Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el presidente Pedro Castillo ha participado en la 76a sesión de la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas desarrollado en Nueva York – EEUU y en su discurso ha hecho una serie de anuncios. Entre los que queremos destacar está el tema de la crisis climática global. Señaló que declarará la emergencia climática en el Perú. «El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050, reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. El gobierno declarará la emergencia climática nacional» afirmó en su discurso. Desde la Red Muqui saludamos este anuncio del presidente, ya que, durante su campaña, su mensaje a la nación, así como en su plan del bicentenario para los primeros meses de su gobierno no se habían planteado acciones concretas sobre la crisis climática global.

Respecto a este tema, diversas organizaciones ambientalistas y de los derechos humanos de la sociedad civil han convocado a una movilización por el clima en la ciudad de Lima y a nivel nacional este viernes 24 de setiembre. La consigna de la movilización es: “No es el clima, es el sistema” #DesenraizaElSistema, entre otros mensajes alusivos a la crisis climática que vivimos a nivel global. Desde Red Muqui también nos sumamos a este llamado a la movilización para proteger nuestra pachamama, al respecto es importante señalar que la creciente actividad minera a tajo abierto (84% de la minería en el Perú), está generando gases de efecto invernadero, como los gases nitrosos que provienen del uso de ANFO (mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo) en las voladuras para abrir dichos tajos. La cantidad de explosivo que se utiliza, la dispersión del aire, entre otros factores, determinan los impactos ambientales y su repercusión en el cambio climático local.

Finalmente, mencionar que el presidente Pedro Castillo, durante su visita en Estados Unidos ha sostenido varias reuniones con diferentes actores estatales y privados de otros países, entre ellos con la empresa American Lithium y sus directivos. En esta reunión el presidente ha mencionado que: “como he comentado en los últimos tiempos, seguimos comprometidos con la economía del Perú en general y, en particular, el sector minero sin planes de nacionalización o expropiación”. Llama la atención este anuncio debido a que se había generado expectativa en la población, sobre todo afectada por la minería, porque durante la campaña si se dijo que se iban a plantear cambios en el sector minero, aunque nunca se aclaro lo que significaba la “nacionalización” para el sector extractivo. Desde la Red Muqui si consideramos que se deben discutir varios cambios normativos en el sector minero, entre ellos la política de concesiones mineras en el país, una nueva ley general de minería, una nueva política para la atención de la conflictividad social en el sector minero, así como un nuevo régimen tributario para este sector, aunque sobre este último punto sí se ha anunciado desde el MEF que se va a aperturar esta discusión. En todo caso desde Red Muqui estaremos atentos a esta discusión.

Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

La compañía minera Zafranal, de propiedad de la canadiense TECK RESOURCES Y MITSUBISHI MATERIALS CORPORATIÓN desistió del proceso de evaluación de su Estudio de Evaluación Ambiental (EIA) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que presentó el 18 de agosto pasado.

El SENACE, acepto dicho desistimiento y declaro por concluido dicho procedimiento administrativo. Quedando a decisión de la empresa minera la decisión de volver a presentar un nuevo EIA detallado. Cabe precisar que este proyecto esperaba su aprobación este 2022, para luego comenzar trabajos de ingeniería.

Para el presidente del Frente de Defensa del distrito de Huancarqui, Manuel Martínez, la empresa minera desapareció del lugar, hace 3 años no tienen contacto con la misma. Precisa que nunca se les informó, ni los hicieron partícipes de algún plan de participación ciudadana; es más, nunca fueron notificados sobre el E.I.A que la compañía Zafranal había presentado el 18 de agosto.

Los pobladores de las provincias de Caylloma y Castilla que serían afectados por dicho proyecto minero, denuncian que la empresa pretende engañar a las autoridades locales y nacionales, cuando mencionan que el proyecto traería alta rentabilidad social y desarrollo a sus pueblos. Señalan que, más bien, el proyecto minero Zafranal traerá contaminación, saqueo a sus recursos naturales y destrucción de su biodiversidad. El valle agrícola de Majes de la provincia de Caylloma sería afectado y también los ríos donde hacen pesca, precisaron los dirigentes. Además de resquebrajar su tejido social y convivencia pacífica entre los pueblos de la zona.

Arequipa 20 de setiembre, 2021

El reciente martes 14 de Setiembre, en horas de la mañana, falleció Esmeralda Martin Añasco de 12 años, una de las niñas afectadas por la contaminación minera de Cerro de Pasco, quien padecía de una enfermedad terminal en la sangre: Aplasia Medular Severa. De acuerdo a los análisis realizados por CENSOPAS el 2017, la niña tenía al menos 4 metales pesados en su organismo: plomo, arsénico, mercurio y cadmio.

Análisis de Censopas del Minsa

El año pasado, Esmeralda, su familia y otras familias de Pasco, acamparon durante el mes de Febrero y Marzo del 2020 frente al Ministerio de Salud[1], como forma de protesta para exigir al gobierno de Martín Vizcarra y a la ex Ministra de Salud -Elizabeth Hinostroza-, un tratamiento en el extranjero para salvarle la vida, debido a que en el Perú no se cuenta con la especialidad de toxicología pediátrica, como declaró a RPP el jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, Daniel Koc Gonzales, en el contexto de las protestas de las familias de Pasco. “Nosotros no tenemos la especialidad de toxicología pediátrica y manejamos básicamente la intoxicación aguda. En las formas crónicas sí requiere un manejo distinto, más cuidadoso por la cantidad de plomo que se puede movilizar en el procedimiento”, precisó.

El caso de Esmeralda fue uno de los más emblemáticos, pues en el año 2018 logró viajar a Argentina para realizarse un trasplante de médula exitoso para tratar su enfermedad, después de una ardua lucha de su familia, que se encadenó en el frontis del Ministerio de Salud. La junta médica de Essalud, tras varias negativas, decidió que el Ministerio de Salud cubra los gastos del viaje, como declaró su padre a algunos medios en ese entonces. Ningún otro niño de las familias que protestaron en el encadenamiento en el frontis del MINSA en el 2018 salió al exterior, solo Esmeralda.

En el año 2015, a los 6 años de edad, la niña Esmeralda Martín empezó a sangrar por la nariz y a padecer de moretones en su pequeño cuerpo, de acuerdo al testimonio de su padre al medio Ojo Público. El centro de salud de Cerro de Pasco, donde nació, trasladó su caso al Hospital Ramiro Prialé en Huancayo, donde fue diagnosticada de Aplasia Medular Severa, una enfermedad terminal adquirida por la contaminación del ambiente, en la que la médula ósea desaparece y deja de producir sangre.

Desde ese entonces, según su padre Martin Huete, ninguno de los médicos que atendió a Esmeralda realizó un dosaje toxicológico hasta el 2017, donde se comprobó que estaba contaminada por metales tóxicos, entre ellos: plomo, arsénico y mercurio, superando 3 veces el límite de lo aceptado en el cuerpo humano. En los niños el valor máximo de plomo debería ser de 10 µg/dl y en adultos de 20 µg/dl, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud – OMS[3].

El año pasado, entre medianos de Febrero y Marzo del 2020, antes que se desatara la pandemia, las familias afectadas por metales tóxicos estuvieron acampando frente al Ministerio de Salud, la protesta duró más de un mes y tras varias reuniones con los representantes del MINSA no se lograron acuerdos concretos en favor de sus hijos[4]. En Marzo del 2020 el gobierno peruano, a través del Ministerio de Salud informa vía una carta circular que los 5 niños afectados por la contaminación (coberturados por el SIS), podrían viajar al Hospital Austral de Argentina para una evaluación urgente. En el caso de Esmeralda y su familia, el MINSA emitió una carta donde se comprometían a realizar las coordinaciones para que pueda volver a viajar a Buenos Aires – Argentina, a su evaluación anual correspondiente, lo que incluía atención clínica especializada. El viaje estaba programado para abril del 2020, pero todo fue suspendido lamentablemente por el inicio de la pandemia.

 

Fallecimiento de Esmeralda

Aproximadamente desde agosto del 2020, los padres de Esmeralda pedían donaciones de sangre y plaquetas a través de las redes sociales. La salud de la niña decayó nuevamente. Según sus familiares, en la madrugada del 14 de Setiembre del 2020 fue atendida en el Centro de Salud de Cerro de Pasco, los médicos pidieron una derivación inmediata al Hospital Rebagliatti en Lima. Sin embargo, en la ambulancia de camino a Lima su cuerpo no pudo resistir más, falleciendo en el trayecto, llegando sin signos vitales al Hospital, como informa el comunicado de Essalud.

Sus familiares y amigos realizaron una colecta para la entrega del cuerpo. Y el 15 de setiembre velaron su cuerpo en Pasco, la ciudad minera donde nació y donde aún habitan cientos de niños con plomo como ella, abandonados a su suerte por los gobiernos anteriores y las empresas mineras que operan en Pasco.

Cambios, no promesas

Es urgente que el nuevo gobierno liderado por Pedro Castillo garantice cuanto antes tratamiento adecuado a los niños que aún luchan por sobrevivir y no se permita ni una muerte más a las personas afectadas por metales tóxicos.

El nuevo Ministro de Energía y Minas debe tomar con seriedad los estudios correspondientes realizados por la comunidad internacional y no relativizar, como lo hizo en su reciente visita a Pasco, los diagnósticos con evidencia científica de la contaminación en los niños, madres, ancianos y adultos afectados por el extractivismo minero, como es el caso de Cerro de Pasco[6]. Actualmente se encuentra pendiente que la PCM aprueba el Plan Especial Multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos, cuya aprobación fue anunciada en el discurso del presidente Castillo en 28 de julio, este plan sería un paso muy importante para avanzar hacia la atención integral de los afectados.

[1] https://muqui.org/noticias/familias-de-pasco-afectados-por-contaminacion-exigen-celeridad-para-tratamiento-de-salud-en-argentina/

[3] Estudios en poblaciones afectadas por metales pesados, de Source International de Italia. Pág. 6: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4957.pdf

[4] https://muqui.org/noticias/pcm-no-da-solucion-efectiva-a-familias-afectadas-de-pasco-tras-reunion-de-8-horas/

[6] https://muqui.org/noticias/muqui-informa/ministro-de-energia-y-minas-relativiza-situacion-de-afectados-por-metales-toxicos-de-pasco/

El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios se realizará el próximo Jueves, 23 de septiembre de 2021, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en un formato virtual. Esta cumbre es un encuentro de las grandes corporaciones y líderes de los agronegocios, que ya se han asegurado un rol dominante. Su objetivo es asegurarse las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0. Es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, que comprende tanto cultivos transgénicos y semillas corporativas como sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.

Por eso no es de extrañar que haya surgido un movimiento global alternativo, integrando numerosos movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo, que rechazan esta cumbre y se han propuesto organizarse e informar sobre las alternativas ya existentes en una contracumbre realizada a finales de julio.

Para hacer frente a la creciente demanda de alimentos para cerca de diez mil millones de habitantes que poblarán la tierra para el año 2050, las corporaciones de la industria agroindustrial reiteran que, con el despliegue global de sus cadenas de producción, mediante nuevas tecnologías agrupadas en lo que denominan “agricultura inteligente”, nos ayudarán a sobrevivir el caos climático y la inseguridad alimentaria que ya padece actualmente más de la mitad de población mundial.

O, dicho de otro modo, si se abren las compuertas a lo que la agroindustria califica de progreso, ahora sí podrán dar respuesta a lo que no han hecho durante las pasadas siete décadas. Tiempo que han tenido para asentarse y expandir su negocio a nivel planetario hasta acaparar el 75 por ciento de las tierras cultivables.

En este proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de superficie apta para el arado y talan 7.5 millones de hectáreas de bosque, según cifras entregadas por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización dedicada a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.

La agricultura familiar, en cambio, que sólo dispone de un 25 por ciento de las tierras es capaz de proveer alimentos al 70 por ciento de la población mundial. Una ecuación a la inversa como se observa en todo el mundo. Y es que tal vez uno se podría preguntar si acaso el objetivo de los consorcios agroindustriales es satisfacer las urgencias de los hambrientos o el bolsillo de sus dueños.

En este contexto el secretario general de la ONU Antonio Guterres anunció para septiembre de 2021 la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios como una respuesta al aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional.

Una reunión anunciada desde un cargo público y ofreciendo las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Participantes y dinámica dependen de las posibilidades económicas a menos que solventen los gastos empresas promotoras o filantrocapitalistas. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

De hecho, Guterres anunció que la Cumbre se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino convidadas posteriormente  a participar.

La percepción de que el debate alentado por los organizadores de la Cumbre gira en torno al aumento de la productividad y privilegia las propuestas que profundizan las desigualdades y dependencias tecnológicas, ha conducido al rechazo de la cumbre por un gran número agrupaciones de pequeños productores de alimentos y organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales de base y comunitarios. E incluso organismos públicos de gran prestigio en sus países como el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor se han negado a participar en este encuentro y han exigido, en cambio, que el debate sobre alimentación enfoque cuestiones fundamentales como el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, la garantía de soberanía alimentaria así como el respeto y la valorización de tradiciones, culturas y saberes locales.

Contracumbre

Más de 300 organizaciones de todo el mundo de productoras y productores de alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, personas que trabajan en el ámbito de la investigación y pueblos indígenas se han dado cita a fines de julio en un encuentro virtual, denominado “Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre”, para protestar contra la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Para Omar Aziki, representante de la Red Norafricana por la Soberanía Alimentaria, la pandemia de Covid-19 ha significado mirar al espejo de lo que significa nuestro sistema de alimentación, ya que ha desnudado las grandes fallas de la agroindustria que afecta tanto a territorios como cuerpos y causa serios daños a nuestra salud, biodiversidad y ecosistemas. Además la crisis ha mostrado la profundidad de las inequidades estructurales, la discriminación, la explotación, el racismo y el dominio patriarcal prevaleciente en nuestras sociedades, exacerbando el hambre y las deficiencias de los sistemas de salud.

Por eso, Aziki y organizaciones de agricultores organizadas en red como La Vía Campesina exigen un cambio radical en la manera de producir y consumir los alimentos. Señalan todo lo que se puede aprender de las redes de solidaridad y cuidado que la gente, en especial los más vulnerables e históricamente oprimidos, han desarrollados durante la pandemia.

La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África presenta el ejemplo de Zambia, donde el gobierno ha apostado por subsidiar directamente insumos controlados por agroconsorcios: fertilizantes y pesticidas químicos y semillas híbridas. Con lo cual crea dependencias de mercados controlados precisamente por esos consorcios.  La Alianza Zambiana por Agroecología y Biodiversidad impugna estas políticas porque destruye las prácticas agroecológicas y los sistemas de cuidado e intercambio de semillas locales. Además dice que en algún momento el gobierno no tendrá presupuesto para seguir subsidiando los insumos corporativos, mientras que la necesidad de alimentarse no se acabará.

Como primer paso para asegurar la autosuficiencia en la producción de alimentos los pequeños campesinos ya habrían ganado algo, si el gobierno promoviera el uso de fertilizantes orgánicos y permitiese su venta en las tiendas al igual que las semillas locales. De lo contrario, cuando el gobierno ya no tenga los medios para subsidiar el paquete agroindustrial, los campesinos deberán pagar más por los insumos mientras los suelos ya habrán perdido su fertilidad natural.

Y es que no se trata de un ejemplo aislado. Por el contario forma parte de lo que por ejemplo en el continente más antiguamente poblado se ha denominado Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) alentada y financiado por una alianza de gobiernos, la cooperación internacional e instituciones filantrópicas como la Fundaciones Gates y Rockefeller.

Según una declaración de 2006, año de su fundación la iniciativa planeaba duplicar hasta 2020 el ingreso de 20 millones de pequeños agricultores y reducir a la mitad la escasez de alimentos en 20 países africanos.

Si su desempeño se midiera de acuerdo e estas proyecciones, el resultado, obtenido en las mismas categorías, es un fracaso total. De acuerdo a un estudio de 2020 publicado por varias organizaciones de desarrollo alemanas y africanas, la cantidad de personas que sufren hambre no solo no ha bajado en los 13 países africanos socios, sino que ha aumentado en más de un 33 por ciento. En tanto la productividad agrícola en ocho países creció a un ritmo menor que en el periodo previo al AGRA y en dos incluso disminuyó.

Y para volver al ejemplo de Zambia, aquí ya se observa una crísis de endeudamiento, pues los campesinos tuvieron que tomar créditos para poder comprar semillas híbridas y abono químico.

Y, como las cosechas no fueron las que esperaban, no pueden pagar sus deudas. También el gobierno de Zambia tiene una montaña de deuda impaga porque compró semillas y abono a altos precios para repartirlos entre los campesinos. Ahora adeuda 106 millones de dólares. En otros países africanos se producen situaciones similares. Nuevamente cabe preguntarse a quién beneficia esta política.

La iniciativa AGRA en tanto, ha encontrado otra forma de obviar preguntas incómodas y hacer desaparecer de la página web actual -en la que abundan números como aquél de 23 millones de pequeños campesinos a los que habría beneficiado la iniciativa con un costo de inversión de más de 550 millones de euros – sus proyecciones hechas en 2006 que 15 años después resultaron una quimera con más hambre que nunca en la región a pesar de toda la moderna tecnología.

La situación en América Latina y la posición de La Vía Campesina

La vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas en América Latina rechazan la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas y se han propuesto desmantelar las intenciones que entraña. Entre las organizaciones más activas en la región La Vía Campesina ha hecho hincapié en la necesidad de devolver el control de la producción de alimentos a los pequeños productores y en la necesidad de la agroecología como única vía de alcanzar la soberanía alimentaria.

Jesús Vázquez Negrón de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica que forma parte de La Vía Campesina Caribe destaca que su país cuenta con tierra y agua suficiente para producir en forma agroecológica el 100 por ciento de alimentos saludables para toda la población de Puerto Rico. „Además tenemos conocimientos jíbaros, campesinos, semillas, personas motivadas en (hacer) producir la tierra y que sin embargo no tienen acceso a ella“.

Su organización ha estado promoviendo cambios para el beneficio de quienes trabajan la tierra y quienes representan los sectores más olvidados e ignorados por parte de la sociedad y del Estado.

“Gracias a la concientización, las luchas y las movilizaciones, el movimiento campesino ha logrado que el Estado apruebe una ley en la que se define como política pública reservar más de 600 mil cuerdas (una cuerda, es la métrica usada en Puertto Rico y que equivale a 0,4 hectáreas) o 240 mil hectáreas, para producir alimentos, para el desarrollo de la agricultura“, afirma Vásquez.

Un avance, qué sin embargo, aún no se traducido en medidas tangibles o en programas que se estén ejecutando, algo por lo que la organización boricuá y otras organizaciones campesinas siguen abogando.

Una conclusión que a Jesús Vásquez le importa destacar es la política pública como herramienta fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios „porque hay que hacerles entender a los estados la responsabilidad que tienen con el ambiente y con la alimentación como un derecho humano básico“.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

El pasado fin de semana murió Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso y condenado por participar en la muerte de más de 30 mil personas durante la época del Conflicto Armado Interno en nuestro país. Guzmán fallece a los 86 años y cumplía condena de cadena perpetua desde hace casi 30 años en la base naval de la Marina. Como se sabe, Sendero Luminoso fue el grupo terrorista más sanguinario y violento y fue el que inició la guerra interna en el país. Su muerte, en vez de plantearnos una reflexión más seria sobre las causas que originaron la violencia política en el país, nos vuelven a fragmentar y polarizar nuevamente como sociedad, mientras las víctimas de la época de violencia política siguen esperando por justicia y reparación desde hace décadas. Ahora la discusión se ha estado centrando sobre que se debe hacer con los restos de Guzmán y cómo deben proceder las autoridades. Al respecto no solo hay un vacío legal, sino posiciones divididas.

De otro lado, esta semana se ha hecho público un informe de Global Witnnes denominado: “ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA: Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”, que da cuenta sobre la situación de los defensores de derechos humanos, del medio ambiente y del territorio a nivel global. Lamentablemente, el año 2020, primer año de la pandemia, no ha sido favorable para los defensores de derechos humanos. Según el informe de Global Witnnes, tres cuartas partes de los ataques registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 ocurrieron en América Latina. Así mismo, unas 165 personas fueron asesinadas en la región latinoamericana por defender su tierra y el planeta. “A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo” señala el informe.

Al respeto, durante la semana se ha realizado el foro virtual: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por CAFOD, Perú Support Group, Red Muqui, Fedepaz y Derechos Humanos Sin Fronteras. En el foro participaron representantes de la Unión Europea, la Embajada de Reino Unido en Perú, la misma Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, defensoras ambientales y representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia. La mayoría de los panelistas coincidieron que en el caso peruano es importante continuar con lo avanzado en términos de políticas publicas en favor de los defensores de DDHH, y que realmente se escuche y garantice la protección a defensores en situación de riesgo, así mismo se exhorta a las empresas, sobre todo extractivas, a respetar y garantizar los derechos de los/as defensores/as de DDHH y del ambiente.

Finalmente, estos días hemos conocido del sensible fallecimiento de la niña Esmeralda Noemí de Cerro Pasco, quien fuera una de las niñas símbolo en la lucha por la atención a los afectados por metales tóxicos de Pasco. Ella en el 2014 fue diagnosticada con aplasia medular severa, una enfermedad producida por agentes tóxicos en el ambiente que ataca la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. En el 2016 un análisis arrojó que los niveles de plomo en su sangre eran tres veces mayor a los permitidos. Desde Red Muqui expresamos nuestro más sentido pésame a la familia Martín Añasco y que la muerte de Esmeralda no sea en vano, es tiempo que el Estado y las mineras asuman su responsabilidad por los afectados por metales tóxicos en Cerro de Pasco y a nivel nacional.

Por: Rodrigo Lauracio /Abg. Del Area de Incidencia Politico Legal – Red Muqui

El pasado 13 de setiembre Global Witness emitió su informe “ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA- Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”. En este reciente informe se brinda información importante sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, en especial de aquellos que defienden derechos territoriales y ambientales en contexto de actividades extractivas, y los riesgos y agresiones que enfrentan y que provienen de agentes estatales y de empresas privadas.

Global Witness ha identificado que en el año 2020 se registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Este número de asesinatos como se menciona en el informe, “[…] convierte al último año, una vez más, en el más peligroso dentro de nuestros registros, para las personas que defienden sus hogares, tierra y medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y clima”. Aun cuando la tendencia debería ser al decrecimiento de los casos de asesinatos, y pese a que gran parte del año 2020 se vivió el confinamiento a casusa de la Covid-19, los casos de asesinatos de defensores se han incrementado. En el informe también se hace énfasis en que, debido a los diversos problemas que enfrenan los defensores como las restricciones de la libertad información, prensa, o incluso las medidas restrictivitas y de confinamiento dictadas a causa de la pandemia puede dar lugar a un sub registro de defensores asesinados; y es que en el contexto del año 2020 no todos los ataques a defensores han sido reportados y probablemente no han sido registrados por los órganos estatales.

Del total de las muertes registradas, 3 de cada 4 se produjeron en las Américas; dentro del cual américa latina tiene el mayor número de defensores fallecidos: Colombia 65, Brasil 20, Perú 6, Argentina 1. “[…] De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina. Casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica”. Estos datos preocupantes evidencian que, en gran parte los ataques (un tercio) se produjeron en contextos de explotación de recursos como la explotación forestal, minería, petróleo, agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Ello también evidencia que no solo estarían relacionados a agentes estatales, sino que incluso las empresas a cargo de la explotación tienen injerencias directas o indirectas en los ataques.

Gran parte de estos casos de asesinatos de defensores y defensoras, están vinculados directamente a los pueblos indígenas debido a que en sus territorios se desarrollan estas actividades de explotación, poniendo en grave riesgo su territorio, medio ambiente y derechos colectivos. Según el informe, “en el 2020 se mantuvo una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a integrantes de los pueblos indígenas”. Evidenciándose así que actualmente los pueblos indígenas no solo tienen que seguir enfrentando las barreras estructurales y sociales, sino que ahora también enfrentan riesgos directos que amenazan su vida e integridad, en cada una de las luchas por la defensa de sus territorios y derechos colectivos.

Global Witness resalta también que, de acuerdo a los datos registrados desde 2012 acerca de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, muestran que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también tienen un impacto cada vez más violento sobre las personas; y que el número de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con más de 200 personas defensoras asesinadas en 2019 y 2020, son más del doble de los números que registramos en 2013, existiendo claramente una tendencia de incremento de ataques empeorando la situación de los defensores. Esto también lleva a sostener que existen “[…] razones estructurales de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente reflejan lo que sabemos sobre la crisis climática en sí: i) sus impactos son desiguales, ii) las empresas son responsables, y iii) los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas”.

Esta tendencia de incremento de riesgos para defensores no es ajena para Perú, ya que nuestro pais sigue siendo uno de mayor inseguridad para la defensa de derechos humanos en el mundo. En el 2020 se registró el asesinato de 06 defensores territoriales y ambientales: Arbildo Meléndez Grandes, Gonzalo Pío Flores, Jorge Muñoz Saavedra, Lorenzo Caminti, Roberto Carlos Pacheco y Santiago Vega Chota; quienes perdieron la vida denunciando afectación de sus territorios, la deforestación, depredación de especies silvestres y ecosistemas y la contaminación como consecuencia del desarrollo de actividades extractivas. Lamentablemente hasta la actualidad los agresores aún no han sido sancionados y las víctimas no han recibido una reparación integral.

A estos casos se suman los otros que se han registrado en años anteriores, evidenciándose nuevamente que en contextos de conflictividad socio ambiental existe un recurrente uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, un uso indiscriminado de instituciones jurídicas como los Estados de Emergencia u otros instrumentos legales, orientados a reprimir la labor de los defensores. No olvidemos que en diciembre del año pasado han muerto dos personas en las protestas por mayores derechos laborales en el sector agroexportador en Ica y la Libertad, producto de la intervención violenta de la PNP.

Finalmente es importante recoger las recomendaciones más importantes que hace Global Witness a partir de las tendencias y casos identificados, las cuales no solo están dirigidas a los Estados, sino también a los atores privados como las empresas, quienes si tienen una injerencia directa en el escenario de inseguridad y de riesgo que se genera para los defensores territoriales y ambientales, pues “[m]uchas amenazas y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente ocurren luego de que las comunidades expresan su preocupación sobre el impacto en sus derechos y tierras del accionar de las empresas y correspondientes proyectos”.

  • Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que a menudo se encuentran en la primera línea de la crisis climática.
  • Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medioambiente en el contexto comercial, mediante una normativa eficaz. Cualquier legislación utilizada para criminalizar a las personas defensoras debe ser declarada nula y sin efecto.
  • Exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en el país que realicen la debida diligencia de forma obligatoria.
  • Las empresas deben publicar e implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos en sus operaciones globales, incluidas las cadenas de suministro y relaciones comerciales.
  • Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.