El 08 de diciembre del presente año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N° 027-2020-EM – “Declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera”, norma por la cual se declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras de la empresa Nuevo Arcoiris S.A.C. en la frontera norte del país en el departamento de Piura.

Dicha empresa está conformada por Tesoro Minerals Corp. (capital canadiense), con un porcentaje de acciones del 99.9996 %; y, Raúl Alfredo Ferreyra Martínez (persona natural peruana), con un porcentaje de acciones de 0.0004 %.

Esta norma autoriza Nuevo Arcoíris S.A.C. para que pueda adquirir 9 concesiones mineras y obtener las autorizaciones correspondientes para el desarrollo del proyecto minero.  Por ende, declara como necesidad pública “la inversión privada en actividades mineras”.

Fuente: El Peruano

Es importante tener presente que, de acuerdo al artículo 71 de nuestra Constitución Política, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, tienen el derecho de poseer y adquirir propiedades en igualdad que los peruanos. Pero esta atribución encuentra una limitación, cuando “los extranjeros pretender adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía, de manera directa o indirecta, sea de forma individual o en sociedad” dentro de los límites de la frontera del territorio nacional (50 kilómetros de la línea de frontera), solo podrán hacerlo cuando sea declarado de necesidad pública por el Concejo de Ministros.

¿El proyecto minero de Nueva Arcoiris SAC es de necesidad pública?

La empresa Nuevo Arcoiris, a través del DS 027-2020-EM logró que se declare como “necesidad pública” su proyecto de inversión privada y por tanto la autorización de adquisición de 9 concesiones mineras. Pero en el marco de esta atribución que tiene el poder ejecutivo, cabe preguntarnos: ¿Cuáles han sido las razones objetivas y concretas por las cuales se declara de necesidad pública la inversión privada en minería y la adquisición de estas 9 concesiones mineras en la región de Piura? ¿Tal declaración es coherente con los intereses nacionales y locales? ¿Las FFAA están facultadas para emitir este tipo de valoraciones de Estado?

Al remitirnos al Decreto Supremo en cuestión encontramos que el primer argumento para sostener la necesidad pública, es que esta trascendería al interés privado debido y que el desarrollo de las futuras actividades mineras fomentaría el desarrollo y bienestar de las localidades fronterizas, a través de la captación de ingresos como el canon y las regalías mineras y los puestos laborales. Un argumento final es la “opinión favorable que se habría obtenido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitida mediante Oficio N° 1436 CCFFAA/D-1/UAM del 10 de junio de 2020 del Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

Para que exista una real necesidad publica de determinada actividad, esta debe satisfacer los siguientes criterios: “lo público no sólo es interés del Gobierno sino interés de toda la comunidad; y debe analizarse y demostrarse en el caso real cómo se concreta la necesidad pública. No basta la simple invocación a este concepto”; como si ocurre cuando se planifica la construcción de una central hidroeléctrica, hospitales, carreteras, etc, que están orientadas a satisfacer necedades básicas. Si trasladamos estas exigencias al Decreto Supremo que analizamos, no se cumpliría debido a que, en principio se hizo un análisis general de los posibles beneficios de una futura actividad minera en esta zona. Recordemos además que las concesiones mineras son derechos expectaticios y no contienen información concreta de las capacidades productivas de un proyecto minero o su rentabilidad y por ende la captación de recursos para el Estado peruano no se pueden determinar con exactitud, y el pago de los derechos mineros por las 9 concesiones mineras no sería una razón suficiente para motivar la necesidad pública.

De otro lado, el informe emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contiene información relacionada a la seguridad nacional; pero no es un análisis concreto relacionado a los beneficios de la actividad minera de Nuevo Arcoíris para el interés nacional o local. La Fuerzas Armadas no son el sector competente para hacer este tipo de valoraciones, sus competencias están dirigidas a los temas de “seguridad nacional”  que no deben estar ligados a la toma de decisiones sobre políticas económicas, ya que no son competentes por criterio de especialidad.

Consideramos que la declaratoria de necesidad pública de la adquisición de 9 concesiones mineras y la aprobación de inversión minera por parte de la empresa Nuevo Arcoíris S.A.C. en la región de Piura, no ha sido emitida con previos estudios concretos que evidencien las ventajas que representaría el desarrollo de este proyecto minero para el país.  Es importante resaltar que la propia población de Tambogrande en junio de 2002 mediante consulta popular convocada por el Municipio de Tambogrande decidió decir no al desarrollo de proyectos mineros en su territorio: el 74% de los tambograndinos participó en ella. De los votantes, más del 95% señaló su oposición al proyecto minero. Las principales razones a esta oposición han sido los graves impactos ambientales, sociales y económicos que generaría a la población local, recordemos que Tambogrande cuenta con 42 mil hectáreas de producción agrícola (mangos, limones y otros), que abastecen el mercado externo e interno, así también existen bosques de algarrobos. El valle brinda empleo permanente a más de 18 mil personas entre productores y trabajadores agrícolas. Y finalmente la emisión de este Decreto Supremo si bien es legal no es legitima, puesto que la población de Tambogrande no fue consultada ni informada sobre esta decisión del gobierno nacional.

Desde el 8 de diciembre los trabajadores de la empresa minera Nexa Resources se encuentran acampando en los exteriores del Congreso, exigiendo solución al cese colectivo de 164 trabajadores, que desde julio no perciben ninguna remuneración económica. Ello a pesar de que la empresa minera recibió un crédito de 10 millones de soles de Reactiva Perú. Más de 600 personas, que es la cantidad aproximada de las familias de los trabajadores despedidos, son los que se ven perjudicados por este cese colectivo.

Tras las protestas reiniciadas el 9 de diciembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación del Río Coata y el Lago Titicaca en las avenidas de Puno, que reunió a más de 500 pobladores afectados de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Chilla; el día de hoy arribaron a la ciudad de Puno los ministros de Salud, Ambiente, Energía y Minas; y Vivienda y Construcción.

Desde que se hizo público en octubre que 34 personas personas tienen arsénico y 2 mercurio – debido a que uno de los dirigentes pudo tener acceso al informe-, las autoridades del ejecutivo y del gobierno regional no han implementado medidas de emergencia para salvaguardad la salud de las personas afectadas y del conjunto de poblaciones que viven alrededor de la cuenca del Coata, que exigen también ser muestreadas para confirmar o descartar que tienen metales tóxicos en sus organismos.

Frente a estos hechos que tienen como antecedentes que el 2017 ya se alertaba la presencia de metales pesados como arsénico, boro, hierro, manganeso, plomo, zing y coliformes fecales, tras el monitoreo ambiental de la calidad del agua y suelo en Coata; y la confirmación el 2018 por la Dirección Regional de Salud de Puno, que informó de la existencia de sustancias tóxicas en los pozos donde la gente usa el agua para prepara sus alimentos; recién el día de hoy, 15 de diciembre del 2020, el ejecutivo llega a Puno con la voluntad de instalar una Mesa Técnica para elaborar un Plan de Acción que ayude e mitigar los impactos negativos que ya generado la contaminación del río Coata.

Reunión

En este momento se está desarrollando la reunión y el dirigente Félix Suasaca señala que han venido a resolver los puntos de la Plataforma y que si no se resuelven los puntos volverán a la protesta indefinida.

Una de las mujeres dirigentas que hizo uso de la palabra, señaló que en su comunidad, que está a 4km del distrito Coata, no hay ningún centro de salud. Ella remarcó, dentro de la Plataforma presentada , que necesitan centros de salud con médicos especializados porque sus hijos no pueden seguir enfermos y, además, que necesitan agua potable no contaminada.

Puntos de la Plataforma

  • Oficializar la Mesa Técnica de la Cuenca del Coata a través de un Decreto Supremo e instalar la Mesa Multisectorial de Salud sobre metales pesados en cuerpo humano y tamizaje al 100% de personas de los distritos de la cuenca del Coata.
  • Aprobación y ejecución de proyectos de centros de salud y equipamiento integral con laboratorios médicos, medicamentos y médicos especializados en metales pesados.
  • Ejecución de obras de saneamiento básico urbano y rural en los distritos afectados de la cuenca del Coata.
  • Inmediata ejecución del proyecto de cadena ganadera vacuno por parte del Ministerio de Agricultura, debido a que el ganado ha sido afectado por la contaminación.
  • Inmediata ejecución de proyectos de descontaminación, recuperación y remediación del río de la cuenca del Coata y lago Titicaca de las zonas afectadas.
  • Cierre y tapado del río Torococha y no más vertimiento de aguas residuales de SEDA Juliaca.
  • Cierre inmediato de las mineras que están operando en la cabecera de cuenca del Coata.
  • Indemnización por daños ambientales y reparación y ampliación de dotación del agua potable mediante cisternas a las poblaciones afectadas.

 

El conflicto socioambiental en Ica

Por: Edwin Alejandro Berrospi / Área Socioambiental de la Red Muqui

El crecimiento económico en el Perú basado en la explotación excesiva de los recursos naturales como los minerales, el petróleo y la agricultura, han generado graves impactos ambientales, sociales y económicos en el país, como se puede apreciar en el último conflicto socioambiental que estallo en violencia en la Región Ica por la explotación laboral de las agroexportadores y los graves problemas con los recursos hídricos. Es decir las empresas agroexportadoras han recibido privilegios del estado (mediante la ley 27360) conocidas como la ley de Promoción Agraria que fue aprobada por el régimen de Fujimori y que permitía obtener extraordinarias ganancias a las agroexportadoras con mano de obra barata, con menos derechos laborales y encima podían ser sub contratadas a través de sérvices. El negocio de las agroexportadoras fue extendida por 10 años más por un congreso fuertemente cuestionado, incluso promulgada por el propio presidente Vizcarra y que finalmente con las protestas que surgieron en Ica esta norma fue derogada por el Congreso de la República

Sin embargo, la derogatoria de esta norma no soluciona el grave problema de la sobre explotación de los acuíferos en el Valle de Ica que afecta seriamente la disponibilidad del agua, la concentración de las tierras por las empresas agroexportadoras y la pobreza de los pequeños agricultores.

El grave problema de sobre-explotación de los Acuíferos en el Perú

Los cultivos de agroexportación del valle de Ica utilizan grandes cantidades de agua para su producción (espárragos, vid,  algodón, etc.) por ello creciente demanda por el recurso hídrico ha generado un grave problema en la disponibilidad de agua subterránea, debido a que se extrae con tecnologías modernas de pozos cada vez más eficientes. La tecnología utilizada por la mayoría de las empresas agroexportadoras es computarizada y con un sistema de riego por macro-aspersión, lo que un campesino o el pequeño productor agrario no podrían tener acceso por el alto costo que implica su adquisición.

La población pobre del valle de Ica es la que más sufre y a veces estas comunidades tienen que sobrevivir con apenas 10 litros de agua por personas.

Actualmente la explotación de los acuíferos es intensiva y a lo largo de varios años ha llevado a una situación de sobrexplotación. Según en inventario de la Autoridad Nacional del Agua, en Ica existen más de 2,880 pozos en tres sistemas de extracción (1840 pozos tubulares, 354 pozos mixtos y 686 pozos de tajo abierto)[1] que explota un promedio de 526 mmc para uso agrícola, y tan solo el 7% para uso doméstico y el 1% para uso pecuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reserva explotable en el acuífero de Ica era de 189 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó un volumen de -146 hm3/año, y en 2013-2014 se llegó a una cifra mucho peor. En el caso del Acuífero de Villacurí la reserva explotable era de 63 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó una cifra de -165 hm3/año; y en 2013-2014 la cifra estuvo en -215 hm3/año. Asimismo, la reserva explotable en el acuífero de Lanchas era de 17 hm3/año; y en 2009 se sobreexplotó un volumen de -25 hm3/año; y en 2013-2014 subió a una cifra de -36 hm3/año.

 

 

 

 

El problema de la concentración de tierras para la agro-exportación

Desde la década de los 90´ con el régimen de Fujimori, se inicia el mercado de la tierras como mecanismo para otorgar la seguridad jurídica a los propietarios individuales y mediante el DL 653  “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” muchos empresarios empiezan a comprar tierras en Ica para la agroexportación y es ahí donde se inicia  también la marginación a los pequeños productores agropecuarios y las comunidades campesinas.

En efecto, la concentración de tierras se ha expandido a gran velocidad y por consiguiente la apropiación de las principales fuentes hídricas del Valle con el objetivo de expandir la agroexportación. La propiedad de la tierra es fundamental para ejercer el control del acceso al agua principalmente subterránea como podemos ver entre el periodo (1994 y 2012) la concentración de tierras con más de 500 hectáreas se ha incrementado en más de 347% a favor de grandes empresas agroexportadoras, mientras que los pequeños productores o agricultores familiares con menos de 5 hectáreas se ha reducido en -27.25%.[2]

 

 

 

 

 

Por ello es importante que la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales y el gobierno regional fiscalicen a las grandes empresas agroexportadoras que vienen utilizando de manera indiscriminada los acuíferos y de manera inmediata se debe disminuir la explotación de las aguas subterráneas para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Además desde las organizaciones sociales y la junta de usuarios de riego; así como de las autoridades locales debería conformarse los comités multisectoriales para ejercer una vigilancia y un control estricto de las principales fuentes hídricas.

La agricultura y en especial la agricultura familiar con más de dos millones de agricultores familiares necesitan la atención urgente del estado en plena pandemia con políticas públicas claras de protección de las principales fuentes hídricas y el acceso humano al agua, reactivación de agro con mayor presupuesto público entre otras demandas de este importante sector que produce alimento para todos los peruanos y peruanas.

[1] IRHS Inventario de recursos hídricos subterráneo 2009

[2] Censo Agropecuario 1994 y 2012

El martes 8 de diciembre, Red Muqui presentó la investigación: “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en tiempos de la Covid-19 y reactivación económica» en el distrito de Cocachacra del valle de Tambo. Asimismo, el miércoles 9 de diciembre presentó la investigación en la ciudad de Arequipa.

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Por. Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Cada 10 de diciembre conmemoramos el día de los derechos humanos en el mundo entero, debido a que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Y vaya que este año en el mundo entero y en nuestro país los derechos humanos han estado a prueba, no solo por la crisis sanitaria y económica que nos toca vivir, si no porque nos ha tocado defender los DDHH más que nunca. Durante la pandemia el derecho a la salud y a la vida misma ha sido nuestra principal defensa ante la precariedad del sistema de salud pública y el aprovechamiento y el lucro de las clínicas privadas. Miles de familias han exigido al Estado que se cumpla con el deber de garantizar el acceso al derecho a la salud y que se hagan las reformas necesarias en este sector para que todos y todas podamos acceder a ella.

Del mismo modo, durante los últimos meses y semanas hemos asistido a una crisis política y social sin precedentes en nuestro país, llegando a tener inclusive 3 presidentes en una semana; sin embargo, gracias a la población movilizada e indignada hemos logrado revertir de alguna forma la repartija de poder y corrupción en el que están involucrados varios partidos y grupos de poder económico en el país. El costo de esta movilización sin duda ha sido alto, ya que dos jóvenes fueron asesinados (Inti y Bryan), tenemos varios heridos y hubo hasta desaparecidos. Los responsables políticos y directos de estos hechos fueron el inefable congresista Manuel Merino, el gabinete golpista, el ministro del Interior y los miembros de la PNP. Aún a pesar de estos abusos ha quedado claro que el derecho a la movilización, a la protesta social, a la libertad de transito, a la opinión y a disentir son derechos inalienables que toca defenderlos, tal como ha sucedido durante los días de la movilización.

Sin embargo, siendo hoy 10 de diciembre, estamos lejos todavía de tener una sociedad y un Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, ya que en estas últimas semanas pobladores del interior del país se han movilizado para reivindicar sus derechos. Los casos de Ica y Chao en La Libertad (donde también murió un joven) son un ejemplo de ello. Por muchos años los trabajadores agrícolas del sector agroexportador en el país nunca han recibido beneficios y son tratados en condiciones de semi esclavitud. En suma, tenemos un país movilizado. Esta semana los conflictos socioambientales en el sector minero se han reactivado con mucha fuerza, y los reclamos son múltiples: van desde denuncias de contaminación ambiental y de salud humana, rechazo al ingreso de operaciones mineras, hasta el cumplimiento de acuerdos de las mesas de diálogo que el mismo gobierno ha firmado. Lamentablemente en estos casos la represión y la violencia con la que actúa la PNP en los últimos años en contra de los derechos de las comunidades y poblaciones locales es pasado por agua tibia por los medios de comunicación y autoridades nacionales. Pareciera que a veces los derechos no son iguales para todos/as; por lo menos en zonas mineras, donde lo económico se sobrepone a los derechos individuales, colectivos y ambientales.

Durante las últimas semanas nuestro país ha enfrentado una serie de crisis: sanitaria, económica, política, agraria, entre otras; y que han sido acompañadas de movilizaciones y protestas sociales. Algunas se reactivaron ya que habían sido suspendidas debido a la cuarentena a causa de la Covid-19, pero otras han surgido como consecuencias de la crisis que actualmente enfrentamos, entre ellas los conflictos socioambientales.

Hacia noviembre del año 2019, la Defensoría del Pueblo había reportado que en el país existían 126 conflictos de tipo socioambientales, de estos 81 estaban relacionado con las actividades mineras[1]. Después de casi un año, este escenario no ha mejorado mucho, pues en su último reporte de conflicto sociales la Defensoría del Pueblo reportó que actualmente existen 125 casos de conflicto socioambientales de los cuales 77 están relacionadas a actividades mineras[2]. De ambos datos claramente se evidencia que en este año no hay una tendencia al decrecimiento de los casos. Esto puede tener como causa que los mecanismos empleados para la resolución de los conflictos no están siendo efectivos, como lo que ocurre con las mesas de diálogo.

Las mesas de diálogo son espacios que “suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis. Se trata de un espacio político donde acuden los protagonistas del mismo en busca de soluciones al problema que lo motivó. En teoría, se trataría de un espacio donde los actores se conocen, intercambian e incorporan las reivindicaciones de uno en las del otro, tratando de establecer un clima previo de confianza que facilite las ulteriores negociaciones y acuerdos”[3]. Pero más allá de los objetivos con el que lo instituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, existen críticas muy duras al incumplimiento de los acuerdos a los que se arriban, lo cual motiva nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos.

Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con la población de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), que en los últimos años vienen protestando (el más reciente iniciado el 01 de diciembre del 2020) en contra de MMG Las Bambas y su proyecto minero. Los pobladores locales denuncian que tanto la empresa como el Estado vienen incumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo.

La implementación de las mesas de diálogo ha enfrentado muchos desafíos con cada conflicto, la primera que sale a relucir claramente es que este mecanismo no se encuentra regulado. Esto puede en primer momento representar una oportunidad, pues permitiría una mayor flexibilidad de acuerdo al caso concreto, pero al mismo tiempo genera muchos vacíos al momento de la toma de decisiones o el cumplimiento de acuerdos. De la misma forma, la naturaleza de cada conflicto puede demandar la presencia de diferentes sectores en la mesa de diálogo para la búsqueda de solución a las demandas, pero una falta de articulación interinstitucional para dar una respuesta conjunta e integral es una barrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos conflictos socioambientales relacionados a la minería están presentes las materias de fiscalización ambiental, protección del territorio comunal, consulta previa, monitores de la calidad de agua y suelo, salud humana, proyectos de inversión, entre otros.

Muchas de estas demandas están estrechamente vinculas a derechos fundamentales, no solo los de naturaleza individual sino los colectivos que corresponde a los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las mesas de diálogo en contextos mineros deben constituirse en verdaderos espacios de diálogo democrático e intercultural, con pertinencia cultural, que permitan atender las demandas de las poblaciones a través de la construcción de alternativas en forma conjunta (Estado, empresa y comunidades), y sobre todo debe garantizarse el cumplimiento de los acuerdos en los plazos y términos establecidos. Solo así se podrá recobrar la confianza de la población en la buena fe de los actores involucrados y su compromiso.

Lamentablemente los hechos en los últimos años evidencian que las mesas de diálogo no siempre terminan por resolver los problemas de fondo expresados en la conflictividad social; debido a que se instalan después de la escalada del conflicto, desencadenado pérdidas de vidas y heridos, a las que se suman el incumplimiento de las actas y acuerdos que firman el gobierno y las empresas debido a los plazos y la falta de presupuesto. Finalmente, en ocasiones se percibe erróneamente que las mesas de diálogo son solo para otorgar más dinero a la gente y a las autoridades locales, cuando en realidad los pobladores solo buscan ser escuchados y respetados en su posición. Si bien el dialogo y las mesas de diálogo pueden ser una oportunidad para atender demandas justas de la gente, su incumplimiento puede ser la causa de un nuevo conflicto.

 

 

[1] Defensoría del Pueblo.  REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 189. Pág. 19 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-189-Noviembre-2019.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 199. Pág. 18 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-199-septiembre-2020.pdf

[3]  Rodrigo Arce Rojas. Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo y Gestión Territorial Sostenible. SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad/93733

Tras 15 días de protestas en contra de la minera Summa Gold, los pobladores de Shiracmaca en Huamachuco (La Libertad) continúan en paralización. Los reclamos de esta comunidad se centran para que cese la violencia y hostigamiento de la empresa y que se respete su medio ambiente y derecho al acceso al agua.

Durante la marcha pacífica realizada estos días se pudo constatar junto a representantes de la minera Summa Gold que las tuberías de abastecimiento de agua del poblado Shiracmaca se encontraban rotas. Frente a las preguntas realizadas a la abogada de la empresa minera sobre este tema, solo respondió que se realizará la investigación correspondiente al área encargada para dar una respuesta.

Pobladores radicalizarían medidas

Según lo manifestado por los dirigentes, la población de Shiracmaca realizará acciones legales (medidas cautelares) y darán 7 días hábiles para que la empresa minera y las autoridades regionales y nacionales den respuesta y solución a sus pedidos. De no llegar a un acuerdo tomaran medidas más severas bloqueando las carreteras en su totalidad e impedir el ingreso a Huamachuco.

Recordemos que, a raíz del vídeo difundido por las redes sociales donde se observa la violenta agresión por parte de miembros de seguridad de la empresa minera a uno de los dirigentes de la zona, el pueblo de Huamachuco se movilizó para denunciar y rechazar estas acciones y otros abusos cometidos por la minera Summa Gold.

Las comunidades más afectadas por la empresa minera son Shiracmaca, Coigobamba, El Toro y Santa Cruz. En la actualidad sus habitantes sufren las consecuencias de las vibraciones provocadas por las explosiones nocturnas que realiza la empresa minera para extraer el oro de Cerro El Toro.

5 mil afectados y afectadas

Debido a estas explosiones a tajo abierto, más de 5 mil familias se ven afectadas física y mentalmente por la intoxicación con polvo metálico e impurezas que afectan el agua, tierra y aire. A esto se suma las rajaduras ocasionadas en las casas que ponen en peligro latente a los habitantes de estas comunidades. Según lo manifestado por el dirigente de la JASS, Delmer Alva:

“hay una denuncia que estamos haciendo, y en esa denuncia está estipulado los daños que están haciendo a los niños, daños psicológicos y ambientales. Ahora tenemos una población de niños afectados por la violencia, viven con miedo, asustados por los disparos y las explosiones”

El caso más grave es el de la institución educativa IE N°80131 que, según lo manifestado por la consejera regional, Jennifer Catalán, quedó inhabilitado tras colapsar producto de las detonaciones. Por tal motivo los niños del nivel inicial fueron trasladados a aulas prefabricadas.

Sobre las afectaciones de las comunidades, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento del caso e incluso envió el documento Carta de Conclusiones N° 142 – 2020 – DP/OD LA LIB al Sr. Moisés Ruiz Flores, presidente del Frente de Defensa, constatando las acciones realizadas para la fiscalización de las actividades de la minera Summa Gold.

La estrategia de la empresa minera

Lo ocurrido en Shiracmaca grafica cómo opera la minera Summa Gold frente a un hecho que afecta a diversas familias. Dividido en dos sectores: la parte alta y la parte baja, los hogares de Shiracmaca se han visto dañados con resquebraduras por las constantes detonaciones dejándolas en peligro ante posibles colapsos.

Situación que, según lo manifestado por Jennifer Catalán y Moisés Ruiz, llevó a la población a mostrar su rechazo frente a la minera y por lo cual ésta terminó otorgando 850 soles a cada familia afectada. Los únicos que aceptaron el dinero fueron los pobladores de la parte alta, los de la parte baja consideraron el monto irrisorio en relación a todos los daños ocasionados. En el caso de las otras comunidades, no recibieron ningún tipo de compensación económica.

Según lo manifestado por dirigentes de Shiracmaca, por el momento los pobladores de Coigobamba, Santa Cruz y el Toro no apoyarán las manifestaciones en contra de Summa Gold. Sin embargo, han hecho el llamado para que se unan a su lucha por el agua.

Sobre la falta de unidad por parte de las comunidades vecinas, el dirigente Delmer Alva menciona: “internamente los caseríos, ninguno se ha unido a la lucha debido a que la empresa ha movido sus influencias y han negociado. Las otras comunidades están negociando temas de proyectos, obras, y temas económicos con la minera, mañana será un día decisivo para que el pueblo tome el control, para que siga en lucha”

Finalmente, se ha convocado a una asamblea para este viernes 11 de diciembre a las 9 am con el objetivo de definir los puntos de lucha y elaborar un documento para demandar a la empresa minera Summa Gold y a las autoridades locales, regionales y nacionales.

 

Bocamima de pasivo ambiental minero colapsó el día de ayer en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Un video compartido en redes sociales muestra aguas de color naranja emergiendo de una bocamina y bajando al caudal del río Hualgayoc Arascorgue ubicado en el sector Mesa de Plata.

Todo indica que estas aguas contaminadas provienen de un pasivo minero que llevaría años sin ser remediado. Una situación que pone en peligro la salud de muchas comunidades que dependen de los ríos para la irrigación de sus cultivos, además de afectar a los animales que pastorean en la zona.

Según lo manifestado por uno de los pobladores, esta bocamina pertenecería a las empresas mineras Montoya y Colquirrumi que dejaron de operar hace varios años atrás. Según lo manifestado por el poblador:

“Seguramente por las lluvias que ha habido en estos días, posiblemente haya explotado la bocamina y hayan emergido estas aguas contaminadas, lo que muestra que los pasivos ambientales están abandonados acá. es responsabilidad del MINEM y las empresas que en algún momento explotaron con la minería antigua”

Solo en Hualgayoc existen más de mil pasivos ambientales mineros abandonados por la actividad minera.

Pasivos ambientales

De acuerdo al último inventario del MINEM del 2019, existen más de 8,400 pasivos ambientales que no han sido remediados. Situación que es un riesgo latente para la salud de la vida humana y de la que el Ministerio de Energía y Minas, MINSA, MINEM en conjunto con las empresas mineras responsables y autoridades locales deben tomar acciones inmediatas.

Tras comunicarnos con el sr. Eloy Sánchez Leiva, Gerente del Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, mencionó que visitó el lugar afectado para corroborar los hechos. En su visita pudo constatar la emanación de pasivos: “todo indica que la emanación se produjo debido a las fuertes lluvias que hemos tenido, siendo los ríos Llaucano y Hualgayoc los más afectados”

Además, señaló que se ha enviado documentación pidiendo la participación de la OEFA, el ANA y de La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) para tomar acciones al respecto.

Finalmente, indicó que se comunicaran con el MINEM y con Activos Mineros (AMSAC) con el objetivo de remediar los pasivos mineros existentes en Bambamarca.

Ver vídeo Aquí

El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020