La situación para los habitantes de la antigua ciudad de Morococha se viene agravando a manos de la minera Chinalco y de efectivos de la PNP.

Tras las observaciones presentadas ante el SENACE el 27 de julio, al proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, MEIA, correspondiente al Proyecto de Expansión de la unidad Minera Toromocho; el último 12 de Septiembre, en horas de la madrugada, la empresa minera bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes.

Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso a los pobladores de Morococha; quienes, tras percatarse de lo ocurrido, decidieron organizarse para limpiar una pequeña parte. Sin embargo, efectivos de la PNP llegaron en vehículos para vigilar estas vías de acceso argumentando que se trataba de propiedad privada de la minera Chinalco.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos»

Caída la tarde, efectivos policiales de la localidad se hicieron presentes para interceder y tratar de resolver el problema, logrando el retiro de los volquetes y los otros efectivos policiales. Llegada la noche los pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia nocturna para impedir que durante la madrugada ocurran más bloqueos. Hasta la fecha no ha habido ningún apoyo efectivo por parte de la municipalidad de Morococha.

La situación de Morococha Antigua

Hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas que restan de la antigua ciudad de Morococha. Estas rechazan dejar su ciudad por motivos como la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad “Carhuacoto” a la que desplazaron a las otras familias. Se trata de familias que buscan un mejor acuerdo; sin embargo, la minera solo acepta negociar previa reubicación, algo que significa ceder antes de negociar.

Por ello, para los pobladores de Morococha Antigua, éste bloqueo de las vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco de deshacerse de estos últimos pobladores que rechazan reasentarse en Carhuacoto, conocido actualmente como la “Nueva ciudad de Morococha”, ciudad que en la práctica es considerada un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales para sus habitantes.

Según lo expresado por un poblador de Morococha Antigua, “la nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”.

Además de esta situación, estos últimos pobladores de Morococha no han sido evidenciados en el MEIA por lo que simplemente no existen frente a los ojos de la minera. Lo que constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios en un contexto de constantes embates de afectación social, cultural, económico y de contaminación ambiental.

Empresa Minera y vínculos con la PNP

Otro de los puntos clave es la relación entre la minera Chinalco y la Policia Nacional del Perú. Para los pobladores de Morococha Antigua, la empresa minera mantiene un convenio con la DINOES de la PNP. Dentro de este convenio se mencionan compromisos como el pago a efectivos policiales, seguros de vida y de riesgo, según lo expresado por los pobladores.

Bloqueo de vías de accesos

Hasta el día de hoy siguen bloqueados los accesos, solo han abierto una pequeña entrada para que puedan pasar. Una situación que limita el ingreso a las familias y que no se entiende por parte de los afectados, “esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, tras las observaciones que plantearon los dirigentes a la MEIA de Toromocho.

Hasta la fecha, dos caminos siguen bloqueados y se ha levantado un acta policial el día lunes sobre lo ocurrido el sábado 12. El alcalde ha manifestado que se envió un documento a la minera para proteger los derechos de los pobladores.

Para el abogado, el Dr. Carlos Castro, lo que busca la minera Chinalco es desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua que aún se encuentran amparados por el articulo 1 en la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.

“Se trata de dos realidades, una ficcional planteada por la minera Chinalco al no reconocer a estos pobladores dentro del MEIA y otra realidad palpable de ciudadanos peruanos que viven ahí y ven afectados sus derechos humanos”

El abandono por parte de las autoridades municipales, policiales y del estado se hace presente en plena pandemia y crisis política nacional.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE el 27 de julio:
En estos días de crisis política, hay crisis más profundas y estructurales que vivimos desde hace décadas y que nadie quiere ver y/o actuar; es el caso de las y los afectados por metales tóxicos en entornos mineros, que incluye a cientos de niños y niñas.
🔎📚 A propósito de este tema: este Jueves, se presentará el nuevo estudio internacional denominado: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco», a cargo de la «Institución italiana Source» y «Centro Labor de Pasco»
📌📝El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública, que tanto aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco y comunidades contiguas y da cuenta de importantes hallazgos que se compartirán en la presentación virtual.
📆 DIA: JUEVES 17 DE SETIEMBRE
⏰ HORA: 4 PM
📲 En vivo a través de:  www.facebook.com/redmuqui/
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.

 

Este martes 08 de septiembre, dirigentes de la provincia de Espinar se reunieron con representantes de la empresa minera Antapaccay, del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción para conversar sobre los avances de la aplicación del bono humanitario.

Tras la reunión, que duro más de dos horas, se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. La fecha establecida para la implementación del pago en su totalidad es el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso.

Dos empresas fueron las que participaron para hacerse cargo de la entrega del bono. Por un lado, Edenred con 253 mil soles en gastos operativos, contra los 80 mil soles de la empresa Carbured, que es lo que señalan les costaría implementar la entrega del bono. El Ministerio de Producción junto al MINEM eligieron a Edenred. Cabe señalar que la comisión establecida por la empresa privada será de 3.44%. El martes 15 de septiembre, el Comité de Gestión de Espinar se reunirá para evaluar el avance de las gestiones para la entrega del bono.

Sobre las otras agendas pendientes en Espinar

Sobre el proyecto Coroccohuayco, Freddy Llaique, vicepresidente del Comité de Lucha de Espinar sostuvo que lo que se viene pidiendo es la paralización del proyecto hasta que se cumpla toda la plataforma de lucha. A esto se sumó el pedido de otro dirigente quien indicó la necesidad de independizar el proyecto Coroccohuayco con el fin de establecer su propia mesa de diálogo y su convenio marco. En esa línea, Vidal Merma, presidente de la AUPE Espinar, mencionó la propuesta de que se instale cinco grupos de trabajo por tema, de manera independiente. 1) Personas afectadas con metales pesados 2) Derechos humanos y justicia 3) Contaminación ambiental 4) El corredor minero y 5) El proyecto Corocoohuayco. Todo ello con el objetivo de legitimar las mesas de diálogo con una resolución ministerial para que se asegure su cumplimiento. En respuesta, el ministro de Energía y Minas solicitó una propuesta consensuada entre las organizaciones sobre el pedido de ampliación de cinco mesas de trabajo por escrito.

La propuesta se oficializo por escrito el jueves 3 de septiembre finalizada la reunión y se envió el viernes 4 a través de la municipalidad de Espinar, el documento fue firmado por todos los dirigentes. Hasta la fecha no hay una respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Diálogo en vilo

El día de ayer, 09 de septiembre, los dirigentes de Espinar sostuvieron una reunión con representantes de la minera Antapaccay y del Ministerio de Energía y Minas para lograr la reformulación del Convenio Marco. La reunión se centró en la cláusula séptima de “Promoción de empleo y desarrollo de capacidades”.

Sobre ésta, los dirigentes de la provincia de Espinar solicitaron que la captación de personal no calificado, de manera indirecta, sea del 100% con la posibilidad de negociarlo hasta en un 80%. Sin embargo, la propuesta de la empresa minera es de un 45%.

En el caso de la captación de personal calificado de manera directa, los dirigentes de Espinar piden que sea del 50%, pero lo ofrecido por la empresa minera es solo del 20%.

Una reunión con demandas y propuestas que no llegaron a buen acuerdo y que tuvo momentos de tensión de ambas partes. Según lo manifestado por uno de los dirigentes, el MINEM y la minera están confabulados y parcializados. El día de ayer casi se rompe el dialogo porque la minera no acepta las propuestas de los dirigentes de la provincia de Espinar.

Por tal motivo, se estableció que el Ministerio de Energía y Minas se reúna de forma individual con los representantes de la minera y luego con los dirigentes de la provincia de Espinar con la finalidad de lograr un consenso de ambas partes. La reunión tiene como fecha establecida el 18 de septiembre.

Minera Antapaccay responsabiliza de aumento de contagios a dirigentes

Otro de los puntos que preocupan a la población de Espinar es el incremento de casos de contagios por Covid-19 y las carencias en el hospital provincial. Hasta el 1 de septiembre, según el reporte epidemiológico de la red de salud de Canas, Canchis y Espinar, se han confirmado 576 contagiados de coronavirus y 13 fallecidos en la provincia de Espinar.

Además, para una población de más de 69 mil habitantes, el hospital de Espinar solo cuenta con dos médicos, 4 enfermeras, dos técnicas de enfermería y una obstetra. A esto se suma la carencia de equipos para responder a la pandemia.

Frente a esta realidad, uno de los dirigentes de Espinar señaló que la minera Antapaccay ha lanzado un psicosocial asegurando que las protestas en Espinar han originado el aumento de casos por Covid-19. Sobre este hecho, manifestó que es falso ya que en otras provincias donde no ha habido protestas y hay más incidencia de casos. Además, de los más de 500 contagiados, más de la mitad pertenecen a la empresa minera Antapaccay, que desde un inicio presentó los primeros casos y estos fueron incrementándose debido a la falta de aplicación de protocolos de salud y seguridad para sus trabajadores, tomando decisiones al margen de la Dirección Regional de Salud de Cusco, precisó el dirigente.

Como se denunció desde Red Muqui, a inicios de la cuarentena, la empresa minera Antapaccay derivó a sus trabajadores contagiados a Arequipa sin coordinar con la DIRESA Cusco y la Red de Salud provincial.

Frente a este escenario, según lo manifestado por uno de los dirigentes de Espinar, el Convenio Marco ya ha invertido 2 millones de soles para combatir el Covid-19. Se ha estableció la compra de una ambulancia, 5 mil pruebas rápidas, camas, y otros equipos. Además, señaló que se ha aprobado la compra de una planta de oxígeno transportable.

Comisión investigadora sobre heridos de Espinar tras protestas

Finalmente, sobre los hechos ocurridos en las protestas donde hubieron heridos de bala, hasta la fecha se interpuso una denuncia, y se coordinó con el Congreso de la República para conformar una comisión investigadora; sin embargo, no hay mayor información sobre avance alguno, tanto en la denuncia, como en la acción del Congreso en la conformación de la Comisión. Hace un mes, el ahora ex ministro de Energía y Minas, Perez Montoya, cuando se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y de Defensa, declaró que actuaron de acuerdo al protocolo policial.

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente, el economista y profesor de la Universidad de la Pacífico (Lima), Bruno Seminario, ha hecho una serie de declaraciones al portal periodístico Ojo Público sobre los impactos de la pandemia en la economía y los desafíos que se vienen para los próximos años en nuestro país. En esta entrevista, el economista Seminario hace una afirmación que está pasando desapercibida en nuestra crítica coyuntura política y que merece ser discutido. Él ha manifestado, entre otras cosas, que esta pandemia va cerrar el período neoliberal: “Capaz diez años antes de lo que yo lo había anticipado. El período que se viene en el Perú ya no será el de un período neoliberal…” Y esto, por supuesto, tiene que ver con las reformas estructurales que se tienen que hacer en nuestro país, desde modificar la dependencia en la explotación de materia prima, hasta las reformas integrales en la salud, sistema de pensiones, lucha contra la corrupción, entre otras reformas. No tomar en cuenta estos aspectos para el debate en las próximas elecciones será volver a lo mismo de siempre.

Y justamente hablando de reformas, el gremio empresarial más importante del país como es la CONFIEP, al parecer, no comulga con estos cambios; por el contrario, sus agendas son más de lo mismo. Esta semana han presentado al gobierno nacional su “Agenda de Reactivación 2020”. Según ha señalado su presidenta María Isabel León, es para “recobrar los empleos perdidos y estimular la inversión pública y privada en sincronía con el cuidado de la salud y el respeto de los derechos humanos”. Cuando lo que se plantea en el documento es reiterativo, se busca reducir plazos y trámites, se quiere flexibilizar aún más los derechos laborales y humanos y, sobre todo, buscan garantizar sus ganancias en medio de la pandemia. Y como si esto no fuera poco, la CONFIEP había señalado que se deben reabrir los vuelos internacionales y, al día siguiente ,el ministro de Transportes y Comunicaciones anunció que desde el 01 de octubre se van a retomar los vuelos, un mensaje más que elocuente para saber quiénes están tomando las decisiones en el gobierno.

De otro lado, el nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, esta semana ha confirmado que la cartera estimada de inversión en proyectos mineros y en fase de construcción de minas se mantiene y que “dentro de los 48 proyectos en cartera (de construcción de mina), hay 19 con el EIA aprobado, cuatro de ellos están en ejecución y dos requieren un mayor trabajo con las comunidades para lograr una aceptación social”, y concluye que de este grupo de proyectos mineros su despacho se enfocará en sacar adelante 13 proyectos. Si bien el nuevo ministro ha tenido una actitud diferente para abordar la gestión de los conflictos sociales en zonas mineras, como es el caso de Espinar, ello no es garantía de que los cuestionamientos y los conflictos sociales se suspendan en este sector, sobre todo cuando se viene implementando una serie de medidas normativas que busca agilizar los procedimientos mineros, limitar la participación ciudadana, y relajar la protección ambiental, entre otras modificaciones.

Desde Red Muqui creemos que se debe empezar a discutir los cambios y las reformas necesarias en el sector minero, no solo en este contexto de la pandemia, sino en el marco de las reformas integrales que se deben discutir en nuestro país de cara al bicentenario y las próximas elecciones nacionales y congresales del 2021.

En mayo se aprobó el DL 1500, que establece “medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada ante el impacto del COVID-19”. En su artículo 6 habilitó la virtualización de los procesos de participación ciudadana para la elaboración de los IGA, la evaluación ambiental y la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente, estas disposiciones están siendo aplicadas por SENACE para la evaluación y aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho en Junín de la empresa minera Chinalco y para la elaboración de la tercera MEIA del proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay en Cuzco, así lo reportó la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ambos proyectos son de gran minería y las MEIA plantean incorporar grandes modificaciones a los componentes de los proyectos mineros, lo cual implica impactos ambientales significativos en estos territorios.

Desde Red Muqui consideramos que la virtualización de la participación ciudadana, debido al Estado de Emergencia Nacional en la que nos encontramos a causa de pandemia originada por el COVID-19, no garantiza un adecuado acceso a la información y una participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental, tal como lo señala el artículo III del Título Preliminar dela Ley General del Ambiente:

“Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concertar con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental”.

Las condiciones establecidas en el artículo 6° del Decreto legislativo N° 1500 no contienen criterios específicos que den mayores garantías al proceso de participación ciudadana, especialmente en estos proyectos mineros que tienen considerables impactos:

  1. Sobre las características de los proyectos: se trata de modificaciones de impactos significativos de los componentes del EIA originario. Se generarán impactos acumulativos en el territorio por la envergadura de los proyectos; y la información que se debe entregar a la población y comunidades es compleja y de características técnicas, por lo cual es de suma importancia que sea idónea y adecuadamente comunicada. Las comunidades debe tener la oportunidad para realizar preguntas y observaciones bajo el principio de diálogo intercultural de forma continua.
  2. Sobre las características y condiciones de la población: las poblaciones que viven en la zona son calificadas como sectores de pobreza y pobreza extrema, por lo cual no todos cuentan con los medios virtuales de conectividad necesarios para poder ejercer adecuadamente su derecho a la participación ciudadana y acceder a las Oficinas de Información Permanente Virtual. La participación ciudadana ambiental debe ser un proceso donde se tenga en cuenta los pilares de la inclusión, transparencia, accesibilidad, idoneidad y pertinencia cultural.
  3. Sobre los derechos de los pueblos indígenas: tanto en las zonas afectadas por estos proyectos mineros en Cusco como en Junín, se encuentran comunidades campesinas para las cuales se debe aplicar normativa de especial protección. En el marco del respeto a los derechos delos PPII, el Estado peruano debe garantizar el diálogo intercultural y se debe tener su cultura y las formas tradicionales de participación, deliberación y toma de decisiones. Los mecanismos virtuales no forman parte de los usos y costumbres en las comunidades.

En el caso de Toromocho se han presentado observaciones a la MEIA ante el SENACE. Una de las principales es referida a la virtualización de la participación ciudadana ambiental; sin embargo, SENACE ampara en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores.

Actualmente la ciudad de Morococha se encuentra sin energía eléctrica, de acuerdo a declaraciones del presidente del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha, Elvis Fuster. Quien, además, declaró que la población de la ciudad y comunidades de Morococha y Yauli no están familiarizados con el uso de medios virtuales.

 

El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

A través de un pronunciamiento, la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca- Sede Hualcuy  y el Colectivo por Ayabaca denunciaron que hace unos días personas vinculadas al consorcio minero Río Blanco, con complicidad de los militares: “tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas”.

Compartimos el pronunciamiento:

La Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se dirigen a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Que, en medio de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, el impositivo, necio y grotesco consorcio minero Río Blanco con el aval del gobierno actual y algunas malas autoridades regionales y locales, insisten en seguir enfrentando a comuneros, corrompiendo y dividiendo a hermanos de las comunidades campesinas, a fin de pretender, por la fuerza y la violencia, explotar y contaminar nuestras tierras comunales.

  1. Que le reiteramos una vez más al consorcio minero y a su aval estatal, que desde el 2007, en una histórica, masiva y democrática consulta vecinal, miles de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, DECIDIERON SU PROPIO MODELO DE DESARROLLO, basado en la agricultura, ganadería, comercio y turismo, teniendo como sustento esencial y vital, el agua limpia que bajan de las cabeceras de cuencas hasta la región Piura. Por lo tanto, jamás aceptaremos minería en nuestros territorios. El agua limpia nunca se contaminará por relaves ni pasivos ambientales.
  2. Que no nos cansaremos de sustentar y sostener que en Ayabaca y Huancabamba, no es ni será viable la minería, porque además de contaminar agua, aire y suelo, esta actividad, genera violencia entre comuneros, corrupción a todo nivel por el dinero fácil y mal venido. No queremos más enfrentamientos entre hermanos.
  3. Asimismo denunciamos los recientes hechos de violencia, propiciados por este consorcio minero Río Blanco y la complicidad de malas autoridades del ejército por violentar los portones de la Comunidad de Andurco, que históricamente son instrumentos de control y seguridad ronderil. Hace pocos días estas dañinas personas tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas.
  4. Denunciamos públicamente estos hechos de violencia y rechazamos toda forma de agresión en nuestras comunidades.
  5. Hacemos un llamado a todos los comités de Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba a estar atentos y vigilantes ante cualquier imposición del consorcio minero y rechazar pacífica y democráticamente cualquier intento de violencia y contaminación de nuestros territorios.

Fuera Río Blanco de Ayabaca y Huancabamba!!!

Agro sí, mina no!!

Solo con la lucha al pueblo se le escucha!!!

Ayabaca 26 de agosto de 2020.

Central de Rondas de Ayavaca – Hualcuy     Colectivo por Ayavaca.

 

 

El sábado 22 de agosto, comuneros del sector denominado Pichiullay informaron al alcalde distrital de Omacha, Alex Taylor, que la coloración del río Velille había cambiado drásticamente hacia un color verdoso. Al día siguiente, el alcalde, coordinando con efectivos de la Comisaría de Accha y el puesto de Salud de Huasquillay, se acercaron a la zona para constatar la contaminación del río y solicitaron la presencia y análisis del agua al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y notificaron del hecho a la Fiscalía de Prevención del Delito y al Ministerio de Energía y Minas.

El agua del río Velille es usada para regar los campos de cultivo y sirve como fuente de agua para los animales y personas de las comunidades aledañas al río. 2 distritos usan el agua, Omacha y Accha de la provincia de Paruro.

La alcaldesa del distrito de Accha, Marina Núñez Loaiza, también señaló que notificó del hecho a las autoridades correspondientes “para hacer saber por este abuso a un río puro y limpio”.

En comunicación con el alcalde de Omacha, Alex Taylor, señaló a Red Muqui que la OEFA anunció que el día de hoy, jueves 27 de agosto, enviaría los resultados del análisis del agua y las causas que habrían generado la contaminación del río.

Precisó que debido a la pandemia los laboratorios que antes podían disponer al coordinar con la Dirección Regional de Energía y Minas y la DIRESA Cusco, hoy no están operativos.

El alcalde precisó que la contaminación posiblemente se deba al desecho de relaves mineros. Informó que en la zona alta hay actividad de mineros artesanales y de la empresa minera transnacional Hudbay.

OEFA

Como se recuerda el Decreto Legislativo 1500 aprobado en mayo, que implica a la OEFA, exonera de reportes de monitoreo ambiental a las empresas mineras y aplaza las multas que las empresas mineras puedan tener producto de infracciones ambientales.