Por: Yulissa Casana y Beatriz Cortez – Red Muqui

Las voces de las mujeres populares y rurales resuenan cada vez más fuerte en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Denuncian que ahora no solo se enfrentan a un sistema machista que reproduce y naturaliza la violencia simbólica y estructural, también contra un gobierno ilegítimo y racista que justifica las graves violaciones de los derechos humanos. Así lo han manifestado meses antes, por ejemplo, en las asambleas populares, en pronunciamientos, en las movilizaciones de distintas regiones, en el último encuentro feminista y ahora en la convocatoria a la movilización por el 25 de noviembre.

La violencia y represión estatal es perpetrada por Dina Boluarte y sus aliados, la primera mujer en asumir la Presidencia del Perú, quien no nos representa, por el contrario, es una amenaza regresiva en cuanto a los derechos conquistados en intensas batallas políticas y sociales reivindicativas. Ahora en alianza con el Congreso de la República allanan el camino hacia el recorte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como en retrocesos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al abordaje de la violencia de género.

Esta democracia ya no es democracia, ha sido una de las principales consignas y cantos de las organizaciones populares este año. Esto expresa la lucha de los pueblos marginados históricamente, en su mayoría mujeres, por una verdadera representación y participación política. La violencia y discriminación, además, las afecta de manera distinta y/o en un grado diferente por su condición de género, clase, etnia, entre otros factores interseccionales. El extractivismo minero, que atraviesa sus cuerpos y sus territorios, también ha ganado terreno, sobre todo ahora que vivimos en un régimen autoritario.

Dina Boluarte y Alberto Otárola han anunciado más expansión minera a costa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos, sin importar los graves costos que nos trae este modelo minero sin límites. En 2020, el Ministerio de Salud reconoció que hay más de 10 millones de personas expuestas a contaminación por metales tóxicos, de las cuales la mayoría son niños y niñas. De ahí que las madres campesinas y de las poblaciones afectadas estén en la primera línea de la defensa del agua frente a la contaminación y el despojo territorial minero.

Este 25 de noviembre recordamos el brutal asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que dio origen de este día conmemorativo.

Hoy, más que nunca, urge recuperar el sentido político de nuestra lucha, porque las mujeres del mundo y de Latinoamérica nos seguimos enfrentando a la violencia política y la violencia feminicida. Por ello, es importante reflexionar, debatir y replantear acciones organizadas que ayuden a debilitar y derribar a estos sistemas hegemónicos que en forma conjunta oprimen a las mujeres y les arranca la vida (110 feminicidios en lo que va de 2023).

Con más de 60 muertos producto de la represión policial durante las protestas sociales registradas a fines de 2022 y a inicios de 2023, y a casi 1 año de los crímenes de Dina Boluarte, las acciones colectivas por justicia y memoria son lideradas, de igual manera, por las mujeres y diversidades que resisten y aspiran a tener una Nueva Constitución, y así cambiar la historia de un país capturado por las élites de poder económico, las cuales no han logrado quitarnos el miedo ni la esperanza de un Perú con justicia y dignidad.

Manuel Quilla Ticona, campesino aymara, natural de la comunidad de Huancané-Puno, llegó a Lima en marzo para protestar contra el régimen autoritario de Dina Boluarte. Durante su manifestación pacífica, Manuel sufrió acoso discriminatorio y fue torturado por las fuerzas policiales. Falleció días después debido a las múltiples lesiones graves en su cráneo y extremidades superiores e inferiores.

Pese a tratarse de un hecho de violación de derechos humanos, específicamente tortura, en contexto de la represión policial, la investigación no es asumida por el Equipo Especial de Fiscales. Las diligencias son realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad, situación que impedirá identificar a los verdaderos responsables de la muerte y formular una posterior imputación. Debido a que las investigaciones no parten de la base de que Quilla Ticona fue detenido cuando ejercía su derecho a la protesta social, el 15 de marzo de este año, en Lima; ciudad a la que había viajado desde Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Luego fue trasladado a las comisarías policiales de Petit Thouars y San Andrés. Sus familiares perdieron contactó con él hasta dos días después en que apareció con signos visibles de haber sido golpeado en forma brutal, al punto que no reconocía a su familia y se expresaba en forma incoherente. A causa de esa brutal golpiza y luego de una penosa agonía, el 31 de marzo murió a los 35 años en su casa en Huancané. La necropsia concluyó que su muerte fue producto de un traumatismo encéfalo craneano grave, causado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en el tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores.

Cabe señalar que la Red Muqui acompaña este caso y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ asumió la defensa legal de los deudos de Quilla Ticona. Al respecto, David Velazco Rondón, director de FEDEPAZ y abogado de los deudos antes citados, explicó que este, por ahora, es el único caso de tortura denunciado en el marco de las protestas sociales, por lo que habría intereses detrás para que no sea investigado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Esto debido a que probaría, una vez más, las graves violaciones de derechos humanos cometido por el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte durante las marchas registradas a fines del año 2022 y a inicios de 2023.

“Si habría un delito de tortura (en las investigaciones que se desarrollan), (este) tendría una gran solidez como caso. La Fiscalía dice que estos hechos denunciados no fueron durante las protestas. Es falso, (él) fue detenido y golpeado cuando ejercía su derecho legítimo de protestar. La pericia (médico legal) ya fue presentada a la Fiscalía y hay evidencia de que se trata de un caso de tortura por (una serie de) graves hematomas en la cabeza y cuerpo”, declaró.

LENTITUD FISCAL

La pareja de Manuel Quilla Ticona, Irma Cayo Sánchez, viajó desde Puno a Lima para participar de las diligencias realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad. Después de 8 meses del deceso, se programó la inspección en las inmediaciones de las avenidas España con Garcilaso de la Vega, en las comisarías Petit Thouars y San Andrés, así como la revisión de las cámaras de seguridad que grabaron las circunstancias de la detención de Quilla Ticona.

“El avance (de la investigación) es muy lento. La muerte de mi esposo ha afectado a toda mi familia a nivel psicológico y económicamente. Queremos que se agilice el caso y no dilate más tiempo (la Fiscalía), después de 8 meses recién tiene que salir la Fiscalía a inspeccionar y verificar las cámaras”, concluyó Cayo.

Manuel Quilla Ticona era el único sustento de su familia. Dejó en la orfandad a dos niños, una menor de 11 años y otro niño de 2 años. A la fecha su familia exige justicia.

Lima, noviembre del 2023.- #SalidaDeLaCrisisConDerechos es el lema que reunirá a más de 30 organizaciones en la “II Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos”, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 27 al 30 de noviembre. Este evento se realizará a pocos días de culminada la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), en donde la discusión principal se ubicó en la necesidad de reformas estructurales para salir de la recesión económica, sin exponer compromisos claros y explícitos en materia de sostenibilidad ambiental y derechos humanos, un aspecto imprescindible para darle viabilidad y sostenibilidad a las medidas que se adopten.

La segunda edición de la Semana Nacional vuelve a estar a cargo de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, que reúne a organizaciones no gubernamentales peruanas e internacionales que hacen seguimiento a la relación entre la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos humanos, con el fin de incidir de manera conjunta y articulada en procesos nacionales y regionales, y de manera particular, en el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

Durante esta semana distintas organizaciones a nivel nacional, se reunirán para analizar, debatir y acordar estrategias de acción comunes y articuladas, orientadas a promover el desarrollo de actividades empresariales respetuosas de los estándares de derechos humanos y sustentabilidad ambiental, considerando la participación de las comunidades, organizaciones sociales e indígenas como actores claves en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas y privadas favorables a la debida diligencia empresarial.

La semana se iniciará con la realización del Coloquio sobre Empresas y Derechos Humanos, el día lunes 27, continuará con el Foro sobre Debida Diligencia y Diálogo Social que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones NOS y continuará por la tarde con el Foro ¿Cómo salimos de la crisis? que contará con una mesa multi actor para responder a esta pregunta y que se llevará acabo en Hotel Costa del Sol, San Isidro y que marcará a apertura pública de la semana

#RespetenNuestrosDerechos

Bajo el lema “Volver a crecer, volver a creer”, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) se reúne una vez más en Cusco de espaldas a las demandas de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de los trabajadores, de las asociaciones de usuarios, consumidores, entre otros sectores cuyos derechos se ven vulnerados por malas prácticas empresariales en el ámbito laboral, ambiental y social. En ese sentido, los abajo firmantes queremos señalar que:

EL CADE se realiza en Cusco, importante región del sur andino que alberga los proyectos mineros con mayor conflictividad en el país, originados muchas veces por afectaciones probadas al medio ambiente y la criminalización a los defensores de derechos humanos y ambientales, así como por el fracaso en establecer y cumplir acuerdos en las mesas de diálogo, entre otros. Hechos que deberían llevar a una reflexión profunda sobre por qué un sector del empresariado no genera la tan mentada “confianza” en amplios sectores de la sociedad peruana.

En un contexto de crisis múltiple en el Perú (política, económica y climática) nos reafirmamos en señalar que las salidas a éstas no deben darse recortando más derechos laborales ni reduciendo los estándares ambientales o limitando los derechos a la ciudadanía. Por el contrario, se debería avanzar hacia un desarrollo realmente para todos, donde no solo ganen los grandes empresarios sino ganemos todos sin exclusiones. Por tal motivo, exigimos a los empresarios y al gobierno actual:

A nivel internacional demandamos que se cumplan con todos los tratados sobre derechos humanos y convenios laborales y ambientales que el Estado peruano se ha adherido; así mismo en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que el gobierno tome postura a favor de la aprobación del tratado vinculante, así como no utilice para sus intereses económicos la debida diligencia, sino más bien que cumpla en respetarla e implementarlas.
A nivel nacional pedimos que las políticas de inversión privada e inversión pública tengan por objetivo principal proteger y respetar los derechos humanos y ambiental, tal como queda establecido en diversas políticas nacionales, normas y en el mismo Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos aprobado por el MINJUS, que tiene como objetivo reducir la vulneración y violación de derechos humanos en las actividades empresariales en el país.
Cuestionamos la posición de los gremios mineros que afirman que el “Perú es un país minero” y que debemos expandir la gran minería sin mayor regulación y control. En ese marco sus principales voceros vienen presionando al gobierno para seguir desmantelando la poca institucionalidad ambiental que tenemos. No se puede promover actividad extractiva minera a costa de la vulneración de los derechos ambientales y los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Por estos motivos, seguiremos movilizándonos para impulsar la aprobación de una ley nacional de empresas, derechos humanos y debida diligencia, que establezca estándares obligatorios para que las empresas no vulneren los derechos humanos y ambientales, y sus actividades están alineadas con los parámetros que definen una conducta empresarial responsable.
En el marco de esta versión del CADE empresarial, y en medio de una grave recesión económica, las organizaciones de sociedad civil adherentes planteamos que la salida a la crisis económica se debe dar generando mayor inversión e impulsando mejores empresas, pero principalmente, promoviendo el cumplimiento y pleno respeto de los derechos humanos y ambientales. Necesitamos un Perú con empresas que respeten los derechos y no lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años de modelo neoliberal extractivista. Esta historia tiene que cambiar.

Nos adherimos al comunicado:

-Confederación General de Trabajadores del Perú . CGTP
-Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT PERÚ
-Confederación de. Trabajadores del Perú – CTP
-Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP
-Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado -FENTAP
-Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú
-CooperAcción
-Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ,
-RED MUQUI
-Centro Bartolomé de Las Casas – CBC
-WeWorld
-Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
-Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.
-Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
-Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
-Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
-GRUFIDES
-Asociación de Mujeres Arariwas Ambientales de Espinar
-Asociacion de jovenes de Chamaca – Chumbivilcas
-Federación campesina de Challhuahuacho
-Asociación de mujeres productoras de Chamaca

Hace unos días el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan Unidos, que contiene propuestas para impulsar la inversión privada destrabando los trámites e implementando siete proyectos mineros hacia el 2025. El propósito es recortar permisos ambientales lo que amenazaría el medio ambiente y a los derechos humanos.

En esta nota, revisamos las implicancias ambientales y sociales que pueden traer estos 7 nuevos proyectos cupríferos.

¿En qué consisten estos proyectos?

En principio, la mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria, advirtió el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

“Un proyecto en cabecera de cuenca, por más pequeño que sea, afectará considerablemente las fuentes hídricas y eventualmente (ocasionará) la desaparición de manantiales, bofedales y lagunas. Sobre todo, cuando se trata de minería a tajo abierto los impactos van a ser irreversibles. Cuando se debilitan los instrumentos de gestión ambiental, también se debilitan los sistemas de fiscalización ambiental y, por ende, se van agravar los impactos ambientales. Otro tema es que (los proyectos) no tienen licencia social de las comunidades que viven en los territorios y no se ha aplicado la consulta previa a los proyectos mineros. Los sistemas de participación ciudadana han sido casi inexistentes en la aprobación de diversos proyectos mineros (EIA, MEIA, ITS) y a partir de la pandemia se han virtualizado los procedimientos administrativos y más encima se implementó este sistema en zonas donde no hay señal (de internet)”, declaró.

Por lo tanto, buscar reducir mecanismos ambientales (evaluación y/o fiscalización) a favor del gremio minero que acumulan enormes deudas y con cuestionables prácticas (tributarias, sociales y ambientales) impactará en los ecosistemas, de igual manera, los modos y formas de vida de las comunidades y población local, quienes han elegido, a través de mecanismos participativos como asambleas populares, consultas vecinales y movilizaciones, la agricultura, el turismo alternativo y la ganadería en lugar de la minería.

“El riesgo es latente y no se deben flexibilizar (los mecanismos ambientales), más bien deberían fortalecerse los sistemas de fiscalización ambiental (por parte del Estado) porque primero está la vida y la salud de los ecosistemas”, continuó Alejandro Berrospi.

Proyectos para el 2023 por US$ 2.419 millones:

1. Ampliación de Toromocho Fase II, en Junín: El proyecto de expansión de la empresa china Chinalco se ubica en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.

En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por ejemplo, el reasentamiento de 40 familias que vivían mucho antes de la llegada de Chinalco, pero terminaron siendo despojadas de su territorio. Por otro lado, parte de la población que fue reasentada en Nueva Morococha optó por migrar ante el desempleo. La mayoría de las viviendas que fueron entregadas por la minera para la reubicación lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros. Además, hay denuncias contra la empresa por contaminación con metales pesados. La Red Muqui presentó un informe de observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Toromocho, entre ellas: la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental (por los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley).

2. Reposición de Antamina, en Áncash: Destinado a extender la vida útil del proyecto por ocho años, del 2028 al 2036, a pesar de que la empresa Antamina tiene antecedentes de contaminación ambiental y complicado relacionamiento con las comunidades por acuerdos incumplidos en mesas de diálogo y denuncias por contaminación a la salud (por ejemplo en Huarmey). La ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida. La Red Muqui, tras analizar la MEIA, concluyó que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.

Proyectos para el 2024 por US$ 964 millones:

3. Yumpag, en Pasco: La empresa Buenaventura proyecta prolongar la vida de la mina Uchucchacua por 15 años más. El proyecto está ubicado en la parte alta del río Huallaga, entre las regiones de Pasco y Huánuco. Esta minera tiene denuncias por contaminación del río Collpamayo en Arequipa; mientras que, en Cerro de Pasco, por la desaparición de bofedales y manantiales en el caserío de Cachipampa, también de extensas áreas de pastizales producto del paso de vehículos pesados. Buenaventura, además, tiene inversiones en los proyectos Yanacocha, en Cajamarca, y Cerro Verde, en Arequipa.

4. Romina, en Lima: Se encuentra en la cuenca alta del río Rímac, Chillón y Huaura que abastece de agua a parte de la zona rural y urbana de Lima. En el caso del río Rímac, desde hace décadas, este río viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros, la cual pone en riesgo la salud ambiental y humana. Ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona. Aún así el Ejecutivo pretende sacar adelante el proyecto Romina del grupo Glencore.

5. Corani, en Puno: Es un proyecto histórico de la empresa Bear Creek Mining Corporation de capitales canadienses para extraer principalmente plata. Está ubicado en territorio indígena en la provincia de Carabaya, distrito de Corani, a la fecha no se ha aplicado la consulta previa, tampoco las comunidades cuentan con información sobre las implicancias e impactos del proyecto minero. La empresa también tiene concesiones mineras para litio en la misma provincia.

6. Chalcobamba – Las Bambas, en Apurímac: Se trata de la ampliación de la minera Las Bambas del tajo de Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. La comunidad ha manifestado su oposición al proyecto por incumplimiento de acuerdos, así mismo la empresa ha incumplido acuerdos con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, y sectores de Velille y Huincho, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por lo cual las movilizaciones ha sido constantes en el corredor minero del sur.

Proyecto para el 2025 por US$ 1.263 millones:

7. Zafranal, en Arequipa: La población de las provincias de Caylloma y Castilla reiteradamente han advertido que la minería no le hizo partícipe de algún plan de participación ciudadana ni fue notificada sobre el EIA que la empresa presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2021. Desde entonces, este proyecto, situado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, provincias mencionadas, no cuenta con la aceptación social. No obstante, en 2022, la Autoridad Autónoma de Majes (organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas) entregó -en calidad de usufructo- 12 mil 207 hectáreas a la minera Zafranal por 30 años sin cumplir con los requisitos necesarios. Así se explica en el informe N°001-2023 de la Contraloría de la República y que fue difundido en medios de comunicación regionales. En mayo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin efecto la entrega del terreno a través de una resolución.

Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

La semana pasada, mediante una conferencia de prensa de la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el régimen de Dina Boluarte anunció el lanzamiento del Plan Unidos, con 25 propuestas multisectoriales para reactivar la economía, y que cuenta con dos ejes de acción: el impulso a la inversión privada y la protección de la cadena de pagos e impulso sectorial. Respecto al eje de “impulso a la inversión privada”, el plan propone destrabar proyectos mineros y fomentar otras siete iniciativas hacia el 2025 con una inversión de US$ cuatro mil 646 millones. En cuanto a las propuestas mineras se trata de la ampliación de Toromocho Fase II, en Junín y la reposición de Antamina, en Áncash. En tanto, para el 2024 se considera Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac). En 2025, se iniciaría el proyecto Zafranal (Arequipa).

En resumen, la mayoría de las propuestas mencionadas son parte de la cartera estimada de proyectos mineros que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, y que llevan varios años en proyección en los plazos que establece la normativa vigente. Mientras que, lo que en realidad están pidiendo los gremios mineros y para ello han montado una campaña comunicativa sin precedentes es despejar y facilitar los trámites administrativos en lo que los empresarios llaman la “tramitología minera”. Es decir, se deben reducir plazos, fusionar instituciones ambientales, eliminar requisitos y reducir la fiscalización ambiental en el sector minero, entre otros. En el fondo, se busca hacer minería donde sea y como sea, en el menor tiempo posible, y con una limitada participación de la gente. Esas son las reformas o cambios que ellos persiguen. Varios de estos puntos son los que serán revisados en los anuncios que ha hecho el premier Otárola de la PCM y el Ministro del MEF Alex Contreras.

Desde Red Muqui estamos convencidos que priorizar únicamente la inversión minera y con las características mencionadas, no solo es un error del gobierno y de los gremios mineros, sino que contraviene las evidencias del entorno que se están revelando. Diversas organizaciones y especialistas ya han señalado hace mucho tiempo que en este escenario de crisis multisistémica, tenemos que diversificar nuestra economía y proteger aquellos recursos y actividades económicas claves y estratégicas. Estamos hablando por ejemplo de invertir en el sector agropecuario, que en tiempos de pospandemia, crisis alimentaria y de crisis climática debería ser una eje central de cualquier discusión seria en nuestro país. El tema del agua es otro aspecto clave que se debe abordar, ya que no solamente va escasear sino que los conflictos en torno a su acceso serán cada vez más frecuentes y sobre ello ni una sola palabra en los planes del gobierno nacional o de los gobiernos regionales.

Lamentablemente todos estos anuncios de inversión económica en el Perú no toman en cuenta la participación de la población y las comunidades de los territorios. No se puede esperar más de un régimen que hoy gobierna a espaldas del pueblo y que cada día es más rechazado por la población.

Familiares de niños intoxicados con arsénico de la provincia de Huarmey, en Áncash, han obtenido un avance en sus reclamos por ser atendidos por las autoridades sanitarias.

Encabezados por los padres de familia Jesús Asencio y Grecia Maguiña y acompañados por la presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, Estela Rojas, han firmado un acta de acuerdos por el cual el Ministerio de Salud (Minsa) se compromete a la atención de más de 10 niños afectados por plomo y arsénico en Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre.

Sin embargo los casos de afectados por metales pesados en la provincia, que alberga el muelle de la terminal del mineroducto de la empresa Antamina emplazado en Punta Lobitos, afecta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 3 mil por ciento por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Minsa.

Diversos síntomas detectados por los propios familiares en los últimos años en sus hijos, como el descoloramiento de la piel, dolores de cabeza y de estómago o la aparición de sangre en la orina alertaron a las familias, lo que las llevó a denunciar esta situación en agosto pasado a representantes de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Ambientalista Natura y a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Ambiente y Ecología. Su presidenta, la congresista Ruth Luque, solicitó entonces al Minsa que se hiciera cargo de examinar los casos denunciados.

Finalmente, las autoridades sanitarias, por medio de la Dirección Regional de Salud (DIRES) de Áncash, realizaron exámenes de tamizaje y de despistaje de concentración de metales pesados en pobladores de Puerto Huarmey y 9 de octubre. Su titular Luis Valverde Cueva, advirtió que 29 ciudadanos de Huarmey examinados solo durante el año 2023 presentaron arsénico en la sangre. Dentro de este grupo hay tres personas en estado de gestación.

Según DIRESA solo este año se ha detectado arsénico en 21 personas examinadas

Los representantes de los pobladores, entre ellos Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huarmey, exigen ahora que se amplíen los exámenes a toda la población y se determine las causas de tan masivos casos de intoxicación con metales pesados a los que se están exponiendo la población en forma permanente y, por lo tanto, se van acumulando en los organismos de las personas, que traen consigo consecuencias tan graves como la disminución del coeficiente intelectual de menores en el caso de plomo y diversos tipos de cáncer como efecto del arsénico.

Las sospechas de la población se dirigen sobre todo contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encontrarían claramente por sobre la media nacional.

Antamina responde a las acusaciones

Tras darse a conocer los casos de las familias afectadas, la compañía minera Antamina respondió, mediante un comunicado, que, de acuerdo a sus monitoreos ambientales de calidad de agua y aire, los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles de niveles de arsénico.

Por lo tanto, no se habría encontrado “ninguna excedencia” que pueda afectar, incluso, al medio ambiente y personal de su empresa.

También, aseguraron que el puerto de Antamina, en Punta Lobitos, opera bajo condiciones controladas y monitoreadas en tiempo real y sin emisiones al medio ambiente, eliminando cualquier exposición de los productos hacia terceros.

A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), llevado a cabo el jueves 09 de noviembre en el Auditorio José María Arguedas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM.

Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios.

El evento inició con las palabras de la abogada Ana Leyva, abogada de CooperAcción, quien comentó que, en el Perú, aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que, conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana, y en consecuencia, no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas. Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos”, destacó Ana Leyva

Por su parte, Javier Jahncke, representante de CEAS y de la Coordinación Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.

“En el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo” puntualizó Jahncke.

Por la parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria – CNA, quien resaltó que los medios de comunicación no han estado a favor de los pueblos indígenas, y que no se han visibilizado sus reclamos ni demandas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades indígenas señalando que “durante la pandemia nosotros -las comunidades- hemos puestos los alimentos sobre la mesa”

Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades haciendo caso omiso al derecho a la consulta previa.

En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre vienen denunciando que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto de dictadura extractivista genocida, que va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.

“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista de la República.

Luque destacó finalmente que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones.”

Por su parte, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras, involucrando a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.

“El derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.

Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional. Recordó la importancia del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y su aplicación en medidas legislativas y habló de varios casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.

“Es muy importante la unidad, del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.

Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”. Además, el documento busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Con la presentación del informe se busca, no solo sensibilizar al público en general sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sino también hacer un llamamiento a organismos internacionales y prensa extranjera para que contribuyan a incidir en el Estado peruano para establecer medidas que permitan solucionar las problemáticas que sufren constantemente los pueblos indígenas.

Puedes leer el informe aquí

Miles de agricultores y comuneros convocados por La Junta del Valle Chancay han marchado ayer contra el proyecto conocido como La Montería en Chiclayo. El proyecto hoy llamado Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay Lambayeque es una mega obra hídrica que contempla la construcción de una represa en un sector de la Reserva Ecológica de Chaparrí para trasvasar agua del río Chancay hacia las pampas de Reque, con el objetivo de cultivar en esa zona 20 mil hectáreas para la agroexportación de arándanos, uvas y paltas.

Este megaproyecto, con una inversión de más de 700 millones de dólares y que es impulsado por el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, carece de licencia social y amenaza a 35 mil agricultores de la región, que a raíz del estrés hídrico solo logran cultivar en 90 mil de las 120 mil hectáreas agrarias disponibles del Valle de Chancay, por el escaso caudal del río que se vería aún más acentuado si se ejecuta esta infraestructura.

Por otra parte, la obra se construiría en una zona protegido que forma parte del Área de Conservación Privada (APC) Chaparrí, territorio administrado por la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape que se niega a otorgar su permiso a las obras que significarían la inundación de gran parte de su área de conservación.

Tanto los pequeños campesinos del Valle de Chancay como los comuneros de Chongoyape le reprochan especialmente al actual gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez haber traicionado su palabra, puesto que durante las elecciones regionales y municipales de octubre del año pasado hizo campaña en contra de la La Montería y ahora ha aprobado el convenio que autoriza el inicio de los estudios de inversión que determinarán la viabilidad del megaproyecto.

Edivar Carrasco, dirigente de la comunidad campesina Comunidad Santa Catalina de Chongoyape que administra el ACP Chaparrí, destacó durante la masiva marcha campesina en Chiclayo que existen otras amenazas extractivas que se ciernen sobre la comunidad.

La empresa Fresnillo, el mayor extractor de plata del mundo y subsidiaria del consorcio mexicano Peñoles pretende obtener la licencia social de la comunidad Muchik de Chongoyape y así comenzar con trabajos de exploración de plata y oro en territorios comunitarios. La primera comunidad campesina en crear un área de conservación privada del Perú, y que en coherencia con su definición como comunidad ecológica decretó la conversión del 80 por ciento de su territorio en área natural protegida, ha demostrado desde su fundación en 2001 que sus habitantes son las principales defensores y beneficiarios de una ecosistema de bosques secos ubicados en la región ecuatorial.

Lejos de ser tierra eriaza, como podría sugerir la palabra seca, alberga una infinidad de plantas endémicas y animales únicos, muchos de los cuales se encuentran en grave riesgo de extinción. Tal vez el oso andino también conocido como ucumarí y la pava aliblanca, que se consideró extinta por más de cien años hasta ser avistada nuevamente en este hábitat, sean las especies más emblemáticas que demuestren la invaluable riqueza de esta región, que ningún proyecto minero o de irrigación para beneficio de unos pocos pueda compensar.

dirigentes y comuneros Chongoyape - Autor:Muqui