Por: Edwin Alejandro
Area Socioambiental

Un merecido homenaje a aquellos hombres y mujeres cuyo trabajo en el campo hace posible que se garantice el abastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional y cómo esos más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios del país siguen demostrando su gran capacidad productiva para enfrentar la pandemia del Covid-19 y garantizar la alimentación de todos los peruanos y peruanas. De esta manera, los trabajadores del campo han demostrado que la actividad agropecuaria es uno de los motores fundamentales para garantizar el desarrollo económico sostenible del país.

Sin embargo, los pequeños productores de las comunidades y pueblos indígenas siguen siendo excluidos por las políticas públicas del Estado que se aferra al modelo de desarrollo extractivista poniendo en riesgo la presión para el acceso a las tierras, contaminación de los recursos naturales y la afectación a sus modos de vida de miles de campesinos que viven en el campo. Según el INEI 2017 existen un promedio de 9,385 comunidades de los cuales 6,682 son comunidades campesinas y 2,703 comunidades nativas; sin embargo, según el estudio del Instituto del Bien Común – IBC en el año 2016 se reportó que existe más de dos mil comunidades campesinas y nativas del país que no tienen título de propiedad.

Cuadro Nro. 01

Comunidades Campesinas y Nativas

TIPO DE COMUNIDAD TOTAL COMUNIDADES TOTAL   INSCRITAS TITULADAS NO TITULADAS 
INSCRITAS ÁREA TITULADA HAS. INSCRITAS NO INSCRITAS ÁREA POR TITULAR HAS.
Comunidades Campesinas              
Originaria Sierra y Costa 6,120 6,120 5,097 23 779,801 1023 0 4 772,756
Ribereña Amazonía 2,400 110 44 304,962 66 2,290 16 329,436
Comunidades Nativas 2,009 1,934 1,365 12 159,400 569 75 5 736,752
TOTAL 10,529 8,124 6,506 36 244,163 1,658 2,365 26 838,828

Fuente: Instituto del Bien Común – IBC (2016)

En los últimos 30 años la actividad minera ha crecido de manera alarmante, llegando a ocupar el 15% del territorio con concesiones mineras y la mayoría (aproximadamente el 35%) de estos se encuentra en territorio de las comunidades campesinas y nativas. En el proceso de otorgamiento de las concesiones no se tiene en cuenta la consulta previa a las comunidades que debe ser un derecho fundamental, pues se trata de un mecanismo básico para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural. Esta situación ha conllevado a graves conflictos socio-ambientales en el país, que ha vulnerado los derechos fundamentales de muchas comunidades, por lo tanto se debe consultar a las comunidades teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado

En el día del campesino y de cara al bicentenario, las comunidades y pueblos indígenas continúan luchando para que el Estado los incluya en las políticas públicas y el nuevo gobierno debe recoger sus principales demandas que se ha expresado en las últimas elecciones con más del 80% de rechazo a la discriminación racial de la sociedad peruana y la imposición del modelo extractivista impuestas por los gobiernos de turno.

En esa línea, la principal demanda de las comunidades y pueblos indígenas es que se garantice el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y la culminación del proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas. Lamentablemente, con las últimas normas que facilitan la reactivación económica en plena pandemia, lo único que hace el Estado es aumentar la creciente inseguridad de los territorios de las comunidades porque no se cuenta con una política pública adecuada para el reconocimiento y titulación y la falta de una rectoría que garantice la protección con recursos, con personal capacitado y presupuesto público para facilitar la titulación e inversión en el sector agrario.

 

Por otro lado, la agenda de las comunidades exige que se garantice la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la actividad agropecuaria y en especial para la agricultura familiar mediante una política de protección estricta de la cabecera de cuenca y la gestión de recursos hídricos. Si bien existe una norma para la protección de las cabeceras de cuencas, hasta la fecha la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha elaborado el marco metodológico para determinar las cabeceras de cuenca.

Es urgente que se implemente la política de ordenamiento territorial que permita definir el uso adecuado del territorio para garantizar el desarrollo de la agricultura familiar, conservación de ecosistemas y se rescate los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que históricamente han producido sus alimentos en sistemas agroecológicos. Además, se requiere importantes recursos económicos y mayor presupuesto público para garantizar la producción de alimentos orgánicos y evitar pérdidas en sus cosechas por diversas situaciones críticas que vienen afrontando en esta emergencia del Covid-19. Además, seguramente se suscitarán otros fenómenos naturales, producto del cambio climático, que requerirán una atención inmediata del gobierno.

 

Por: Bladimir Martínez

Equipo técnico de DHUMA-Puno

Con la presencia de representantes de la PCM, autoridades locales de Capachica, Huata, Coata, Caracoto y las principales organizaciones de base, se retomó la mesa de diálogo de la cuenca de Coata el pasado miércoles 23 de junio para atender las demandas de contaminación ambiental y de atención a la salud a las personas expuestas a metales pesados. A pesar de los compromisos reiterativos de la PCM para garantizar un proceso adecuado en la Mesa de Díalogo, las autoridades distritales de los cuatro distritos manifestaron su rechazo ante las convocatorias semipresenciales de la PCM para aprobar las matrices que sustentarían el plan de acción integral para el abordaje de la problemática de la cuenca del río Coata, debido principalmente a que no es posible aprobar un plan de acción integral si los ministerios y direcciones correspondientes no se encuentran presentes de forma virtual ni presencial (el caso del Ministerio de Energía y Minas y otras direcciones); en tal sentido, solicitaron que la aprobación del plan de acción de la cuenca Coata sea presencial junto a la totalidad de ministerios y direcciones pertinentes.

Frente a ello, el representante de la PCM (Edson Ortega) manifestó que: “Garantizaremos la asistencia técnica a las municipalidades distritales hasta que las ideas de solución de la problemática de la cuenca del río Coata, se conviertan en Proyectos de Inversión Pública y no se queden solo en ideas”. Los funcionarios de la PCM se comprometieron, además, en gestionar una reunión presencial que se llevará a cabo en Lima el 30 de junio desde las 13:00 horas, cuyo objetivo principal es la aprobación del plan de acción integral de abordaje de la problemática de la cuenca del río Coata; cabe señalar que el representante de la PCM no solo se comprometió en gestionar la reunión, sino también en garantizar la presencia de funcionarios de alto nivel que puedan comprometerse a ejecutar el plan de acción aprobado. Se debe recordar que, según la resolución de aprobación de la mesa de diálogo[1], la vigencia de esta mesa es hasta el 15 de julio, plazo en el cual se debe presentar un informe a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Sobre este punto, la PCM manifestó también que, de no lograrse la aprobación de un plan de acción hasta el primero de julio, solicitarían la ampliación de la vigencia de la mesa de diálogo por 6 meses más.

Al cierre del presente informe, los alcaldes distritales y los dirigentes de los distritos involucrados se retiraron para cumplir con la recepción a la viceministra de Desarrollo Agrario y Riego, dejando a personal acreditado de las 04 municipalidades distritales junto a la PCM para consolidar lo que sería la matriz final que las autoridades y los ministerios aprobarían en Lima el 30 de junio.

[1] Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002-2021-PCM/SGSD

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Hoy 24 de junio conmemoramos el día del campesino, fecha más que simbólica para nuestros hermanos y hermanas del campo, ya que durante la pandemia de la Covid-19 han sido las comunidades campesinas y los pequeños productores locales quienes han sostenido la alimentación y la vida de millones de peruanos. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos poco o nada han hecho para mejorar las condiciones de vida en las comunidades campesinas; por el contrario, nuestros hermanos/as siguen sufriendo la arremetida permanente a sus derechos individuales y colectivos, siendo discriminadas y estigmatizadas, muchas veces, por el mismo Estado. A pocas semanas del bicentenario, lo que vemos es nuevamente una narrativa en contras de las comunidades y pueblos indígenas. Desde el fujimorismo y sus aliados políticos se busca desconocer sus votos, sobre todo en aquellas zonas donde mayoritariamente la gente a votado por Pedro Castillo.

En esa línea, estos días, la arremetida de Keiko Fujimori y sus aliados en contra de la voluntad popular y la democracia, continúa. Esta vez buscan desacreditar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y la denuncia vienen de uno sus miembros: Luis Arce; que hace pocas horas ha presentado una “carta de declinación irrevocable” como miembro al JNE, dejándolos sin quorum y por tanto paralizando el proceso de revisión de las apelaciones de los recursos de nulidad presentados por el fujimorismo. El objetivo es claro, se busca ganar tiempo para que Pedro Castillo no juramente el 28 de julio, y que la próxima mesa directiva del nuevo Congreso convoque a nuevas elecciones. Así mismo, el día de hoy varios supuestos “lideres políticos”, aliados del fujimorismo encabezados por el flamante congresista electo Jorge Montoya, han realizado una conferencia de prensa para pedir una auditoria a la segunda vuelta de elecciones en Perú a la Organización de Estados Americanos (OEA). Es decir, no solo buscan desconocer los votos, así como a los organismos electorales, sino que vienen gestando un “golpe lento” a la democracia del país.

El tema no queda solo en estas esferas, también cuentan con una estrategia en el Congreso saliente, ya que han emprendido una campaña contra la actual mesa directiva presidida por la congresista Mirtha Vásquez. Los partidos y congresistas aliados del fujimorismo no solo han sacado una cuarta legislatura, si no que buscan modificar la Constitución respecto a la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, así como la elección express de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En esa ruta se encuentran y no les interesa en absoluto respetar la voluntad popular y los resultados de las elecciones.

Y como varios ya lo han señalado, los últimos hechos que presenciamos trascienden al fujimorismo, hay otros actores que no están dispuestos a perder sus privilegios, negociados y cuota de poder en las diferentes esferas del gobierno.

En el año del bicentenario, en vez de hablar y reivindicar los derechos de las comunidades y poblaciones indígenas en el día del campesino, vamos a tener que volver a salir a las calles a defender lo poco que hemos ganado en este tiempo.

El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

El sábado 19 de junio, la primera sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró fundada la solicitud de suspensión de ejecución provisional de la pena de privativa de la libertad efectiva que se impuso a los dirigentes de valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, anulando las órdenes de captura en su contra. Por está razón, los mencionados dirigentes enfrentarán la etapa de apelación en libertad.

Cabe recordar que ambos dirigentes están siendo acusados de delitos que habrían sido cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María

En ese sentido, los magistrados, Juan Luis Rodriguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuesta el 22 de mayo del año 2015.

La decisión de la sala, se fundamenta en que no existe peligro de fuga alguno que justifique la ejecución de la sentencia provisional.

Los integrantes del colegiado, advirtieron que ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados.

Es preciso mencionar que la presente decisión no implica pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal y civil que les pueda corresponder; aspectos que serán materia de revisión en su oportunidad por la sala revisora de la causa.

Por: Beatriz Cortéz / Equipo técnico de Red Muqui.

El día viernes 11 de junio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el Decreto Supremo N° 009-2021-JUS que aprueba el “Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025”, este Plan es resultado de dos años de discusión sobre su contenido con diversos actores tanto dentro del Estado como de la sociedad civil, organizaciones sindicales y pueblos indígenas. En septiembre de 2019, mediante la Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia aprobó formalmente la «Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos» este fue un hito para la construcción participativa del Plan donde una de las principales etapas ha sido la construcción del “Diagnóstico y Línea Base” que se llevó a cabo entre septiembre de 2019 a marzo de 2021.

Diagnóstico del Plan

La elaboración del Diagnóstico y Línea Base contó con la redacción de informes temáticos que se organizaron en torno a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas (ONU) a partir de su visita al país en 2017.  Desde Red Muqui participamos a través de la Plataforma Nacional de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y canalizamos al MINJUSDH  a través de la Mesa Multiactor nuestras aportes y observaciones al documento sobre  “Minería y Derechos Humanos”. Los temas que abordó este documento fueron los siguientes: 1) Tierra, territorio y concesiones 2) Medio ambiente 3) Consulta previa 4) Paz, seguridad y protesta social 5) Remediación de daños al ambiente y la persona humana.

Uno de los principales objetivos para el diagnóstico es la identificación de brechas de cumplimiento de derechos, en tanto todo Plan que apunte a tener resultados efectivos debe identificar las brechas de cumplimiento, así pues, desde la Plataforma de la Sociedad Civil para empresas y Derechos Humanos, respecto al diagnóstico en Minería, propusimos la identificación de las siguientes brechas basada en el enfoque de derechos:

  • Brecha en el derecho a la propiedad individual y colectiva por ausencia de consulta previa libre e informada en el otorgamiento de concesiones mineras.
  • Brecha en el derecho a la propiedad comunal por ausencia de mecanismos ágiles de titulación y marco normativo desfavorable.
  • Brecha en el derecho al reasentamiento digno por ausencia de marco normativo que regule reasentamiento por desplazamientos forzados para la explotación minera.
  • Brecha en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia debido al impacto negativo en los DESCA en sus territorios.
  • Brecha en el derecho a la participación ciudadana por ausencia de marco normativo que regule las mesas de diálogo.
  • Brecha en el derecho a la protesta por uso indebido de la fuerza pública y de los procesos penales
  • Brecha en el derecho a la salud y la protección del ambiente por ausencia de garantías económicas para la implementación de los Planes de cierre de mina.
  • Brecha en el derecho a la salud humana y la protección del ambiente por ausencia de remediación de PAM a causa de la falta de determinación de responsabilidades legales de empresas contaminadoras
  • Brecha en el derecho a la salud humana y ambiental por ausencia de política integral de atención a los afectados y afectadas por metales tóxicos
  • Brechas en el derecho al acceso al agua en contexto de extracción minera por falta de planificación participativa y contaminación ambiental.

Como resultado de las mesas multiactor en el desarrollo de los diagnósticos, el Plan aprobado con resúmenes por temas, en el caso del diagnóstico sobre Minería (Pág 54), lamentablemente el diagnóstico final aprobado por el MINJUSDH no hace énfasis en la identificación de brechas de derechos, sino que hace énfasis en los avances y esfuerzos del sector empresarial. Esto es resaltante, ya que sabemos que existe una presión de los grupos de poder económico para que el Estado no identifique brechas de cumplimiento de derechos. No basta hablar de superar las “desconfianzas”  que existen hacia la actividad  minería, sino que el Estado debe ser claro en identificar los derechos que no se vienen cumpliendo o que se encuentran afectados en el marco de esta actividad empresarial. Este paso de reconocimiento de brechas en derechos es fundamental en una política sobre derechos humanos, sin embargo, del documento aprobado vemos que no se ha tenido este enfoque en el diagnósticos, a pesar que la etapa de elaboración de diagnóstico ha sido la etapa más larga y que se ha caracterizado por ser altamente participativa, y las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y pueblos indígenas hemos hecho llegar insumos a la mesa multiactor.

Las acciones estratégicas y el compromiso intersectorial

El Primer PNA sobre Empresas y Derechos Humanos logra tener 97 acciones, con sus correspondientes indicadores y metas para el periodo 2021-2025, estas acciones estratégicas involucran a distintos sectores del Estado como responsables de su cumplimiento. Respecto al tema Minero, de todas las acciones estratégicas solo se ha establecido una acción estratégica que involucre como responsable al Ministerio de Energía y Minas:

Acción Estratégica N° 70: “Producir, en coordinación con el sector empresarial, la sociedad civil organizada y el sector estatal competente, una guía dirigida a unidades mineras en pequeña escala para promover su formalización y, progresivamente, una cultura de debida diligencia.”

Esta acción estratégica, además solo involucra a las empresas de la pequeña minería informal, no involucra al sector formal de la gran minería, desde la mirada de Red Muqui era crucial que existan guías de debida diligencia que el Estado desarrolle de manera intersectorial, es decir que involucren el compromiso no solo del MINJUSDH sino también del MINEM. La vía que ha optado el MINJUSDH sobre debida diligencia, es una formulación general y progresiva, que establece un reporte voluntario, es decir no se fortalece la potestad de fiscalización y regulación estatal sobre el comportamiento empresarial y no establece como responsable a MINEM para lograr el cierre de brechas en derechos (Acción Estratégica N° 87).

La participación de MINEM para el cierre de brechas es fundamental ya que este es el sector que administra el sistema de concesiones y los procedimientos administrativos de la producción minera, igualmente en el caso del Ministerio del Ambiente (MINAM), encontramos que solo se han establecido acciones estratégicas en torno a la actualización de información sobre manuales y guías de gestión ambiental, y el fortalecimiento de plataformas como el SINIA. Esta es la acción estratégica más resaltante, ya que incluye el fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, es la siguiente:

Acción Estratégica N° 46: “Evaluar los aspectos del enfoque de PR-CER que requieran ser considerados en los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de adoptar las mejoras correspondientes, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”

Los impactos ambientales que genera la actividad minera, deben ser abordados empezando por mejorar los criterios y estándares del SEIA y un eje fundamental para la identificación de los impactos ambientales, es que este proceso debe darse de manera participativa, ya que existen brechas en la participación ciudadana ambiental en el marco de la actividad empresarial minera.

Respecto al Ministerio de Cultura se ha llegado a identificar una acción estratégica en coordinación con el MINJUSDH referente a la implementación de la Consulta Previa en base a los estándares del Convenio 169° de la OIT (Acción Estratégica N° 19). Debemos recordar que el MINCUL tiene a su cargo la base de datos de los pueblos indígenas y lograr garantizar los procesos de consulta previa, ya que es uno de los derechos de los pueblos indígenas que en el marco de desarrollo de actividades mineras manifiesta brechas de cumplimiento.

Por último, respecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y su rectoría en la gestión del agua, consideramos que las brechas respecto al derecho al acceso al agua en el marco de la actividad empresarial minera, es una de las brechas que debe ser abordada con prioridad, debido a los graves impactos en la calidad y cantidad de agua que conlleva la actividad minera, sin embargo, los cierres de estas brechas han quedado fuera en la formulación de acciones estratégicas. Desde Red Muqui planteamos en la mesa multiactor la importancia de que la ANA-MIDAGRI pueda comprometerse en el Plan Nacional, sin embargo en en el Plan aprobado, esto no se ha podido considerar.

Algunos logros y retos

La aprobación del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú manifiesta la voluntad y el compromiso especialmente del MINJUSDH como institución rectora de las políticas de DDHH en avanzar hacia la efectividad de los derechos  en nuestro país. Sin embargo, consideramos que la implementación de un Plan de esta naturaleza debe considerar un mayor compromiso específico de otros sectores del Ejecutivo para lograr el cierre de brechas que tanto necesita el país como hemos señalado en el apartado anterior. Consideramos, además, que la mayoría de acciones estratégicas e indicadores que han planteado el Plan, no son indicadores de resultado comprometidos al cierre específico de brechas en derechos, sino que son indicadores de gestión.

Uno de los retos fundamentales del Plan es continuar con su implementación logrando el mismo nivel de participación multiactoral que se ha venido logrando hasta la fecha de su aprobación, ya que la participación de la sociedad civil, los sindicatos y pueblos indígenas permitirá mejorar el monitoreo de la implementación de Plan y por tanto su mejora.

Sobre la debida diligencia, consideramos que es muy importante que se haya considerado los lineamientos estratégicos sobre este estándar de actuación del comportamiento empresarial y que la aprobación de este Plan, abre con mayor claridad la necesidad de avanzar a un marco normativo vinculante en esta temática, así como el desarrollo de guías de debida diligencia vinculante y no solo voluntarias para el sector empresarial formal.

En el año 2004 se inició la convocatoria para el proyecto Las Bambas, la cual se encuentra ubicada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui (provincia de Cotabambas), y el distrito de Progreso (provincia de Grau), en la región Apurímac. Actualmente, el proyecto está siendo administrado por el consorcio chino Minerals and Metal Group (MMG), el cual compró la concesión por 5 mil millones de dólares a la empresa Glencore Xstrata en el 2014.

Si bien, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el proyecto minero contribuye con aproximadamente el 20% de la producción de cobre en el Perú, desde su inicio, la situación no ha estado exenta de tensiones, paros y conflictos. En estos 14 años de historia del proyecto minero, cinco personas fallecieron durante enfrentamientos.

Las causas principales de los conflictos entre la minera, la policía y las comunidades de influencia directa del proyecto han sido la contaminación y los incumplimientos de parte de la empresa MMG Las Bambas. Sin embargo, la comunidad campesina de Huancuire, ubicada en el distrito de Coyllurqui, ha sido la más afectada en temas de incumplimientos y el flagelo de constante contaminación de recurso hídrico, flora y fauna. Dentro de esta contaminación, se calcula que son un total de 500 familias las que han sido afectadas por la contaminación de los manantiales y puquiales como consecuencia del trabajo que realiza la minera.

Frente a la inacción de parte de las autoridades de la provincia y del Estado peruano, la comunidad campesina ha realizado protestas pacíficas como medida de lucha en contra de la contaminación generada por la empresa MMG Las Bambas y al incumplimiento de los compromisos pactados por esta. Los comuneros han realizado plantones a las afueras del campamento minero ubicado en el sector de Chalcobamba y en los caminos utilizados por la empresa para trasladar sus materiales, con el objetivo de exigir que la empresa, así como las instituciones del Estado, empiecen a trabajar en el resarcimiento ambiental.

Sin embargo, en el quinto día de la medida de lucha de la comunidad, la protesta se agudizó debido a que, según la denuncia de los comuneros y autoridades comunales en redes sociales, la policía actuó de manera violenta hiriendo al comunero Juan Huillca Ochoa, quien, posteriormente, fue arrastrado y retenido por la policía en el campamento minero.

De acuerdo con medios de comunicación locales, después de más de dos horas de su detención, el comunero fue liberado del campamento a bordo de un patrullero policial. El señor Juan Huilca se encontraba herido y en mal estado, por lo que fue llevado, junto a su esposa e hija, al centro de salud de Challhuacho.

Frente a estos hechos, la empresa emitió un pronunciamiento el 15 de junio en que señala que “desde el día 10 de junio, un aproximado de 140 comuneros vienen invadiendo las instalaciones del proyecto Challcobamba, afectando nuestra labor diaria”; además, lamenta que estas acciones pongan en peligro la integridad de sus trabajadores. A pesar de que hace referencia a los sucesos de protesta, no se pronuncia sobre los hechos violentos hacia los comuneros que protestan de manera pacífica, hechos que no son la primera vez que ocurren. Por otro lado, en cuanto al gobierno, solo ha emitido una carta para sostener una reunión virtual, la cual no fue aceptado por los dirigentes de la comunidad.

Es importante señalar que, a pesar de los hechos ocurridos y de los constantes conflictos, la comunidad de Huancuire ha afirmado en diferentes oportunidades que no está en contra de la actividad minera, pero sí exigen que MMG Las bambas cumpla mínimamente con los acuerdos pactados con las comunidades a lo largo del corredor minero sur.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

El próximo 28 de julio vamos a conmemorar los 200 años de vida republicana en nuestro país, dos siglos después muchas cosas no han cambiado y han aflorado en este proceso electoral, entre ellos el racismo y la discriminación visceral por parte de quienes se dicen garantes de la democracia, y que con mucho cinismo han montado una campaña: “Yo defiendo mi voto”; acción que por el contrario busca eliminar y despreciar el voto rural, el derecho a elegir de miles de comunidades y pueblos andinos y amazónicos, allí donde mayoritariamente ha ganado el profesor Pedro Castillo. En vez de afirmar nuestra democracia, respetando las instituciones y los derechos de los demás; el fujimorismo y sus aliados lo que buscan es retroceder en el tiempo para que los pueblos indígenas no tengan el derecho a votar. Esto es algo que no se puede permitir y por eso nos parece sumamente importante mantenerse movilizados y vigilantes para que se respete el voto popular.

En ese sentido, el pasado martes 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE ha hecho público la culminación de las actas procesadas y contabilizadas al 100%, y registra como ganador de la contienda electoral al profesor Pedro Castillo Terrones con 8,835,579 votos. La diferencia de votos contra su rival Keiko Fujimori es de 44,058 votos. Lo que corresponde ahora es que el Jurado Nacional de Elecciones acelere la proclamación como presidente a Pedro Castillo. Si bien existen un número alto de recursos de nulidad presentados por el fujimorismo, estas en su mayoría han sido declarados inadmisibles por los Jurados Electorales Especiales, aunque el fujimorismo insiste a través de conferencias de prensa que a ellos les asiste la ley, haciendo interpretaciones antojadizas sobre los procedimientos y plazos de los recursos e impugnaciones que ellos han presentado. Al respecto, el mismo JNE ha salido a desmentir varias de estas afirmaciones y maniobras ilegales e inconstitucionales que Keiko y sus aliados están planteando.

Finalmente, nos parece inaceptable los comentarios y opiniones que se vienen vertiendo por algunos seudo periodistas, militares en retiro y congresistas electos que vienen incitando a desconocer los resultados de las actuales elecciones e inclusive se han atrevido a hacer llamados de golpe de Estado. Frente a ello, nos parece saludable el pronunciamiento del presidente Francisco Sagasti, quien el día de hoy ha señalado de forma categórica: “Que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho”. Por ello, desde Red Muqui nos reafirmamos en la defensa de los derechos de nuestros pueblos andinos y amazónicos, y exigimos que se respete el derecho al voto de nuestros compatriotas en todo el país. Así mismo, rechazamos cualquier intento de desconocer el actual proceso electoral y los anuncios de intentos de golpe de Estado.

Por: Gladys Huaman / Area de incidencia política y legal de Red Muqui.

 

De camino de Lima a La Oroya o viceversa, por la carretera central, muy cerca al nevado Ticlio se encuentra Morococha, hace 11 años era una ciudad de 5,397 habitantes[1], justo cuando cumplía 103 años de creación como distrito; el Ministerio de Energía y Minas, en diciembre de 2010, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Toromocho” de la Minera Chinalco Perú S.A.[2] Morococha es un distrito en donde diversas empresas venían explotando minerales, pero con este proyecto minero cambiaría radicalmente la vida de los pobladores.

No podemos olvidar, el proyecto Toromocho ha conllevado al reasentamiento involuntario de la población de Morococha a la zona de Carhuacoto, proceso que aún no se culmina debido a un remanente de la población que no la acepta. También ha generado alejarlos de polos económicos, lo que no les permite consolidarse y crecer como ciudad, y los pobladores que aún siguen en la antigua Morococha continúan defendiendo sus derechos. Un reasentamiento que nace por el método de extracción a tajo abierto que emplea la empresa.

Además del reasentamiento, el proyecto de explotación “Toromocho”, ubicado en los distritos de Morococha y Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín, implica un tajo abierto con reserva de cobre y molibdeno, con operaciones de minado por 32 años. Pero, no es solo el tajo, en el resumen ejecutivo elaborado por la empresa encargada de la elaboración del EIA[3], y la misma resolución que aprueba este instrumento ambiental, señalan entre otros componentes lo siguiente:

Componentes Detalles
Tajo abierto Inicia en el cerro Natividad, cuyas dimensiones finales serán 2 400 por 2 300 metros, llegando a alcanzar un cambio topográfico total de 860 m, y llegando hasta una elevación final del tajo de 4 035 m de altitud, aproximadamente.
Dos depósitos de mineral de baja ley Depósito de mineral de baja ley y depósito de mineral de baja ley suroeste. Almacenaran 89 y 96 millones de toneladas de mineral, respectivamente. El mineral apilado en dichos depósitos será beneficiado durante los últimos 4 años de la operación.
Dos depósitos de desmonte de roca Un depósito al oeste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 585 millones de toneladas de desmonte cubriendo un área de aproximadamente 345 ha. El segundo ubicado al sureste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 596 millones de toneladas, cubriendo un área de aproximadamente 235 ha.
Instalaciones de procesamiento El mineral será llevado a la Chancadora primaria ubicada al sur del tajo, luego con fajas transportadoras a la planta concentradora que tendrá la capacidad de procesar 117 200 tpd.

Los relaves producidos por la planta concentradora a razón de 115 676 tpd y serán espesados a 69% de sólidos y dispuestos en el depósito de relaves ubicado en la cuenca de la quebrada Tunshuruco.

Depósito de relaves Depósito de relaves ubicado en la quebrada de Tunshuruco, al término de las operaciones de mina, ocupará la mayor parte de la quebrada. Contendrá 950 millones de toneladas de relaves espesados y cubrirá un área aproximada de 790 ha.

Fuente: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho, y Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM.

 

En una década, Minera Chinalco Perú S.A. ha logrado modificar su EIA – 2010 hasta en cuatro oportunidades, la última aprobada el 3 de junio de 2021. Surge inmediatamente la pregunta si estas modificaciones son permitidas, evidentemente que sí.  Las modificaciones que se llevaron adelante son:

  • 10 febrero de 2014, aprobado por Resolución Directoral N° 068-2014-MEM-DGAAM, la “Optimización del proceso de beneficio – Implementación de la Planta de Extracción por Solventes y Electro Depositación (S/EW) del Proyecto Toromocho”
  • 29 diciembre de 2015, a través de la Resolución Directoral N° 504-2015-MEM-DGAAM, aprobaron la “Optimización de la ampliación de la Planta Concentradora Toromocho”, incrementando la capacidad de la concentradora en un 20%, aumentando su procesamiento por día de 117 200 tpd a 140 640 tpd”
  • 07 noviembre de 2017, con la Resolución Directoral N° 343-2017-MEM-DGAAM, aprueba la modificación para la “implementación de cambios menores en componentes de la Unidad Minera Toromocho”, con ello habrían ampliado la capacidad de los depósitos de desmonte, reubicación de la tubería de transporte de relaves, entre otros.
  • 03 junio de 2021, mediante Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, se aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD.

Las tres primeras modificaciones fueron a través del “Informe Técnico Sustentatorio (ITS)”[4]. Nos detendremos en la recientemente aprobada, esta modificación solicitada en marzo de 2020 ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, por la empresa Chinalco. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de modificar, por cuarta vez el EIA aprobado el 2010? En el resumen ejecutivo presentado por la empresa señala “El principal objetivo del proyecto de ampliación es aumentar la capacidad de producción de la Unidad Minera Toromocho de 140 640 tdp a 170 000 tpd de mineral de cobre”[5]

¿Qué significa ampliar la capacidad de producción hasta una tasa de 170 000 tpd? En el documento presentado por Chinalco señala que las principales actividades que realizarán con la modificación es reconfigurar algunos componentes, pero incorporan cinco nuevos, tal como lo podemos observar en el cuadro R-2 que se encuentra en el resumen ejecutivo de la MEIA.

 

Cuadro R-2 Actividades que se realizarán como parte de la presente MEIA
# Nombre del Componente Actividad Principal
Área Mina
1 Tajo Reconfiguración
2 Depósito de desmonte oeste
3 Depósito de desmonte este
4 Depósito de mineral de baja ley este
5 Depósito de mineral de baja ley oeste
6 Grifo mina Nuevo componente
7 Polvorín Nuevo componente
8 Nuevo acceso principal Nuevo componente
Área Planta Concentradora
9 Nueva Chancadora primaria Nuevo componente
10 Depósito de suelo orgánico N° 4 Nuevo componente
11 Sistema de suministro de agua cruda Repotenciar
12 Planta concentradora Incorporación de equipos
13 Depósito de desmonte Valle Norte (cantera) Reconfiguración
Depósito de Relaves Tunshuruco
14 Depósito de relaves Reconfiguración
Fuente: Minera Chinalco S.A.

Fuente: Resumen Ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD. Pág. 13.

En marzo de 2021, SENACE a través de la Resolución Directoral N° 052-2021, resolvió desaprobar la modificación del EIA, después de un proceso de meses de evaluación técnica, en base a las observaciones remitidas por las organizaciones y aportes ciudadanos relacionado al recurso hídrico, esto fue evaluado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En octubre de 2020, esta instancia emitió el primer informe con 25 observaciones; en diciembre, después de evaluar la respuesta de Chinalco, emiten el segundo informe con observaciones no absueltas, y en marzo del presente año el ANA emite el informe con opinión técnica no favorable.

Por su parte Chinalco interpuso recurso de reconsideración. En mayo de 2021, la ANA emitió el Informe Técnico N° 029-2021-ANA-DCERH/WQQ, con opinión favorable, con la cual SENACE aprobó la MEIA-2010 del proyecto Toromocho[6].

¿Qué ha cambiado desde las 25 observaciones de la ANA, los informes no favorables y esta reciente con opinión favorable? Merece ser analizado. Otro aspecto que debemos analizar es, con las modificaciones del EIA se viene incorporando nuevos componentes al proyecto aprobado. ¿Qué implica ello?. Esto tampoco ha sido respondido. Lo cierto es que la modificación del EIA del proyecto de Chinalco se da en un escenario de alta inestabilidad política, se aprovecha el contexto para aprobar la modificación de un EIA que la población local cuestiona.

[1] INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

[2] Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM

[3] Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho. Preparado para Minera Chinalco Perú S.A. Elaborado por Knight Piésold Consultores S.A., noviembre 2009. https://docplayer.es/8450081-Minera-chinalco-peru-s-a-proyecto-toromocho-estudio-de-impacto-ambiental-resumen-ejecutivo.html

[4] “El ITS es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuentes con certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen impactos ambientales negativos significativos” Fuente: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=21&idTitular=9274&idMenu=sub9264&idCateg=1729

[5] Resumen ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 tpd. Minera Chinalco Perú S.A. julio, 2020. Elaborado por Walsh Perú. https://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/meia/1.0%20Resumen%20Ejecutivo%20MEIA%20Toromocho.pdf

[6] Resolución Directoral N° 0083-2021-SENACE-PE/DEAR, Informe 00383-2021-SENACE-PE/DEAR