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A TRAVÉS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

  • Sociedad Civil exige que borrador del marco de alianza que suscribirá el gobierno peruano, sea público
  • En este periodo de gobierno el BM nuevamente condiciona políticas de Estado a los préstamos que ofrece
  • Transparencia y acceso a la información, seguridad territorial y sector laboral son los más afectados

Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que 65 de los 112 Decretos Legislativos de reactivación económica que el Poder Ejecutivo ha emitido, entre diciembre 2016 y enero de este año, vienen debilitando aún más la institucionalidad ambiental del Estado, tal como sucedió en el gobierno de Ollanta Humala con los “paquetazos ambientales”.

Todo ello ha generado nuevamente un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, la institucionalidad ambiental, la transparencia y acceso a la información, la seguridad territorial, el derecho al agua, y ha dado paso a la flexibilización de la normativa minera, con la formalización de la minería informal.

A través de un pronunciamiento también suscrito por la RED MUQUI, la Sociedad Civil mostró su preocupación por estos impactos y su relación directa con el proceso de Alianza con el Perú 2017-2021, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pronto firmará con el Grupo del Banco Mundial (GBM).

“Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental, ya que implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA”, suscribieron más de 50 organizaciones.

Ya que el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú, las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses, y, sobre todo, exigir que se tenga la oportunidad de conocer públicamente el borrador de esta Alianza, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer comentar y hacer aportes.

Fórmula sin éxito

Organizaciones de la Sociedad Civil recordaron que flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha sido un rotundo fracaso, pues La ley N° 30230 que prometía mayor inversión, no ha logrado que el Perú salga del puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business desde el año 2011. Esto evidencia que no existe ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones.

“El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Dónde sí hay indicadores es en el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura”, se asevera en el pronunciamiento.

Por parte del GBM, es importante el fortalecimiento de procedimientos para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

En el caso de los Pueblos Indígenas, los más afectados por la Ley N° 30230, se hace necesaria que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos Este proceso debe permitir y garantizar el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el D.L. N° 1353.

Proinversión y APP en la mira

Cabe mencionar que el GBM financió la ley marco de APP (Asociación Público Privada), en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros.

En línea con esta política, el D.L. N° 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por D.L. N° 1333.

Es así que la Sociedad Civil proponen que las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

¿Y la Transparencia?

“El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores”, consideraron las organizaciones.

Precisamente, la Sociedad Civil cuestionó que el gobierno haya emitido el DL N°1353 que debilita el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país; cuando el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

“Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa”, exhortaron 52 organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: Pronunciamiento “Las consultas del Banco Mundial y las reformas neoliberales”

Foto: UM Perú

Pronunciamiento sobre el Decreto Legislativo N° 1353 sobre Transparencia y acceso a la información pública

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, dedicadas a hacer el seguimiento de los compromisos de Perú ante la Alianza para el Gobierno Abierto desde su adhesión en 2012, llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza. Esta norma menoscaba la institucionalidad de la transparencia y el acceso a la información por lo siguiente:

• Resta por completo el nivel jerárquico requerido por una autoridad nacional, al establecer esta entidad como una oficina dentro del MINJUS y no un organismo técnico especializado con autonomía para fiscalizar y sancionar a toda la administración pública.

• Crea una “Autoridad” carente de capacidad para dejar sin efecto los argumentos antojadizos o arbitrarios que las entidades públicas utilizan con frecuencia para calificar como reservada, confidencial y secreta la información que poseen.

• Permite a las entidades públicas fijar unilateralmente el plazo de respuesta a las solicitudes de información pública, retrocediendo en el cumplimiento de este derecho.

• Instaura un Tribunal Administrativo en paralelo a la “Autoridad”, al anterior del MINJUS, como instancia ministerial para resolver quejas por falta de acceso a la información pública, que tampoco cuenta con atribuciones para acceder a la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por las entidades públicas, limitándose así sustantivamente la eficacia de sus funciones.

• Limita la labor sancionadora del mismo Tribunal frente a quienes violan la ley, toda vez que únicamente conocerá casos en apelación cuando primero la propia entidad pública hubiera sancionado al funcionario responsable, y este no estuviese satisfecho con esa decisión.

Cabe anotar que contar con una entidad autónoma dedicada a promover la transparencia y la adecuada implementación del derecho de acceso a la información pública, fue una demanda de la sociedad civil y materia de un amplio consenso con el Estado peruano al interior de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que derivó en una propuesta legislativa entregada a la Presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 2016.

Satisfacer esta demanda fue parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, por lo que en setiembre de 2016 el gobierno instaló un grupo de trabajo integrado por expertos del sector público y privado dentro del MINJUS para diseñar un organismo especializado con autonomía técnica y presupuestal, capaz de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley. La propuesta de la CAN fue la base de ese trabajo, y diversas organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Presidencial de Integridad fueron invitadas para dar aportes.

Sorprendentemente, el gobierno no recogió ninguna de las propuestas sustantivas del grupo de trabajo y tampoco incorporó los aportes de sociedad civil. Por el contrario, el Decreto Legislativo N° 1353 deja en una situación de indefensión a la ciudadanía en el campo de las libertades informativas, pilares de toda sociedad democrática. Por ello, demandamos al Poder Ejecutivo una pronta rectificación, presentando a la brevedad ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que derogue el citado Decreto Legislativo y permita crear una real Autoridad Autónoma.

Lima, 24 de enero de 2017.

FIRMAN:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Intercultural Bari Wesna
6. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
7. Asociación Nacional de Centros (ANC)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
11. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
12. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
13. Centro Peruano De Estudios Sociales (CEPES)
14. CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú
15. Consejo de la Prensa Peruana
16. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
17. Consejo Nacional de Desarrollo Social (CONADES)
18. Confederación Campesina del Perú (CCP)
19. Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
21. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
22. Culturaperu.org
23. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
24. EarthRights International (ERI)
25. Environmental Investigation Agency (EIA)
26. Foro de la Sociedad Civil en Salud (FOROSALUD)
27. Foro Ecológico del Perú
28. Foro por el Derecho a la Comunicación
29. Fórum Solidaridad Perú
30. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
31. Grupo Propuesta Ciudadana
32. Illa – Centro de Educación y Comunicación
33. Instituto del Bien Común (IBC)
34. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS PERÚ)
35. Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)
36. Liber – Centro de Libertades Informativas
37. Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC)
38. Open Data Perú (ODPE.org)
39. Paz y Esperanza
40. Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
41. Red Científica Peruana (RCP)
42. Red Muqui Perú
43. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
44. Salud Preventiva Andina
45. Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)
46. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
47. Suma Ciudadana

Adhesión Personal:

Rocío Silva Santisteban Manrique
Roberto Pereira