Los dirigentes ronderos de la Central de Rondas de Hualcuy, Víctor Acha Jiménez y Eswin Acha Santos, que viven en el caserío el Frutal de la comunidad campesina de Yanta, perteneciente al distrito y provincia de Ayabaca; fueron intervenidos violentamente a las 5am en su hogar por 10 efectivos de la Policía Fiscal de Sullana, al tener una orden de conducción compulsiva de la Fiscalía de Sullana. Orden que ellos desconocían, al no haber recibido la notificación correspondiente.

Acusación

Los dirigentes son acusados por la señora Elvia Majuab Moreno que vive en el mismo caserío, el Frutal; y, alude, fue retenida y golpeada por los ronderos a inicios de año en Sullana, debido a que no comparte la oposición al proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper, como sí lo hacen los ronderos acusados.

Los dirigentes señalan que la señora Majuab es aliada de la empresa minera china. Y que el día de los supuestos hechos que son materia de la investigación preliminar fiscal, ellos no se encontraban en Sullana; sino en Matará, Ecuador, uno de ellos. Y los otros dos, en la comunidad de Yanta. 3 dirigentes son acusados por la señora Majuab. A 2 los intervinieron hoy, y la otra persona fue a la cita tras enterarse de los hechos; ya que tampoco había recibido la notificación de la orden de conducción compulsiva de la Fiscalía para que declare de grado o fuerza en Sullana.

Hace un mes los dos dirigentes detenidos fueron golpeados por personas vinculadas a la empresa minera, denunció uno de sus familiares. Es importante recordar que, en años pasados, el 2005, trabajadores y policías al servicio de la empresa Majaz, hoy Río Blanco, secuestraron y torturaron a 28 comuneros de Yanta y Segúnda y Cajas, de Ayabaca y Huancabamba.

Notificaciones irregulares

La primera audiencia de la Primera Fiscalía de Sullana en la que debían declarar los dirigentes acusados fue reprogramada debido a que el mismo día de la audiencia les llegó la notificación en Yanta, y para ir desde esa comunidad hasta Sullana, es casi un día de viaje. La segunda audiencia pasó lo mismo. Los dirigentes encontraron la notificación debajo de una piedra cerca a su casa el mismo día de la audiencia; pero la Fiscalía no reprogramó la sesión para otra fecha.

El 4 de febrero se emitió el oficio 106-2020-MP de la primera Fiscalía Provincial Penal de Sullana, por la investigación de los presuntos delitos de retención física y la generación de lesiones a la señora Elvia Majuab. Sin embargo, el oficio llegó primero a la policía, a la que le solicitan apoyo para conducir de grado o fuerza a los dirigentes acusados; y no a los ronderos de Yanta. ¿Por qué la Fiscalía no ha notificado a tiempo a los dirigentes en todo el proceso de investigación preliminar fiscal?

Dirigentes denuncian a la policía tras intervención

Tras realizarse la intervención, y los ronderos ser conducidos a la Fiscalía de Sullana para que declaren sobre los hechos de la denuncia; los dirigentes, conjuntamente con sus abogados, denunciaron a la policía por su intervención violenta. Y, además, lograron tener acceso al acta de orden de conducción compulsiva, para que sea materia de investigación, conjuntamente con los hechos que se desarrollaron arbitrariamente.

Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en Ica, martes 18 de febrero, en contra del ex alcalde de Espinar-Cusco, Oscar Mollohuanca; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE; el juez William Fernández Pinto del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica declaró infundada la solicitud de la Fiscalía que pretendía que los testimonios recogidos en la investigación preliminar el 2012 sean leídos en la audiencia el día de ayer y valorados como parte probatoria en el juicio.

Los delitos que se le imputan a Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, son el de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento a los servicios públicos y disturbios, en el marco de la protesta social de mayo del 2012 en la cual la población de Espinar denunciaba la contaminación al medio ambiente y exigía la reformulación de un nuevo convenio marco por parte de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). El caso ya lleva 8 años en las instancias judiciales de Ica y la Fiscalía está solicitando 20 años de cárcel por los supuestos delitos señalados.

¿Por qué el juez rechazó estos testimonios?

“Durante el juicio, la Fiscalía ha ofrecido que declaren once testigos; de los cuales, solo han declarado 05. Todos efectivos policiales. A cuatro no se les puede ubicar, razón por la cual se prescindió de sus testimonios; es decir, no van a declarar en el juicio. Y, aún faltan dos”, relata el abogado del ex alcalde y de los dirigentes sociales, Ramiro Llatas de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras.

Sin embargo, la Fiscalía pretendía que los cuatro testimonios recogidos en la etapa preliminar de la investigación fiscal el 2012 sean leídos en la audiencia, a pesar que esas personas actualmente están inubicables, y que cuando se recogió esos testimonios; estas personas nunca fueron confrontadas o interrogadas por la defensa legal del ex alcalde y de los dirigentes sociales acusados; tal como lo manda el código procesal penal para que se ejerza el derecho a la defensa.

2 de esos 4 testigos eran un chofer del Ministerio Público en Cusco y, el otro, un ex fiscal que se fue al campamento minero y estando ahí le revocan su mandato, nombrando a otro fiscal en su lugar, añade el abogado Ramiro Llatas.

Esos 2 testigos de la Fiscalía supuestamente señalaban la responsabilidad penal de Oscar Mollohuanca, Sergio Humaní y Herbert Huamán, pero al final ellos testificaron aquella vez, que solo habían escuchado que los tres acusados estaban en la protesta, pero no presentaban una prueba que relacione directamente la acción de los acusados y los delitos que se les imputan, como la explosión de un local del Ministerio Público –no hay peritaje-. Hasta ahora no hay ninguna prueba certera de lo que se les acusa a las personas señaladas.

Juzgamiento irregular

Durante la investigación fiscal el 2012, cuando se desarrolló el conflicto, se cometieron una serie de irregularidades: “detenciones arbitrarias a los acusados; a los detenidos se les llevo al campamento minero, donde no existía una comisaría y se cometieron probables torturas. Ninguno de estos hechos ilícitos ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público, sin embargo, a los defensores ambientales, se les mantiene en juicio desde mayo del 2012, en Ica, una región ubicada a cientos de kilómetros de Espinar. Ellos constitucionalmente deben de ser juzgados en Cusco”, precisa el abogado Ramiro Llatas.

¿Cuál es el desenlace?

En julio del 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a Mollohuanca, Huamaní y Huamán. Sin embargo, la Fiscalía apeló a segunda instancia y el juicio se reabrió en el 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica y ahora falta que se desarrollen 3 audiencias más: la próxima audiencia el 28 de febrero en que se espera se presenten los 2 testigos notificados; la penúltima audiencia el 11 de marzo que será de alegatos finales, en que tendrán que estar los dirigentes acusados; y la última audiencia que será la lectura de sentencia.

Si absuelven nuevamente a los defensores ambientales, la Fiscalía puede apelar por tercera vez e interponer un recurso de casación para que el caso se vea en la Corte Suprema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

Desde las 8am, 5 familias de Pasco junto al alcalde provincial, Marco de la Cruz, arribaron a los exteriores de las oficinas de la empresa minera Volcan ubicada en la Av. Manuel Olguín 375 del distrito de Surco, Lima; para exigir que la empresa asuma su responsabilidad en la reparación a las familias afectadas con plomo y otros minerales en su cuerpo, tras casi 20 años de actividad minera de la empresa Volcan en la ciudad de Pasco.

Diálogo nulo

Frente a la solicitud de reunión por parte del alcalde y los familiares, la respuesta de la empresa fue que solo dialogaría con el alcalde, desconociendo la vocería y organización de las familias, que, con exámenes y documentos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) que depende del Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional del Niño de San Borja, mostraban las altas cantidades de plomo y otros metales pesados que tenían sus niños en la sangre; y también el insuficiente tratamiento que venían recibiendo de parte del Instituto Nacional del Niño.

Salud deteriorada

Las familias demandan atención médica especializada porque lo único que reciben como medicación de parte del Instituto Nacional del Niño, son: antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Las familias denuncian que sus hijos e hijas presentan cuadros de leucemia y cáncer y no reciben atención especializada tal como se comprometió el gobierno hace dos años.

La madre de familia del niño Jhan Mauricio Estrella, Irma Estrella, se encuentra preocupada porque no quiere que a su hijo le pase lo que le pasó al hijo menor de la familiar Olivera Daga, que falleció el 6 de agosto del año pasado en el Instituto Nacional del Niño, debido a complicaciones por la leucemia que le diagnosticaron el 2017

“Cada padre tiene el diagnóstico de sus niños. Que dolor tiene cada niño”, refiere Irma Estrella.

“Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irm

 

Estudios técnicos

Las familias también demandan solución a la contaminación con metales pesados que expone la salud de más de 2500 niños de la ciudad, tal como lo señala el documento técnico de los «Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas» del Ministerio de Salud.

Otro de los estudios que respaldan la relación entre la exposición humana a los metales pesados como causa de las enfermedades que sufren los niños y niñas y las familias en general, es el Estudio de Source International de Italia en conjunto con la municipalidad distrital de Simón Bolivar y la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, respecto al Análisis Ambiental de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Zona Minera de Cerro de Pasco y Biomonitoreo de Metales en Niños y Niñas del Centro Poblado de Paragsha, Cerro de Pasco – Perú, publicado el 2018.

El estudio utilizó “una muestra de 82 niños de Paragsha, residentes cerca de las plantas y/o operaciones mineras y 20 niños de Carhuamayo, como muestra de control no directamente afectados por la minería”. Y en las conclusiones se señala: “El estudio muestra además niños con un estado nutricional ineficiente por escasez de elementos esenciales (zinc, selenio, cobre), que implica y refuerza la absorción de algunos metales tóxicos. El 100% de los niños pertenecientes al centro poblado de Paragsha presentan concentraciones elevadas de plomo, encima de 0,1 mg/Kg cual límite de referencia según los estándares de referencia (ER) alemanes. El 97% y el 96% de ellos presenta respectivamente manganeso e aluminio por encima de los estándares de referencia (Mn 0,5 mg/Kg- Al 8 mg/Kg); y el 92% de ellos presenta niveles extremadamente elevados de cromo y hierro, y arsénico (86%)”.

El Estado no cumple acuerdos

En agosto del 2018, tras las múltiples protestas realizadas por las familias de Pasco, entre ellas el encadenamiento que realizaron frente al Ministerio de Salud el 2017; el Estado suscribió un acta con las familias afectadas con metales tóxicos de Pasco, que posteriormente ratificó el 18 de octubre del 2018, pero hasta la fecha el Estado no ha cumplido los acuerdos.

Uno de los acuerdos según el acta es que el Estado brindaría viviendas a las familias afectadas porque ya no pueden seguir viviendo en Pasco de acuerdo a las resoluciones médicas del Instituto Nacional del Niño; pero hasta ahora, las familias en protesta, continúan viviendo en la Beneficiencia de lima. Lugar de donde quieren ser desalojados, según relataron en la protesta.

En el acta del 23 de agosto del 2018, el Ministerio de Salud se comprometió en brindar “atención médica individual y especializada, incluso internacional de acuerdo a los diagnósticos médicos que se emitan y los procedimientos que deban aplicarse. Y el SIS y ESSALUD cubrirían los gastos de tratamiento de los menores que se encuentren dentro de su ámbito de actuación”.

Sin embargo, el Instituto Nacional del Niño solo brinda antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos y las familias que han viajado al exterior para que se atiendan sus niños, no han tenido ningún apoyo del Estado.

 

El ahora ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, acaba de renunciar hace unas horas debido a la denuncia periodística realizada el día de ayer por el noticiero dominical Panorama, que hace público que el ex ministro dio consultorías a Odebrecht a finales del 2011 mientras era al mismo tiempo asesor del Ministerio de Energía y Minas y firmó informe de evaluación del Gasoducto Sur.

El entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, presentó el informe de Liu al director de Proinversión en enero del 2013 y solicitó incorporarlo en el proceso que dio origen a la licitación.

El ex ministro, en su defensa, a través de un comunicado, ha señalado que “»es falso que este informe fuera el sustento para la concreción del proyecto y menos que haya sido el eje central y determinado su viabilidad, como se quiere presentar. Tampoco abordó otras variables de la demanda o reservas de gas ni trató ningún otro aspecto».

El presidente Vizcarra anunció durante su visita a los damificados del incendio de Villa el Salvador que había aceptado la renuncia del ministro y que se investigará la denuncia realizada.

 Puertas Giratorias

El caso del ahora ex ministro Juan Carlos Liu, se suma al caso del ex ministro, también de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; que antes de ser ministro trabajó como gerente corporativo, gerente general y gerente legal, durante más de veintidós años para la empresa minera Millpo, sancionada por incumplir normas ambientales, como ya lo ha señalado la investigación de Convoca, con la que la Red Muqui colaboró. Sin embargo, cuando se denunció ello, no hubo ninguna explicación política del gobierno.

También han sido denunciados anteriormente los ex viceministros de Minas y de Hidrocarburos: Luis Miguel lnchaústegui y Oscar Alfredo Rodriguez. Inchaústegui fue vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible en la empresa Gold Fields La Cima S.A. Y Oscar Alfredo Rodriguez antes de ser viceministro de Hidrocarburos trabajó en la empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L. el 2017 y que se dedica a la extracción de petróleo crudo.

Los casos señalados se suman a otros casos de trabajadores del Ministerio de Energía y Minas que también han trabajado para empresas mineras y han terminado favoreciéndolas. Ver el informe de Convoca sobre puertas giratorias: http://puertagiratoria.convoca.pe/

 

 

 

Abel Kana Quispe, teniente gobernador, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal de Urinsaya, del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, fueron liberados el día de ayer, lunes 3 de febrero, aproximadamente a las 9pm; tras la audiencia llevada a cabo por el juez Miguel Choque Zea de Sicuani, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que la fiscal Carmen Rosa Salas estaba solicitando para los dos comuneros mencionados, por el delito de secuestro al trabajador de la empresa Prosegur, Elvis Flores Maldonado, que brinda servicios de seguridad a la empresa minera Las Bambas.

¿Cómo se dieron los hechos?

En medio de las protestas y asambleas realizadas el 30 de enero por la comunidad de Urinsaya, para que el gobierno anule el DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur; la población detectó a una persona infiltrada, Elvis Flores, que estaba tomando fotos y grabando video sobre las acciones que realizaba la comunidad.

Los comuneros, al darse cuenta de ello, interrogaron a la persona, como se puede ver en uno de los videos, donde se aprecia que conversan, pero, que no está retenido en contra de su voluntad.

«Cuando la Fiscal hace la intervención el día 30 de enero, en el lugar de los hechos y encuentra a la supuesta víctima “retenida”, sólo encuentra a la propietaria del hospedaje, quien inicialmente refiere que efectivamente se encontraba alojado desde el 27 de enero y después que, fue obligada por la comunidad a retenerlo en su propia habitación y de eso dio noticia a la Fiscalía, su compañero de trabajo de la supuesta víctima de secuestro», señala Ramiro Llatas, abogado de los dirigentes.

¿Qué se les imputa?

Se acusa a los dirigentes de haber secuestrado al trabajador de la minera cuando este se encontraba en su cuarto. ¿Qué dice el parte policial? Que le pusieron alambres a la puerta de su cuarto en el hospedaje donde se encontraba.

Sin embargo, las dos personas que estuvieron detenidas no se encontraban en Urinsaya durante el 30 de enero; estaban en la ciudad de Espinar.  El teniente gobernador y el fiscal de la comunidad se encontraban haciendo diligencias en la municipalidad de Espinar. Según la denuncia, supuestamente habían secuestrado al trabajador, y luego habían vuelto a Espinar. En espinar se entregaron a la policía porque los estaban buscando en Urinsaya.

Por la falta de pruebas, el juez de Sicuani resolvió levantar la prisión preventiva a los 2 detenidos. Sin embargo, la solicitud de prisión preventiva para los otros ocho comuneros continúa en ciernes y se verá en una próxima audiencia.

Defensa legal

El abogado de los comuneros, Ramiro Llatas, de la institución de Derechos Humanos Sin Fronteras, señalo que, de acuerdo a la ley, “la prisión preventiva es una medida de ultima ratio, no una medida principal, al menos cuando se trata de hombres del campo que viven de la agricultura y los trabajos eventuales que desarrollan. Tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. Agregó que “los dos comuneros de Coporaque no han participado ni se ha podido demostrar su participación en estos supuestos hechos delictivos de secuestro”.

No obstante, la libertad de los dos detenidos frente a la prisión preventiva, la fiscal Carmen Rosa Salas está solicitando 30 años de cárcel para los 10 comuneros.

Datos:

  • La comunidad de Urinsaya no está incluida como parte del área de influencia directa o indirecta del proyecto minero Las Bambas, pero sufren las mismas afectaciones que otras comunidades, al tener el paso de 500 camiones diarios por la carretera que atraviesa sus comunidades.
  • Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene comprando los terrenos a algunas comunidades adyacentes al corredor minero sur. Sin embargo, es decisión de la comunidad y las familias vender sus terrenos al Estado, y ello no puede imponerse como lo viene haciendo el gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 026-2019, que autoriza al MTC a expropiar las áreas que resulten necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”.

 

Nota realizada por Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

El pasado viernes 31 de enero, La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 9 meses para dirigentes de Espinar. A la fecha, están detenidos Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco, Teniente Gobernador y Fiscal de la Comunidad Espinarense de Urisanya respectivamente. La razón: el supuesto ‘secuestro’ a Elvis Flores, un trabajador de la empresa PROSEGUR, que brinda servicios de seguridad para la compañía minera ‘Las Bambas’, quien habría llegado a vivir en un hospedaje de la comunidad desde el 25 de enero.

El supuesto delito se habría cometido el 30 de enero. Los comuneros descubrieron que Flores estaba grabando y fotografiando durante las asambleas comunales y acciones de protesta. Aquí, cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, inició medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Para las tres de la tarde, del 31 de enero, La Fiscalía recibe la denuncia de Flores, afirmando que los comuneros lo habían encerrado en su propio hospedaje. A partir de este momento, surgen una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público, pues deciden detener a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, en calidad de imputada, quien, según comunicaciones con el abogado de oficio, ha sido obligada a declarar.

Lo inexplicable, es que después de las declaraciones de Ccaña, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas –la misma que estuvo a cargo de la denuncia en contra del ex Alcalde y Ex dirigentes en el conflicto del 2012- oficializa una denuncia de prisión preventiva a diez comuneros que ocupan algún cargo dirigencial: 08 hombres y 02 mujeres.

Actualmente, Abel Kana y Jorge Kana, están detenidos en el Poder Judicial de Sicuani, y Salas ha ordenado que la audiencia de prisión preventiva se realice para hoy, 03 de febrero, a las tres de la tarde. Este caso es ‘Sui Generis’ en Espinar, pues es la primera vez que existe la posibilidad que diez dirigentes puedan ir a prisión en calidad de ‘prevención’ en un marco de protesta social.

Relación de Investigados:

1.- Abel Kana Quispe – Teniente Gobernador

2.- Jorge Kana Taco – Fiscal de la Comunidad

3.- Santos Gregorio Arpi Quispe – Integrante de Ronda Campesina

4.- Guillermo Hermogenes Quispe Taco – Integrante de Ronda Campesina

5.- Matilde Huamani Ccompi – Comunera

6.- Roger Choqueccota Qquehue – Integrante de Agrupación Vecinal

7.- Isaias Kana Huillca – Presidente de Comunidad

8.- Brigida Huamani Huillca – Presidenta de Club de Madres

9.- Guillermo Kana Chuma – Comunero de Sector Churpa Baja

10.- Gregorio Sinanyuca Quispe – Presidente de Ronda Central de la comunidad

Datos:

*Los comuneros también exigen reparación por daños a su salud y medio ambiente, además de la afectación de sus terrenos agrícolas, además demandan ser reconocida como área de influencia directa de del proyecto minero Las Bambas.

*Durante los días de protesta, la comunidad ha solicitado la presencia del Gerente General de MMG Las Bambas, para retomar el diálogo y exponer sus demandas, sin embargo no ha existido ningún acercamiento de parte de la empresa.

*La Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, inmediatamente tomo postura con un pronunciamiento, exigiendo al Estado que deje de criminalizar a los dirigentes, y que más bien demuestren ‘voluntad franca y trasparente para resolver sus demandas’.

En el video, Flores confirma que brinda servicios para la empresa minera MMG Las Bambas

 

En relación al anuncio del presidente Vizcarra en una entrevista con canal N el miércoles 29 de enero, respecto al proyecto tía maría: “En este gobierno no (se ejecutará Tía María), definitivamente No hay forma. No (están) dadas las condiciones»; el vocero de valle de Tambo, Miguel Meza, señaló que la palabra del presidente ha perdido credibilidad ante la población debido a que dijo que “iba a venir a valle de Tambo y hasta ahora no ha venido”.

“Lo que hizo fue enviar más de 500 policías y reprimir a la población. Hubiera sido un buen gesto que antes de anunciar que el proyecto Tía María no irá durante su gobierno, retire a la DINOES y los policías que se encuentran en lugares estratégicos donde la población del valle ha estado protestando”, añadió el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, declaró al medio de comunicación el Búho de Arequipa, que las declaraciones del presidente “va a dar tranquilidad por el momento” y demuestra que el Gobierno está retrocediendo en su decisión de ejecutar el proyecto.

CONFIEP en contra de declaración de presidente Vizcarra

“El presidente no debería negar un proyecto de inversión privado sin un sustento técnico porque su rol es el de promover el desarrollo de todas las actividades económicas (…) No abona hacer anuncios sin un sustento técnico o legal, más bien con un sustento político”, declaró la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León.

Quiénes también se manifestaron, fue la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, a través de un comunicado público, señalando su preocupación por la paralización del proyecto minero.

Southern (Grupo México) sigue actuando en el Valle

Miguel Meza señaló que la empresa minera Southern, perteneciente al Grupo México, continúa realizando actividades en lugares periféricos del valle para convencer y comprar a la población con regalos.

“La empresa intenta hacer obras sin el consentimiento del alcalde y la población. Hace poco intentó hacer una obra en Cocachacra pero la población rechazó a la minera. Entró a un colegio a regalar juegos para que los padres de familia firmen las hojas de los regalos recibidos. La estrategia de la empresa es tener documentación con firmas y fotos para luego decir públicamente que están socializando el proyecto”, agregó el vocero del valle. Señaló que la empresa continúa ofreciendo trabajo temporal a la población.

La lucha sigue

Aprovechando la visita del relator de la ONU, Michel Forst, al sur de nuestro país; Miguel Meza participó en el encuentro del relator con los defensores de derechos humanos del sur del país el día de ayer, jueves 30, en el Cusco, denunciando la criminalización que han sufrido los dirigentes y la población durante estos 11 años de conflicto con la empresa minera. Señaló también que ya hay 8 muertes y no hay ningún policía responsable de esos actos.

Nuevo Congreso

El vocero de valle de Tambo añadió que vienen planteando reuniones a los congresistas electos de la región: José Luis Ancalle, Rosario Paredes, Hipólito Chaiña y Daniel Oseda, para establecer un compromiso con ellos y lograr que se cancele definitivamente el proyecto Tía María.

“Queremos pedir que investiguen si hubo o no irregularidades en la entrega de la licencia de construcción y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la empresa minera”, finalizó, el dirigente.

Nota elaborada en conjunto con Derechos Humanos Sin Fronteras

Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

Antecedentes

Cabe recordar que los procesados fueron dirigentes comunales y de organizaciones sociales de base que protestaron de manera pacífica entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 frente a la grave contaminación ambiental generada por el paso de los camiones de la empresa minera Anabí y porque la minera habría contaminado el rio Molino en la cuenca del Yaramayo.

A raíz de estas protestas, la minera presentó una denuncia contra los ex dirigentes por los presuntos delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros, la cual fue impulsada por la Fiscalía de Chumbivilcas.

Los 10 dirigentes son: Jaime Mantilla Chancuaña, Julian Alejo Ataucuri, , Victoria Quispesivana  Corrales, Luciano Atucuri Chavez, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjulca Caceres, Esteban Alvis Cahuana, Wilber Garcia Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

Proceso judicial

Durante este proceso judicial, diferentes organizaciones han acompañado con asesoría legal a los dirigentes, como Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y Earth Rights International, quienes junto a otros abogados y abogadas independientes; han denunciado una serie de cuestionamientos: una inadecuada valoración de las pruebas; una suspensión repetitiva de audiencias; el cambio continuo de magistrados; entre otros hechos que ponen en tela de juicio la autonomía, independencia e imparcialidad de la administración de justicia.

Uno de los abogados de la defensa de los dirigentes, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, señaló en sus redes sociales: “lo que se había actuado y presentado en el proceso penal era básicamente lo que había construido la mina a través de sus testigos, y sus pruebas documentales. Ninguna prueba demostraba en modo categórico la responsabilidad penal de los defensores del ambiente. Más bien se logró demostrar que ellos todo el tiempo pidieron diálogo y la conformación de mesas de diálogo. Al parecer el propósito de la empresa minera denunciando a los dirigentes y después asumido en la acusación de parte de la Fiscalía era neutralizar todo tipo de reclamo y eso se hace usando el derecho procesal penal, como una forma de intimidación”.

Precedente judicial

Esta sentencia sienta un gran precedente para todos los casos de defensores ambientales que han sido criminalizados en el Perú, y deja claro que el Ministerio Público adelanta investigaciones sin fundamentos. Como declaró la jueza, la Fiscalía no pudo probar ninguno de los hechos, lo que deja entrever cómo estos procesos son usados para disuadir y reprimir el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos.

Frente a estos hechos, la jueza decidió mandar al Órgano de Control Interno la acusación para que los fiscales que no actuaron con objetividad sean sancionados.

Celebración

“No nos podemos callar ante tanta injusticia, porque la ley es igual para todos,” declaró el líder chumbivilcano Luciano Ataucuri Chávez, criminalizado en este proceso, en los exteriores del Poder Judicial de Cusco, donde los esperaron cientos de personas para felicitarlos por la sentencia absolutoria.

Lo primero que hicieron los ciudadanos y ciudadanas Chumbivilcanos, al recibir a sus dirigentes, a pesar de la lluvia, fue cantar el himno nacional como afirmación de su ciudadanía y pertenencia a este país.

A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.

Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Pronunciamiento