Artículo escrito por Karina Baca Gómez Sánchez*

La comunidad campesina de Huyaino Aya celebra la inscripción en los registros de la SUNARP,[1] así como de sus pasadas juntas directivas y la elección de la reciente, autoridades que desde 1978 esperaban esta inscripción.

La visita a Huyaino Aya para la entrega de la documentación, era parte del compromiso asumido junto con el CEDEP AYLLU; como parte de su trabajo de acompañamiento a las comunidades campesinas, haciendo posible la incidencia, las coordinaciones y los envíos de la documentación.

Conocí a Don Ismael Luza, presidente del primer Consejo de Administración[2]  del año 78, quien lideró los trámites de reconocimiento de su pueblo originario quechua, además a los diversos actores de tan comprometido esfuerzo, del distrito de Accha[3] y los senderos por los cuales caminaron sus autoridades para llevar documentos al distrito o para comunicarse telefónicamente.

La inscripción de sus propiedades en los Registros Públicos se hacía con la ayuda del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS[4]), quienes en coordinación con las organizaciones gremiales realizaban el saneamiento de las propiedades en la Dirección Regional de Agricultura y luego en la SUNARP, hasta que por alguna razón se hizo la inscripción de los terrenos sin contar con la documentación de la comunidad en Registros Públicos.

Lamentablemente SINAMOS sufrió un incendio en el que desapareció importante información y dentro de ella, los documentos de Huyaino Aya, pero existía la documentación en la Dirección Regional de Agricultura y la de su propiedad en la SUNARP.

SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

En la inscripción se encontró demasiados obstáculos, irregularidades e ilegalidades, desconocimiento pleno de las normas que regulan el trámite y acceso a la inscripción registral de las comunidades campesinas, dilatando de manera innecesaria la gestión y solicitando documentación que la norma no requiere.

Cabe señalar, que Huyaino Aya no podía defenderse y estaba sufriendo invasiones a su propiedad territorial por personas ajenas a ella, no pudiendo acceder a la defensa legal de su territorio, porque requerían la vigencia de poder que acredite legitimidad, para obrar en los procesos en torno a la defensa, protección de sus tierras y sus pobladores en la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19.

La cual determinó que solamente se aceptaría el levantamiento de observaciones de manera física, cuando el aislamiento social terminara, laborando los registradores desde su cómodo domicilio de manera virtual. Terminado el confinamiento, no se les ocurrió mejor medida que el tachado de títulos por el cumplimiento de vigencia del mismo, dejando los trámites en cero.

Don Aníbal Valencia, presidente de la comisión con 68 años a cuestas, debía trasladarse a la ciudad para indagar sobre los trámites, quedándose asombrado frente a cada absurda observación, pensando en cómo haría para reunir la firma de 93 personas de las cuales 2 fallecieron, pero con resignación e indignación ante una situación de exclusión constante.

La intervención de la Defensoría del Pueblo y la intermediación del Ministerio de Cultura permitió un espacio de discusión al respecto, que luego de fundamentación jurídica y quejas, pudimos obtener el resultado de la inscripción en aproximadamente un año, lo que estaba previsto en 48 horas.

La Constitución Política del Perú en su artículo 89, declara que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas, pero este respeto no sale del papel, y casos como el de Huyaino Aya solo ponen en evidencia la exclusión y discriminación a la que están expuestas en la SUNARP Cusco.

El caso de Huyaino Aya, no es un suceso aislado, por ello se presentará queja de los registradores y autoridades por su actuación poco profesional al respecto. Continuará con la solicitud de inscripción de su estatuto comunal, de acuerdo a sus usos y costumbres, sin modificarla a requerimiento de los registradores.

La comunidad campesina no renunciara a su autonomía e identidad y estos avances son un precedente para que otras comunidades no pasen por lo mismo. Definitivamente la comunidad de Huyaino Aya tiene en manos una noble tarea y está abriendo camino para que todas las comunidades hagan valer sus derechos.

 

  • *Especialista en pueblos indígenas, género y medio ambiente.

[1]     Superintendencia Nacional de Registros públicos.

[2]    Los Consejos de Administración que eran organizados por SINAMOS para el saneamiento legal de sus predios y el desarrollo de las comunidades campesinas.

4 El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, más conocido por su acrónimo SINAMOS, fue una entidad estatal creada en junio de 1971 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado (primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú).

   [3]    El distrito de Accha es considerado como uno de los distritos más pobres

El día de hoy, miércoles 10 de febrero, el Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial N° 022-2021-MINAM, aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancia Químicas Tóxicas. La emisión de este reglamento es producto del primer período de trabajo de la Comisión Multisectorial, cuya presidencia ahora está a cargo del Dr. Mariano Casto como Viceministro de Gestión Ambiental.

El Reglamento tiene como objetivo regular el funcionamiento de la Comisión Multisectorial encargada de aprobar la propuesta de Plan Integral para la atención de los afectados por metales tóxicos. Junto a la aprobación del Reglamento, la Comisión ha venido avanzando con la aprobación del cronograma de trabajo, la aprobación de los Objetivos Generales del Plan y la conformación de los subgrupos de trabajo técnico para la construcción del Plan. La aprobación del reglamento es un paso adelante para el trabajo de la Comisión, que conforme a la Resolución Suprema N° 007-2021-PCM tiene un nuevo período de vigencia hasta junio del 2021 para poder entregar sus resultados. Los siguientes pasos están relacionados al trabajo en grupo para avanzar con los ejes planteados para la construcción del plan.

Hay que recordar que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, existen más de 10 millones de personas (10 162 380) a nivel nacional expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y, de acuerdo a la actualización del 2020, hay 7956 pasivos ambientales mineros a nivel nacional.

A través de una nota de prensa del 2 de febrero, la junta directiva del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos alertó que ya iban 4 fallecidos durante el mes de enero a causa del Covid-19 y, el día de ayer, 4 de febrero, a través de una comunicación telefónica, su secretario general, Julio Ortiz, confirmó la muerte de un trabajador más que se encontraba en UCI en Ica.

El 1 de febrero los trabajadores mineros protestaron al interior de la mina para que se atienda a los trabajadores con claros síntomas de COVID-19 y se haga el despistaje vía prueba molecular, debido a que cuando les hacen la prueba de descarte, sea prueba rápida o molecular, solo les mencionan los resultados verbalmente y los trabajadores no tienen un seguimiento médico a pesar de continuar con los síntomas del coronavirus y ya registrarse 5 trabajadores fallecidos, señala el secretario general del sindicato. Lo que están haciendo los trabajadores con síntomas de covid es salir del trabajo y acudir al centro de salud de la ciudad de Marcona, que funciona en un container, o acudir al hospital de Ica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente, además de las 5 muertes, hay 3 personas en UCI. 2 en el hospital Rebagliati de Lima y una en Ica. Frente a estos hechos, hasta ahora la empresa minera no emite un comunicado ni a tomado acciones correctivas. El Sindicato en respuesta está comprando balones de oxígeno, buscando oxígeno medicinal y comprando medicinas para auxiliar a sus trabajadores que requieran tratamiento debido al abandono de la empresa minera. El servicio médico de vigilancia en la salud de la empresa prácticamente no funciona, «no hace ni rastreo de contactos con las personas que han estado con los trabajadores que tienen síntomas de covid», mencionó el secretario general, Julio Ortiz, y el sistema de salud en Ica ya está colapsado.

El año pasado, iniciada la emergencia sanitaria, la empresa minera instaló carpas, baños portátiles y otros espacios precarios donde agrupan entre 10 a 15 trabajadores, que ha llegado a niveles de hacinamiento debido a que comparten un solo baño. Las carpas son pequeñas y los camarotes están muy cercas. La empresa instaló estas carpas para que los trabajadores no vayan a su casa todos los días como ocurría anteriormente y así el virus se difumine más, debido a que la mina se encuentra dentro de la misma ciudad de Marcona; sin embargo, vivir en condiciones de hacinamiento dentro de la mina, está generando que hayan más contagios.

«La empresa tiene un papel muy duro con los trabajadores en Marcona, no es responsable de seguir un cuidado médico. Para ellos ha muerto cualquier trabajador, contrata a otro y reemplaza al trabajador que ha muerto».

Frente a estos hechos, el Sindicato y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros exigen la inmediata intervención de SUNAFIL y el Ministerio de Salud para que detengan esta situación que pone en peligro la vida de más trabajadores y del pueblo de Marcona. Entre las exigencias, precisan que es urgente la contratación de médicos especialistas, medicinas, una creación de una planta de oxígeno, evacuación de todas las personas que presenten síntomas y la realización de un convenio con una clínica que cuente con camas UCI frente a alguna situación de emergencia debido a que el sistema de salud está colapsado en la región.

En octubre del año pasado, el secretario general del sindicato Julio Ortiz declaró que la empresa «tiene una sanción interpuesta por SUNAFIL, por un monto de 564 mil soles, por faltas graves y muy graves, por no cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, frente al riesgo de la exposición de Covid-19»; sin embargo, nada ha cambiado.

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Desde el pasado 31 de enero hemos entrado formalmente en una cuarentena focalizada en todo el país, decretado por el poder ejecutivo. Esta vez, las medidas de confinamiento han sido diferentes, no como el año pasado con muchas restricciones, aunque parece una cuarentena “chicha” como lo han llamado algunas personas. Vemos en las calles a comerciantes, ambulantes y vendedores que no tienen más opción que salir a trabajar para poder comer y sobrevivir a la pandemia. La situación sigue siendo compleja y difícil, ya no hay camas UCI, escasea el oxígeno, la llegada de la vacuna todavía es lejana, los bonos van a llegar después de la quincena de febrero, y la cantidad de fallecidos por la Covid-19 aumenta todos los días. Sin duda, las próximas semanas serán aun mas difíciles, así que el llamado sigue siendo la protección personal, familiar y colectiva, hay que seguir activando las redes de solidaridad en nuestros lugares de residencia.

A la par de esta dramática situación que estamos viviendo a nivel sanitario, tenemos que encarar en las próximas semanas (11 de abril) las elecciones nacionales presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos, y pareciera que la población en lo último que está pensando son en las elecciones. Según la ultima encuesta del IEP sobre intención de voto en enero, cuando se les preguntó por las elecciones presidenciales y por quién votarían, el 74% de los encuestados señaló que no votaría por nadie, o simplemente no les interesa las elecciones en este momento, probablemente esto cambie en las ultimas semanas de la elección, pero éste dato si debe preocuparnos. Por otro lado, los debates sobre las reformas y temas de fondo todavía no han empezado a discutirse, por ahora tenemos algunas plataformas virtuales que vienen organizando debates con algunos candidatos presidenciales; lo cierto es que tenemos un escenario muy difícil para hacer una campaña electoral en medio de una segunda ola que todavía no llega a su pico más alto.

Si ya tenemos problemas para atender la pandemia y a la par tenemos una carrera electoral incierta, la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo y donde vamos a discutir los temas y cambios de fondo que se requieren hacer en nuestro país?, por ejemplo el rol de la minería en el país, los impactos a la salud y el ambiente que genera la actividad extractiva y que no se quiere reconocer, los conflictos sociales y la criminalización a los defensores ambientales en contextos extractivos, la reforma de la PNP, entre otros; son cuestiones centrales que tenemos que revisar y discutir; sin embargo, parece que todos estos temas resultan ser relativos para el actual gobierno y para los candidatos/as presidenciales y congresales. Desde la Red Muqui hace varios años que venimos levantando una agenda construida desde los territorios con los afectados y afectadas por las actividades mineras, y creemos que se tiene que hacer cambios en la forma cómo se relaciona y se concibe la minería en el país.

El día de hoy , 04 de febrero, la Sala Mixta Descentralizada de Canchis confirmó en segunda instancia la sentencia absolutoria de primera instancia, en favor de 10 defensores ambientales y territoriales del distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas (Cusco), quienes habían sido criminalizados injustamente por la supuesta comisión de los delitos de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado a la propiedad privada, entorpecimiento de medios de transporte, disturbios, entre otros, denunciados por la empresa minera Anabi SAC, tras las protestas ocurridas entre noviembre del 2011 y febrero del 2012.

Los 10 defensores ambientales, dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC. Producto de ello, en enero del 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC; sin embargo,  uno de los compromisos clave acordados no se cumplió: la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población.

Tras las protestas frente a este incumplimiento, los dirigentes fueron acusados por la empresa minera Anabi SAC por el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012 y diversos delitos. Frente a ello, la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia penal contra nueve hombres y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente. Durante el juicio solo se presentaron testimonios de ex trabajadores de la empresa minera Anabi, y no se demostró evidencia que confirme la participación de los dirigentes en los actos señalados en la acusación fiscal.

Tras esta sentencia, reconocemos y saludamos a los líderes/as y defensores/as ambientales de Chumbivilcas por estos años de lucha y resistencia, así como al trabajo en la defensa legal de DHSF y ERI.

El 27 de enero, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM que prorroga el Estado de Emergencia y declara la cuarentena focalizada en el país desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero, junto a medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, para hacer frente a la inminente escalada de contagios que se viven por la segunda ola de la pandemia. En su artículo 8° se establecen limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, disponiendo que en las regiones de alerta extrema solo se permite la salida para el desarrollo de “actividades autorizadas”. La PCM publicó el listado de estas actividades autorizadas en las regiones de nivel extremo; dentro de ellas, la minería y la producción de sus insumos y el funcionamiento de sus servicios conexos.

El decreto supremo señala los niveles de alerta de las diversas regiones. En el nivel de alerta extrema se encuentran Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac; en el nivel de alerta muy alto están Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; como vemos las principales regiones mineras se encuentra en los niveles de alerta más riesgosos para la salud de sus ciudadanos.

Protocolos sanitarios durante la primera ola

Recordemos que, durante la primera ola, luego de que se decretara el Estado de Emergencia y se adoptara la medida de cuarentena en la quincena de marzo del 2020, los sectores productivos como la minería siguieron en actividad y en algunos casos redujeron su nivel de producción, pero no pararon. En mayo del año pasado se empezaron a reanudar formalmente las actividades productivas al amparo del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establecía la reanudación de actividades económicas FASE 1 priorizando al sector minero, a pesar de que en diversas unidades mineras del país se venían presentando casos masivos de contagios de COVID-19 y muertes, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores mineros. Ese mismo mes se emitieron las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus “Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”.

Desde Red Muqui realizamos observaciones a esta norma, ya que presentaba vacíos en la protección de la salud de los trabajadores y las comunidades aledañas[1]. Esta norma estableció la obligación a las empresas mineras de elaborar “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”. En la práctica lo que sucedió es que muchos de estos planes fueron aprobados sin conocimiento de los gremios de trabajadores mineros, además que no se implementó adecuadamente la entrega de equipos de protección personal, el tamizaje de pruebas; no se adecuaron las instalaciones correspondientes para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en los campamentos mineros, entre otros. Como Red Muqui en junio del 2020 solicitamos mediante acceso a la información pública, información actualizada al Ministerio de Energía y Minas sobre el número de trabajadores contagiados en las unidades mineras; sin embargo, respondieron que ellos no contaban con esa información, a pesar de que este sector, para la primera fase de reactivación minera, era la encargada de revisar los Planes de vigilancia sanitarios, para dar su conformidad y luego estos sean ingresados al MINSA.

Hasta aproximadamente julio de 2020, el MINEM no contaba con un control adecuado sobre el estado de salud de los trabajadores mineros, esto es: la primera y segunda fase de reanudación económica donde se encontraban la gran y mediana minería; recordemos que en la segunda fase (junio 2020) la situación era más complicada porque mediante Decreto Supremo 101-2020-PCM se estableció que la reactivación económica minera era automática. Recién en julio y agosto de ese año se publicaron a través de un medio periodístico alternativo, cifras oficiales  del MINEM sobre el número de contagiados en las unidades mineras[2]. Resultaba según cifras estatales que había un total de 2863 contagiados confirmados por prueba rápida, sin embargo, para esa fecha, la Federación de Trabajadores Mineras venía reportando una cifra mucho más elevada, inclusive en el último trimestre del 2020 se hablaba de más de 12 mil trabajadores mineros contagiados.

Sin lecciones aprendidas el sector minero funciona en automático para la segunda ola

A diferencia de la primera cuarentena, la anterior gestión del Ejecutivo inició la medida de cuarentena permitiendo solo “actividades esenciales”, estableciendo mayor rigurosidad en el control de actividades productivas, aunque los días siguientes se amplió a sectores como Energía y Minas a pesar de que sus actividades no eran esenciales. Para esta cuarentena el escenario es distinto, el sector minero sigue funcionando con normalidad bajo la denominación de “actividades autorizadas”. Además, que en esta segunda ola nos encontramos ante una mayor agresividad del virus al haber aumentado su rapidez de contagio. Desde el año pasado las empresas mineras han registrado automáticamente sus planes de vigilancia en el MINSA, es decir sin ningún control adecuado de parte del Estado. Actualmente señalan que cuentan con protocolos especializados incorporados en sus procesos de gestión; sin embargo, ya las denuncias de los gremios sindicales empiezan a darse debido al incumplimiento de sus obligaciones de protección de la salud y continúa la falta de fiscalización laboral del Estado para la garantía de derechos.

Lamentablemente será cuestión de tiempo para que conozcamos de los contagios por la Covid-19 en los campamentos mineros y de la estrategia de negación de casos en algunas empresas, que además han tomado represalias contra los trabajadores sindicalizados por denunciar estos abusos. No se ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia.

 

[1] Red Muqui elabora observaciones al protocolo sanitario del sector energía y minas. Mayo 2020.  https://muqui.org/noticias/muqui-informa/red-muqui-elabora-observaciones-al-protocolo-sanitario-del-sector-energia-y-minas/

[2] Convoca: Seis compañías mineras acumulan el 88%de casos de trabajadores contagiados. Agosto 2020. https://convoca.pe/agenda-propia/covid-19-seis-companias-mineras-acumulan-el-88-de-casos-de-trabajadores-contagiados

El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el día de hoy, 29 de enero, la parte resolutiva de la sentencia que criminaliza a 2 dirigentes del valle de Tambo: Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, y absuelve a 11 defensores de derechos humanos por las protestas en rechazo al proyecto minero tía maría de la empresa minera transnacional Southern el 2015.

En la lectura de sentencia, el juez confirmó el adelanto de sentencia que había dado el 7 de enero, decretando 7 años y 4 meses de prisión para el presidente de la Junta de Usuarios: Jesús Cornejo; y 12 años y 4 meses para Jaime de la Cruz, agricultor y ex alcalde del distrito de Dean Valdivia.

En la lectura de sentencia el juez señaló que Jesús Cornejo tiene que pagar una reparación civil de 135 mil soles por la acusación de motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos; y Jaime de la Cruz tendrá que pagar 600 mil soles debido a la acusación de motín, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Frente a ello el abogado de los dos defensores de DDHH y de la agricultura, Herrera; señaló que había presentado un escrito para que el Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reconsidere su decisión de prisión inmediata para los dos dirigentes; sin embargo, el juez contestó que ya habían tomado una decisión en el juicio y que evaluarían el escrito y cumplirían con enviarle formalmente la respuesta.

El abogado Herrera agregó que apelarán a la sentencia formalmente apenas llegue el documento a su casilla electrónica.

Por otro lado, el abogado de varios de los agricultores absueltos, David Velasco de FEDEPAZ, señaló que estaban conformes con la absolución para sus patrocinados.

Quien también apeló a la sentencia fue el procurado público, que está en desacuerdo con la absolución a los 11 defensores de DDHH.

Al finalizar, el juez señaló que su sentencia no criminaliza la protesta como algunos sectores denuncian, sino que sentencia los excesos de la protesta. “Lo que se sanciona son tomas de comisarías, canales, y otras acciones más. La huelga como tal no está siendo sancionada”. Sin embargo, como ya lo señaló el abogado David Velasco, no se ha probado que Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz cometan los delitos que se le imputan.

Precisó también que no se ha sancionado a la PNP ni a los directivos de la empresa minera Southern porque no forman parte de la acusación. Hay que tener en cuenta que la acusación la hizo la Fiscalía y la empresa minera.

Respecto a la respuesta que tendrá la apelación que presentarán los abogados de los dirigentes sentenciados a prisión y de la Procuradoría, no se sabe cuánto tiempo demorará por la pandemia. Debido a la virtualidad podría ser rápido. Usualmente demora de 3 a 4 meses señala el abogado de Fedepaz y miembro de la Red Muqui, David Velasco.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Finalmente, esta semana el gobierno de Sagasti hizo el anuncio que se esperaba sobre las medidas de contención para la segunda ola de la Covid-19. Luego de varias idas y vueltas, y de un mal manejo de comunicación del Ejecutivo; las nuevas medidas nos mandan nuevamente a una cuarentena focalizada por regiones. La mayoría coincide en que no había otra alternativa y que estas medidas deben estar acompañadas de apoyo económico a los sectores más golpeados en la pandemia; en ese sentido, el gobierno también anuncio la entrega de un bono familiar, apoyo alimentario para las ollas comunes, entre otros. Más allá de estas medidas, la gente ya no confía en sus autoridades, lamentablemente ni la vacuna ni los bonos están garantizados para su pronta llegada, por eso lo que nos queda ahora es la auto-organización y la solidaridad, es la única forma de enfrentar esta pandemia.

En medio de este escenario crítico, los conflictos sociales no van a entrar en cuarentena, por el contrario, se vienen intensificando. Esta semana la convulsión social se ha mantenido en las provincias de Espinar y Chumbivilcas en Cusco, en el denominado corredor minero del sur; se tratan de dos grandes proyectos mineros que buscan ampliar sus operaciones. En el caso de Espinar, la minera Antapaccay busca la aprobación social de su proyecto Coroccohuayco, había un proceso de consulta previa que esta paralizado y la población exige además el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de dialogo de agosto del 2020; en el caso de la minera HudBay y su proyecto Constancia en Chumbivilcas, las comunidades y la población no están de acuerdo con la ampliación del proyecto Pampacancha. Se cuestiona el proceso de consulta previa que hizo el gobierno y se pide un aporte económico del 7% de las utilidades de la empresa para la provincia de Chumbivilcas y sus distritos. En ambos casos no hay una solución a la vista y las mesas de diálogo no logran resolver sus demandas.

Las mesas de diálogo, como mecanismo para canalizar las soluciones a las demandas de las poblaciones y comunidades que protestan han llegado a su limite y están bastante desgastadas, la gente ya no cree en los acuerdos y compromisos que firman tanto el Estado como las empresas mineras, y es que en verdad los acuerdos que se firman no se cumplen y el nivel de desconfianza en la población es más que comprensible. Además, las mesas de dialogo normalmente se instalan una vez que el conflicto ha estallado, cuando previamente hubo violencia, represión y criminalización a los lideres y dirigentes que encabezan las protestas por parte del mismo gobierno que pide dialogo y participación.

Esta forma de gestión de conflictos y de instalación de mesas de diálogo debe cambiar, desde Red Muqui creemos que cualquier decisión que se tome y que involucre a poblaciones y comunidades en los territorios, tienen que ser con la participación real de la población local, y respetando la decisión autónoma que tomen nuestros pueblos.

 

El día de hoy, 28 de enero, las organizaciones de Espinar decidieron iniciar una huelga indefinida a través de una asamblea pública que se viene desarollando en la plaza principal de Espinar.

Los motivos del inicio de la huelga se deben a que el gobierno y la empresa minera Glencore Antapaccay abandonaron la mesa de diálogo el 7 de agosto del año pasado tras el paro de casi un mes en julio sin resolver los problemas integrales de Espinar. Solo se logró atender el primer punto de la plataforma, que era el otorgamiento de un bono para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco para que el pueblo realmente pueda velar por su desarrollo tras 40 años de actividad minera; la ampliación del proyecto minero Corocohuaycco que debe ser consultado a toda la provincia; la reparación y remediación ambiental del corredor minero; la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos; la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos para sancionar a los responsables de los heridos y muertos en el conflicto en años anteriores y que el Estado abandone la criminalización de la protesta a dirigentes; han quedado irresueltos, sin que los tres gobiernos que ya vamos teniendo, hayan atendido estos problemas.

Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcancen.

La única respuesta del gobierno, frente al anuncio del reinicio de protestas en días pasados, fue la emisión de un oficio del Ministerio de Energía y Minas N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, en que propone virtualizar el diálogo y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima.

Frente a ello, los dirigentes de Espinar rechazaron la virtualidad del diálogo y el viaje de la comitiva; debido a que en Chumbivilcas, el gobierno ha estado desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo los protocolos de salud y seguridad.

 

Chumbivilcas da plazo de 72 horas

Tras el reinicio de la mesa de diálogo en su segundo día, el miércoles 27 de enero; los dirigentes del Frente Unificado de la Provincia de Chumbivilcas y las autoridades municipales decidieron dar un plazo de 72 horas al gobierno y la empresa minera para que participen de la mesa de diálogo el ministro o viceministro de Energía y Minas y el gerente general de Hudbay, debido a que los representantes actuales no tienen poder resolutivo.

El segundo día de la mesa de diálogo se suspendió debido a que la empresa minera no acepta el aporte del 7% de sus utilidades y lo que ofreció, a través de su representante: Víctor Hugo Cotrina, son 500 mil soles anuales para cada distrito de la provincia, 1 millón de soles para la implementación de acciones de prevención y lucha contra el covid-19; y la gestión de 42 millones de soles de inversión en obras que se harían por la modalidad de Obras por Impuestos.

Además, los dirigentes exigieron que Hudbay deje de trabajar durante la suspensión de la mesa de diálogo y anunciaron que iniciarán medidas legales para la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Constancia, tal como lo señalan los periodistas de Pulso Regional, que estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Puedes ver el desarrollo del segundo día de la mesa de diálogo AQUÍ

 

Frente a la reciente sentencia de prisión efectiva para los defensores de valle de Tambo: Jesús Cornejo -presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo-, y Jaime de la Cruz -ex alcalde de Dean Valdivia-; la Plataforma Europa Perú- PEP, red integrada por 15 ONG europeas que trabajan por los derechos humanos, mostró su rechazo a través de un comunicado en contra del uso de la judicialización como herramienta para obstaculizar la labor de defensa del derecho al medio ambiente y el derecho a la legítima protesta.

Además, recalcaron que ya en el 2009 se realizó la consulta popular que tuvo como resultado un rechazo del 90% contra el proyecto Tía María de la empresa minera Southern.

En el comunicado señalan que en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de 2020 y del informe de la CIDH sobre criminalización de personas defensoras, en su visita a Perú, las autoridades peruanas deberían:

  • Suspender la ejecución de la Sentencia hasta que la decisión sea revisada en segunda instancia, tal como prevé el art. 418 del Código Procesal Penal.
  • Cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos;
  • cesar los actos de criminalización de la protesta social, judicialización indiscriminada, y hostigamiento contra los defensores ambientales.

Además, precisan que se debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garantice los derechos humanos de las personas defensoras.

La Plataforma Europa Perú (PEP) recuerda que el pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo. “La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines de hostigamiento y deslegitimación de luchas sociales”.