Amenazas, estigmatización, criminalización y ataques, son los constantes problemas que sufren las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente en América Latina, y el Perú no está exento de ello. Dada la crisis climática se ha tomado conciencia de la importancia de generar medidas que contribuyan a la protección del medio ambiente, pero aún no se reconoce la importancia de la labor que realizan las y los defensores y los riesgos que enfrentan.

A pesar de los avances positivos en cuanto a la creación de medidas normativas para la protección de las personas defensoras, como el diseño de un nuevo Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo cual contribuye a que el Perú siga siendo considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra y medio ambiente. Un país en el cual, en la última década, 220 personas defensoras fueron asesinadas. Por esa razón, es primordial generar espacios de discusión que contribuyan a generar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas defensoras y que contribuyan a que su labor se desarrolle sin ningún riesgo.

Por estos motivos, les invitamos a participar este miércoles 15 de setiembre a las 11am del foro: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”, organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El foro contará con la participación de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú, Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia, y defensores/as de derechos.

El foro discutirá sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú. Además, se socializarán hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común y recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú, discutiendo casos emblemáticos con los propios defensores de DDHH de Espinar, Valle de Tambo y de la comunidad Awajún, para así generar aprendizajes para la protección y la generación de un entorno seguro para el trabajo de aquellas personas en general que defienden la tierra y nuestra casa común.

El foro será transmitido a través de nuestras redes sociales y de Wayka.

Ante la demanda de varias autoridades, entre congresistas, alcaldes, dirigentes y pobladores, respecto a la necesidad de acción por parte del ejecutivo ante la situación de contaminación de los distritos de la provincia de Cerro de Pasco y la situación de niños y niñas y adultos afectados por los metales tóxicos; durante su visita a Pasco el 3 de septiembre, el ministro de Energía y Minas relativizó la situación de las personas afectadas por la contaminación minera, al señalar que «aquí se tiene que hacer análisis respectivos y los más neutrales posibles. Digo neutrales posibles porque tampoco vamos a hacer campaña a un grupito en particular», en alusión a la intervención del director de la institución Labor de Pasco, que señaló que estudios internacionales han confirmado que los niños y niñas de Parashca y Carhuamayo están contaminados con varios metales pesados.

La institución Labor de Pasco, la municipalidad de Parascha y Carhuamayo y las organizaciones sociales de afectados por la contaminación de Pasco hacen parte de la mesa de Salud Ambiental de Pasco y de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Durante la semana, la novedad en el escenario político peruano la ha dado el presidente Pedro Castillo, ya que después de su juramentación como presidente de la República, es la primera vez que envía un mensaje a la nación para hacer algunos anuncios. Entre la que más ha destacado fue la construcción de una planta para la fabricación de la vacuna Sputnik en el Perú, algo que sin duda nos parece importante. A la par, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en la semana también ha declarado a la prensa señalando que “la calle pide la vacancia presidencial de Pedro Castillo”, echando de esta forma más leña al fuego a la confrontación política entre el Ejecutivo y Legislativo. Lamentablemente, este escenario de constante crispación política no nos lleva a ningún lado, por el contrario, se pierde el norte para discutir lo verdaderamente importante para el país.

De otro lado, un tema que queremos comentar y que debería generarnos preocupación es el desabastecimiento de agua que vienen sufriendo los pobladores de uno de los distritos más grandes del país, hablamos de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima. Lo que viene pasado en este distrito no solo es responsabilidad de las autoridades competentes en este sector como SEDAPAL o los gobiernos locales, si no de la política de gobierno que se debe empezar a discutir para garantizar agua en cantidad y calidad para todos los peruanos y peruanas que no tienen acceso a este recurso vital. Lo que viene pasando en San Juan de Lurigancho solo es una muestra de lo que podría pasar si se desabastece de agua a toda Lima, una de las ciudades más pobladas de todo el país. Y esto pasa por proteger nuestras cabeceras de cuenca en las partes altas, así como reconocer el trabajo de cuidado que realizan nuestras comunidades campesinas en estas zonas, que muchas veces son estigmatizadas o criminalizados por defender sus recursos hídricos.

Finalmente, esta semana, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino ha realizado una serie de visitas a dos regiones mineras en el país, primero a Pasco y luego a Huancavelica. En el primer caso, ha visitado dos zonas afectadas por la minería en la provincia de Cerro de Pasco, y como era previsible, el principal reclamo de los cerreños es la atención a los impactos ambientales y a la salud de las personas expuestas a metales tóxicos en la zona. Al respecto, el ministro Merino pidió al viceministro de Ambiente que le envié un estado de la situación actual, incluyendo los informes de la ANA y OEFA. Y respecto a los casos de afectados por metales tóxicos, relativizó su situación al señalar que deberían haber estudios «neutrales», desmereciendo los estudios internacionales que se han hecho a decenas de niños en la provincia de Cerro de Pasco, que precisó que habían niños contaminados con plomo, mercurio y otros metales pesados.

Del mismo modo, el titular del MINEM estuvo en Huancavelica para escuchar las demandas de los pobladores y autoridades locales, quienes cuestionan el intento de ingreso del proyecto minero de exploración Puqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources a sus territorios. La posición de la población local es que este proyecto no se puede realizar porque afectaría las fuentes de agua para consumo humano de la ciudad de Huancavelica. En ambos casos, el ministro de Energía y Minas no ha podido responder con claridad sobre como se piensan gestionar estas demandas e impactos que viene generando la actividad minera en el país. Luego de más de tres décadas de intensa actividad minera en el país, es evidente que tenemos que discutir un nuevo marco jurídico y social para la minería y no solo promoverla sin mayor discusión o revisión, como lo han hecho los últimos gobiernos de turno.

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El último martes 07 se llevó a cabo la tercera mesa de discusión del “Ciclo de conversatorios: el Perú del Bicentenario: los problemas actuales de las personas defensoras del ambiente y los territorios”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con Asociación SER, CBC, Oxfam, Kené, DAR, DHUMA, IDL y Red Muqui, y fue transmitida por el Facebook de Red Muqui. En esta mesa se abordó sobre la situación de vulneración y formas de resistencia de Defensores Ambientales en el Perú, y se contó con la participación de panelistas pertenecientes a organizaciones sociales y organismos públicos. 

Los defensores y defensoras ambientales son personas que tienen como objetivo principal realizar acciones para proteger los derechos relacionados con el medioambiente, la tierra y su territorio. De esa manera, su trabajo, al tener una importancia vital para el cuidado de nuestros hogares, la protección de estas personas también incumbe a todos y todas. Sin embargo, de acuerdo con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la labor de los Defensores/as Ambientales viene siendo afectada por diferentes problemas como la constante estigmatización que sufren clasificándolos como ‘anti desarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales; además, sufren de hostilización, agresiones, utilización indebida del derecho e inclusive de la criminalización. A pesar de eso, comenta que hay una ausencia de sanción por los ataques realizados contra estas personas protectoras del ambiente, e incluso, no existe, a la fecha, sentencia alguna por las muertes de defensores ambientales e indígenas en el Perú.

Esto también es complementado por lo señalado por el Secretario General de las Asociaciones de Urbanización y pueblos jóvenes de Espinar, Vidal Merma, quien explica casos de una gran cantidad de defensores ambientales y dirigentes en la provincia de Espinar que reclamaban sus justicia, pero que fueron criminalizados e incluso asesinados por parte de la policía y que, a pesar de que hay evidencias del asesinato, los casos nunca se han visibilizado a nivel nacional e internacional. Además, comenta sobre hechos similares ocurridos en Moquegua en donde las empresas que realizan actividades que afectan el territorio han llegado a asesinar a dirigentes y defensores del medio ambiente. Merma añade que las empresas silencian sistemáticamente a las personas que reclaman justicia, y solo las que cuentan con dinero suficiente, pueden obtenerla, mientras que las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden pagar un juez.

A raíz de eso, las poblaciones y los/las defensores que sufren constantemente las violaciones de sus derechos, viven con una inseguridad total porque no hay una institución del Estado que pueda brindarles seguridad, y señala que el Ministerio Público no hace su trabajo de administrar justicia, y no hay nadie de parte del Estado que los defienda.

Es importante tomar en cuenta que la criminalización, la violencia ejercida hacia los/las defensores no solo les afecta a ellos/ellas, sino que también afecta a sus familias. Por esa razón, y ante la ausencia del Estado para proteger la labor y los derechos de las personas defensoras del ambiente, surge la necesidad de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en la que trabaja la panelista Judith Nunta. Esta organización ha diseñado un Programa Mujer Indígena que trabaja con mujeres indígenas, quienes han quedado viudas, por el asesinato de defensores. El programa busca promover el liderazgo femenino y la reivindicación de su rol dentro de las comunidades, federaciones y otras organizaciones de gobierno indígena.

Discutiendo sobre las problemáticas que generan la afectación a los derechos de los defensores y defensoras, Percy Castillo señala que la Defensoría del Pueblo considera que las principales causas de los ataques, amenazas y homicidios a este grupo son los problemas estructurales: actividades ilegales (tala, minería, agroindustria, etc.), falta de titulación de comunidades, falta de presencia estatal, impunidad frente a ataques, y corrupción. El adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo señala que mientras no se dé solución a estos problemas, siempre va a haber un marco de amenaza a los/las defensores.

Frente a esto, Vidal Merma comentó que a los problemas estructurales explicados por Castillo, se le debe agregar un problema fundamental, y es el hecho de que el Estado suele priorizar la protección de los capitales extranjeros y la inversión extranjera, por lo cual permite que las empresas transnacionales sigan cometiendo vulneraciones de los DDHH. El hecho de que el Estado y sus instituciones prioricen la generación de recursos económicos frente a los derechos humanos y ambientales, representa una problemática constante para la cual se debe buscar solución desde el Gobierno.

Desde el 2018 a la actualidad, ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, lo cual se ve reflejado en que, actualmente, se cuenta con el Decreto Supremo 003-2021/MINJUS (Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos). Sin embargo, Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que aún faltan implementar acciones, como la participación constante de la sociedad civil, para que el mecanismo pueda garantizar la independencia, imparcialidad, y que se den medidas de protección flexibles y acordes a las necesidades reales y concretas de las personas defensoras.

Además, Pérez destaca la lucha de las mujeres defensoras, que, lamentablemente, son víctimas de violencia sexual y de género. Por esa razón, pide que todas las autoridades vinculadas en la problemática se pongan los lentes de género y diseñen herramientas para también proteger las defensoras. Además, señala que se necesita que el protocolo de revisión personal sea modificado para que las mujeres defensoras no sean sometidas en comisaría con la búsqueda de elementos delictivos.

Edgardo Rodríguez, director general de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), respalda las palabras de Mar Pérez, y comentó que el Estado, a pesar de haber dado pasos  significativos para solucionar las problemáticas que afectan a los defensores/as ambientales, estos aún siguen siendo insuficientes y que, así como señala Mar Pérez, se debe buscar solución a los impactos diferenciados en razón de género, dado que se suele olvidar de los contenidos de la afectación especial a las niñas y mujeres que también buscan defender sus derechos.

Por último, según Rodríguez, el esfuerzo para solucionar la problemática y cerrar las brechas tiene que ser uno que comprometa a distintos actores, no solo a las organizaciones defensoras ni a la población, sino a otros actores como a las empresas formales y no formales, lo cual también se está trabajando en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH. Esto es importante, ya que permite concretar el compromiso de las empresas para que tengan respeto y garanticen los derechos de las personas defensoras. Además, agrega la importancia de construir redes de actores que contribuyan a desarrollar un trabajo más articulado entre el Estado y las comunidades cuando ocurran situaciones que vulneran los derechos de las personas y del medio ambiente, ya que, muchas veces, las denuncias llegan tarde por, justamente, la falta de conexiones con autoridades locales o con actores que apoyan hacer llegar las demandas.

Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos que aún quedan por enfrentar, les invitamos a participar del foro en cual se presentará el informe regional “Proteger Nuestra Casa Común” el miércoles 15 de septiembre, y en el que participarán diferentes panelistas de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En este evento, se informarán los desafíos a los que se enfrentan defensores y defensoras de seis países de Latinoamérica, y se generarán mayores propuestas sobre cómo mejorar el entorno y protección para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos

En su mensaje a la nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo señaló que los proyectos extractivos como la minería deberán tener un criterio de rentabilidad social: que dinamicen la economía local, regional y nacional, que logren mayores ingresos de recaudación para el Estado, y que generen salarios y condiciones de trabajo justos; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va”, afirmó.

Agregó, además, que se concretará una Ley de Ordenamiento Territorial y la zonificación económica y ecológica.

Sin embargo, durante la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, el presidente de la PCM no mencionó la necesidad de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, y solo se refirió que respecto “a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial”, precisando luego que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, otro actor clave del ejecutivo también ha señalado que su gestión implementará el enfoque territorial, “tomando en cuenta las características étnicas, climáticas y sociales existentes en las zonas donde se realizan operaciones, con el fin de armonizar los proyectos de inversión y ajustarlos a los intereses de la población”.

Sin embargo; ¿a dónde va la política minera en relación a los territorios en el país?

Para Ana Leyva, especialista de Cooperacción en ordenamiento territorial, primero hay que precisar los términos que está empleando el gobierno. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra cosa es el enfoque territorial.

Lo que quiere decir el enfoque territorial es que “la política se tiene que territorializar, no puede ser pensada desde Lima, sino pensada desde los territorios, porque luego hay un desencuentro entre la realidad y la política”. Agrega que por ello el enfoque territorial es importante, “partiendo de un diagnostico territorial que involucre a los actores que están allí porque si no la política no va a funcionar”.

“Otra cosa es el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión. Quiere decir que vas a planificar el uso y transformación del territorio con una visión de futuro. Tú te imaginas como quieres q sea el territorio de aquí a 10 años o más. Pasa por transformar el uso del territorio para hacerlo sostenible, como va a cambiar para satisfacer las necesidades de desarrollo la gente y sea sostenible”, precisa.

En conclusión, no solamente es el enfoque de las políticas, sino el proceso de transformación del territorio.

Entonces, ¿Cuál sería la apuesta del gobierno?

Ana Leyva: Aún el gobierno tiene un mes, esperamos que se vaya clarificando su apuesta.

Sobre la consulta previa, el presidente de la República, el premier, y el ministro de Energía y Minas tampoco se han manifestado con claridad. El presidente solamente ha señalado que en aquellos lugares donde no haya rentabilidad social para el desarrollo de la actividad minera, esos proyectos no irán. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, recientemente acaba de señalar que “la ejecución de todos los proyectos que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por consulta previa”.

Ana Leyva señala que las decisiones que afecten al territorio, que van a afectar la vida de los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y allí las consultas implementadas han sido más sobre las políticas culturales. “Ha habido pocas consultas relacionadas a las actividades extractivas y no han sido para poner condiciones a los proyectos extractivos. Esto debe ser consultado y previo a las decisiones. La consulta tiene q ser encaminada a esas decisiones para que sean eficaces, sean efectivas, porque si consultas otras cosas que no valen la pena, que no son determinantes, no va a cambiar nada y van a seguir habiendo afectaciones al territorio y a los pueblos indígenas.”

¿Cree que el gobierno va a impulsar la consulta previa y hacer estos cambios?

Ana Leyva: Tengo entendido que le preocupa los pueblos indígenas, que tiene una preocupación real.

Ellos necesitan definir, necesitan hacer un balance para ver cómo está funcionando, corregir y ver cómo implementarlo. En políticas culturales ha funcionado, pero para las políticas extractivas no está funcionado. No se están defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Nuevamente hemos tenido una semana de enfrentamiento y acusaciones políticas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, lamentablemente esta situación de crisis política permanente no ayuda a la gobernabilidad del país. A la par, la pandemia continúa, el dólar mantiene sus precios altos y los alimentos de primera necesidad también siguen altos. En este escenario de cierta incertidumbre y con una clara campaña montada desde los partidos de derecha, los grupos de poder económico, y sus medios aliados, el gobierno de Castillo tampoco ha sabido responder; por el contrario, cada semana hay personajes cuestionados dentro del gobierno. Esperamos que, por el bien de la ciudadanía, de las comunidades y de los pueblos que votaron mayoritariamente por Castillo y las promesas de cambio, se mantengan.

Mientras el escenario político se encuentra así de crispado, han pasado algunos hechos importantes que debemos remarcar en la semana, entre ellos, la instalación de una mesa de diálogo para atender las demandas de los comunidades del corredor minero en Chumbivilcas. La PCM instaló formalmente la Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, a través de la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 025-2021-PCM/SD, la misma que fue publicada el 28 de agosto pasado en el diario oficial El Peruano. Las funciones de esta mesa serán: coordinar, analizar y articular las demandas de Chumbivilcas; proponer acciones y actividades concretas para atender estos pedidos; así como coordinar con el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur de la provincia de Chumbivilcas. Esperamos que finalmente la instalación de esta mesa de diálogo canalice las demandas de las comunidades del corredor minero.

Al mismo tiempo, la semana pasada ocurrió un lamentable accidente de transporte donde 16 trabajadores de 8 empresas contratistas de la empresa minera Las Bambas perdieron la vida en Apurímac. La empresa minera emitió un comunicado donde señala que las personas fallecidas eran “colaboradores”. Lamentamos este tipo de comunicados de la minera Las Bambas, dado que en tiempos de precios altos de minerales y de pagos de deudas tributarias, no entendemos porque no se reconoce realmente los derechos de los trabajadores mineros y mucho más en este tipo de situaciones. También, en esta semana, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de Atacocha ha realizado una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial a su favor que anula el proceso de cese colectivo que aplicó la empresa minera Cerro SAC en Pasco y que afectó a 164 trabajadores y sus familias. Esperamos que el Ministerio de Trabajo atienda estas demandas.

Finalmente, queremos saludar las recientes declaraciones del Ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien en un reciente evento en Cusco denominado: “Diálogo por una Ciudadanía Intercultural” ha ratificado que la ejecución de todos los proyectos (mineros) que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por la consulta previa, derecho que no se ha venido respetando en territorios y zonas mineras.

La semana pasada ocurrió un lamentable accidente de transporte donde 16 trabajadores de 8 empresas contratistas de la empresa minera Las Bambas perdieron la vida. La empresa minera emitió un comunicado donde señala que las personas fallecidas eran “colaboradores”. Debe quedar claro que, si bien se trataban de trabajadores contratados por empresas tercerizadas, todas estas personas realizaban labores directamente vinculadas a garantizar la producción de la empresa principal, es decir la empresa minera.  No se trata de “colaboradores” sino de trabajadores a los que les corresponden derechos sociales.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

La tercerización es la figura legal que utilizan las empresas para reducir sus costos de producción. Especialmente las empresas mineras, que se basan fuertemente en políticas de competitividad y productividad. La ventaja competitiva es aplicada por las empresas mineras como principio orientador de su gestión y de manejo de sus procesos productivos. Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, como el derecho al trabajo, todas las empresas deberían de actuar con debida diligencia. La “debida diligencia” es un concepto que se introduce desde los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) el 2011. En el marco de estos principios se establece que en base al deber de prevención, las empresas deben actuar con debida diligencia para evitar la violación de los derechos humanos.

La debida diligencia implica que las empresas mineras identifiquen previamente todos los riesgos que sus actividades productivas generan, además es necesario que identifiquen y delimiten los derechos humanos en riesgo. Sin embargo, como es el caso de empresas como Las Bambas, persisten en sus políticas de negación de derechos humanos. Esta es una política común en varias empresas mineras, por ello los sindicatos mineros están en permanente lucha. Es el caso ahora del Sindicato Unificado de los Trabajadores de Atococha, quienes han realizado una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial a su favor que anula el proceso de cese colectivo que aplicó la empresa minera Cerro SAC en Pasco y que afectó a 164 trabajadores y sus familias

El secretario general del sindicato ha informado que la autoridad laboral regional no atiende sus demandas y que esperan una solución de parte del Ministerio de Trabajo. Los ceses colectivos junto a la suspensión perfecta son modalidades que las empresas mineras han utilizado para prescindir de los trabajadores y reducir sus costos de producción. Al igual que en el caso de la tercerización laboral, su objetivo es no tener trabajadores en planilla con derechos reconocidos de forma integral.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

Fuente: Facebook de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos.

Es de suma importancia que el Estado en todos sus niveles pueda implementar un enfoque de derechos humanos en sus políticas de promoción de la economía, ya que la estabilidad de la inversión minera en nuestro país no puede seguir suponiendo recorte de derechos humanos, especialmente derechos de carácter social como el derecho al trabajo. El gobierno actual debe asumir una política en debida diligencia en derechos humanos para fortalecer su potestad de regulación y promover un desarrollo sostenible.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

La noticia del día es sin duda el otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso de la Republica con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. El gobierno de Castillo obtiene de esta forma el visto bueno del Congreso para implementar su plan de gobierno presentado a través del presidente de la PCM. Esperamos que por algunas semanas tengamos algo de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo para empezar a atender las demandas de la población en materia de la pandemia y la salud, la reactivación económica, la educación, el agro, entre otros. Aunque la gran ausencia en la presentación del premier Bellido fue la propuesta de cambio de Constitución, para muchos esto fue parte de la estrategia de no confrontación que se buscaba evitar en el Congreso.

Un tema a parte que hemos presenciado el día de ayer, y de modo vergonzoso, es la actitud clasista y racista de algunos congresistas ante la intervención del premier Guido Bellido en nuestro idioma oficial del quechua y cuando chacchaba su coca.

Además, un tema que nos genera preocupación en medio de los anuncios del gabinete Bellido ante el Congreso, es lo manifestado días atrás por el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien ha señalado que el enfoque y la política de trabajo en el sector energético y minero va a tener cambios durante el gobierno, entre ellos, la revisión del actual marco normativo minero en el país, y que todos los proyectos encaminados como mina Justa, Quellaveco, ampliación Toromocho, entre otros irán, salvo los proyectos cuestionados de Conga y Tía María. Así mismo sobre el caso del corredor minero del sur ha afirmado que se cambiará de termino, que ahora se hablará de “Nodo Minero”, que para el 2028 se construirá una vía férrea en el corredor minero que no solo servirá para trasladar el mineral, si no en el futuro a pasajeros a nivel interregional. Anuncios que han sido ratificados por el Premier Guido Bellido en su presentación en el Congreso de la Republica.

Si esta va ser la línea general del gobierno de Castillo respecto al tema minero, creemos que va en la línea de continuidad, ya que por un lado se menciona que se va discutir un nuevo marco normativo minero, pero por el otro se dice que casi todos los proyectos mineros van, y que se van agilizar a través de una ventanilla única los proyectos mineros demorados. Si estas decisiones que se viene planteando desde el gobierno no toman en cuenta la participación de la gente, o no son mínimamente consultados con los mismos afectados, principalmente en zonas mineras, lamentablemente se cometerán los mismos errores que los anteriores gobiernos. Como ya lo dijimos desde Red Muqui, la gestión de los conflictos en el sector minero no se puede improvisar, se tiene que conformar un equipo técnico y político que maneje estos temas y hacer una seria revisión al marco normativo minero en el país. Por los anuncios hechos por Iván Merino y Guido Bellido, de continuidad en el sector minero, los conflictos seguirán a la orden del día.

El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.