El Plan Unidos y la insistencia en la expansión minera del régimen de Boluarte

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Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

La semana pasada, mediante una conferencia de prensa de la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el régimen de Dina Boluarte anunció el lanzamiento del Plan Unidos, con 25 propuestas multisectoriales para reactivar la economía, y que cuenta con dos ejes de acción: el impulso a la inversión privada y la protección de la cadena de pagos e impulso sectorial. Respecto al eje de “impulso a la inversión privada”, el plan propone destrabar proyectos mineros y fomentar otras siete iniciativas hacia el 2025 con una inversión de US$ cuatro mil 646 millones. En cuanto a las propuestas mineras se trata de la ampliación de Toromocho Fase II, en Junín y la reposición de Antamina, en Áncash. En tanto, para el 2024 se considera Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac). En 2025, se iniciaría el proyecto Zafranal (Arequipa).

En resumen, la mayoría de las propuestas mencionadas son parte de la cartera estimada de proyectos mineros que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, y que llevan varios años en proyección en los plazos que establece la normativa vigente. Mientras que, lo que en realidad están pidiendo los gremios mineros y para ello han montado una campaña comunicativa sin precedentes es despejar y facilitar los trámites administrativos en lo que los empresarios llaman la “tramitología minera”. Es decir, se deben reducir plazos, fusionar instituciones ambientales, eliminar requisitos y reducir la fiscalización ambiental en el sector minero, entre otros. En el fondo, se busca hacer minería donde sea y como sea, en el menor tiempo posible, y con una limitada participación de la gente. Esas son las reformas o cambios que ellos persiguen. Varios de estos puntos son los que serán revisados en los anuncios que ha hecho el premier Otárola de la PCM y el Ministro del MEF Alex Contreras.

Desde Red Muqui estamos convencidos que priorizar únicamente la inversión minera y con las características mencionadas, no solo es un error del gobierno y de los gremios mineros, sino que contraviene las evidencias del entorno que se están revelando. Diversas organizaciones y especialistas ya han señalado hace mucho tiempo que en este escenario de crisis multisistémica, tenemos que diversificar nuestra economía y proteger aquellos recursos y actividades económicas claves y estratégicas. Estamos hablando por ejemplo de invertir en el sector agropecuario, que en tiempos de pospandemia, crisis alimentaria y de crisis climática debería ser una eje central de cualquier discusión seria en nuestro país. El tema del agua es otro aspecto clave que se debe abordar, ya que no solamente va escasear sino que los conflictos en torno a su acceso serán cada vez más frecuentes y sobre ello ni una sola palabra en los planes del gobierno nacional o de los gobiernos regionales.

Lamentablemente todos estos anuncios de inversión económica en el Perú no toman en cuenta la participación de la población y las comunidades de los territorios. No se puede esperar más de un régimen que hoy gobierna a espaldas del pueblo y que cada día es más rechazado por la población.

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Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

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Familiares de niños intoxicados con arsénico de la provincia de Huarmey, en Áncash, han obtenido un avance en sus reclamos por ser atendidos por las autoridades sanitarias.

Encabezados por los padres de familia Jesús Asencio y Grecia Maguiña y acompañados por la presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, Estela Rojas, han firmado un acta de acuerdos por el cual el Ministerio de Salud (Minsa) se compromete a la atención de más de 10 niños afectados por plomo y arsénico en Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre.

Sin embargo los casos de afectados por metales pesados en la provincia, que alberga el muelle de la terminal del mineroducto de la empresa Antamina emplazado en Punta Lobitos, afecta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 3 mil por ciento por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Minsa.

Diversos síntomas detectados por los propios familiares en los últimos años en sus hijos, como el descoloramiento de la piel, dolores de cabeza y de estómago o la aparición de sangre en la orina alertaron a las familias, lo que las llevó a denunciar esta situación en agosto pasado a representantes de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Ambientalista Natura y a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Ambiente y Ecología. Su presidenta, la congresista Ruth Luque, solicitó entonces al Minsa que se hiciera cargo de examinar los casos denunciados.

Finalmente, las autoridades sanitarias, por medio de la Dirección Regional de Salud (DIRES) de Áncash, realizaron exámenes de tamizaje y de despistaje de concentración de metales pesados en pobladores de Puerto Huarmey y 9 de octubre. Su titular Luis Valverde Cueva, advirtió que 29 ciudadanos de Huarmey examinados solo durante el año 2023 presentaron arsénico en la sangre. Dentro de este grupo hay tres personas en estado de gestación.

Según DIRESA solo este año se ha detectado arsénico en 21 personas examinadas

Los representantes de los pobladores, entre ellos Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huarmey, exigen ahora que se amplíen los exámenes a toda la población y se determine las causas de tan masivos casos de intoxicación con metales pesados a los que se están exponiendo la población en forma permanente y, por lo tanto, se van acumulando en los organismos de las personas, que traen consigo consecuencias tan graves como la disminución del coeficiente intelectual de menores en el caso de plomo y diversos tipos de cáncer como efecto del arsénico.

Las sospechas de la población se dirigen sobre todo contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encontrarían claramente por sobre la media nacional.

Antamina responde a las acusaciones

Tras darse a conocer los casos de las familias afectadas, la compañía minera Antamina respondió, mediante un comunicado, que, de acuerdo a sus monitoreos ambientales de calidad de agua y aire, los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles de niveles de arsénico.

Por lo tanto, no se habría encontrado “ninguna excedencia” que pueda afectar, incluso, al medio ambiente y personal de su empresa.

También, aseguraron que el puerto de Antamina, en Punta Lobitos, opera bajo condiciones controladas y monitoreadas en tiempo real y sin emisiones al medio ambiente, eliminando cualquier exposición de los productos hacia terceros.

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Pueblos indígenas del Perú en riesgo por falta de cumplimiento del Convenio internacional

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A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), llevado a cabo el jueves 09 de noviembre en el Auditorio José María Arguedas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM.

Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios.

El evento inició con las palabras de la abogada Ana Leyva, abogada de CooperAcción, quien comentó que, en el Perú, aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que, conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana, y en consecuencia, no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas. Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos”, destacó Ana Leyva

Por su parte, Javier Jahncke, representante de CEAS y de la Coordinación Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.

“En el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo” puntualizó Jahncke.

Por la parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria – CNA, quien resaltó que los medios de comunicación no han estado a favor de los pueblos indígenas, y que no se han visibilizado sus reclamos ni demandas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades indígenas señalando que “durante la pandemia nosotros -las comunidades- hemos puestos los alimentos sobre la mesa”

Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades haciendo caso omiso al derecho a la consulta previa.

En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre vienen denunciando que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto de dictadura extractivista genocida, que va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.

“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista de la República.

Luque destacó finalmente que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones.”

Por su parte, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras, involucrando a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.

“El derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.

Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional. Recordó la importancia del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y su aplicación en medidas legislativas y habló de varios casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.

“Es muy importante la unidad, del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.

Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”. Además, el documento busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Con la presentación del informe se busca, no solo sensibilizar al público en general sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sino también hacer un llamamiento a organismos internacionales y prensa extranjera para que contribuyan a incidir en el Estado peruano para establecer medidas que permitan solucionar las problemáticas que sufren constantemente los pueblos indígenas.

Puedes leer el informe aquí

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Lambayeque: Campesinos y comuneros protestan contra proyecto La Montería y por defensa de Chaparrí

Miles de agricultores y comuneros convocados por La Junta del Valle Chancay han marchado ayer contra el proyecto conocido como La Montería en Chiclayo. El proyecto hoy llamado Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay Lambayeque es una mega obra hídrica que contempla la construcción de una represa en un sector de la Reserva Ecológica de Chaparrí para trasvasar agua del río Chancay hacia las pampas de Reque, con el objetivo de cultivar en esa zona 20 mil hectáreas para la agroexportación de arándanos, uvas y paltas.

Este megaproyecto, con una inversión de más de 700 millones de dólares y que es impulsado por el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, carece de licencia social y amenaza a 35 mil agricultores de la región, que a raíz del estrés hídrico solo logran cultivar en 90 mil de las 120 mil hectáreas agrarias disponibles del Valle de Chancay, por el escaso caudal del río que se vería aún más acentuado si se ejecuta esta infraestructura.

Por otra parte, la obra se construiría en una zona protegido que forma parte del Área de Conservación Privada (APC) Chaparrí, territorio administrado por la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape que se niega a otorgar su permiso a las obras que significarían la inundación de gran parte de su área de conservación.

Tanto los pequeños campesinos del Valle de Chancay como los comuneros de Chongoyape le reprochan especialmente al actual gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez haber traicionado su palabra, puesto que durante las elecciones regionales y municipales de octubre del año pasado hizo campaña en contra de la La Montería y ahora ha aprobado el convenio que autoriza el inicio de los estudios de inversión que determinarán la viabilidad del megaproyecto.

Edivar Carrasco, dirigente de la comunidad campesina Comunidad Santa Catalina de Chongoyape que administra el ACP Chaparrí, destacó durante la masiva marcha campesina en Chiclayo que existen otras amenazas extractivas que se ciernen sobre la comunidad.

La empresa Fresnillo, el mayor extractor de plata del mundo y subsidiaria del consorcio mexicano Peñoles pretende obtener la licencia social de la comunidad Muchik de Chongoyape y así comenzar con trabajos de exploración de plata y oro en territorios comunitarios. La primera comunidad campesina en crear un área de conservación privada del Perú, y que en coherencia con su definición como comunidad ecológica decretó la conversión del 80 por ciento de su territorio en área natural protegida, ha demostrado desde su fundación en 2001 que sus habitantes son las principales defensores y beneficiarios de una ecosistema de bosques secos ubicados en la región ecuatorial.

Lejos de ser tierra eriaza, como podría sugerir la palabra seca, alberga una infinidad de plantas endémicas y animales únicos, muchos de los cuales se encuentran en grave riesgo de extinción. Tal vez el oso andino también conocido como ucumarí y la pava aliblanca, que se consideró extinta por más de cien años hasta ser avistada nuevamente en este hábitat, sean las especies más emblemáticas que demuestren la invaluable riqueza de esta región, que ningún proyecto minero o de irrigación para beneficio de unos pocos pueda compensar.

dirigentes y comuneros Chongoyape - Autor:Muqui

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Corte Superior de Arequipa absuelve a 10 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas por oponerse al proyecto minero Tía María

Diez personas defensoras de derechos humanos, que fueron criminalizadas y brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales por oponerse al proyecto minero Tía María, en Arequipa, fueron absueltas por la justicia luego de 8 largos años de proceso judicial. Mientras que, lamentablemente, la condena a seis años de privación de la libertad contra una defensora fue confirmada a pesar de no existir pruebas.

Se trata de agricultores del Valle de Tambo, entre el grupo se encuentran 7 mujeres, quienes fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Southern Perú, por la presunta comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves.

Entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015, los defensores y defensoras iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión del Ministerio de Energía y Minas por autorizar la ejecución de Tía María, puesto que consideraban que dicho proyecto iba afectar el medio ambiente, las tierras agrícolas, así como la calidad y cantidad del agua en el Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, tal como establece el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Este grupo participaba de las protestas pacíficas debido a que el Estado peruano pretendía desconocer la consulta vecinal, realizada el 27 de septiembre de 2009, en la que el 97 % de la población del Valle del Tambo le dijo no al proyecto minero Tía María y sí a la agricultura. Este resultado marcó un precedente histórico en la defensa del medio ambiente y el territorio, una de las primeras en Latinoamérica que abrumadoramente rechazó la actividad minera.

Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el expediente judicial N°. 4116- 2016, declaró infundadas las apelaciones presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a las diez personas defensoras de derechos humanos y ambiente.

Indignantemente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada. Al igual que las personas absueltas, no existen pruebas contra ella de los delitos de disturbios y lesiones leves, por los cuales se le condena.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz, con el apoyo institucional de Red Muqui, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, hecho que confirma que las y los agricultores de Valle de Tambo fueron injustamente acusados.

El abogado David Velazco Rondón, director de Fedepaz, consideró que la decisión judicial es contradictoria, por un lado, absuelve a diez defensoras, y, por el otro, confirma la condena contra Elida Maritza Ticona.

“Ha habido una posición contradictoria del orden judicial, el mismo razonamiento ha tenido que utilizarse para ella. No hay coherencia. Esto hace que se exteriorice la ‘política pública‘ que tiene el Estado para criminalizar la protesta social y afectar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades a gozar de un ambiente sano y equilibrado”.

Por lo tanto, el abogado expresó su solidaridad con la defensora de derechos humanos que viene siendo criminalizada por defender su territorio y medio ambiente.

Red Muqui saluda la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa y a la vez manifiesta su indignación a la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a las personas de derechos humanos, la cual se comprueba en este caso de Valle de Tambo.

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Personas afectadas por metales tóxicos realizan plantón artístico para exigir al Congreso incrementar presupuesto

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Ante la indiferencia de las autoridades, las y los afectados por metales tóxicos de 13 regiones del país llegaron hasta la plaza Bolívar, en Lima, para demandar al Congreso de la República el aumento en S/ 5 millones del presupuesto actualmente asignado, de esta manera, alcanzar los S/ 22 millones en 2024, suma que permitirá la atención en salud de las personas contaminadas por metales tóxicos, así como la remediación del medio ambiente.

Alrededor de 25 personas integradas en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos señalaron que el presupuesto actual es insuficiente y expresaron su preocupación a través de una representación simbólica de la contaminación de los metales tóxicos en sus cuerpos y territorios, causados por la explotación de la minería e hidrocarburos en sus comunidades. Las y los representantes señalaron que dicho presupuesto destina aproximadamente solo S/ 1 para atender a cada mujer expuesta y S/ 1.50 a cada varón expuesto.

El incremento presupuestal planteado permitiría financiar la identificación y atención de la población afectada, principalmente la atención integral en salud y vigilancia epidemiológica. Además, permitiría identificar las zonas contaminantes, como las fuentes de agua contaminadas por las actividades extractivas, por mencionar algunas de las acciones más urgentes del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas.

En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales. En tanto, en Espinar (Cusco), el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona.

La Oroya (Junín) es identificada como la quinta ciudad más contaminada del mundo por la presencia del plomo, azufre, cadmio y arsénico en el ambiente. Así también Choropampa (Cajamarca) donde más de un millar de personas siguen enfrentando las consecuencias del derrame de mercurio en el 2000, sin lograr mayor atención por parte del Estado peruano.

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos es una organización que cuenta con representantes de 13 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, Huancavelica, Loreto, Lima y la provincia constitucional del Callao. Desde este espacio organizativo exigen que se atiendan los problemas que afectan el medio ambiente y la salud humana por la exposición a los tóxicos emanados a consecuencia de las actividades extractivas desarrolladas en sus territorios (minería, hidrocarburos y otras actividades antropogénicas), que atentan contra la vida de más de 10 millones de personas en el Perú.

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Perú incumple tratado internacional que respeta derechos de los pueblos indígenas

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Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

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JNJ: Congreso aplaza su posible golpe a la justicia en medio de la indignación ciudadana

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¡Esta democracia, ya no es democracia! Advierten en distintos pronunciamientos organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma por la Democracia, un espacio ciudadano organizado para -como su nombre lo señala- defender la democracia, hoy en peligro frente a la insistencia del Congreso de la República de capturar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la última institución que le faltaría tomar para hacerse de todo el poder en el país.

Precisamente, esta mañana estaba programado en el Congreso el debate y la votación del informe de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de los miembros de la JNJ, pero la sesión fue reprogramada para el 8 de noviembre, fecha donde los integrantes de dicho organismo autónomo podrán ejercer su derecho a la defensa.

Recordemos que este intento del Congreso de tomar la JNJ inició con investigaciones a sus miembros por parte de un grupo de congresistas, entre ellos Patricia Chirinos. Al respecto, un informe técnico-legal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso reconoció que no existe ninguna causa grave para proseguir con la destitución de los siete miembros de la JNJ. Sin embargo, la mencionada comisión -contrario a lo reconocido en su informe- termina por concluir que sí se han cometido faltas graves sin argumentos legales concretos. Al respecto, es preciso resaltar que ninguna investigación o acción realizada hasta la fecha contra los actuales miembros de la JNJ ha demostrado la existencia de alguna causa grave que justifique su destitución.

¿Qué podría ocurrir con el país si el Congreso captura la Junta Nacional de Justicia?

Esta situación genera gran preocupación en la ciudadanía que teme un golpe congresal contra la justicia y la lucha anticorrupción en el país. Y comparan este hecho con lo ocurrido en el gobierno de Alberto Fujimori, en el cual se destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), y ahora se pretende destituir a los integrantes de la JNJ, de manera que puedan colocar jueces y fiscales. Esto pondría en peligro las investigaciones contra Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Vladimir Cerrón, César Acuña y de los parlamentarios con acusaciones de corrupción y otros delitos. Además, podrían cometer más actos de corrupción en total impunidad.

De concretarse este golpe, el Congreso -copado por una coalición autoritaria- tendría el poder de atacar otros órganos que no obedezcan sus intereses, los siguientes miembros de la Junta Nacional de Justicia estarían bajo su control y las próximas elecciones serían un fraude: el voto del pueblo nuevamente sería burlado.

Acciones ciudadanas por la defensa de la democracia

Ante el anuncio de la votación programada inicialmente para hoy, la Plataforma por la Democracia convocó a un plantón frente al Congreso en la ciudad de Lima. Decenas de ciudadanos participaron en defensa de la democracia.

Si no pudiste asistir, puedes firmar las siguientes peticiones:

https://www.change.org/p/por-dignidad-justicia-y-democracia-real?recruiter=1320345803&recruited_by_id=a600d190-74dd-11ee-904d-11c19511da2a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_gmothxf59b7OwjKaXSg3U5Nxlh71XmIeqLdQiVhzq0yTQ/viewform?usp=send_form

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Red Muqui: 20 años caminando con los pueblos en la defensa de su derechos colectivos y territoriales

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Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Este mes de octubre nos encontramos de aniversario, ya que la Red Muqui este año cumple 20 años en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Quizá por ello es importante explicar de dónde viene el nombre de Red Muqui, y en realidad lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” en las ultimas décadas.

En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD. HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

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Reinicio de operaciones de La Oroya dispara alarmas de defensoras y especialistas ambientales

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

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