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En una carta dirigida al Gobierno del Perú el 27 de abril, la Relatora Especial de las Naciones Unidas advirtió sobre el uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras del medio ambiente y, por ende, manifestó su desacuerdo sobre las sentencias a dos casos de defensores ambientales. Para sustentar la existencia de este uso indebido, presentó dos casos de sentencias cometidas de forma irregular. Primero, aquella contra César Estrada Chuquilín, al haberse identificado dos faltas graves al debido proceso: falta de incorporación de prueba de descargo y una representación legal ineficaz. Este caso se agrava al tomar en cuenta los antecedentes. En julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca había sentenciado a Estrada a 12 años y 4 meses de prisión por su supuesta vinculación con la retención de una camioneta y extorsión de una contratista en Valle Laguna Azul, a pesar de que este presentaba pruebas que negaban tal vinculación y, por ende, pedía la nulidad de la sentencia. A finales de marzo de 2021, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró nulo e inadmisible su recurso de casación, confirmando la sentencia del 2017.

 

En segundo lugar, expuso la sentencia contra los defensores opuestos al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú (Arequipa). El 7 de enero del 2021, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria para Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años, 4 meses de prisión) y Mariano Cornejo Reynoso (7 años, 4 meses). Las protestas tuvieron lugar debido a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2014 y el inicio de las actividades en marzo del 2015, a pesar de las denuncias ya realizadas por parte de la población contra los daños a las fuentes de agua para consumo e irrigación de campos en el Valle de Tambo. Sin embargo, el Ministerio Público abrió investigaciones y calificó a las organizaciones sociales protestantes como “organizaciones criminales” y, así, la Fiscalía acusó a los dirigentes Trinidad y Cornejo por los delitos de “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión al Estado”, “entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos”, “disturbios” y “motín”.

 

La relatora no solo exigió a través de la carta, atención urgente por parte del Gobierno sobre los casos señalados, sino que también pide que se actúe frente a los constantes atropellos a los derechos de los defensores de derechos humanos en general. A la fecha habría alrededor de 1200 líderes, ronderos, criminalizados, y estarían siendo procesados por delitos que contemplan penas de 10 a 30 años de prisión.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

Este jueves 1 de julio del presente año, el Juez titular del 2do Juzgado Unipersonal-Sede Central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, suspendió la estación del juicio oral del caso que se sigue en contra de dirigentes y agricultores del Valle de Tambo por la supuesta comisión del delito de la tortura. La decisión del juez se da porque no les compartieron con anticipación el link de la audiencia virtual. En los próximos días señalarán la nueva fecha de instalación de juicio oral, a la que deberán asistir todos los imputados con cargo de ser declarados reos contumaces de no estar presentes, manifestó el juez Abril Paredes.

La Fiscal Alejandra Cabana Ocsa acusa a dirigentes y agricultores del Valle de Tambo (Beatriz Martha Huasi Franco, Henry Linares Chamorro, Roxana Victoria Paz Rodríguez, Grimalda Miguelina Chávez Carcasi, Mercedes Hinojosa Condori, Abigail Cristina Torres de Almonte, Elida Maritza Ticona Hinojoza, Juan Miguel Meza Igme, Ángela de Jesús Salinas Rojas, Delicia Vilcazan Vilcazan y Jesús Mariano Cornejo Reynoso) de haber perpetrado el “supuesto” delito de tortura contra la “supuesta agraviada” Yovana Juana Mendoza.

El hecho “supuestamente” habría sucedido en el mes de mayo del 2015 en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, donde la denunciante habría sido agredida por un grupo de personas que están en contra del proyecto minero Tía María, ella señala que fue violentada por haber trabajado para la minera Southern, algo que desconocen los dirigentes denunciados.

El Juez exhorto a la representante del Ministerio Público a sintetizar la acusación, acreditando las pruebas de la acusación, pidió que todos los imputados sean notificados debidamente a sus direcciones procesales personales, y se le facilite previamente el link de la audiencia virtual, también lo exigieron los abogados de los imputados.

Fedepaz y la Red Muqui en apoyo a los agricultores del Valle de Tambo, apoya en la defensa de los acusados Juan Miguel Meza y Grimalda Chávez, a través de la participación del Dr. David Velazco Rondón.

 

 

 

El sábado 19 de junio, la primera sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró fundada la solicitud de suspensión de ejecución provisional de la pena de privativa de la libertad efectiva que se impuso a los dirigentes de valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, anulando las órdenes de captura en su contra. Por está razón, los mencionados dirigentes enfrentarán la etapa de apelación en libertad.

Cabe recordar que ambos dirigentes están siendo acusados de delitos que habrían sido cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María

En ese sentido, los magistrados, Juan Luis Rodriguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuesta el 22 de mayo del año 2015.

La decisión de la sala, se fundamenta en que no existe peligro de fuga alguno que justifique la ejecución de la sentencia provisional.

Los integrantes del colegiado, advirtieron que ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados.

Es preciso mencionar que la presente decisión no implica pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal y civil que les pueda corresponder; aspectos que serán materia de revisión en su oportunidad por la sala revisora de la causa.

No solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina – Huari, Ancash -; Las Bambas – Cotabambas y Grau, Apurímac -; Antapaccay – Espinar, Cusco -; Constanza – Chumbivilcas, Cusco -; Toquepala – Jorge Basadre, Tacna -; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín -; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura – ; y Tía María – en la provincia de Islay, Arequipa -.

Proyecto Minero Región Provincia Ganador primera vuelta
Yanacocha – Conga Cajamarca Cajamarca y Celendín Perú Libre (39.9% y 52.6%)
 Zijin – Río Blanco Piura Huancabamba y Ayabaca Perú Libre (47.8% y 36.6%)
Southern – Tía María Arequipa Islay Perú Libre (42.2%)

 

Frente a estos resultados, conversamos con 3 dirigentes de las rondas campesinas, magisterio, y Junta de Usuarios, que han rechazado todos estos años la imposición de los proyectos mineros mencionados.

 

Declaraciones de Isaac Huamán, dirigente rondero de Huancabamba, Piura.

¿Por qué han votado mayoritariamente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba por el profesor Pedro Castillo?

En nuestras dos provincias hay comunidades y rondas campesinas que hace mucho tiempo vienen buscando justicia. Esta realidad hace que las organizaciones de base se sientan representadas por Pedro Castillo y se le ha dado un voto de confianza porque es un rondero de su base en Chota – Cajamarca.

Y ahora en segunda vuelta las rondas lo van a respaldar porque se quiere implantar un proyecto minero sabiendo que hubo una consulta vecinal hace años que hasta ahora no se respeta por los gobiernos que hemos tenido, que siempre han querido imponer el proyecto Río Blanco, pero lo hemos rechazado.

¿Cómo tomaron la decisión?

Hubo pequeñas reuniones entre nosotros mismos. En un inicio nuestro representante iba a ser Lescano, pero viendo su plan de trabajo y lo que decía en la radio, analizamos que no era el adecuado. También vimos a Verónika Mendoza, pero analizamos que lamentablemente como mujer no iba a tener respaldo, porque en el Perú hay mucho machismo, por eso optamos por Pedro Castillo finalmente. La gente de Goyo Santos, las bases del MAS, en las provincias han apoyado a Castillo. Tenemos a 2 alcaldes del MAS, uno de Carmen de la Frontera y otro de toda la provincia de Huancabamba.

¿Conocen las propuestas de Pedro Castillo sobre minería?

Conocemos a través de sus comunicados y sus entrevistas, que ha señalado se tiene que consultar a los pueblos donde es viable la minería y dónde no. Y en Huancabamba se ha hecho un estudio en 2002 y no es factible. Pedro Castillo es claro en eso. Ya no mas minería donde hubo consulta y el pueblo la rechaza, y donde no es viable por sus graves impactos ambientales. Esto, además, lo han refrendado los dirigentes provinciales de Perú Libre.

¿Cuál es su evaluación sobre los resultados del fujimorismo?

En el departamento de Piura y la provincia de Ayabaca y Huancabamba, deducimos que el fujimorismo ha tenido apoyo en la votación en nuestras provincias (13% y 14%) por la gente que quiere que el proyecto minero Río Blanco se imponga en la zona, porque acá no hay comités ni dirigentes visibles. Lo que hay son promotores y trabajadores de la empresa minera que quieren convencer al pueblo de que el proyecto minero vaya, a pesar que las municipalidades no les han dado el permiso para que instalen sus oficinas en la provincia y a pesar de no tener la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, sabemos que en el centro, el sur, hay problemas sociales, donde las transnacionales no respetan los derechos humanos, a la gente humilde y por esa razón Pedro Castillo ha ganado en 18 regiones del país. El Estado piensa desde siempre que puede pasar por encima de lo que los gremios y las comunidades reclaman.

 

Declaraciones de Marlen Livaque, rondero, dirigente de la Plataforma Insterinstitucional Celendina y secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Celendín (BARETRAEC)

¿Qué explicación tiene la votación abrumadora a favor de Pedro Castillo en Celendín?

Todavía no hemos hecho una evaluación colectiva, pero los resultados (52% a favor de Perú Libre) se dan por el abandono de los gobiernos de la derecha que nos han gobernado y siempre nos han olvidado, tratando como la peor cosa a los campesinos.

La ciudadanos están tomando conciencia y sacándonos la venda de los ojos y ya no nos dejamos engañar tan fácil por la derecha. Mas de un 98% de los partidos políticos son delincuentes, no son partidos, son mafias.

Estos señores que parecen educados, llegan solamente para saquear, robar el país. Hernando De Soto, que en algún momento dijo que destrabaría los proyectos como Conga, Tía María, es un ejemplo de ello. Con estos resultados estamos demostrando que cuando el pueblo se une va a haber cambios. En la provincia un maestro ha estado como candidato y ha entrado, se llama Echevarría.

¿Y cuál es su evaluación sobre la candidatura de Keiko Fujimori?

La delincuente de la hija de Fujimori no debe gobernar al país. Ha hecho mucho daño a nuestro país. En Celendín la gente está al tanto de los medios y gracias a la lucha que hemos tenido contra Conga, la gente está despertando cada vez más. Hay mayor conciencia en nuestros ciudadanos.

¿Fue una decisión colectiva el apoyo a Pedro Castillo?

No. Ha sido a nivel individual, pero la mayoría de ronderos y profesores ha votado por Pedro Castillo. Un sector del sindicato y de las rondas también apoyó a Marco Arana y también ha habido gente que ha apoyado a Verónika Mendoza. Tienen propuestas parecidas: Ordenamiento territorial y, por ejemplo, donde hay acuíferos no debe haber minería. Pedro castillo ha señalado que es el pueblo quien debe tomar las decisiones y, por lo tanto, acá ya se ha decidido desde varias provincias: Bambamarca, Cajamarca, y el propio Celendín, que Conga es inviable. También le hemos escuchado decir hoy que Conga y Tía María no irán en su gobierno.

Acá no les queda otra a las transnacionales. Tienen que rendirse, tienen que irse.

Marlen nos cuenta que en la provincia de Celendín solo hay un hospital y no tiene médicos especialistas. «El pueblo ha hecho una colecta y se ha gestionado oxigeno para Celendín, que tiene 100 mil habitantes».

 

Declaraciones de Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo de la provincia de Islay, Arequipa.

¿Por qué Pedro Castillo saca más de 40% de votación en toda la provincia de Islay?

Acá hay una desconfianza generalizada hacia los partidos políticos en general. Al inicio ella tenía bastante aceptación aquí, pero no se supo manejar en estos meses de campaña y luego vino Pedro Castillo, visitó el cementerio donde están nuestros mártires de la lucha contra el proyecto Tía María, y poco a poco fue subiendo con la fuerza del pueblo.

Pedro Castillo como era nuevo, en Arequipa y el sur creció bastante y donde hay presencia minera o donde ha habido conflictos, ha tenido buena votación a diferencia por ejemplo de Loreto, Ucayali, Amazonas, Lima y Callao donde no aparece. Pero aquí y en Tacna, Moquegua, Cusco, aparece, porque hay problemáticas sociales latentes, vinculadas también al sector minero.

A Verónika como ya ha sido congresista,  se le conoce  ya como parte del sistema político de alguna manera. De todas formas, nosotros hicimos firmar a los candidatos un compromiso con el valle de Tambo. A Marco Arana, Pedro Castillo y a Verónika Mendoza, que estuvo un corto tiempo cuando estuvo por acá.

Castillo firmó el acta y dijo hay que aumentarle la aprobación de una nueva Constitución. Esperábamos también a Lescano pero no vino a valle de Tambo, se corrió. Se burló prácticamente del pueblo del valle. Para el Congreso ha salido electa María Agüero, que siempre venía al valle, cuando había y no había huelga junto al Dr Jorge del Carpio. Ella ha sacado buena votación acá.

¿Cómo le fue al fujimorismo en el valle?

Me he sorprendido que hayan votos para el fujimorismo. Es raro que haya habido votos para el fujimorismo. El fujimorismo después del 2000 nunca ha tenido buena votación aquí. Quizá en los 90s en la época de la dictadura sí. Creemos que los operadores de la empresa minera Southern han estado llamando a votar por el fujimorismo.

¿Como evalúan esta 2da vuelta ahora?

Al valle de Tambo no le conviene que gane Keiko Fujimori. Vamos a impulsar una reunión para tomar una postura clara y no permitir su victoria.

En el valle de Tambo, nos comenta Miguel, no hay ningún hospital, se tienen que ir hasta Mollendo donde hay un hospital de Essalud que no tiene la infraestructura adecuada y no tiene oxígeno.

 

El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el día de hoy, 29 de enero, la parte resolutiva de la sentencia que criminaliza a 2 dirigentes del valle de Tambo: Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, y absuelve a 11 defensores de derechos humanos por las protestas en rechazo al proyecto minero tía maría de la empresa minera transnacional Southern el 2015.

En la lectura de sentencia, el juez confirmó el adelanto de sentencia que había dado el 7 de enero, decretando 7 años y 4 meses de prisión para el presidente de la Junta de Usuarios: Jesús Cornejo; y 12 años y 4 meses para Jaime de la Cruz, agricultor y ex alcalde del distrito de Dean Valdivia.

En la lectura de sentencia el juez señaló que Jesús Cornejo tiene que pagar una reparación civil de 135 mil soles por la acusación de motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos; y Jaime de la Cruz tendrá que pagar 600 mil soles debido a la acusación de motín, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Frente a ello el abogado de los dos defensores de DDHH y de la agricultura, Herrera; señaló que había presentado un escrito para que el Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reconsidere su decisión de prisión inmediata para los dos dirigentes; sin embargo, el juez contestó que ya habían tomado una decisión en el juicio y que evaluarían el escrito y cumplirían con enviarle formalmente la respuesta.

El abogado Herrera agregó que apelarán a la sentencia formalmente apenas llegue el documento a su casilla electrónica.

Por otro lado, el abogado de varios de los agricultores absueltos, David Velasco de FEDEPAZ, señaló que estaban conformes con la absolución para sus patrocinados.

Quien también apeló a la sentencia fue el procurado público, que está en desacuerdo con la absolución a los 11 defensores de DDHH.

Al finalizar, el juez señaló que su sentencia no criminaliza la protesta como algunos sectores denuncian, sino que sentencia los excesos de la protesta. “Lo que se sanciona son tomas de comisarías, canales, y otras acciones más. La huelga como tal no está siendo sancionada”. Sin embargo, como ya lo señaló el abogado David Velasco, no se ha probado que Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz cometan los delitos que se le imputan.

Precisó también que no se ha sancionado a la PNP ni a los directivos de la empresa minera Southern porque no forman parte de la acusación. Hay que tener en cuenta que la acusación la hizo la Fiscalía y la empresa minera.

Respecto a la respuesta que tendrá la apelación que presentarán los abogados de los dirigentes sentenciados a prisión y de la Procuradoría, no se sabe cuánto tiempo demorará por la pandemia. Debido a la virtualidad podría ser rápido. Usualmente demora de 3 a 4 meses señala el abogado de Fedepaz y miembro de la Red Muqui, David Velasco.

Frente a la reciente sentencia de prisión efectiva para los defensores de valle de Tambo: Jesús Cornejo -presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo-, y Jaime de la Cruz -ex alcalde de Dean Valdivia-; la Plataforma Europa Perú- PEP, red integrada por 15 ONG europeas que trabajan por los derechos humanos, mostró su rechazo a través de un comunicado en contra del uso de la judicialización como herramienta para obstaculizar la labor de defensa del derecho al medio ambiente y el derecho a la legítima protesta.

Además, recalcaron que ya en el 2009 se realizó la consulta popular que tuvo como resultado un rechazo del 90% contra el proyecto Tía María de la empresa minera Southern.

En el comunicado señalan que en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de 2020 y del informe de la CIDH sobre criminalización de personas defensoras, en su visita a Perú, las autoridades peruanas deberían:

  • Suspender la ejecución de la Sentencia hasta que la decisión sea revisada en segunda instancia, tal como prevé el art. 418 del Código Procesal Penal.
  • Cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos;
  • cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada, y hostigamiento contra los defensores ambientales.

Además, precisan que se debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garantice los derechos humanos de las personas defensoras.

La Plataforma Europa Perú (PEP) recuerda que el pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo. “La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines de hostigamiento y deslegitimación de luchas sociales”.

 

Frente a la reciente sentencia del jueves 07 de enero, en que el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a tres ex dirigentes de las protestas que se dieron en 2015 en valle de Tambo y absolvió a 10 dirigentes y al abogado de los dirigentes incluido en el proceso; estos días se han desarrollado protestas en valle de Tambo, Mollendo y la ciudad de Arequipa, en rechazo a la sentencia condenatoria contra los dirigentes mencionados.

El día de hoy, la esposa de Jesús Cornejo, uno de los dirigentes sentenciados, llegó junto al abogado: Héctor Herrera, y uno de los voceros de valle de Tambo: Miguel Meza, a la movilización convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y Construcción Civil, que entre sus pliegos de reclamos laborales también contemplaban la solidaridad con el pueblo de valle de Tambo y el rechazo a la criminalización de la protesta que están sufriendo Jesús Cornejo y Jaime De La Cruz, ex dirigentes del  Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT).

A Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; y a Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, a 12 años y 4 meses de prisión. En el caso de Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, los dirigentes abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín; es decir habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas, integrar el plan criminal y ser parte de la comisión del delito; pero este razonamiento debió de ser probado, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Habeas corpus y apelación

Frente a estos hechos, en comunicación con el abogado de los dirigentes, Héctor Herrera, señaló que este 15 de enero presentará un habeas corpus para que sus defendidos no vayan a prisión. Así mismo, precisó que apelará a la sentencia este 29 de enero, fecha en que recién el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leerá la sentencia completa.

El abogado también informó que ha recibido la información que la Fiscalía va a apelar la decisión del Juzgado respecto a la absolución de los 10 dirigentes y él como abogado en el juicio conjunto que llevan con los dirigentes sentenciados a prisión. Frente a ello, Héctor Herrera está preparando también la apelación para que no prospere esa medida legal.

Como ya se ha señalado, en la sentencia del 7 de enero, se absolvió a Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña y al abogado Héctor Herrera. Hay que precisar que durante la pandemia fallecieron otros 3 dirigentes que eran parte del juicio.

El día de ayer, jueves 07 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 ex dirigentes de las protestas que se dieron en 2015 en valle de Tambo. Así mismo, en la misma sentencia, se absolvió a otros 10 dirigentes: Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña y Héctor Herrera Herrera. Además, también se absolvió al abogado de los acusados: Héctor Herrera Herrera. Se debe precisar que otros 3 dirigentes acusados fallecieron estos años; uno de ellos, Augusto Paredes, durante la pandemia.

La defensa de 5 de las 11 personas absueltas  estuvo a cargo de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos. Sobre los agricultores absueltos, FEDEPAZ señala que el Juzgado Colegiado sostuvo, en forma enfática, que si bien existió una organización con vocación de permanencia no se acreditó en el desarrollo del Juicio Oral que dicha organización se haya constituido para fines delictivos, como se acusó al Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT).

Sobre los 3 dirigentes condenados que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT); a Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; a Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, a 12 años y 4 meses de prisión; y a Pepe Julio Gutiérrez, a 18 años de prisión. En el caso de Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, los dirigentes abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín; es decir habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas, integrar el plan criminal y ser parte de la comisión del delito; pero este razonamiento debió de ser probado, lo cual no ocurrió en el presente caso.

El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona.

De otro lado, el Juzgado Colegiado también sostiene haber hallado responsabilidad penal en la comisión del delito de motín. Este delito se comete cuando un grupo de personas se atribuye derechos del pueblo y pretende obligar a un funcionario desarrollar determinada acción. En este caso, las protestas no tenían dicha finalidad; sino por el contrario, estas estaban orientadas a exigir que los funcionarios del sector minero y ambiental cumplan con su obligación funcional de evaluar correctamente los permisos y el cumplimiento de los requisitos para la viabilidad del proyecto minero Tía María. Hecho que es claramente una exigencia democrática, amparada por el derecho a la participación y protesta social.

Es innegable que, durante el desarrollo de las protestas sociales en Tía María se produjeron atentados contra bienes privados y públicos, lo cual constituye delitos sancionados penalmente; pero la responsabilidad y obligación de los órganos de la administración de justicia es individualizar y probar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas, no es argumento suficiente el pretender establecer dicha responsabilidad por el solo hecho de ostentar un cargo de representación o de vocería. Si solo se sanciona por tal condición, se está violando gravemente el principio de presunción de inocencia.

Por último, sobre el caso del señor Pepe Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, en el caso de Pepe Julio Gutiérrez, el ex dirigente de Valle de Tambo, en 2015, a espaldas de la ciudadanía de Valle de Tambo, intentó obtener un beneficio económico personal. Sin embargo, este hecho fue abiertamente rechazado por toda la población del valle. Lamentablemente este acto ha sido utilizado para tratar de deslegitimar la justa protestas de los agricultores, por lo que Pepe Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de participación en el Valle.

Desde Red Muqui nos solidarizamos con los líderes sociales, agricultores del valle de Tambo, que han sido sentenciados con argumentos jurídicos contradictorios, ya que por un lado se libera de responsabilidad penal por los mismos delitos a unos dirigentes y se sentencia a otros, quienes eran los principales dirigentes del Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT). Es evidente que existe un ensañamiento contra algunos dirigentes, criminalizando de esta forma la defensa del agro en el valle de Tambo.

Lamentablemente con esta sentencia, el Juzgado de Arequipa abre un nuevo escenario de reactivación del conflicto social en el valle de Tambo, ya que existe un ambiente de preocupación y tensión en la zona en este momento.

 

 

 

 

El martes 8 de diciembre, Red Muqui presentó la investigación: “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en tiempos de la Covid-19 y reactivación económica» en el distrito de Cocachacra del valle de Tambo. Asimismo, el miércoles 9 de diciembre presentó la investigación en la ciudad de Arequipa.

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