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A pesar de que ya se ha cumplido el plazo para conformar una mesa técnica y revisar la la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hasta el momento el MIDAGRI, no ha publicado la resolución que oficializa la conformación de la mencionada instancia evaluadora, que por lo tanto tampoco ha podido constituirse.

Los acuerdos se remontan al miércoles pasado, cuando el presidente Pedro Castillo y la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Jenny Ocampo, tomaron importantes acuerdos en reunión con autoridades de la región Arequipa y representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo.

El primer compromiso fue revisar la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el plazo de una semana, y que de ser necesario “corregir” el acto administrativo que podría afectar el desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Islay. “Tenemos el compromiso inmediato del Presidente y la ministra de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Jenny Ocampo, para atender los reclamos de la población contra la Resolución 624 de la Autoridad Nacional del Agua del Perú  en el plazo de una semana”, afirmó el congresista arequipeño Jaime Quito Sarmiento.

Asimismo, se acordó en dicha reunión, la conformación de una mesa técnica que evalúe la mencionada resolución, que dispone la entrega de 22 millones de metros cúbicos anuales para las operaciones de Quellaveco ubicada en Moquegua. Y que será oficializada mediante una resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú.

Al respecto, los gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP y la Sociedad Nacional Minería, Petroleo y Energía (SNMPE) han emitido varios comunicados señalando que el proyecto minero Quellaveco no pueda estar en cuestión y que el gobierno peruano debe garantizar su implementación, restando valor a las protestas del Valle de Tambo. En sus comunicados, los gremios mineros también se han mostrado contrarios a que la Autoridad Nacional de Agua (ANA) haga alguna revisión a los permisos de uso de agua otorgados a la empresa minera. Por el momento y a iniciativa propia las autoridades y representantes de los agricultores de la provincia de Islay, se reunieron ayer en la ciudad de Mollendo, para designar a sus representantes ante la esperada instalación de la referida mesa de trabajo.

La semana pasada el director de la Autoridad Local del Agua Caplina-Ocoña, Ronald Fernández expresó que: “la mesa técnica va a evaluar las condiciones técnicas y legales de la resolución. Tendrá un plan de trabajo que como segundo punto verá la posibilidad de suspender o no la resolución”. Los resultados serían evaluados por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

Se estableció además, que en dicho espacio de trabajo, participarán autoridades de la región Arequipa, autoridades de la provincia de Islay (alcalde provincial y alcaldes distritales), representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, y autoridades del gobierno central. También se tratará el problema del déficit hídrico en el Valle de Tambo. 

José Luis Hancco Mamani, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), indicó que la ministra Ocampo se comprometió a que en un plazo de entre 7 a 10 días haya un pronunciamiento de la mesa técnica. 

Finalmente, el Presidente Pedro Castillo confirmó visitar el Valle de Tambo, para tratar problemas como la contaminación hídrica y estrategias para impulsar la agricultura.

APELACIONES A LA RESOLUCIÓN  624 EN STAND BY

El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, tendrá que evaluar en un lapso de 30 días las apelaciones presentadas a la resolución de la ANA. Sin embargo, hasta el momento dicha instancia no registra avances, dado que este órgano recién evaluará la resolución después de la designación de un integrante faltante.

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

Una de las promesas políticas del presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021 fue que de ser necesario se iba a nacionalizar el sector minero si esta no beneficiaba al pueblo, inclusive habló de revisar y renegociar contratos mineros y del gas, así como plantear varias reformas en este sector, sin embargo poco o nada ha quedado de aquella promesa, recordemos que Pedro Castillo ganó con una abrumadora mayoría en los distritos, provincias y regiones mineras del país, ya que la población sí esperaba que se hicieran cambios en relación a este tema. Lo cierto es que el gobierno de Castillo ha seguido una línea de continuidad y cero reformas en el sector minero, por lo menos no en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por esta actividad en los territorios.

En su mensaje a la nación de julio de este año no solo remarcó la importancia y aporte económico de este sector, sino que la semana pasada su premier Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, han señalado que van a promover el sector y otorgarán más beneficios a la minería, así lo han señalado en su 35ava edición del PERUMIN realizado por los gremios mineros en la ciudad de Arequipa. “El Gobierno va a promover la exploración minera. Sin proyectos de exploración no hay minería en el futuro” señaló el premier, y remarcó que se buscará simplificar los trámites administrativos para que “los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras”. Esta declaración va en la línea anunciada por el ministro de Economía, que días antes había mencionado que no habrá cambios en materia tributaria para el sector minero, mucho menos más regulación ambiental.

Esto significa que si ya teníamos un gobierno nacional poco eficiente para gestionar los conflictos socioambientales en zonas mineras, claramente se pasará a un gobierno que no solo va a promoverla sino que buscará sacar adelante algunos proyectos mineros cuestionados en el sur y norte del país, como es el caso de Tía María en el valle de Tambo de Arequipa, y el proyecto minero Conga en Cajamarca, entre otros. Sobre la situación en el valle de Tambo es preciso señalar que en las últimas semanas los pobladores vienen denunciando la afectación del agua en la cuenca del río Tambo por la licencia de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua al proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Todas estas decisiones y giros se vienen dando en un escenario de elecciones regionales y municipales que, en las últimas semanas, ha mantenido distraída a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si el gobierno de Castillo hace un giro radical en la promoción de la gran minería abiertamente, está claro que los conflictos se reactivarán con más fuerza, mucho más en aquellas provincias donde la gente votó porque las cosas cambiaran en favor de sus derechos y no en favor de los intereses económicos de los gremios mineros, quienes en plena pandemia y crisis política han tenido ingentes ingresos monetarios.

El pasado 25 de agosto del presente año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña emitió la controvertida Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Este documento dispone entregar 22 millones de metros cúbicos de agua (MMC) de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicado en la región de Moquegua. Los habitantes del Valle de Tambo y la provincia de Islay, nunca fueron consultados y en su amplia mayoría no están de acuerdo con esta sustracción del recurso hídrico.

Esta decisión de la ANA ha generado una inmediata respuesta por parte de los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, de tal manera, que más allá de la acción legal, se vienen implementando una serie de protestas exigiendo la inmediata anulación de la citada resolución. Para el domingo 4 de setiembre la población se auto convocó en una asamblea popular en la histórica plaza San Francisco del distrito de Cocachacra acordando la realización de un paro de 72 desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de setiembre, exigiendo la presencia de congresistas por Arequipa en el lugar y del ministro de agricultura. Ante la nula respuesta de las autoridades, los agricultores y pobladores del Valle de Tambo decidieron iniciar desde el martes 13 de setiembre la huelga indefinida que se han desarrollado activamente hasta el viernes 16 con bloqueos, cerrando el paso de la vía en el sector de La Curva y El Boquerón. Todo indica que la protesta tomará más fuerza a medida que pasan los días ante la indiferencia por parte del gobierno. Se esperaba con expectativa la llegada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) Andrés Alencastre, algo que fue frustrado con la renuncia del ministro.

El viernes 16 de setiembre, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, junto con los presidentes de las juntas de usuarios de los mismos distritos y las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Islay, suscribieron un memorial dirigido al presidente de la república Pedro Castillo. En el documento le exigen la inmediata atención a su demanda y advertirle que si no atiende su pedido será responsable de las consecuencias que vaya a traer este nuevo conflicto.

Para este miércoles 21 de setiembre en la tarde cientos de agricultores están convocados para hacer una evaluación de la acción legal implementada y sobre las acciones sociales que concretarán para hacer escuchar su voz.

Los presidentes de las Juntas de Usuarios: Valle de Tambo-Cocachacra, Punta de Bombón y de la Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, en tanto, emitieron un pronunciamiento de rechazo de la referida resolución, que consideran un proceso viciado. Los representantes de los agricultores manifiestan no haber sido escuchados desde el año 2018, cuando manifestaron, ante la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña (AAA), su desacuerdo y rechazo a la pretensión de la empresa Anglo Américan Quellaveco. Sin embargo, la mencionada autoridad, continuó otorgando derechos, de diferentes caudales y diferentes lugares, a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tras una reunión con autoridades y dirigentes de la provincia de Islay el miércoles pasado, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez se comprometió a conformar un equipo técnico para evaluar las medidas legales para dejar sin efecto la mencionada resolución directoral del ANA. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, por su parte, informó que gestiona una reunión con el presidente Pedro Castillo, para realizar una presión política ante la disposición de la Autoridad del Agua.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Defensoras y defensores de  derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.

José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”. 

El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón  consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.

Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.

La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”. 

En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.

Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.

Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.

 

Este martes 19 de Octubre, el Juez titular del 2do juzgado unipersonal-sede central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, dio inicio a juicio oral, por el caso de delito de tortura contra once pobladores y dirigentes del Valle de Tambo, en supuesto agravio de Yovana Mendoza Serrano. Para cuyos acusados la titular del Ministerio Público exige una pena privativa de la libertad de hasta 10 años, así como el titular de la Procuraduría pide 100 mil nuevos soles, por concepto de reparación al Estado peruano (daño moral y daño emergente)

La titular de la Fiscalía, Alejandra Cabana Ocsa, presentó nuevos medios probatorios, entre los que figuran: la sentencia del 29 de enero de 2021, del proceso penal 2545- 2015, en primera instancia que condena a dirigentes del valle de Tambo, con lo cual, la fiscalía intentaría probar la condición de dirigentes de los acusados y el contexto social de las protestas del 2015; así mismo, cartas cursadas por telefónica del Perú, de junio del 2015, y enero del 2019, respecto a números telefónicos de dirigentes tambeños; entre otros medios probatorios.

Los abogados de la defensa de los acusados mostraron su oposición a los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía. El Dr. David Velazco Rondón, uno de los abogados de los acusados, manifestó su oposición a dichos medios probatorios al considerarlos impertinentes, inoportunos y extemporales. “La Fiscalía debió presentar dichas pruebas debida y oportunamente, por esa falta de diligencia y de responsabilidad de la Fiscalía, las partes quedarían en una situación de desventaja. Por lo que invocando el principio que establece la igualdad de armas, nos oponemos y solicitamos al titular de este juzgado, se desestime ese ofrecimiento de pruebas, al no tener mayor incidencia para este proceso”.

El Juez titular, Orlando Abril, luego de valorar y examinar todo lo antes expuesto, resolvió declarar INFUNDADO el ofrecimiento de prueba nueva, propuesta por el Ministerio Público. Señaló fecha de nueva audiencia para el 26 de octubre, en el horario de 10:00am a 12:00 medio día, en donde los abogados de la defensa de los acusados y del actor civil, tendrán oportunidad de ofrecer nuevos medios de prueba.

 

 

 

 

 

 

 

 

En una carta dirigida al Gobierno del Perú el 27 de abril, la Relatora Especial de las Naciones Unidas advirtió sobre el uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras del medio ambiente y, por ende, manifestó su desacuerdo sobre las sentencias a dos casos de defensores ambientales. Para sustentar la existencia de este uso indebido, presentó dos casos de sentencias cometidas de forma irregular. Primero, aquella contra César Estrada Chuquilín, al haberse identificado dos faltas graves al debido proceso: falta de incorporación de prueba de descargo y una representación legal ineficaz. Este caso se agrava al tomar en cuenta los antecedentes. En julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca había sentenciado a Estrada a 12 años y 4 meses de prisión por su supuesta vinculación con la retención de una camioneta y extorsión de una contratista en Valle Laguna Azul, a pesar de que este presentaba pruebas que negaban tal vinculación y, por ende, pedía la nulidad de la sentencia. A finales de marzo de 2021, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró nulo e inadmisible su recurso de casación, confirmando la sentencia del 2017.

 

En segundo lugar, expuso la sentencia contra los defensores opuestos al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú (Arequipa). El 7 de enero del 2021, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria para Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años, 4 meses de prisión) y Mariano Cornejo Reynoso (7 años, 4 meses). Las protestas tuvieron lugar debido a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2014 y el inicio de las actividades en marzo del 2015, a pesar de las denuncias ya realizadas por parte de la población contra los daños a las fuentes de agua para consumo e irrigación de campos en el Valle de Tambo. Sin embargo, el Ministerio Público abrió investigaciones y calificó a las organizaciones sociales protestantes como “organizaciones criminales” y, así, la Fiscalía acusó a los dirigentes Trinidad y Cornejo por los delitos de “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión al Estado”, “entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos”, “disturbios” y “motín”.

 

La relatora no solo exigió a través de la carta, atención urgente por parte del Gobierno sobre los casos señalados, sino que también pide que se actúe frente a los constantes atropellos a los derechos de los defensores de derechos humanos en general. A la fecha habría alrededor de 1200 líderes, ronderos, criminalizados, y estarían siendo procesados por delitos que contemplan penas de 10 a 30 años de prisión.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

Este jueves 1 de julio del presente año, el Juez titular del 2do Juzgado Unipersonal-Sede Central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, suspendió la estación del juicio oral del caso que se sigue en contra de dirigentes y agricultores del Valle de Tambo por la supuesta comisión del delito de la tortura. La decisión del juez se da porque no les compartieron con anticipación el link de la audiencia virtual. En los próximos días señalarán la nueva fecha de instalación de juicio oral, a la que deberán asistir todos los imputados con cargo de ser declarados reos contumaces de no estar presentes, manifestó el juez Abril Paredes.

La Fiscal Alejandra Cabana Ocsa acusa a dirigentes y agricultores del Valle de Tambo (Beatriz Martha Huasi Franco, Henry Linares Chamorro, Roxana Victoria Paz Rodríguez, Grimalda Miguelina Chávez Carcasi, Mercedes Hinojosa Condori, Abigail Cristina Torres de Almonte, Elida Maritza Ticona Hinojoza, Juan Miguel Meza Igme, Ángela de Jesús Salinas Rojas, Delicia Vilcazan Vilcazan y Jesús Mariano Cornejo Reynoso) de haber perpetrado el “supuesto” delito de tortura contra la “supuesta agraviada” Yovana Juana Mendoza.

El hecho “supuestamente” habría sucedido en el mes de mayo del 2015 en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, donde la denunciante habría sido agredida por un grupo de personas que están en contra del proyecto minero Tía María, ella señala que fue violentada por haber trabajado para la minera Southern, algo que desconocen los dirigentes denunciados.

El Juez exhorto a la representante del Ministerio Público a sintetizar la acusación, acreditando las pruebas de la acusación, pidió que todos los imputados sean notificados debidamente a sus direcciones procesales personales, y se le facilite previamente el link de la audiencia virtual, también lo exigieron los abogados de los imputados.

Fedepaz y la Red Muqui en apoyo a los agricultores del Valle de Tambo, apoya en la defensa de los acusados Juan Miguel Meza y Grimalda Chávez, a través de la participación del Dr. David Velazco Rondón.