Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Ingresamos a la recta final de las elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril, los candidatos/as a la presidencia de la República ahora transitan entre debates virtuales y campañas presenciales en diferentes ciudades del país, como ya lo dijimos estamos en una campaña electoral atípica y las preferencias del electorado hasta el momento no son concluyentes. El domingo pasado hemos presenciado un primer debate televisado con los candidatos que encabezan las encuestas. Nos parece importante que se promuevan este tipo de espacios, ya que permite conocer las propuestas y planes de gobierno que tienen los candidatos sobre la lucha contra la pandemia, la corrupción, la crisis económica, entre otros. La próxima semana se realizará uno de los últimos debates televisados, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde estarán la mayoría de los candidatos/as presidenciales; esperemos que este debate ayude a la población a realizar un voto informado.

En ese marco, esta semana hemos conmemorado el “Dia Mundial del Agua” y hemos visto algunos foros y debates con los candidatos/as a la presidencia que han hablado sobre el tema del agua. Desde Red Muqui hemos hecho una rápida revisión de los planes de gobierno para ver si efectivamente hay planteamientos concretos para el uso y gestión sostenible del agua en nuestro país. Si bien la mayoría de candidatos plantean algunas acciones puntuales, no hay propuestas integrales para garantizar el uso y protección de nuestro recurso hídrico. Desde la red nos parece clave fortalecer la institucionalidad ambiental estatal y comunal, proteger las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles, fortalecer la vigilancia y monitoreo comunitario del agua, entre otros. Si bien algunos de estos temas se vienen discutiendo en el Congreso actual como la aprobación de la ley de vigilantes y monitores ambientales comunitarios, todavía no están aprobadas. Sin duda hay mucho por hacer para proteger el agua en nuestro país.

Finalmente, desde Red Muqui venimos organizando para el próximo martes 30 de marzo el Debate Electoral: “Construyendo alternativas frente a la expansión minera”, varios partidos y candidatos han mencionado en sus mensajes y planes de gobierno temas vinculados a la agenda de derechos en contextos mineros. Sin embargo, sus propuestas no están debidamente desarrolladas y sustentadas, por ello hemos invitado a los candidatos/as a la vicepresidencia de cinco partidos políticos para que nos expongan su posición respecto a la Agenda Muqui 2021. Son varios los ejes temáticos que contiene la agenda Muqui, entre ellos los conflictos sociales y la criminalización de los defensores, la salud ambiental y humana en contextos mineros, la consulta previa y la participación ciudadana, las alternativas al desarrollo y la diversificación económica. Así que esperamos escuchar las propuestas de estos partidos en relación a estas agendas que plantemos desde Red Muqui, la cita es este martes 30 de marzo a partir de a las 11:00 AM; los esperamos.

Por Edwin Alejandro Berrospi – Área Socioambiental de la Red Muqui

El Perú es uno de los países más ricos del mundo en agua; sin embargo, la costa que concentra más del 70% de la población solo cuenta con el 1.8% del agua que se produce en manantiales, puquios, bofedales, páramos, lagunas y otros ecosistemas. La ciudad de Lima es la más vulnerable porque la cuenca del río Rímac, del cual se abastece, es la más contaminada por los impactos ambientales de las actividades humanas, así como de la minería que ponen en grave riesgo la vida de la población de Lima.

El agua es un bien esencial para la vida del planeta y en tiempos de propagación de la pandemia, el acceso al agua se vuelve aún más crucial para la prevención de enfermedades y la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, más de 7 millones de peruanos (22.76% de la población) no tiene acceso al agua potable y, por lo tanto, no disponen de agua de calidad para el consumo humano. En los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de este recurso debido al crecimiento acelerado de la población, incremento en la explotación de los acuíferos, la contaminación ambiental y el cambio climático.

La minería, por ejemplo, es una de las actividades que ha venido trabajando con normalidad en tiempos de pandemia y es la industria que consume más agua, afectando la disponibilidad y calidad de las principales cuencas hidrográficas del país.  El 49% del territorio ubicado en la cuenca hidrográfica del pacifico esta concesionada para la minería, dónde solo se tiene disponible el 1.8% del agua; es decir, la minería tiene el derecho de uso de agua con más de 423.19 millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa un riesgo para el acceso humano al agua, a la salud y a un ambiente sano (PRECIADO 2016).

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, los relaves mineros, así como los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación van en aumento y el calentamiento global, por los gases de efecto invernadero, derrite los glaciales que abastece de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

La agenda de los candidatos sobre proyectos mineros y los riesgos de afectación al agua

De los meses transcurridos del gobierno del presidente Sagasti, queda claro que no existe interés del gobierno, ni voluntad política de la mayoría de los actuales candidatos para proteger y conservar el agua; por el contrario se persiste en la imposición de proyectos mineros como el caso Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) o Río Blanco (Piura). Al respecto, el señor Hernando de Soto recientemente señaló que promoverá la marcha de 274 proyectos mineros, entre los cuales se encuentra el proyecto minero Conga en Cajamarca: No es problema 300 ó 400 ronderos para la policía peruana, meto 5,000 o 6,000 policías para desbloquear, porque primero es la minería”.

Como se recuerda, este conflicto ya dejó 5 muertos, cientos de heridos y detenidos para intentar imponer este proyecto. El dueño del proyecto Conga es la minera Yanacocha y contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las nacientes de las cuencas hidrográficas de Cajamarca y Celendín (Cajamarca). ​En el área de influencia del proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se perderían por este proyecto minero.

Caso similar ocurre con los otros candidatos que pretenden imponer proyectos mineros como el señor Lescano, que estaría interesado en retomar el proyecto minero Río Blanco  en la provincia de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura, donde el 95% de la población dijo NO a este proyecto porque afectaría sus páramos y bosque de neblinas, así como la agricultura local.

El Estado debe proteger las cabeceras de cuenca

Es preocupante que hasta la fecha el Estado a través de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) no haya mostrado voluntad política de proteger las cabeceras de cuenca. Han pasado cerca de cuatro años desde la aprobación de la ley 30640 para el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca[1]. La ANA tenía el encargo de establecer el Marco Metodológico en el plazo de un año, pero hasta la fecha no hay muchos avances. El Estado tiene la responsabilidad de proteger y velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos y no podemos seguir haciendo el uso inadecuado de los recursos hídricos priorizando solo las actividades extractivas o de las empresas agroexportadoras. Es indispensable una gestión óptima del derecho humano al agua y saneamiento para las poblaciones con participación activa de la ciudadana, que es muy distinto a los clientes que tienen las licencias de uso de agua.

Frente a ello, urge aprobar la ley de vigilantes y monitores ambientales en el Congreso de la República para la protección y cuidado del agua

La actual crisis ambiental que venimos atravesando por la acelerada degradación ambiental de nuestros territorios, el agua y los recursos naturales; hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Por ello, el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debe ser aprobado en el pleno de Congreso a fin de reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

 

[1] Ley Nro. 30640 fue promulgada el 15 de agosto del 2017

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Una de las noticias más importantes de la semana es sin duda el paro de transportistas a nivel nacional, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, integrado por empresas de transporte de pasajeros y carga de mercancías han señalado que sus demandas son por el alza del combustible, del gas, incremento de los costos de los peajes, la autorización de transporte informal de autos; así como la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC), el cobro de peajes en obras inconclusas, entre otros. Luego de varios intentos de diálogo con el Ejecutivo no se han logrado tener acuerdos, la paralización se mantiene y como es evidente empieza a afectar el transporte de productos de primera necesidad en el país, entre otras cosas. Lo cierto es que las demandas de los transportistas son más que justas y se tiene que encontrar una salida dialogada.

A la par de estas paralizaciones en el país, cada semana ingresamos a la recta final de las elecciones presidenciales y congresales, la mayoría de encuestas refleja la apatía y la indecisión de los votantes para estas elecciones, ningún candidato tiene un alto porcentaje de intención de voto y es probable que los candidatos que pasen a segunda vuelta lo hagan con poco margen. La ciudadanía no solo tiene apatía por estas elecciones y las candidaturas, en general hay una decepción y rechazo por nuestra clase política, por las constantes denuncias de corrupción en los que están envueltos la mayoría de ellos; el caso de Vizcarra termina siendo más de lo mismo: el presidente “pechador” de la corrupción ahora afronta un proceso judicial por casos de corrupción en Moquegua, además de las denuncias de aprovechamiento en las vacunas de Sinopharm. Sumado a ello está la actuación del Congreso que constantemente busca petardear algún atisbo de estabilidad en el país en medio de esta pandemia.

Finalmente, en medio de este contexto inestable e incierto en términos políticos y sanitarios desde la Red Muqui venimos impulsando una campaña denominada Agenda Muqui 2021: Construyendo Alternativas frente a la expansión minera. La Agenda Muqui es fruto de un proceso continuo de debate y reflexión por parte de los miembros de la red, así como de las organizaciones sociales, poblaciones y comunidades afectadas por la minería en el país. La campaña busca ampliar y profundizar la discusión sobre los temas propuestos por Red Muqui en relación a la agenda minera, para aportar en la formación de una ciudadanía informada y participativa, de cara a las elecciones presidenciales y congresales y al nuevo gobierno que asumirá funciones en julio del 2021. Por ello desde Red Muqui les invitamos a sumarse a la campaña, cada semana estaremos compatiendo información nueva a través de nuestras redes y canales de comunicación. Acabamos de lanzar la página de la campaña: www.agendamuqui2021.org en que ya pueden descargar varios productos comunicativos y la agenda programática.

En el marco de la Jornada Global de Acción Climática, hoy 19 de marzo diversas organizaciones realizarán un conjunto de acciones públicas bajo el lema: “No más falsas soluciones”, exigiendo a las autoridades y actores políticos que afronten en toda su dimensión los desafíos climáticos y ambientales.

En medio de una campaña electoral por elegir un nuevo presidente en el Perú, es tiempo que los líderes políticos se tomen en serio el cambio climático; el cual se ve acelerado por la demanda de recursos naturales y la competencia empresarial por extraerlos ha provocado daños sociales y ambientales irreparables en el país.

Las acciones, desarrolladas desde tempranas horas de la mañana, incluyen banderolazos frente a Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, un “tuitazo” que se realizará desde las 2:00 pm, así como una “huelga digital” a lo largo del día. En este enlace se puede acceder a una guía y recursos para participar de estas actividades digitales: http://bit.ly/38UtcTz

Además, se presentará el Pacto Ecosocial, un documento suscrito por decenas de organizaciones, con un conjunto de planteamientos para enfrentar la emergencia ecológica y transformar nuestra relación con la Naturaleza. La presentación del documento tendrá lugar en un evento virtual a las 6:00 PM que contará con los comentarios de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y uno de los promotores del Pacto Ecosocial del Sur (https://pactoecosocialdelsur.com/); Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP); Lourdes Huanca, representante de la organización de mujeres indígenas Fenmucarinap; y Kiara Ordóñez en representación del movimiento juvenil Viernes por el Futuro.

El Pacto Ecosocial, que se lanzará oficialmente el día de hoy, se busca que sea suscrito en los días siguientes por candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y al Congreso, a fin de que estos se comprometan con acciones reales frente a la emergencia ecológica y climática.

Entre los puntos incluidos en el Pacto Ecosocial, se encuentran:

• Declarar al Perú en Emergencia Climática, reconociendo así la urgencia de incrementar radicalmente nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) al 2030 en materia de energía, transportes, industrias, protección de nuestros bosques y el agua, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.
• Reorientar la reactivación económica con un enfoque de economía ecológica, social, solidaria y popular hacia una transformación socioecológica favoreciendo el desarrollo de economías descentralizadas.
• Reconocer los derechos de la Naturaleza en la Constitución política del Perú.
• Garantizar el derecho al agua segura, con una gestión integrada y sustentable.
• Transformación Energética Justa al 2030, con una política energética basada en un Sistema de Planificación e Información Energética enfocada en reemplazar progresivamente la matriz basada en combustibles fósiles por energías renovables.
• Política de protección integral para los y las defensoras ambientales.
• Ratificar el Acuerdo de Escazú, instrumento que obliga a incorporar políticas públicas para los derechos de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores ambientales.
• Reconocimiento de la autodeterminación de nuestros pueblos originarios en el marco de la gestión pública, articulando los planes de vida comunales con la planificación pública desde un enfoque de territorio integral.
• Reforma institucional integral descentralizada y articulada a la planificación del desarrollo local y regional y a la política de ordenamiento territorial.

El documento completo del Pacto Ecosocial se encuentra disponible en este enlace.

Cabe destacar que el Pacto fue presentado ante los candidatos y candidatas que participaron en el primer Debate Presidencial Ambiental, que se llevó a cabo el viernes 12 de marzo (el video del debate puede encontrarse en este enlace: https://youtu.be/gJK_O6ceSFI).

CooperAcción participa de esta iniciativa colectiva junto con más de 20 organizaciones entre las que se encuentran AIDESEP, Viernes por el Futuro – Perú, Cuencas Sagradas, FENMUCARINAP, CNA, Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, TierrActiva Perú, Alsakuy, Consorcio Agroecológico, Red Muqui, DAR, Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales – IRI Perú, SOA, Servindi, Día Cero Perú, JPCC, Foro Ciudades para la Vida, RAE Perú, Maqay, Centro de Estudios Humanistas «Nueva Civilización, Instituto Natura, Mocicc, Movimiento Católico por el Clima Perú, Red Peruana de Juventudes y Biodiversidad, y Econcientízate.

 

 

 

 

Por : Área de incidencia político-legal/Red Muqui

En medio de la grave crisis económica y sanitaria que vive el país, desde diversos sectores de la ciudadanía y de distintos partidos políticos vienen planteando la necesidad de tener una Asamblea Constituyente para redactar una “Nueva Constitución”. Como sabemos, en la actual Constitución de 1993 se establece el modelo de “economía social de mercado” que en los últimos años no ha logrado garantizar el bienestar y los derechos sociales de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. En el centro del debate se pone la débil eficacia que ha tenido el Estado para garantizar el territorio, ambiente, agua, salud y trabajo.  Es evidente que no solo basta proponer una “Nueva Constitución”, sino que es necesario saber cuál va a ser el contenido y las garantías de derechos humanos que pueda tener esta Carta Magna.  Por ello consideramos importante avanzar hacia la discusión de una Nueva Ley General de Minería que sea garantía de derechos económicos sociales, culturales y ambientales, que garantice la participación ciudadana y respeto a los pueblos indígenas.

El actual Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM en junio de1992, y una de sus principales características es que promueve la gestión privatista de las concesiones mineras y los recursos naturales mineros en el territorio nacional y a la vez impulsa la transnacionalización de la economía. Si bien el sistema actual de otorgamiento de concesiones mineras se generó en 1978, se consolidó en la década de 1990 con la Ley General de Minería; y, es la base del actual sistema de gestión del territorio a nivel nacional, que está a cargo del INGEMMET y el gobierno central mediante el Ministerio de Energía y Minas.

En 2012 en el marco del artículo 67° de la Constitución Política del Perú, se aprobó la Ley N° 26821- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. En esta ley se desarrolla la definición de los “recursos naturales” y se determina la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) como instrumento de Ordenamiento Territorial (OT). Actualmente los procesos de ordenamiento territorial han quedado sin fuerza vinculante en tanto el Ministerio del Ambiente no cuenta con la rectoría necesaria para liderar estos procesos. Esto terminó de definirse en junio del 2020, cuando el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30230; el artículo 22 de esta Ley no reconoce como vinculante el OT; es decir, los OT y ZEE no podrán definir de manera exclusiva el uso de determinado territorio para un fin.

Sumado a esto, en julio de 2020, el Ministerio de Energía y Minas emitió el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros mediante Decreto Supremo N° 020-2020-EM. El Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros (NRPM) unifica la normativa vigente sobre los procedimientos establecidos en el TUO Ley General de Minería para estandarizar los procedimientos mineros, así también tiene como objetivo la simplificación administrativa de estos procedimientos[1]. Con la emisión de este nuevo reglamento en plena pandemia y crisis económica se consolida la gestión privatista y centralista de las concesiones mineras y los recursos naturales mineros en el país. El Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros consolida un largo ciclo gestión de los recursos naturales en el país caracterizado por la ausencia de participación de los gobiernos sub-nacionales para la gestión de proyectos de gran minería y el debilitamiento de mecanismo como el de Consulta Previa para pueblos indígenas, la participación ciudadana ambiental en los procesos de certificación y fiscalización ambiental, así como la desprotección de ecosistemas frágiles.

Por ello, en el marco de las elecciones generales en el país, desde Red Muqui revisamos los planes de gobierno de diferentes partidos políticos para evaluar sus propuestas respecto a la gestión de los recursos naturales, consulta previa, ordenamiento territorial, protección del ambiente entre otros temas relacionados a la Ley General de Minería. Nos remitimos a los planes de Gobierno de cuatro partidos políticos: Acción Popular (AP), Juntos por el Perú (JP), Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular (FP).

Haciendo una revisión de los planes de gobierno de los partidos políticos de “derecha” en materia de OT y territorio proponen lo siguiente: el partido Acción Popular señala que el aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse de modo racional y sostenible, generando una sostenibilidad económica, ambiental y social en beneficio de todos los peruanos; y fusionar ministerios como el de Vivienda y Ambiente; básicamente un enfoque desarrollo urbano. Renovación Popular no presenta propuesta en materia de OT, territorio o concesiones, centrándose principalmente en la modernización tecnológica de los proyectos mineros para reducir los impactos. Por otro lado, Fuerza Popular tiene propuestas sobre OT que se centran en poder fortalecer a los gobiernos locales para mejorar sus planes de desarrollo urbano con participación ciudadana, en lo referido a la actividad minera propone fortalecer los procesos de diálogo entre empresas y comunidades, fortalecer la capacidad del personal del ministerio de Energía y Minas y del Ambiente para la evolución y fiscalización ambiental. Sin embargo, ninguno de los tres partidos de derecha tiene propuestas concretas para garantizar el derecho a la consulta previa delos pueblos indígenas. La consulta previa es clave para dotar de contenido a los procesos de OT; la incorrecta aplicación de la consulta previa es una de las principales causas de conflictividad social en zonas mineras. Estos partidos tampoco muestran propuestas claras para la protección del ambiente y los ecosistemas, y la participación ciudadana ambiental, siendo la actividad minera una actividad que genera altos impactos sobre todo en los ecosistemas hídricos.

Por su parte, el partido de “izquierda” Juntos por el Perú muestra mayor claridad en sus propuestas sobre Pueblos Indígenas y protección del Ambiente: proponen la promoción de la protección de los ecosistemas a través de planes de ordenamiento, titulación de los territorios de los pueblos indígenas, e implementar los procesos de Zonificación Ecológica y Económica y OT de manera descentralizada. Adicionalmente a esto, Juntos por el Perú es el único partido que plantea reformas legislativas para mejorar las distribuciones de ingresos provenientes de la minería. Si bien no plantea abiertamente la necesidad de obtener una Nueva Ley General de Minería, es evidente que la propuesta del plan de gobierno que garantiza con mayor claridad y coherencia los derechos territoriales de pueblos indígenas y el ambiente que son la base para la desprivatización de la gestión de las concesiones mineras y la gestión de recursos naturales que se instauró desde la Constitución de 1993.

 

[1] Análisis: Nuevo Reglamento de Procedimientos mineros profundiza gestión privatista y centralista de las concesiones mineras. https://muqui.org/noticias/analisis-nuevo-reglamento-de-procedimientos-mineros-profundiza-gestion-privatista-y-centralista-de-las-concesiones-mineras/

Mediante un comunicado emitido el 3 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa señaló que la Primera Sala Penal de Apelaciones concedió los recursos de apelación de los dos dirigentes del valle de Tambo: Jesús Mariano Cornejo y Jaime de la Cruz, que fueron condenados a prisión por supuestos delitos cometidos en las protestas contra el proyecto minero Tía María el año 2015. Asimismo, la Corte también concedió el recurso de apelación a la Fiscalía, que apeló contra la sentencia de absolución de 11 dirigentes sociales en primera instancia, que son parte del mismo juicio.

Para el abogado David Velasco, en el caso de los dirigentes Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, se ha concedido la apelación por la sencilla razón que se ha fundamentado debidamente la defensa de los dos defensores condenados. «La sentencia no se ajusta a la verdad de las cosas y no se fundamenta en el derecho. Han sido injustamente condenados por supuestos hechos que no han cometido. Consideramos que la instancia superior debe recovar esa sentencia condenatoria y cambiarla por sentencia absolutoria.
En el caso de la apelación de la Fiscalía, tenemos la plena confianza de que en esta segunda instancia se ratifique la sentencia absolutoria a los 11 agricultores, porque asumimos su defensa legal en el juicio y los delitos con que se les acusan no han sido probados. Son personas inocentes y fueron sometidas a juicio injustamente. En el caso de la Fiscalía no estamos de acuerdo con la fundamentación. Nos van a notificar, nos harán conocer los términos de la apelación, lo contestaremos por escrito y contestaremos oralmente el día de la audiencia de la apelación»

Finalmente, si en segunda instancia absuelven a los 2 dirigentes: Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, y ratifican la sentencia absolutoria de los 11 agricultores, la Fiscalía podría plantear un recurso de casación, alegando que no han sido debidamente absueltos. La Corte Suprema tendría la palabra final.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Y cerramos nuevamente una semana con un escenario de incertidumbre. Al cierre de esta edición, en el Congreso de la República se había presentado una moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti, debido a las declaraciones de la ex ministra de relaciones exteriores Elizabeth Astete, quien manifestó que el presidente Sagasti conocía, e inclusive habría autorizado, su vacunación. A menos de un mes de las elecciones presidenciales y en pleno pico de la pandemia, no sorprende que los congresistas golpistas intenten nuevamente hacerse del poder. Esperemos que esa moción no prospere, y que si hay algo que tenga que responder el presidente Sagasti lo haga en el marco de una investigación transparente y objetiva.

Hablando de las elecciones presidenciales y congresales, esta semana hemos ingresado ya a una campaña más agresiva y con discursos de todo tipo, sobre todo los relacionados a proyectos mineros cuestionados y rechazados por la población. Quisiéramos remarcar las declaraciones de Yonhy Lescano, quien ha señalado que en un posible gobierno suyo el proyecto minero Río Blanco en Piura sería retomado. Llama la atención que un candidato que dice defender el agua y a las comunidades haga tales anuncios, ya que este proyecto es rechazado por la mayoría de la población de Ayabaca y Huancabamba. De otro lado, candidatos como Cesar Acuña y Julio Guzmán han mencionado que el caso del proyecto Tía María en Arequipa sería consultado a la población si ganaran las elecciones presidenciales ¿Desconocen que este proyecto ya fue consultado y que la mayoría de la población se opone en el Valle de Tambo? No solo no tiene licencia social, si no que técnicamente el proyecto es inviable por los impactos ambientales y la contaminación al agua que se ocasionaría en la zona.

Por otra parte, una noticia no menos importante es la que viene del Congreso de la República, donde un grupo de parlamentarios liderados por el congresista Betto Barrionuevo (Descentralización Democrática) ha presentado un proyecto de ley que dispone la fusión de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Sus argumentos son “reducir los recursos” en los ministerios, debido a la crisis económica generada por la pandemia.

Desde Red Muqui nos parece lamentable que algunos congresistas busquen debilitar y en la práctica desaparecer la protección del medio ambiente en nuestro país. Ya de por si tenemos una débil institucionalidad ambiental y se busca retroceder aun más con este tipo de iniciativas. La pandemia de la Covid-19 nos está demostrando que debemos cambiar nuestros estilos de vida y que urge garantizar más que nunca la protección de nuestro medio ambiente. En vez de ir por esa ruta, tal parece que estamos yendo por el camino contrario.

En medio de una de crisis sanitaria que recorre el mundo, zoonosis de por medio, se han estado llevando a cabo procesos electorales en varios países, el más reciente tiene como escenario nuestro país y aunque pueda parecer que nuestra situación es excepcional por estar inmersos a su vez en una crisis política que se ha ido agudizando en estos últimos años, esto más bien ha sido una constante en el mundo y en nuestro continente.

En ese marco ¿qué es lo que nos pueden decir las y los políticos?, ¿cuál es la promesa central con el que piden ser elegidos?, ¿cuáles son los escenarios que se prefiguran en medio de la pandemia?; responder estas preguntas a través de la revisión de los planes de gobierno de 10 candidatos (donde existe un puntero con un exiguo porcentaje de intención de voto y casi un empate técnico entre los siguientes) es casi una tarea en vano.

Hay candidatos como Jhony Lescano, que sostiene que fue él quien redactó las 26 hojas de su plan de gobierno con ayuda de sus candidatos a las vicepresidencias (dejando entrever que en su partido están tan divididos que no hay un plan colectivo) u otros como Hernando De Soto, quien afirma que el plan de gobierno presentado por su agrupación política no está actualizado, pues sería uno presentado para las elecciones congresales del 2020, cuando él ni siquiera había definido su candidatura.

Junto a esta precariedad está el JNE, que exige un formato para la entrega de los planes de gobierno donde en teoría se deberían responder a las siguientes preguntas: ¿qué problemas han identificado?, ¿qué van a hacer?, ¿cómo lo van a lograr?, ¿en cuánto tiempo? Pero que las organizaciones políticas en su gran mayoría no cumplen, disfrazando su inoperancia con palabrería que intenta ser técnica, pero que confunde. Peleando con aquel raro elector, ávido de conocer las propuestas para poder elegir de manera informada a sus representantes políticos.

Por otro lado, concentrándonos ya en los planes de gobierno como tal, abundan las generalidades, las propuestas que ya existen, pero que los candidatos no se enteran; abunda también la poca claridad con la que se aborda las soluciones a los problemas identificados por ellos mismos. Y una preocupante devoción por afirmar una lucha contra la “tramitología” sobre todo en el sector minero, para lo cual abrirían una “ventanilla única minera” como plantea el señor Forsyth o simplemente aumentarían más personal para el MINAM y el MINEM y así “revisar la normativa vigente y confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector” como lo menciona la candidata Fujimori, insinuando quizá que la normativa en torno a minería en nuestro país anda un poco fuera de la realidad extractivista soñada por muchos. Al candidato Acuña le molesta el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) y dice que va a corregir “la tendencia de organismos como la OEFA que más que colaborar con los procesos de mitigación de impacto ambiental, se limita a sancionar y poner requisitos a veces imposibles de cumplir” y hasta entra en fase negacionista y dice que evaluará “los límites de las áreas protegidas a fin de hacerlos realistas”. También está el destrabe a secas del candidato Urresti, quién además en alguna entrevista prometía una policía mejor preparada para enfrentar a las “turbas” de los conflictos sociales, avisados estamos.

Y no solo eso, hay vacíos que se llenan según cómo va el proceso electoral, así el candidato Lescano que no tiene ninguna propuesta en torno al sector minero en su plan de gobierno, pero que en entrevistas recientes menciona algunas generalidades como que “el Perú debe de poner condiciones sobre cuanto deben de pagar las empresas mineras”. Actitud similar a la de Barnechea en el 2016, que no tenía ni una sola mención a la masificación del gas a partir de Kamisea en su plan de gobierno, pero que en un giro oportunista ese fue su caballito de batalla que le permitió contar con votos en el sur del país; parece ser una tendencia en Acción Popular estos comportamientos. En entrevista reciente en Cuarto Poder el domingo 14, Lescano señaló que renegociaría los contratos con las empresas mineras, pero ante la pregunta de Mávila: ¿ Y si las Empresas Mineras no acepta renegociar ?»; la respuesta del candidato puntero en las encuestas fue:» Bueno ahí no se puede hacer nada». Otro procedimiento es el del candidato De Soto, intelectual orgánico del liberalismo de este rincón del mundo que como se menciona arriba cuenta con un plan de gobierno desactualizado (de 15 hojas) y que en la cuestión minera solo existe una referencia en impulsar una minería sostenible y responsable. Aunque en los medios si habla con mayor determinación extractivista y menciona que “desbloqueará todo el potencial minero de nuestro país”.

Otra cosa que se viene con fuerza es el relato anti-Estado de muchos candidatos, en cuyos diagnósticos se identifica al Estado como el mal mayor: ineficaz, lento, burocrático, corrupto. Forsyth lo llama grasoso. López Aliaga vocifera que es un libertario que no va a permitir que el Estado se meta en nuestras vidas, Acuña ha llenado su plan de gobierno con la palabra fusión, que no es otra cosa que desaparecer ministerios que le incomodan; así, propone “fusionar ministerios y crear el ministerio de medio ambiente, ordenamiento territorial y urbanismo y vivienda». Quieren entrar al Estado para desmantelar más una estructura muy frágil desde hace décadas ya, por puro prejuicio ideológico.

El paternalismo y colonialismo va asolapado también en muchos planes de gobierno, los pueblos indígenas existen en tanto y cuando estén en la zona de influencia de una actividad extractiva y hay que acercarnos a ellos para explicarles las bondades de la minería y su impacto positivo como lo plantea la candidata Fujimori: “Fomentar una sana convivencia entre la agricultura y minería, promoviendo el diálogo entre la empresa y la comunidad para prevenir los conflictos sociales y lograr así que se desarrollen los proyectos mineros que impactaran de manera positiva en nuestra economía”; pero además darles más plata porque eso es lo que quieren, según el candidato Forsyth. Hay que “cambiar el sistema de asignación de canon y regalías para que lleguen a comunidades” y así cerrar siglos de conflictos sociales”, señala el candidato que sigue bajando en las encuestas.

Por último, pareciera que hay un “despertar verde”, pues todos los planes de gobierno revisados tienen algo que decir en el eje cambio climático, pero otra vez muchos no pasan de ser propuestas sin mayor sustento, declaraciones vacías que al ser colocadas en contexto con las demás propuestas nos arrojan una falsa preocupación por el medio ambiente, por el cambio climático. Tanto es así que solo Juntos por el Perú propone una alternativa al desarrollo extractivista, una transición hacia “una economía ecológica y social” que se condice con muchas de sus propuestas expuestas en su plan de gobierno.

De todas formas es un ejercicio sano, el informarse aunque nos la pongan difícil sobre propuestas y planes de gobierno. Dice mucho sobre las organizaciones políticas lo que se coloca y lo que no se coloca, los vacíos y los énfasis. Y sobre todo ver el panorama completo y sus vinculaciones. La palabra nos desnuda.

Rudy Roca Rozas, antropól

Por primera vez, un debate electoral buscará acercar a la población las propuestas de los/as candidatos/as presidenciales en temas claves de la agenda ambiental y climática.

En un esfuerzo inédito de colaboración, organizaciones juveniles, indígenas, ecologistas y medios alternativos del Perú se unen para convocar al primer debate presidencial sobre la emergencia ecológica y climática, de cara a las elecciones generales de abril de 2021.

El evento, que se realizará éste viernes 12 de marzo desde las 6:00 p.m., busca reunir a los/as candidatos/as presidenciales para que presenten sus propuestas en temas claves de la agenda ambiental y climática.

La invitación para participar del evento está abierta para todas y todos los candidatos presidenciales que deseen acercar sus propuestas sobre estos temas a la población.

Cabe destacar que este será el primer debate presidencial en Perú enfocado en la temática ecológica y climática, un proyecto que resulta del esfuerzo colaborativo de los jóvenes y ciudadanía organizada por elevar el nivel del debate electoral.

Entre los bloques que se abordarán a lo largo del debate se encuentran el modelo de desarrollo , la crisis ecológica y la crisis de la institucionalidad y de derechos humanos.

Seis candidatos confirmados

A la fecha han confirmado su participación la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Pedro Castillo (Perú Libre), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Alberto Beingolea (PPC).

El primer debate presidencial sobre emergencia ecológica y climática es organizado por una amplia coalición de organizaciones juveniles, ambientalistas e instituciones de la sociedad civil.

Listado de Organizaciones impulsoras del debate presidencial:

AIDESEP, Viernes por el Futuro – Perú, Cuencas Sagradas, FENMUCARINAP, CNA, Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, TierrActiva Perú, Alsakuy, Consorcio Agroecológico, Red Muqui, DAR, Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales – IRI Perú, SOA, Servindi, Cooperacción, Día Cero Perú, JPCC, Foro Ciudades para la Vida, RAE Perú, Maqay, Centro de Estudios Humanistas «Nueva Civilización, Instituto Natura, Mocicc, Movimiento Católico por el Clima Perú, GYBN Perú, Econcientízate.

Trasmisión:

La transmisión se realizará en vivo por una diversidad de medios independientes: entre los que se encuentran: Salud con Lupa, Convoca, Buho, Cultivalú, LaMula.pe, Radio Uno, Wayka.pe, Ideele Radio.

En Cerro de Pasco, Morococha, Espinar y muchos otros lugares en el Perú, el aire y el agua está contaminado con metales pesados. En las zonas mineras, los impactos al medio ambiente y también a la salud de las personas son dramáticos e irreversibles. Según datos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el sector extractivo es el sector que produce el mayor número de violaciones a los derechos humanos de todos los sectores industriales. Empresas transnacionales explotan  en enormes minas, minerales como el cobre que son exportados al extranjero. Alemania es uno de los principales importadores de este mineral del Perú. Actualmente, el precio del cobre esta muy alto y por ello las ganancias en el sector minero también.

En Alemania, un proyecto de ley reforzará la responsabilidad empresarial a través de las cadenas de suministro. ¿Esto podría reforzar los Derechos Humanos y conllevar a más justicia ambiental en las regiones mineras del Perú?

El 03 de marzo el gobierno alemán aprobó la “Ley de Cadenas de Suministro”. Esto se logró gracias a los años de trabajo de una alianza grande de organizaciones de la sociedad civil alemana apoyados por organizaciones del Sur global.

La ley establece que las empresas alemanas con más de 3.000 empleados estarán obligadas a respetar los derechos humanos y minimizar los impactos ambientales en sus cadenas de suministro globales a partir de 2023. Esta ley es muy importante porque establece criterios vinculantes que también tendrá repercusiones para el sector minero en el Perú.

Se “ha dado un paso inicial para poner riendas al capitalismo salvaje” dice Susanne Friess (MISEREOR). (https://dplfblog.com/2021/02/25/nueva-ley-obligara-a-empresas-alemanas-a-actuar-con-debida-diligencia-dentro-y-fuera-del-pais/). Pero hay que ser realistas, esta ley es “un compromiso con deficiencias “.

Las iniciativas de la sociedad civil critican algunas deficiencias de esta ley. Por ejemplo, la ley se refiere sólo a los contratistas directos y no incluye a todos los contratistas a lo largo de la cadena de suministro. Además, la ley carece de la posibilidad de que las víctimas de graves impactos ambientales o violaciones de los derechos humanos puedan demandar por daños y perjuicios a las empresas ante los tribunales alemanes. También, la ley incluye normas ambientales solamente de manera marginal y no introduce ninguna obligación propia de debida diligencia relacionada con el medio ambiente.

En resumen, esta ley es un resultado importante y envía una señal positiva para lograr más justicia ambiental. También a nivel europeo ya hay avances positivos. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea está en proceso de elaboración de una ley vinculante en el marco de las cadenas de suministro para empresas de toda la Unión Europea. Sin embargo, queda por ver hasta qué punto la ley puede regular los impactos directos de la minería y otros sectores en el Perú.

La alianza de organizaciones de la sociedad civil alemana (Iniciativa para la Ley de Cadenas de Suministro) exigen al gobierno alemán una mejora posterior de la ley. Ellos demandan, que la “Ley de Cadena Suministro” eficaz debe: exigir a las empresas que analicen de forma proactiva los riesgos relacionados con los derechos humanos e impactos al medio ambiente en toda su cadena de suministro; reforzar los derechos de los afectados mediante un régimen de responsabilidad civil; introducir requisitos independientes de debida diligencia en materia de medio ambiente; y que se cubran todas las empresas con 250 o más empleados. (https://lieferkettengesetz.de/presse/)

La Red Muqui apoya estas exigencias y espera con ello una mayor regulación y más justicia ambiental en las regiones mineras del Perú.

…………….

Más información sobre esta ley se encuentra en:

https://dplfblog.com/2021/02/25/nueva-ley-obligara-a-empresas-alemanas-a-actuar-con-debida-diligencia-dentro-y-fuera-del-pais/

https://lieferkettengesetz.de/presse/

https://lieferkettengesetz.de/2021/03/01/gesetzentwurf-mit-massiven-schwachstellen/

http://www.kampagne-bergwerk-peru.de/kampagnen/lieferkettengesetz-mit-nachbesserungsbedarf/