El país no solo atraviesa una larga crisis institucional, democrática y de derechos humanos, sino también en cuanto a la conflictividad social que, este 2023, alcanzó el pico más alto de los últimos siete años. Así lo revela el 33° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presentado la semana pasada por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.

Los casos superan los 220, en su mayoría (más del 60%) responden a la categoría de socioambiental. El 67% de los cuales están vinculados con la minería. Esta cifra muestra una constante que ya dura casi dos décadas.

“El incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macrorregión, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría (del Pueblo) que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.

En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos. Entre estos, Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, Huanta por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca en Ayacucho y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).

Además, el informe del OCM advierte sobre el incremento de la minería informal e ilegal en zonas de frontera. Hay indicios de actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que no solo se diversifican, sino que se complementan entre sí. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Este reporte también analiza la propuesta del Ejecutivo de destrabar proyectos mineros, que va de la mano del discurso y presiones del empresariado por lograr la reducción de los estándares ambientales y sociales. De igual manera, el documento aborda otros puntos, entre ellos la preocupación por la seguridad hídrica, expone casos emblemáticos de los conflictos sociales en las regiones y el inminente peligro de déficit hídrico.

¿Qué ocurre en el interior del país?

Sobre la conflictividad minera, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, expresó que, si bien la atención mediática se ha centrado en la crisis política y social, los conflictos ecoterritoriales en zonas mineras se han mantenido como una constante.

“Los reclamos en los territorios han sido más fuertes, pero invisibilizados por el gobierno y los medios (de comunicación). Particularmente, los conflictos se han agudizado en la minería informal e ilegal, llegando a picos de violencia incontrolables para los gobiernos regionales y el nacional”, culminó.

Tampoco las tendencias sociales y políticas para el próximo año son alentadoras, por lo que la conflictividad asociada a la minería seguiría en aumento.

Por: Vanessa Schaeffer, cooperante de la Red Muqui en Alemania

La semana pasada las instituciones legislativas de la Unión Europea (la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo) alcanzaron, finalmente, un acuerdo sobre los puntos críticos que faltaban para la aprobación de una Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad (la Directiva). Una vez ley constituirá un hito importante, pues prevé obligaciones específicas de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos dirigidas directamente a las empresas con sede y/o actividad en la Unión Europea.

La Directiva logra un acuerdo político por primera vez después de un largo proceso de más de 4 años de debate, con una participación intensa de representantes de los países europeos, de la sociedad civil y del sector empresarial. Se construye sobre procesos de aprobación y aplicación de normativas similares a nivel nacional, como las leyes de debida diligencia en Alemania y Francia. Después de este acuerdo, el texto final deberá ser elaborado por los equipos técnicos de las instituciones y debería ser aprobado el próximo año, a mediados de marzo.

Debida diligencia empresarial para Europa

La normativa europea prevé, en esencia, que sus empresas están obligadas a ser “diligentes”. Esto es, a analizar e identificar los riesgos, tanto para los derechos de las personas como para el ambiente, que se producen con sus operaciones a lo largo de la cadena de valor. Una vez identificados los riesgos en sus cadenas de suministro, las empresas deberán tomar acciones para reducir o eliminarlos, como, por ejemplo, ayudar a mejorar las condiciones o incluso, cortar relaciones con proveedores que puedan haber causado impactos negativos al ambiente o a los derechos humanos con sus operaciones. Se prevén penalidades para aquellas empresas que no cumplan con sus deberes de “diligencia”.

La Directiva se aplicará a grandes empresas ubicadas o con actividad en la Unión Europea. Por ejemplo, aquellas emplazadas en las cadenas de valor de los sectores textil, de la confección y el calzado, la agricultura (incluida la silvicultura y la pesca), la alimentación y el comercio de materias primas agrícolas, la extracción y el comercio de recursos minerales, entre otros.

Esta nueva normativa europea da un paso adelante, al incluir no solo la protección de derechos humanos sino también del ambiente en el ámbito de la debida diligencia empresarial. Además, incluirá mejores mecanismos de queja y acceso a la remediación para los afectados quienes, a través de las ONG o de sindicatos, tendrán hasta 5 años para presentar acciones en Europa contra impactos negativos ambientales y/o de derechos humanos producidos por las acciones empresariales. Las penalidades podrían alcanzar hasta 5% de sus ganancias. Durante estos procesos, la sociedad civil y los sindicatos tendrán acceso a información sobre las acciones de las empresas en cumplimiento de su deber de diligencia.

No obstante, como coinciden organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, la Directiva europea presenta todavía serias debilidades, entre las que resaltan la exclusión del sector financiero, la débil definición de impactos ambientales negativos, entre otras limitaciones que todavía hacen que esta herramienta no sea suficiente para lograr que las empresas respondan efectivamente por las consecuencias negativas de sus acciones en las personas y los territorios. Se espera que estas limitaciones puedan ser abordadas antes de la aprobación del texto final de la norma.

Debida diligencia europea en Perú

Una vez en vigencia, en Perú, la normativa europea de debida diligencia con sus avances y limitaciones se suma al conjunto de herramientas de derecho internacional y nacional para la defensa de derechos y del ambiente. Sin duda, la aprobación de este tipo de normas constituye un progreso para empujar a las empresas, con obligaciones legales reales más allá de los marcos voluntarios, a respetar derechos humanos y el territorio donde operan.

Más allá de esta consideración, esta norma europea constituye un adelanto hacia un cambio de paradigma: las empresas son directamente responsables por sus impactos en las personas y en los territorios y los marcos voluntarios no han funcionado. Se trata de una importante demanda de larga data proveniente de las comunidades y organizaciones en los territorios. La norma europea es así un reconocimiento a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por la defensa de sus derechos y que durante años han exigido a las empresas que pongan a la vida, la salud y a los territorios primero, antes que a las ganancias.

El 12 de diciembre pasado ha concluido la denominada Conferencia de las Partes No. 28 o COP 28 de la Naciones Unidas, cumbre climática en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos(EAU) con un acuerdo que no incluye de manera explícita el abandono de los combustibles fósiles.

En cambio, en el documento los firmantes se comprometen a limitar el calentamiento global a 1,5°C y proponen para ello reducciones «profundas, rápidas y sostenidas» de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una rebaja del 43 por ciento para 2030 y del 60 por ciento para 2035 respecto a 2019 y llegar a cero emisiones al 2050. Para alcanzar esas metas se ha reiterado en el documento la necesidad de acelerar la transición energética hacia la producción y consumo de energías renovables.

La atención por el momento se centra en la guerra de palabras en torno a compromisos plasmados en el texto del documento final de la cumbre que en vez de hablar de terminar paulatinamente con el uso de combustibles fósiles plantea la transición para alejarse de la combustión de hidrocarburos, responsables principales del calentamiento global. Es decir lo que ha habido nuevamente es una escenificación de luchas de narrativas, sin que hasta la fecha los compromisos anteriores, ni siquiera el acuerdo de París en 2015, que propuso limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C hasta fines de siglo, hubiese significado algún cambio palpable en la situación de crisis climática que estamos experimentando.

Al contrario tras 27 cumbres mundiales sobre el clima de la ONU, los mandatarios y jefes de gobierno ahí presentes no han conseguido frenar el crecimiento mundial en el consumo de gas, carbón y petróleo y en las emisiones de gases de CO2, que, por el contrario, son ahora un 60 por ciento más altas que en 1992. Por ello no es de extrañar que este encuentro anual, transformado en una especie de ritual en torno al desastre climático global, se realiza al terminar el año más caluroso en la historia de los registros del clima de la Tierra; después de más de 7 años que fueron a su vez de los más calurosos en la historia de los registros del clima.

Las evidencias de que estamos viviendo en la era del colapso climático, son cada vez más notorias con la presencia de eventos climáticos nunca vistos en la historia. A inicios de año el país sufrió las consecuencias de Yaku, el primer ciclón registrado en esta zona del Pacífico en 40 años, seguido del inusual calentamiento de las aguas oceánicas frente a las costas de Perú, que en parte se debe al Fenómeno Climático del Niño, que en la era de la crisis climática se repetirá con cada vez mayor frecuencia. En otras partes del Pacífico han ocurrido fenómenos aún peores como el huracán Otis de Acapulco, que arrasó al tocar tierra con máxima potencia todo lo que encontró a su paso o el megaincendio en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, la catástrofe ambiental más letal en Estados Unidos en los últimos 100 años.

El rol asignado a los países del sur global en la llamada transición energética

Para evitar los peores escenarios de la catástrofe climática, los países del norte industrializado están proponiendo, tanto en esta cumbre como desde hace algunos años, la transición energética para terminar con el uso de combustibles fósiles a través de la instalación de infraestructura de generación de energías renovables y su almacenamiento posterior.

El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, mediante este proceso, sería necesario en los próximos 30 años extraer otras 3000 millones de toneladas de recursos estratégicos, como cobre, litio, cobalto, níquel, grafito o tierra raras, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial de estos minerales. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción presente.

Nueva transición y viejos colonaliasmos

Existen cada vez más ejemplos que muestran cómo en esta denominada transición hacia las energías renovables persisten formas de colonialismo, concretamente un colonialismo energético o verde que cristaliza, entre otras cosas, en forma de «acaparamiento verde».
Término que describe el proceso de apropiación de tierras que tiene lugar en el marco de una agenda supuestamente verde, es decir: la apropiación de tierras y recursos con fines supuestamente ecológicos.

En la división mundial del trabajo que estructura nuestra realidad, la mayoría de las economías de la periferia o del Sur global son proveedores de recursos baratos y sirven como reserva de mano disponible, por un lado, y como mercado de exportación para las economías industrializadas, por otro.

La actual transición desigual hacia las energías renovables, que se limita principalmente al Norte global, insiste en esa repartición desigual, pues se basa en la extracción continua de materias primas estratégicas como cobre, níquel, cobalto, litio o tierras raras para la producción de células solares, turbinas eólicas, palas de rotor y baterías eléctricas.

El sistema propuesto ahora es básicamente el mismo que antes, sólo cambian las fuentes de energía. En lugar de combustibles fósiles, ahora se utilizarán energías «verdes», pero se mantendrán los modelos globales de producción y consumo basados en disponibilidad de abundantes fuentes de energía.

Las superficialmente buenas intenciones que preceden a estos proyectos de energía renovable a gran escala en última instancia ocultan las brutales formas de explotación y despojo con las que se están impulsando. Estamos ante un esquema colonial familiar: Los recursos baratos (incluida la energía verde) fluyen sin obstáculos desde el Sur global hacia el Norte rico, mientras que la Fortaleza Europa levanta muros y vallas para impedir que la gente, obligada a refugiarse de los estragos del saqueo causado en sus países, llegue a sus costas.

El no tan inocuo hidrógeno verde:

Uno de los ejes centrales de esta estrategia de transición energética gira en torno al hidrógeno. Se trata del elemento químico más abundante en nuestro planeta y en el universo, pero en su estado elemental muy escaso, ya que generalmente se presenta en su forma molecular H 2, un gas extremadamente ligero, volátil y altamente combustible, producido industrialmente a partir de hidrocarburos como, por ejemplo, el metano.

Desde hace décadas es un importante vector energético, es decir una sustancia que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se distingue de fuentes primarias de energía como los hidrocarburos en que, a diferencia de éstas, se trata de un producto manufacturado, en el que previamente se ha invertido una cantidad de energía mayor para su elaboración. Ya que es el elemento principal del agua, se puede obtener a partir de ella.

De hecho, sus impulsores lo venden como la alternativa limpia, competitiva y sustentable a los hidrocarburos, pues no genera CO 2, uno de los gases de efecto invernadero, cuando es producido mediante electrólisis, proceso que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, utilizando energía eléctrica de una fuente renovable.
Al hidrógeno producido de esta forma se le ha dado el calificativo de verde, y se ha transformado en uno de los bienes energéticos cuya producción se desea expandir para satisfacer la demanda de energía del norte y a la vez descarbonizar sus economías.
Ejemplo de ello es el Pacto Verde Europeo (EGD), con el que la Unión Europea ha formulado una ambiciosa estrategia que prevé una transición al hidrógeno verde para 2050. Entre otros objetivos la Comisión Europea estima cuadruplicar sus importaciones de hidrógeno, de las actuales cinco millones de toneladas a 20 millones en 2030. La mitad se importará del norte de África, pero también se habla de países como Namibia, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chile, Arabia Saudí, etc.

Una tajada de la torta para el Perú

En Perú se ha formado una poderosa alianza entre empresas generadoras de energía e instituciones del Estado que han visto una oportunidad de negocios y han identificado zonas (valles) de Moquegua y de Puno como lugares ideales para la producción de hidrógeno verde, por la potente irradiación solar y la aparente disponibilidad de agua. Por el momento son planes aún en fase de estudio, pero que generan expectativas de lucrativos negocios y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha extendido la duración de un grupo de trabajo creado para promover el desarrollo de proyectos del vector energético referido. En tanto, avanza una legislación que crearía una ley de promoción del hidrógeno verde para lo cual la Comisión de Energía y Minas del Congreso recomendó recientemente sustituir tres proyectos legislativos por una sola iniciativa que abarque su investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, venta y exportación.

Los costos escondidos de su producción

En un reciente artículo el investigador y activista argelino Hamza Hamouchene expresó que para la producción de esta fuente de energía «No sólo se explotarán de nuevo los ya escasos recursos hídricos, sino que los procesos de desalinización necesarios supondrán un riesgo de mayor contaminación ambiental. Así pues, este proyecto forma parte de una dinámica en la que el Sur global se está convirtiendo en un vertedero para el Norte global y tiene que soportar los costes medioambientales del consumismo y la prosperidad en otros lugares…».

De acuerdo a cálculos conservadores por cada kilo de cada kilo de hidrógeno se usan 10 litros de agua dulce. Es decir en casos de insuficiente disponibilidad de ese recurso se deberá aplicar primero la desalinización de agua de mar. Sin embargo, no es suficiente que sea agua dulce, ya que también debe ser desmineralizada, proceso que a su vez requiere de energía.

Por eso y de forma crítica, Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), advierte, en una reciente entrevista en Radio Universidad de Chile, de la paradoja que significa producir energía a partir de fuentes renovables y luego inyectar esa energía en un proceso electroquímico para obtener este vector energético que luego se traslada a otros parajes del mundo donde se ha determinado que este elemento sea uno de los ejes centrales de la transición energética y evitar la catástrofe climática.

El caso de Chile

Un ejemplo muy cercano de inversión en este tipo de proyectos se encuentra precisamente en Chile, donde la estrategia de hidrógeno se declaró a fines del 2020 por el gobierno de Piñera que ha tenido continuidad por el actual gobierno de Boric. Se trata de un plan de hidrógeno verde que afecta al conjunto del territorio, ya que los elementos más importantes son la disponibilidad de agua y la instalación de plantas de generación de energía renovable.

Por eso Lucio Cuenca plantea en la misma reflexión el problema de expandir la generación de energía eléctrica para producir hidrógeno verde, pero no para el recambio de la matriz energética en el propio país y prescindir de tal manera del uso de carbón para las termoeléctricas o diesel para los camiones, ya que la “la prioridad del hidrógeno verde lamentablemente está puesta en la exportación y Chile no va a tener hidrógeno verde, porque es muy caro y responde más bien a una estrategia global, que están empujando las grandes trasnacionales”. Por lo tanto cuando se habla de hidrógeno verde “se está hablando de miles de hectáreas para el uso de energía eólica y fotovoltaica, …. una presión muy grande a todos los sistemas hídricos”. Presión que profundiza aún más la actual crisis hídrica que está viviendo Chile hace años con más de la mitad de los comunas (distritos) del país declaradas con escasez hídrica, con muchos ríos desaparecidos y con recurrentes megaincendios forestales que han arrasado los ya de por sí desecados territorios del centro del país.

La ocupación de territorio a gran escala se explica por la necesidad de producir energía a costos competitivos a nivel global a partir de proyectos eólicos o fotovoltaicos que obligadamente deben ser de grandes dimensiones. Sólo así se logra obtener hidrógeno verde a precios que en Chile se proyectan a 1,5 a 2 US$ por kilo y que entonces lograrían competir por su bajo precio en los mercados internacionales. Esto explica que en el país vecino la generación de energía renovable alcance los porcentajes más altos de América Latina e incluso tenga un excedente de producción de electricidad, algo creado en función de la estrategia del hidrógeno verde.

Otro impacto invisibilizado pero a la vista de quienes padecen su vecindad tiene que ver con las estructuras gigantescas como las turbinas eólicas que se están instalando cerca de las casas de la gente, infraestructura que modifica las condiciones de vida de estos territorios.

Evitar experiencias fallidas

En Chile no se le ha consultado a la gente sobre la estrategia de hidrógeno verde que involucra a todo el país y sin que se hubiese implementado una evaluación ambiental estratégica. Una evaluación que estudiase este plan a partir de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, de planes de desarrollo de las regiones, de la comuna (distrito), de las áreas protegidas y de los pueblos indígenas. Es decir, se está impulsando una estrategia sin medir previamente los reales impactos y cómo se inserta en cada uno de los territorios donde ya están presentes previos conflictos ambientales, como aquellos originados por la falta de agua.

Con la experiencia de la expansión minera en Perú, donde las concesiones muchas veces se superponen a los territorios de las comunidades sin respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la población debe estar alerta y entender que la transición energética promovida en el norte global no responde a una aparente toma de conciencia por las múltiples emergencias civilizatorias y las necesidades de la gente, sino más bien es una nueva vuelta de tuerca para exprimir recursos baratos del sur para goce de una minoría que sigue consumiendo el planeta dejando detrás una huella de territorios devastados.

La Red EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP) mostramos nuestra preocupación ante la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, el que, con fecha 4 de diciembre de 2023, ha otorgado la libertad al expresidente Alberto Fujimori.

Instamos a las autoridades europeas a pronunciarse públicamente a través del Alto Representante para la Política Exterior expresando su preocupación y haciendo un llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.

Como se sabe, en 2009, Fujimori fue condenado por la Corte Suprema peruana a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, delitos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.

La actual decisión del Tribunal Constitucional contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha requerido al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden. Este requerimiento ha sido respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Türk, quien ha insistido en la rendición de cuentas y en el necesario respeto al derecho internacional. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional en nombre de la sociedad civil peruana. Pese a que el Estado Peruano ha reconocido soberanamente y aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, el día 06 de diciembre, en contravención directa a sus obligaciones, Alberto Fujimori fue puesto en libertad.

La liberación de Fujimori es sólo uno más de los muchos signos del declive democrático que está sufriendo Perú y viene a socavar la larga lucha contra la impunidad y por la reconstrucción del Estado de derecho tras la dictadura instalada por Fujimori.

En atención a lo anterior,
• Nos unimos al llamado urgente de la comunidad nacional e internacional a defender la democracia y los derechos humanos en Perú.
• Solicitamos a las autoridades europeas a públicamente hacer una llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y la reparación de las víctimas y de sus familiares.
• En seguimiento de las protestas del 7, 8 y 9 de diciembre, las autoridades europeas deben recordar la necesidad el legítimo derecho a la protesta de la población e instar al gobierno y las fuerzas armadas respeten los derechos fundamentales de las personas manifestantes.
• Instamos a la autoridades europeas a monitorear la situación y a solicitar una rendición de cuentas al Estado Peruano, en particular en el Marco del Diálogo de Derechos Humanos UE-Perú que tendrá lugar el primer semestre de 2024, y de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú.

1 La PEP es una red que agrupa 15 organizaciones de derechos humanos europeas que velan por la protección de los derechos en el Perú: Perú Support Group (United Kingdom), 11.11.11 (Belgium), Commission Justice et Paix (Belgium), Entraide et Fraternité (Belgium), CATAPA (Belgium), Broederlijk Delen (Belgium), FOS (Belgium), Informationsstelle Perú (Germany), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Germany), Campaña Perú País Minero (Germany), Secours Catholique (France), Perú Kommitten for MR (Sweden), Entrepueblos (Spain), Asociación pro Derechos Humanos de España (Spain), ASTM (Luxembourg).

Este 7 de diciembre se cumple un año del intento de golpe del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia por parte del Congreso de la República. A partir de esta fecha asumió la presidencia del Perú Dina Boluarte, que inmediatamente estableció una alianza con los grupos más conservadores, mafiosos y perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, incluido el Congreso, abandonando rápidamente la agenda reivindicativa derechos en favor de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país con la que fue elegida en la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales. A partir de aquel 7 de diciembre, luego de la destitución de Castillo, se desató una gran movilización popular de corte popular, campesina e indígena que remeció el país.

La movilización comenzó en las entrañas del surandino peruano, específicamente en Andahuaylas – Apurímac, extendiéndose rápidamente a Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica. Las organizaciones sociales y poblaciones de marcada composición campesina e indígena, comenzaron a desconocer el gobierno de Dina Boluarte y a exigir el cierre del Congreso. El Barrio Chino en Ica, una de las zonas donde se aplica el régimen laboral más explotador desarrolló bloqueos de carreteras, en el distrito arequipeño de Chala las movilizaciones convocaron a una mayoría de población de procedencia indígena y campesina que tuvieron que migrar a la costa en busca de trabajo.

En Andahuaylas – Apurímac las mujeres indígenas fueron de las primeras en levantarse y a organizar las ollas comunes para sostener la protesta popular. Comunidades, organizaciones barriales, mercados y frentes de defensa sostuvieron esta revuelta que rápidamente se extendió al Sur Andino. Las comunidades campesinas se movilizaron masivamente hacia las capitales de sus regiones, y para enero del 2023 se retomaron las protestas. Las comunidades incluso decidieron movilizarse hasta Lima, la capital del país, para hacer sentir su voz de protesta. Las demandas principales de estas movilizaciones giraron en torno a la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, entre otras consignas.

Así también desde el inicio, la represión policial y militar con la que respondió el gobierno fue brutal y sanguinaria. La CIDH ha reconocido que se cometieron masacres, por la masividad del ataque y el uso indiscriminado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de DDDHH, hasta la fecha se registran 49 personas asesinadas y un centenar de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza estatal. A casi un año de los hechos, no existe ningún policía o militar sancionado por estos hechos. Pese a que el Estado desarrolló una política de persecución y detenciones arbitrarias, que incluyó el apresamiento de jóvenes campesinos por protestar en Cuyo Grande en Cusco o de trabajadores agrarios en Ica. Las vulneraciones y vejámenes de la población indígena movilizada fueron reiteradas, y en ella se reflejó el racismo y la indiferencia que le despensa la sociedad mayoritaria en las capitales de las regiones a los habitantes originarios provenientes de las comunidades.

A un año de estos hechos históricos y dolorosos para el pueblo, la situación política y económica empeora cada vez más. Especialmente el Congreso de la República ha consolidado su poder, junto a aliados como Patricia Benavides, que a pesar de las evidencias de corrupción solo ha sido suspendida del Ministerio Público. Los sectores autoritarios y el fujimorismo han logrado uno de sus principales objetivos: la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, una acción facilitada por Dina Boluarte que sigue siendo útil a los intereses de las mafias y los grandes grupos económicos como ha quedado evidenciado en estos días.

Por su parte los gremios mineros, preocupados por garantizar sus inversiones han pedido que la crisis institucional no les perjudique. En consonancia Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola ya han anunciado el reimpulso de proyectos mineros, a pesar de que estos causarán aún mayor rechazo y conflictos sociales, tal como ha ocurrido con proyectos similares en las últimas décadas. En medio de esta grave crisis, el empresariado minero se sigue fortaleciendo y tantea el terreno para garantizar sus proyectos. Por ello han propuesto realizar una serie de reformas para garantizar sus inversiones a costa de la institucionalidad ambiental y en desmedro de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Sin duda, la reacción de las organizaciones impactadas por la minería no se va a hacer esperar, en las últimas semanas ya se han desarrollado masivas movilizaciones campesinas en defensa del agua como en Candarave- Tacna y en Lambayeque.

En síntesis, a un año del régimen de Boluarte y su alianza autoritaria es preciso manifestar que las agendas que propiciaron las masivas movilizaciones siguen más vigentes que nunca, y no se ha parado la descomposición institucional del Estado en todos sus ámbitos, ni se ha puesto freno a la impunidad policial y ni a la criminalización a los manifestantes, la corrupción y el blindaje de altas autoridades estatales. También sigue campando el racismo y la discriminación hacia las comunidades y los pueblos indígenas movilizados. Por otra parte, es evidente la complicidad de los empresarios y gremios mineros para aprovechar la crisis para expandir sus negocios, con lo que se arriesga la reactivación de los conflictos sociales en los territorios por tantas demandas insatisfechas. Por todo lo anterior y frente al deterioro de la democracia y por el respeto a los DDHH en nuestro país es tiempo de organizarnos y movilizarnos por un nuevo pacto social.

Delegación de 10 representantes del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto a otras 35 organizaciones latinoamericanas, presentaron en la sede de la ONU en Ginebra, el informe: Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina. Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

En el marco del 4.º Examen Periódico Universal (EPU) de China, el informe desarrolla una exhaustiva investigación que evidencia el incumplimiento de pactos y convenios internacionales de derechos humanos y ambientales en 28 proyectos en los sectores de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energía.

Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del CICDHA, intervino en la pre-sesión del EPU de China en la sede de la ONU en Ginebra el 29 de noviembre y destacó que “no es la primera vez que el CICDHA, canaliza estas preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante, pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del EPU y varios Procedimientos Especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavía son insuficientes e inefectivas”.

Entre los hallazgos expuestos por el CICDHA, al menos en 20 casos se reportan abusos sobre derechos de pueblos indígenas y 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).

De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), “el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina, particularmente, en casos donde no han logrado el consentimiento previo, libre e informado, como es el Proyecto minero San Carlos Panantza, en la Amazonía ecuatoriana”.

Es alarmante que todos los proyectos presentados en el informe evidencian afectaciones al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y 21 de ellos se encuentran en ecosistemas frágiles y estratégicos frente al cambio climático, como lo son la Amazonía y los Glaciares.

El secretario técnico del CICDHA, Marco Gandarillas, afirmó que las organizaciones instan a los gobiernos latinoamericanos a adherirse a la Resolución 76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal, y a apoyar un multilateralismo ambiental más efectivo en el seno de las Naciones Unidas.

Además, el informe señala que la falta de mecanismos de supervisión ambiental y social de las entidades nacionales y chinas agrava los impactos negativos de las inversiones chinas en la región. Los casos muestran que la contaminación y degradación ambiental comprometen los medios de vida de las comunidades afectadas, el derecho a la salud y la soberanía alimentaria.

Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui de Perú, ratificó que “ante la falta de transparencia y responsabilidad de las empresas chinas en cuanto a la información que ofrecen al público sobre sus proyectos, las organizaciones solicitan a los bancos y empresas chinas mejorar la cantidad y calidad de la información publican”.

Entre las principales recomendaciones presentadas por el CICDHA en su informe está que las empresas chinas involucradas en los 28 proyectos reportados implementen medidas urgentes de reparación y remediación integral de los impactos negativos infligidos a las comunidades afectadas e incorporen mecanismos de control para asegurar que tales impactos no se repitan, siguiendo los más altos estándares internacionales. Asimismo, el CICDHA demanda que las embajadas chinas se constituyan en canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil de los países y las entidades chinas con el fin de que faciliten un diálogo oportuno sobre los conflictos ambientales y sociales que se generan en torno a los proyectos y se prevenga el escalamiento de los mismos.

Contacto prensa: Elsa Bejarano – [email protected] /593- 995392344

Conmoción ha generado el asesinato de diez trabajadores y vigilantes de la mina de oro Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, a manos de presuntos mineros ilegales e integrantes de organizaciones criminales activos en la zona. Según el Ministerio del Interior y la Prefectura de Pataz, los atacantes, que ingresaron el sábado en la madrugada al interior de las instalaciones, habrían arrojado explosivos contra empleados de seguridad y dejaron como saldo al menos otros 15 trabajadores heridos.

El diario La República informa que el trasfondo de esta matanza es la disputa entre diversas bandas criminales en asociación con mineros ilegales, que al menos desde hace cinco años se han hecho fuertes en el distrito e intentan tomar el control de estos altamente rentables yacimientos de oro.

Desde entonces, las operaciones de la Poderosa y de los mineros artesanales formales en el distrito de Pataz son afectadas permanentemente por estas bandas criminales que invaden con violencia extrema las labores extractivas.

La empresa Poderosa ya había denunciado a mediados de este año el asesinato de otros siete trabajadores y denunció en un comunicado que “Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que operan con absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)”.

Por su parte, el Ministerio del Interior señaló que envió efectivos policiales de las fuerzas especiales para intensificar las operaciones en Pataz con el personal PNP de la región y capturar a los responsables de esta matanza.

La presidenta de facto Dina Boluarte reaccionó con la lamentable expresión que como consecuencia de este hecho se debía acelerar la formalización de la minería ilegal, cuando la legislación presente busca formalizar aquella actividad ejercida por actores artesanales e informales, que, sin embargo, no forman parte del circuito ilegal de la minería. Está demás decir que la problemática de la minería ilegal e informal en el Perú es cada vez más violenta y compleja y que ha empezado a expandirse en territorios donde antes no existía esta actividad, debido al alto precio de los minerales como el cobre, el oro y la plata. Lamentablemente, el Estado peruano no tiene ningún plan integral o una línea clara de abordaje para esta problemática en el país.

De otro lado, los gremios mineros han aprovechado este sangriento suceso para exigir mano dura al Ejecutivo y lamentar el perjuicio que generan estas noticias para potenciales inversiones de capital en futuros proyectos extractivos.

Desde Red Muqui expresamos nuestra solidaridad y condolencias con las víctimas y sus familiares y exigimos, tanto del gobierno como del Legislativo, reforzar las alternativas económicas que hay en el país y el potencial agrícola, ganadero y de turismo sustentable para reducir la expansión minera, además de revisar los mecanismos de formalización de actividades extractivas en el Perú, como el REINFO y cuyos resultados tras más de veinte años de implementados no resultan eficaces ni alentadores.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, junto con sus abogados y representantes de organizaciones sociales de Puno, brindó hoy una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte.

Recordemos que se ha denunciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a sus asesores cercanos por, supuestamente, integrar una organización criminal, la cual tendría un alto grado de influencia en decisiones clave del Congreso de la República, como negociar la designación del Defensor del Pueblo, la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según la tesis fiscal. Por esa razón, en la conferencia, los representantes de la asociación exigieron la renuncia inmediata de la fiscal Benavides.

Foto tomada por DHUMA

Uno de los voceros de la asociación y hermano de víctima de las represiones en Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló que “no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en las protestas contra el actual gobierno de Dina Boluarte”. Asimismo, denunció que los delitos de colusión entre poderes obstaculizan la justicia y vulnera la memoria de los asesinados en protestas sociales.

Como se mencionó anteriormente, los representantes de la asociación fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos que exigieron también la salida de la fiscal de la Nación y analizaron cómo estos actos de corrupción pueden afectar las investigaciones señaladas y la justicia en el país.

El representante de la organización FEDERH-Puno, Edwin Poiré declaró que en el Perú “estamos viviendo días terribles por el enfrentamiento entre la Presidencia y la fiscal, Patricia Benavides. “¿Quién sabe qué otros poderes ocultos se mueven en esas instancias para obstaculizar la justicia?”.

Por su parte, José Bayardo, el abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), hizo alusión a que a casi un año de las represiones en las protestas contra el actual gobierno de Boluarte, las investigaciones no avanzan y los familiares no encuentran justicia. “La fiscal Patricia Benavides, en todo este tiempo más bien ha obstruido las investigaciones y no ha habido ningún avance en estas. Recién cuando se sienten contra la pared, cuando la justicia está detrás de ellos actúan”.

Finalmente, la doctora Miriam Escalante, representante de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), declaró que “las familias de las víctimas no pueden estar a merced de las disputas de poder que estamos presenciando entre parte de la Fiscalía, la Presidencia y el Congreso, han pasado once meses y aún no hay ningún detenido pese a las pruebas contundentes”.

Al culminar, los integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno pidieron a la ciudadanía estar alerta de las denuncias que se vienen suscitando en el cruce de poderes, de manera que no se siga vulnerando la justicia y la democracia en el Perú, así como tampoco la memoria de los asesinados y víctimas de las protestas sociales.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones, instituciones y organismos nacionales se han pronunciado sobre las denuncias que involucran a la fiscal Benavides, a quien le exigen su retiro del cargo y se investiguen los hechos.

Por su parte, la Red Muqui y las organizaciones sociales que la conforman, también han elaborado el siguiente pronunciamiento:

Por este medio también compartimos el pronunciamiento elaborado por el Colectivo de Abogados del Sur Andino, del cual forma parte Red Muqui, y en el que se exige la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la renuncia del defensor del Pueblo, y se respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual destapó los hechos de corrupción.

Por: Yulissa Casana y Beatriz Cortez – Red Muqui

Las voces de las mujeres populares y rurales resuenan cada vez más fuerte en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Denuncian que ahora no solo se enfrentan a un sistema machista que reproduce y naturaliza la violencia simbólica y estructural, también contra un gobierno ilegítimo y racista que justifica las graves violaciones de los derechos humanos. Así lo han manifestado meses antes, por ejemplo, en las asambleas populares, en pronunciamientos, en las movilizaciones de distintas regiones, en el último encuentro feminista y ahora en la convocatoria a la movilización por el 25 de noviembre.

La violencia y represión estatal es perpetrada por Dina Boluarte y sus aliados, la primera mujer en asumir la Presidencia del Perú, quien no nos representa, por el contrario, es una amenaza regresiva en cuanto a los derechos conquistados en intensas batallas políticas y sociales reivindicativas. Ahora en alianza con el Congreso de la República allanan el camino hacia el recorte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como en retrocesos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al abordaje de la violencia de género.

Esta democracia ya no es democracia, ha sido una de las principales consignas y cantos de las organizaciones populares este año. Esto expresa la lucha de los pueblos marginados históricamente, en su mayoría mujeres, por una verdadera representación y participación política. La violencia y discriminación, además, las afecta de manera distinta y/o en un grado diferente por su condición de género, clase, etnia, entre otros factores interseccionales. El extractivismo minero, que atraviesa sus cuerpos y sus territorios, también ha ganado terreno, sobre todo ahora que vivimos en un régimen autoritario.

Dina Boluarte y Alberto Otárola han anunciado más expansión minera a costa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos, sin importar los graves costos que nos trae este modelo minero sin límites. En 2020, el Ministerio de Salud reconoció que hay más de 10 millones de personas expuestas a contaminación por metales tóxicos, de las cuales la mayoría son niños y niñas. De ahí que las madres campesinas y de las poblaciones afectadas estén en la primera línea de la defensa del agua frente a la contaminación y el despojo territorial minero.

Este 25 de noviembre recordamos el brutal asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que dio origen de este día conmemorativo.

Hoy, más que nunca, urge recuperar el sentido político de nuestra lucha, porque las mujeres del mundo y de Latinoamérica nos seguimos enfrentando a la violencia política y la violencia feminicida. Por ello, es importante reflexionar, debatir y replantear acciones organizadas que ayuden a debilitar y derribar a estos sistemas hegemónicos que en forma conjunta oprimen a las mujeres y les arranca la vida (110 feminicidios en lo que va de 2023).

Con más de 60 muertos producto de la represión policial durante las protestas sociales registradas a fines de 2022 y a inicios de 2023, y a casi 1 año de los crímenes de Dina Boluarte, las acciones colectivas por justicia y memoria son lideradas, de igual manera, por las mujeres y diversidades que resisten y aspiran a tener una Nueva Constitución, y así cambiar la historia de un país capturado por las élites de poder económico, las cuales no han logrado quitarnos el miedo ni la esperanza de un Perú con justicia y dignidad.