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El pasado 13 de noviembre, se promulgó la Resolución Ministerial N° 264-2021-PCM, la cual crea el “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. En consecuencia, esta semana se instalaron 3 mesas de diálogo en la provincia de Cotabambas, Apurímac para que se discutan temas correspondientes a los Subgrupos de Trabajo 1, 3, 4 y 7. En las reuniones participaron representantes del Estado, de la minera MMG Las Bambas y de las comunidades que pertenecen a zonas de influencia del proyecto y que reclaman desde hace años que se atiendan sus demandas vinculadas a diferentes ámbitos, como en el de salud. Sin embargo, en pleno desarrollo inicial de las mesas de diálogo, Las Bambas acaba de anunciar que debido a las protestas en Chumbivilcas, Cusco, reducirán progresivamente su producción hasta mediados de diciembre en que ya no podrán producir, debido a la falta de consumibles claves. Señalan a través de un comunicado que debido a las protestas no pueden hacer ingresar y salir su logística necesaria para continuar con la producción.

Subgrupos de trabajo de la mesa de diálogo de Cotabambas

  • Subgrupo de trabajo 3: Convenio Marco, y grupo 4: Canon Minero

El lunes 29 de noviembre, en la zona de Asaccasi, provincia de Cotabambas, se llevó a cabo la reunión para discutir temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 3 y el N°4, Convenio Marco y Canon Minero, respectivamente.

Con el propósito de fortalecer el diálogo entre las autoridades, dirigentes de la provincia de Cotabambas (región Apurímac) y representantes de la minera Las Bambas, asistieron al espacio de diálogo Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energías y Minas; y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, estuvieron presentes el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, la congresista por la región Apurímac, Elizabeth Taipe, y la representante de la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Fabiola Alburqueque,

Por parte de los actores locales, participaron el alcalde del municipio de Mara, Willinton Guzmán, y representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso.

El principal acuerdo al que se llegó fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuirá, para enero del 2022,150 millones de soles de adelanto del canon minero, y otros 150 millones de soles para junio del 2022, con lo que se completará un total de 300 millones de soles.

Asimismo, el MEF presentó un informe que explica la forma en que se distribuirá el canon minero, el financiamiento de los proyectos que tendrán apoyo del Poder Ejecutivo y la ampliación de los recursos para Apurímac, como consecuencia del aumento del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Sobre el canon minero, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil exigieron que el MEF transparente la información del cálculo de adelanto del canon minero y de los estados financieros de la empresa minera MMG Las Bambas. Además, exigieron que sea recibido su pedido de condonación de los intereses del capital por adelanto de canon minero al gobierno regional de Apurímac, entre los años 2014 y 2021

Finalmente, con motivo de garantizar la materialización de los compromisos, los dirigentes solicitaron a los funcionarios del gobierno que la PCM emita un Decreto Supremo o resolución ministerial del MEF, que visibilice la implementación del canon minero.

En cuanto al Convenio Marco, la empresa minera Las Bambas reforzó la propuesta de Convenio Marco que presentó el 23 de octubre del año pasado, el cual está enfocado en inversión de proyectos a favor de Cotabambas y Progreso. El MINEM, por su parte, aseguró que el proceso de presentación de propuesta ya se encuentra en su etapa final.

Al terminar la reunión, se acordó que la próxima reunión de ambas partes se realizará en los próximos quince días, con el objetivo de seguir buscando la solución a las diferencias existentes. Vinculado a esto, el titular del MINEM señaló la importancia de trabajar juntos (empresa, comunidades y Estado) para poder sacar adelante el progreso de todas las comunidades involucradas. Por último, se señaló que habrá un cronograma de trabajo para las cuatro mesas instaladas, con temas determinados y que se escuchará la demanda de los pobladores y el ofrecimiento de parte de la empresa minera

  • Subgrupo de trabajo n.° 7: Temas ambientales

El martes 30 de noviembre se instaló el espacio de concertación, cuyos objetivos a tratar son temas ambientales correspondientes al grupo de trabajo N° 7 de la Mesa de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. En esta reunión participaron el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Alfredo Mamani, así como representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por parte de las comunidades, asistieron el alcalde de la provincia de Cotabambas, alcaldes distritales de Coyllurqui y Progreso, asimismo, participaron representantes de la empresa minera Las Bambas.

Los acuerdos que se establecieron fueron que:

  • Se incluirá a las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso en el área de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, un pedido que habían solicitado las comunidades
  • Se informará acerca de cómo la empresa viene atendiendo las mitigaciones de los eventuales impactos ambientales que genera la operación minera
  • Se promoverá la participación ciudadana en temas de evaluación y fiscalización ambiental
  • Por último, se acordó que se evaluará la implementación de un seguro ambiental con el fin de mitigar los posibles impactos

En tanto, los representantes de la empresa minera Las Bambas informaron sobre la situación del proceso de elaboración de la cuarta Modificatoria del estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la cual está a su cargo. Expresaron que el proceso está en fase de monitoreos ambientales y actualización de la línea de base, y se comprometieron a culminarla y presentarla al SENACE para su evaluación.

En ese marco, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Alfredo Mamani, manifestó que la evaluación de la cuarta MEIA “se realizará de manera objetiva, técnica y respetando la normatividad vigente”.

Finalmente, se acordó que la siguiente reunión, para tratar los temas de agenda del subgrupo, será el 16 de diciembre.

  • Subgrupo de trabajo N°1: Justicia y Derechos Humanos

El miércoles 01 de noviembre, en el estadio del Centro Poblado de Pisaccasa, distrito de Mara, Provincia de Cotabambas, se instaló la mesa de diálogo para tratar los temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 1, Justicia y Derechos Humanos. La instancia se creó a fin de dar seguimiento y evaluar la atención y acceso a la justicia, así como la capacitación en derechos humanos para las organizaciones sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En la reunión, se contó con la participación de la directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Zoila Macavilca, con una delegación del Ministerio de Justicia, y los representantes del gobierno nacional. Así mismo, asistieron representantes de los gobiernos locales de Mara, Haquira, Coyllurqui y Cotabambas, y representantes de las organizaciones sociales de base de la Provincia de Cotabambas

Al finalizar la reunión, se definieron una serie de acuerdos entre los presentes. Los acuerdos más importantes logrados fueron que el MINJUS trasladará a la Fiscalía de la Nación los pedidos de remoción, cambios y otra información que compartan las organizaciones de la sociedad civil respecto de los fiscales, en particular de la señora Silvia Guizado, Fiscal Provincial de Tambopata, a cargo de sus procesos judiciales. Además, se acordó que el MINJUS emitirá un informe sobre los estándares internacionales aplicables en el marco de las protestas sociales, a fin de hacer incidencia en la efectuación del Acuerdo Plenario respecto a la criminalización de la protesta, la cual será coordinada y respaldada por la PCM.

Finalmente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil realizaron algunos pedidos que esperan que se discutan en una siguiente reunión. En primer lugar, se pide que se evalúe la aprobación de un Decreto Supremo de Urgencia u otra alternativa normativa que otorgue apoyo económico o un fondo de acción humanitaria a los familiares de las cuatro personas fallecidas en el marco de la protesta social de los años 2015-2016. Además, se pide que la minera Las Bambas comparta las cifras que ha otorgado a los gobiernos locales, conforme al marco normativo del canon minero.

Las Bambas anuncia cierre de producción

Vinculado al caso las Bambas, en la provincia de Chumbivilcas, si bien el martes 30 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el Estado, representantes de minera Las Bambas y de las comunidades de Chumbivilcas, no se logró llegar a un acuerdo, por lo cual, las comunidades decidieron continuar con sus protestas y retomar el bloqueo de las carreteras. Estas acciones de las comunidades se dieron con el objetivo de demandar acuerdos comerciales con la minera y atención al problema de contaminación ambiental que genera el tránsito de una gran cantidad de camiones que circulan por la vía todos los días.

Frente a ello, por medio de una carta emitida este 3 de diciembre, MMG Limited, integrante mayoritario del consorcio propietario de Las Bambas, informó que la empresa minera detendrá la producción de cobre en el yacimiento a mediados del presente mes de diciembre. Se declaró, además que, debido a las continuas acciones de bloqueo y la restricción de la logística de entrada y salida, la minera Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones de la mina, perdiéndose alrededor de 400 días de producción en Las Bambas desde que se iniciaron los bloqueos, en el año 2016.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Y la palabra “vacancia” se ha vuelto a poner nuevamente en el debate político esta semana, estos pedidos vienen con fuerza desde el Congreso de la República debido a las denuncias de presión que habrían ejercido el presidente Pedro Castillo, su secretario y el ministro de Defensa en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Como ya es de público conocimiento se ha pasado a retiro a los comandantes generales de la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes han denunciado estos hechos en los medios de comunicación y el Congreso. Lamentablemente esta situación opaca los pocos logros anunciados por el presidente Castillo a 100 días de su gobierno en la ciudad de Ayacucho, y que sobre todo le dan argumentos a la oposición para plantear nuevamente la vacancia presidencial. Por lo pronto el Congreso ha aprobado la interpelación al ministro de Defensa Walter Ayala para el 16 de noviembre próximo.

A la par de esta situación hay otro frente abierto que el gobierno de Castillo tiene que mirar con atención y son los conflictos mineros, a pesar de los esfuerzos de la premier Mirtha Vasquez por atender las múltiples demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minera, estas no se resuelven solamente con las visitas a la zona o la instalación de las mesas de diálogo, hay una legitima preocupación y desconfianza de la población local hacia la actuación del gobierno y de las mismas empresas mineras, recordemos que los anteriores gobiernos no han logrado resolver estas demandas y por el contrario se firmaron actas y acuerdos que no se han cumplido. En esa línea las comunidades del corredor minero en  la provincia de Cotabambas y el distrito El Progreso, esta semana han dado una tregua de 48 horas al gobierno de Castillo para que se subsanen las resoluciones que reconocen y reinstalan la mesa de dialogo en la zona. De la misma forma, los pobladores de los distritos aledaños a la cuenca del Coata en Puno han anunciado iniciar un paro indefinido si el presidente Castillo no arriba a la zona.

Finalmente, es importante comentar lo que se viene planteando desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con respecto a la reforma tributaria, y de modo particular en el sector minero. Al respecto, el ministro Pedro Francke ha presentado el proyecto de ley para la delegación de facultades al Congreso de la República. Sobre este punto, varios analistas y congresistas han señalado que no es el momento oportuno para debatir este tema, entre varios argumentos, ellos señalan que estamos recién empezando a recuperar nuestra economía en medio de una pandemia, y por lo tanto no tiene asidero esta propuesta del MEF. Al respecto el economista José De Echave de Cooperacción señala claramente que: “En el caso de la minería, la reforma busca capturar un porcentaje mayor de la renta en un contexto en el que las empresas vienen obteniendo sobre ganancias como consecuencia de los precios altos de los minerales”, algo que es innegable y donde el Estado peruano tiene que tomar medidas como un impuesto especial a las sobre ganancias mineras.

 

Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

El lunes 12 de julio arribaron a la ciudad de Lima una delegación de 45 personas de diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas, liderados por Victor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, para reunirse el martes 13 de julio con representantes del ejecutivo. La delegación de Cotabambas también estuvo representada por Rildo Guillén, alcalde provincial de Cotabambas; Gonzalo Paz, alcalde del distrito de Haquira; y Manuel Coyuri, alcalde del distrito Progreso de la provincia de Grau.

Durante la reunión, el ejecutivo presentó un balance de los grupos de trabajo de la Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo para el cumplimiento de compromiso para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso”

La reunión sostenida con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez; representantes de la PCM; del Ministerio de Cultura, Educación, Transporte y Comunicaciones; y Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, dio como resultado un acta de acuerdos y conclusiones en que el gobierno se compromete a ratificar la “prioridad de los compromisos inmersos en la matriz de proyectos consensuados en el marco del Grupo de Trabajo N°5 de Inversión y Desarrollo de la Comisión Multisectorial de Cotabambas, DS N°075 y 089, así como la ley 30589” en el informe de transferencia que tiene que entregar al gobierno del virtual presidente Pedro Castillo. Entre esos proyectos de inversión se encuentran el Hospital de Tambobamba y el mejoramiento de la carretera de Haquira y la rehabilitación del camino vecinal.

acta cotabambas

Antecedentes

Es importante recordar que la Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo para el cumplimiento de compromiso para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso” se creó tras las protestas iniciadas por la comunidad de Fuerabamba en mayo del 2019, que luego se extendió a protestas en el distrito de Challhuahuacho y finalizó el 11 de abril con la presencia del premier, en ese entonces, Salvador Del Solar. En años anteriores las comunidades de Challhuahuacho también habían protestado contra el proyecto minero Las Bambas, debido a que los camiones de minerales que transporta la empresa minera atraviesa varias de sus comunidades, de la provincia Cotabambas, y del distrito Progreso de la provincia de Grau.

Temas pendientes

En el acta de acuerdos de la reunión sostenida el día de ayer con el ejecutivo no figuran las otras demandas del Frente de Defensa de Cotabambas, que incumbe directamente a la empresa minera: realización de un convenio marco con la empresa minera Las Bambas para que la provincia tenga mayores ingresos económicos; la realización de un mineroducto por parte de la empresa minera para que los camiones de la empresa no continúen pasando por las vías comunales, contaminando el territorio a su paso.

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Cultura.

Reunión con Pedro Castillo

El día de hoy, miércoles 14 de julio, los dirigentes sociales liderados por Victor Limaypuma, se dirigieron a la casa del Maestro en el Cercado de lima para poder reunirse con el profesor Pedro Castillo y hacerle de conocimiento los acuerdos tenidos con el ejecutivo el día anterior. Sin embargo, no pudieron reunirse con el virtual presidente y lo hicieron con representantes congresales de Perú Libre, quienes se comprometieron a gestionar una visita de Pedro Castillo a Apurímac en las próximas semanas.

El presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, señaló que su lucha no es solo por la provincia, sino para todo el país. Para que haya mayor recaudación económica por la actividad minera, se escuche a las comunidades y se proteja el medio ambiente.

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

Ver video

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019