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Explotación de litio en Puno: ¿a qué costo y quién se queda con las ganancias?

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Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos

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Estado y minera Antamina deja a trabajadores mineros desamparados ante graves enfermedades laborales

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Actualización:

El día de hoy, 11 de julio, a las 11am se desarrolló la audiencia virtual de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en que declararon inadmisible el recurso de casación 03675-2021 presentado por la defensa del ex trabajador minero: Saúl Juárez. Con esta decisión se da por agotada toda la vía judicial interna, negando toda pretención de Saúl de buscar compensación y atención en sus tratamientos en salud. Saúl ha manifestado su decisión de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ello presentará su petición formal ante la Comisión IDH. La Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para hacer llegar la sentencia completa al demandante Saúl Juárez.

Nota original:

Al parecer se están acabando las vías judiciales en las que había depositado sus esperanzas Saúl Juárez para obtener justicia, quien después de trabajar doce años para la minera Antamina, fue despedido cuando estaba convaleciente de uno de los varios episodios de sinusitis que padeció durante su trabajo en la segunda mayor explotación cuprífera del país. Entonces había acumulado todo un historial de enfermedades que aparecieron algunos años después de haber comenzado en la mina, ubicada en el distrito de San Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash.
Más precisamente en marzo de 1999, cuando después de una exhaustiva evaluación de salud en la que se corroboró que no presentaba enfermedades comenzó como operador de maquinaria pesada. Muy pronto hizo cursos de especialización y se transformó en pit utility, nombre que reciben quienes supervisan en la mina que los equipos estén operativos y dan solución a problemas como reponer cables dañados por caída de rocas. “Yo trabajaba directamente, no dentro de una cabina, estaba afuera, moviendo las palas, instalando las líneas de alto voltaje para las perforadoras. Era el primero que entraba a un sitio donde habían volado para poder limpiar. Estábamos en el piso, las nubes de polvo te envolvían”, es la descripción que hace de su trabajo. Como él mismo dice, “siempre fui un hombre muy sano, pero después de trabajar durante 5 años en Antamina mi salud comenzó a deteriorarse y enfermé de patologías coronarias, digestivas, respiratorias y neurológicas”. Sin embargo, las evaluaciones médicas no encontraban ninguna anomalia. Tres veces le operaron los senos nasales y el diagnóstico fue rino-sinusitis crónica, sin ningún tipo de explicación, según el informe médico.

En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían con el seguro de salud. El argumento de una de las mayores mineras de cobre del mundo es que debido a su sinusitis no podía seguir exponiéndolo a trabajar en una mina ubicada a más de cuatro mil metros sobre nivel del mar. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él, a pesar de que sus enfermedades estaban por agravarse. En 2011 se le diagnosticó un cáncer linfoma no hodking. Después de una serie de exámenes, que no dieron resultado, finalmente, y por sugerencia de un médico en salud ocupacional, decidió someterse a un examen para descartar intoxicación crónica por metales pesados, que pagó de su propio bolsillo. El mineralograma de cabello elaborado a partir de ese estudio arrojó que su organismo había acumulado plomo, estaño, aluminio, mercurio, cadmio, talio, antimonio, arsénico y uranio.

Es en el mismo año cuando comienza su periplo por la justicia, ya que presentó una demanda contra Antamina para que se le reconociera la enfermedad como adquirida por el desempeño laboral, y obtener así justicia, atención médica y poder atender a su familia, cuyo principal sostén era él. Sus dos hijos menores padecen de sordera, enfermedad que el trabajador minero asocia a que fueron concebidos post intoxicación con arsénico.
Después de que su demanda fuese desestimada en dos instancias anteriores, tanto por el Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo como por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, ahora queda el recurso de casación ante la Corte Suprema. Debido a que sólo se le avisó con poco más de una semana de anticipación de la audiencia que será el próximo lunes once de julio, que les da poco tiempo para preparar su alegato, Saúl Juárez es pesimista que ahora sí logren revertir los fallos anteriores y obtener justicia, al menos en el Perú. Porque tanto él como su abogado Mario Ríos están decididos a llegar a las últimas instancias que se encuentran en San José, la capital de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, el caso debe ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de un estudio que compruebe que se han vulnerado los derechos del demandante y que las instancias judiciales nacionales fueron agotadas, recomienda o no que el caso sea llevado ante la Corte del mismo nombre.

El padre de familia al menos cuenta con el antecedente que ya pudo exponer su caso ante la misma instancia, cuando en octubre de 2018 se realizó la audiencia pública titulada “Perú: Mineras y derecho a la salud” en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la ahora ex premier Mirtha Vásquez en su calidad de abogada expuso que “Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de las personas que se encuentran en riesgo de estar expuestas a metales tóxicos. No ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo”. Además, la delegación de las organizaciones sociales, que expusieron la situación de Perú, encabezadas por las organizaciones Natura de Chimbote (Ancash); Grufides de Cajamarca y Red Muqui (Lima), denunciaron en esa ocasión al Estado, que para promover las inversiones en minería y la instalación de nuevos proyectos flexibiliza normas medioambientales. Así en 2017 se rebajaron los estándares de calidad del aire, lo que permitió que se incrementaran en doce veces los niveles de dióxido de azufre. Una medida, que como denunció Mirtha Vásquez, fue tomada para vender el proyecto metalúrgico de la Oroya, lugar donde el 99 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre. Como un caso especialmente grave por las evidentes vulneraciones a los derechos laborales y de salud en el Perú, entonces le dieron la palabra a Saúl Juárez, quien pudo exponer lo que ha padecido por haber trabajado en Antamina ante los comisionados. Y es que, según las palabras de Mirtha Vásquez, los vacíos e insuficiente regulación sumado a las conductas del Estado peruano ponen en riesgo a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los trabajadores.

 

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