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El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Defensoras y defensores de  derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.

José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”. 

El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón  consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.

Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.

La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”. 

En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.

Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.

Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.

 

Este martes 19 de Octubre, el Juez titular del 2do juzgado unipersonal-sede central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, dio inicio a juicio oral, por el caso de delito de tortura contra once pobladores y dirigentes del Valle de Tambo, en supuesto agravio de Yovana Mendoza Serrano. Para cuyos acusados la titular del Ministerio Público exige una pena privativa de la libertad de hasta 10 años, así como el titular de la Procuraduría pide 100 mil nuevos soles, por concepto de reparación al Estado peruano (daño moral y daño emergente)

La titular de la Fiscalía, Alejandra Cabana Ocsa, presentó nuevos medios probatorios, entre los que figuran: la sentencia del 29 de enero de 2021, del proceso penal 2545- 2015, en primera instancia que condena a dirigentes del valle de Tambo, con lo cual, la fiscalía intentaría probar la condición de dirigentes de los acusados y el contexto social de las protestas del 2015; así mismo, cartas cursadas por telefónica del Perú, de junio del 2015, y enero del 2019, respecto a números telefónicos de dirigentes tambeños; entre otros medios probatorios.

Los abogados de la defensa de los acusados mostraron su oposición a los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía. El Dr. David Velazco Rondón, uno de los abogados de los acusados, manifestó su oposición a dichos medios probatorios al considerarlos impertinentes, inoportunos y extemporales. “La Fiscalía debió presentar dichas pruebas debida y oportunamente, por esa falta de diligencia y de responsabilidad de la Fiscalía, las partes quedarían en una situación de desventaja. Por lo que invocando el principio que establece la igualdad de armas, nos oponemos y solicitamos al titular de este juzgado, se desestime ese ofrecimiento de pruebas, al no tener mayor incidencia para este proceso”.

El Juez titular, Orlando Abril, luego de valorar y examinar todo lo antes expuesto, resolvió declarar INFUNDADO el ofrecimiento de prueba nueva, propuesta por el Ministerio Público. Señaló fecha de nueva audiencia para el 26 de octubre, en el horario de 10:00am a 12:00 medio día, en donde los abogados de la defensa de los acusados y del actor civil, tendrán oportunidad de ofrecer nuevos medios de prueba.

 

 

 

 

 

 

 

 

En una carta dirigida al Gobierno del Perú el 27 de abril, la Relatora Especial de las Naciones Unidas advirtió sobre el uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras del medio ambiente y, por ende, manifestó su desacuerdo sobre las sentencias a dos casos de defensores ambientales. Para sustentar la existencia de este uso indebido, presentó dos casos de sentencias cometidas de forma irregular. Primero, aquella contra César Estrada Chuquilín, al haberse identificado dos faltas graves al debido proceso: falta de incorporación de prueba de descargo y una representación legal ineficaz. Este caso se agrava al tomar en cuenta los antecedentes. En julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca había sentenciado a Estrada a 12 años y 4 meses de prisión por su supuesta vinculación con la retención de una camioneta y extorsión de una contratista en Valle Laguna Azul, a pesar de que este presentaba pruebas que negaban tal vinculación y, por ende, pedía la nulidad de la sentencia. A finales de marzo de 2021, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró nulo e inadmisible su recurso de casación, confirmando la sentencia del 2017.

 

En segundo lugar, expuso la sentencia contra los defensores opuestos al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú (Arequipa). El 7 de enero del 2021, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria para Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años, 4 meses de prisión) y Mariano Cornejo Reynoso (7 años, 4 meses). Las protestas tuvieron lugar debido a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2014 y el inicio de las actividades en marzo del 2015, a pesar de las denuncias ya realizadas por parte de la población contra los daños a las fuentes de agua para consumo e irrigación de campos en el Valle de Tambo. Sin embargo, el Ministerio Público abrió investigaciones y calificó a las organizaciones sociales protestantes como “organizaciones criminales” y, así, la Fiscalía acusó a los dirigentes Trinidad y Cornejo por los delitos de “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión al Estado”, “entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos”, “disturbios” y “motín”.

 

La relatora no solo exigió a través de la carta, atención urgente por parte del Gobierno sobre los casos señalados, sino que también pide que se actúe frente a los constantes atropellos a los derechos de los defensores de derechos humanos en general. A la fecha habría alrededor de 1200 líderes, ronderos, criminalizados, y estarían siendo procesados por delitos que contemplan penas de 10 a 30 años de prisión.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

Este jueves 1 de julio del presente año, el Juez titular del 2do Juzgado Unipersonal-Sede Central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, suspendió la estación del juicio oral del caso que se sigue en contra de dirigentes y agricultores del Valle de Tambo por la supuesta comisión del delito de la tortura. La decisión del juez se da porque no les compartieron con anticipación el link de la audiencia virtual. En los próximos días señalarán la nueva fecha de instalación de juicio oral, a la que deberán asistir todos los imputados con cargo de ser declarados reos contumaces de no estar presentes, manifestó el juez Abril Paredes.

La Fiscal Alejandra Cabana Ocsa acusa a dirigentes y agricultores del Valle de Tambo (Beatriz Martha Huasi Franco, Henry Linares Chamorro, Roxana Victoria Paz Rodríguez, Grimalda Miguelina Chávez Carcasi, Mercedes Hinojosa Condori, Abigail Cristina Torres de Almonte, Elida Maritza Ticona Hinojoza, Juan Miguel Meza Igme, Ángela de Jesús Salinas Rojas, Delicia Vilcazan Vilcazan y Jesús Mariano Cornejo Reynoso) de haber perpetrado el “supuesto” delito de tortura contra la “supuesta agraviada” Yovana Juana Mendoza.

El hecho “supuestamente” habría sucedido en el mes de mayo del 2015 en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, donde la denunciante habría sido agredida por un grupo de personas que están en contra del proyecto minero Tía María, ella señala que fue violentada por haber trabajado para la minera Southern, algo que desconocen los dirigentes denunciados.

El Juez exhorto a la representante del Ministerio Público a sintetizar la acusación, acreditando las pruebas de la acusación, pidió que todos los imputados sean notificados debidamente a sus direcciones procesales personales, y se le facilite previamente el link de la audiencia virtual, también lo exigieron los abogados de los imputados.

Fedepaz y la Red Muqui en apoyo a los agricultores del Valle de Tambo, apoya en la defensa de los acusados Juan Miguel Meza y Grimalda Chávez, a través de la participación del Dr. David Velazco Rondón.

 

 

 

El sábado 19 de junio, la primera sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró fundada la solicitud de suspensión de ejecución provisional de la pena de privativa de la libertad efectiva que se impuso a los dirigentes de valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, anulando las órdenes de captura en su contra. Por está razón, los mencionados dirigentes enfrentarán la etapa de apelación en libertad.

Cabe recordar que ambos dirigentes están siendo acusados de delitos que habrían sido cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María

En ese sentido, los magistrados, Juan Luis Rodriguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuesta el 22 de mayo del año 2015.

La decisión de la sala, se fundamenta en que no existe peligro de fuga alguno que justifique la ejecución de la sentencia provisional.

Los integrantes del colegiado, advirtieron que ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados.

Es preciso mencionar que la presente decisión no implica pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal y civil que les pueda corresponder; aspectos que serán materia de revisión en su oportunidad por la sala revisora de la causa.

No solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina – Huari, Ancash -; Las Bambas – Cotabambas y Grau, Apurímac -; Antapaccay – Espinar, Cusco -; Constanza – Chumbivilcas, Cusco -; Toquepala – Jorge Basadre, Tacna -; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín -; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura – ; y Tía María – en la provincia de Islay, Arequipa -.

Proyecto Minero Región Provincia Ganador primera vuelta
Yanacocha – Conga Cajamarca Cajamarca y Celendín Perú Libre (39.9% y 52.6%)
 Zijin – Río Blanco Piura Huancabamba y Ayabaca Perú Libre (47.8% y 36.6%)
Southern – Tía María Arequipa Islay Perú Libre (42.2%)

 

Frente a estos resultados, conversamos con 3 dirigentes de las rondas campesinas, magisterio, y Junta de Usuarios, que han rechazado todos estos años la imposición de los proyectos mineros mencionados.

 

Declaraciones de Isaac Huamán, dirigente rondero de Huancabamba, Piura.

¿Por qué han votado mayoritariamente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba por el profesor Pedro Castillo?

En nuestras dos provincias hay comunidades y rondas campesinas que hace mucho tiempo vienen buscando justicia. Esta realidad hace que las organizaciones de base se sientan representadas por Pedro Castillo y se le ha dado un voto de confianza porque es un rondero de su base en Chota – Cajamarca.

Y ahora en segunda vuelta las rondas lo van a respaldar porque se quiere implantar un proyecto minero sabiendo que hubo una consulta vecinal hace años que hasta ahora no se respeta por los gobiernos que hemos tenido, que siempre han querido imponer el proyecto Río Blanco, pero lo hemos rechazado.

¿Cómo tomaron la decisión?

Hubo pequeñas reuniones entre nosotros mismos. En un inicio nuestro representante iba a ser Lescano, pero viendo su plan de trabajo y lo que decía en la radio, analizamos que no era el adecuado. También vimos a Verónika Mendoza, pero analizamos que lamentablemente como mujer no iba a tener respaldo, porque en el Perú hay mucho machismo, por eso optamos por Pedro Castillo finalmente. La gente de Goyo Santos, las bases del MAS, en las provincias han apoyado a Castillo. Tenemos a 2 alcaldes del MAS, uno de Carmen de la Frontera y otro de toda la provincia de Huancabamba.

¿Conocen las propuestas de Pedro Castillo sobre minería?

Conocemos a través de sus comunicados y sus entrevistas, que ha señalado se tiene que consultar a los pueblos donde es viable la minería y dónde no. Y en Huancabamba se ha hecho un estudio en 2002 y no es factible. Pedro Castillo es claro en eso. Ya no mas minería donde hubo consulta y el pueblo la rechaza, y donde no es viable por sus graves impactos ambientales. Esto, además, lo han refrendado los dirigentes provinciales de Perú Libre.

¿Cuál es su evaluación sobre los resultados del fujimorismo?

En el departamento de Piura y la provincia de Ayabaca y Huancabamba, deducimos que el fujimorismo ha tenido apoyo en la votación en nuestras provincias (13% y 14%) por la gente que quiere que el proyecto minero Río Blanco se imponga en la zona, porque acá no hay comités ni dirigentes visibles. Lo que hay son promotores y trabajadores de la empresa minera que quieren convencer al pueblo de que el proyecto minero vaya, a pesar que las municipalidades no les han dado el permiso para que instalen sus oficinas en la provincia y a pesar de no tener la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, sabemos que en el centro, el sur, hay problemas sociales, donde las transnacionales no respetan los derechos humanos, a la gente humilde y por esa razón Pedro Castillo ha ganado en 18 regiones del país. El Estado piensa desde siempre que puede pasar por encima de lo que los gremios y las comunidades reclaman.

 

Declaraciones de Marlen Livaque, rondero, dirigente de la Plataforma Insterinstitucional Celendina y secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Celendín (BARETRAEC)

¿Qué explicación tiene la votación abrumadora a favor de Pedro Castillo en Celendín?

Todavía no hemos hecho una evaluación colectiva, pero los resultados (52% a favor de Perú Libre) se dan por el abandono de los gobiernos de la derecha que nos han gobernado y siempre nos han olvidado, tratando como la peor cosa a los campesinos.

La ciudadanos están tomando conciencia y sacándonos la venda de los ojos y ya no nos dejamos engañar tan fácil por la derecha. Mas de un 98% de los partidos políticos son delincuentes, no son partidos, son mafias.

Estos señores que parecen educados, llegan solamente para saquear, robar el país. Hernando De Soto, que en algún momento dijo que destrabaría los proyectos como Conga, Tía María, es un ejemplo de ello. Con estos resultados estamos demostrando que cuando el pueblo se une va a haber cambios. En la provincia un maestro ha estado como candidato y ha entrado, se llama Echevarría.

¿Y cuál es su evaluación sobre la candidatura de Keiko Fujimori?

La delincuente de la hija de Fujimori no debe gobernar al país. Ha hecho mucho daño a nuestro país. En Celendín la gente está al tanto de los medios y gracias a la lucha que hemos tenido contra Conga, la gente está despertando cada vez más. Hay mayor conciencia en nuestros ciudadanos.

¿Fue una decisión colectiva el apoyo a Pedro Castillo?

No. Ha sido a nivel individual, pero la mayoría de ronderos y profesores ha votado por Pedro Castillo. Un sector del sindicato y de las rondas también apoyó a Marco Arana y también ha habido gente que ha apoyado a Verónika Mendoza. Tienen propuestas parecidas: Ordenamiento territorial y, por ejemplo, donde hay acuíferos no debe haber minería. Pedro castillo ha señalado que es el pueblo quien debe tomar las decisiones y, por lo tanto, acá ya se ha decidido desde varias provincias: Bambamarca, Cajamarca, y el propio Celendín, que Conga es inviable. También le hemos escuchado decir hoy que Conga y Tía María no irán en su gobierno.

Acá no les queda otra a las transnacionales. Tienen que rendirse, tienen que irse.

Marlen nos cuenta que en la provincia de Celendín solo hay un hospital y no tiene médicos especialistas. «El pueblo ha hecho una colecta y se ha gestionado oxigeno para Celendín, que tiene 100 mil habitantes».

 

Declaraciones de Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo de la provincia de Islay, Arequipa.

¿Por qué Pedro Castillo saca más de 40% de votación en toda la provincia de Islay?

Acá hay una desconfianza generalizada hacia los partidos políticos en general. Al inicio ella tenía bastante aceptación aquí, pero no se supo manejar en estos meses de campaña y luego vino Pedro Castillo, visitó el cementerio donde están nuestros mártires de la lucha contra el proyecto Tía María, y poco a poco fue subiendo con la fuerza del pueblo.

Pedro Castillo como era nuevo, en Arequipa y el sur creció bastante y donde hay presencia minera o donde ha habido conflictos, ha tenido buena votación a diferencia por ejemplo de Loreto, Ucayali, Amazonas, Lima y Callao donde no aparece. Pero aquí y en Tacna, Moquegua, Cusco, aparece, porque hay problemáticas sociales latentes, vinculadas también al sector minero.

A Verónika como ya ha sido congresista,  se le conoce  ya como parte del sistema político de alguna manera. De todas formas, nosotros hicimos firmar a los candidatos un compromiso con el valle de Tambo. A Marco Arana, Pedro Castillo y a Verónika Mendoza, que estuvo un corto tiempo cuando estuvo por acá.

Castillo firmó el acta y dijo hay que aumentarle la aprobación de una nueva Constitución. Esperábamos también a Lescano pero no vino a valle de Tambo, se corrió. Se burló prácticamente del pueblo del valle. Para el Congreso ha salido electa María Agüero, que siempre venía al valle, cuando había y no había huelga junto al Dr Jorge del Carpio. Ella ha sacado buena votación acá.

¿Cómo le fue al fujimorismo en el valle?

Me he sorprendido que hayan votos para el fujimorismo. Es raro que haya habido votos para el fujimorismo. El fujimorismo después del 2000 nunca ha tenido buena votación aquí. Quizá en los 90s en la época de la dictadura sí. Creemos que los operadores de la empresa minera Southern han estado llamando a votar por el fujimorismo.

¿Como evalúan esta 2da vuelta ahora?

Al valle de Tambo no le conviene que gane Keiko Fujimori. Vamos a impulsar una reunión para tomar una postura clara y no permitir su victoria.

En el valle de Tambo, nos comenta Miguel, no hay ningún hospital, se tienen que ir hasta Mollendo donde hay un hospital de Essalud que no tiene la infraestructura adecuada y no tiene oxígeno.

 

El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el día de hoy, 29 de enero, la parte resolutiva de la sentencia que criminaliza a 2 dirigentes del valle de Tambo: Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, y absuelve a 11 defensores de derechos humanos por las protestas en rechazo al proyecto minero tía maría de la empresa minera transnacional Southern el 2015.

En la lectura de sentencia, el juez confirmó el adelanto de sentencia que había dado el 7 de enero, decretando 7 años y 4 meses de prisión para el presidente de la Junta de Usuarios: Jesús Cornejo; y 12 años y 4 meses para Jaime de la Cruz, agricultor y ex alcalde del distrito de Dean Valdivia.

En la lectura de sentencia el juez señaló que Jesús Cornejo tiene que pagar una reparación civil de 135 mil soles por la acusación de motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos; y Jaime de la Cruz tendrá que pagar 600 mil soles debido a la acusación de motín, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Frente a ello el abogado de los dos defensores de DDHH y de la agricultura, Herrera; señaló que había presentado un escrito para que el Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reconsidere su decisión de prisión inmediata para los dos dirigentes; sin embargo, el juez contestó que ya habían tomado una decisión en el juicio y que evaluarían el escrito y cumplirían con enviarle formalmente la respuesta.

El abogado Herrera agregó que apelarán a la sentencia formalmente apenas llegue el documento a su casilla electrónica.

Por otro lado, el abogado de varios de los agricultores absueltos, David Velasco de FEDEPAZ, señaló que estaban conformes con la absolución para sus patrocinados.

Quien también apeló a la sentencia fue el procurado público, que está en desacuerdo con la absolución a los 11 defensores de DDHH.

Al finalizar, el juez señaló que su sentencia no criminaliza la protesta como algunos sectores denuncian, sino que sentencia los excesos de la protesta. “Lo que se sanciona son tomas de comisarías, canales, y otras acciones más. La huelga como tal no está siendo sancionada”. Sin embargo, como ya lo señaló el abogado David Velasco, no se ha probado que Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz cometan los delitos que se le imputan.

Precisó también que no se ha sancionado a la PNP ni a los directivos de la empresa minera Southern porque no forman parte de la acusación. Hay que tener en cuenta que la acusación la hizo la Fiscalía y la empresa minera.

Respecto a la respuesta que tendrá la apelación que presentarán los abogados de los dirigentes sentenciados a prisión y de la Procuradoría, no se sabe cuánto tiempo demorará por la pandemia. Debido a la virtualidad podría ser rápido. Usualmente demora de 3 a 4 meses señala el abogado de Fedepaz y miembro de la Red Muqui, David Velasco.