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Desde fines del año pasado, el régimen de Dina Boluarte ha estado empeñado en promocionar públicamente proyectos extractivos ampliamente rechazados por la población y que incluso han sido sometidos a procesos de consultas populares. Destaca entre los proyectos calificados como prioritarios para intentar su ejecución una vez más la mina Tía María. A inicios de esta semana trascendió en algunas redes sociales la noticia sobre el supuesto inicio de trabajos para instalar la empresa.

Red Muqui, coorganizador del encuentro previo al Foro Social Panamazónico (PreFospa) que se está desarrollando actualmente en Tarapoto, entre el 25 y el 28 de abril, aprovechó de conversar con Miguel Meza Igme, histórico dirigente del Valle de Tambo de la provincia de Islay situado en el el departamento de Arequipa, uno de los más de 200 dirigentes sociales reunidos en este encuentro, para hablar de estos esfuerzos por imponer Tía María.

Miguel, en estos días han aparecido anuncios en varios medios que Tía María se va a retomar, incluso se habla que habría gente trabajando para el proyecto. Han salido varios anuncios no solamente de medios locales de Arequipa, si no en medios nacionales sobre este tema ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
El jueves en la mañana muchos agricultores han rechazado esto porque es mentira. Es totalmente falso que Southern haya iniciado sus trabajos. Es más, sale como una nota a último minuto (en los medios).
Ellos ya han empezado hace un tiempo atrás llevando un grupo de personas que no son del Valle de Tambo, pero que han sacado sus DNI en el Valle el año pasado. Ellos están haciendo algunas cosas… «trabajando», entre comillas, haciendo unos huequitos en la parte alta.
Sin embargo, Southern Perú no va a tener un campamento y no va a tenerlo porque no tiene convivencia en la zona. Más bien tienen un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para hacer una carretera para su llegada rápida.
Southern no tiene licencia social, no tiene varios permisos que les faltan; es más hay un proceso legal administrativo que no ha concluido y no puedo empezar.

¿Por qué han aparecido estas informaciones?
Yo creo que Southern está desesperado, está dolido por las falsas expectativas y la estrategia de supuestos regalos que han fracasado.
El otro tema es que los agricultores se han organizado y están tomando algunas medidas con la finalidad de hacer rondas agrícolas en la zona, por ejemplo la comisiones de regantes, en varios sectores. Desde Cachuyo hasta el sector Arenal en Dean Valdivia, o sea todo el Valle de Tambo.
Por lo tanto es falso que Southern haya iniciado trabajos, no es una información correcta. Pienso que lo están haciendo es una guerra psicológica para saber qué piensa el Valle de Tambo. Nosotros somos muy precavidos, estamos muy atentos en la resistencia al proyecto minero Tía María.

Otro tema que está relacionado con esta conversación y que ha captado la atención en los medios es la convención agro-minera en Lima, cuyo principal mensaje es que la agricultura y minería pueden convivir ¿Mirando el caso del Valle de Tambo, tú crees que esta afirmación se sostiene?
No se sostiene y expreso mi rechazo a esas convenciones. Porque una cosa es una actividad principal como es la agricultura y otra cosa es la minería: la segunda afecta gravemente a la primera. No hay experiencias de convivencia entre ambas en otras zonas y no podemos decir que conviven. Lo único en lo que sí hay coincidencia es que el agro utiliza agua y la mina también utiliza agua, es lo único, no hay más. Por lo tanto, rechazamos este tipo de afirmación de estos encuentros mineros.

Claro, están diciendo que sí es posible la convivencia de agro y minería porque quieren insistir con el proyecto Tía María en el valle…
No hay ejemplos que avalen esa posibilidad, nosotros siempre hemos tenido grandes profesionales que han descartado esta convivencia.

Estás participando en el Pre FOSPA en la Amazonía ¿Por qué te parece importante este encuentro donde líderes amazónicos se encuentran con líderes de la zona andina?
Mira, me parece que es fundamental resaltar la lucha por la Amazonia. Estoy participando y ayer se recordó a muchos (defensores) asesinados por parte del Ejecutivo y el Estado trata a estas personas como de segunda clase. Creo que es muy importante integrar la lucha de la Amazonia con todo el nivel nacional. Estoy participando gracias a la Red Muqui, creo que es necesario participar y actuar de manera integral.

Habrá una audiencia pública en mayo a propósito del caso Tía María. ¿Hay algo que nos puedas adelantar?
Precisamente hoy estamos confirmando la llegada de grandes profesionales en Arequipa. Este trabajo lo estamos coordinando con la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, que tiene como presidente al señor Jorge Mojo y algunas organizaciones sociales. Señalar que estarán grandes compañeros de FEDEPAZ, CooperAcción y Red Muqui, como también agricultores de Valle de Tambo y se suman algunos dirigentes de la Junta de Usuarios de Locumba, donde ha afectado bastante la empresa minera Southern Perú.
Es una agenda sumamente importante que va reforzar el contexto y las observaciones que se han realizado y aún existen y que nunca ha aclarado la empresa minera Southern.

Es bueno señalar que el estudio de impacto ambiental de Tía María no ha integrado al proyecto La Tapada, ya que el EIA enrola en un solo estudio a los dos proyectos cuando deberían ser estudios separados: está Tía María por un lado y La Tapada está muy cerca del Río Tambo en línea recta.
Por lo tanto, para entender mejor este tipo de cuestiones va a ser enriquecedor este espacio para el conocimiento de la juventud y población de Valle de Tambo.

José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.

La empresa Southern Perú se empecina en iniciar el proyecto Tía María a pesar de no tener licencia social desde hace más de 10 años. Ha desplegado acciones en los territorios y en medios de comunicación para reforzar la narrativa de que la minería traerá desarrollo.

Entre las situaciones generadas por la empresa minera en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en Arequipa, zona de influencia del proyecto, se encuentran las convocatorias de trabajo para mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los trabajadores contratados no serían de la zona de Cocachacra sino foráneos, según declaró la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín, ya que la población se dedica a la agricultura, principal fuente económica.

El persistente rechazo popular a la minería se refleja en la consigna “Agro sí, mina no”, tal como se decidió en el año 2009 mediante una consulta vecinal debido a la importancia de la agricultura en el territorio. El Valle del Tambo, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur cuya distribución principal es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

La preocupación que también se cierne sobre Tía María es el uso del agua. “Yo me preguntó de dónde va a sacar agua (Southern Perú) para el proyecto”, manifestó Marroquín. Precisamente, la Red Muqui ha advertido que Tía María es inviable social y ambientalmente (plasmado en las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental).

Como respuesta a la minera, los agricultores se han autoconvocado a una asamblea popular programada para este fin de semana. Durante los años de resistencia al proyecto, líderes sociales han sido criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente. A la lista se suman al menos siete civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos por la represión.

Alianza con el régimen

Medios de comunicación de trascendencia nacional informaron de la reunión que sostuvo el Gobierno con gremios empresariales del país el pasado 31 de enero, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La única agenda que abordaron fue la reactivación económica, la cual se ha convertido ahora en un pretexto para imponer nuevamente proyectos que no tienen licencia social. Esta situación lo único que generará es la reactivación de conflictos sociales. Tía María es un ejemplo de lo que puede ocurrir a corto plazo.

Así también, la semana pasada, el viceministro de Minas, Henry Luna, expresó su deseo de reunirse, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas, con los máximos ejecutivos de las empresas que tienen grandes proyectos de construcción de minas. Con Southern Perú ya cumplió este deseo.

Este lunes más de 200 agricultores de Valle de Tambo arribaron en micros y buses a la ciudad de Arequipa, a pesar del hostigamiento policial que los paró y revisó varias veces durante el viaje, para expresar su rechazo al proyecto minero Tía María en la convención empresarial minero Perumin, que iba a visitar la presidenta Dina Boluarte, lo que finalmente no hizo después que organizaciones sociales anunciaran l protestas.

Durante el desarrollo del primer día de la convención, que se extiende del 25 al 29 de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, expresó que el gobierno desea la realización del proyecto minero :“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”. El desarrollo en cuestión actualmente se encuentra paralizado, a pesar de que Southern Perú, compañía propietaria de la concesión, en estos años ha instalado obstáculos viales en varias zonas del área del proyecto minero, como denunció recientemente Red Muqui en un reportaje de dos partes.

Las declaraciones del ministro Vera aumentó la indignación de agricultores y organizaciones sociales de Arequipa que se movilizaron pacíficamente por la ciudad hasta llegar cerca del lugar de la convención. Manifestación que realizaron, a pesar de la criminalización del Estado, que tiene en prisión a tres ex dirigentes: Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo y José Julio Gutierrez. El Ministerio Público incluso insiste en la denuncia por terrorismo contra el dirigente de la ciudad de Arequipa, Jorge del Carpio, que fue uno de los dirigentes que firmó la convocatoriaal paro contra Dina Boluarte en enero pasado.

Sin embargo, ayer martes, el premier Otárola declaró en la misma convención que el proyecto Tía María no está en agenda del gobierno y no se encuentra en la lista de proyectos prioritarios. Minutos antes había expresado en el mismo lugar que: “No vamos a permitir que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad. El gobierno de Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho, y les quiero decir en esta Convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Quién diga que el Perú no es un país minero, está haciendo demagogia, la minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”.

Para el abogado defensor de varios dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velasco, el gobierno ha retrocedido porque no quiere arriesgar abrir otro flanco frente al escenario de conflictos que ya enfrenta y debido a las legítimas protestas de los agricultores del valle.

Recuento

En los últimos días ha circulado en las redes sociales, el acta de compromiso que firmó Dina Boluarte en campaña electoral junto a Pedro Castillo, en el que se comprometían a no impulsar el proyecto Tía María. Acta que el dirigente Miguel Meza les hizo llegar en esa oportunidad en la zona, como recuerda el dirigente. Meza también califica de falso el supuesto apoyo de las autoridades locales al proyecto minero, como lo manifestó el ministro de Energía y Minas.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por su parte expresó: “En el caso específico de Tía María, hemos sido claros. Mientras no solucionemos el problema del agua en la provincia de Islay, no se pueden abordar esos temas”.

Continúa criminalización del Estado

En fecha tan reciente como el 21 de septiembre, el actual vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, recibió una notificación del Ministerio Público para asistir a una audiencia virtual, al igual que otros dirigentes, por haber llamado a manifestarse el 25 de septiembre frente a Perumin. A la cual tanto Miguel Meza como los demás dirigentes no acudieron. Dos días más tarde recibieron una exhortación del Ministerio Público, en la que se les conmina a no protestar ni generar disturbios, ya que de lo contrario serían denunciados.

El abogado David Velasco, asesor legal de los dirigentes, señaló que el Estado continúa con su estrategia de criminalizar a los agricultores de valle de Tambo a través del Ministerio Público, pre juzgando acciones de los agricultores en su legítimo derecho a la protesta, amparado en la Constitución.

Además, agregó que respecto de los dos dirigentes detenidos este año: Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, hasta ahora el relator de la Corte Suprema no ha atendido las llamadas telefónicas para agendar una cita respecto a la queja que presentaron por la ilegal e injusta detención de ambos agricultores. Además el Ministerio Público elevó la reparación civil que deben pagar, a una suma de entre 3 y 4 millones de soles.

“La queja primero fue presentada en febrero del 2022, en abril del presente año fue elevada a la Corte Suprema; luego la corte de Arequipa envió en agosto la documentación que faltaba para que la Corte Suprema tenga mayores elementos en su decisión y hasta ahora no resuelven”.

Frente a esta situación: “presentaremos por escrito la solicitud para que el relator agende una fecha directamente con la Corte Suprema, ya que no nos contestan el teléfono desde noviembre del año pasado”, precisó Velasco de la institución de Fedepaz, miembro de la Red Muqui.

El vocero actual del valle de Tambo, Miguel Meza, declaró que a pesar de la criminalización que sufren, seguirán realizando acciones para que el proyecto minero se archive para siempre. “La visita que hicimos al campamento minero hace más de un mes en que constatamos que Southern ha puesto garitas y tranqueras, de manera ilegal al parecer, la solicitud de información al MINEM sobre el estado actual del proyecto minero y las protestas que hemos desarrollado, han generado que el gobierno retroceda ahora”. Poco después de la visita de campo realizada a fines del mes pasado, efectivamente el MINEM respondió a través del siguiente oficio:

Mientras la campaña para fomentar la expansión minera sigue su curso en los medios de comunicación, en los territorios comunales y en espacios de toma de decisiones del ámbito nacional, en el Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa, los caminos de uso comunal en zonas concesionadas por la compañía minera Southern se encuentran obstaculizados, una realidad que hoy Red Muqui devela en la primera parte del siguiente reportaje de la campaña ¿Minería para tod@? mitos y realidades.

El domingo 13 de agosto, una delegación, integrada por agricultores del Valle de Tambo, el congresista Pasión Dávila y un equipo de periodistas y observadores, visitó la zona de concesiones y los exteriores del campamento del proyecto minero Tía María , ubicado entre el distrito de Cocachacra y las pampas de Cachendo.

La delegación se vió sorprendida por una primera tranquera con una garita de control de la compañía Southern Perú, propietaria de la concesión del mencionado proyecto, al costado de la antigua carretera de la Panamericana Sur, no muy lejos de las chacras y del canal de agua que abastece a varios distritos de Islay, tal como se muestra en la siguiente imagen satelital.

Las tranqueras de Southern

Los miembros de seguridad de la empresa explicaron que colocaron esa tranquera y garita para “controlar el ingreso de la población que entra a sacar piedra laja de las canteras”; y que el tramo continúa “un poco más allá, hasta que el cerro mismo cierra el camino”, como se escucha en el video. La piedra laja sirve para el uso de construcciones de diverso tipo. Los agricultores de la delegación reconocieron que existen canteras en la zona y que personas de la localidad van a sacar piedras, pero que el camino siempre ha sido de libre uso.

Sin embargo, revisando las imágenes satelitales, con el asesoramiento del ingeniero Bladimir Martínez, equipo técnico del Área Socioambiental de Red Muqui, el camino obstruido por esa barrera instalada por la minera, conduce no sólo a una de las canteras, sino también a la zona donde la empresa pretende abrir un tajo abierto denominado La Tapada, donde se han removido tierras y se hicieron cortes a desnivel desde antes del 2003 (No existen imágenes satelitales previas a 2003). Cabe recordar que, desde 1994 hasta 2010, Southern realizó labores de exploración para su proyecto Tía María que contempla el desarrollo de dos áreas de faenas: La Tapada y Tía María. La zona delimitada por la tranquera, en un futuro se convertirá en la zona de depósito de desmonte del tajo La Tapada, como se observa en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.


Cortes a nivel del futuro tajo La Tapada. El camino de la primera tranquera conduce a esta zona.


Primera valla de Southern se ubica sobre concesión de otra empresa

De acuerdo al sistema de información geográfica Geocatmin del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el lugar donde se encuentran las mencionadas garitas y la barrera es zona de concesión de la empresa Roca Zeta. ¿Por qué Southern coloca una tranquera en una zona que no es parte de su concesión? ¿La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) cedió esta parte del terreno a Southern?

En la siguiente imagen, el punto negro corresponde al lugar de la caseta y primer portón que le pertenece a la empresa BOMBON CTA, cuyo titular es Roca Zeta.

Según las imágenes de Google Earth, la caseta de control, fue instalada a inicios de enero 2019, y las barreras en momentos posteriores. Esto coincide con la afirmación del dirigente Miguel Meza, quien señala que antes de la pandemia no existían esas tranqueras, cuando él recorrió la zona a inicios del 2020.

Tras realizar la primera constatación de la presencia de la empresa minera, la delegación continuó en las movilidades por la trocha de la antigua Panamericana Sur y observó a menos de 100 metros otra barrera para impedir el paso a otro camino ubicado a mano izquierda de la carretera. Continuando por el trayecto, la delegación se encontró con grandes piedras en la carretera, que bloqueaba el acceso a escasos metros del cual se ubicaría el futuro tajo del proyecto minero y su campamento.

Siguiendo el camino, la delegación observó inesperados cortes en los cerros aledaños y registraron también remoción de tierras al costado de la carretera, tal como se ve en el siguiente video:

Al sobreponer los planos de la zona del Estudio de Impacto Ambiental con las imágenes satelitales, se evidencia que ese lugar corresponde a lo que sería el futuro depósito de desmonte del tajo de Tía María.

Al continuar por la carretera, el grupo constató la presencia de otra tranquera con un camino que, al revisar las imágenes satelitales, cruza el cerro, y llevan hacia la antigua mina Rosa María de Imsa.

La mina Rosa María de IMSA se ubica ahora dentro de la concesión Tía María 5 de Southern y, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en este lugar se emplazaría la tubería para conducir el agua desalinizada del proyecto minero. Surgen las preguntas: ¿Por qué han colocado las barreras al inicio de ese camino? ¿Estarían acondicionando el inicio de las obras en esta zona?


El camino bloqueado con la tercera tranquera conduce a este lugar, la ex mina Rosa María de IMSA

Al proseguir por el trayecto, la delegación registró un número significativo de cortes, a nivel del futuro tajo Tía María, en los cerros aledaños, de acuerdo con el cruce de información con el EIA de Tía María y las imágenes satelitales. También se observó una garita y una nueva tranquera a mano derecha de la antigua carretera, que obstaculiza uno de los caminos a la posible faena minera de Tía María.

Continuará…

“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

A pesar de que ya se ha cumplido el plazo para conformar una mesa técnica y revisar la la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hasta el momento el MIDAGRI, no ha publicado la resolución que oficializa la conformación de la mencionada instancia evaluadora, que por lo tanto tampoco ha podido constituirse.

Los acuerdos se remontan al miércoles pasado, cuando el presidente Pedro Castillo y la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Jenny Ocampo, tomaron importantes acuerdos en reunión con autoridades de la región Arequipa y representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo.

El primer compromiso fue revisar la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el plazo de una semana, y que de ser necesario “corregir” el acto administrativo que podría afectar el desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Islay. “Tenemos el compromiso inmediato del Presidente y la ministra de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Jenny Ocampo, para atender los reclamos de la población contra la Resolución 624 de la Autoridad Nacional del Agua del Perú  en el plazo de una semana”, afirmó el congresista arequipeño Jaime Quito Sarmiento.

Asimismo, se acordó en dicha reunión, la conformación de una mesa técnica que evalúe la mencionada resolución, que dispone la entrega de 22 millones de metros cúbicos anuales para las operaciones de Quellaveco ubicada en Moquegua. Y que será oficializada mediante una resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú.

Al respecto, los gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP y la Sociedad Nacional Minería, Petroleo y Energía (SNMPE) han emitido varios comunicados señalando que el proyecto minero Quellaveco no pueda estar en cuestión y que el gobierno peruano debe garantizar su implementación, restando valor a las protestas del Valle de Tambo. En sus comunicados, los gremios mineros también se han mostrado contrarios a que la Autoridad Nacional de Agua (ANA) haga alguna revisión a los permisos de uso de agua otorgados a la empresa minera. Por el momento y a iniciativa propia las autoridades y representantes de los agricultores de la provincia de Islay, se reunieron ayer en la ciudad de Mollendo, para designar a sus representantes ante la esperada instalación de la referida mesa de trabajo.

La semana pasada el director de la Autoridad Local del Agua Caplina-Ocoña, Ronald Fernández expresó que: “la mesa técnica va a evaluar las condiciones técnicas y legales de la resolución. Tendrá un plan de trabajo que como segundo punto verá la posibilidad de suspender o no la resolución”. Los resultados serían evaluados por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

Se estableció además, que en dicho espacio de trabajo, participarán autoridades de la región Arequipa, autoridades de la provincia de Islay (alcalde provincial y alcaldes distritales), representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, y autoridades del gobierno central. También se tratará el problema del déficit hídrico en el Valle de Tambo. 

José Luis Hancco Mamani, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), indicó que la ministra Ocampo se comprometió a que en un plazo de entre 7 a 10 días haya un pronunciamiento de la mesa técnica. 

Finalmente, el Presidente Pedro Castillo confirmó visitar el Valle de Tambo, para tratar problemas como la contaminación hídrica y estrategias para impulsar la agricultura.

APELACIONES A LA RESOLUCIÓN  624 EN STAND BY

El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, tendrá que evaluar en un lapso de 30 días las apelaciones presentadas a la resolución de la ANA. Sin embargo, hasta el momento dicha instancia no registra avances, dado que este órgano recién evaluará la resolución después de la designación de un integrante faltante.

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

Una de las promesas políticas del presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021 fue que de ser necesario se iba a nacionalizar el sector minero si esta no beneficiaba al pueblo, inclusive habló de revisar y renegociar contratos mineros y del gas, así como plantear varias reformas en este sector, sin embargo poco o nada ha quedado de aquella promesa, recordemos que Pedro Castillo ganó con una abrumadora mayoría en los distritos, provincias y regiones mineras del país, ya que la población sí esperaba que se hicieran cambios en relación a este tema. Lo cierto es que el gobierno de Castillo ha seguido una línea de continuidad y cero reformas en el sector minero, por lo menos no en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por esta actividad en los territorios.

En su mensaje a la nación de julio de este año no solo remarcó la importancia y aporte económico de este sector, sino que la semana pasada su premier Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, han señalado que van a promover el sector y otorgarán más beneficios a la minería, así lo han señalado en su 35ava edición del PERUMIN realizado por los gremios mineros en la ciudad de Arequipa. “El Gobierno va a promover la exploración minera. Sin proyectos de exploración no hay minería en el futuro” señaló el premier, y remarcó que se buscará simplificar los trámites administrativos para que “los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras”. Esta declaración va en la línea anunciada por el ministro de Economía, que días antes había mencionado que no habrá cambios en materia tributaria para el sector minero, mucho menos más regulación ambiental.

Esto significa que si ya teníamos un gobierno nacional poco eficiente para gestionar los conflictos socioambientales en zonas mineras, claramente se pasará a un gobierno que no solo va a promoverla sino que buscará sacar adelante algunos proyectos mineros cuestionados en el sur y norte del país, como es el caso de Tía María en el valle de Tambo de Arequipa, y el proyecto minero Conga en Cajamarca, entre otros. Sobre la situación en el valle de Tambo es preciso señalar que en las últimas semanas los pobladores vienen denunciando la afectación del agua en la cuenca del río Tambo por la licencia de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua al proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Todas estas decisiones y giros se vienen dando en un escenario de elecciones regionales y municipales que, en las últimas semanas, ha mantenido distraída a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si el gobierno de Castillo hace un giro radical en la promoción de la gran minería abiertamente, está claro que los conflictos se reactivarán con más fuerza, mucho más en aquellas provincias donde la gente votó porque las cosas cambiaran en favor de sus derechos y no en favor de los intereses económicos de los gremios mineros, quienes en plena pandemia y crisis política han tenido ingentes ingresos monetarios.

El pasado 25 de agosto del presente año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña emitió la controvertida Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Este documento dispone entregar 22 millones de metros cúbicos de agua (MMC) de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicado en la región de Moquegua. Los habitantes del Valle de Tambo y la provincia de Islay, nunca fueron consultados y en su amplia mayoría no están de acuerdo con esta sustracción del recurso hídrico.

Esta decisión de la ANA ha generado una inmediata respuesta por parte de los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, de tal manera, que más allá de la acción legal, se vienen implementando una serie de protestas exigiendo la inmediata anulación de la citada resolución. Para el domingo 4 de setiembre la población se auto convocó en una asamblea popular en la histórica plaza San Francisco del distrito de Cocachacra acordando la realización de un paro de 72 desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de setiembre, exigiendo la presencia de congresistas por Arequipa en el lugar y del ministro de agricultura. Ante la nula respuesta de las autoridades, los agricultores y pobladores del Valle de Tambo decidieron iniciar desde el martes 13 de setiembre la huelga indefinida que se han desarrollado activamente hasta el viernes 16 con bloqueos, cerrando el paso de la vía en el sector de La Curva y El Boquerón. Todo indica que la protesta tomará más fuerza a medida que pasan los días ante la indiferencia por parte del gobierno. Se esperaba con expectativa la llegada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) Andrés Alencastre, algo que fue frustrado con la renuncia del ministro.

El viernes 16 de setiembre, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, junto con los presidentes de las juntas de usuarios de los mismos distritos y las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Islay, suscribieron un memorial dirigido al presidente de la república Pedro Castillo. En el documento le exigen la inmediata atención a su demanda y advertirle que si no atiende su pedido será responsable de las consecuencias que vaya a traer este nuevo conflicto.

Para este miércoles 21 de setiembre en la tarde cientos de agricultores están convocados para hacer una evaluación de la acción legal implementada y sobre las acciones sociales que concretarán para hacer escuchar su voz.

Los presidentes de las Juntas de Usuarios: Valle de Tambo-Cocachacra, Punta de Bombón y de la Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, en tanto, emitieron un pronunciamiento de rechazo de la referida resolución, que consideran un proceso viciado. Los representantes de los agricultores manifiestan no haber sido escuchados desde el año 2018, cuando manifestaron, ante la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña (AAA), su desacuerdo y rechazo a la pretensión de la empresa Anglo Américan Quellaveco. Sin embargo, la mencionada autoridad, continuó otorgando derechos, de diferentes caudales y diferentes lugares, a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tras una reunión con autoridades y dirigentes de la provincia de Islay el miércoles pasado, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez se comprometió a conformar un equipo técnico para evaluar las medidas legales para dejar sin efecto la mencionada resolución directoral del ANA. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, por su parte, informó que gestiona una reunión con el presidente Pedro Castillo, para realizar una presión política ante la disposición de la Autoridad del Agua.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.