Por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores en la pequeña minería

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Sobre los hechos ocurridos en el incendio del socavón de la mina Esperanza 1 de la empresa minera Yanaquihua SAC ubicada en la provincia de Condesuyos – Arequipa, que provocó la dolorosa muerte de 27 mineros debido a la evidente falta de seguridad laboral y la tercerización de los trabajos de riesgo en la explotación minera subterránea, desde el grupo de trabajo de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos y señalamos lo siguiente: 

1.- La empresa minera Yanaquihua S.A.C., catalogada como pequeña minería y titular de la mina Esperanza 1, acopia el mineral extraído por los mineros artesanales en proceso de formalización. Esta actividad se intensifica en períodos de alza de precios de los minerales, como ahora con el oro (2,027.40 $ por onza troy). Es importante mencionar que el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Una realidad que implica mayores niveles de explotación, lo que afecta principalmente a los trabajadores tercerizados, los más afectados por la gran cantidad de accidentes fatales e incapacitantes a causa de la actividad de riesgo, falta de equipamiento y capacitación en protocolos de seguridad.

2.- La precariedad institucional del Estado en las labores de supervisión y fiscalización minera, ambiental y laboral del gobierno nacional se evidencia en la labor y en las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), ente que vela por la correcta ejecución del ordenamiento jurídico sociolaboral, de seguridad y de salud en el trabajo. Precariedad que también alcanza a los gobiernos regionales a través de las DREM, encargadas principalmente de comprobar el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

3.- El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (Decreto Supremo Nº 009-2021-JUS), que incorpora el principio de la debida diligencia mediante la prevención y mitigación de impactos negativos a los derechos humanos, de la propia empresa pero también en su cadena de suministro y redes de proveedores, así como los contratos de tercerización, plantean un marco normativo que muchas empresas y el mismo Estado incumplen o buscan flexibilizar.

 4.- En ese sentido, desde el grupo de trabajo MAPE de la Red Muqui, exigimos cambios estructurales en el marco normativo laboral minero que evite la tercerización laboral en las actividades nucleares de la empresa. Asimismo, fortalecer la supervisión y fiscalización de la minería artesanal y pequeña minería con presupuesto adecuado para los GORE de modo tal que las empresas cumplan con la implementación de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Decreto Supremo N° 016-2022-EM). Sin embargo, preocupa que dicha directriz estatal pueda interpretarse como una palanca para promocionar la actividad minera artesanal y a pequeña escala, una posibilidad que consideramos riesgosa, ya que su expansión implica consecuencias ambientales, laborales y sociales perniciosas. 

Finalmente, exhortamos que se investigue si la empresa contratista estaba realizando la actividad principal de la empresa minera Yanaquihua SAC. En ese caso ella habría estado infringiendo la ley de tercerización y su reglamento que fue precisado el año pasado. El Congreso de la República ahora pretende derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR, pese a que la Comisión de Trabajo del Legislativo ha emitido un dictamen desfavorable al respecto. Reiteramos que las continuas ampliaciones de Registro lntegral de Formalización Minera (REINFO) no son la solución para formalizar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y evitar la ilegalidad. Lo sucedido con este desastre humano lo confirma. 

09 de mayo del 2023

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Respaldamos el informe de la CIDH y exigimos al gobierno cumpla sus recomendaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha elaborado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Perú que se suscitaron en diciembre de 2022 y comienzos de 2023, y señala claramente que las protestas tienen como origen la desigualdad estructural y discriminación que afectan especialmente a las comunidades campesinas y pueblos indígenas. La CIDH señala que: “La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas” (párr. 32).

Lamentablemente frente a las protestas sociales recientes, las Fuerzas Armadas y policiales han respondido de manera ilegítima y desproporcionada a las movilizaciones, cometiendo graves atropellos contra los derechos humanos. La CIDH ha calificado como Masacre y como graves violaciones de derechos humanos los actos perpetrados por agentes del Estado peruano, esto debido a las múltiples privaciones del derecho a la vida y a ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de las fuerzas armadas y policiales contra la población civil (párr. 158, 175, 290).

En ese sentido, desde Red Muqui respaldamos las conclusiones del informe y exigimos que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones de la CIDH, especialmente las referidas a la reparación y atención de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Sobre las investigaciones se señala que deben desarrollarse por fiscales especializados en derechos humanos y en el marco del respeto de las garantías judiciales para los familiares de las víctimas y además que las investigaciones deben incluir la identificación de responsabilidades por cadena de mando, incluyendo a las autoridades civiles y políticas a cargo de los operativos realizados (párr. 190 y 245).

Finalmente, denunciamos y condenamos el negacionismo con el que ha respondido el Ejecutivo y el Congreso de la República al informe de la CIDH, buscando minimizar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los meses pasados.

Lima, 04 de mayo del 2023.

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Minería Peruana: La verdad de las Mentiras

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Por: Juan Aste Daffós

La campaña que hoy desarrollan las empresas mineras a través de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y medios de comunicación afines está centrada en que el Perú necesita con urgencia invertir en exploración para que en un futuro cercano se puedan ejecutar grandes proyectos mineros. De tal manera que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales obtengan más ingresos por canon y regalías y lleven adelante proyectos para el desarrollo territorial con el objetivo de cerrar las “brechas” (léase desigualdades) sociales, entre los más pobres y el promedio de los menos pobres.

Sin embargo, la verdad es otra. El objetivo principal de las empresas mineras, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales, es aprovechar la coyuntura actual de precios elevados de los metales. La finalidad es asegurar su rentabilidad para los próximos 20 a 30 años invirtiendo las sobreganancias obtenidas en la ejecución de proyectos de exploración, accediendo a nuevos territorios o regresando a otros, así como, en proyectos de ampliación de los que están en operación. Por eso, plantean la urgencia de realizar la expansión minera

Para este objetivo cuentan con el apoyo de un gobierno deslegitimado, en un contexto que suponen de debilidad en la respuesta del movimiento social que. En caso que las fuerzas policiales y militares empleen la violencia, en particular en aquellos proyectos que no tienen licencia social, los conflictos socioambientales que enfrentan a comunidades y poblaciones locales con las empresas mineras y el gobierno se expandirán e intensificarán. Quizás por esto preferirían priorizar proyectos en territorios de las regiones macro norte.

El tiempo corre en contra de la estrategia actual de las empresas mineras y del gobierno en la medida que la reactivación de la movilización social logre la renuncia de Dina Boluarte y se concrete el adelanto de las elecciones generales. Por ello están incidiendo con una campaña destinada a obtener la eliminación de trámites administrativos y una mayor desregulación de las normas ambientales, a fin de reducir el tiempo y conseguir legalmente una rápida autorización para el ingreso a explorar los territorios. En este sentido, no es casualidad que del 08 al 10 de mayo próximos se realizará en Lima el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores titulado “Descubriendo la Minería del Futuro”.

La agenda del empresariado minero, de acuerdo al Informe de la Comisión para el  Desarrollo Minero Sostenible (Feb.2020, PCM) es: eliminar la consulta previa (derecho de las comunidades) y que solo haya acuerdo previo (negociación que establece un compromiso económico de la empresa minera con la comunidad) para el acceso a la exploración; limitar al máximo la acción supervisora del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y que las empresas se auto controlen y envíen sus informes ambientales al Estado; simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) en la obtención de las autorizaciones, planteando incluso el silencio administrativo positivo (en caso de que el funcionario no responda en plazo determinado, se asume la autorización del trámite); ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se traduce hoy en no aceptar un impuesto a la sobreganancia minera; apoyar la formalización de los mineros informales e ilegales que acompañen la expansión de la minería formal.

Lo cierto es que las comunidades, los agricultores y los centros poblados involucrados consideran que la ejecución y operación de los proyectos mineros afectarán sus planes de vida, las cuencas hídricas y los ecosistemas vinculados a la salud y la producción agroalimentaria, lo que agravaría su situación económica y social. A su vez, la consulta previa actual es un trámite burocrático utilizado para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, la inexistencia de planes de ordenamiento territorial legalmente amparados facilita la imposición de los proyectos mineros.

La asimetría o la desigualdad en las relaciones de poder entre un sector y otros y los incumplimientos reiterados de los acuerdos en las mesas de diálogo abonan en la misma dirección. Asimismo, la historia ha revelado que minería y pobreza en su entorno han ido de la mano desde siempre, sin contar con los actuales y potenciales efectos de la crisis climática y la pandemia. Más aún, cuando las empresas se niegan a pagar un impuesto a la sobreganancia minera que allanaría los gastos del Estado en salud, educación, proyectos para la diversificación productiva generadores de empleo masivo, y la atención de desastres y pandemias en beneficio de las mayorías del país. Por estas razones, las comunidades, agricultores y poblaciones locales del entorno de los proyectos no otorgan la licencia social.

Las empresas mineras y el gobierno nacional asumen que con su apoyo “técnico” y el de algunas universidades limeñas de “élite” se pueden elaborar planes de “desarrollo territorial”, e incluso comprometer a los gobiernos regionales y locales, para garantizar la ejecución de proyectos que “beneficien” a las comunidades, desplazando sus planes de vida y los proyectos que ellas mismas han decidido autónomamente ejecutar. Pero, dejar a las comunidades y poblaciones locales fuera de las decisiones sobre su destino es exactamente lo contrario a lo que estas han estado demandando con la movilización social suspendida por el momento.

Respecto a la crítica de las empresas mineras que los recursos del canon y la regalía minera son mal utilizados, y por ello proponen participar con el gobierno nacional en “ayudar” a elaborar planes de desarrollo territorial en beneficio de las poblaciones del entorno minero, debe precisarse el carácter legítimo y legal de estos recursos obtenidos por el Estado y la autonomía en las decisiones sobre su uso y gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.

El Estado redistribuye la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en forma de canon minero a los gobiernos regionales y locales y a las universidades de las regiones donde se encuentran los recursos minerales. A su vez recibe el ingreso de la regalía que pagan las mineras como una “contraprestación económica por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos”, que en realidad es el pago que hacen las empresas mineras al Estado y que este transfiere a las regiones donde se explotan los recursos minerales que son agotables dado su carácter de no renovables. En consecuencia, canon y regalía son ingresos legítimos y legales que recibe el Estado y que canaliza a las regiones donde se encuentran y explotan los recursos minerales.

Una vez en manos de los gobiernos regionales y locales y las universidades, las decisiones sobre su uso y el control de su gestión pasan a depender de estas instancias del Estado y de la participación de la población organizada, y no es incumbencia de las empresas mineras inmiscuirse en estas decisiones.

El hecho que los proyectos de los gobiernos locales y regionales se decidan en función de contrataciones fraudulentas y otras acciones de corrupción aprovechando la inexistencia de poblaciones organizadas que demanden y participen en la elección y ejecución de proyectos y en la rendición de cuentas es un problema de elección de los gobernadores y los alcaldes, así como, de la débil o inexistente participación ciudadana.

Asimismo, los gobernadores regionales y los alcaldes, en su gran mayoría tienen como objetivo principal disponer de mayores recursos financieros u obtener el ahorro de los mismos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Lo que inhibe no solo a estas instancias del Estado a realizar demandas frente a las infracciones ambientales y sociales de las empresas mineras, sino que posterga la formación de capacidades para una gestión pública descentralizada, eficiente y libre de corrupción.

Pero ¿cuál es límite de la expansión minera? En la práctica no hay límites porque los que promueven a ultranza la actividad minera afirman que el Perú debe aprovechar la extracción y explotación de los recursos mineros allí donde se encuentren, lo que deja  como “letra muerta” la prohibición del ingreso en áreas naturales protegidas, áreas de restos arqueológicos, y la protección de las fuentes de agua como las cabeceras de cuenca. Más aún, si la consulta previa es solo un procedimiento burocrático, por lo que nada de lo señalado se cumple realmente por las decisiones de política minera de los gobiernos y la aplicación de una legislación muy conveniente para las empresas mineras.

Así esta política termina reforzando una economía predominantemente extractivista minera que genera muchos dólares de ganancias con precios altos, los que incentivan mayores importaciones que terminan en una mayor dependencia o destrucción de lo poco que queda de la producción y el empleo generados en el país. Lo que conduce a que ahora casi el 80% de los trabajadores y micro y pequeños empresarios sean informales y que el comercio  ambulatorio se realice con productos mayoritariamente importados.

Con ello, los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral no encuentran trabajo y pasan a ser informales o se incorporan en la economía ilegal del contrabando, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, o pasan al hurto o el sicariato. De nada sirve que nos digan que ha aumentado el PBI per cápita y que se ha reducido la pobreza monetaria debido al crecimiento económico medido por el aumento del PBI, donde la minería aporta con la décima parte y que sus exportaciones superan el 60% del total de las exportaciones, porque ello no se ha traducido en la reducción de las desigualdades económicas y sociales del país.

Por el contrario, una economía basada en la exportación de minerales, principalmente de cobre y oro, reproduce un círculo vicioso de generación de mayor informalidad e ilegalidad, y cuando caen los precios de los minerales, la inflación aumenta porque al haber menos dólares sube su precio y aumenta el costo de las importaciones de las que depende la economía interna. Salir de esta situación supone depender cada vez menos de la actividad minera y promover la diversificación productiva que dinamice la economía interna, nos haga menos dependientes de las fluctuaciones y cambios del comercio exterior, y se sostenga en una efectiva descentralización económica y de la gestión ambiental, con participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Los que ilusamente hablan de industrializar la minería no contemplan la imposibilidad de esta opción, debido a que los dueños de la minería, principalmente del cobre, son empresas transnacionales, cuyos contratos de venta futura de concentrados a largo plazo con sus compradores, deciden el grado de elaboración y su destino, y porque la producción industrial a base a los metales existe hace mucho tiempo y la realizan grandes corporaciones que poseen ventajas en el mercado internacional debido a su bajo costo en razón a su alto nivel de productividad y economías de escala, por lo que difícilmente un empresario minero se arriesgaría a ejecutar proyectos de industrialización de los metales en el Perú.

En resumen, el modelo económico en el Perú basado en la minería resulta insostenible, porque solo beneficia a sus dueños, funcionarios y representantes que tienen vínculos con esta actividad, y afecta al conjunto de la sociedad peruana, trasladando solo una pequeña parte de su renta al Estado. Ésta ha fluctuado alrededor del 3% del total de ingresos tributarios del Estado peruano, menos la devolución de parte de estos impuestos, y genera muy poco empleo directo (210 mil personas ó 1.2% de la PEA en 2022) y por cada puesto directo crea menos de 3.6 empleos indirectos que presenta la minería chilena de mayor dimensión y competitividad.

Por lo tanto, si a los ingresos tributarios neto (en los que se consideran los descuentos) le restamos el valor del impacto ambiental, la diferencia sería negativa, con el agravante que los ecosistemas afectados se pierden para siempre en un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe. Donde el lema de “Perú país minero” termina siendo una expresión interesada y peor aún, cuando en los discursos de los representantes de los intereses mineros se mencionan conceptos como “regiones mineras”, “provincias mineras”, y corredor minero.

Así, en el corto plazo dependemos de las exportaciones mineras, pero debemos ir dependiendo cada vez menos de esta actividad y colocar la prioridad en la producción agroalimentaria; de productos biomedicinales; el turismo en sus variantes ecológica, arqueológica y vivencial; y la producción industrial donde exista una experiencia histórica de calidad como en tejidos y confecciones. También se debe priorizar el cambio de la matriz energética hacia bienes renovables que vayan en concordancia con la conservación y protección de los ecosistemas que albergan una rica biodiversidad y con proyectos y acciones para la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.

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Explotación de litio en Puno: ¿a qué costo y quién se queda con las ganancias?

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Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos

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Pronunciamiento: Debate sobre expansión minera en Perú debe pasar por cambios de fondo

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Frente el anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre la reactivación de la gran minería en el país, señalamos lo siguiente:

  1. La reactivación de la gran minería en el país que ha anunciado el gobierno de Dina Boluarte en la Convención minera más grande del mundo, así como las declaraciones del premier Alberto Otárola, y los representantes del MEF y MINEM sobre la propuesta de aprobación de plazos reducidos sin prevención ambiental para nuevos proyectos mineros distan mucho de ser un planteamiento responsable frente a la crisis política y social que hoy vivimos en el país. Lo que ha llevado a que la mayoría de la población cuestione el modelo económico que beneficia a grandes empresas y rechaza la actuación del Ejecutivo y del Congreso, y mucho más en comunidades y poblaciones donde se asientan los grandes proyectos mineros.
  2. Las declaraciones del ministro de Energía y Minas Óscar Vera y del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras sobre proponer un “shock de eliminación de la permisologia minera” alertan sobre una posible flexibilización de estándares ambientales en favor de las empresas y en desmedro de los derechos humanos, ambientales y colectivos de las poblaciones locales. Tal como ocurrió con el precedente en 2014 y la Ley N° 30230 que limitaba la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), simplificaba forzadamente procedimientos de emisión de opiniones técnicas y atentaba contra la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
  3. Respecto al anuncio del gobierno de otorgar permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake (Canadá) en el distrito de Corani, provincia de Carabaya – Puno. El MINEM y MINAM deben informar con transparencia y objetividad si el litio y uranio están asociados, ya que este último mineral es radiactivo y puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de las personas. Sin conocimiento de esta información y sin un marco normativo que regule el manejo del uranio es sumamente riesgoso dar viabilidad a la exploración de litio y uranio en Puno. Finalmente, el debate sobre la explotación de litio en Puno debe contemplar la soberanía estratégica de estos recursos y su posible industrialización en el Perú.
  4. Hace más de 20 años que las comunidades y poblaciones afectadas por la minería vienen exigiendo que se aplique la consulta previa, que se deje de criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales, que no se contamine el agua y la salud de las personas, que se respeten sus modos de vida y otras actividades económicas alternativas. Por ello desde la Red Muqui sostenemos que cualquier debate sobre el sector minero debe realizarse en el marco de reformas y cambios estructurales de fondo, cuya voz hoy se sustenta en las movilizaciones impulsadas principalmente por regiones del sur peruano, y en los cientos de conflictos socioambientales en todo el país, que plantean revisar nuestra institucionalidad estatal en todos los niveles, que garantice la participación de los comunidades y pueblos organizados en la toma de decisiones. Una salida para ello es que se abra el proceso constituyente en el Perú.

Lima, 14 de abril del 2023.

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Pronunciamiento: La explotación de litio en Puno contiene serios vacíos y cuestionamientos

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Ante el reciente anuncio del Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich de otorgar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake, manifestamos:

Primero:  Ante la afirmación dudosa del titular del MINEM “parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”, exigimos que se informe con transparencia y objetividad si el litio y uranio en el yacimiento correspondiente no están asociados. Mientras no haya claridad, si el litio es un mineral independiente del uranio no es posible dar viabilidad a la exploración del primero de ellos que pretende otorgar el gobierno de Dina Boluarte a la empresa Macusani Yellowcake, propiedad del consorcio canadiense American Lithium. En el caso de uranio se trata de un mineral radiactivo, que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población que depende del agua de las cuencas Urubamba, Azángaro e Inambari; donde se encuentran los proyectos mineros Falchani (litio) y Macusani (uranio).

Segundo: Según el Ministerio de Salud, el 58 por ciento de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por CENSOPAS en las cuencas Coata y Llallimayo entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. Además de las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, nueve se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mineras formales, informales e ilegales.

Tercero: De acuerdo al análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros contenido en la R.M. N.º 200-2021-MINEM/DM46, se infiere que la región de Puno tiene 916 Pasivos Ambientales Mineros. Por otra parte, Puno registra los mayores niveles de prevalencia de anemia con un 70.4 por ciento en menores de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.

Cuarto: De otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya – Puno no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio en Puno para que pasen a la fase de exploración y su posible explotación.

Quinto: Los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, las concesiones mineras de Macusani Yellowcake se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo y considerado como termómetro que mide el calentamiento global del cambio climático. Si el MINEM autoriza la exploración de litio estarían en riesgo los paisajes naturales y culturales de la zona.

Finalmente, la población aimara, quechua y urus de Puno recientemente han rechazado las actividades extractivas tradicionales que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exigen que antes de explotar el litio se debería discutir su proceso de industrialización de forma responsable en la región de Puno, respetando los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.

Puno, 13 de abril del 2023.

Suscriben:

  • Red Muqui Sur
  • Red Muqui Nacional
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente DHUMA – Puno
  • CooperAcción
  • APRODEH – Apurimac
  • Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF – Cusco
  • Centro Bartolomé de las Casas – CBC – Cusco
  • Asociación Fe y Derechos Humanos FEDERH
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Afectados/as por metales demandan dar prioridad a la salud ambiental y humana en zonas extractivas

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NOTA DE PRENSA: AFECTADOS POR METALES DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA EN ZONAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES E HIDROCARBUROS

En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.

«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.

A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para  cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.

«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»

Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.

Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.

«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado?  Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.

Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.

Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.

«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.

Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »

Inusual presencia policial

Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.

11 de abril del año 2023

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Empresa que pretende explotar litio en Puno aboga por irrespetar acuerdos de las comunidades donde se encuentran los yacimientos

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Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental del area socioambiental de Red Muqui

 

Recientemente Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, manifestó en una entrevista que previosacuerdos alcanzados el 27 de marzo durante una masiva reunión entre comunidades aimaras y quechuas en el distrito de Ilave, Puno, no se respetarán. En sus palabras: “Por qué ellos [aimaras y quechuas] hayan acordado algo, no tenemos que respetarlo. Entonces que gobiernen ellos el país. (…) Si ellos acuerdan que el beneficio sea para los 110 distritos, como quieran llamarlo, tiene que haber una ley. (…)”[1].

Puno zona de resistencia

Desde diciembre de 2022, pobladores aimaras y quechuas de Puno mantienen movilizaciones en contra del régimen de Boluarte,  situación que podrían extender durante todo el 2023[2], según el último anuncio de dirigentes sobre el tema.

Estas acciones se intensificaron luego del trágico saldo de las movilizaciones en contra del régimen de Boluarte, que cobró la vida de 17 civiles, quienes fueron asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero en la provincia de San Román[3]. A ello se suman otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial y que fallecieron en los días siguientes[4]. La estela de víctimas mortales de la represión continuó en las provincias de El Collao y Carabaya,  con siete[5][6] y dos[7] muertos respectivamente. No es casual que esta última provincia sea a la vez la zona donde se ubican los proyectos de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake.

En el marco de las movilizaciones y los acuerdos regionales para mantener las acciones de protesta, alrededor de 3,000 pobladores aimaras y quechuas se reunieron en el distrito de Ilave, zona aimara, donde acordaron ejercer su derecho por la soberanía del litio, para beneficiar a los 110 distritos de Puno, amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), continuar con las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte y rechazar a las autoridades designadas por su gobierno, a las que calificaron de ilegítimas y a las que acusaron de traición al pueblo[8].

Apegados a la ley

Específicamente el acuerdo sobre el litio generó reacciones adversas por parte del gerente Solís, quien expresó que “la ley señala áreas de influencia para proyectos mineros, esto debe respetarse, como el yacimiento se encontró en suelos quechuas, los aimaras no deben involucrarse, así como si el mineral se hubiera encontrado en suelo aimara, los quechuas no tendrían que involucrarse. Ese es el destino del país”[9].

Sin embargo, Macusani Yellowcake fue sancionada por el OEFA por realizar actividades mineras en sus concesiones sin contar previamente con la debida certificación ambiental por parte de la autoridad competente[10]. De hecho durante el 2020 el OEFA sancionó administrativamente a la empresa con multas equivalentes a 2.301.962 soles por:realizar actividades de exploración del uranio y litio sin acreditar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); por no acreditar la inexistencia de restos arqueológicos; por no contar con la autorización de uso de agua emitida por el ANA; por no cumplir las medidas preventivas dispuestas por el OEFA y finalmente por no paralizar sus actividades de perforación de diamantina, entre otros[11].

Asimismo, Macusani Yellowcake mantiene concesiones sobre el glaciar tropical Quelccaya, sin hacer públicos sus planes y sin aclarar si la intervención de este masivo bloque de hielo afectaría la disponibilidad del agua y la integridad del glaciar, información relevante en medio de la crisis climática que atraviesa el país.

 

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

También debemos señalar que existen concesiones que se superponen sobre un área aproximada de 36 mil 978 hectáreas correspondientes al Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres de Corani-Macusani[12].

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

 

Solo litio ¿y el uranio?

Si bien las discusiones mediáticas giran en torno al litio, no se debe olvidar que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) manifestó su preocupación debido a que la explotación del litio podría ser compleja por la presencia de uranio, un mineral altamente radiactivo. Este hecho fue confirmado por Solís, quien reconoció que en la zona donde se encontró el litio, existe uranio en la superficie, concluyendo que “en todas las concesiones de litio hay uranio” [13].

Inclusive el Congreso de la República busca separar la discusión entre el litio y uranio, así lo hicieron con la Ley N.º 31283, a través de la cual se declaró de necesidad pública e interés nacional la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados, sin mencionar el uranio[14].

Sin respuestas desde Canadá

Macusani Yellowcake, antes conocida como Global Gold, dueña de las concesiones mineras que involucran a los proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio) es propiedad en un 99.5% de Plateau Energy, que en mayo de 2021 fue adquirida al 100% por American Lithium, empresa con sede en Canadá, siendo esta última la actual propietaria de los proyectos Falchani y Macusani en Puno. Sin embargo, no se registran pronunciamientos públicos que hayan sido emitidos desde la sede de la empresa respecto de la problemática mencionada.

Nuevas formas de realizar minería en el Perú

Por lo anterior, según numerosos analistas urge escuchar a la población de los territorios afectados, en este caso el sur andino, desde donde se propone que la explotación e industrialización del litio sea estratégica y beneficie a las poblaciones quechuas y aimaras por igual. Una propuesta que contraviene la visión actual meramente enfocada en lo legal y de aprovechamiento económico, que propone solo beneficios para las áreas de influencia directa e indirecta. Este nuevo modelo que se erige desde los pueblos, cuestiona una vez más la centralización de las decisiones en el Perú, las normativas vigentes y hasta la propia Constitución, buscando incrementar el rol, participación y responsabilidad colectiva de los pueblos aimaras y quechuas sobre un mineral estratégico ubicado en su territorio.

 

 

[1] https://larepublica.pe/economia/2023/03/30/puno-las-reservas-millonarias-de-litio-y-la-demanda-de-los-aimaras-carabaya-lrsd-1403340

[2] https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/23/puno-aimaras-de-plateria-acuerdan-no-desistir-de-huelga-por-renuncia-de-dina-boluarte-lrsd-1633322

[3] https://www.hildebrandtensustrece.com/ Año 13, N° 623, viernes 17 de febrero de 2023.

[4] https://rpp.pe/peru/puno/se-eleva-a-20-la-cantidad-de-fallecidos-durante-las-protestas-en-juliaca-noticia-1459746

[5] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[6] https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/03/07/ejercito-peruano-puno-orden-militar-llevo-a-la-muerte-a-6-soldados-en-el-rio-ilave-fuerzas-armadas-paro-en-puno-soldados-fallecidos-puno-122234

[7] https://elbuho.pe/2023/01/macusani-puno-muere-una-mujer-en-enfrentamiento-con-la-policia/

[8] https://muqui.org/noticias/puno-pobladores-acuerdan-no-explotar-litio-si-no-se-industrializa-primero/

[9] https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/23/puno-aimaras-de-plateria-acuerdan-no-desistir-de-huelga-por-renuncia-de-dina-boluarte-lrsd-1633322

[10] Informe N° 183- 2018/MEM-DGAAM-DEAM-DGAM

[11] Resolución N° 013-2020-OEFA/TFA-SE y Resolución N° 90-2020-OEFA/TFA-SE

[12] informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

[13] Idem

[14] Idem

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Ciudadanos de Piura se pronuncian frente a los actuales desastres y obras mal ejecutadas

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Las Asociaciones Civiles; “Plataforma Inundación Nunca Más-Piura”, “Vigilia Ciudadana” y “Piuranos por Piura”, el Colegio Médico del Perú- Filial Piura, las ONG’s Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social-PROGRESO y Red Agua y Desarrollo-REDAD, Juntas Vecinales Comunales y Asociaciones Vecinales; EXIGIMOS al Gobierno del Perú, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Piura y Municipalidad Provincial de Piura el cumplimiento INMEDIATO de las siguientes demandas para mitigar el inminente desastre declarado por el Gobierno Nacional ante la ocurrencia de un evento EL NIÑO de magnitud similar al de 1997-98 a partir de octubre-noviembre del presente 2023.

1) Ejecutar las obras de salida al mar del río Piura.

2) Ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas.

3) Reforzamiento de las defensas ribereñas en: Tambogrande, Castilla, Catacaos, Cura morí.

4) Restablecimiento de la transitabilidad de vías y canales de drenaje urbanos y rurales.

5) Garantizar la provisión eficiente de los servicios de agua-desagüe mediante la habilitación de recursos a EPS GRAU y supervisión de las condiciones de ENOSA para proveer energía eléctrica durante la crisis.

6) Inicio inmediato al proceso de las construcciones de las primeras presas de laminación: Río seco y Yapatera para el control del caudal del río Piura.

7) Vigilar el obligatorio cumplimiento del control del reservorio San Lorenzo.

Los dos primeros puntos tienen estudios listos para ser ejecutados. El asunto de la EPS GRAU se trata de rescatar a esta empresa que da servicio vital, y que es el mismo Estado quien le ha asignado esa responsabilidad. Las presas de laminación ya deberían estar construyéndose desde diciembre 2022 según el Plan presentado por la ARCC a fines del año pasado. Y la JUSAL tiene que cumplir con la normativa de manejo de ese tipo de infraestructura, que es de regulación.

Desde los eventos EL NIÑO 1973, 1982-83 y el último 1997-98, las zonas urbanas, rurales, áreas productivas e infraestructura de Piura han sido severamente destruidas sin que se hayan hecho hasta el momento obras de impacto de prevención, que son la prioridad. En el verano de 2017, con menos de la mitad de lluvias que en 1998, que empezaron a inicios de febrero, bastó para inundar a Piura y al Bajo Piura. Hoy con lluvias que han empezado en marzo, otro desastre amenaza. Es decir, CADA VEZ MAS VULNERABLES.

Estas evidencias nos muestran a un Estado, con 50 años construyendo desastres y provocando el retraso de nuestra región

Consideramos INACEPTABLES las declaraciones públicas de autoridades del Gobierno actual de que “YA NO HAY NADA QUE HACER” y solo se atinará a distribuir motobombas, insumos, materiales y medicamentos de emergencia.

Bajo la condición de EMERGENCIA NIVEL 5, el Estado tiene el deber de movilizar todos los recursos financieros y logísticos necesarios para que se cumplan las exigencias prioritarias arriba señaladas que son parte el Plan Maestro de soluciones integrales de manejo del Río Piura que es lo único que nos salvará de nuevas inundaciones.

Piura, 08 de abril 2023

 

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Caso de aymara torturado por la PNP en Lima pasará a Fiscalía de DDHH en la capital

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La investigación preliminar del caso de Manuel Quilla, aymara fallecido por derrame cerebral el viernes 31 de marzo en la comunidad de Chuquiaguillo, perteneciente a la provincia de Huancané, Puno, pasará de la Fiscalía provincial de Huancané a Fiscalía en Lima, a cargo del reciente conformado «Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales» a cargo de Marena Mendoza, de acuerdo a la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 790-2023-MP-fn emitida el 31 de marzo, que señala que todos los casos de las personas fallecidas en el marco de las protestas desde  diciembre del 2022 a marzo del 2023 tendrán que ser asumidos en materia de investigación por fiscales especializados en derechos humanos.

Esta información fue brindada por el fiscal provincial René Alfaro Caira a los familiares de Manuel Quilla, debido a que los hechos que habrían generado la causa de la muerte de Manuel se dieron en Lima en el marco de las protestas. Este encuentro del fiscal con la familia se dio en el marco de la diligencia que se desarrolló en la comisaría del distrito de Huancané el miércoles 4 de abril en la mañana, en que Irma Mariela Cayo, conviviente de Manuel, fue a dar su testimonio respecto a las causas del fallecimiento de su esposo. Su abogado Pablo Abdo y el hermano de Manuel Quilla, Fernando Quilla, la acompañaron.

Como es de conocimiento público en las redes de Juliaca, la pareja conviviente de Manuel Quilla ha estado denunciando desde que llegó de Lima a Juliaca con Manuel Quilla en la semana del 20 de marzo, que su pareja había sido torturada en Lima por la policía tras haber viajado con la delegación de Juliaca para protestar contra la dictadura cívico militar de Dina Boluarte. En ese entonces narró que producto de la tortura sufrida en una de las comisarías de Petit Thouars o San Andrés, donde ella acudió el viernes 17 de marzo, su esposo había quedado malherido e inconsciente. Mariela Cayo narró a Red Muqui que los familiares de Manuel en Lima le llamaron el 15 de marzo en la noche porque acababan de ver a su pareja inconsciente y siendo arrastrada por la policía que lo sacaba de la comisaría de Petit Thouars para ingresarlo a una camioneta policial. Los familiares de la persona torturada se encontraban caminando por allí coincidentemente.

Manuel Quilla fue con la delegación de Juliaca a Lima el viernes 10 de marzo y participó de las protestas el martes 14 de marzo en el campo de marte, donde fue reprimido. Su pareja se pudo comunicar con él ese día y Manuel le señaló que logró escapar de la represión pero que lo habían golpeado y pateado. No conversaron más, hasta el día siguiente que los compañeros de Manuel Quilla contestaron su teléfono y le informaron que su pareja se había ido descalzo del alojamiento durante la mañana, diciendo incoherencias, como si tuviera una crisis nerviosa. No reconocía lo que le decían sus compañeros.

Además de otras heridas en su cuerpo y algunas palabras que expresaba Manuel en referencia a la tortura policial como: electrochock, agua, que los policías eran malos, etc, Irma Cayo encontró a Manuel con heridas en las muñecas producto de la presión de los grilletes (esposas), que es el elemento central para señalar que la policía torturó a Manuel, como señala el abogado de la familia, Pablo Abdo.»Una cosa es colocar las esposas de acuerdo al reglamento, y otra cosa es colocar las esposas de manera muy ajustada como método de tortura», precisa el abogado.

 

 

Durante estos días, también se conoció que la policía y serenazgo en Lima habrían intervenido a Manuel Quilla en la tarde del 15 de marzo, porque supuestamente habría querido raptar a un niño de 1 año, de acuerdo a la denuncia de una venezolana que señala que una persona descalza entró al taller donde trabaja para agarrar a su hijo entre sus brazos para llevárselo. Producto de este supuesto hecho, la policía llevó a Manuel a la comisaría de Petit Thouars. Cabe señalar que hasta ahora la policía no ha hecho público las pruebas de la detención en el marco de la intervención a Manuel Quilla junto a serenazgo.

Para el abogado Pablo Abdo y los familiares de Manuel Quilla, la detención producto de este supuesto hecho no justifica que Manuel luego haya sido torturado en la comisaría.

Desde que Manuel Quilla llegó a Juliaca traído por su pareja y sus familiares el 20 de marzo, lo llevaron directamente a la Clínica Americana de Juliaca, pero allí no sacaban resonancias magnéticas y solo le recetaron Neurovial y Clonacepan. Luego Irma Cayo llevó a Manuel a la clínica Rezo Sur, pero le dijeron que no podían sacarle una resonancia magnética debido a su estado físico de salud. Manuel tenía que estar estable 40 minutos para la prueba. Posteriormente Irma Cayo lo llevó a la casa de su madre y el 23 de marzo a su casa en la comunidad de Chuquiaguillo en Huancané. Hasta el día de su muerte en su casa, estuvo siendo atendido por su pareja y sus hermanos.

El informe de necropsia

Cuando Manuel Quilla fue llevado muerto de la morgue de Huancané a Essalud de Juliaca por disposición del fiscal, para que el médico legista pueda hacer el informe de necropsia, debido a que en Huancané no se apersonó el médico legista de la provincia; el médico Paul Mamani les dijo a los familiares al día siguiente cuando estaba haciendo la necropsia que Manuel había fallecido producto de un derrame cerebral. Señaló que tenía coágulos en la cabeza y una fisura interna en el cráneo, aunque externamente no se veía alguna herida en la cabeza. Además era visible el líquido encefálico que había salido por su oído y se habían formado costras debido a que ya había pasado más de 24 horas del fallecimiento.

Además, los familiares le mostraron una placa de una tomografía que le tomaron a Manuel en Lima días después de ser torturado en la comisaría. Al verla, el médico legista les dijo que ahí se observaba algo extraño, como una fisura interna en el cerebro y que quería el informe técnico del tomógrafo para poder completar su informe de necropsia. Se espera que la próxima semana el médico legista emita el informe de necropsia.

Además, el médico legista informó que solicitaría muestras de patología de Manuel que se realizarían en Lima. El resultado de estas muestras demoran de 6 meses a más.

Por su parte, la defensa legal señaló que solicitarán un perito de parte, particular, para que también emita un informe sobre las causas del fallecimiento de Manuel Quilla.

Durante la diligencia realizada en la comisaría de Huancané en que el fiscal provincial entrevistó a la pareja de Manuel Quilla, el abogado defensor Pablo Abdo también pudo realizar algunas preguntas para que el testimonio de Irma Cayo pueda dar mayores luces sobre las causas del fallecimiento del padre de sus hijos.

Pablo Abdo: ¿Cuándo su pareja estaba ya en casa y balbuseaba sobre «electroshock y agua», hizo referencia a ahogamiento?

Irma Cayo: Que, si, hizo referencia y decía “agua, agua ahogamiento” y decía “ahora van a ver justicia mis hermanos sufren”

Solidaridad con familia de Manuel Quilla

La pareja de Manuel Quilla, Irma Cayo, ahora se quedará a cargo de sus dos hijos y será el único sustento económico para ellos. En la imagen se ve al hermano de Manuel Quilla, a Irma y su hijito. Manuel se dedicaba a desarrollar diversos tipos de trabajo, «mil oficios», y su pareja se dedicaba al cuidado de sus hijos.

 

Para quienes deseen ayudar económicamente a la familia de Manuel Quilla, la cuenta BCP de su pareja Irma Cayo es: 40577791620081

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