Entradas

A pesar que la PNP y la Fiscalía notificó a algunos voceros de Valle de Tambo -Mario Chirapo- el día de ayer por pretender desacatar la orden de sanidad y estado de emergencia al supuestamente convocar a la marcha realizada el día de hoy y, durante la mañana, la PNP trató de impedir que se realice la denominada «marcha verde»; los agricultores y pobladores de valle de Tambo, autoconvocados, realizaron una caminata desde Dean Valdivia hasta Cocachacra en conmemoración los 11 años de consulta popular en el valle que le dijo SÍ a la agricultura, pesca artesanal, turismo comunitario y NO a la minería.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la caminata realizaron una parada en la casa de Augusto Paredes, ex vicepresidente de la Junta de Usuarios, quien falleció en la pandemia producto de una enfermedad llamada embolia. El ex dirigente se encontraba preocupado por los múltiples juicios que enfrentaba de parte del Estado por participar en las movilizaciones en defensa del Valle de Tambo.

El día de mañana, lunes 28 de septiembre, desde Red Muqui realizaremos un Foro «A 11 años de la consulta popular en valle de Tambo y la resistencia del agro en pandemia», en conmemoración al aniversario de tan importante hecho político social en Arequipa y a nivel nacional. Participarán el economista Juan Aste; la comunicadora y activista de DDHH, Dilvia Gálvez; uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo; y Nico Pareja, agricultor y ex miembro de mesa de la consulta popular realizada el 27 de septiembre del 2009.

 

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.

 

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.

El día de hoy, miércoles 16 de julio a las 6pm, se presentará la última investigación a cargo del consultor economista de Red Muqui, Juan Aste Daffós, “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en el contexto de la Covid-19 y la reactivación economica”, en un escenario con un nuevo de gabinete en el país, que ha expresado a través del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, que “la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo” y que el Perú es un país bendecido por la naturaleza que ha brindado una riqueza que está enterrada, en alusión al potencial del sector minero.

La investigación tiene como objetivo presentar el análisis costo beneficio económico y social entre el ingreso generado por la actividad agropecuaria y de pesca artesanal en el valle de Tambo – Arequipa – y el que éste recibiría del proyecto minero Tía María.

Desde que inició la primera fase de la reactivación económica, la Sociedad Nacional de Minería, la Confiep y la ex ministra de Energía y Minas junto a la Southern, han insistido en la necesidad de impulsar el proyecto tía maría para reactivar la economía, encontrando la negativa del saliente premier, Vicente Zevallos. Frente a esta ofensiva, desde la población de valle de Tambo se realizaron dos cacerolazos en rechazo al proyecto minero.

¿Qué pasará ahora? Desde la Red Muqui presentamos esta investigación para responder con un análisis técnico económico cuál es la mejor alternativa para la reactivación económica del valle de Tambo y del país.

El documento será presentado por el ingeniero economista, Juan Aste, y comentado por la ingeniera agrónoma, Marlene Castillo, por el presidente de la Junta de Uusarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, y Mario Chirapo, uno de los voceros de la población del valle.

Fecha: Miércoles 16 de julio – 6pm

Transmisión: www.facebook.com/redmuqui

PUBLICACIÓN LIBERADA: «RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE VALLE DE TAMBO EN PANDEMIA»

Puedes leer la Publicación «Riesgos y potencialidades de Valle de Tambo en pandemia» en formato PDF en este link o aquí: https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/09/Tambo-Muqui-22-7.pdf

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Durante las últimas semanas y luego de una fuerte presión de los gremios agrarios, de las comunidades campesinas y de varias organizaciones de la sociedad civil; el Ejecutivo y el Congreso de la Republica han escuchado parcialmente las demandas de este sector. Es cierto que la salud en este momento debe ser lo más prioritario a atender, pero también debe ser atendido el sector agrario, que históricamente ha sido uno de los más postergados, y que paradójicamente hoy esta sosteniendo la alimentación de la mayoría de peruanos y peruanas. Por lo tanto, la reactivación económica debería pasar principalmente por este sector y no centralmente por la reactivación de las actividades extractivas como la gran minería.

Sin embargo, el sector minero no ha perdido el tiempo. Se ha informado que la reactivación de las operaciones mineras ya se está dando con normalidad, aún a pesar de que los protocolos que vienen implementando no son los más óptimos, y aún a pesar de que los contagios del Covid-19 en los trabajadores mineros, continúa. Pero lo noticia que más llama la atención son las recientes declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quien se ha referido a los casos del proyecto Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa: “Todo es posible con el entendimiento del entorno donde se encuentre el proyecto y eso es un trabajo que hay que hacerlo, hay que retomarlo. Tiene que darse, en algún momento tiene que darse”. Estas declaraciones son preocupantes porque ambos proyectos han tenido serias observaciones técnicas y ambientales en su momento y sobre todo porque no tienen licencia social. Las poblaciones locales en ambos casos han sido tajantes en su posición: no quieren actividad minera en sus territorios.

El caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa, merecen una atención especial, ya que no solamente no hay condiciones ambientales y sociales para el desarrollo de este proyecto, si no que la población local ya tiene una alternativa de vida en el próspero valle que da trabajo a miles de personas, y que en este contexto del Covid-19, además esta proveyendo de alimentación a millones de personas en todo el país, con productos como la cebolla o el ajo, solo por mencionar.

El caso del Valle de Tambo probablemente es la síntesis de lo que significa en el Perú la contraposición entre la minería y el agro. Como es evidente, los daños ambientales, sociales y económicos serían enormes para los pobladores del valle. En este caso se ve claramente que se busca imponer un proyecto minero que responde más a intereses económicos y privados; porque sí lo que se quiere es promover el desarrollo sostenible de esta población, lo que se debe hacer es apoyar aun más la actividad agrícola por la que ha optado el Valle de Tambo en Arequipa.

Por ello, desde la Red Muqui creemos que la reactivación económica no solo debe estar centrado en el sector extractivo minero, ni mucho menos buscar imponer proyectos mineros a costa del desarrollo local, como es el caso del Valle del Tambo; la reactivación debe potenciar las actividades alternativas territoriales y locales, como la agricultura familiar que sostienen la alimentación y la vida de los peruanos y peruanas en este contexto del Covid-19.

Artículo de opinión

Ing. Juan Aste Daffós                                            

Para los mineros no hay emergencia, piden a través de María Isabel León, Presidenta de la Confiep, que la actividad minera no se paralice y que los 15 días de la emergencia sean sin goce de haber o a cuenta de vacaciones de los trabajadores, pero se agrava cuando junto con la aprobación del Estado de Emergencia por el coronavirus, se publica el reglamento del decreto legislativo 1095 sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, luego de 9 años de búsqueda del momento oportuno, como para que pase por “agua tibia”.

Efectivamente, el objetivo del DS 003-2020 del sector defensa es “establecer los lineamientos y procedimientos que regulen el empleo y uso de la fuerza durante las operaciones y acciones militares de las fuerzas armadas en el territorio nacional”, y donde se define ataque “como un acto de violencia, en el que existe una expectativa razonable de que puedan generarse muertes, perjuicio a la integridad física de las personas, o daños a la propiedad en el marco de la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH)”. También define fuerza letal como “el empleo de la fuerza a través de medios lícitos, por el cual resulta probable causar el deceso de miembros del grupo hostil, siendo su empleo regulado por el DIH”. Es decir, establece el ámbito y las situaciones en que intervienen las fuerzas armadas en estados de emergencia o en casos donde estos no se dan.

Profundización de la represión 

Esta norma otorga la base legal para situaciones en que las FFAA y la PNP disparen y hieran o maten y realicen detenciones, tanto en movilizaciones donde identifiquen grupos organizados de protesta social que se protegen y defienden del ataque de las fuerzas del Estado y a los cuales la norma llama “grupos hostiles” o cuando atacan a manifestantes en casos de movilización esporádica o aislada donde no hay un enfrentamiento.

Para ello, la norma crea la figura del Asesor Jurídico Operacional (AJO), encargado de analizar y darle la base legal a las acciones u operativos militares, nombre que paradójicamente representa al alimento que el Valle de Tambo está aportando para fortalecer el sistema inmunológico de la población del país frente al coronavirus. De esta manera, se garantiza, dice la norma, “la protección de la sociedad, en defensa del estado de derecho y a fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional”. El mundo al revés, porque nunca se consulta sobre los proyectos mineros a las poblaciones locales y, por el contrario, se imponen a cualquier costo porque “es lo mejor para el país” o para las transnacionales que dominan la minería “peruana”.

Se nota que con “grupos hostiles” se refieren a las familias de los agricultores del Valle de Tambo, del Valle de San Lorenzo en Tambogrande y a las comunidades y rondas campesinas organizadas de Huancabamba y Ayabaca, y a las comunidades, poblaciones locales y pequeños agricultores del corredor minero del sur (Espinar, Chumbivilcas, Paruro, Cotabambas, Grau, Arequipa, Moquegua y Tacna). Las más de 20 muertes en los conflictos en estos lugares siguen impunes.  Los estados de emergencia no han resuelto nada, solo identifican comuneros, agricultores y pobladores como “terroristas antimineros” o “agitadores profesionales que alteran el orden público”, postergando los conflictos y agravando la situación de inestabilidad. Está claro que este decreto debe ser cuestionado desde el movimiento social y el congreso de la república, dado que es una norma legal inconstitucional porque ampara que las FFAA violen los derechos humanos y causen la muerte “a nombre del estado de derecho y la sociedad”.

¿Este apoyo a la minería, señor Vizcarra, es a cambio de reducir o eliminar el respaldo popular que aún tiene como activo en la lucha contra la corrupción y el inicio de las reformas política y de justicia pensando en su próxima candidatura?

Ganancia minera en época de coronavirus

Después de la emergencia por el coronavirus, la Confiep y los mineros a la cabeza, no quieren ninguna protesta o paralización que frene la recuperación de sus ganancias y, por el contrario, quieren sacar adelante sus proyectos, con apoyo del Estado, para que las empresas impongan temporalmente “capacitaciones y donaciones” en el marco de su “responsabilidad social empresarial” para lograr la licencia social y luego desplazar o dominar a las poblaciones locales y así contribuir a “reactivar” la economía peruana. Por eso, ahora son “tan solidarios” que quieren seguir ganando en medio de la emergencia por el coronavirus, lo que les permitirá ahorrar para invertir en nuevos candidatos que los apoyen desde el 2021, año del bicentenario.

En base a la experiencia del apoyo “solidario” de la Confiep, los aportes “desinteresados” de la ong “Reflexión Democrática” de Roque Benavides; las donaciones “sin pedir nada a cambio” de Dionisio Romero y Vito Rodríguez; las “comisiones” de Graña y Montero, Odebrecht, y otros amigos del club de la construcción como Obrainsa, Superconcreto, Iccgsa y Alpha Consult, en apoyo a Keiko y el fujimorismo; es posible pensar que así como invirtieron en el fujimorismo a cambio de apoyar sus intereses desde el congreso o en el ejecutivo para asegurar sobreganancias en las adendas, ahora tienen la oportunidad de reivindicarse y duplicar el monto perdido en keiko y reintegrar lo ganado demás, en beneficio de la salud del pueblo peruano, y lo podemos hacer legal e inmediatamente con la eliminación de las exoneraciones tributarias y un adelanto de su pago hoy.

 

Irresponsabilidad con afectados

Claro, a las niñas y niños con metales pesados en sus cuerpos en todo el país, que el Estado Peruano se encargue de su atención con la plata de los peruanos y peruanas, porque las empresas mineras no pueden perder imagen al aceptar que su actividad afecta la salud de las poblaciones locales de su entorno y tengan que pagar una indemnización, porque sus acciones en bolsa bajarían y con ello su liquidez y se afectarían sus ganancias.   

 

Lima, 17 de marzo 2020

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

En relación al anuncio del presidente Vizcarra en una entrevista con canal N el miércoles 29 de enero, respecto al proyecto tía maría: “En este gobierno no (se ejecutará Tía María), definitivamente No hay forma. No (están) dadas las condiciones»; el vocero de valle de Tambo, Miguel Meza, señaló que la palabra del presidente ha perdido credibilidad ante la población debido a que dijo que “iba a venir a valle de Tambo y hasta ahora no ha venido”.

“Lo que hizo fue enviar más de 500 policías y reprimir a la población. Hubiera sido un buen gesto que antes de anunciar que el proyecto Tía María no irá durante su gobierno, retire a la DINOES y los policías que se encuentran en lugares estratégicos donde la población del valle ha estado protestando”, añadió el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, declaró al medio de comunicación el Búho de Arequipa, que las declaraciones del presidente “va a dar tranquilidad por el momento” y demuestra que el Gobierno está retrocediendo en su decisión de ejecutar el proyecto.

CONFIEP en contra de declaración de presidente Vizcarra

“El presidente no debería negar un proyecto de inversión privado sin un sustento técnico porque su rol es el de promover el desarrollo de todas las actividades económicas (…) No abona hacer anuncios sin un sustento técnico o legal, más bien con un sustento político”, declaró la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León.

Quiénes también se manifestaron, fue la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, a través de un comunicado público, señalando su preocupación por la paralización del proyecto minero.

Southern (Grupo México) sigue actuando en el Valle

Miguel Meza señaló que la empresa minera Southern, perteneciente al Grupo México, continúa realizando actividades en lugares periféricos del valle para convencer y comprar a la población con regalos.

“La empresa intenta hacer obras sin el consentimiento del alcalde y la población. Hace poco intentó hacer una obra en Cocachacra pero la población rechazó a la minera. Entró a un colegio a regalar juegos para que los padres de familia firmen las hojas de los regalos recibidos. La estrategia de la empresa es tener documentación con firmas y fotos para luego decir públicamente que están socializando el proyecto”, agregó el vocero del valle. Señaló que la empresa continúa ofreciendo trabajo temporal a la población.

La lucha sigue

Aprovechando la visita del relator de la ONU, Michel Forst, al sur de nuestro país; Miguel Meza participó en el encuentro del relator con los defensores de derechos humanos del sur del país el día de ayer, jueves 30, en el Cusco, denunciando la criminalización que han sufrido los dirigentes y la población durante estos 11 años de conflicto con la empresa minera. Señaló también que ya hay 8 muertes y no hay ningún policía responsable de esos actos.

Nuevo Congreso

El vocero de valle de Tambo añadió que vienen planteando reuniones a los congresistas electos de la región: José Luis Ancalle, Rosario Paredes, Hipólito Chaiña y Daniel Oseda, para establecer un compromiso con ellos y lograr que se cancele definitivamente el proyecto Tía María.

“Queremos pedir que investiguen si hubo o no irregularidades en la entrega de la licencia de construcción y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la empresa minera”, finalizó, el dirigente.