Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En las últimas semanas estamos asistiendo a varios hechos e iniciativas que vienen promoviendo los gremios mineros y el mismo gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. En resumen, estas iniciativas tienen que ver con acelerar aún más los trámites de aprobación de proyectos mineros a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), inclusive el titular de ambiente Juan Castro Vargas ha afirmado que su cartera se va encargar de promover la inversión minera. Con ello queda demostrado que el ministerio del Ambiente en la práctica queda reducido a su mínima expresión renunciando a su rol protector del medio ambiente.

Por otro lado, la semana pasada se ha realizado la nueva edición del AGROMIN 2024 – III Convención Agrominera que ha congregado al empresariado más rancio con un discurso de realidad paralela: la minería y el agro son actividades hermanas y complementarias. Un mensaje que dista de la realidad de las mismas comunidades originarias y poblaciones que conviven con proyectos mineros de envergadura. Los mismos que han originado impactos ambientales, disputa y despojo territorial, problemas irreversibles a la salud y la vida de las comunidades y poblaciones locales asentadas en zonas mineras.

Los casos emblemáticos como Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar y Cajamarca prueban que la minería contamina, arrasa con los recursos naturales y afecta negativamente los modos y medios de vida de las comunidades ubicadas en territorios ancestrales antes de la llegada de las empresas mineras. Por ello, cuando el presidente de Agromin 2024, Augusto Baertl, dice que “esto de ‘agua sí y mina no’ es un anacronismo folklórico que no tiene importancia”, genera la reactivación de los conflictos sociales en territorios donde las comunidades y población local han rechazado legítimamente las actividades extractivas mineras, por ejemplo, Valle de Tambo en Arequipa (Tía María); Huancabamba, Ayabaca y Carmen de La Frontera en Piura (Río Blanco); Sorochuco, Huasmín y La Encañada en Cajamarca (proyecto Conga), y la lista continúa.

La edición Agromin 2024 – III, como era de esperarse, tiene el respaldo del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha pasado por un proceso de interpelación del Congreso por su evidente conflicto de intereses con Southern Perú, concesionario del yacimiento Tía María en Arequipa. Como recordamos, el ministro Mucho es dueño de la empresa Pevoex Contratistas y no podría estar menos involucrado, pues también es uno de los fundadores de la Asociación Civil Agrominera del Perú, nada menos que la organizadora del Agromin 2024. El lobby minero y la puerta giratoria de estos funcionarios no solo es cínico, sino que es promovido por el propio régimen de Boluarte.

Sin duda, las reuniones que ha tenido el ministro Mucho con representantes de compañías mineras extranjeras también son una antesala de lo que se viene: imponer proyectos mineros sin licencia social en territorios donde las poblaciones ya tienen otras alternativas económicas de vida. Por otro lado, una narrativa que los gremios mineros vienen incorporando en sus declaraciones es que debemos profundizar la extracción minera “por el bien de la transición energética de los países del norte global”. Por ello, señalan que debemos ampliar ya existentes proyectos e impulsar nuevas explotaciones de cobre, litio, níquel, tierras raras, entre otros. Sin embargo, las evidencias nos muestran que a mayor explotación minera, mayor el daño y la afectación en los territorios.

Los negocios del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho Mamani, y el aprovechamiento de su cargo para beneficio de allegados, parecen no tener fin. Aparte de ser propietario de una empresa que presta servicios a empresas mineras sancionadas ambientalmente, también es uno de los fundadores de la asociación que organizó la III Convención Minera Agromin 2024.

Se trata de la Asociación Civil Agrominera del Perú que fue creada en el año 2018 y – según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)- que lideró como director ejecutivo hasta el 13 de febrero de este año. Coincidentemente el mismo día de su renuncia, Dina Boluarte anunció públicamente su designación como ministro.

Diez días después, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó una investigación, reforzada por la Red Muqui, del evidente conflicto de intereses de Rómulo Mucho con el proyecto Tía María de la concesionaria Southern Perú, que es cliente de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., de propiedad del ministro de Energía y Minas.

LA CONEXIÓN DE LOS ORGANIZADORES CON EL MINEM

Esta convención minera Agromin 2024, donde el empresariado minero busca “lavarse la cara” con el mensaje de que la minería y la agricultura son actividades hermanas y complementarias, es oficializada por el Minem y otros organismos del Poder Ejecutivo, instancias en las cuales la influencia de Mucho Mamani es evidente. Una vez más, se constata la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado. En el pasado también el Minem ha oficializado esta actividad que se realiza desde el año 2018 y en sus tres ediciones, incluida la actual, es organizada por la asociación fundada por el actual titular del Minem.

Flyer oficial de la convención minera Agromin 2024.

Resolución Ministerial N° 410-2019-MINEM

Resolución Viceministerial N° 0040–2023/MINEM-VMM

A fines de marzo, Rómulo Mucho enfrentó una moción de interpelación tras descubrirse que es dueño de Pevoex Contratistas S.A.C., empresa que mantiene contratos con varias empresas mineras (Pan American Silver, Southern Perú, Buenaventura, Raura, Nexa Resources, entre otras); sin embargo, sigue en el cargo debido a que no se alcanzó el quórum en el pleno para destituirlo (23 votos a favor, 49 en contra y 14 abstenciones).

ALIANZA MINEM Y EMPRESARIADO MINERO

Desde hace semanas, desde la cuenta oficial del Minem, se han publicado las reuniones que ha sostenido Rómulo Mucho con diversas compañías mineras extranjeras, entre ellas Río Blanco Cooper, con fines de reactivar el proyecto Río Blanco en Piura. Como se sabe -mediante una consulta vecinal del año 2007- los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, le dijeron NO a la minería. Asimismo, en una conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció un paquetazo para reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de reducir plazos y costos de empresas extractivas.

Foto publicada en la cuenta de X (antes Twitter) del Minem sobre la reunión entre Mucho y el gerente de Río Blanco Copper, Francisco Ismodes. Publicación fue borrada después.

Por otro lado, Augusto Baertl, presidente de Agromin 2024, declaró en esa instancia que “esto de ‘agua sí y mina no’ es un anacronismo folklórico que no tiene importancia. La mayoría de peruanos queremos trabajar, queremos que nuestros recursos se pongan en función”. Una realidad alterna que pretende crear el sector minero frente al rotundo rechazo de las comunidades originarias y poblaciones locales a los proyectos mineros a causa de los impactos ambientales, sociales y culturales existentes en el país, y por las cuales son calificadas como antimineras.

El proyecto minero Tía María también está en la mira del sector empresarial y el Minem, por lo que Agromin 2024 es una manera de presionar por su reactivación. La institución Cedep Ayllu, miembro de la Red Muqui, analizó el mensaje emitido por Augusto Baertl y dirigido al Gobierno en RPP Noticias.

AGROMIN ES UNA RENTABLE PUERTA GIRATORIA

Prácticamente lo mismo ha dicho el titular del Minem sobre el binomio agro y minería, cabe hacerse la pregunta: ¿Aspiraciones como ministro de Dina Boluarte, como empresario minero o como uno de los fundadores de la Asociación Civil Agrominera del Perú? ¿Cuánto ha invertido el Gobierno en la Agromin?

No es necesaria mucha perspicacia para entender que esto favorece a la asociación de Rómulo Mucho en la captación de auspicios y apoyo financiero, si es que no hay una partida del propio ministerio para el financiamiento de esta convención minera.

Desde fines del año pasado, el régimen de Dina Boluarte ha estado empeñado en promocionar públicamente proyectos extractivos ampliamente rechazados por la población y que incluso han sido sometidos a procesos de consultas populares. Destaca entre los proyectos calificados como prioritarios para intentar su ejecución una vez más la mina Tía María. A inicios de esta semana trascendió en algunas redes sociales la noticia sobre el supuesto inicio de trabajos para instalar la empresa.

Red Muqui, coorganizador del encuentro previo al Foro Social Panamazónico (PreFospa) que se está desarrollando actualmente en Tarapoto, entre el 25 y el 28 de abril, aprovechó de conversar con Miguel Meza Igme, histórico dirigente del Valle de Tambo de la provincia de Islay situado en el el departamento de Arequipa, uno de los más de 200 dirigentes sociales reunidos en este encuentro, para hablar de estos esfuerzos por imponer Tía María.

Miguel, en estos días han aparecido anuncios en varios medios que Tía María se va a retomar, incluso se habla que habría gente trabajando para el proyecto. Han salido varios anuncios no solamente de medios locales de Arequipa, si no en medios nacionales sobre este tema ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
El jueves en la mañana muchos agricultores han rechazado esto porque es mentira. Es totalmente falso que Southern haya iniciado sus trabajos. Es más, sale como una nota a último minuto (en los medios).
Ellos ya han empezado hace un tiempo atrás llevando un grupo de personas que no son del Valle de Tambo, pero que han sacado sus DNI en el Valle el año pasado. Ellos están haciendo algunas cosas… «trabajando», entre comillas, haciendo unos huequitos en la parte alta.
Sin embargo, Southern Perú no va a tener un campamento y no va a tenerlo porque no tiene convivencia en la zona. Más bien tienen un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para hacer una carretera para su llegada rápida.
Southern no tiene licencia social, no tiene varios permisos que les faltan; es más hay un proceso legal administrativo que no ha concluido y no puedo empezar.

¿Por qué han aparecido estas informaciones?
Yo creo que Southern está desesperado, está dolido por las falsas expectativas y la estrategia de supuestos regalos que han fracasado.
El otro tema es que los agricultores se han organizado y están tomando algunas medidas con la finalidad de hacer rondas agrícolas en la zona, por ejemplo la comisiones de regantes, en varios sectores. Desde Cachuyo hasta el sector Arenal en Dean Valdivia, o sea todo el Valle de Tambo.
Por lo tanto es falso que Southern haya iniciado trabajos, no es una información correcta. Pienso que lo están haciendo es una guerra psicológica para saber qué piensa el Valle de Tambo. Nosotros somos muy precavidos, estamos muy atentos en la resistencia al proyecto minero Tía María.

Otro tema que está relacionado con esta conversación y que ha captado la atención en los medios es la convención agro-minera en Lima, cuyo principal mensaje es que la agricultura y minería pueden convivir ¿Mirando el caso del Valle de Tambo, tú crees que esta afirmación se sostiene?
No se sostiene y expreso mi rechazo a esas convenciones. Porque una cosa es una actividad principal como es la agricultura y otra cosa es la minería: la segunda afecta gravemente a la primera. No hay experiencias de convivencia entre ambas en otras zonas y no podemos decir que conviven. Lo único en lo que sí hay coincidencia es que el agro utiliza agua y la mina también utiliza agua, es lo único, no hay más. Por lo tanto, rechazamos este tipo de afirmación de estos encuentros mineros.

Claro, están diciendo que sí es posible la convivencia de agro y minería porque quieren insistir con el proyecto Tía María en el valle…
No hay ejemplos que avalen esa posibilidad, nosotros siempre hemos tenido grandes profesionales que han descartado esta convivencia.

Estás participando en el Pre FOSPA en la Amazonía ¿Por qué te parece importante este encuentro donde líderes amazónicos se encuentran con líderes de la zona andina?
Mira, me parece que es fundamental resaltar la lucha por la Amazonia. Estoy participando y ayer se recordó a muchos (defensores) asesinados por parte del Ejecutivo y el Estado trata a estas personas como de segunda clase. Creo que es muy importante integrar la lucha de la Amazonia con todo el nivel nacional. Estoy participando gracias a la Red Muqui, creo que es necesario participar y actuar de manera integral.

Habrá una audiencia pública en mayo a propósito del caso Tía María. ¿Hay algo que nos puedas adelantar?
Precisamente hoy estamos confirmando la llegada de grandes profesionales en Arequipa. Este trabajo lo estamos coordinando con la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, que tiene como presidente al señor Jorge Mojo y algunas organizaciones sociales. Señalar que estarán grandes compañeros de FEDEPAZ, CooperAcción y Red Muqui, como también agricultores de Valle de Tambo y se suman algunos dirigentes de la Junta de Usuarios de Locumba, donde ha afectado bastante la empresa minera Southern Perú.
Es una agenda sumamente importante que va reforzar el contexto y las observaciones que se han realizado y aún existen y que nunca ha aclarado la empresa minera Southern.

Es bueno señalar que el estudio de impacto ambiental de Tía María no ha integrado al proyecto La Tapada, ya que el EIA enrola en un solo estudio a los dos proyectos cuando deberían ser estudios separados: está Tía María por un lado y La Tapada está muy cerca del Río Tambo en línea recta.
Por lo tanto, para entender mejor este tipo de cuestiones va a ser enriquecedor este espacio para el conocimiento de la juventud y población de Valle de Tambo.

Las autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y del alto comisionado del Estado peruano alcanzaron ayer una serie de acuerdos para combatir la minería ilegal que opera en el territorio ancestral y pone en peligro la naturaleza y los derechos humanos.

El diálogo horizontal se dio a raíz de la retención de nueve personas, entre ellas tres policías peruanos, quienes se encontraban en el río Santiago trasladando maquinaria destinada a la minería ilegal, el pasado 18 de abril. Como parte de su derecho a la autodeterminación y justicia indígena, los miembros de la Nación Wampís efectuaron la intervención. Luego de casi una semana de tensión e incertidumbre, donde el Grupo MAPE de la Red Muqui también se pronunció, la comisión de alto nivel llegó hasta Villa Gonzalo, en el distrito Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

En total se llegaron a cinco acuerdos, el primero de ellos sobre la situación de las nueve personas aprehendidas, las cuales fueron puestas a disposición de la justicia ordinaria para que sean investigadas y sancionadas por el delito de minería ilegal. De estas nueve personas, tres son agentes policiales peruanos, cinco ciudadanos ecuatorianos y un ciudadano civil peruano. Los demás acuerdos impulsan una articulación con el Estado y protección colectiva del territorio ancestral:

– Desarrollar un plan de interdicción desde Ciro Alegría a Nieva.
– Reconocimiento del Grupo Charip del GTANW como comité de autodefensa.
– Realizar un grupo de trabajo multisectorial para desarrollar proyectos productivos amigables con la naturaleza.
– Destrucción de las embarcaciones que fueron intervenidas el 18 de abril por el Grupo Charip en el río Santiago.

Por parte del GTANW, participaron en el diálogo los líderes Kefrén Graña, secretario técnico adjunto; Wrays Pérez, ex Pamuk (presidente) del Gobierno Wampís; autoridades del Gobierno de Cuenca Kanus del GTANW, entre otros representantes.

Mientras que, por el alto comisionado del Estado peruano estuvieron el viceministro de Orden Interno, Juan José Santiváñez Antúnez; el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre y el obispo del Vicariato San Francisco de Jaén, Monseñor Alfredo Vizcarra. También participaron tres fiscales, el Director de Medio Ambiente de la PNP, General Gregorio Martin Villalon Trillo; el Jefe de la Región Policial Amazonas, Miguel Ángel Tello y dos funcionarios más del Ministerio del Interior.

En una nota de prensa difundida en su página web, el GTANW agradeció a los integrantes del alto comisionado y al obispo del Vicariato de Jaén. A la vez, reafirmó su compromiso de protección de su territorio “en favor de la pervivencia de la humanidad, encaminada hacia el buen vivir y la autonomía de sus habitantes actuales y futuros”.

Crédito de la foto: GTANW

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha expresado su profunda preocupación y rechazo ante la orden de «operaciones policiales de rescate» emitida por la Policía Nacional del Perú, que ordena a sus fuerzas de la región Amazonas «rescatar» a tres compañeros que fueron sorprendidos junto a mineros ilegales, el pasado 18 de abril, frente a la comunidad Villa Gonzalo en el río Santiago. Según la cobertura de ciertos medios, los uniformados se encontrarían “secuestrados”; un argumento no válido debido a la constitucionalidad de la administración de justicia indígena y/o comunal.

El GTANW ha hecho un llamado urgente a las autoridades para detener cualquier operación policial que pueda desencadenar hechos lamentables y evitables en la zona. Asimismo, reiteró su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas para abordar la problemática de la minería ilegal en su territorio ancestral. Es necesario recordar que el 20 de abril se realizó una reunión en Villa Gonzalo con autoridades, miembros de la comisaría de Santa María de Nieva y representantes del GTANW, donde se informó sobre la detención de los tres policías y los mineros ilegales aprehendidos, el 18 de abril, mientras navegaban por el río Santiago provenientes del Ecuador. Sin embargo, no hubo consenso entre las partes durante este encuentro.

Ante esta situación crítica, el GTANW exige la conformación inmediata de una comisión de alto nivel para tomar acciones estratégicas y enfrentar la invasión de la minería ilegal en su territorio. El presidente del Gobierno Wampís, Teófilo Kukush Pati, ha enviado una carta al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, exigiendo la anulación de la nota informativa policial, exhortándolo a deponer la amenaza contra la comunidad de Villa Gonzalo, involucrar a la Fiscalía Ambiental y reconocer como mediador al Obispo del Vicariato de Jaén y Condorcanqui, Alfredo Vizcarra.

Adicionalmente, Kukush Pati informó que, el 21 de abril, sostuvieron un diálogo con representantes del Ministerio del Interior, quienes confirmaron el envío de una delegación integrada por el Viceministro del Orden Interno y otros funcionarios a la comunidad de Villa Gonzalo para el próximo lunes 22 de abril. El objetivo planteado por el GTANW es realizar una asamblea en Villa Gonzalo para suscribir un acta sobre la interdicción de dragas mineras y dictaminar la salida de los delincuentes capturados en flagrancia.

El GTANW ha dejado en claro su determinación por proteger su territorio ancestral, naturaleza y derechos humanos en la Amazonía peruana. Ante las amenazas y la falta de diálogo, han optado por recurrir a instancias superiores y solicitar la intervención de autoridades nacionales para encontrar una solución pacífica y duradera que garantice la integridad de su pueblo y territorio.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui, rechazamos tajantemente la proliferación e institucionalización de la minería ilegal, así como las malas prácticas policiales. Además, respaldamos las luchas y resistencias desde los gobiernos territoriales autónomos, quienes ejercen su autodeterminación a través de impedimentos e intervenciones de sujetos aliados a las actividades ilícitas.

Resistir y transitar en defensa de la Amazonía. Rumbo al XI FOSPA, Bolivia

El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA) 2024 en Perú se realizará del 25 al 28 de abril en la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Este representa un encuentro de experiencias y reflexiones colectivas a fin de generar propuestas que aporten al documento de posicionamiento político y a la agenda de acciones estratégicas que se definirán en el XI FOSPA Bolivia 2024, el cual se realizará en junio del presente año.

En tal sentido, en el evento se consensuarán propuestas estratégicas desde Perú para preservar la Amazonía frente a desafíos y afectaciones como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el impacto de las industrias extractivas , la minería ilegal y la convivencia intercultural , aportes que se sumarán con las que lleven las delegaciones de los demás países al encuentro internacional.
Programa

El Pre-FOSPA 2024 se iniciará formalmente el jueves 25 de abril, pero días antes se realizarán actividades previas como la que organiza el Fórum Solidaridad Perú (FSP) con la Coordinadora de Ríos; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) con defensores/as y el Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático (MOCICC) con jóvenes.

El programa del Pre FOSPA Perú 2024 es el siguiente:

Jueves 25 de abril: Luego del registro de participantes, se llevará a cabo la inauguración, seguida por un panel inaugural titulado «FOSPA en el tiempo e importancia para la Amazonía: Historia y Desafíos».

En la ceremonia de apertura se dedicará un espacio en memoria de los/las defensores/as asesinados, así como de otros dirigentes y líderes que nos acompañan desde otra dimensión.

En la tarde se llevará a cabo una movilización por las calles de Tarapoto, para cerrar el primer día con una noche cultural.

Viernes 26 de abril: El día iniciará con una presentación de los objetivos y metodología del FOSPA. Luego de analizará el contexto actual en la Amazonía de acuerdo con cinco ejes o dimensiones de temas:

1) Estado del territorio y defensores.
2) Estado, Autonomías y el Territorio Panamazónico.
3) Crisis climática, ecología integral y transición ecológica.
4) Diálogo intercultural de lo andino y lo amazónico.
5) Avances y desafíos en los derechos de las mujeres amazónicas y andinas.

Por la tarde se llevarán a cabo reuniones de grupos de trabajo de las iniciativas de acción del FOSPA, enlistadas en siete títulos:

1) Soberanía, seguridad alimentaria y agroecología.
2) Defensores de los Ríos, Agua y Territorio.
3) Hidrocarburos y transición energética.
4) Educación comunitaria.
5) Autonomía indígena: economía, tierra y territorio.
6) Defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas y andinas.
7) Extractivismo y economías ilegales.

Para cerrar el día, se llevará a cabo un Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. En este espacio las mujeres kukama de Loreto presentarán su estrategia legal, y luego se hablará sobre el derecho a intérpretes en San Martín.

Posteriormente, el tema serán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el caso andino, en específico la afectación por contaminación de metales pesados a mujeres. Estas actividades tendrán un cierre festivo y comunicativo.

Sábado 27 de abril: En este día se continuará con las sesiones de los grupos de trabajo, para luego tener una plenaria y recoger el recorrido del día en sentires y pensares.

Domingo 28 de abril: En el último día del foro, se realizará una plenaria, seguida por la Sentencia del Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. Antes de pasar a la clausura del evento, habrá una plenaria de discusión y lectura del Pronunciamiento o Declaración Final del PRE FOSPA Perú.

La XI edición del FOSPA en Bolivia
El FOSPA es un espacio bianual de articulación y reflexión internacional para fortalecer alianzas e incidir a favor de la defensa de la Amazonía.

En este proceso se unen, actúan y piensan temas esenciales sobre la región amazónica que incluye a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, República Cooperativa de Guyana, Surinam, Perú y Venezuela.

La XI edición del FOSPA se realizará en las ciudades de Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes, municipios vecinos ubicados en del norte amazónico de Bolivia.

Una delegación de dirigentes del Frente de Defensa del río Ronquillo se ha reunido en Lima con organizaciones defensoras de derechos humanos y han logrado ser recibida por el viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez el viernes 19 de abril.
Víctor Cueva Chilón, el presidente de la Junta de Administradoras y Saneamiento (JASS) de San José de la Coila Rosa Mayo y secretario del Frente de Defensa ha expuesto en la sede de Red Muqui la preocupante situación que están viviendo los habitantes de Cajamarca y otros zonas cuyo abastecimiento de agua depende del mencionado río.

Como grave antecedente de la actividad aurífera que se pretende expandir, en este caso al distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cueva apunta a la experiencia que ha sufrido la población de la capital departamental homónima con la empresa Yanacocha. Explotación que ha hecho desaparecer el río Grande que abastecía alrededor del 70 por ciento de la población de la ciudad y que ahora depende del bombeo de aguas de la empresa una vez recicladas del proceso de extracción del oro.

A fines de 2022, la empresa cerró las compuertas de las tuberías de las aguas destinadas a la población. Los motivos se desconocen hasta hoy, pero especialistas suponen que el corte, que duró cuatro días, se puede haber debido a un episodio de contaminación.
Para evitar que se repita la historia y salvaguardar la calidad del agua del río Ronquillo, cuya cabecera de cuenca se halla amenazada por el proyecto aurífero Colpayoc, y que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad de Cajamarca y a otros distritos en su recorrido, el Frente de Defensa junto con diversas organizaciones sociales se están organizando y desarrollando manifestaciones y otras acciones para alertar sobre la falta de licencia social y parar este riesgoso proyecto en el distrito de Chetilla.

Actuales avances del proyecto minero

Un área mucho más extensa que las 18 hectáreas cedidas por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, y donde la empresa Colpayoc ya ha desplegado su maquinaria para realizar trabajos de exploración, como explica el dirigente y ex alcalde de Chetilla, Antonio Soto, parte de la delegación de dirigentes sociales que se ha reunido en Lima con funcionarios del MINEM. El dirigente explica que el área cedida por una parte de la ex dirigencia de la cooperativa, en forma intransparente y por eso cuestionada, es una fracción ínfima de una área total de 1445 hectáreas que forman parte del proyecto de estudio y donde se emplazan numerosos ojos de agua, manantiales y otras fuentes hídricas que se verían inexorablemente impactadas. “La empresa habla de 18 hectáreas para tranquilizar a la opinión pública, pero ese es solo el área inicial donde harán veinte perforaciones, después ellos irán avanzando a otras áreas para hacer más trabajos de exploración en una zona mucho más amplia”.

La gente de la zona tiene claro que la zona impactada finalmente será toda una cuenca hidrográfica.
Por eso el Frente de Defensa que agrupa a Juntas Administradoras, Rondas Campesinas, Canales de Regantes y Tenientes Gobernadores ha logrado movilizar a miles de habitantes. Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el domingo pasado con más de cuatro mil manifestantes, después que la población se enterara que la empresa ya está avanzando con maquinarias pesadas en la exploración.
La minera lejos de buscar el diálogo con las organizaciones respondió con disparos la visita de una delegación de organizaciones que subieron al lugar de la concesión minera ubicada en el distrito de Chetilla, cerca de los centros poblados de Peña Blanca, Alto Chetilla, Las Quinuas, Chalhua y Quinuayoc.

Así lo denuncia Antonio Soto que aclara que la violencia y el amedrentamiento es ejercida especialmente contra los y las dirigentes sociales y defensores ambientales. La agresión sufrida por Jovita Dilas Cabrera ha alcanzado notoriedad pública recientemente. Integrante del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, la lideresa fue golpeada y amenazada el pasado 28 de marzo, cuando grupos de vigilantes de la empresa se enfrentaron a manifestantes contra el proyecto minero. Jovita Dilas es una de las voces que ha venido alertando durante años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino.

Crédito de la foto: Chilcaloma

· Organizaciones de afectados por actividades extractivas realizaron su segundo congreso nacional en Lima
· Demandan la implementación del plan especial multisectorial aprobado DS 037-2021-MINAM en el 2021

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que es una organización nacional presente en 15 regiones del país, concluyó su II Congreso Nacional el día sábado 13 de abril del año 2024.

El II Congreso Nacional se desarrolló los días 12 y 13 de abril, y tuvo como objetivo elegir una nueva Junta Directiva, actualizar su agenda de lucha y demandar a los diversos sectores del Ejecutivo el implementar el PEM y la Ley 31189 sin más demoras y de forma efectiva.

Recordamos que la Plataforma Nacional tiene 7 años de existencia y ha logrado la aprobación del Plan Especial Multisectorial- PEM (2021) y la Ley 31189 (2021). El PEM aún no se implementa de forma efectiva, de manera multisectorial y en las diversas regiones, pese a encontrarse en el tercer de sus cinco años de vigencia.

Según el Ministerio de salud, que así lo publicó en el 2022, existen más de 10 millones de peruanos afectados por metales tóxicos que se encuentran en 15 regiones del país. En estas regiones, la presencia de actividades extractivas, como la minería y el petróleo, han dejado un vestigio de contaminación y derrames que causan afectación a la salud de comunidades enteras y personas de diversas edades con metales como plomo, arsénico y el mercurio.

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El desarrollo del II Congreso

En el marco del II congreso nacional, los representantes de la Plataforma Nacional realizaron el jueves 11 de abril un plantón en los exteriores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, para demandar acciones de las empresas que siguen contaminando sus territorios.

El día viernes 12 de abril, el congreso de la Plataforma inició con la asistencia de más de 130 asistentes de 14 regiones del país. Después de elegir a la mesa directiva del congreso, se procedió con exposiciones sobre la coyuntura nacional, y luego los representantes de cada región presentaron las problemáticas, los avances regionales y los procesos en curso.

Posteriormente, acudieron funcionarios en representación de diversas entidades estatales, como del ministerio del Ambiente- MINAM, ministerio de Vivienda – MVCS, el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental- OEFA y la Dirección General de Salud Ambiental- Digesa. Las y los asistentes al congreso le exigieron al OEFA la revisión de unidades mineras con sanciones frecuentes y apeladas, a causa de la proliferación de metales pesados en el ambiente. Asimismo, a la DIGESA que apoye a las regiones para las declaraciones de emergencia sanitaria en regiones que consumen agua con metales pesados. Al MINAM, le pidieron fortalecer la articulación con sectores para las reuniones pendientes de los ejes de salud e institucionalidad de la Comisión de Seguimiento al PEM.

El día sábado 13 también hubo un espacio de capacitación con América Arias, quien es especialista en salud pública de la institución Acción contra el Hambre sobre la atención en salud pública para personas afectadas por metales.

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Elección de nueva Junta Directiva

El día 13 la Plataforma también realizó las elecciones para su nueva Junta Directiva 2024-2026, que quedó integrada: como Secretaría General, Anthony Oscátegui como titular y Fernando Macedo como su alterno por la Macrocentro, en la Sub Secretaría , Sandro Vásquez como titular y su alterna Leslie Infantes de la Macro Norte; en la tesorería, Vidal Merma como titular y su alterna Marcela Gonzales de la Macro Sur, en la Tesorería, Vidal Merma como titular y Marcela Gonzales como alterna, como Fiscal, Elwis Saavedra de titular y Elva Yaun como alterna por la Macro Amazonía.

Como parte de su plan de acción, se aprobó que la agenda a corto plazo es fortalecer la participación de la Plataforma en el Comité de Seguimiento al PEM, fortalecer las acciones de capacitación para la implementación descentralizada al PEM , exigir a nivel local y nacional el presupuesto para personas afectadas y socializar los acuerdos con las bases en territorio.

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Fuente: Nota de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas

Las instituciones miembros del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Red Muqui, ante los diferentes hechos que atentan la integridad física y emocional de la monitora ambiental Jovita Dilas Cabrera, expresamos que:

– En el distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, la empresa minera Colpayoc S.A.C., está llevando a cabo actividades de exploración. El 28 de marzo de este año, se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y comuneras y los operadores de la empresa minera, ya que las comunidades cercanas afirman que no fueron consultadas ni se les pidió su opinión sobre las 18 plataformas de exploración. La empresa señaló que coordinó con miembros de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, mas no con las comunidades aledañas, vulnerando así el Convenio 169 de la OIT.

– La defensora y monitora ambiental Jovita Dilas, miembro del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, ha venido alertando durante varios años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino. Estas fuentes de agua son especialmente significativas en un contexto de escasez hídrica y cambio climático, teniendo en cuenta que, según las Naciones Unidas, al 2040, Perú enfrentará mayor escasez de agua dulce.

Ante ello, manifestamos:

– Nuestra solidaridad con las comunidades y con la monitora ambiental Jovita Dilas, por las agresiones que vienen recibiendo por parte de la empresa minera y solicitamos la investigación por parte de las autoridades, y la respectiva sanción a los responsables que atentan con la integridad física y emocional de las comuneras y comuneros.

– Respaldamos las demandas de las comunidades y planteamos la inmediata instalación de un espacio de diálogo que dé lugar a acciones concretas. Esto debe realizarse en pleno respeto a los derechos humanos y ambientales, asegurando que la consulta previa sea vinculante en la toma de decisiones, y no simplemente un formalismo.

– Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que proporcione medidas de protección y apoyo a la defensora ambiental conforme al Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Frente a la crisis política, ambiental y de derechos humanos que vivimos en el Perú es clave fortalecer la articulación y proponer nuevas estrategias comunicacionales y de incidencia política en la Red Muqui, por lo cual, el 4 y 5 de abril, se realizó el II Encuentro Nacional de Comunicadores/as en la ciudad de Lima.

En este espacio participaron comunicadores y también profesionales que apoyan con labores comunicativas en las instituciones asociadas a la Red Muqui que tienen ámbito de trabajo en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lima, Junín, Ayacucho, Pasco, Apurímac, Puno y Cusco.

El primer día del encuentro fue un espacio de debate y reflexión de la coyuntura política y el rol de los medios de comunicación ante la captura de las instituciones, la democracia, la justicia y la imposición de proyectos extractivos mineros, así como la lucha contra la minería ilegal.

Además, colectivamente se hizo un balance y evaluación del trabajo comunicativo de los comunicadores/as a nivel macrorregional y nacional. Luego, se dictó un taller en herramientas prácticas de la inteligencia artificial para la comunicación social.

En tanto, para el segundo día se analizó el contenido de una propuesta de campaña. Por la tarde, se discutieron estrategias comunicacionales y tareas a corto, mediano y largo plazo, las cuales se concretaron en una serie de acuerdos para visibilizar los impactos del extractivismo minero, la lucha y la resistencia de las comunidades y organizaciones sociales desde la comunicación política.

Finalmente, compartimos el pronunciamiento del Grupo de Comunicadores/as de la Red Muqui emitido el 5 de abril, a 32 años del autogolpe del dictador Alberto Fujimori. La historia del Perú es cíclica, pues hoy enfrentamos la dictadura de Dina Boluarte cuyo régimen arrebató la vida de 50 peruan@s provenientes de zonas andinas y rurales. El avasallamiento de los grupos de poder del Estado, sector empresarial y medios de comunicación alineados al gobierno ameritan nuevas respuestas por parte de la Red Muqui y sus comunicadores.