Listado de la etiqueta: vigilancia ambiental y agua

Reunidos en Ayacucho, los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, en el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, representantes de 10 regiones: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua, frente a la actual crisis política y social que vive nuestro país, y luego de atravesar dos años de la crisis sanitaria de la pandemia, expresamos:

Reconocemos que vivimos en un estado de desgobierno en el país. No nos sentimos representados por la señora Boluarte en la Presidencia de la República, quien traicionó al pueblo, y se mantiene en el gobierno por el apoyo de las fuerzas armadas, el aval del Congreso de la República y el Poder Judicial. El pueblo votó por un cambio en las últimas elecciones generales, pero el actual gobierno no representa el cambio que elegimos.

Ni el actual gobierno central ni el Congreso de la República tienen legitimidad, solo el 6% de la población aprueba al actual congreso, y el 15 % a Boluarte. No han sido capaces de escuchar, comprender y atender las necesidades reales del Perú multicultural. Al contrario, hemos sido discriminados, sufrimos el racismo, somos estigmatizados como “terroristas” por el sólo hecho de aplicar el derecho de la legítima protesta social para buscar una mayor participación política en la toma de decisiones como país.

Ello se evidencia en las lamentables 66 personas fallecidas, 49 de ellas hermanas y hermanos peruanos asesinados por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF) disparados al cuerpo, sin ningún respeto por la vida humana. Un gobierno es elegido para mejorar las condiciones de vida de las y los peruanos, no para ser violento y “matar al pueblo” para mantener los privilegios de algunas y algunos, con el apoyo evidente de gran parte de los medios de comunicación.

No nos sentimos libres en un país donde el gobierno decide en contra de nosotros y nosotras, entregando concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta previa. Además, no actúa frente a las 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, ni hace nada frente a la contaminación de los ríos por actividades extractivas, en particular mineras. En cambio, sigue militarizando el país y dictando estados de emergencia, especialmente en zonas mineras.

Frente a la difícil realidad que nos toca vivir en este momento de la historia, en Ayacucho, tierra en la que se definió la independencia de nuestro Perú, acordamos:

  • Respaldar la lucha de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional, y especialmente en el sur andino, asumimos como nuestra su agenda: la renuncia de Boluarte a la Presidencia de la República, una nueva mesa directiva en el Congreso de la República, la convocatoria urgente a nuevas elecciones generales, y el inicio de un proceso constituyente con participación activa de los pueblos originarios y organizaciones sociales a nivel nacional, sin discriminación, estigmatización, criminalización y judicialización.
  • Reafirmar nuestro compromiso, como parte de nuestra identidad cultural, como vigilantes y monitores ambientales en el cuidado, protección y defensa de nuestros territorios y en especial del agua, el ambiente y la vida, porque “uno cuida lo que conoce, si no lo conoce no le da importancia”. Asumimos este rol ante un gobierno que administra un Estado ausente, cuyas instituciones están deslegitimadas y actúan en silencio o favoreciendo a las empresas y sus intereses, pero nunca al pueblo y sus derechos, que debe ser su prioridad.
  • Fortalecer nuestra organización y articulaciones como vigilantes y monitores ambientales, construyendo agendas desde las Organizaciones Sociales de Base, para exigir, con los resultados de nuestra labor, los cambios que necesitamos en el país y sus instituciones.
  • Exigir, como vigilantes y monitores ambientales, el reconocimiento de nuestras organizaciones y su rol, a nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por lo anterior, resulta imperante la aprobación del proyecto de ley que busca el reconocimiento de nuestras organizaciones y resultados del monitoreo y vigilancia ambiental, a fin de que estos sean incorporados como alerta temprana en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
  • Exigir a los gobiernos regionales, locales y las instancias competentes del gobierno nacional, la priorización de las problemáticas ambientales en sus agendas, y considerar apoyo en la formación e implementación de los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Apoyar las iniciativas que en el Perú y a nivel internacional buscan establecer normativas vinculantes que exijan a las empresas y a los estados de origen de las empresas el cumplimiento del principio de la debida diligencia, que implica cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos en sus operaciones más allá de las normativas laxas que existen en países como el Perú para favorecer las inversiones.

El Perú es un país de todas las sangres, que nos exige caminar juntos, renunciando a privilegios que nos permitan buscar el bien común, el “sumaj kawsay”, el buen vivir, incluyendo a nuestra Pachamama. Las y los vigilantes y monitores ambientales seguiremos caminando con dicho objetivo.

 

Ayacucho, 24 de marzo del 2023

  • Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – Cusco
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Marcapomacocha – Junín
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Chuschi – Ayacucho
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Carata, Coata – Puno
  • Presidente de la Junta de Regantes de Bambamarca – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Tupicocna – Chosica
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Viso
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de San Bartolomé
  • Vigilantes y monitores ambientales de Santiago de Chuco – La Libertad
  • Vigilantes y monitores ambientales de Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Encañada – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Apurímac
  • Vigilante y monitor ambiental de Cotabamba – Apurímac
  • Vigilantes y monitores ambientales de Moquegua
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Huamachuco
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Cajabamba y Valle Condebamba
  • Coordinadora Interregional de vigilantes y monitores ambientales de La Libertad – Cajamarca
  • Red Muqui
  • CEDAP – Ayacucho
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • AMAS – La Libertad
  • CooperAcción
  • DHUMA – Puno
  • DHSF – Cusco
  • Grufides – Cajamarca
  • PASSDIH – Junín
  • Centro Labor – Pasco

Por Edwin Alejandro Berrospi – Área Socioambiental de la Red Muqui

El Perú es uno de los países más ricos del mundo en agua; sin embargo, la costa que concentra más del 70% de la población solo cuenta con el 1.8% del agua que se produce en manantiales, puquios, bofedales, páramos, lagunas y otros ecosistemas. La ciudad de Lima es la más vulnerable porque la cuenca del río Rímac, del cual se abastece, es la más contaminada por los impactos ambientales de las actividades humanas, así como de la minería que ponen en grave riesgo la vida de la población de Lima.

El agua es un bien esencial para la vida del planeta y en tiempos de propagación de la pandemia, el acceso al agua se vuelve aún más crucial para la prevención de enfermedades y la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, más de 7 millones de peruanos (22.76% de la población) no tiene acceso al agua potable y, por lo tanto, no disponen de agua de calidad para el consumo humano. En los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de este recurso debido al crecimiento acelerado de la población, incremento en la explotación de los acuíferos, la contaminación ambiental y el cambio climático.

La minería, por ejemplo, es una de las actividades que ha venido trabajando con normalidad en tiempos de pandemia y es la industria que consume más agua, afectando la disponibilidad y calidad de las principales cuencas hidrográficas del país.  El 49% del territorio ubicado en la cuenca hidrográfica del pacifico esta concesionada para la minería, dónde solo se tiene disponible el 1.8% del agua; es decir, la minería tiene el derecho de uso de agua con más de 423.19 millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa un riesgo para el acceso humano al agua, a la salud y a un ambiente sano (PRECIADO 2016).

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, los relaves mineros, así como los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación van en aumento y el calentamiento global, por los gases de efecto invernadero, derrite los glaciales que abastece de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

La agenda de los candidatos sobre proyectos mineros y los riesgos de afectación al agua

De los meses transcurridos del gobierno del presidente Sagasti, queda claro que no existe interés del gobierno, ni voluntad política de la mayoría de los actuales candidatos para proteger y conservar el agua; por el contrario se persiste en la imposición de proyectos mineros como el caso Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) o Río Blanco (Piura). Al respecto, el señor Hernando de Soto recientemente señaló que promoverá la marcha de 274 proyectos mineros, entre los cuales se encuentra el proyecto minero Conga en Cajamarca: No es problema 300 ó 400 ronderos para la policía peruana, meto 5,000 o 6,000 policías para desbloquear, porque primero es la minería”.

Como se recuerda, este conflicto ya dejó 5 muertos, cientos de heridos y detenidos para intentar imponer este proyecto. El dueño del proyecto Conga es la minera Yanacocha y contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las nacientes de las cuencas hidrográficas de Cajamarca y Celendín (Cajamarca). ​En el área de influencia del proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se perderían por este proyecto minero.

Caso similar ocurre con los otros candidatos que pretenden imponer proyectos mineros como el señor Lescano, que estaría interesado en retomar el proyecto minero Río Blanco  en la provincia de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura, donde el 95% de la población dijo NO a este proyecto porque afectaría sus páramos y bosque de neblinas, así como la agricultura local.

El Estado debe proteger las cabeceras de cuenca

Es preocupante que hasta la fecha el Estado a través de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) no haya mostrado voluntad política de proteger las cabeceras de cuenca. Han pasado cerca de cuatro años desde la aprobación de la ley 30640 para el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca[1]. La ANA tenía el encargo de establecer el Marco Metodológico en el plazo de un año, pero hasta la fecha no hay muchos avances. El Estado tiene la responsabilidad de proteger y velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos y no podemos seguir haciendo el uso inadecuado de los recursos hídricos priorizando solo las actividades extractivas o de las empresas agroexportadoras. Es indispensable una gestión óptima del derecho humano al agua y saneamiento para las poblaciones con participación activa de la ciudadana, que es muy distinto a los clientes que tienen las licencias de uso de agua.

Frente a ello, urge aprobar la ley de vigilantes y monitores ambientales en el Congreso de la República para la protección y cuidado del agua

La actual crisis ambiental que venimos atravesando por la acelerada degradación ambiental de nuestros territorios, el agua y los recursos naturales; hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Por ello, el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debe ser aprobado en el pleno de Congreso a fin de reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

 

[1] Ley Nro. 30640 fue promulgada el 15 de agosto del 2017