Por: Bladimir Martínez

Equipo técnico de DHUMA-Puno

Ante el retraso en la aprobación y ejecución del Plan de Acción Integral Multisectorial de la cuenca del río Coata, como resultado de la Mesa de Diálogo denominada “articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional, local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata a favor de los distritos Coata, Capahica, Huata, Caracoto y Paucarcolla en el departamento de Puno”, cuyo vencimiento es el 15 de julio, y el retraso en la ejecución del plan de acción de descontaminación, mitigación y remediación aprobado en marzo del 2021 por el Gobierno Regional de Puno; los pobladores de la cuenca del Coata, expuestos durante años a metales tóxicos, contaminantes biológicos y a la pandemia del Coronavirus, adoptaron medidas de lucha desde el lunes 12 de julio por un lapso de 48 horas para solicitar la aprobación inmediata de los proyectos ganaderos, aprobación y ejecución de los proyectos de saneamiento básico de agua en los distritos afectados, la aprobación del plan de acción integral multisectorial de la cuenca Coata, la inmediata ejecución del plan de acción aprobado por el Gobierno Regional de Puno, y el cese inmediato de actividades mineras en la cabecera de la cuenca del río Coata.

Al cierre de la presente nota, los pobladores y dirigentes de los diferentes Frentes de Defensa de la cuenca del río Coata mantenían bloqueadas el sector de Caracoto, vía que conecta las ciudades de Puno y Juliaca

 

 

 

Frente a la cuarta ampliación del estado de emergencia del Río Moche, debido a la contaminación por relaves mineros, el Comité Multisectorial en Defensa del río Moche llevó a cabo el día de hoy, jueves 8 de julio, una asamblea pública en el caserío de Rayanpampa donde participaron representantes del Gobierno Regional de La Libertad, congresistas electos y autoridades locales para definir el día de inicio del paro regional indefinido.

Antecedentes

Desde el 10 de julio del 2018, la Autoridad Nacional del Agua, en salvaguarda de la seguridad ambiental y la salud poblacional, indicó al «Ministerio de Agricultura y Riego que se declare el Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días ante el posible riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche, en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad».

‘Existe un sinnúmero de documentos que certifican que las aguas del río Moche están contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2018 indicaron en su informe que el agua no cuenta con estándares de calidad ambiental, en pocas palabras lo que dijeron que el agua no es apta para consumo humano, ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es por eso que muchas familias están perdiendo sus sembríos es una situación terrible lo que estamos enfrentando’, señaló el presidente de la Comisión Multisectorial en Defensa del río Moche, Haro Quispe.

Asamblea

En la asamblea del 08 de julio reciente también participaron agricultores y autoridades que identificaron como principal factor de contaminación del río Moche a la minería y sus relaves. Así mismo, el reciente congresista electo por la región La Libertad, Enrique Alba, se comprometió a trabajar desde el Congreso para hacer realidad la restauración del río Moche.

Esta iniciativa parte de la falta de acciones concretas de parte del gobierno regional y central para dar solución definitiva a la contaminación del río Moche, la cual pone en riesgo más de 16,000 hectáreas de cultivo, 66 mil cabezas de ganado, 89 mil aves de corral y 267 kilómetros de canales de riego.

En palabras de Alan Roy Cisneros Fernández, Vicepresidente del Comité Multisectorial, hasta la fecha ningún sector del Estado lidera las acciones para dar solución concreta frente a la contaminación por relaves mineros del rio Moche.

Por otro lado, mencionó la existencia de nuevos acreedores de las minas en abandono, que buscan utilizar nanotecnología para capturar todos los residuos. “Estos acreedores no tienen permisos para este tipo de trabajos”, precisa.

Cabe recordar que el 27 de diciembre del 2020, el último Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM declaró en emergencia a los distritos de Quiruvilca, Agallpampa, Salpo, Otuzco, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco, por peligro inminente ante la contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

En ese sentido, el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche denunció que los vegetales y frutas sembrados se pierden por la alta acidez que tienen las aguas. Alan Cisneros Fernández indicó que el 70% de lo que se siembra no logra sobrevivir.

“Tenemos que cuidar que no llegue el agua al tronco de la planta, porque el PH es de 2, y para que se desarrolle tiene que tener aguas alcalinas y un PH 5. Estas aguas queman la plantación”, sostuvo Cisneros

Viaje a Lima

En la asamblea se indicó que se ha coordinado una reunión con Pedro Castillo para trabajar una agenda futura y ver qué acciones tomar al respecto. La reunión está pactada para este sábado 9 de julio a las 10 am en Lima. Así mismo, el día lunes 12 de julio se llevará a cabo una reunión a las 3pm con la Presidencia de Consejos de Ministros en donde se busca trabajar una visión más amplia y concreta frente a la situación actual del río Moche.

Cabe señalar que la contaminación no solo se ha producido por los relaves mineros, principalmente de la actividad minera de la empresa Quiruvilca, sino también por el mal manejo local de los residuos sólidos, debido a que no cuentan con pozos de oxidación, ni tratamiento de aguas residuales, afectando más de 60 mil hectáreas.

Finalmente, se estableció una reunión para el jueves 22 de julio donde se dará a conocer los acuerdos logrados en el viaje a Lima y ver qué acciones tomar en base a ello.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.

Desde Red Muqui solicitamos a César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que escriba sobre lo que está pasando actualmente en Chile y cómo se originó el proceso constituyente actual, a raíz que en nuestro país, Perú, el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución también se está iniciando debido a los vientos de cambio que suenan con la victoria política electoral de Pedro Castillo.

Artículo de César Padilla de OCMAL.

El 4 de julio del presente año se instaló la Convención Constitucional en Chile. La primera medida fue la elección de la presidencia que quedó en manos de la activista Mapuche Elisa Loncón.

Antecedentes  

Debemos recordar que el proceso constituyente en Chile surge a raíz de la rebelión que inicia el 18 de octubre de 2019, día en que la ciudadanía se suma a semanas de manifestaciones de estudiantes de enseñanza media, especialmente en las estaciones del metro del centro de Santiago.

Luego de semanas de intensas movilizaciones y ante la debilidad de un tambaleante gobierno cuya única respuesta fue la represión, sectores de la derecha con apoyo de la centroizquierda y progresistas del Frente Amplio firmaron el 15 de noviembre un «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución».[1]

El proceso de cambio

Para materializar el proceso constituyente se realizó una reforma constitucional[2] que abrió el camino a la realización de una “Convención Constitucional” con una serie de reglas y normas aportadas por las bancadas parlamentarias y que luego fueron criticadas por diversos sectores de las organizaciones sociales, como por ejemplo la necesidad de aprobación del reglamento y artículos por un mínimo de dos tercios.

Algunos logros obtenidos en el camino son, por un lado, la paridad de género (ausente en el acuerdo inicial) y la elección de una presidenta mujer, elegida dentro de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, y proveniente del pueblo Mapuche.

Un logro ciudadano importante también del proceso social fue la composición de la Convención Constitucional. La mayoría electa en votación popular, está compuesta por independientes y ninguna fracción política dispone del tercio necesario para vetar aspecto alguno que sea votado en dicho espacio.

Las luchas estratégicas

En este escenario y de cara a sortear las trabas y limitaciones impuestas desde el origen del proceso para elaborar una nueva constitución, surgen algunos reconocimientos tácitos avanzados hasta la fecha: será un proceso participativo, pues la mayoría de las y los convencionales tienen la convicción de que se trata de un proceso de participación amplia, para lo que están diseñando los mecanismos para escuchar las diversas voces provenientes de los territorios.

La participación de las mujeres tendrá no solo reconocimiento sino un estatus especial para combatir una sociedad patriarcal y excluyente. El reconocimiento a los pueblos originarios, expresado además en la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención cruzará el proceso de la nueva constitución.  La necesidad de garantizar las condiciones ecológicas, con el agua como protagonista de los conflictos frente al extractivismo, tensionará las discusiones sobre las bases de la sociedad, la economía, la naturaleza, los animales, los territorios y la forma de garantizar un mejor futuro para niñas, niños y generaciones venideras. La recuperación soberana y social de los bienes comunes están también bajo el foco de atención de la ciudadanía.

El respeto a la diversidad, los derechos de los diferentes grupos que conforman la sociedad estarán de seguro presentes en la nueva constitución, así como derechos universales a la salud, la educación, vivienda, pensiones dignas, participación democrática en las decisiones políticas que afectan a la sociedad en su conjunto.

El origen de los cambios

Y, tal vez, lo más importante de este proceso, es que surgió desde las movilizaciones de las organizaciones sociales, acompañadas por el sentir de una gran mayoría de la población cansada de los abusos, del sistema político de elites, de la exclusión, de la pobreza y la marginación. Estas organizaciones que gozan del apoyo de la población, debieron pausar las movilizaciones por la crisis sanitaria, pero siguen vivas y continúan mostrando su capacidad de exigir justicia y dignidad.

En el medio de las discusiones se ubica la situación de las casi 3.900 personas condenadas por actos relacionados con la rebelión social, cuyo eventual indulto, ya en discusión en el parlamento, volvió al debate con la instalación de la Convención Constitucional.

Quedan aún temas pendientes como reparación a las víctimas de la violencia policial a partir del 18 de octubre de 2019, la reforma policial y militar, especialmente a la rama uniformada y militarizada desde la dictadura de Pinochet.

Con todo, la esperanza sigue alumbrando el camino y, la sociedad chilena, harta de los abusos de los más de 40 años, sigue dando lecciones de voluntad para lograr la tan anhelada justicia y dignidad.

 

[1]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

[2]     https://www.senado.cl/capitulo-xv-reforma-de-la-constitucion-y-del-procedimiento-para/senado/2012-01-16/110209.html

Este jueves 1 de julio del presente año, el Juez titular del 2do Juzgado Unipersonal-Sede Central Arequipa, Dr. Orlando Abril Paredes, suspendió la estación del juicio oral del caso que se sigue en contra de dirigentes y agricultores del Valle de Tambo por la supuesta comisión del delito de la tortura. La decisión del juez se da porque no les compartieron con anticipación el link de la audiencia virtual. En los próximos días señalarán la nueva fecha de instalación de juicio oral, a la que deberán asistir todos los imputados con cargo de ser declarados reos contumaces de no estar presentes, manifestó el juez Abril Paredes.

La Fiscal Alejandra Cabana Ocsa acusa a dirigentes y agricultores del Valle de Tambo (Beatriz Martha Huasi Franco, Henry Linares Chamorro, Roxana Victoria Paz Rodríguez, Grimalda Miguelina Chávez Carcasi, Mercedes Hinojosa Condori, Abigail Cristina Torres de Almonte, Elida Maritza Ticona Hinojoza, Juan Miguel Meza Igme, Ángela de Jesús Salinas Rojas, Delicia Vilcazan Vilcazan y Jesús Mariano Cornejo Reynoso) de haber perpetrado el “supuesto” delito de tortura contra la “supuesta agraviada” Yovana Juana Mendoza.

El hecho “supuestamente” habría sucedido en el mes de mayo del 2015 en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, donde la denunciante habría sido agredida por un grupo de personas que están en contra del proyecto minero Tía María, ella señala que fue violentada por haber trabajado para la minera Southern, algo que desconocen los dirigentes denunciados.

El Juez exhorto a la representante del Ministerio Público a sintetizar la acusación, acreditando las pruebas de la acusación, pidió que todos los imputados sean notificados debidamente a sus direcciones procesales personales, y se le facilite previamente el link de la audiencia virtual, también lo exigieron los abogados de los imputados.

Fedepaz y la Red Muqui en apoyo a los agricultores del Valle de Tambo, apoya en la defensa de los acusados Juan Miguel Meza y Grimalda Chávez, a través de la participación del Dr. David Velazco Rondón.

 

 

 

El día ayer 30 de junio, diversas organizaciones como el Frente de Defensa Provincial del Pueblo de Huancavelica llevaron adelante una movilización rechazando el desarrollo del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A.

Las diversas organizaciones sociales de la Provincia de Huancavelica, comunidades campesinas y pobladores han sostenido que este proyecto de exploración causará una grave afectación a las fuentes de agua de la micro cuenca de Calqui, lugar de donde se hace la captación para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. También se pondría en riesgo la salud de los pobladores, debido a que, actualmente esta cuenca tiene presencia de metales pesados como arsénico, y cualquier interferencia incrementaría su riesgo.

Frente a estos riesgos, en enero del presente año la Municipalidad Provincial de Huancavelica en representación de los pobladores, presentó el recurso de nulidad de la Resolución Directoral N° 0171- 2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Pukaqaqa Sur, y se llevó adelante la audiencia de la vista de la causa el pasado 22 de junio, ante el Consejo de Minería.

Las organizaciones en esta movilización también han demandado que se declare fundado este recurso, y se suspenda toda pretensión de llevar adelante las actividades de exploración en esta zona.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ante la inminente proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, Keiko Fujimori y sus aliados han salido con otra estrategia: pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo cual han solicitado que el presidente Sagasti pida una auditoría de las recientes elecciones de segunda vuelta. No contentos con ello, un grupo de “seudo-políticos reciclados” han viajado a las oficinas de la OEA en Washington – EEUU para presentar este pedido, señalando que hubo fraude en Perú pero que no tienen la forma de probarlo. Como era de esperarse, ningún funcionario serio de este organismo los ha recibido, por el contrario, todos hemos podido ver por redes sociales y a través de algunos de sus medios aliados la vergüenza internacional que vienen pasando. Mientras tanto, en nuestro país el JNE ha desestimado la mayoría de recursos y pedidos de nulidad que ha presentado el fujimorismo, por lo que esperamos que en los próximos días se oficialice la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú.

De otro lado, los aliados del fujimorismo en el Congreso tampoco descansan: estos días las bancadas y congresistas golpistas han promovido por enésima vez una censura contra la mesa directiva del Congreso que es presidida por Mirtha Vásquez, quien viene resistiendo con entereza y fortaleza estos ataques de parte de los desestabilizadores, ya que el día de ayer no han logrado su cometido. Con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones ha quedado ratificada la mesa directiva. No contentos, los aliados del fujimorismo ahora buscan elegir de manera express a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el objetivo de esta elección es dejar aliados en el TC para que ante un eventual pedido de vacancia presidencial actúen en favor de quienes los han puesto ahí, es decir las mafias golpistas. El llamado «golpe parlamentario» no ha prosperado, pero está claro que no se van a quedar tranquilos. Seguramente intentarán alguna otra acción desestabilizadora hasta el último día de sus funciones en el Congreso de la República.

Finalmente, un tema no menos importante es lo que viene pasando en el escenario global y tiene que ver con la subida del precio de los minerales, principalmente del cobre, que actualmente se cotiza por encima de los 4 dólares por libra; un precio más alto que el super ciclo minero que tuvimos entre los años 2002 y 2013. Por ello, nos parece imperativo empezar a hablar sobre el impuesto a las sobre-ganancias de la actividad extractiva minera. Una de las primeras medidas que debe encarar el gobierno de Pedro Castillo es la revisión del marco normativo de las regalías mineras, algo que los sucesivos gobiernos no han querido hacer.

Desde Red Muqui creemos que hay un marco normativo en el sector minero que está agotado y que debe ser revisado con la participación de la sociedad civil, esto pasa por cambiar la política de concesiones, revisar los contratos ley de estabilidad jurídica y tributaria con empresas mineras, la gestión de conflictos socioambientales, entre otros. Este es el pedido de las provincias y regiones mineras donde mayoritariamente ha ganado Pedro Castillo.

Por: Abog. Rodrigo Lauracio / Área de incidencia legal de Red Muqui.

El pasado 22 de junio del presente año, se llevó adelante la audiencia de la Vista de la Causa ante el Consejo de Minería del Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en el marco del Recurso de Nulidad presentado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, con el apoyo de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y la Red Muqui, contra la Resolución Directoral N° 171-2020-MINEM/DGAAM emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el 15 de diciembre del 2020.

Dicha resolución fue cuestionada debido a que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A., al no ofrecer suficientes garantías ambientales y sociales para proteger los derechos e integridad de los pobladores ubicados dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto minero, circunscritos en los distritos de Huancavelica y Ascensión.

Entre los principales hechos que sostiene este pedido de nulidad se encuentran los siguientes:

  • La omisión de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros para evaluar los impactos referidos a la afectación de la calidad del agua y la inminente vulneración del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho al agua potable y a la salud humana.
  • Los insuficientes mecanismos de participación ciudadana implementados durante la elaboración y aprobación del DIA, que no garantizó una plena participación de la población y las organizaciones sociales del área de influencia directa e indirecta ubicados en las localidades de Huancavelica y Ascensión.
  • La falta de protección (misión) de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Comunidades Campesinas) ubicadas en el área de influencia directa e indirecta proyecto de exploración Pukaqaqa Sur.

Conforme a estos hechos, se sostiene que existe un riesgo inminente de afectación a derechos fundamentales como al medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, al acceso al agua potable, a la participación y a la consulta previa, los que han sido reconocidos expresamente en la Constitución, así como en tratados internacionales de derechos humanos.

  1. El derecho fundamental al medio ambiente, a la salud humana y al agua potable.

Estos derechos fundamentales han sido reconocidos en la Constitución Política en los artículos 2° inciso 22, 7° y 7-A, respectivamente, así como desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3510-2003-AA/TC, FJ. 4 – principio precautorio, Exp. 02002-2006-CC/TC, FJ. 17 – El deber del Estado de prevenir los daños a la salud, Exp. 00666-2013-PA/TC, FJ. 6-7 – El deber de garantizar el acceso al agua potable en calidad y cantidad). Y el DIA presentado por la empresa Nexa Resources S.A. y aprobado por la DGAAM es un instrumento de gestión ambiental insuficiente, ya que no ha logrado identificar y determinar los impactos ambientales que se producirían con las labores de exploración, en las 20 plataformas de perforación en la “micro cuenca de Callqui”.

Los puntos de perforación propuestos se ubican dentro del área de captación de agua de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica Sociedad Anónima (EMAPA – HVCA S.A.), que satisface las necesidades básicas de las localidades de Huancavelica y Ascensión, que tienen más de 51 mil pobladores. Adicionalmente, EMAPA a través del Memorial Multisectorial N° 001-2020, el Informe N° 003-2020-MPH/R.ECBS y el Informe N° 046-2020-MUN.PROV. HVCA/GGA/QNC, ha determinado que la micro cuenca de Callqui es un ecosistema frágil, y que actualmente los puntos de captación de agua tienen presencia de metales pesados como arsénico y antimonio que han sobrepasado los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Razón por la cual, el tratamiento del agua para potabilizarlo actualmente requiere de procedimientos especiales, y cualquier interferencia en el ecosistema o variación de las características hidrogeológicas alterarían la calidad del agua.

  1. El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana ha sido reconocido en el artículo 31° de la Constitución, y en concordancia con el artículo 2°, incisos 17 y 22, se establece que toda persona, en forma individual o colectiva, tiene el derecho de participar en el sistema de gestión ambiental. Este derecho también ha sido reconocido en la Ley General del Ambiente, en el artículo I del Título Preliminar y los art. 47° y 51°, estableciendo la obligación de generar mecanismos que permitan el acceso a información y la participación.

En el caso concreto, la empresa Minera Nexa Resources S.A. solo habría llevado 01 taller participativo en la Comunidad Campesina de Callqui Grande, el 28 de abril del 2019; no lográndose identificar y garantizar la participación de otras comunidades campesinas y/o organizaciones sociales ubicadas en el área de influencia directa e indirecta. Cabe recordar que, en la micro cuenca de Callqui, actualmente existen aproximadamente 19 Juntas Administradoras de Saneamiento-JASS (distrito de Huancavelica y Ascensión), que no habrían participado del proceso de elaboración y aprobación del DIA.

  1. El Derecho a la consulta previa

Si bien en la Ley General del Ambiente -LEY Nº 28611 y el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera – D.S. N° 042-2017-EM, omiten en la aplicación del derecho a la consulta previa en la etapa de certificación ambiental; pero en aplicación de los tratados en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT (Art. 6) y las sentencias emitidas por la Corte IDH (Bloque de Constitucionalidad), este si debe estar sometida a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas u originarias que se pudieran ver afectadas.

Al respecto la Corte IDH, en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam ha sostenido lo siguiente:

“16. En este sentido, la Sentencia ordena al Estado consultar con el pueblo Saramaka al menos acerca de los siguientes seis asuntos:[…] (4) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres; (5) sobre los resultados de los estudios previos de impacto social y ambiental, y (6) en relación con cualquier restricción a los derechos de propiedad del pueblo Saramaka, particularmente respecto de planes de desarrollo o inversión dentro o que afecten el territorio Saramaka[1].

En nuestro país, la Defensoría del Pueblo también ha recomendado a SENACE consultar los EIA, ya que su omisión constituye una violación al derecho de Consulta Previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT[2].

Conforme a estos hechos identificados y la posible violación de derechos fundamentales, con el inicio de las actividades exploración del proyecto Pukaqaqa Sur, las autoridades del Municipalidad Provincial de Huancavelica, las organizaciones sociales y comunales esperan que el Consejo de Minería resuelvan este caso declarando la nulidad de la Resolución Directoral N° 171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la DIA del mencionado proyecto.

[1] Sentencia de la Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Fund. 16.

[2] Defensoría del Pueblo. Informe N° 001-2019-DP-AMASPPI-PPI. Pág. 09.

Luego de varias semanas de constantes protestas de los pobladores de la comunidad de Huancuire del Distrito de Cuyllurqui, y los enfrentamientos originados por la reacción violenta por parte de la Policía Nacional hacia los comuneros, la situación se ha tornado en un clima de “tensa calma”, gracias a que se ha llegado a un acuerdo entre la comunidad y la empresa MMG Las Bambas para la realización de una mesa de diálogo.

En un evento realizado el miércoles 23 de junio por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, llamado “Minería para el Desarrollo de Apurímac”, en el que estuvieron presentes autoridades del gobierno de Apurímac y del Gobierno Nacional, el Viceministro del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que el pasado lunes, en coordinación con la comunidad de Huancuire, donde se encuentra el proyecto de Tajo Chalcobamba, se ha instalado una mesa de diálogo que se va a hacer realidad a partir del 30 de junio con el objetivo de impulsar el proyecto.

Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo a declaraciones del comunero Isidro Pusaclla, se ha llegado al acuerdo de la realización de esta mesa de diálogo gracias a la iniciativa de un grupo de comuneros de Huancuire que, en representación de gran parte de la comunidad, viajaron a Lima y llegaron a la oficina central de la empresa MMG Las Bambas para conversar con los gerentes. Luego de días de espera, los comuneros lograron programar la mesa de diálogo para el próximo 30 de junio, en la que los comuneros esperan que se llegue a un acuerdo por el bien de la población de Huancuire.

Según Isidro Pusaclla, en la mesa de diálogo, los comuneros realizarán su reclamo por la permanente contaminación que ha afectado el estado de los recursos hídricos y de la salud de los comuneros, así mismo, denunciarán que la empresa minera viene desarrollando actividades de explotación en terrenos que han sido concedidos irregularmente. Otro de los puntos que se reclamarán será la acción violenta que tomó la policía frente a comuneros en las protestas pacíficas que los últimos venían realizando.

Como se informó anteriormente, en una de las protestas realizadas la semana pasada, el comunero Juan Huillca Ochoa fue violentado por la policía y retenido en el campamento minero de la zona, producto de ello, le rompieron la costilla dañándole el vaso sanguíneo. Sobre el estado de salud actual de Huillca, el comunero Isidro Pusaclla señaló que luego de haber sido operado 4 veces, ha salido de alta del hospital y se viene recuperando poco a poco.

A pesar de lo sucedido, la comunidad no ha recibido ninguna respuesta de parte de la empresa minera ni tampoco de alguna entidad del Estado, los comuneros esperan que en la mesa se presente un representante del Estado para que, de esa manera, sus reclamos puedan tomar más fuerza.