La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Del 24 al 28 de octubre se realizará, en la sede de Naciones Unidas (Ginebra), la Octava Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) sobre la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

Este Grupo de Trabajo está encargado de desarrollar un tratado internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Se trata del primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos de poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, sus territorios y de la naturaleza.

Si bien, el Estado peruano ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; la persistente vulneración de derechos humanos, a consecuencia de grandes proyectos extractivos y, más recientemente, los abusos corporativos durante la crisis sanitaria mundial, ponen a la orden del día la necesidad de asegurar la primacía de los derechos humanos, mediante obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.

En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes demandamos al Estado peruano a asumir un rol proactivo en el proceso de debate y negociaciones del Grupo de Trabajo. Al respecto, consideramos importante promover los siguientes enfoques:

El alcance del tratado debe abarcar las empresas nacionales y transnacionales y sus cadenas de valor.
Las sanciones para las empresas deben ir más allá del incumplimiento de la debida diligencia como proceso y deben atender la obligación de resultado (no dañar), así como la responsabilidad de atención y reparación de impactos

El tratado debe establecer la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.

Se deben establecer medidas preventivas para evitar la captura corporativa de las decisiones estatales, y fortalecer la transparencia sobre información ambiental y social, todo esto con respecto al impacto de las empresas sobre los derechos humanos.

Es por ello que, organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a tener una participación activa y favorable al proceso del tratado en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo, en permanente diálogo con la sociedad civil.


Perú, 24 de octubre de 2022


Organizaciones firmantes:

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) CooperAcción Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) Diakonía Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) Nodo PerúRed Latinoamericana Iglesias y Minería Perú Equidad Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) Red Muqui Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) We World | Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) | Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) | Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

El ingeniero ambiental Daniele Terranova, con experiencia en trabajos de investigación y evaluación de impacto ambiental, ha encontrado numerosos vacíos en el estudio “Análisis técnico cualitativo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera (MEIA) Toromocho (2020)”, base para la ampliación del mencionado proyecto. Los contenidos esenciales relacionados con el contexto ambiental y de explotación minera de las áreas donde se ubica la mina Toromocho de la empresa Chinalco, serán presentados en un informe que resalta no sólo esas falencias, sino también propone posibles mejoras derivadas de la lectura del documento.

La necesidad de este estudio surge de las graves consecuencias ambientales y sociales presentes en el Perú desde hace siglos, a causa de las actividades mineras que devastan el país. Es claro que, los ingresos de estas actividades terminan en manos de unos pocos, y muchas veces se van al extranjero. Debido a esto, la minería, en sus diversas formas, es hoy la principal causa de los conflictos socioambientales en el Perú.

En un contexto de por sí muy adverso como el de Morococha, donde parte de la población se niega a abandonar sus moradas, la mina Toromocho ha iniciado obras de ampliación que la llevarán a explotar 170 mil toneladas de cobre por día, aumentando la severidad de sus impactos en estos territorios. Las actividades de expansión fueron precedidas en 2020 por la publicación del MEIA, cuyos capítulos: quinto y sexto resultaron más relevantes para el investigador a la hora de analizar la integridad y solidez de los procesos de evaluación de impacto ambiental relacionados con la expansión del complejo minero.

Por medio de este estudio, Terranova no solo se ha propuesto mejorar la calidad de la evaluación de impacto ambiental MEIA, sino también desarrollar y difundir conocimientos sobre temas ambientales y de sustentabilidad. Contribuye, de esta manera, al debate sobre la minería, sustenta la protección ambiental por actividades extractivas y le entrega herramientas a las comunidades afectadas.

Identificación de impactos

La identificación de impactos es la fase de un estudio ambiental enfocado en determinar los potenciales problemas ambientales derivados de actividades humanas, también sirve para asegurarse de que a lo largo de la operación de la actividad no se produzca un daño significativo al medio ambiente.

El MEIA (2020) presenta tablas que resumen las interacciones entre las actividades mineras y los componentes ambientales (aire, agua, biomas…). Sin embargo, a partir del análisis de esas tablas es posible deducir que hay interacciones faltantes: según Chinalco, algunas actividades específicas no afectan el medio ambiente cuando son preparatorias para la construcción de ciertas partes de la planta, mientras que sí lo son cuando se realizan para otros fines. Por ejemplo, la actividad “movimiento de tierras (corte, relleno y nivelación)…” se repite varias veces con diferentes propósitos, pero solo se reporta unas pocas veces su impacto en la “pérdida de suelo”. Está claro que el impacto de una actividad no depende del propósito con el que se realiza.

El caso mencionado representa un vacío muy grave, ya que cada impacto no identificado implica que,  no se considerará la implementación de medidas de prevención, mitigación o compensación. Tampoco habrá actividades de monitoreo; a parte significa polución que no vemos, y de la que no nos protegemos.

Por estas razones, lo que Chinalco tiene que hacer es aclarar este aspecto o aportar correcciones, para no subestimar los impactos de sus actividades. 

Caracterización del drenaje ácido

El drenaje ácido es el impacto ambiental minero más nocivo a nivel mundial y consiste en la formación de sustancias ácidas provocadas por el contacto entre algunas rocas mineralizadas, trabajadas por la empresa, y el agua, sobre todo la lluvia; este ácido, al llegar a las aguas subterráneas, contamina gravemente los recursos hídricos subterráneos y luego también superficiales, afectando cada componente ambiental y el hábitat.

Este riesgo, sin embargo, solo se menciona vagamente en el MEIA (2020). No hay una caracterización geológica completa y específica, es decir, una descripción detallada de los tipos de rocas que se encuentran cerca de la mina, su contenido mineral y cómo la actividad humana interactúa con dichas rocas. También faltan efectivas medidas de prevención o mitigación de este potencial impacto ambiental.

No considerar este peligro significa arriesgarse a contaminar muchos cuerpos de agua durante décadas o siglos, no solo cerca de la mina, sino también río abajo. Los metales pesados ​​se acumulan en los organismos y son perjudiciales para el metabolismo de animales y humanos.

Para evitar eso, Chinalco tiene que reconocer el peligro de drenaje ácido en su sitio, individualizar los riesgos potenciales e identificar las formas en las que se puede prevenir. Hay que conducir una investigación específica, que tome en cuenta los parámetros más importantes (pH, temperatura, grado de saturación del agua, presencia bacteriana…). Es importante que los trabajadores/técnicos de la compañía tengan el conocimiento y las herramientas para controlar drenaje ácido, y para identificar técnicas que reduzcan los impactos.

Impactos por emisión de PM

El material particulado (Particulate Matter, PM por sus siglas en inglés) es el conjunto de partículas pequeñas (entre 2,5 y 10 micras), generadas por varias actividades como excavaciones o combustión, que pueden transportar muchas sustancias tóxicas. El PM puede transportar estos contaminantes muy lejos y afectar hábitats y ecosistemas, pero también pueden llegar a los bronquios y alvéolos, exponiendo la salud humana a graves consecuencias.

La emisión de partículas puede causar pasivos de muchas maneras diferentes. Probablemente, no todos han sido descritos y caracterizados cuidadosamente en el MEIA (2020). Además, en dicho estudio no se explica cómo las medidas adoptadas por Chinalco realmente logran reducir significativamente las emisiones de PM: estamos hablando del uso de coberturas o reducción de velocidad de camionetas. 

Se trata de un pasivo muy impactante porque hay muchas actividades que pueden contribuir seriamente a la liberación de PM a la atmósfera. Las partículas contienen diversos contaminantes, porque se generan en un área con muchas de estas sustancias, y pueden depositarse, arrastradas por los vientos, en aguas superficiales, o en importantes ecosistemas como los bofedales, o llegar a los asentamientos, y dañar la salud humana.

Además de implementar nuevas medidas de prevención y mitigación, como sistemas de captura de polvo, sugerimos equipar a los trabajadores con medidores especiales que informen sobre las concentraciones de PM a las que están expuestos. También será útil el fortalecimiento de la red de monitoreo, ubicando estaciones de control cerca de los elementos ambientales más vulnerables.

Impactos sobre el suelo

La importancia del suelo a menudo se subestima en los estudios de impacto ambiental. No obstante, el suelo tiene un papel fundamental a nivel ecológico porque está íntimamente relacionado con la calidad del agua, con la salud de la flora y la fauna, con su fertilidad y, en general, con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. Por esta razón, los impactos sobre el suelo no solo afectan ese espacio, sino también a todos los componentes ambientales.

Las actividades mineras afectan seriamente el suelo, ya que modifican profundamente la morfología del territorio. El uso de maquinaria pesada, el desbroce de vegetación y la alteración geomorfológica compactan las partículas del suelo, impidiendo los intercambios de gases y agua con el exterior. Esto favorece la escorrentía superficial, y de esta manera, los flujos aumentan los procesos erosivos: partículas y material contaminado por la minería acaban descendiendo, afectando los alrededores. Además, el desbroce de vegetación reduce el contenido de materia orgánica, aportando, con ello, a su vez a los procesos de erosión y degradación generalizada.

En el contexto territorial de Toromocho, donde el paisaje es muy rocoso, polvoriento, escarpado y frío, la importancia del suelo es permitir que las lluvias lleguen al subsuelo. Ya ha quedado explicado como, la minería compacta el suelo, crea flujos superficiales y aumenta los procesos erosivos, lo que también aumenta el transporte de material contaminado, en este caso hacìa la cuenca del Mantaro. Desafortunadamente, los tiempos de autoregeneración del suelo son muy largos y los procesos bien complejos, pues son muy difíciles de estimar. En este sentido, el suelo es un recurso no renovable: otra razón más para cuidarlo mejor.

La primera medida que necesitamos, para enfrentar este problema, es llevar a cabo un análisis específico de las condiciones de vulnerabilidad del sitio: este puede ayudar en encontrar las acciones más efectivas en reducir la erosión y degradación. Hoy, los mejores modelos ambientales nos dicen que hay medidas que funcionan muy bien, por ejemplo el uso de terrazas particulares o muros de contención.

Conclusiones

Las observaciones reportadas en este análisis resaltan la necesidad de realizar un importante trabajo de protección ambiental. Las actividades mineras son de alto impacto y el área de Morococha tiene varios aspectos ambientales frágiles. Surge entonces la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental más completo y preciso, para evitar pasivos graves e irreversibles.

Es fundamental que una región, que ya ha sufrido por la minería, no siga enfrentando consecuencias ambientales y sociales tan graves. La idea es que Chinalco no solo tome en cuenta este estudio y respete sus compromisos, sino que mejore su desempeño ambiental y social. Por ejemplo, podrían planear la adopción de las últimas técnicas de recuperación de terrenos tras el cierre, o adaptarse a las directrices internacionales, recogidas por ejemplo por el Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining and Metals, ICMM por sus siglas en inglés).

Actualizado

Dos muertos y diez  heridos fue el saldo del deslizamiento de un cerro en la zona conocida como Cumbre del distrito Coasa, provincia Carabaya, donde existían alrededor de 15 campamentos de mineros artesanales, según se informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno.. En los días previos se habían dado fuertes lluvias que, junto a obras viales que se realizaban por la zona, habrían facilitado el deslizamiento posterior de tierra y piedras.

Asimismo, se logró rescatar a 30 trabajadores de la mina Caimán, cuyas instalaciones también resultaron afectadas.

Los heridos de gravedad fueron identificados como Cristhian Gutiérrez Pachacútec (22), Víctor Rafael Gutiérrez Pachacútec (21) y Roxana Quispe Turpo (26). Se descartan personas desaparecida tras el deslizamiento.

Por otro lado, según informó a los medios de comunicación el jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, José Luis Paredes Paredes, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Carabaya y la asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de INDECI-Puno, se entregaron bienes de ayuda humanitaria, consistente en 20 frazadas, buzos polares, casacas térmicas, chompas de lana, camas, colchones y kits de herramientas, complementando la atención brindada por la Municipalidad Distrital de Coasa como primer nivel de atención.

Actualizado

Durante el 12 y 13 de octubre se desarrolló la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de la comunidad de La Oroya (Junín) contra el Estado peruano, debido a la vulneración de derechos humanos desde hace décadas por la contaminación con metales pesados del complejo metalúrgico que procesó hasta el 2009, concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata, oro, y otras sustancias

El 30 de septiembre de 2021, después de 15 años de iniciada la demanda internacional por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH, después de concluir en su informe de fondo que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. La CIDH presentó el caso ante la Corte IDH debido a que el Estado peruano hizo caso omiso a las recomendaciones que enviaron el 30 de diciembre del 2020 para que las víctimas puedan encontrar justicia y reparación. Ya el Tribunal Constitucional peruano había ordenado al Ministerio de Salud el 2006 y 2015 para que tomen medidas de atención a las y los afectados por la contaminación, pero el Estado peruano no cumplió.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia se realizó en el marco del 153 Período de Sesiones de la corte en Montevideo, Uruguay, y fue aperturada durante la mañana del 12 de octubre por el presidente de la Corte IDH: Ricardo Perez Manrique y el secretario de la Corte: Pablo Saavedra, quien señaló el objetivo y modalidad de desarrollo de la audiencia: “el propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas, un testigo propuesto por el Estado, dos peritos propuestos por los representantes de las víctimas y un perito propuesto por el Estado. Se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas del presente caso”.

Aperturada la audiencia, el presidente de la Corte IDH dio el pase a Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso de la Oroya contra el Estado peruano, quien señaló que la CIDH – en su informe de fondo 33020 – partió por reconocer la indivisibilidad existente entre los derechos a la vida digna, la integridad de la persona, la salud, y el ambiente sano, y determinó que el Estado ha incumplido tanto sus deberes de respeto como garantía que derivan de tales derechos.

Agregó que la CIDH observó que hasta 1997 mientras el complejo metalúrgico fue operado por la empresa estatal Centromin, el Estado no adoptó medidas para regular y controlar efectivamente las emisiones de sustancias toxicas. Y cuando se privatizó el Complejo Metalúrgico por Doe Run, tampoco hizo efectivo el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), lo que se comprobó con las modificaciones y prórrogas otorgadas a la empresa.

Posteriormente presentaron sus declaraciones las 3 víctimas de la Oroya, quienes señalaron que además de estar afectadas en su salud junto a sus familiares producto de la contaminación, también fueron amenazadas directamente para no seguir denunciando la contaminación del Complejo Metalúrgico.

Testimonios de las víctimas

Inició Rosa Amaro de 74 años, quien señaló que la neblina de los gases tóxicos que emanaba el complejo, se transformaba como caspa que quedaba en los rostros de los niños. Precisó que cuando protestaban recibieron amenazas. “Dejé la presidencia del movimiento por la salud en La Oroya porque se metieron con lo que más duele a una madre: mis hijos”. Producto de las amenazas se tuvo que ir de su pueblo.

Continuó Yolanda Zurita, quién señaló que producto de la contaminación tiene tumores y la mayoría de la población sufre la caída de los dientes y tiene fibrosis pulmonar. Ante la pregunta de un juez de la Corte IDH sobre sus malestares y las amenazas que recibía, señaló que su malestar antes era leve y que después del ingreso de Doe Run, eso empeoró. Y agregó: “Toda persona que hablaba de los riesgos a la salud era atacada no solo por los medios de comunicación, también había volantes. El alcalde convoco un cabildo abierto y nos declararon personas no gratas”. Finalizó señalando que tenía que presentar su medida cautelar para que la atiendan en los centros de salud del Estado, porque durante la pandemia solo atendieron casos covid. Sin embargo, ante la atención deficiente y no especializada, tuvo que gastar sus ahorros atendiéndose en consultorios privados.

La tercera declarante fue Maricruz Aliaga, una joven que tuvo que salir de la Oroya producto de las afectaciones que tenía, quien señaló que junto a su hermana tenía problemas pulmonares, de infertilidad, dolores musculares y problemas odontológicos. Además, señaló que tenía parálisis en algunas oportunidades.

Relató: “Íbamos al centro de salud y solo nos daban parecetamol. Decían que no hay especialistas para atender eso; si quieren estar bien, sácalo de La Oroya, nos indicaban. Acá es una tremenda contaminación. ¿Tú quieres tenerla viva o muerta a tus hijas?, decía el médico a mi madre. Si tu no alimentas bien a tus hijas, si no das de comer frutas, leche, empeorarán. Es por eso que mi mama decidió sacarnos de la ciudad de la oroya. En Chupaca tu podías ver el cielo azul, arboles; en la oroya cielo calcinado, no crecían las plantas. Podía respirar tranquilo sin que me pique la garganta”.

Agregó: “5 años que intento ser madre y no puedo hasta el día de hoy. Me apena tener el plomo en sangre, que no es el mínimo, y tener estos malestares. Por eso decidí estudiar enfermería, para minimizar estos dolores junto al de mi familia”.

Procuradores representantes del Estado negacionistas

Frente al relato que desarrollaron las víctimas, los procuradores supranacionales que representaron al Estado tuvieron una actitud cuestionadora de sus relatos, señalando que ellos tenían una cantidad exacta de dosajes mayor a la que las víctimas señalaban recordar. En el caso de una de las víctimas, uno de los procuradores señaló que según un dosaje que tenía, la supuesta víctima tenía una cantidad de plomo en su organismo por debajo del límite permisible. A lo que la víctima señaló que el médico le había señalado que tenía el doble de cantidad de plomo.

Asimismo, les exigían pruebas que señalen la causalidad entre la exposición a metales pesados que tuvieron durante sus años de vivencia en la Oroya y los malestares y enfermedades que relataban, cuestionando a una de las víctimas por el tiempo de su vivencia en la Oroya y su mudanza a una localidad distinta a la que relataba oralmente.

Frente a ello, el abogado representante de las víctimas de Aprodeh intervino señalando ante el juez, que el procurador del Estado no estaba preguntando y sí argumentando cayendo en un diálogo, cuando su función es preguntar. Por ejemplo:

Procurador: ¿En Essalud hay algún registro de tus atenciones?

Por su puesto, de mis parálisis. De forma particular he ido a un neurólogo, me he sacado tomografías, señaló Maricruz Aliaga.

Procurador: ¿Tiene alguna documentación que alegue que sus síntomas es producto de la contaminación del Complejo Metalúrgico?

Víctima: “El Estado no nos da respuesta, pero tengo dientes amarillos y el odontólogo nos dijo a mí y a mi hermana que eso es problema de la mala absorción del calcio y eso es producto del metal (plomo) que ustedes tienen. El neurólogo también señala que no encuentra razón de por qué se paraliza el cuerpo.

Procurador: ¿Tienes algún chequeo anual, tú como enfermera?

El abogado de la víctima interrumpió nuevamente: “Se está evocando a la testigo en calidad de enfermera – su ocupación laboral – y no en calidad de paciente”.

Finalizado el tiempo de desarrollar preguntas a la víctima, se dio el pase al testigo médico de CENSOPAS propuesto por la defensa del Estado, quién respondió a las preguntas del procurador del Estado y de los representantes de las víctimas, señalando que no existe causalidad directa para determinar que la contaminación ambiental producida por el Complejo Metalúrgico produce los malestares y enfermedades que alegan las personas afectadas. Sin embargo, frente a las preguntas de los abogados representantes de las víctimas, señaló que sí existe posibilidad, pero no se puede hablar de causalidad directa. Reconoció que se encontraron a niños con plomo más allá del límite permisible.

Durante los alegatos finales el segundo día, los procuradores representantes del Estado peruano señalaron que “el Estado peruano considera en términos técnicos que no toda presencia de metales pesados en el ambiente, significa un daño a la salud(..)” y que para imputar responsabilidad internacional al Estado peruano debe existir un nexo causal entre la contaminación ambiental y el diagnóstico médico de las supuestas víctimas. Asimismo, señalaron que el Estado sí realizó medidas para resguardar la salud de las personas que tenían metales pesados por encima del límite permisible y para proteger el medio ambiente.

Relator de la ONU especialista en sustancias tóxicas

Durante la intervención del relator de la ONU, Marco Orellana, como perito experto propuesto por la representación de las víctimas, este señaló que si bien los riesgos ambientales tiene impacto diferenciado en las personas, “en el caso de la Oroya a pesar de contar con información de la grave contaminación ambiental, el Estado no solo falló en el deber de entregar de manera oportuna la información a la comunidad, sino además fallo al prolongar los plazos establecidos del manejo ambiental para cumplir con los estándares ambientales. El Estado en vez de hacer cumplir los estándares, los disminuyo”.

Respecto a la causalidad de las enfermedades y malestares producto de la contaminación, señaló que determinar esas relaciones de causa efecto son muy difíciles.” Pueden requerir información que no existe o que se obtiene después de mucho tiempo, información que se obtiene tras consumado los daños. Para que el derecho internacional pueda proteger a la gente, la evidencia de riesgos es suficiente para activar los deberes de cuidado”.

Precisó que la jurisprudencia ha determinado que le corresponde la carga de la prueba a aquella parte que tiene la evidencia o que se encuentra en mejor posición para producirla. “Esto se aleja de la regla tradicional que a cada parte le corresponde probar lo que alega”.

Frente a esta declaración, la procuradora representante del Estado preguntó si había examinado las normas ambientales del Perú. A lo que el relator señaló que sí las había revisado a través de los informes de las víctimas que hacían referencia a normas específicas.

La procuradora volvió a preguntar, queriendo cuestionar su experticie sobre el caso:

¿Usted ha evaluado el medio físico donde se desarrolla el complejo metalúrgico?. ¿Ha visitado físicamente el lugar?

Relator de la ONU: No he ido directamente, pero he revisado todos los documentos.

¿Conoce la situación actual del complejo metalúrgico actual?

Relator de la ONU: Sí.

Procuradora: ¿Podría precisar si es que el complejo metalúrgico ya no funciona, podría hablarse de una vulneración continua de derechos, como usted señala?

Relator de la ONU: Lo continuo no es por el funcionamiento actual del complejo metalúrgico, sino por la continua exposición ambiental a la contaminación que existe en el suelo y otros espacios físicos que durante años han recibido esos contaminantes.

El rol de los jueces de la Corte IDH

Durante la audiencia los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limitaron a preguntar a las víctimas algunos elementos que señalaban para que puedan desarrollar más su exposición, no para cuestionarlas, de acuerdo al rol que tienen como Corte. Asimismo, asintieron a las interrupciones de los abogados representantes de las víctimas cuando encontraron que los procuradores representantes del Estado peruano en vez de preguntar, cuestionaban las declaraciones de las víctimas.

Frente a los alegatos finales de los procuradores del Estado peruano, una de las juezas de la Corte IDH preguntó si la posición del Estado era que los metales pesados como el plomo son expulsados naturalmente por el cuerpo, como lo afirmaron. A lo que la procuradora del Estado señaló que lo que había dicho el médico testigo del Estado era que los metales pesados podrían expulsarse en un periodo largo si es que las personas no estuvieran frente a la exposición de la contaminación ambiental.

La jueza también cuestionó la postura del Estado sobre la carga de la prueba debido a que los procuradores señalaban que las víctimas debían probar la causalidad de sus enfermedades en relación a la contaminación ambiental. La jueza señaló que ahora tenemos nuevas normativas como el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, el juez presidente de la Corte IDH finalizó realizando una serie de preguntas a los representantes de la Procuradoría del Estado peruano, respecto a sí contaban con informes sobre calidad de agua, aire; situación de ríos y afluentes; monitoreos por parte del Estado; evaluación de expertos independientes sobre la emisión de gases del complejo Metalúrgico; situación de remediación ambiental y atención médica adecuada; e información oportuna a la población, etc. Asimismo, informó que la Corte IDH planea una visita a la Oroya previo consentimiento del Estado peruano.

Frente a las preguntas, los representantes de la Procuradoría del Estado pidieron una prórroga para entregar esta información en sus alegatos finales por escrito y se acordó con el presidente de la Corte IDH que el plazo se extienda 15 días al plazo original que era el 14 de noviembre.

A pesar de que ya se ha cumplido el plazo para conformar una mesa técnica y revisar la la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hasta el momento el MIDAGRI, no ha publicado la resolución que oficializa la conformación de la mencionada instancia evaluadora, que por lo tanto tampoco ha podido constituirse.

Los acuerdos se remontan al miércoles pasado, cuando el presidente Pedro Castillo y la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Jenny Ocampo, tomaron importantes acuerdos en reunión con autoridades de la región Arequipa y representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo.

El primer compromiso fue revisar la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el plazo de una semana, y que de ser necesario “corregir” el acto administrativo que podría afectar el desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Islay. “Tenemos el compromiso inmediato del Presidente y la ministra de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Jenny Ocampo, para atender los reclamos de la población contra la Resolución 624 de la Autoridad Nacional del Agua del Perú  en el plazo de una semana”, afirmó el congresista arequipeño Jaime Quito Sarmiento.

Asimismo, se acordó en dicha reunión, la conformación de una mesa técnica que evalúe la mencionada resolución, que dispone la entrega de 22 millones de metros cúbicos anuales para las operaciones de Quellaveco ubicada en Moquegua. Y que será oficializada mediante una resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú.

Al respecto, los gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP y la Sociedad Nacional Minería, Petroleo y Energía (SNMPE) han emitido varios comunicados señalando que el proyecto minero Quellaveco no pueda estar en cuestión y que el gobierno peruano debe garantizar su implementación, restando valor a las protestas del Valle de Tambo. En sus comunicados, los gremios mineros también se han mostrado contrarios a que la Autoridad Nacional de Agua (ANA) haga alguna revisión a los permisos de uso de agua otorgados a la empresa minera. Por el momento y a iniciativa propia las autoridades y representantes de los agricultores de la provincia de Islay, se reunieron ayer en la ciudad de Mollendo, para designar a sus representantes ante la esperada instalación de la referida mesa de trabajo.

La semana pasada el director de la Autoridad Local del Agua Caplina-Ocoña, Ronald Fernández expresó que: “la mesa técnica va a evaluar las condiciones técnicas y legales de la resolución. Tendrá un plan de trabajo que como segundo punto verá la posibilidad de suspender o no la resolución”. Los resultados serían evaluados por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

Se estableció además, que en dicho espacio de trabajo, participarán autoridades de la región Arequipa, autoridades de la provincia de Islay (alcalde provincial y alcaldes distritales), representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, y autoridades del gobierno central. También se tratará el problema del déficit hídrico en el Valle de Tambo. 

José Luis Hancco Mamani, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), indicó que la ministra Ocampo se comprometió a que en un plazo de entre 7 a 10 días haya un pronunciamiento de la mesa técnica. 

Finalmente, el Presidente Pedro Castillo confirmó visitar el Valle de Tambo, para tratar problemas como la contaminación hídrica y estrategias para impulsar la agricultura.

APELACIONES A LA RESOLUCIÓN  624 EN STAND BY

El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, tendrá que evaluar en un lapso de 30 días las apelaciones presentadas a la resolución de la ANA. Sin embargo, hasta el momento dicha instancia no registra avances, dado que este órgano recién evaluará la resolución después de la designación de un integrante faltante.

Durante la 35 Convención Minera (PERUMIN), desarrollada en la ciudad de Arequipa entre el 26 y 30 de setiembre del presente año, el gobierno de Pedro Castillo, a través de sus ministros de Economía y Finanzas Kurt Burneo, de Energía y Minas Alessandra Herrera, y posteriormente el Premier Anibal Torres, ha anunciado una serie de acciones de continuidad del modelo extractivo, favoreciendo a los gremios mineros en el país. Frente a estos anuncios desde la Red Muqui manifestamos nuestra preocupación:

 

  • En primer lugar, el anuncio se ha dado en el marco del Plan “Impulso Perú” que fuera presentado por el MEF semanas atrás y que tiene como objetivo “reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleo” y contiene 36 medidas aplicadas para diferentes sectores del Estado. En estos días el ejecutivo está presentando proyectos de ley al Congreso de la República para viabilizar sus medidas. Para el caso de la minería, el ministro Burneo ha señalado que se propone realizar tres ejes: Reducir la burocracia, incentivos a la inversión minera, cierre de brechas en las comunidades, entre otros cambios. Estos anuncios evidencian que el gobierno de Castillo ha optado abiertamente por la continuidad del modelo, priorizar y promover la minería, dejando de lado los cambios y reformas que había planteado al inicio de su gobierno.

 

  • En el PERUMIN de Arequipa el Ministerio de Energía y Minas ha señalado que a la fecha existe un portafolio de 43 proyectos mineros por un total de US $53.168 millones. Los mismos que se encuentran en distintas etapas, la gran mayoría de ellos en fase de estudio de factibilidad o prefactibilidad; sin embargo, no se ha señalado que debido a los precios altos de los minerales en el mercado internacional la mayoría de las empresas mineras han ganado ingentes ingresos económicos. Al respecto, desde la sociedad civil, se planteó una reforma tributaria para un impuesto especial a las sobreganancias mineras, tema que fuera planteado en el Congreso por el mismo Ejecutivo el año pasado y que lamentablemente es dejado de lado con este anuncio del Ejecutivo.

 

  • El anuncio del Premier Anibal Torres sobre la decisión del gobierno de promover la exploración minera y sus afirmaciones que “sin exploración de nuevos proyectos no hay minería en el futuro” y que además “se buscará simplificar los trámites administrativos para que sus inversiones en el Perú estén seguras” son más que preocupantes. Sabemos que cuando se habla de simplificación de trámites, estova dirigido a debilitar los instrumentos degestión ambiental, como son la reducción de tiempos y plazos para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. Si ya tenemos una institucionalidad ambiental muy precaria en el país, con estos anuncios, lamentablemente, no se garantiza la protección del ambiente, los ecosistemas frágiles y el agua donde se asientan muchos proyectos mineros.

 

  • Lamentablemente, el presidente Castillo está cediendo ante los intereses económicos de los grandes gremios mineros, para mantener el modelo extractivista y profundizarlo. Así mismo, la forma tradicional del gobierno de encarar los conflictos socioambientales, a través de las mesas de diálogo, firmando actas y acuerdos que muchas veces no se cumplen, terminan siendo insuficientes para solucionar los problemas estructurales que afrontan las comunidades y poblaciones que sufren los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la actividad minera en sus territorios. Más aún, al final terminan siendo paliativos y medidas poco efectivas, que pasado un tiempo terminan por reactivar nuevamente los conflictos sociales.

 

Finalmente, el anuncio del Gobierno de Pedro Castillo de “abrazar el extractivismo minero” como única fuente de ingresos económicos, dando más beneficios tributarios al sector minero, flexibilizando los instrumentos ambientales, entre otros, va a generar la reactivación de los conflictos sociales en el país, y puede ser entendido por las comunidades y poblaciones afectadas por la minería como un abandono a sus promesas electorales y sobre todo al tan anhelado cambio que esperaba el pueblo peruano.

 

Lima, 07 de octubre del 2022.

Ante la difusión del medio digital “La Encerrona” sobre prácticas ilegales de seguimiento que realiza el Ejército Peruano a autoridades electas, candidatos a cargos de elección popular, agrupaciones políticas y organizaciones no gubernamentales como CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) miembros de Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Amnistía Internacional señalamos lo siguiente:

Rechazamos todo tipo de prácticas estatales de seguimiento y reglaje que se realizan en contra de organizaciones de la sociedad civil, así como de los defensores/as de derechos humanos ambientales que defienden y promueven la defensa de los derechos humanos en el país.

Nos solidarizamos con las organizaciones víctimas de estas actividades ilegales, denunciamos este tipo de prácticas antidemocráticas y exigimos que el gobierno del presidente Pedro Castillo tome las medidas adecuadas para investigar y sancionar a los responsables, así como la prevención de hechos similares y asegurar el pleno ejercicio de las facultades garantizadas en un Estado de derecho.

Reiteramos que la labor de CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) organizaciones miembros de Red Muqui es la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, acompañando a las comunidades afectadas por la minería. Su trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente, en diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas y las autoridades del Estado en todos sus niveles.

En tanto existen los marcos normativos nacional e internacional que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos, entre ellos el derecho a defender derechos, la libertad de expresión, opinión y movilización, esperamos que el Estado Peruano garantice que se cumplan como tal.

Lima, 06 de octubre del 2022.

En la tarde de este martes, representantes del Valle de Tambo y autoridades de la provincia de Islay y de la región Arequipa, se reúnen con el presidente Pedro Castillo, para plantearle la inmediata anulación de la Resolución N°0624-2022. A través de esta decisión, la Autoridad Nacional de Agua le otorga licencia de uso de más de 22 millones de metros cúbicos de agua por año a la minera Quellaveco, propiedad del consorcio Anglo American.

La delegación arequipeña está conformada por los presidentes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, alcaldes de la provincia de Islay, consejeros y gobernadora de la región Arequipa; además se sumará la representación parlamentaria de Arequipa. La reunión, según el congresista Jaime Quito, fue confirmada por Edgar Altamirano, secretario de actividades del despacho presidencial.

El pasado miércoles 28 de setiembre, diferentes autoridades de la región y representantes de la juntas de usuarios rechazaron la resolución directoral 0624-2022, que consideran arbitraria y pidieron su inmediata nulidad. También el congresista Jaime Quito Sarmiento, como nuevo delegado de la representación parlamentaria de Arequipa,  informó a los presentes de la cita fijada en Lima con el presidente Castillo para este martes 4 de octubre.

El alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera, planteó que en dicha reunión se solicite la presencia del premier Anibal Torres y de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Jenny Ocampo Escalante.

Recordemos que en el caso del Valle de Tambo, han transcurrido ya 13 años de resistencia en defensa de la agricultura y medio ambiente frente al proyecto Tía María.  Resistencia que ha dejado  a personas  criminalizados, heridas y muertas. Y que nuevamente desde los primeros días de setiembre de 2022, la población vuelve a protestar en legítimo reclamo, está vez por la defensa de las aguas del río Tambo, afluente principal para el consumo humano y la agricultura del Valle de Tambo.

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

Una de las promesas políticas del presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021 fue que de ser necesario se iba a nacionalizar el sector minero si esta no beneficiaba al pueblo, inclusive habló de revisar y renegociar contratos mineros y del gas, así como plantear varias reformas en este sector, sin embargo poco o nada ha quedado de aquella promesa, recordemos que Pedro Castillo ganó con una abrumadora mayoría en los distritos, provincias y regiones mineras del país, ya que la población sí esperaba que se hicieran cambios en relación a este tema. Lo cierto es que el gobierno de Castillo ha seguido una línea de continuidad y cero reformas en el sector minero, por lo menos no en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por esta actividad en los territorios.

En su mensaje a la nación de julio de este año no solo remarcó la importancia y aporte económico de este sector, sino que la semana pasada su premier Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, han señalado que van a promover el sector y otorgarán más beneficios a la minería, así lo han señalado en su 35ava edición del PERUMIN realizado por los gremios mineros en la ciudad de Arequipa. “El Gobierno va a promover la exploración minera. Sin proyectos de exploración no hay minería en el futuro” señaló el premier, y remarcó que se buscará simplificar los trámites administrativos para que “los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras”. Esta declaración va en la línea anunciada por el ministro de Economía, que días antes había mencionado que no habrá cambios en materia tributaria para el sector minero, mucho menos más regulación ambiental.

Esto significa que si ya teníamos un gobierno nacional poco eficiente para gestionar los conflictos socioambientales en zonas mineras, claramente se pasará a un gobierno que no solo va a promoverla sino que buscará sacar adelante algunos proyectos mineros cuestionados en el sur y norte del país, como es el caso de Tía María en el valle de Tambo de Arequipa, y el proyecto minero Conga en Cajamarca, entre otros. Sobre la situación en el valle de Tambo es preciso señalar que en las últimas semanas los pobladores vienen denunciando la afectación del agua en la cuenca del río Tambo por la licencia de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua al proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Todas estas decisiones y giros se vienen dando en un escenario de elecciones regionales y municipales que, en las últimas semanas, ha mantenido distraída a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si el gobierno de Castillo hace un giro radical en la promoción de la gran minería abiertamente, está claro que los conflictos se reactivarán con más fuerza, mucho más en aquellas provincias donde la gente votó porque las cosas cambiaran en favor de sus derechos y no en favor de los intereses económicos de los gremios mineros, quienes en plena pandemia y crisis política han tenido ingentes ingresos monetarios.