Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

Durante las últimas semanas la situación sanitaria, social y económica producto de la pandemia en nuestro país se ha agravado aún más. Las iniciales medidas positivas del gobierno ya no son efectivas, y las decisiones de reactivación económica buscan priorizar solo al sector de la gran empresa, entre ellas la gran minería. Mientras tanto, lamentablemente las cifras del virus no son alentadoras a más de 90 días de cuarentena. Según el reporte del MINSA a la fecha: hay más de 240.000 casos confirmados de COVID-19; por otro lado, el virus ya ha causado la muerte de más de 7.000 personas, según datos oficiales.

Desde el inicio de la cuarentena el sector minero ha sido uno de los que más privilegios normativos y políticos ha recibido por parte del gobierno: fue considerado una actividad esencial, cuando no lo era, y han trabajado hasta el 50 % de sus operaciones en pleno estado de emergencia. Ello es aún más cuestionable considerando los casos de los contagios en los trabajadores mineros, llegando a registrarse más de 800 casos, inclusive se habla de un sub registro de casos que las propias empresas mineras no contabilizan y, por ende, el Estado.

Al mismo tiempo, se han incrementado las denuncias de contaminación ambiental en cuencas y territorios cercanos a proyectos mineros, son los casos de Cajamarca, Pasco, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. Además, durante las últimas semanas se han emitido varias normas como el Decreto Legislativo N°1500 que flexibiliza las normas ambientales y de fiscalización en el país, y que facilitan el aplazamiento de pagos de multas que varias empresas tienen pendientes de pago con el Estado, postergándolas inclusive hasta al 2022.

De otro lado, tanto la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, así como el señor Roque Benavides y el mismo presidente de la empresa Southern Perú, Óscar González Rocha, han señalado que los proyectos mineros como Tía María en el valle de Tambo, Arequipa, y Conga en Cajamarca deberían ser retomados para reactivar la economía, sabiendo que ambos proyectos han tenido serios cuestionamientos técnicos y ambientales que no fueron absueltos en su momento, y sobre todo que no cuentan con la licencia social de la población local.

Ante esta situación, desde la Red Muqui, reconociendo la difícil situación por la que están pasando millones de peruanos, queremos plantear los siguientes puntos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y la sociedad civil en general:

  • Se debe revisar y actualizar los protocolos sanitarios para el sector minero con la participación de los trabajadores mineros, así como de las poblaciones y comunidades locales afectadas por estos proyectos, para superar las graves deficiencias en su implementación en la primera y segunda fase de la reactivación económica.
  • No se puede debilitar aún más la institucionalidad ambiental en el país, mucho menos modificar normas que flexibilizan la fiscalización ambiental, o la participación ciudadana de la población local para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. Se debe revisar con urgencia las últimas normas aprobadas como el D.L. 1500 y la normativa del sector ambiental emitida en ese marco: Resolución del Consejo Directivo N° 00007-2020-OEFA/CD, Resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD y Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM.
  • Se debe priorizar la actividad agrícola sobre proyectos mineros cuestionados como Tía María y Conga. El caso del valle de Tambo en Arequipa es un ejemplo de como hoy en día su producción agrícola viene sosteniendo la alimentación y la vida de miles de peruanos y peruanas. Insistir en estos proyectos, en medio de esta crisis sanitaria y económica, podría reactivar la conflictividad social en estas regiones debido a que la población ya decidió sobre el tipo de desarrollo que quieren.
  • Los derechos a una vida digna y a la salud deben ser prioritarias en las medidas de reactivación económica que viene implementando el gobierno como Reactiva Perú y Arranca Perú. Por ello, los fondos de estos programas deben ser re-direccionados a las medianas y pequeñas empresas que dan trabajo y seguridad a millones de ciudadanos peruanos, y no a las grandes empresas que tienen cuestionamientos y sanciones ambientales como por ejemplo las mineras Volcan y Chinalco. Cualquier préstamo debe considerar el estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, al medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
  • La reactivación económica se debe impulsar desde los territorios garantizando el derecho al trabajo de todos las y los peruanos, y apoyando de modo particular al sector agrario. Desde hace meses los gremios agrarios y campesinos vienen exigiendo un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles al gobierno para enfrentar la crisis alimentaria en ciernes, para de esta manera asegurar la producción de la campaña agrícola 2020-2021.
  • Es urgente responder con medidas integrales desde el Gobierno y el Congreso de la Republica a estas demandas, ya que los bonos focalizados y rurales no están llegando. Por ello, exigimos que el gobierno implemente una renta básica universal para que todos y todas tengan una economía mínima que les permita sobrevivir. Desde Red Muqui estamos impulsando la campaña #ElAgroParaLaOlla para visibilizar la problemática de la agricultura familiar y del campo.

Finalmente, queremos señalar que comprendemos la grave crisis en la que nos encontramos y nos solidarizamos con el dolor de miles de familias que han perdido a sus seres queridos; por ello, hacemos un llamado al gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales y a la ciudadanía en general que no bajemos la guardia, ya que la vida y la salud de millones de peruanos todavía está expuesta al virus. Desde Red Muqui creemos que las medidas del gobierno deberían estar orientadas a atender esta situación y no solo a un determinado sector empresarial.

Lima, 19 de junio del 2020.

Informe del Instituto Natura, miembro de la Red Muqui.

Tal como ha sucedido con otras actividades productivas, por presión de grupos empresariales, la actividad pesquera industrial ha sido considerada dentro del paquete de reactivación económica, no obstante, los impactos de la Covid 19 sufridos por trabajadores y trabajadoras han sido invisibilizados.

La alerta de los pescadores industriales ha servido para poner en evidencia que no sólo ellos y los trabajadores y trabajadoras de compañías productoras de harina de pescado han sido expuestos al contagio, sino que a su vez la actividad pesquera artesanal y todas sus actividades conexas como la comercialización, transporte, provisión, armadores, estiba y otros, venían ya cobrando victimas por la ausencia de políticas sanitarias adecuadas.

Así también se ha incrementado la exposición al contagio por Covid 19 a pobladores de zonas costeras por el desplazamiento de pescadores y otros trabajadores y trabajadoras. Pero, a la vez, el reinicio de operaciones de las plantas productoras de harina, aceite y conservas de pescado ha agravado la vulnerabilidad a la salud de pobladores de zonas adyacentes a zonas industriales por humos tóxicos y efluentes contaminados generados por la industria.

Alerta de los pescadores

Ojalá que esta muerte detenga estos abusos, ha dicho en un mensaje tras la muerte de su padre, el joven hijo del pescador Hesler Meléndez Maza, fallecido por COVID-19 de la embarcación Ribar 18 de la Cia Pesquera COPEINCA.

De acuerdo a la información brindada por tripulantes de embarcaciones de pesca industrial, temerosos por amenazas de represalias por parte de sus empresas, suman a la fecha 118 pescadores en actividad contagiados y 5 fallecidos, desde el día 13 de mayo en que se inició la temporada de pesca 2020 de anchoveta (R.M. 147-2020-PRODUCE). Riesgo que incluye a trabajadores de la industria pesquera que suman 120 infectados y 2 fallecidos.

CUADRO: CONTAGIADOS Y FALLECIDOS POR EMPRESA Y EMBARCACIÓN

Empresa Embarcación Contagiados Fallecidos
CIA. Pesquera COPEINCA Rodga 18  
Ribar 18 17 1
CIA. Pesquera LUCIANA Tiburón 6 5  
CIA. Pesquera DIAMANTE Polar 3 18 1
Graciela (*) 3  
CIA. Pesquera TASA Tasa 45 18 2
Tasa 36   1
Tasa 424 (**) 17  
CIA. Pesquera CFG Invesment Alejandría VI 3  
Simy 6   1
Lima 5 18  
TOTAL   117 6

FUENTE: SINDICATO DE PESCADORES DE CHIMBOYTE Y ANEXOS

Los protocolos para la apertura de la pesca industrial harinera en el litoral peruano (R. M. 139-2020-PRODUCE) no fueron validados de manera formal y a la vez los gremios y actores principales de la pesca no han sido convocados para elaborar normas sanitarias y laborales con criterios uniformes y consensuados para todas las empresas de esta industria, frente a los riesgos a la salud y la vida.

Subsisten las puertas giratorias en sectores productivos de Estado. Cayetana Aljovin Ex Ministra de la primera etapa del actual gobierno tiene ahora el cargo de presidenta  de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y ha sido la vocera de la reactivación económica en el sector, aseverando que la pesca estaba en “la capacidad de no poner en riesgo a sus trabajadores, a través de la implementación de eficaces protocolos de sanidad”. (10 ABR 2020  – Diario Correo)

En un  pronunciamiento publicado el 3 de junio y suscrito por dirigentes de centrales y sindicatos de pescadores, trabadoras y trabajadores de la industria pesquera, pescadores artesanales y decenas de gremios, organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigen la suspensión inmediata de la temporada de pesca 2020 y actividad industrial pesquera durante la emergencia sanitaria, la validación de Protocolos Sanitario Exclusivos para la Pesca Industrial con participación de gremios de pescadores y el cese de funciones de la Ministra de Producción por su incompetencia en la gestión de la emergencia sanitaria para el Sector Pesquero.

Las otras pescas

El día 5 de junio en un conversatorio de pescadores industriales y artesanales, dirigentes de gremios del norte del país (Lima, Chimbote y Tumbes) expresaron en detalle sus demandas relacionadas a problemas pre-existentes y crónicos, así también aquellos que se ha  acrecentado durante la emergencia sanitaria.

La actividad pesquera artesanal no se suspendió, ha continuado abasteciendo de pescado y productos hidrobiológicos a los mercados aún durante la cuarentena. Los pescadores artesanales de Tumbes y Piura han contado tres fallecidos por Covid 19 y otros tres fallecidos en los que solo se sospecha su contagio, debido a que no ha habido conformación de las autoridades de salud de la zona. (Guillermo Panta – AGAPCCHDME. Zorritos – TUMBES)

No obstante consideran que los protocolos ha sido insuficientes pues aun siendo respetados ha habido contagios. No hubo  disponibilidad de pruebas rápidas por parte del estado y han sido los mismos pescadores y armadores los que han tenido que costear estos análisis.

No ha sido así con los trabajadores de las además actividades de la cadena productiva de pesca de consumo humano, entre los que se cuenta a transportistas, estibadores, comercializadores, entre otros en terminales y mercados. Siendo así que áreas de comercialización como la del terminal portuario de Chimbote han  tenido que ser clausuradas temporalmente como medida sanitaria. Lo que no ha impedido que se continúe comercializando pescado incluso en la vía pública. (19 MAYO 2020 – RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ)

Una gran contaminación

Durante más de 30 años, con Covid 19 o sin él, los vecinos del AA HH 15 de Abril de Chimbote demandan atención por la grave contaminación a la que están expuestos por parte de la industria pesquera.

Perro en tiempos de emergencia sanitaria la cosa se agrava debido a un gran número de pobladores -sobre todo de los grupos vulnerables-, quienes sufren de afecciones a las vías respiratorias: asmas, bronquitis crónicas, entre otras. “Desde el inicio de la temporada de pesca 2020, en plena cuarentena, estamos expuestos a humos tóxicos y malos olores, sobre todo al hollín que emana de las chimeneas de las fábricas” afirma Elmer Peña Rodríguez, dirigente vecinal de este barrio costero.

Junto a los dirigentes de los asentamientos humanos y pueblos jóvenes 27 De Octubre, El Trapecio, Señor de los Milagros, La Libertad, La Florida Alta y Baja, Miraflores y Miramar, coinciden en que es urgente la suspensión temporal de la actividad industrial pesquera durante la emergencia sanitaria, exigen la publicación urgente del monitoreo realizado por la OEFA y  reevaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las actividades industriales pesqueras. Plantean el diálogo con la ministra del Ambiente, PRODUCE y la Municipalidad Provincial del Santa para brindar soluciones integrales y sostenibles a los pobladores quienes vienen siendo vulnerados en sus derechos constitucionales  al ambiente sano, la salud y la vida. A vez consideran que la proyección de estas soluciones debería enmarcarse en el Plan Integral de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol. (PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO PUEBLOS DE LA FRANJA COSTERA DE CHIMBOTE)

El impacto generado por el reinicio de la actividad pesquera se ha sentido en numerosos lugares de embarque, en caletas y desembarcaderos. Los pobladores de Végueta (Lima) también han denunciado que el repunte de los casos de Covid 19 en esta localidad ha coincidido con la reactivación de las actividades industriales y de pesca en las plantas de la Compañía Pesquera Tasa y la Compañía Pesquera Hayduck. El desplazamiento del personal y los protocolos inadecuados contribuyeron al contagio. (Henry Palma – Plataforma por la Sostenibilidad de la Pesca Artesanal –Végueta)

Puntos para una propuesta de plan de acción

  1. Acción legal en la forma de una denuncia penal a los responsables del plan de reactivación económica y las consecuencias en los derechos laborales, a la vida y la salud de trabajadores de la cadena productiva de pesca industrial y artesanal
  2. No volver a la normalidad después de la pandemia. Una nueva normalidad frente a la emergencia y encaminada a soluciones integrales
  3. La protección del recurso pesquero es un motivo indispensable. La anchoveta es una especie indispensable en la cadena trófica marina. Los impactos de la actividad industrial pesquera y otras actividades como la exploración y extracción de petróleo en zonas marinas atentan directamente en contra de su protección y conservación.
  4. Protección de derechos integrales de los pescadores como primer eslabón de la cadena productiva, para que no sean más el último eslabón de la cadena de injusticia.
  5. Alerta a la Organización Mundial de Harina y aceite de Pescado (Organización de Ingredientes Marinos – IFFO) sobre procedimientos lesivos a la salud durante la producción de harina y aceite de pescado con que se pone en riesgo a miles de trabajadores y población costera en el Perú, sobre todo durante una emergencia sanitaria mundial como la que atravesamos.
  6. Campaña de incidencia en políticas públicas nacionales para la etapa post pandemia en temas relacionados con el ambiente, actividades productivas y derechos integrales.
  7. Incluir la demanda de los trabajadores de las cadenas productivas de pesca industrial y pesca artesanal en la Plataforma de Empresas y Derechos Humanos – Perú.

 

Por: Juan Aste Daffós, ingeniero economista y especialista ambiental                                                          

¿La minería es crucial para la economía y por eso es de interés nacional?

Completamente falso. La minería solo aportó el 3% del total de ingresos tributarios neto de devoluciones al Estado peruano que representa el 2.6% de las exportaciones mineras para el 2015-2019. Su aporte al PBI ha sido del 9.3% en el mismo período, mientras su efecto multiplicador en la minería es cada vez más débil, y el estudio para 1960-2011 «Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Perú», Cepal, OIT,2014, concluye que la economía peruana “ha pasado de un modelo primario exportador semindustrial a uno primario exportador y de servicios» (pág. 40 del estudio). Mientras el IPE (2017) y Macroconsult (2012), financiados por la sociedad nacional de minería, concluyen en sus estudios que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 9 y 4 empleos indirectos, respectivamente; mientras en Chile, la International Copper Association (ICA) realizó el estudio “Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile” para 1990-2016 y concluyó que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 3.7 empleos indirectos.

Creemos más en la seriedad de los estudios en Chile que los estudios pagados por los propios dueños de las minas en el Perú. En empleo directo, la minería solo aportó con el 1.1% de la PEA entre el 2012-2019. O sea, genera muy poco empleo directo e indirecto, siendo un 67% trabajadores eventuales de contrata y, de preferencia, son de regiones distintas a las que realizan su trabajo. En realidad, su principal aporte es que las exportaciones mineras son el 60% del ingreso por exportaciones y sirven para disponer de dólares para las importaciones, afectando cada vez más a los productores nacionales y a la generación de empleo e ingresos, sin contar el valor del impacto ambiental, económico y social que causan en su entorno.

Si la minería genera pocos puestos de trabajo directos e indirectos, aporta muy poco en tributos, y su aporte con las divisas fomenta el circulo vicioso de la dependencia de las importaciones, y no asume el valor del impacto ambiental, económico y social que genera, afectando irreversiblemente la biodiversidad, ríos, la producción y el empleo, así como la salud de los trabajadores mineros y la población de su entorno; ¿sabes para lo que sirve la minería en Perú, además de favorecer a las transnacionales y a las productoras mundiales de tubos para construcción, cables, autos, computadoras y otros?, para que abandonemos el impulso del turismo ecológico, arqueológico y vivencial, la producción agroalimentaria, los productos de la medicina natural, y la gastronomía, asociados con todos los servicios de transporte, restaurantes y hotelería y el comercio que ello implica para llevar los productos a los hogares, generando empleo masivo en asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, y otras formas de organización colectiva de la producción. Por esto, debe haber consulta en todos los casos.

Ordenemos el territorio hacia una economía del buen vivir que dependa menos de la minería y el mercado internacional.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

“Reactiva Perú” es el programa económico que, en el marco de la delegación de facultades, fue aprobado por el MEF mediante Decreto Legislativo 1455 a inicios del mes de abril. El objetivo del programa es que a través de los recursos del Banco Central de Reserva, es decir los recursos públicos, se pueda asegurar la cadena de pagos de las empresas ante el impacto del COVID-19. El programa está dirigido a que las empresas cuenten con “capital de trabajo” para enfrentar pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. El capital de trabajo son aquellos recursos que las empresas necesitan para poder operar y son gastos que se dan a corto plazo, uno de los rubros más importantes para que puedan operar es el pago de sueldos a sus trabajadores, es decir el sostenimiento de la fuerza laboral.

El Decreto legislativo establece que el mecanismo para colocar este financiamiento es a través de créditos otorgados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF), es decir los bancos; y que el programa será administrado por la Coorporación Financiera del Desarrollo (COFIDE) que es una empresa estatal de derecho privado. Entre las principales condiciones que establece el DL para el acceso a este programa es que las empresas beneficiarias no tengan deudas tributarias con la SUNAT y no tengan relación con la ESF, es decir que no haya relación con los bancos que entregan los créditos, o que se encuentren pendientes de reparación civil al Estado producto de tener sentencia firme por delitos de corrupción.

A la vez el la Ministra de Economía y Finanzas anunció que este programa estaba dirigido a beneficiar a las empresas de todos los tamaños, especialmente a las MYPES, que son la mayoría de empresas en el país y que sostienen una importante cantidad de trabajadores formales dependientes.

Las empresas beneficiadas y los cuestionamientos

Sin embargo, de las últimas investigaciones periodísticas realizadas por OJO PÚBLICO se hizo de conocimiento público que diversas empresas de gran facturación pudieron acceder a estos préstamos estatales y en este listado resaltan empresas mineras como:  Chinalco Perú, Aurífera Retamas, el Consorcio Minero Horizonte y Volcan.

Respecto a Chinalco (China) y Volcan (Suiza) son una de las empresas que vienen generando mayor impacto en el ambiente y en la vida de la población de los distritos Morococha y Pasco respectivamente. En el caso de Chinalco y su Proyecto Toromocho, que  es uno de los más grandes en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, actualmente  se encuentra en fase de expansión y con un conflicto latente con la población de la zona, pues las condiciones en las cuales fue llevado el proceso de reasentamiento de la población a la nueva ciudad de Morococha no fueron informadas adecuadamente generando gran impacto en la economía local de las familias. La  zona donde se realizó el reasentamiento es una zona de alto riesgo, al respecto el día sábado 13 de junio el ANA emitió una resolución jefatural declarando Estado de Emergencia Hídrico y peligro inminente el distrito de Morococha, por el desborde de la laguna Huascacocha que se encuentra contaminada por aguas residuales que provenientes de la actividad minera.

Sobre el caso de la Minera Volcan cuyo accionista mayoritario es la transnacional Glencore, opera hace decadas en Cerro de Pasco, y es responsable de impactos acumulativos al ambiente, y por tanto a la salud humana de la población que hasta la fecha no se encuentran atendidos ni reparados. Por lo que concierne el daño ambiental, varios estudios subrayan la contaminación de ríos y lagunas a causa de los metales pesados presentes en el agua en cantidades superiores a los límites consentidos. El aire también se ve afectado con las operaciones extractivas: por un lado, los explosivos utilizados en el proceso minero provocan nubes de polvo tóxico que provienen de la mina a cielo abierto; por otro lado, desde las aguas rojas de las lagunas que se han convertido en depósito de residuos, como la laguna de Quiulacocha, que hace que se levanten vapores tóxicos.  Todo ello a resultado en un impacto sin precedentes a la salud humana en el Perú, en la actualidad se reportan casos de niños y adultos, con particular gravedad en niños que tienen plomo y mercurio en la sangre, varios de ellos ya han fallecido producto de esta contaminación. Muchas de las familias afectadas se encuentran aún en búsqueda de reparación y atención a los daños causados por la industria minera, en su mayoría estas familias se encuentran aún si quiera tener diagnósticos oficiales por parte del Estado.

Empresas con corona y privilegios.

Los daños causados a la vida, la salud humana y ambiental, así como a la sostenibilidad económica de las familias y poblaciones producto de la actividad extractiva es incalculable. Sumemos a esto que a nivel administrativo existen deudas millonarias con el Estado por parte de empresas como Volcan a causa de sus infracciones ambientales. Ante esta situación tan grave de impunidad, donde miles de personas se encuentran impactadas irremediablemente por la actividad minera nos preguntamos cómo es que el Ministerio de Economía no ha establecido criterios administrativos más estrictos para el otorgamiento de los préstamos de Reactiva Perú, para evitar que este tipo de empresas accedan a los recursos públicos que sostenemos todos los ciudadanos peruanos

Empresas transnacionales como Volcan facturan grandes utilidades y  también benefician a accionistas nacionales como la familia Letts Colmenares y Prima AFP del holding de Credicorp del grupo Romero, los mismos dueños del BCP una de los bancos que gestionan los créditos de REACTIVA Perú. Son empresas que sí cuentan con sostenibilidad económica para financiar su capital de trabajo, pero que lastimosamente bajo la doctrina de competitividad y productividad, estas inversiones de capital son vistas solo como costos que tienen que reducir al igual que todos los costos de prevención de impactos ambientales y la salud que deberían de garantizar bajo criterios de debida diligencia.

Justamente por esta situación de impunidad en la violación de derechos humanos y ambientales de varias empresas privadas y de modo particular en las extractivas, es que desde las instituciones de derechos humanos venimos exigiendo la necesidad de la aprobación internacional de un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos y a nivel nacional la aprobación de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos priorizado por la PCM y que establezcan garantías de protección a  los derechos de los pueblos en base a los Principios Rectores  de la ONU y los pilares de proteger, respetar y remediar.

 

 

 

 

 

 

Por Rodrigo Lauracio / Área de Incidencia Político Legal

En las últimas tres semanas las medidas económicas orientadas a impulsar la reactivación económica se han intensificado desde el Poder Ejecutivo. Motivados probablemente por reducir los impactos en el sector empresarial del país, a causa de la crisis sanitaria y el Estado de Emergencia, que obligó a la paralización de gran parte de las actividades económicas en el país. Las medidas sanitarias se hacían imprescindibles para contener la propagación de la Covid – 19 de forma exponencial, sobre todo en zonas de extrema vulnerabilidad como los territorios de comunidades campesinas y nativas (pueblos indígenas).

Se había anunciado desde el gobierno que el retorno a la “nueva normalidad” sería de forma progresiva y con nuevas reglas, que no solo regularía las nuevas conductas de los ciudadanos, sino también el de la actividad económica. Ello ocurrió efectivamente, el 23 de mayo se publicó el DS 094-2020-PCM que prorrogó el Estado de Emergencia hasta el 30 de junio, con nuevas reglas de convivencia social y otras reglas para la segunda fase de la reactivación económica. Las actividades económicas (pequeñas, medianas y grandes) también debían reiniciar sus actividades, innegablemente; pero nos ha suscitado una especial preocupación el impulso sobre acogido que ha tenido sectores como la minería, al permitírseles el reinicio de sus actividades casi al cien por ciento.

Como dijimos, en las últimas semanas se han emitido una serie de normas en materia ambiental, seguridad ocupacional, protocolos de seguridad frente al Covid -19, fiscalización ambiental, para hacer viable dicho reinicio. Desde nuestra opinión, estas normas no parecerían otorgar suficientes garantías para evitar afectaciones al derecho a la salud, tanto de los trabajadores mineros como a las comunidades aledañas a los proyectos mineros, o incluso garantías que eviten los impactos ambientales (los cuales fueron constantes con anterioridad a la pandemia). Entre estas normas comentadas encontramos a las siguientes:

  1. Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM – “Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM

Desde el Ejecutivo se había anunciado inicialmente que la reactivación sería por fases, la primera fue aprobada por el D.S. Nº 080-2020-PCM mediante el cual se permitió solo el reinicio de algunas actividades económicas; por ejemplo, la gran minería en etapa de explotación, condicionada a la aprobación de protocolos de seguridad. Con este nuevo Decreto, se hace una modificación mediante su Única Disposición Complementaria Final, permitiendo ahora “la reanudación de las [todas] actividades […], se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud […]”.  Es decir, se ha acelerado la reactivación en todas sus fases (concesión minera, exploración, explotación y cierre), desde luego ello representa un riesgo para expandir los contagios del Covid -19.

 

  1. Decreto Legislativo Nº 1500 – “Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del Covid-19”

El D.L. N° 1500 tuvo como objetivo el establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes (autorizaciones) en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales como la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En el marco de este objetivo se flexibilizaron ciertos derechos y obligaciones a cargo de las empresas, como, por ejemplo: la participación ciudadana en las etapas de la elaboración y aprobación del EIA, que eran presenciales, ahora se habilitó la posibilidad de que estas puedan ser virtuales. Lo mismo ocurre con las obligaciones de las empresas de realizar sus monitoreos y reportes al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ahora estas están exoneradas de la obligación de presentarlas y cualquier otra información de carácter ambiental o social que implique trabajo de campo. A ellos se ha sumado la posibilidad de poder fraccionar aquellas multas que les imponga.

Este D.L. ha conllevado que OEFA emita las normas de desarrollo, que a continuación comentamos.

  1. Resolución del Consejo Directivo N° 00007-2020-OEFA/CD – “Aprueban el “Procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el marco de la Emergencia Nacional”

Esta resolución reglamenta el aplazamiento del pago de multas impuestas por el OEFA, que es aplicables a toda persona natural o jurídica que desarrolla actividades económicas que esté sujeta al ámbito de competencia de este organismo. Las multas que se impongan a causa de infracciones ambientales serán suspendidas en su cobro durante el año 2020, y si la empresa tiene una facturación menor o igual a 1700 UIT esta podrá ser suspendida hasta el 2021. Finalmente, el aplazamiento de este pago no está sujeta al pago de intereses compensatorios.

  1. Resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD – “Aprueban el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”

Mediante esta resolución se aprueba un nuevo reglamento de fiscalización ambiental a cargo del OEFA, el cual se aplicará durante el Estado de Emergencia sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19. Fiscalización que se llevará adelante en los siguientes casos: actividades vinculadas al recojo y limpieza de residuos sólidos; en el desarrollo de actividades esenciales; cuando ocurran emergencias ambientales; en circunstancias de inminente peligro o riesgo al medio ambiente o salud de las personas; cuando las actividades se desarrollan sin contar con el registro en el SICOVID-19 y cuando se reinicien actividades. Sobre estas labores, no queda claro si se realizarán de forma periódica para garantizar que las actividades no estén generando impactos o si estas evaluaciones y acciones de fiscalización se harán de forma remota, como se sugiere en uno de sus artículos.

Frente a estas medidas decretadas, varias organizaciones sociales y poblaciones indígenas y comunidades campesinas han mostrado su preocupación, debido a que, muchas de las actividades económicas de gran magnitud (como la minería) se encuentran ubicadas en sus territorios y el riesgo de contagio por el Covid-19 es real. Desde la Red Muqui, en lo que va del Estado de Emergencia sanitaria, hemos podido identificar que muchas labores mineras continuaron sin contar con un protocolo de seguridad aprobado y pese a las restricciones de aislamiento social que dispuso el gobierno. Todo ello trajo como consecuencia que hasta la fecha se tenga un reporte de más de 800 trabajadores mineros contagiados con Covid-19 a nivel nacional, incluso en algunas unidades mineras se han registrado casos de contagio mayores a algunas regiones del país.

A ello se suma la alta vulnerabilidad de las comunidades campesinas, debido a que la atención de servicios básicos es precaria o casi inexistente en los territorios. Para nadie es un secreto que en estos territorios no se cuenta con centros de salud, y si las hay, muchas veces no tienen infraestructura adecuada y la falta de medicamento o personal de salud es una constante. Las medidas de contención dispuestas para este sector, desde el Ejecutivo, han sido ampliamente criticadas por las organizaciones indígenas, en principio por que no tuvieron participación en su elaboración y no fueron diseñadas conforme a su contexto (pertinencia cultural) y necesidades y sobre todo que la atención y la ayuda está llegando demasiado tarde.

La reactivación económica y, sobre todo la minería, debe ofrecer suficientes garantías para preservar los estándares de calidad ambiental para proteger el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; y, medidas idóneas de protección sanitaria para proteger el derecho a la salud, plasmadas en el ámbito normativo como en el desarrollo de labores de fiscalización por los entes competentes como OEFA, ANA, DIRESAS, entre otros. De ello depende la protección de estos derechos e incluso la misma vida de las poblaciones aledañas a estos proyectos de inversión.

Nota:

El derecho a la Salud: El artículo 7 de la Constitución Política establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. Por su parte, su artículo 9 señala que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Se establece también en los artículos 9 y 65 que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, debe, en el marco de una política de salud eficiente, facilitar a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud y, que el Estado vele, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

El derecho al medio ambiente: La Constitución Política, en su artículo 2.22 consagra el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado en los siguientes términos. Este derecho busca la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado y obliga a los poderes públicos a mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Esta obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Recientemente un grupo de personas y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica han elaborado y hecho publico un comunicado muy potente denominado: “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, y como se señala en el documento, la propuesta de “este Pacto no es un listado de demandas que se dirigen a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades” en este contexto de pandemia del Covid-19. Entre las nueve propuestas que alcanza el comunicado, hay dos puntos centrales que quisiéramos resaltar: la implementación de una renta básica universal que sustituya las transferencias focalizadas y la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria; lo que implica empezar por las reformas en las políticas agrarias en los países de Latinoamérica.

 

Sobre el tema de la renta básica universal en nuestro país, aquí lo hemos llamado el bono universal. Diversas organizaciones de la sociedad civil han venido exigiendo al gobierno la aprobación de esta medida, ya que ha quedado demostrado que el bono focalizado no ha funcionado. El mismo presidente Vizcarra ha señalado que este solo a llegado a entregarse en un 50% y el avance de la entrega en el sector rural es mínimo. Por ello esta semana la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva, ha presentado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 5435) para establecer un Ingreso Básico Universal. El objetivo de la norma es que el bono llegue a todos/as los ciudadanos/as del país sin distinción alguna durante el estado de emergencia, esto incluye a los más de 70% de trabajadores informales. Al respecto, la misma Comisión Económica Para América Latina – CEPAL ha recomendado a los gobiernos latinoamericanos implementar esta medida; así que no es una propuesta descabellada.

 

El otro tema que esta vinculado al bono universal es la reactivación de la economía. Para el gobierno y los gremios empresariales privados esto solo tiene que ver con la reactivación de las grandes empresas, dejando de lado la atención al sector agrario, cuando la reactivación debería haber empezado por el agro y desde los territorios, aunque en las ultimas semanas se han dado algunos pasos: por ejemplo, en el espacio del Acuerdo Nacional se han aprobado varias acciones, entre ellas la conformación de un Comando de Emergencia Agroalimentaria. Lo cierto es que, si no se atiende con urgencia el agro, vamos a ingresar a un periodo de crisis alimentaria en todo el país, por ello el pedido del fondo de salvataje por 5 mil millones de soles que viene realizando los gremios agrarios tiene que aprobarse para asegurar la campaña agrícola 2020-2021.

 

Desde la Red Muqui creemos que si el gobierno quiere tomar medidas en favor de la población tiene que escuchar las voces de las organizaciones sociales, los gremios agrarios, las comunidades campesinas, los sindicatos, entre otros; y no solamente al sector empresarial, como claramente se puede ver. Por lo pronto el bono universal y el fondo de salvataje para el sector agrario son temas urgentes a atender.

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.