Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Los recientes hechos ocurridos en la discoteca Thomas Restobar del distrito de Los Olivos (Lima) el pasado sábado 22 de agosto, donde fallecieron 13 personas, ha puesto nuevamente en evidencia las profundas fracturas sociales y culturales que tenemos como país. Si ya la pandemia de la Covid-19 había puesto en cuestión todo ello, los últimos hechos nos han llevado a discutir que la responsabilidad de estas trágicas muertes era exclusivamente de los asistentes a la fiesta, o responsabilizando solo a la negligente intervención policial y, como si no fuera poco, los medios de comunicación han añadido más leña al fuego señalando que los asistentes eran requisitoriados y que tenían Covid-19; es decir, que eran delincuentes e irresponsables. Las discusiones de las autoridades locales y nacionales, incluido la PNP, era por buscar responsables, nadie intentó preguntarse: ¿Cómo es que sucedió esta tragedia?, ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?, ¿Qué cosas tenemos que corregir?, pero no, lo más fácil es voltear la pagina echándole la culpa a alguien o a unos cuántos.

 

Lo sucedido en los Olivos es un reflejo de lo que viene pasando en nuestro país, hemos entrado desde hace algún tiempo en una especie de piloto automático de sálvese quien pueda, los mensajes del presidente Vizcarra y del premier Martos ahora solo se centran en esperar la llegada de la vacuna, que cada uno debe cuidarse, sin tomar en cuenta que miles de peruanos se están quedado sin trabajo y sin un sustento económico diario. En ese sentido, los recientes datos de la pandemia a nivel global sobre el Perú son realmente alarmantes, oficialmente somos el primer país en el mundo con mayor tasa de mortalidad por la Covid-19: “los 28.000 fallecidos por coronavirus que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes”, dejando en segundo lugar a Bélgica y Reino Unido respectivamente. Esta situación debe conminar al gobierno a implementar otras medidas; ya la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otras organizaciones de la sociedad civil han señalado, por ejemplo, que se debe incluir la estrategia comunitaria de salud con presupuesto y articulación incluyendo realmente a todas las organizaciones sociales del país para resistir a la pandemia.

 

Finalmente, preocupa la situación de los trabajadores mineros ya que la semana pasada el Secretario General de la Federación de Trabajadores Mineros, el señor Jorge Juárez, ha señalado que la situación de los contagios en los trabajadores mineros no ha parado y ya suman más de 10 mil. Asimismo, señaló que se quiere silenciar a los sindicatos y a los trabajadores que denuncian estos abusos y que, inclusive, han empezado los despidos en varios proyectos mineros, y que en los próximos meses esto puede acrecentarse. Todo lo señalado por el señor Juárez dista mucho de lo que viene escribiendo y afirmando en algunos medios de comunicación el empresario minero Roque Benavides, quien insiste en que la minería debe ser el motor de la reactivación económica, cuando no son capaces de garantizar mínimamente la salud, seguridad y los derechos de sus propios trabajadores.

 

El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización “Derechos humanos sin fronteras”; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del “Comité de Lucha de Espinar”; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la “Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos”.

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Vulneración de Derechos Humanos

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Recomendaciones al Ministerio Público

Las denuncias fueron realizadas en la jurisdicción policial de Espinar; sin embargo, hasta la fecha los pobladores agraviados no han sido llamados por las autoridades. Finalmente, Helio Cruz indicó que la Dra. Gloria Cárdenas Alarcón fue víctima de intimidación por dar sus declaraciones indicando que tres espinarenses presentaban heridas de balas con orificios de entrada y salida.

Sobre lo expuesto el Dr. Helio Cruz planteó siete recomendaciones al Ministerio Público:

  1. Las restricciones de la protesta social en el contexto de la pandemia deberían implementarse de acuerdo a un principio de proporcionalidad.
  2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación para identificar a los responsables de la violación de derechos humanos y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme la directiva 3 2008 del Ministerio Público
  3. El Ministerio de Justicia debería implementar medidas eficaces para garantizar la protección de defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco de conflicto.
  4. La Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura debería analizar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y efectuar recomendaciones que permitan realizar reformas institucionales.
  5. La empresa minera debería proceder conforme al estándar de la debida diligencia entregando a la Fiscalía todas las grabaciones de los hechos sucedidos en el campamento, reparando a las personas heridas absteniéndose de brindar cualquier apoyo logístico a la policía y militares.
  6. Se debe formar una comisión de investigación por el conflicto de Espinar por el uso desproporcional de la fuerza de la policía y militares. Esto debido a que hay una mayor cantidad de casos similares.
  7. Hemos presentado ante el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este reporte acerca de las violaciones de derechos humanos en Espinar. Se trata del uso desmedido de la fuerza frente a una protesta social. Por tal motivo es pertinente que las instituciones conformantes del Estado puedan desarrollar una intervención adecuada proporcional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Comité de Lucha de Espinar se pronuncia

Juan Carlos Quirita, integrante del Comité de lucha de Espinar, señaló que la protesta frente a las instalaciones de la empresa minera, el 22 de julio, fue pacífica. Indicó que fueron los jóvenes quienes reconocieron a una persona sospechosa que se identificó como poblador de la zona pero que, sin embargo, al pedirle documentos éstos indicaban que era de Lima.

El señor Quirita expuso que ya de regreso a la ciudad fueron víctimas de una emboscada por parte de la policía, quienes tras someterlos haciendo uso excesivo de la fuerza también les arrebataron sus pertenencias de valor. A esto se suma lo narrado por algunas de las víctimas mujeres, quienes indicaron que mientras estaban tendidas en el piso fueron manoseadas por los efectivos policiales.

Tras ello, los policías rompieron las lunas del camión, desinflaron las llantas y llenaron de tierra el motor del mismo dejándolo inoperativo hasta la fecha de hoy. Posteriormente los policías se dirigieron a la ciudad de Espinar a disparar perdigones y balas, causando terror entre los habitantes.

Presidente de la Comisión de Pueblos se manifiesta

Finalmente, el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, señaló que “el tema de Espinar es un ejemplo de cómo se tratan los conflictos sociales en nuestro país y como hay un gran desconocimiento del Estado hacia los pueblos indígenas y originarios”

Lenin Bazán agregó que la Comisión que preside invitó al ministro de Interior y al premier; este último envió al ministro de Cultura en representación, para que expliquen y respondan sobre lo ocurrido en Espinar. Tras la reunión con los ministros y su desconocimiento de los hechos, precisó que “van a presentar una moción de orden para que nos den facultades de investigación sobre el caso de Espinar y el lote 95 en Bretaña, porque el trato es el mismo, con el objetivo de lograr que el Estado peruano respete las obligaciones internacionales que tiene y respete los derechos de los pueblos indígenas y originarios y vele por el desarrollo sostenible y pacífico de nuestras comunidades que tras 40 años de minería en Espinar y 50 años de petróleo en Bretaña no le han dado a las comunidades 2 horas de agua al día en Espinar, y servicios básicos como la energía eléctrica o agua potable en Bretaña, Loreto. Eso implica la contradicción que debemos superar en nuestro país donde existe actividad extractiva”

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

El pasado miércoles 20 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó en la sesión virtual conjunta extraordinaria de las comisiones de Pueblos Andinos y de Inclusión Social del Congreso de la República. El pedido de estas reuniones por parte de los congresistas de ambas comisiones fue para que el ministro responda por los hechos ocurridos el 22 de julio en Espinar (Cusco) y en Bretaña (Loreto), entre el 8 y 9 de agosto. En ambos casos se denunció el uso de la fuerza desproporcionada por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Producto de ello, en Espinar se reportaron 5 heridos, 3 de ellos por impactos de bala; y en el caso de Requena, se registraron 3 indígenas muertos por impacto de bala y más de 17 heridos, 11 indígenas y 7 efectivos policiales.

 

Los reclamos en el caso de Espinar eran por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y reformulación del convenio marco; sin embargo, la empresa minera Glencore Antapaccay se negaba a hacerlo. En el caso de Bretaña, las comunidades indígenas kukamas, cercanas al Lote 95, pedían desde hace mucho tiempo a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. En ambos casos se pidió y se sigue pidiendo el cumplimiento de acuerdos de las empresas extractivas. Asimismo, se exige mayor atención y presencia del Estado, y mucho más ahora en el contexto de la pandemia por la Covid-19. Por el contrario, lo que principalmente han recibido es violencia y represión; por ello es que el ministro del interior fue citado a las mencionadas comisiones.

 

La respuesta del ministro Montoya, ante las comisiones del Congreso, lamentablemente es la misma que la de sus antecesores cada vez que se ha denunciado el abuso de derechos humanos en zonas de conflictividad social. El Ministerio del Interior responde que no es responsabilidad de las fuerzas policiales, que se han cumplido con los protocolos, que por el contrario los afectados son los miembros de la PNP, que la población movilizada es la responsable; inclusive niega que se hayan usado armas de fuego, que Control Interno de la PNP y Fiscalía investigara los hechos, entre otros.

Se esgrimen los mismos argumentos de siempre, por ello creemos que la política de represión y criminalización no han cambiado, existe una decena de casos de denuncias por parte de familiares de los fallecidos en los conflictos sociales, en ningún caso estas investigaciones avanzan, los muertos de los conflictos nunca tienen responsables; por el contrario, la denuncias e investigaciones contra los lideres sociales avanzan diligentemente.

 

Por ello, desde Red Muqui creemos que estos casos no deben quedar más en la impunidad, se deben revisar los marcos normativos que permiten estos abusos como la Ley N° 31012 (ley del gatillo fácil).  En ese sentido, saludamos y nos sumamos a la campaña iniciada por Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para denunciar los hechos sucedidos en Espinar: https://derechosinfronteras.pe/reporte-especial-n-1-2020-dhsf-cnddhh/

En las últimas semanas, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos  del Perú ha estado denunciando que, en promedio, habrían 12 mil trabajadores mineros contagiados de COVID-19. Asimismo, han denunciado que varias empresas mineras vienen despidiendo a dirigentes sindicales y realizando suspensiones perfectas y ceses colectivos. Esto a pesar de que la minería nunca paró durante la pandemia y actualmente se encuentra operando al 90%.

Frente a esta situación, conversamos con el Secretario General de la Federación Minera, Jorge Juárez.

Frente a la situación crítica que viven los trabajadores mineros, ustedes han venido solicitando reuniones al gobierno, ¿han tenido alguna respuesta?

No nos dan información ni siquiera de los contagios que tenemos en el sector. Hemos pedido que, básicamente, se inicie el diálogo de manera tripartita con intervención del gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, y la Federación; pero no hay respuesta alguna.

Tenemos una plataforma que venimos reiterando en las cartas de solicitud para entablar un diálogo, que tiene puntos comunes de lo que está pasando en todas las unidades mineras.

¿Frente a la falta de respuesta del Estado, qué acciones han estado realizando los trabajadores?

En días recientes pararon los trabajadores de la minera Corona en la provincia de Yauyos – Lima-, la semana pasada fueron los trabajadores de la empresa Marsa en la sierra de La Libertad; así van parando distintos trabajadores ante los contagios exponenciales en el sector y los despidos.

  • El sindicato de la empresa minera Corona denuncia que 100 trabajadores han sido despedidos–

¿Cuál es la reacción de las empresas mineras frente a las exigencias de los trabajadores?

Ya ni siquiera se puede denunciar lo que viene ocurriendo porque los dirigentes de base son despedidos. Las empresas los acusan de que han violado el reglamento interno. Si un dirigente informa que la empresa minera no está cumpliendo con los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, a pesar que fueron debilitados con el último cambio del protocolo, son denunciados por denigrar la imagen de la empresa. Por ejemplo, la salida de buses con 200 trabajadores. A pesar de que los dirigentes emiten cartas a la empresa solicitando respuesta oficial sobre el cumplimiento de los protocolos; la empresa no lo hace.

Actualmente también están optando por el despido arbitrario. Han despedido al secretario general de la empresa minera Chinalco en Junín, quien estuvo denunciando los contagios y falta de cumplimiento de protocolos sanitarios.  También la empresa minera Marsa en La Libertad ha pasado una carta de pre aviso de despido a uno de sus dirigentes. La empresa minera Shougang de Marcona en Ica, también ha despedido a uno de los dirigentes del sindicato por denunciar que en el plan de vigilancia no se estimaba que los trabajadores tenían que alojarse en unas carpas provisionales por 30 días, en malas condiciones, y 7 días de aislamiento en un hotel.

¿Cuál es la evaluación de ustedes frente a estos hechos?

Se viene una oleada de parte de las empresas de querer silenciar a los trabajadores porque ven que ni siquiera el gobierno entrega información; entonces ese es un indicativo para la empresa, que se ve protegida para actuar arbitrariamente.

Nosotros planteamos a las empresas y al gobierno tratar sobre los contagios de COVID-19 en el sector; ceses colectivos y suspensión perfecta; campamentos mineros improvisados; y jornadas atípicas de trabajo, donde por ejemplo, en Huancala -Ancash-, la empresa establece 40 días de trabajo en mina.

Los sindicatos también vienen tratando de negociar la cantidad de días de trabajo porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional para las jornadas laborales mineras, pero actualmente la mayoría  de jornadas no se ajusta a lo que dijo la sentencia del TC el 2014, que establece que los trabajadores no pueden pasar trabajando más de 14 días seguidos.  Actualmente las jornadas laborales son de 30 días de trabajo por 15 días de descanso o 40 días de trabajo por 20 días de descanso.

Frente a esto parece que las normas se respetan solo desde lo que le conviene al empresariado, pero las leyes que garantizan derechos a los trabajadores queda gaseoso, sin implementar.

¿El ministerio de trabajo ha dicho algo?

Trata de individualizar los problemas, como lo hace la comisión de Trabajo del Congreso. Hemos expuesto la problemática pero no hay voluntad de los congresistas de llevarlo a una votación, ha quedado todo para una fotografía,  solo para la exposición. No quieren hacer que la mesa tripartita se cumpla. Hay resolución ministerial con el gobierno, está vigente y no se cumple la mesa tripartita. La mesa tripartita no se aplica hace años.

Hace unos meses solo hubo una única reunión con el viceministroo del MINEM, Juan Carlos Requejo; la ex ministra nunca nos dio cara. Planteamos fechas con compromisos concretos y hasta ahora no se cumplen. El gobierno ha hecho ofrecimientos y no se han cumplido, entonces mientras no se cumplan con cosas concretas, tampoco es posible las reuniones para la foto.

¿Sobre la situación actual de los trabajadores mineros contagias de COVID-19, qué información tienen?

Nosotros queremos informes oficiales del Estado pero no nos han enviado, a pesar de haber enviado documentos formales al MINSA, MINEM, MINTRA y Censopas; y hasta ahora no nos entregan esta información. A nosotros nos han entregado y a Convoca sí. Queremos esa información para poder conciliar con los sindicatos, que no tienen los resultados de las pruebas, pero sí tienen el conteo de la gente que ha ido contagiándose.

En el caso de Chacua, de buenaventura, en Oyón, hay un informe de mas d 600 trabajadores contagiados. Queremos saber oficialmente cuanto tiene el gobierno, porque las empresas tampoco nos quieren entregar sus reportes.

¿Cuantos Trabajadores mineros están en suspensión perfecta?

La minera Raura y Atacocha son las que más despidos han realizado. 1600 trabajadores despedidos de la empresa minera Raura en Huánuco.  En suspensión perfecta parcial han incurrido 11 empresas mineras, incluyendo una empresa Siderúrguica de aceros en Arequipa, y 9 empresas de contratas. Actualmente debemos tener un promedio 7 mil trabajadores entre despedidos y en suspensión perfecta.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros tendrá su próxima asamblea nacional el 5 de septiembre.

 

 

Especialistas cuestionan la reformas normativas que se vienen emitiendo en el sector minero, relajando la protección del ambiente y la participación ciudadana

El día miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el diálogo virtual “Desregulación Ambiental e impactos mineros” organizado por la Red Muqui y transmitido por Wayka, portal periodístico. Contamos con la participación de cuatro especialistas en temas ambientales: las abogadas Ana Leyva y Mirtha Vásquez actual Congresista de la República, el Dr. Mariano Casto y el Ing. Edwin Alejandro. El objetivo del conversatorio fue analizar las últimas modificaciones legales del sector minero y ambiente, sus impactos en los ecosistemas y los derechos colectivos de comunidades y poblaciones, en el actual contexto de crisis económica desatada por la pandemia.

Ana Leyva, especialista legal de Cooperacción, realizó un análisis de las normas emitidas en contexto de pandemia con el objetivo de reactivar la economía. Entre ellas el Decreto Legislativo 1500, que entre las cuestiones más preocupantes de su contenido esta la virtualización de los procesos de participación ciudadana, la cual se viene aplicando ilegalmente a los proyectos del sector minero donde uno de los temas más graves es la fiscalización y participación virtual. De la misma forma, la Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM que establece la “Disposición para elaborar el trabajo de campo en la elaboración de la línea de base ambiental de los instrumentos de gestión ambiental”, esto es clave para poder determinar impactos y establecer medidas adecuadas para prevenir, mitigar y compensar impactos, y con esta norma se están reduciendo las obligaciones del titular minero. También se ha emitido el D.S. N° 019-2020-EM que modifica el Reglamento de protección ambiental para exploración minero. Uno de los temas más preocupantes es la simplificación de requisitos ambientales e instrumentos de gestión ambiental para los titulares mineros con proyectos vinculados, esto generaría graves riesgos ambientales. Y por último el D.S. N° 20-2020-EM que regula un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, simplificando el procedimiento administrativo para concesión de beneficio y transporte minero, así como aplica silencio administrativo positivo a favor de empresas mineras.

El Dr. Mariano Castro, docente PUCP y ex viceministro de gestión ambiental del MINAM, señaló que la minería requiere una muy buena gobernanza y gestión ambiental para que contribuya al desarrollo local. Es necesario que el Estado tenga buenas prácticas, y que las normas solo son uno de los componentes de la gestión ambiental . Lo que se necesita es una presencia más efectiva del Estado en el territorio, además con una gestión y administración multisectorial con mejor asignación de recursos y que se aplique el principio de internalización de costos, con evaluación ambiental estratégica para la toma de decisiones. De otro lado Castro señaló que la Comisión de Desarrollo minero Sostenible al 2030 del Grupo Rimay, ha construido propuestas para el sector minería que son importantes. Sin embargo, solo recoge algunas recomendaciones del Plan de Acción de la Evaluación de Desempeño Ambiental desarrollado en 2017, donde se establecieron metas al corto, mediano y largo plazo, se han perdido esas recomendaciones.

Por su parte la cogresista Mirtha Vásquez, señaló que el objetivo de estas modificaciones normativas se da en un contexto donde a Perú y Latinoamérica tiene un rol de proveedores de materias primas, y  con la crisis económica que se vive a nivel global para reactivar economías los países recurren a la demandas de los productos primarios que necesitan para sus grandes industrias y ello conlleva el recrudecimiento del extractivismo y en base a un efecto de especulación. Esto genera presiones en Estados como Perú donde los grupos de poder buscan sacar normas que flexibilización la normativa ambiental para que puedan avanzar rápidamente en su actividad. En el Perú la actividad minera no se detuvo y fue privilegiada para seguir operando, lo cual ha generado afectaciones a la salud de los trabajadores. La Congresista Vásquez señala que desde su despacho han enviado comunicaciones al Ministerio de Energía y Minas para solicitar información sobre la protección a los trabajadores mineros y la reducción de estándares en salud. Sin embargo, no se ha recibido respuestas, cuando los propios gremios de trabajadores mineros vienen reportando alrededor de 10 mil contagiados.

Por último, Edwin Alejandro, coordinador del área socio-ambiental de la Red Muqui señaló que la situación de afectaciones ambientales en los territorios ya era preocupante, en 2014 la ANA señaló que existían 21 ríos contaminados producto de la actividad minera. Así también el MINEM ha reportado que existen más de 8,448 pasivos ambientales minero de los cuales el 50% se son de alto y muy alto riesgo. Desde el 16 de marzo la actividad minera ha continuado desarrollándose y poniendo en riesgo el ambiente y la salud.  Alejandro señala que, desde Red Muqui se ha revisado los reportes del OEFA y se observa que no hay información precisa sobre la contaminación en los territorios y la identificación de los responsables. Por ello desde las instituciones miembros de Red Muqui que trabajan el tema de vigilancia y monitoreo ambiental participativo se ha sistematizado estos impactos ambientales. Sobre los impactos en el Norte, se reportan: contaminación del río Humarcanga-Santiago de Chuco, por minería ilegal e informal y también por la compañía minera Barrick Gold. Derrame de combustible en Cajamarca-Hualgayoc. En el Centro se reportaron contaminación del Río San Juan que va directamente al lago Chinchaycocha producto de la actividad de Volcan. En el Sur, ha habido derrames de combustible en Coporaque  (Espinar) y en el caso del Río Tambo (Arequipa)que se ha visto estado impactado por actividad minera formal e informal en las zonas altas. La situación es grave porque la fiscalización ambiental es débil y más aún en contexto de pandemia. Desde la Red Muqui se ha propuesto el reconocimiento de los comités de vigilancia ambiental comunitaria por parte del Estado, así como el respeto de los procesos de ordenamiento territorial comunitario para una mejor gestión de los recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas y poblaciones.

Jaime Borda, secretario Ejecutivo de la Red Muqui señaló que las normas emitidas van en contra del ambiente y restringen derechos como la participación ciudadana, lo que va generar conflictos sociales y ponen en riesgos los derechos de la comunidades y poblaciones. Por otro lado en el contexto de la pandemia es grave la situación de la fiscalización ambiental ya que instancias como el OEFA se han visto casi colapsadas para atender las denuncias de contaminación ambiental, por eso urge fortalecerla dándole autonomía y complementarla con la participación de las comunidades, ya que son ellas las que venido reportando y denunciando estas afectaciones. Asi mismo se  informa que hay una iniciativa legislativa en el Congreso para reconocer la participación de las comunidades en la vigilancia y monitoreo ambiental que va pasar al debate en el pleno y hay que estar atentos a esa discusión. Por último, Borda señala que es importante la reactivación económica del país, pero esta no puede ser relajando las medidas de protección ambiental y limitando la participación de la gente, la reactivación económica también debe apoyar a sectores como la agricultura familiar.

 

 

 

Ante la crisis económica que provoca el COVID-19, el gobierno ha optado por el camino de seguir dando beneficios a las empresas mineras para que puedan seguir con su producción a costa de la afectación del ambiente. Durante estos meses hemos recibido reportes de comunidades sobre varios ríos y territorios contaminados.

En ese sentido, a fines de julio, el gobierno emitió el Decreto 019-2020, que reduce y flexibiliza los estándares de protección ambiental en la fase de exploración minera. Hace una semana, el gobierno también ha emitido un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que entre varios de los cambios que realiza, obvia la  evaluación técnica previa para dar el visto bueno para que empiece a operar la planta de procesamiento de minerales. Y, hace unos meses, en mayo, el gobierno aprobó el DL 1500 que vulnera el derecho a la participación ciudadana, aplaza las multas a las empresas infractoras y las exonera de reportes de monitoreo ambiental.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui hemos organizado el díalogo virtual: “Desregulación ambiental e impactos mineros”, con el objetivo de analizar las implicancias de las principales modificaciones de las normas ambientales emitidos para el sector minero y evidenciar los impactos ambientales de la actividad minera durante la pandemia y la reactivación económica.

Para ello, dialogaremos con la congresista Mirtha Vásquez; el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro; Ana Leyva de Cooperacción: y Edwin Alejandro Berrospi del área socio ambiental de Red Muqui.

Fecha  : miércoles, 19 de agosto del 2020

Hora    : 06:00 PM.

Organiza. RED MUQUI

En vivo AQUÍ 👉 https://bit.ly/3kYPSWQ

 

 

 

Entrevista a Rolando Condori, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Espinar; y al ex alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, quien fue parte de la huelga el 2012.

¿Cuál es el balance de la lucha hasta ahora?

Rolando Condori: Desde que se instaló la mesa de diálogo, viendo pros y contras se ha logrado que la empresa destine 44 millones a favor de la población. Pero no estamos de acuerdo en la forma de entrega, a través de tarjeta multiusos. La población no está contenta porque van a beneficiar a tiendas que tienen tarjeteros y así no se va a reactivar la economía local porque acá tenemos caseríos, comunidades donde no existe este uso.

Sobre otras plataformas de lucha: la contaminación ambiental; el corredor minero; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; los afectados por metales tóxicos; y la emboscada que hicieron los militares y policías a la población en la noche, eso está en agenda aún.

Hasta el momento no hemos suspendido la huelga, estamos en stand bye, porque esta lucha continúa hasta que no se llegue a una solución.

Oscar Mollohuanca: La lucha actual, del 2020, es la más larga que se ha producido dentro de estos casi 40 años de coexistencia con la minería. En anteriores oportunidades las huelgas han durado máximo 8 días. 2003 fue un día y 2012, 8 días. Esto como resultado de que la empresa minera no quería aceptar el bono, pero la lucha ha arrastrado el tema ambiental pendiente. La plataforma de lucha ha tratado de acoger esto.

Finalmente, el bono ha servido como un punto para poner en agenda el tema ambiental, Coroccohuayco, reformulación del Convenio Marco y el corredor minero.

¿Cómo está funcionando la mesa de diálogo?

Rolando Condori: Hay un protocolo con el que venía funcionando el Convenio Marco, donde la empresa minera manejaba el desarrollo del convenio de acuerdo a sus criterios y también al Comité de Gestión del Convenio. Nosotros necesitamos que participe no solo el Comité de Lucha en esta mesa de diálogo sino los dirigentes de los distritos y a nivel provincial. El protocolo anterior respondía a otro escenario donde el pueblo no ha estado fiscalizando. Esta vez la lucha ha sido de todo el pueblo por eso se plantea que el alcalde provincial de Espinar modifique este protocolo y participen todos los representantes de la población.

Hemos puesto nuestra voz de protesta porque el Estado y la empresa no pueden mediar las propuestas del pueblo. Hemos planteado ser parte con voz y voto, porque solo nos quieren tener de observadores. El próximo 3 septiembre será la reunión presencial, y en estos días estamos acreditando a una terna de profesionales para tener nuestro equipo técnico, así como el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera también lo tienen.

El tema de fondo es la reformulación del Convenio Marco de Espinar para que la empresa minera no se inmiscuya en las decisiones del pueblo, y que el fondo destinado a través de las utilidades de la empresa minera, aumente.

¿Cómo el pueblo de Espinar ha logrado una paralización de 24 días?

Rolando Condori: Espinar ha demostrado lucha de resistencia total. Entre el frio y el hambre, por encima de la pandemia, el pueblo ha salido a luchar, a defender sus derechos, porque la empresa minera ha querido dividir y corromper a todas las autoridades. Esta vez el Comité de Lucha ha puesto al frente de que nunca más se tiene que dividir el pueblo. La empresa minera tiene la oportunidad de resarcir lo que en muchos años no han hecho.

Nosotros queremos revindicar al pueblo con sus derechos, costumbres y propuestas, aunque eso no se podrá recuperar del todo, porque la contaminación ha sido devastadora.

Esperamos que el Estado y la empresa minera puedan dar solución a todos los puntos de la plataforma de lucha, en caso contrario, este paro se pueda convertir en una lucha con todo el sur. Chalhuahuacho, Apurímac, Puno, Arequipa, caso de Tía María. Tenemos un nuevo plan de lucha macro regional del sur en que vamos a plantear nuevas leyes mineras y cambio de constitución, porque solo así revertiremos esta situación si no se dan soluciones rápidas en los temas mineros.

Oscar Mollohuanca: A diferencia de años anteriores, a nivel de barrios, todos los comerciantes, han participado. Se ha notado participación de principio a fin de manera sistemática, incluyendo a la mayoría de comunidades que han participado organizados en su distrito. Y de manera destacada, la juventud ha jugado un rol importante de principio a fin.

¿Cómo ha estado funcionando antes el Convenio Marco?

Rolando Condori: El convenio marco ha estado manipulado por la empresa minera anteriormente. Con este marco la empresa ha corrompido a las autoridades, ha trabajado para sus propios intereses, para su imagen institucional. Esta vez el pueblo se cansó. No tenemos un solo proyecto sostenible que pueda hablar bien del convenio marco. Por eso el pueblo pide: ¡basta ya! que la empresa maneje el convenio marco.

Se pide que otra entidad maneje independientemente los proyectos derivados del convenio marco, y no la fundación Tintaya de la empresa minera Glencore. Entidad que ayude a ejecutar los proyectos de desarrollo sostenible.

Oscar Mollohuanca: Ahora sale con mayor nitidez la democratización del manejo de estos fondos. El 2012, tras la huelga de varios días, se planteó, discutió, pero la empresa no aceptó. Dio la posibilidad del fidecomiso. Ahora la población plantea que el dinero se maneje autónomamente por el pueblo de Espinar, sin injerencia de la empresa minera.

En todo este tiempo no se cumplieron las clausulas principales en materia ambiental, empresarial – contrato a empresas locales para servicios a la minera -, trabajo – contrato a espinarenses-. Tras la lucha actual se ha confundido a nivel local, nacional, internacional, que el Convenio Marco es solo el tema económico y abarca más temas.

Con la reformulación del Convenio Marco puede definirse de manera clara quien tiene que implementar los mecanismos para que se cumplan las cláusulas de los acuerdos.

La Fundación Tintaya de la empresa minera Glencore ha funcionado este tiempo como un organismo técnico y político de decisión. Ahí se dan los acuerdos con las comunidades, o poblaciones que requieren proyectos aprobados para beneficiarse del convenio marco. La Fundación Tintaya se ha convertido en un pequeño gobierno local, ministerio, de la empresa minera. Antes de que lleguen las propuestas al comité de gestión del Convenio Marco, tienen que pasar por oficinas de Fundación Tintaya para tener el visto bueno. El equipo técnico autónomo que tenía el Comité de Gestión fue desmantelado.

¿Cuál es el rol de la juventud en esta lucha?

Rolando Condori: La juventud ha tomado conciencia a nivel de lo que viene. El Comité de Lucha son mayormente jóvenes. La sangre nueva barre con todo. No estamos con la perspectiva de los antepasados. Este cambio tiene que refrescar nueva sangre de Espinar. Ahora en la juventud hay profesionales y sabemos lo que queremos, lo que buscan nuestros padres, perspectiva de desarrollo sostenible. Vamos a seguir luchando con ideas y propuestas claras y con principios.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

El pasado martes 11 de agosto se presentó formalmente el nuevo gabinete presidido por el ex ministro de Defensa, Walter Martos, luego de una semana de crispación política por la salida del ex premier Cateriano. El discurso del nuevo premier Martos estuvo centrado en atender la pandemia de la Covid-19, impulsar la reactivación económica, sin hacer énfasis en el tema extractivo minero, como su antecesor. Para muchos fue un mensaje pragmático y de acciones puntuales para el año que le queda al gobierno de Vizcarra. Al final, el nuevo gabinete recibió el voto de confianza con 115 votos a favor. Lo cierto es que este gabinete debe hacer sus mejores esfuerzos para contener y atender la pandemia, las regiones del sur ahora son el epicentro de la propagación del virus y de fallecidos. Al respecto, recientemente el presidente Vizcarra anunció una serie de disposiciones para intentar controlar el virus, se han ampliado las cuarentenas focalizadas en varias regiones y provincias, se prohíben fiestas familiares, se retorna a la inmovilización ciudadana los domingos, entre otros. Para muchos no hubo rebrote, puesto que nunca hemos salido del brote de la Covid-19.

 

De otro lado, al tiempo que se juramentaba y presentaba el nuevo gabinete Martos, la semana pasada se publicó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros (D.S. 20-2020-EM); el nuevo reglamento privilegia la simplificación de procedimientos mineros en favor de las empresas mineras, aplica el silencio administrativo positivo en favor de las empresas, se retrocede en la protección del medio ambiente, entre otros. Sumado a este nuevo reglamento ya se habían emitido en las semanas pasadas otras normas, entre ellas el Decreto Supremo N° 019-2020-EM que modifica el reglamento de protección ambiental de las actividades de exploración minera y reduce los estándares de protección ambiental, asimismo en el mes de mayo ya se había emitido el Decreto Legislativo N°1500 sobre reactivación económica que también debilita la institucionalidad ambiental y la participación ciudadana. Todas estas modificaciones normativas en el fondo van en detrimento del medio ambiente, no solo son retrocesos, son reformas anti-derechos ambientales que se dan en nombre de la reactivación económica.

 

Finalmente, un tema que hemos venido denunciando desde el inicio de la pandemia en nuestro país, es la situación de los trabajadores mineros, al ser considerado la minería como una actividad esencial esta ha operado con normalidad; por tanto, muchos trabajadores han quedado expuestos al contagio de la Covid-19. Al respecto, la ex ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, había señalado que se tenía un promedio de 3 mil trabajadores mineros contagiados, y según la ultima información difundida por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú ya habrían más de 10 mil trabajadores mineros[1], y por si esto no fuera poco, los dirigentes sindicalizados que denuncian estos abusos son despedidos, tal como la ha hecho público la misma Federación de Trabajadores Mineros. Desde la Red Muqui creemos que el nuevo gabinete Martos y el presidente Vizcarra, a parte de enfrentar la pandemia, también debe garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores mineros, la salud, el ambiente y la vida deben estar por encima de los intereses económicos.

[1] https://gestion.pe/economia/empresas/hasta-12000-mineros-en-peru-habrian-contraido-covid-19-segun-sindicato-noticia/

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Hemos tenido una semana muy movida en términos políticos, en realidad vivimos una crisis permanente desde hace mucho tiempo en el país. Esta semana el gabinete Cateriano presentó su propuesta de trabajo ante al Congreso de la República para lo que será el ultimo año de gobierno de Vizcarra; sin embargo, esta presentación estuvo plagada de una serie de incidentes que terminaron por rechazar el voto de confianza que había solicitado el ahora ex premier Pedro Cateriano. Varios fueron los motivos por las que el Congreso ha rechazado este pedido, entre los principales, sin duda, la ausencia de políticas claras para enfrentar la pandemia de la Covid-19; el acento exacerbado en priorizar la inversión privada minera; sobre este punto Cateriano llegó a señalar que aquellos lugares donde se rechazó la minería en el pasado, como en el valle de Tambogrande (Piura), está hoy destinado a la minería ilegal y la contaminación ambiental que genera, hecho que fue desmentido después por el mismo alcalde de ese distrito.

 

Finalmente, el otro motivo de rechazo a la confianza del gabinete Cateriano fue por la “presión” de algunos grupos de poder que están en el Congreso y que buscan traerse abajo la reforma universitaria, aunque en los medios nacionales se ha querido hablar solo sobre este último punto.

 

El nuevo gabinete recompuesto y liderado esta vez por el ex ministro de Defensa, Walter Martos, tiene varios desafíos en frente; el más importante es encarar la pandemia de la Covid-19, que en los últimos días ha tenido un crecimiento exponencial de contagiados (450,000) a nivel nacional, así como en la cifra de fallecidos (196 muertos por día). En las últimas semanas el virus se ha propagado al sur del Perú, donde la situación se torna cada día más dramática debido a la precariedad del sistema de salud. Así mismo las comunidades campesinas, siendo una población vulnerable, corren el riesgo de verse afectados por la Covid-19; por ello es urgente que el nuevo gabinete y el MINSA implementen estrategias comunitarias de atención a la salud de estas poblaciones.

 

El otro desafío que debe encarar este gabinete es la reactivación económica, pero no solo priorizando la actividad minera del gran empresariado privado. La gente necesita trabajar, es cierto, por ello hay que reactivar la economía de la gente apoyando a las pequeñas y microempresas, al agro y las iniciativas locales que están surgiendo a nivel nacional. Desde la Red Muqui esperamos que el presidente Martin Vizcarra y el nuevo gabinete presidido por Walter Martos centre su atención en estos temas.

 

Finalmente, una comisión de alto nivel se ha constituido en Espinar el día de hoy, presidido por los ministros de Energía y Minas y de Agricultura, esperemos que finalmente se instale la mesa de diálogo y se escuche y atienda al pueblo de Espinar en sus demandas, y esto para por escuchar a los actores sociales, a las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera, y no solo a las autoridades locales o sectoriales, lo que suele pasar cuando se instalan estas mesas de diálogo.