En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil

  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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Luego de casi un año desde que los pobladores de la antigua ciudad de Morococha presentaron una demanda de Habeas Corpus contra la minera Chinalco, el Poder Judicial les dio la razón y reconoce sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “. De esta manera, el juez contradijo lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

Asimismo, con dicha resolución el Poder Judicial también reconoce el derecho al libre tránsito de los pobladores, luego que la minera les cerrara el acceso a sus propias viviendas.

Cuando en el 2012 se inició el proceso de reasentamiento poblacional de la ciudad de Morococha, un grupo de familias no aceptaron las condiciones que daba la empresa para el traslado. Ahí empezó el problema para este grupo poblacional que incluso fue acusado de ilegales y tuvo, durante este tiempo, convivir con la hostilidad de la minera.

Según precisa, Elvis Fuster Calderón, representante del Frente de Defensa de los Intereses de  Morococha, a las familias que se quedaron la minera les cerró el paso y tuvieron que aprender a vivir entre los desechos.

“Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco hay posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco”, comentó.

Para el Dr. Carlos Castro, asesor legal de los pobladores, con la resolución del Poder Judicial se le devolvió los derechos a este grupo poblacional. Incluso resaltó que el juez constato el estado en que vivían los pobladores que se negaron al traslado

“El propio juez ha dicho que se vive en escombros. Han verificado la inexistencia de energía eléctrica, no tienen acceso a la tecnología, se ha verificado que destruyeron las vías de acceso y los mismos pobladores tuvieron que arreglarlo”, dijo el letrado.

Antecedentes

Cuando se inició la etapa de exploración del megaproyecto Toromocho a cargo de la Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China, se empezó a planificar y diseñar el reasentamiento poblacional de los habitantes del distrito de Morococha puesto que dicha actividad de extracción a tajo abierto y tratamiento inicial de 117,200 toneladas diarias de mineral de cobre y algo de molibdeno se desarrollaría en una extensa área de las microcuencas de Yauli y Huascacocha comprometiendo la salud y la vida de la población de la hoy Morococha antigua.

Para el 2009 se estaba culminando el Estudio de impacto ambiental, en el cual se incluía el Plan de reasentamiento poblacional. Según el estudio de impacto ambiental del proyecto (Knight Piésold, 2009), el reasentamiento era un proceso sumamente necesario, no solo para dar paso a la ejecución del proyecto Toromocho, sino también para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del distrito de Morococha. Sin embargo, la empresa minera no viene cumpliendo con lo acordado en su plan ambiental.

Solo cuatro años después de que los primeros vecinos comenzaran a vivir en la Nueva Morococha, el balance del reasentamiento es desalentador y la supervivencia misma del pueblo está en riesgo el aire.

Por otro lado, los que aceptaron el reasentamiento denuncian el incumplimiento de las promesas de la minera y ven inviable seguir en la situación en la que están, por responsabilidad del Estado y la minera en un pueblo moribundo: sin posibilidad de una demanda que sostenga la economía de la ciudad y con muy limitadas oportunidades de trabajo, en una zona principalmente de bofedal y de riesgosa cercanía con las aguas contaminadas que proceden de la laguna Huascacocha, las malas condiciones de salubridad y las posibilidades de un desastre en el territorio donde se ubica la nueva ciudad, sus habitantes la consideran no apta para vivir, y con una población decreciente en retiro.

Entre los incumplimientos de la minera están la construcción de un campamento minero para 500 trabajadores. Estos, según los pobladores, hubieran ayudado al dinamismo de Nueva Morococha.

Según, Juan Aste, consultor de Red Muqui, llama la atención el incumplimiento de Minera Chinalco respecto a sus compromisos en el EIA para lograr el reasentamiento, entre los que está la construcción de un campamento para 500 trabajadores trabajadores en la nueva ciudad, y una demanda de empleo de parte de Minera Chinalco cuyo nivel permita lograr ingresos suficientes para hacer viable la permanencia de la población en Morococha.

Estos incumplimientos tienen un gran efecto en la dinámica económica y social del distrito de Morococha, donde los bienes y mercancías adquiridos por los trabajadores impulsan la actividad económica y contribuyen a generar posibilidades para las alternativas al desarrollo de la población local. Sin embargo, el poco volumen de ventas generadas actualmente diezma el bienestar material de las personas que optan por emigrar a localidades aledañas, reduciendo aún más la dinámica económica del distrito.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo resuelto por el Poder Judicial no hace más que restablecer los derechos de los pobladores de Morococha, generando posibilidades para lograr un adecuado reasentamiento, previo convenio marco, cuya firma incluye al Estado Peruano como garante de los derechos de la población de Morococha.

“Se necesita una mira en conjunto y un estado que cumpla con sus funciones regulatorias. Si la minera no cumple, el Estado debe hacerlo cumplir”, concluyó la representante de la CNDDHH.

Acciones

Esta tarde, representantes de la población organizada de Morococha acudieron a la PCM a dejar una carta a la Primera Ministra, Mirtha Vásquez, solicitándole reciban a la delegación de Morococha a fin de tratar sobre el restablecimiento de los servicios básicos (salud, educación, y otros), la culminación del reasentamiento, el convenio marco, y sobre la implementación de un plan alternativo al desarrollo de las poblaciones de los distritos de Morococha y Yauli. También se incorporaría la demanda para que se institucionalice el monitoreo y la vigilancia ambiental del territorio con la participación autónoma y protagónica de las comunidades y centros poblados de dichos distritos.

El pasado 19 de noviembre diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, re-iniciaron una protesta y bloqueo del Corredor Minero Sur con el objetivo de denunciar que la compañía minera MMG Las Bambas no ha estado cumpliendo con los compromisos que se habían pactado.

En la reunión realizada en el sector de Ccollana, distrito de Velille, el último viernes 19 para discutir los temas correspondientes al Subgrupo de Trabajo N°2, Evaluación y análisis de las afectaciones ambientales (presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM)), se había acordado que le correspondía a la empresa minera presentar una propuesta económica para las comunidades que son parte de las áreas de interés ambiental y social por la alta contaminación que sufren. Sin embargo, los representantes de la mina llegaron a la reunión sin ninguna propuesta clara de apoyo económico, lo cual fue la razón por la que las 10 comunidades decidieron reiniciar las protestas declarada en el acta de la reunión

Frente a esto, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilder Fuentes, señaló que los bloqueos más fuertes se encuentran en los sectores de: Cruzpampa, Cancahuani, Ahuichanta, Idiopa Ñaupa Hapo, Urinsaya, Lacca Lacca, Yanque Parccobamba, Hatun Ccollana, Huaylla Huaylla y Huininquiri. Además, otra de las demandas de las comunidades de Chumbivilcas es que se las incluya como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa. Esta última representa una demanda que se había establecido en los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo del mes de octubre y que, sin embargo, la empresa minera Las Bambas aún no cumple.

De esa manera, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, a través de un pronunciamiento, exigió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, pero también de los altos ejecutivos y funcionarios de la minera en mención, para que se puedan atender las demandas que exigen las comunidades que no están siendo cumplidas por la minera.

 

SEGUNDA REUNIÓN PARA DISCUTIR LAS DEMANDAS

En el quinto día de protesta, el 24 de noviembre en la institución Educativa Huininquiri, se llevó a cabo una segunda reunión entre representantes de la minera MMG Las Bambas y las comunidades manifestantes, además, en la reunión se contó con la participación de funcionarios de la PCM. Cabe resaltar que la reunión fue convocada por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

En esta reunión, la empresa minera presentó una serie de propuestas a las comunidades:

  • Incluir a las comunidades en la cadena de valor con un cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, y otros 12 cupos para camionetas y mantenimiento vial de todo el tramo de Chumbivilcas
  • La minera se encargará del mantenimiento del micropavimento, mantenimiento de la carretera de tierra y regado de la vía.
  • Las comunidades de la zona que son afectadas serán consideradas como áreas de interés ambiental y social hasta que presente la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo cual significa que la empresa aportará un presupuesto para proyectos de desarrollo sostenible en cada una de las comunidades.

Sin embargo, las comunidades de Chumbivilcas presentaron una contrapropuesta. En esta exigen que se les consideré un 20% de unidades de transporte de concentrado, un aproximado de 75 unidades y 50 camionetas,

Si bien los representantes de las comunidades aceptaron la propuesta del mantenimiento vial por parte de la minera, no hubo un acuerdo en las demás propuestas, por lo cual se decidió continuar con la protesta hasta que la minera Las Bambas presente una mejor propuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha para una futura reunión entre ambas partes.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Finalmente, esta semana se ha oficializado la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. 28 son los congresistas que han firmado esta moción y son de las representaciones de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Estos partidos y sus medios de comunicación aliados han empezado a planificar la vacancia desde el día que ganó las elecciones el profesor Pedro Castillo. Como argumento de la vacancia han presentado la “permanente incapacidad moral” y se sustentan en que se designó a “altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo», «tráfico de influencias en ascensos de las Fuerzas Armadas y en la SUNAT», «Libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas», entre otros. La mayoría de constitucionalistas coinciden en que estas no son causales de vacancia, y por el contrario se trata de una especie de venganza política, con ello ingresamos a otro escenario de crisis nuevamente en el país.

De otro lado, la semana que pasó también ha evidenciado toda la arremetida del gremio empresarial minero en nuestro país. Esto se debe al acta que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmó el pasado viernes 19 de noviembre en Cora Cora – Ayacucho. Mediante este se anunció el cierre de 4 minas (Apumayo, Breapampa, Inmaculada, Pallancata) que se encuentran desarrollando actividades en las cabeceras de cuenca del Sur de Ayacucho. Frente a ello, la CONFIEP y la SNMPE han respondido negándose a poner fin a sus actividades de explotación en territorios donde la agricultura y la ganadería son la principal actividad económica para la población. Por el contrario, señalan que se está atentando contra el orden jurídico y el Estado de Derecho. Luego de una presión sin precedentes contra el gobierno de Castillo, la PCM ha debido aclarar que no se va actuar de manera unilateral en los procesos de cierre de minas.

Hace tiempo que no veíamos semejante campaña mediática de los gremios mineros y sus medios atacando a la premier Mirtha Vásquez, señalando que los planes de cierre de minas son instrumentos ambientales “vivos y dinámicos” que se cambian cuando ellos quieren y que no se va permitir ningún tipo de cambio en este sector. Olvidan las empresas mineras que el Estado de Derecho rige para todos, no solo para el sector empresarial, sino también para las comunidades afectadas del sur de Ayacucho que reclaman con justicia atención a sus demandas, ya que los anteriores gobiernos no los ha escuchado. Pedir proteger las cabeceras de cuenca, el medio ambiente, la vida y la salud de las personas en zonas mineras no es una agenda antiminera ni mucho menos oponerse a la inversión privada. Se trata de evaluar los riesgos e impactos que genera esta actividad en la zona y poner por encima de todo la vida y la seguridad de las personas que allí viven. Lamentablemente, no lo ven así un grupo de empresarios, que tampoco están dispuestos a escuchar las voces de la gente que allí vive, y que esta semana no han tenido una opinión o un espacio en los medios nacionales.

El anuncio de la premier Mirtha Vásquez en la comunidad de Cora Cora el pasado viernes 19 de noviembre, de hacer cumplir la programación de cierre de cuatro proyectos mineros, en respuesta a los reclamos de las comunidades en tres provincias del sur de Ayacucho generó molestias en el gremio minero y el conglomerado de empresarios de la CONFIEP. Después ha habido una aclaración de la premier, que muchos comentaristas han interpretado como una media vuelta para esquivar los ataques empresariales. Al menos han sido palabras que intentan matizar algo que los empresarios, por un lado, han hecho ver como un ataque a las inversiones y, las comunidades, por su parte, han asumido como un avance en el reconocimiento de derechos humanos fundamentales.

Por eso, estas últimas agrupadas en el Comité de Lucha Central de Ayacucho Sur Contra la Contaminación Ambiental aseguraron el martes 23 a través de un comunicado que esperan el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos firmados solemnemente en Cora Cora y que incluye la negociación de los plazos y términos del retiro con las empresas y la participación de las comunidades y el cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca. A través del mismo comunicado han advertido, que el paro indefinido se podría reactivar si el Ejecutivo incumple el acta firmada. Un acuerdo que según el mencionado comunicado expresa un paso importante para la solución del conflicto minero ambiental, tras más de 10 años de lucha.

En cuanto al conflicto ambiental el gerente general de la empresa Ares, Ignacio Bustamante, dueña de las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, y a su vez subsidiaria del consorcio de capitales británicos Hochschild Mining plc. afectadas por el anuncio, rechazó rotundamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera.”,

Prácticas que son cuestionadas justamente por las comunidades que respaldaron el acuerdo de Cora Cora en el manifiesto del mencionado Comité de Lucha del pasado martes: “Las corporaciones mineras se han posicionado sobre yacimientos minerales ubicadas exactamente sobre las cabeceras de cuenca con las consecuencias de graves contaminación de agua”

Para el ingeniero ambiental Edwin Alejandro de Red Muqui, el gran potencial que tiene esta región es la gran cantidad de fuentes hídricas que están ubicadas en estas cabeceras de cuencas en Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. “En la zona hay más de 587 fuentes que están en riesgo por estas actividades extractivas, no sólo por las minas que ya están siendo explotadas y por los proyectos en exploración con perforaciones que se han dado en plena pandemia para examinar el potencial minero dentro del territorio”.

Las comunidades de las tres provincias basan su rechazo en los documentos técnicos de dos entidades oficiales que han analizado la calidad del agua y han encontrado metales pesados. Como resume el medio de investigación periodístico, Epicentro TV, “El primero es un informe técnico del Ministerio de Salud que contiene los resultados de una evaluación realizada al agua que consumen los pueblos del sur de Ayacucho, y el otro, un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, con las conclusiones de varios monitoreos realizados a cuencas, ríos, quebradas y riachuelos ubicados en el ámbito de acción de las mineras”.

Hasta aquí la evidencia. Más difícil, porque requiere de muchos otros estudios, es establecer la causalidad entre la minería y esos metales pesados en las fuentes de agua.

En otra arista de los conceptos en disputa el jefe del gremio empresarial CONFIEP, Oscar Caipo, en la conferencia de prensa del pasado sábado sentenció que el gobierno actuaba “desconociendo el Estado de Derecho y todos sus principios y constituye un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país”. En una afirmación que puede interpretarse como una amenaza hacia el gobierno y que desconoce las atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, el representante de la CONFIEP añadió  que “ la Primera Ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley, asumiendo funciones que por ley corresponden a otras instancias del Estado, sin el mandato legal y competencias para tomarlas”.

Para el abogado Rodrigo Lauracio se podría argumentar también la seguridad jurídica desde el punto de vista de la importancia que tiene el cumplimiento de los planes de cierre para las comunidades afectadas y explica “Al igual que garantizar la seguridad jurídica de las empresas mientras, el Estado también tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos (ambiente, agua, salud, territorio). Cuando una actividad minera pone en riesgo estos derechos, conforme al art. 4 del reglamento de la ley 28090, el Estado puede ordenar su cierre adelantado».

En cuanto al relato del beneficio económico que traería la actividad minera para el país que han reiterado desde el gremio de los empresarios mineros, tanto para las contribuciones al fisco como para la generación de empleo, Juan Aste pone en entredicho esos argumentos. Para el economista  las únicas que ganan principalmente son las empresas mineras, que en un primer momento  solo aportan en tributos entre el 8 y el 10 por ciento del total que recauda el Estado. Sin embargo, y si se descuentan las devoluciones que ese mismo Estado entrega a las mineras, su aporte neto para el periodo 2015 a 1019  fue de apenas el  tres por ciento. Únicamente durante los superciclos de altos precios de los metales, como el que estamos presenciando actualmente, esa proporción aumenta. Así, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha subido al 14.4 por ciento.

Para el economista y consultor de Red Muqui lo que han intentado los empresarios con su tono confrontacional hacia el Gobierno es frenar cualquier acuerdo del Gobierno con las organizaciones sociales.

Según su punto de vista “Se ha llegado casi al punto cero, pero sí se ha abierto un debate que es muy fructífero y que hay que aprovechar para garantizar las condiciones básicas, para que exista la actividad minera en estas cuencas. Creo que ahí hay un elemento clave. Porque si se cierran mal estas minas, como ha ido ocurriendo, es el incremento de los pasivos ambientales (PAM). Estamos en 7668 de estos pasivos ahora. Lo que hay que hacer es evaluar con las comunidades que están en riesgo,  la implementación de estos planes de cierre en esos sitios. Hay una extensa actividad agropecuaria y hay mucha gente que está empleada porque hay una amplia cadena productiva y de comercialización que se extiende de esos tres o cuatro provincias, clave en la zona”.

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Integrantes de las Rondas Campesinas del departamento de La Libertad han intensificado este miércoles las movilizaciones en el marco del paro indefinido que iniciaron el lunes 22 de noviembre para lograr que sus demandas sean atendidas lo antes posible. Entre el amplio petitorio de las comunidades destacan reivindicaciones económicas, de apoyo a la producción agrícola y de protección ante la contaminación ocasionada por la minería.

Organizados en piquetes, los ronderos han intentado esta mañana bloquear la avenida panamericana norte a la altura del ingreso al distrito de Salaverry.

Intentos que, sin embargo, han sido frustrados por Unidades de Servicios Especiales (USE) de la Policía (PNP), que han despejado la carretera en ese tramo, para lo cual usaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Chami Radio informa de al menos dos personas heridas y una mujer campesina detenida por la PNP.

Los campesinos ronderos sí han logrado cortar con éxito la carretera que une a Trujillo y Otuzco en varios puntos y las vías que conectan al poblado de Callacuyan en la provincia de Santiago de Chuco con Huamachuco y, a su vez, a esa capital de la provincia Sánchez Carrión con el poblado y la laguna de Sausacocha.

Los comuneros exigen la instalación de una mesa de diálogo con la presencia de autoridades del gobiernos regional y central para deponer las movilizaciones. Según declaraciones de Pablo Haro Quispe, dirigente de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, recogidas por el Diario El Correo, por el momento no se ha podido establecer una mesa de diálogo porque ninguna autoridad del Ejecutivo se ha acercado a ellos para informar si están dispuestos a reunirse con las comunidades, y aseguró: “No vamos a asistir a ninguna mesa de diálogo si no está presente el presidente de la república, Pedro Castillo, o la premier, Mirtha Vásquez. No nos vamos a reunir con directores ni técnicos que no tienen poder de decisión”. El dirigente se mostró confiado de la fortaleza del movimiento ya que los piquetes se encuentran en puntos estratégicos de las carreteras y constantemente son “relevados por nuevos compañeros que se van sumando a la medida de lucha”.

En conversaciones con RPP Noticias, el propio Quispe, declaró que, entre otras urgencias impostergables, el Gobierno del presidente Pedro Castillo debe intervenir para frenar el alza en los precios de los fertilizantes, otros insumos agrícolas, combustibles y productos de primera necesidad. Además, exigen la reasignación de recursos, que según ellos ya tenía presupuestado el gobierno regional, para la compra de maquinaria y vehículos para el desplazamiento de las Rondas Campesinas y la conclusión de la construcción de carreteras.

Uno de los reclamos menos visibilizados por los medios de comunicación, sin embargo, se relaciona con la contaminación del río Moche, que se está agudizando por el impacto de los relaves mineros, afectando actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades y distritos que viven en el Valle Santa Catalina, en la región norteña de La Libertad.

Esta afectación ambiental es la que habría detonado la decisión de iniciar una huelga de duración indefinida, tomada en las últimas reuniones entre rondas campesinas, organizaciones sociales de base y ciudadanía en general.

Cabe señalar que el 17 de diciembre del año pasado se declaró en emergencia el río Moche. Sin embargo, para los dirigentes como Pablo Haro Quispe, que también preside el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche, el Gobierno hasta ahora solo se ha dedicado a prorrogar la declaratoria, y no a realizar acciones concretas para resarcir los daños provocados por los pasivos ambientales. “Existe un sinnúmero de documentos que certifican que las aguas del río Moche están contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2018, indicó en su informe que el agua no cuenta con estándares de calidad ambiental, en pocas palabras lo que dijeron es que el agua no es apta para consumo humano. Ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es por eso que muchas familias están perdiendo sus sembríos. Es una situación terrible lo que estamos enfrentando’, señaló Haro Quispe en conversación con el OCM.

La contaminación no solo se ha producido por los relaves mineros, principalmente de la actividad minera de la explotación de plata Quiruvilca, propiedad del consorcio Pan American Silver Corp. sino también por el mal manejo local de los residuos sólidos, debido a que los poblados no cuentan con pozos de oxidación, ni tratamiento de aguas residuales, afectando más de 60 mil hectáreas de tierra cultivable.

El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

  • La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
  • En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
  • Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
  • Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

 

Lima, 21 de noviembre del 2021.

Defensores de los derechos humanos del Puerto de Huarmey se han reunido el 17 y 18 de noviembre en Lima con con el congresista Dr. Elías Varas, y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, para que cesen las amenazas y la criminalización de la población que se manifiesta contra los daños ocasionados por la empresa minera Antamina, cuyo mineroducto acaba en Puerto Punta de Lobitos, próximo a Puerto Huarmey. La ministra se ha comprometido a oficiar la conformación de una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa minera con la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tal como consta en el acta firmada en Aquia por el presidente de Antamina, Víctor Gobitz; el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales; la congresista de Ancash, Lady Camones; y ella misma, Gisela Ortiz, tras la suspensión de las protestas en Aquia y puerto Huarmey el 05 de noviembre.

Las protestas iniciaron aproximadamente hace tres semanas contra la novena mayor explotación de cobre del mundo. Sin embargo, ese acuerdo no se ha materializado hasta ahora. 

Es más, a pesar de la suspensión de la movilizaciones – que habían llevado a la inédita paralización de las operaciones de la mina, controlada por los dos mayores consorcios mineros del mundo, BHP Billiton y Glencore- el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huarmey dictó prisión preventiva para 6 pobladores que protestaron contra Antamina en Huarmey. Entre ellos una persona de 66 años y un menor de edad con discapacidad, que finalmente no fue a prisión y está con comparecencia restringida.

En el marco del proceso de diálogo instalado, como consta de un documento firmado por las tres partes, Estado, comunidades y empresa, el presidente ejecutivo de Antamina había prometido que “realizarán los trámites legales para que se archiven las denuncias contra los dirigentes de Aquia y puerto Huarmey”. No obstante esa firma, la fiscal a cargo del caso, Lidia Barrón Apestegui, en una acción que el abogado de Red Muqui Rodrigo Lauracio interpreta más como una acción de amedrentamiento a través de las herramientas penales antes que la persecución de eventuales desmanes ocurridos durante las protestas, logró que fueran imputados y detenidos cinco vecinos como presuntos autores del delito de violencia contra la autoridad. De acuerdo a su experiencia “la fiscalía envía una señal política a través de esta acción, sabe que no cuenta con pruebas, ni testigos, pero probablemente los mantenga en prisión durante un tiempo hasta que puedan salir con medidas cautelares y mantenga el procesamiento de ellos y otras 57 personas durante un año y medio o dos. Es un tiempo en el que la gente y sus familias están atemorizadas y deben gastar tiempo y recursos para pagar abogados, viajar y defenderse de hechos que no cometieron”

Para denunciar esta situación de criminalización de la protesta y exigir la liberación de los detenidos, una delegación de la Junta Vecinal del Puerto Huarmey ha estado reuniéndose con diversas autoridades en Lima. Acompañados por la activista socioambiental y ex congresista María Elena Foronda, han logrado plantear sus demandas, de tal manera que la situación que enfrentan los centros poblados de Huarmey por la actividad minera de Antamina reciba la atención que merece. Hasta hace pocos años el puerto y sus alrededores eran conocidos por sus hermosas playas y sus variados y abundantes pescados y mariscos. Desde que se instaló el terminal del mineroducto, la actividad pesquera, que a parte de la pesca artesanal atrajo tres fábricas para el procesamiento de la anchoveta, casi ha desaparecido. Las instalaciones cerraron y los pescadores en sus pequeñas embarcaciones deben desplazarse por horas para encontrar el preciado pescado. Por eso, para comprobar qué ha pasado con esa hasta hace poco rica fauna marina exigen un monitoreo ambiental independiente que verifique los impactos sobre el fondo marino y las especies que aún lo habita.

Tan importante como comprobar lo que ha pasado con los seres que habitan el mar es verificar a lo que están siendo sometidos los organismos de las personas del lugar. Sus habitantes temen que las manchas y escozores que padecen, se relacionen con los polvos que emanan del terminal minero, por lo que exigen una continua, pero hasta ahora inexistente evaluación epidemiológica de la población para descartar la presencia de metales pesados en la sangre. 

También en este reclamo, la ministra de Cultura Ortiz ha sido receptiva, ya que ha asegurado su apoyo en recolectar información que pueda dar sustento para la realización de un Estudio de Evaluación Epidemiológica de la población.

Estrechamente vinculado a lo anterior, los vecinos exigen la remediación de los pasivos ambientales mineros. Además, para suplir la merma en las actividades económicas que tradicionalmente giraban en torno al mar, el ejecutivo debe implementar programas de inversión socio económicos en el puerto así como otorgar garantías de intangibilidad de las áreas de pesca artesanal. Finalmente y para evitar que se repitan hechos similares, exigen una investigación sobre los procesos judiciales realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP). En este punto, de acuerdo a la palabras de María Elena Foronda: “la ministra se ha comprometido a canalizar toda la información de lo actuado en el tema judicial y penal del proceso que se está llevando adelante para pedir información directamente al Ministerio del Interior (MININTER) sobre la actitud de hostigamiento que ha tenido la policía con la comunidad de Puerto Huarmey”. 

 

El viernes 12 de noviembre, dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata acordaron llevar a cabo el paro indefinido que inició el pasado lunes debido a la ausencia de la premier Mirtha Vásquez a la zona para sostener una reunión con autoridades locales y dirigentes de la cuenca del río Coata que involucra a 5 distritos que son afectados directamente por la contaminación de la cuenca.

Llegado el día lunes 15, si bien pobladores de los cinco distritos iniciaron el paro colocando escombros en el río Torococha, Alcaldes distritales de la cuenca del Coata y alcalde provincial de Juliaca y Puno, así como representantes de organizaciones sociales, llegaron a Lima para reunirse con la premier y representantes del Estado para discutir las demandas que exigen las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla.

Recordemos que las principales demandas de las comunidades son la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al río Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Román y Seda Juliaca. Actualmente la población no cuenta con las suficientes cisternas de agua potable como medida de emergencia frente a la contaminación.

Asimismo, exigen la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura.

Luego de los dos días de reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo que dió fin al paro emprendido en la zona de parte de las comunidades. Entre los principales acuerdos, se establece que el Ejecutivo y los gobiernos locales trabajarán para que los proyectos de saneamiento priorizados empiecen su ejecución el año 2022, 

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia de recursos, una vez iniciada la ejecución del presupuesto del año 2022, durante el primer trimestre, para los proyectos aptos y priorizados de los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el programa AGROIDEAS se comprometió a formular planes de negocio y/o proyectos de reconversión para los distritos de la cuenca Coata, con la finalidad de cofinanciar mini establos y pastos cultivados como inversión complementaria. Finalmente, se realizará la inversión para realizar los estudios para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para el riego en el ámbito de la cuenca Coata. 

Finalizada la reunión, el alcalde distrital de Coata, Elmer Pelinco destacó que se haya establecido el diálogo con el Ejecutivo, lo que ha permitido establecer las bases para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en beneficio de la población de Coata, Huata, Caracoto y Capachica.

“Nuestra realidad va a cambiar. Nosotros creemos en el presidente Pedro Castillo, los ministros y la premier, quienes hoy han hecho un compromiso para poder ejecutar los proyectos de agua y saneamiento”, afirmó.