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Manuel Quilla: Caso de tortura sigue impune a un año de violenta represión del régimen de Boluarte

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Manuel Quilla Ticona fue uno de los comuneros aymaras que se movilizó hasta Lima en marzo de 2023 para alzar su voz de protesta contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República. Era originario de Huancané en Puno, y haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a la reunión y libertad de expresión, se organizó junto a sus compañeros para viajar a Lima. El día 14 de marzo de 2023, mientras se encontraba reunido con otras personas en el parque entre Av. España y Av. Garcilazo de la Vega, fue atacado por efectivos policiales, quienes lo golpearon hasta causarle lesiones graves, según el protocolo de necropsia.

Su esposa Mariela Irma Cayo declara que Manuel la llamó en la noche del 14 de marzo explicándole que ese día en la tarde había sido reprimido por la PNP. Al día siguiente, 15 de marzo, se intenta comunicar con su esposo y le responde uno de sus compañeros, quien le informa que Manuel había entrado en crisis por la represión sufrida y que lo había detenido la policía el día anterior. Irma viaja a Lima y el 17 de marzo encuentra a su esposo fuera de la Comisaría de San Andrés, sucio, descalzo, con heridas en las muñecas, una herida en la pierna, moretones en la pierna izquierda y brazos, en la ceja derecha una herida cortante. Irma llevó a su esposo a diversas clínicas y, posteriormente, se trasladaron a su comunidad de Chuquiaguillo en Huancané, donde Manuel ya no podía levantarse de la cama y falleció el 30 de marzo.

Entierro de Manuel Quilla en la Comunidad de Chuquiaguillo en Huancané-02 abril 2023. Foto: Red Muqui

Como ya se señaló en un anterior reporte de Red Muqui, la necropsia realizada concluyó que la causa de muerte de Manuel Quilla fue un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores. FEDEPAZ e ILLARIY, instituciones que llevan la defensa legal, en agosto de 2023 presentaron el caso ante el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP); sin embargo, en noviembre de 2023, dicho equipo remitió el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, cuyas investigaciones se centran en el presunto delito de LESIONES GRAVES con subsecuente muerte y en el delito de TORTURA.

Ampliación de diligencias preliminares

A finales de octubre del 2023, la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima amplió el plazo para desarrollar diligencias preliminares por 60 días, a comienzos de febrero de 2024 la segunda fiscalía volvió a ampliar el plazo, ahora por 40 días.

David Velasco, abogado de FEDEPAZ explica que las diligencias preliminares tienen como objetivo la recopilación de elementos de convicción para la formalización de las investigaciones, por ello, es fundamental que la Fiscalía sea diligente y avance con la obtención de los vídeos y grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, entre otros elementos. Agrega que este caso se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación- Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que sea incluido en la carpeta 277-2022 contra Dina Boluarte, donde se realizan investigaciones a los altos mandos del Ejecutivo.

Por su parte, César Quispe Calsín, del Instituto ILLARIY, manifiestra que la Segunda Fiscalía ubicada en Lima, debe tomar en cuenta el elemento intercultural en su investigación, ya que Manuel Quilla era aymara y en su legítimo derecho a la protesta reclamaba por el respeto a su derecho al voto, sufriendo la discriminación y racismo del Estado. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2023 ha señalado: “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita (a Perú), guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.” (párr. 8)

Luis Enrique Valdivia Calderón, quien es el actual fiscal coordinador del EFICAVIP desde febrero del presente año, fue el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de DDHH y conoce el caso de Manuel Quilla, por lo que la defensa legal de Manuel Quilla espera que el caso pueda ser retomado por el EFICAVIP, debido a que también son hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales de 2022 y 2023, y debe dársele el seguimiento adecuado.

Abogado César Quispe denunciando delito de tortura. Foto: Mano Alzada

Un año sin Justicia

Este 30 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Manuel Quilla, su esposa Irma Cayo, viene realizando acciones para exigir justicia y reparación para su esposo. Irma Cayo señala que para ella y su familia ha sido muy difícil todo este tiempo por el impacto psicológico que ha generado la violencia y discriminación del Estado. Irma señala que el gobierno ha tratado a su esposo como si fuera un delincuente o un terrorista , cuando protestaba por sus derechos:“ Aún no entiendo porqué lo han torturado, por qué tenían que tratarlo así. Yo lo encontré en muy mal estado, luego de haber estado detenido en la Comisaría en Lima. Ya se está acabando el plazo para investigar, tengo que estar preparada para seguir exigiendo justicia incluso en instancias internacionales”.

El domingo 07 de abril se va a realizar una romería y movilización en Huancané en memoria de un año del fallecimiento de Manuel Quilla producto de la violencia policial en Lima. Actividades que se realizarán en coordinación con la Asociación de Familiares de Víctimas y Mártires del 09 de enero, FEDERH, ILLARIY y otras organizaciones sociales e instituciones. Las acciones de memoria son importantes para seguir honrando la lucha de las comunidades aymaras y quechuas que salieron en protesta por reconocimiento político y la defensa de sus derechos frente a un Estado excluyente y racista.

Irma Cayo sosteniendo el retrato de su pareja – 08 de enero de 2024. Foto: Amnistía Internacional

DATO: La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de la protección del derecho a la integridad y a la dignidad personal.

/por

Muerte de campesino torturado durante las protestas contra Boluarte no es investigada por el Equipo Especial de Fiscales

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Manuel Quilla Ticona, campesino aymara, natural de la comunidad de Huancané-Puno, llegó a Lima en marzo para protestar contra el régimen autoritario de Dina Boluarte. Durante su manifestación pacífica, Manuel sufrió acoso discriminatorio y fue torturado por las fuerzas policiales. Falleció días después debido a las múltiples lesiones graves en su cráneo y extremidades superiores e inferiores.

Pese a tratarse de un hecho de violación de derechos humanos, específicamente tortura, en contexto de la represión policial, la investigación no es asumida por el Equipo Especial de Fiscales. Las diligencias son realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad, situación que impedirá identificar a los verdaderos responsables de la muerte y formular una posterior imputación. Debido a que las investigaciones no parten de la base de que Quilla Ticona fue detenido cuando ejercía su derecho a la protesta social, el 15 de marzo de este año, en Lima; ciudad a la que había viajado desde Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Luego fue trasladado a las comisarías policiales de Petit Thouars y San Andrés. Sus familiares perdieron contactó con él hasta dos días después en que apareció con signos visibles de haber sido golpeado en forma brutal, al punto que no reconocía a su familia y se expresaba en forma incoherente. A causa de esa brutal golpiza y luego de una penosa agonía, el 31 de marzo murió a los 35 años en su casa en Huancané. La necropsia concluyó que su muerte fue producto de un traumatismo encéfalo craneano grave, causado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en el tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores.

Cabe señalar que la Red Muqui acompaña este caso y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ asumió la defensa legal de los deudos de Quilla Ticona. Al respecto, David Velazco Rondón, director de FEDEPAZ y abogado de los deudos antes citados, explicó que este, por ahora, es el único caso de tortura denunciado en el marco de las protestas sociales, por lo que habría intereses detrás para que no sea investigado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Esto debido a que probaría, una vez más, las graves violaciones de derechos humanos cometido por el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte durante las marchas registradas a fines del año 2022 y a inicios de 2023.

“Si habría un delito de tortura (en las investigaciones que se desarrollan), (este) tendría una gran solidez como caso. La Fiscalía dice que estos hechos denunciados no fueron durante las protestas. Es falso, (él) fue detenido y golpeado cuando ejercía su derecho legítimo de protestar. La pericia (médico legal) ya fue presentada a la Fiscalía y hay evidencia de que se trata de un caso de tortura por (una serie de) graves hematomas en la cabeza y cuerpo”, declaró.

LENTITUD FISCAL

La pareja de Manuel Quilla Ticona, Irma Cayo Sánchez, viajó desde Puno a Lima para participar de las diligencias realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad. Después de 8 meses del deceso, se programó la inspección en las inmediaciones de las avenidas España con Garcilaso de la Vega, en las comisarías Petit Thouars y San Andrés, así como la revisión de las cámaras de seguridad que grabaron las circunstancias de la detención de Quilla Ticona.

“El avance (de la investigación) es muy lento. La muerte de mi esposo ha afectado a toda mi familia a nivel psicológico y económicamente. Queremos que se agilice el caso y no dilate más tiempo (la Fiscalía), después de 8 meses recién tiene que salir la Fiscalía a inspeccionar y verificar las cámaras”, concluyó Cayo.

Manuel Quilla Ticona era el único sustento de su familia. Dejó en la orfandad a dos niños, una menor de 11 años y otro niño de 2 años. A la fecha su familia exige justicia.

/por

Juliaca: Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte articulan esfuerzos en Encuentro Nacional

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El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

/por