El día de hoy a las 11am se reinició la Mesa de Diálogo del pueblo de Livitaca representado a través de sus dirigentes y alcaldes con representantes del Ministerio de Energía y Minas, PCM, y la empresa minera Hudbay. Sin embargo, la mesa de diálogo virtual fue suspendida debido a la pésima conectividad a internet que hay en Livitaca. Asimismo, en la asamblea del martes 2 de marzo, el pueblo decidió que la Mesa de Diálogo se lleve de manera presencial.

Los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Livitaca (FUDIL), presidentes comunales de las comunidades campesinas, representantes de rondas campesinas y organización de mujeres y jóvenes de Livitaca, el alcalde distrital y los alcaldes de los centros poblados exigen que para la reunión del 12 de marzo estén presentes: el ministro de Energía y Minas como garante de la Mesa de Diálogo, la presidenta de la PCM, el gerente general de la empresa minera Hudbay, la Defensora del Pueblo del Cusco, un representante de la OEFA y SENACE, el Gobernador Regional y el presidente del Consejo Regional del GORE Cusco. Además exigen la presencia de los 5 congresistas del Cusco.

En el acta también se lee que como acto de buena fe, el representante de la empresa minera Hudbay desistirá de cualquier acción legal tras los sucesos acontecidos en la protesta del 27 de febrero pasado. Ese día la PNP señaló que hubo un intento de ingresar a la mina de parte de los protestantes. La represión policial dejó ese día seis campesinos con heridas en el cuerpo por perdigones y contusiones.

La población de Livitaca reclama tres puntos principales: la reformulación del Convenio Marco para que su aporte actual de 5 millones 500 mil soles por año pase a 250 millones; la inclusión de varias comunidades campesinas como zona de influencia directa de la mina de Hudbay; y que el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA) inicie un proceso de fiscalización para determinar los efectos contaminantes de la actividad minera.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Inicia el mes de marzo y entramos a la fase final de las elecciones presidenciales y congresales, sin duda estas elecciones son atípicas debido a la pandemia y la imposibilidad de hacer eventos o mítines masivos como se hacían antes, y buena parte de los debates ahora se han trasladado al formato virtual de las redes sociales y a los medios televisivos, radiales y la prensa escrita; por tanto, en las próximas semanas tendremos una sobresaturación de contenidos y campañas en el mundo virtual. Sobre los temas y agendas de los debates, por ahora están centrados en la pandemia, la reactivación económica, la lucha contra la corrupción, entre otros. Los temas vinculados a la agenda de derechos, el medio ambiente, conflictos sociales y minería en el país no están siendo abordados por la mayoría de los candidatos, salvo algunos que tienen planteamientos más claros sobre estas agendas.

Mientras la campaña seguirá en los términos que estamos señalando; los conflictos sociales se mantienen activos, particularmente en el surandino peruano, en el denominado corredor minero. Esta semana hemos conocido del enfrentamiento producido en el campamento minero del proyecto Constancia de la minera canadiense HudBay en Chumbivicas, Cusco; y nuevamente la intervención policial violenta ha dejado como saldo más de siete heridos. El alcalde de Livitaca y sus dirigentes han señalado que “la protesta del fin de semana ocurrió porque no se estaba cumpliendo con el diálogo para discutir la reformulación del Convenio Marco, la inclusión de varias comunidades como zona de influencia directa y un proceso de fiscalización y monitoreo ambiental”. Los pobladores de Livitaca exigen un trato equitativo de la minera en relación con otros distritos de la provincia de Chumbivilcas. El día de hoy se ha suspendido la mesa de diálogo virtual porque la conectividad de internet no permitía el desarrollo de la reunión. Los dirigentes acordaron que la reunión se convoque para el 12 de marzo de manera presencial.

Esta semana también las familias de la antigua Morococha en Junín han realizado una conferencia de prensa en Huancayo para denunciar los abusos y el hostigamiento a los que están expuestos por la empresa minera Chinalco con su proyecto Toromocho, y han informado, además, que se ha presentado un Hábeas Corpus para proteger la vida y la integridad de estas familias, a quienes la empresa minera busca reasentarlos contra su voluntad. El caso de la antigua Morococha no es nuevo, ya que sus pobladores han venido denunciando constantemente los abusos de la minera Chinalco, pero hasta ahora nadie se atreve a tomar medidas, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el Ministerio del Ambiente, y tampoco las autoridades locales y regionales. Se sientes abandonados como ellos mismos lo han señalado.

Desde Red Muqui alertamos de la situación de estos casos y las afectaciones que vienen sufriendo las comunidades y poblaciones en zonas mineras, tanto en el caso de HudBay en Cusco como el de Morococha en Junín. El gobierno y las mineras deben privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos y dejar de lado el uso de la fuerza y la violencia para la resolución de los conflictos sociales. En tiempos de pandemia y elecciones estos temas también son importantes.

El día de hoy, 3 de marzo, las familias de Morococha representadas por el dirigente Elvis Atachahua y su abogado el Dr. Castro, señalaron que aún el Poder Judicial no responde al Hábeas Corpus que presentaron el 17 de noviembre del 2020 para que la empresa minera Chinalco desbloquee la única vía de acceso que tienen las 25 familias que aún viven en la antigua Morococha.

El dirigente Elvis Atachahua precisó que desde el 12 de septiembre tienen que ingresar y salir con dificultad de sus hogares porque la carretera está llena de montículos. Para el abogado Castro esto se trata de una situación de secuestro debido a que frente a cualquier urgencia debido a la pandemia no pueden salir con facilidad a buscar ni recibir ayuda.

“Esto sugiere una agresión no solamente al derecho constitucional instaurado en el artículo 2 inciso 11, sino además está atentando contra la propia salud y desenvolvimiento de estos pobladores”. Agrego que los hábeas corpus son recursos expeditivos, inmediatos, tutelares, que buscan la remediación pronta de este tipo de agresiones constitucionales. No obstante, hasta el momento no se tiene respuesta alguna. Ya pasó suficiente tiempo desde el 17 de noviembre en que fue presentado.

El dirigente Elvis Atachahua señaló que la empresa minera ha empezado a demoler algunas casas que se encuentran un poco lejos de sus viviendas en la antigua Morococha. “La violencia en Morococha es muy fuerte, no contamos con servicios básicos, no contamos con el agua. El 2 de octubre subimos a la minera para decirles que por favor desbloqueen la carretera porque es nuestro único camino, pero lamentablemente la empresa y la PNP arremetieron contra nosotros.  La fiscalía abrió una investigación a esos señores”.

Frente al reasentamiento de varias familias en el pasado, que finalmente fueron estafados al ir a un lugar inadecuado para vivir, señaló que hay dirigentes y líderes que han negociado en beneficio de ellos. “El grupo de nosotros todavía exigimos nuestro derecho al agua, a la luz, a la vía pública. No encontramos estos derechos ya que vivimos desatendidos de nuestras autoridades, tanto a nivel local, provincial y regional”.

Frente a ello, el abogado Castro informó que hay pobladores de Morococha que están tomando una iniciativa de implementar otra estrategia para lograr el derecho a ser reasentados, debido a que la empresa minera Chinalco no cumple con una propuesta de reasentamiento digno para las familias de Morococha. “Los pobladores están empezando a exigir al Estado la aplicación de la ley de reasentamiento de zonas de riesgo no mitigable. Estando bajo su custodia hasta el momento el efectivo cumplimiento”.

Por otro lado, el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, señaló que es preocupante lo que viene pasando con los habitantes que no han sido reasentados.  El gobierno regional ha realizado inspecciones y fiscalización de acuerdo a las competencias y ha informado al Ministerio de Energía y Minas, debido a que ellos solo son ente rector para la mediana y pequeña minería. “El MINEM debe dar la solución efectiva, armar una mesa de diálogo para conversar directamente con Chinalco. Hemos elevado todos los informes para que puedan derivar a las autoridades competentes como el MINEM y también a otros organismos como la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Trabajo. Hemos realizado 3 visitas al lugar y presenciado las problemáticas que vienen pasando con el agua, la energía eléctrica, el cierre de ingresos a la antigua Morococha como también las labores que viene realizando Chinalco”

El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.
“Fuimos estafados y engañados. La minera vino con sus asesores y profesionales con un acta listo para que firmemos, donde se comprometían a hacer obras y proyectos al año, darnos trabajo, pero hoy día no se ve nada de eso. (..). La empresa señala a través de un comunicado que ha cumplido en un 88% sus compromisos y eso es falso”, declararon los dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa realizada en Lima el día de ayer 25 de febrero. La delegación de comuneros de Bambamarca llegó el miércoles 24 de febrero a Lima.

Empresa minera responde

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera respondió el 19 de febrero a través de un comunicado, que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida a un proceso judicial y el “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. Agregan que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. “La venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca”.

Llegada a Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden y matones de la empresa minera – así lo denuncian los comuneros de Pumamarca-, una delegación de la comunidad arribó el miércoles 24 a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República y posteriormente al Ejecutivo. En la PCM los recibió la Secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní, quien co-facilitó virtualmente la reunión con un representante del Ministerio de Energía y Minas. En la reunión, que duró 5 horas, estuvieron presentes vía teleconferencia los representantes del MINEM, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno Regional de Apurímac. En un comunicado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, precisan que «reiteran su compromiso de seguir contribuyendo al diálogo entre la comunidad, la
empresa y el Estado, y exhorta a la comunidad de Pumamarca a aprovechar los espacios de diálogo
digital dispuestos por el Gobierno (Resolución de Secretaria de Gestión Social y Diálogo 001/2021-
PCM/SGSD) para continuar trabajando conjuntamente en la solución pacífica de los problemas». Se tiene que precisar que esta última resolución 001/2021-PCM/SGSD virtualiza las mesas de diálogo y enfrenta graves problemas como el de la brecha intercultural, digital y territorial para que los representantes de las comunidades puedan participar democráticamente, respetando sus espacios de deliberación y decisión que se toman por asamblea.

Al día siguiente, el jueves 25, los dirigentes de la comunidad de Pumamarca exigieron a través de una conferencia de prensa que no hubo consulta previa a las comunidades campesinas al momento de la compra-venta. “Las empresas privadas no respetan las leyes, hacen lo que les parece”. Precisaron que luego de la compra-venta de sus terrenos ellos han firmado actas para que esos terrenos sean utilizados para el pastoreo y la agricultura. Y así lo han estado utilizando últimamente hasta que sufrieron el intento de desalojo el 20 de febrero.

Aludiendo a la reunión con el Ejecutivo señalaron: “Queremos que nos devuelvan nuestro terreno, queremos estar en paz. Que nos atiendan nuestras denuncias que hemos ingresado. Que no se pierdan en las oficinas del Estado”, finalizaron los dirigentes en la conferencia.

Actuar de minera Las Bambas en otras comunidades

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ”la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que llegó a Lima el miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT con la consulta previa a los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las mismas empresas transnacionales y Estados donde actúan estas empresas.

El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ” la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que ha llegado a Lima el día de ayer miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera ha respondido que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida aún proceso judicial y el  “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. En su comunicado, la empresa señala que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. Agregan que la venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca.

No son recibidos en Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden, una delegación de la comunidad de Pumamarca arribó el día de ayer a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República, pero no fueron recibidos por ningún congresista. Lo mismo sucedió con el Ejecutivo. Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, existen una serie de denuncias. Las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las empresas transnacionales.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Esta semana el gobierno de Sagasti ha anunciado el relajamiento de una serie de medidas para levantar la cuarentena, este anuncio ha sido cuestionado por varios sectores de la población, ya que, si bien han bajado el número de fallecidos y contagiados en las últimas semanas, esta no ha sido de forma sustancial. De otro lado, en las últimas semanas también hemos asistido a una serie de movilizaciones en varias ciudades y regiones del país, quienes reclaman la reapertura de los pequeños y medianos negocios, ya que millones de peruanos se han quedado sin trabajo, y hasta cierto punto estas demandas son más que compresibles. Pero también es cierto que el anuncio de la premier Violeta Bermúdez sobre el relajamiento de la cuarentena no es la mejor, ya que tampoco esta resuelto el tema del oxígeno, las camas UCIs e incluido la entrega de bonos. El mensaje sigue siendo sálvense como puedan.

A la par de esta situación, durante la semana los escándalos políticos sobre los #Vacunagates se han mantenido, pero además la crisis ha llegado al Ministerio Público, debido a que se ha revelado que dos fiscales que investigaban casos de corrupción se reunieron con el ex presidente Martín Vizcarra de manera informal y privada.La Fiscal de la Nación Zoraida Avalos ha tenido que apartar del caso a ambas fiscales, y como era de esperarse las mafias de la corrupción y de los cuellos blancos están aprovechando este escenario para golpear las investigaciones avanzadas sobre los casos de corrupción y han pedido la cabeza de la Fiscal de la Nación. Lamentablemente estos hechos lo único que hacen es acrecentar la crisis política, y evidenciar que las mafias de la corrupción no descansan.

Durante la semana también se han hecho público dos resoluciones que hay que mirar con atención, la primera es la aprobación de un protocolo para virtualizar las mesas de diálogo en el país. Si bien la medida puede tener buenas intenciones, en la práctica probablemente no funcione ya que la virtualidad no garantiza la participación de los actores afectados en los territorios. Así mismo, tenemos una brecha digital e intercultural muy grande en la zona rural del país, y es donde mayores conflictos sociales tenemos a la fecha y de modo particular en el sector minero. La otra resolución aprobada por la PCM y que nos parece positiva es la conformación de la mesa de diálogo con los afectados por metales tóxicos en la cuenca de Coata – Puno; esperamos que este espacio sirva para atender de manera integral las demandas de los pobladores de la cuenca del río Coata.

Finalmente, esta semana también hemos conocido de la subida del precio del cobre a un nivel histórico en el mercado mundial, llegando a más de 4 dólares la libra. La noticia en el Perú ha sido celebrada por los gremios mineros, quienes han señalado que los proyectos mineros paralizados como Tía María (Arequipa) deberían ser retomados. Desde Red Muqui observamos que la subida del cobre alienta a los gremios a retomar proyectos mineros cuestionados, que no cuentan con licencia social ni técnica; y en su defecto la insistencia de estos proyectos mineros va generar mayor presión y conflictividad en los territorios, y por ende mayor vulneración de los derechos humanos.

 

El pasado 19 de febrero del 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM emitió la resolución N° 002-2021-PCM/SGSD que llama a conformar la Mesa de Diálogo denominada: “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del Río Coata, a favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto”.

Recordemos que, el 28 septiembre del año pasado, el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, Félix Suasaca, hizo público los resultados de la muestra en orina de mercurio y arsénico que le hicieron a 55 personas en febrero del 2020, tras acceder al informe de la Dirección General de Salud Ambiental. Dentro de las 34 personas que dieron positivo a la presencia de arsénico y mercurio, 5 son niños. Estas personas, al igual que la población de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, usaban el agua de los pozos de sus distritos que tenían como Fuente hídrica a la Cuenca del Coata. Cuenca que desde el 2014 se alerta que está contaminada y fue confirmado años después por el Estado.

La Mesa de Diálogo a conformarse, de acuerdo a la resolución, tiene como objetivo “concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata”. Sus integrantes serían:  “un representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, quien lo presidirá; un representante por cada ministerio: Salud; Ambiente; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; Desarrollo Agrario y Riego; un representante del gobierno regional de Puno; un representante de las municipalidades provinciales de San Román y Puno y las municipalidades distritales de Capachica, Coata, Huata y Caracoto; y un/a representante de la sociedad civil de cada uno de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, así como del Frente de Defensa Unificado contra la contaminación de la cuenca del río Coata y Lago Titicaca”.

Esta resolución tiene como precedente las últimas protestas realizadas por los dirigentes y pobladores del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, quienes lograron que el pasado 15 de diciembre del 2020, se lleve a cabo en Puno la reunión de la Comisión de Alto Nivel de la Cuenca del Río Coata con la asistencia de ministros de Estado, el gobernador regional de Puno, alcaldes provinciales y distritales de dicha región y representantes de la sociedad civil. En dicha reunión se acordó la conformación de un grupo multisectorial para atender la problemática de la cuenca del río Coata, que recién en estos días estaría implementándose de acuerdo a esta resolución.

Las exigencias del Frente de Defensa de la Cuenca del Río Coata son:

  • Oficializar la Mesa Técnica de la Cuenca del Coata a través de un Decreto Supremo e instalar la Mesa Multisectorial de Salud sobre metales pesados en cuerpo humano y tamizaje al 100% de personas de los distritos de la cuenca del Coata.
  • Aprobación y ejecución de proyectos de centros de salud y equipamiento integral con laboratorios médicos, medicamentos y médicos especializados en metales pesados.
  • Ejecución de obras de saneamiento básico urbano y rural en los distritos afectados de la cuenca del Coata.
  • Inmediata ejecución del proyecto de cadena ganadera vacuno por parte del Ministerio de Agricultura, debido a que el ganado ha sido afectado por la contaminación.
  • Inmediata ejecución de proyectos de descontaminación, recuperación y remediación del río de la cuenca del Coata y lago Titicaca de las zonas afectadas.
  • Cierre y tapado del río Torococha y no más vertimiento de aguas residuales de SEDA Juliaca.
  • Cierre inmediato de las mineras que están operando en la cabecera de cuenca del Coata.
  • Indemnización por daños ambientales y reparación y ampliación de dotación del agua potable mediante cisternas a las poblaciones afectadas.

Para el dirigente Felix Suasaca, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, lo que se requiere es presupuesto para que se pueda implementar el Plan de Acción Integral de los diversos ministerios y gobiernos locales y regional para efectivizar los diversos proyectos en materia de salud, ambiente, agua y agricultura que ya están en curso para revertir los efectos negativos que ha generado la contaminación de la cuenca del río Coata.

En la resolución se señala que el plazo de instalación de la Mesa de Diálogo es de 20 días hábiles y la articulación de las acciones serán llevadas de manera presencial o virtual de acuerdo dependiendo del comportamiento de la pandemia del Covid-19 hasta el término de vigencia de la Mesa de Diálogo.

El 17 de febrero pasado a través de la resolución de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo N° 001-2021-PCM/SGSD se aprobó el Protocolo para desarrollar reuniones no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria nacional, considerando el informe N°D000010-2021-PCM-SSGC de la misma entidad. El protocolo aprobado establece las pautas para el desarrollo de las reuniones digitales-no presenciales de los espacios de diálogo a cargo del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 2 del Protocolo, dicha resolución es de cumplimiento obligatorio para el poder ejecutivo y los organismos públicos que lo conforman, a través de los órganos, unidades orgánicas y responsables de la gestión social o diálogo de la entidad. Además, se establece como instrumento orientador para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y demás entidades del Estado.

Se debe tener en cuenta que, como parte del protocolo, las condiciones operativas de las herramientas tecnológicas de información serán dispuestas por la Oficina de Tecnología e Información, o la que haga sus veces, de la entidad según corresponda. Así mismo, las reuniones deben ser convocadas como mínimo con 2 días de anticipación y estarán a cargo de la Oficina de Gestión Social y Diálogo o del sector que conduce el proceso de diálogo. De la misma forma, se realizará una reunión digital previa con las autoridades regionales/locales y dirigentes representativos para establecer:

– Designación del facilitador

– Pautas generales o reglas de la reunión

– Pautas de bioseguridad

– Agenda de la reunión

– Lista de oradores

– Modalidad de suscripción del acta

Finalmente, en el anexo del Protocolo se señala la posibilidad de llevar a cabo reuniones presenciales complementarias que podrían llevarse a cabo excepcionalmente para complementar las reuniones digitales siempre y cuando reúnan las condiciones requeridas de ventilación, espacio físico y otras que establezca el Ministerio de Salud o las Direcciones Regionales de Salud.

Vacíos del Protocolo

Este protocolo aprobado, sin la participación de los actores sociales a los que se pretende convocar a estas reuniones virtuales, tiene graves vacíos. En muchos de los lugares donde se han desarrollado y desarrollan las protestas de las comunidades en defensa de su territorio no hay internet ni herramientas adecuadas para la conectividad a las reuniones virtuales. De otro lado, está el idioma y la relación intercultural: ¿cómo participarán los pueblos indígenas?. Así mismo, los espacios de deliberación que necesitan las propias comunidades o poblaciones en medio de la reunión no están garantizados en el protocolo, debido a que habría una limitante de tiempo como se observa en el anexo del Protocolo: “Se podrán realizar cuartos intermedios acordados entre las partes por un tiempo prudencial, sobre todo para asegurar la ventilación periódica del lugar, en caso se trate de un grupo de personas ubicadas en un solo lugar”.

Entonces, no solo es la brecha digital, sino también la brecha cultural y las distancias territoriales que hay entre las propias comunidades que deberían acudir a un mismo espacio si es que quisieran conectarse para participar de las deliberaciones de la reunión a través de sus voceros.

Virtualizar los espacios de diálogo puede generar mayores problemas de los que ya se tenían en las mesas de diálogo presenciales, que ya eran cuestionados porque no eran desarrolladas en un ámbito democrático, sino para imponer la posición de la empresa minera y del Estado como promotor de la inversión minera.

El portal Valle de Tambo Noticias ha compartido una denuncia de vecinos del distrito de Matalaque, anexo de Huarina, que alertan que el día de ayer uno de los proyectos mineros de la empresa minera Aruntani que se ubica en Moquegua, ha contaminado el río Tambo con aguas ácidas producto de la explotación del oro. Este proyecto minero funciona desde el 2014 y tiene denuncias de contaminación en los pueblos de Pachas y Hurina de la provincia general Sánchez Cerro, señala el medio de comunicación.

Cabe recordar que la empresa minera Aruntani también tiene un proyecto minero en Puno que fue cerrado mediante decreto supremo por el gobierno del ex presidente Vizcarra, debido a la contaminación reiterativa confirmada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la protesta de las comunidades por la contaminación del río Llallimayo de la provincia de Ayaviri.

 

 

El 10 de febrero la ex ministra Mazetti anunció que nuestro país necesitaba 510 toneladas de oxígeno medicinal al día, y que actualmente se tenía un déficit de 110 toneladas diarias. Después de este anuncio, el gobierno anunció algunas medidas que no terminan de quedar claras para cubrir el total del déficit de oxígeno medicinal que requieren los hospitales y centros de salud, sin contar el oxígeno medicinal que necesitan miles de familias que intentan llenar sus balones día a día para atender a sus familiares que se encuentran tratándose en casa frente al colapso del sistema de salud.

Frente a este anuncio, el presidente de la República, Francisco Sagasti, emitió el decreto supremo N° 002-2021-PRODUCE el martes 16 de febrero, que crea el “Registro Nacional de Productores y Comercializadores de Oxígeno Industrial y aprueba disposiciones para su implementación, en el marco de la Ley N° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional”.

Este decreto permitirá al gobierno saber qué empresas están produciendo, importando y comercializando el oxígeno industrial y qué uso le están dando, si solo se está usando el oxígeno industrial o lo están convirtiendo a oxígeno medicinal “para efectos de garantizar información verídica y oportuna en el sector industrial”, señala el decreto.

Esta medida del gobierno se da en medio del pedido que hizo el gobierno a las empresas privadas para que apoyen con la producción de oxígeno medicinal para poder cubrir el déficit actual. El gobierno se dirigió directamente a las empresas mineras que, a través de la SNMPE, respondieron: » mineras no tienen capacidad de producir oxígeno medicinal” y agregaron que las fundiciones de cobre -y solo hay dos agremiados que tienen fundiciones en el país- poseen plantas de oxígeno industrial, pero lamentablemente no es de uso humano». Sin embargo, también precisaron que, de esas fundiciones, una planta ya estaba aportando con 6 toneladas diarias de oxígeno medicinal: la planta de Ilo de Southern.

Días después, en una entrevista al gerente general de Southern, este respondió que “Lamentablemente, no nos es posible producir más oxígeno” de lo que ya estaban aportando porque su otra planta de oxígeno industrial, para que haga el proceso de reconversión a oxígeno medicinal, necesitaba 2 a 3 meses de inversión.

Frente a este anuncio, el presidente Sagasti señaló en una conferencia reciente que había hablado con la empresa Linde, que es parte de la industria del gas y que pertenece a Praxair para que ayude a la empresa minera Southern en adecuar su planta de oxígeno industrial para que produzca oxígeno medicinal. Así el presidente anunció que en 10 días ya estaría lista esta conversión que aportaría 16 toneladas de oxígeno medicinal diario.

Lo que no queda claro es si la planta de oxígeno (PO1) que produce 240 toneladas de oxígeno gaseoso industrial para el funcionamiento de la mina de cobre de Southern puede producir más de 6 toneladas diarias de oxígeno medicinal, y si la otra planta de oxígeno (PO2) que produce 1000 toneladas de oxígeno gaseoso industrial puede producir más de 16 toneladas diarias de oxígeno medicinal, de acuerdo al proceso de adecuación que ya han anunciado con el apoyo de Linde.

En la entrevista, ante la pregunta del periodista: ¿No existe una disyuntiva entre producir más oxígeno o producir más cobre?, el gerente general respondió:

«Técnicamente no podemos bajar la producción de cobre y aumentar la de oxígeno líquido. El cuello de botella es esta planta que convierte oxígeno gaseoso a líquido. Esa es la situación, de manera sencilla»

Sin embargo, para el economista y especialista en minería, Juan Aste, Southern no quiere sacrificar su producción de cobre porque ahora los precios están muy altos y no quieren perder nada de sus ganancias.

Por otro lado, frente al grave déficit de oxígeno medicinal en el país, Linde señaló que tiene una planta de oxígeno en Pisco que produce 80 toneladas diarias de oxígeno pero que tendrían que instalar allí un Hospital para que pueda usarse directamente.

¿Cómo se originó el déficit de oxígeno en la pandemia?

Para el abogado especialista en salud, Mario Ríos, esto se debe a que el actual ministro de Salud, Oscar Ugarte, cuando era ministro de salud el 2010 con el gobierno de Alan García,  firmó la Resolución Ministerial N° 062-2010-MINSA que permitía que solo el oxígeno con 99-100% de pureza pueda usarse en pacientes requirentes de oxígeno medicinal, cerrando el mercado al monopolio de dos empresas, Linde Gas Perú y Airproducts Perú. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó que el oxígeno desde 93% de pureza pueda usarse en pacientes que lo requieran. Mario Ríos señala que el actual ministro en ese entonces actuó de acuerdo a intereses particulares que nada tienen que ver con el resguardo de la salud de los peruanos.

Durante la primera ola, agrega, el gobierno tuvo que cambiar el grado de pureza nuevamente a 93% en agosto del 2020, después que el congreso había emitido una ley que declaraba de importancia nacional la producción de oxígeno medicinal al 93% de pureza. Pero el problema fue que esta ley precisaba que este cambio ocurría durante el estado de emergencia y esto llegaba hasta fines de año, con las extensiones de estado de emergencia que daba el gobierno, no dando un grado de certidumbre a las empresas pequeñas y medianas para que puedan producir oxígeno medicinal y generar rentabilidad frente al monopolio de Linde Gas Perú y Airproducts Perú.

Recién este año, 2021, se dieron otros decretos y leyes que precisabas que la producción de oxígeno medicinal era de vital importancia frente a la pandemia sin un grado de temporalidad.

Esta situación ha generado que haya un acumulado de déficit de oxígeno medicinal. Recién hace unas semanas diversas empresas pequeñas están instalando más plantas de oxígeno en algunos lugares del país y no tienen mucha capacidad para la producción de toneladas de oxígeno medicinal diarias.

Por otro lado, en agosto del año pasado también se puso en cuestión el abandono de la planta de oxígeno industrial de La Oroya de lo que era la empresa minera Doe Run, que luego de las denuncias del cardenal Barreto, la empresa de gas industrial Praxair fue a verificar y señaló que no podía adecuarse esa planta para la producción de oxígeno medicinal porque necesitaba unos recambios que debían producirse en China. Sin embargo, el cardenal Barreto señalaba que la planta debía ser visitada por técnicos imparciales que no estén vinculadas a ninguna empresa.