajo que estructura nuestra realidad, la mayoría de las economías de la periferia o del Sur global son proveedores de recursos baratos y sirven como reserva de mano disponible, por un lado, y como mercado de exportación para las economías industrializadas, por otro.

La actual transición desigual hacia las energías renovables, que se limita principalmente al Norte global, insiste en esa repartición desigual, pues se basa en la extracción continua de materias primas estratégicas como cobre, níquel, cobalto, litio o tierras raras para la producción de paneles solares, turbinas eólicas, palas de rotor y baterías eléctricas.

El sistema propuesto ahora es básicamente el mismo que antes, sólo cambian las fuentes de energía. En lugar de combustibles fósiles, ahora se utilizarán energías «verdes», pero se mantendrán los modelos globales de producción y consumo basados en disponibilidad de abundantes fuentes de energía.

Las superficialmente buenas intenciones que preceden a estos proyectos de energía renovable a gran escala en última instancia ocultan las brutales formas de explotación y despojo con las que se están impulsando. Estamos ante un esquema colonial familiar: Los recursos baratos (incluida la energía verde) fluyen sin obstáculos desde el Sur global hacia el Norte rico, mientras que la Fortaleza Europa levanta muros y vallas para impedir que la gente, obligada a refugiarse de los estragos del saqueo causado en sus países, llegue a sus costas.

El no tan inocuo hidrógeno verde:

Uno de los ejes centrales de esta estrategia de transición energética gira en torno al hidrógeno. Se trata del elemento químico más abundante en nuestro planeta y en el universo, pero en su estado elemental muy escaso, ya que generalmente se presenta en su forma molecular H 2, un gas extremadamente ligero, volátil y altamente combustible, producido industrialmente a partir de hidrocarburos como, por ejemplo, el metano.

Desde hace décadas es un importante vector energético, es decir una sustancia que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se distingue de fuentes primarias de energía como los hidrocarburos en que, a diferencia de éstas, se trata de un producto manufacturado, en el que previamente se ha invertido una cantidad de energía mayor para su elaboración. Ya que es el elemento principal del agua, se puede obtener a partir de ella.

De hecho, sus impulsores lo venden como la alternativa limpia, competitiva y sustentable a los hidrocarburos, pues no genera CO 2, uno de los gases de efecto invernadero, cuando es producido mediante electrólisis, proceso que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, utilizando energía eléctrica de una fuente renovable.
Al hidrógeno producido de esta forma se le ha dado el calificativo de verde, y se ha transformado en uno de los bienes energéticos cuya producción se desea expandir para satisfacer la demanda de energía del norte y a la vez descarbonizar sus economías.
Ejemplo de ello es el Pacto Verde Europeo (EGD), con el que la Unión Europea ha formulado una ambiciosa estrategia que prevé una transición al hidrógeno verde para 2050. Entre otros objetivos la Comisión Europea estima cuadruplicar sus importaciones de hidrógeno, de las actuales cinco millones de toneladas a 20 millones en 2030. La mitad se importará del norte de África, pero también se habla de países como Namibia, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chile, Arabia Saudí, etc.

Una tajada de la torta para el Perú

En Perú se ha formado una poderosa alianza entre empresas generadoras de energía e instituciones del Estado que han visto una oportunidad de negocios y han identificado zonas (valles) de Moquegua y de Puno como lugares ideales para la producción de hidrógeno verde, por la potente irradiación solar y la aparente disponibilidad de agua. Por el momento son planes aún en fase de estudio, pero que generan expectativas de lucrativos negocios y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha extendido la duración de un grupo de trabajo creado para promover el desarrollo de proyectos del vector energético referido. En tanto, avanza una legislación que crearía una ley de promoción del hidrógeno verde para lo cual la Comisión de Energía y Minas del Congreso recomendó recientemente sustituir tres proyectos legislativos por una sola iniciativa que abarque su investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, venta y exportación.

Los costos escondidos de su producción

En un reciente artículo el investigador y activista argelino Hamza Hamouchene expresó que para la producción de esta fuente de energía «No sólo se explotarán de nuevo los ya escasos recursos hídricos, sino que los procesos de desalinización necesarios supondrán un riesgo de mayor contaminación ambiental. Así pues, este proyecto forma parte de una dinámica en la que el Sur global se está convirtiendo en un vertedero para el Norte global y tiene que soportar los costes medioambientales del consumismo y la prosperidad en otros lugares…».

De acuerdo a cálculos conservadores por cada kilo de cada kilo de hidrógeno se usan 10 litros de agua dulce. Es decir en casos de insuficiente disponibilidad de ese recurso se deberá aplicar primero la desalinización de agua de mar. Sin embargo, no es suficiente que sea agua dulce, ya que también debe ser desmineralizada, proceso que a su vez requiere de energía.

Por eso y de forma crítica, Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), advierte, en una reciente entrevista en Radio Universidad de Chile, de la paradoja que significa producir energía a partir de fuentes renovables y luego inyectar esa energía en un proceso electroquímico para obtener este vector energético que luego se traslada a otros parajes del mundo donde se ha determinado que este elemento sea uno de los ejes centrales de la transición energética y evitar la catástrofe climática.

El caso de Chile

Un ejemplo muy cercano de inversión en este tipo de proyectos se encuentra precisamente en Chile, donde la estrategia de hidrógeno se declaró a fines del 2020 por el gobierno de Piñera que ha tenido continuidad por el actual gobierno de Boric. Se trata de un plan de hidrógeno verde que afecta al conjunto del territorio, ya que los elementos más importantes son la disponibilidad de agua y la instalación de plantas de generación de energía renovable.

Por eso Lucio Cuenca plantea en la misma reflexión el problema de expandir la generación de energía eléctrica para producir hidrógeno verde, pero no para el recambio de la matriz energética en el propio país y prescindir de tal manera del uso de carbón para las termoeléctricas o diesel para los camiones, ya que la “la prioridad del hidrógeno verde lamentablemente está puesta en la exportación y Chile no va a tener hidrógeno verde, porque es muy caro y responde más bien a una estrategia global, que están empujando las grandes trasnacionales”. Por lo tanto cuando se habla de hidrógeno verde “se está hablando de miles de hectáreas para el uso de energía eólica y fotovoltaica, …. una presión muy grande a todos los sistemas hídricos”. Presión que profundiza aún más la actual crisis hídrica que está viviendo Chile hace años con más de la mitad de los comunas (distritos) del país declaradas con escasez hídrica, con muchos ríos desaparecidos y con recurrentes megaincendios forestales que han arrasado los ya de por sí desecados territorios del centro del país.

La ocupación de territorio a gran escala se explica por la necesidad de producir energía a costos competitivos a nivel global a partir de proyectos eólicos o fotovoltaicos que obligadamente deben ser de grandes dimensiones. Sólo así se logra obtener hidrógeno verde a precios que en Chile se proyectan a 1,5 a 2 US$ por kilo y que entonces lograrían competir por su bajo precio en los mercados internacionales. Esto explica que en el país vecino la generación de energía renovable alcance los porcentajes más altos de América Latina e incluso tenga un excedente de producción de electricidad, algo creado en función de la estrategia del hidrógeno verde.

Otro impacto invisibilizado pero a la vista de quienes padecen su vecindad tiene que ver con las estructuras gigantescas como las turbinas eólicas que se están instalando cerca de las casas de la gente, infraestructura que modifica las condiciones de vida de estos territorios.

Evitar experiencias fallidas

En Chile no se le ha consultado a la gente sobre la estrategia de hidrógeno verde que involucra a todo el país y sin que se hubiese implementado una evaluación ambiental estratégica. Una evaluación que estudiase este plan a partir de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, de planes de desarrollo de las regiones, de la comuna (distrito), de las áreas protegidas y de los pueblos indígenas. Es decir, se está impulsando una estrategia sin medir previamente los reales impactos y cómo se inserta en cada uno de los territorios donde ya están presentes previos conflictos ambientales, como aquellos originados por la falta de agua.

Con la experiencia de la expansión minera en Perú, donde las concesiones muchas veces se superponen a los territorios de las comunidades sin respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la población debe estar alerta y entender que la transición energética promovida en el norte global no responde a una aparente toma de conciencia por las múltiples emergencias civilizatorias y las necesidades de la gente, sino más bien es una nueva vuelta de tuerca para exprimir recursos baratos del sur para goce de una minoría que sigue consumiendo el planeta dejando detrás una huella de territorios devastados.

Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos