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Desde el sábado 28 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre se realizó la semana de salud ambiental a cargo de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.

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Somos una plataforma nacional que representa a doce zonas de exposición crónica a metales pesados y otras sustancias tóxicas, Amazonas: Bagua (Imaza, Chiriaco); Ancash: San Marcos, Cajamarca; Bambamarca y Hualgayoc; Cusco: Espinar; Junín: La Oroya – Junín (Ondores), Valle del Mantaro, Chanchamayo; La Libertad: Huamachuco, (Shiracmaca, El Toro, Santa Cruz, Paranshique y   Coigobamba); Lambayeque: Mórrope; Lima: Callao; Lima Provincias: San Mateo; Moquegua: Torata; Pasco: Cerro de Pasco; Puno: San Román (Caracoto Juliaca) – Puno (Capachica, Huata, Coata); en donde nuestras poblaciones sufren los impactos de la contaminación ambiental (agua, suelo y aire) en su salud, especialmente en entornos mineros, metalúrgicos y petroleros.

La contaminación ambiental ha sido reconocida por el Estado como un problema determinante para la salud de las personas y el medio ambiente; situación que se viene visibilizando con los casos de los niños y las niñas de Pasco, cuyas familias se encuentran acampadas frente al MINSA exigiendo atención médica especializada.

Considerando que la protección de la salud es de interés público, demandamos que el Estado atienda la salud de miles de familias y poblaciones que sufren los efectos de los metales tóxicos producidos por las actividades mineras, petroleras e industriales altamente contaminantes en el país.

Por lo tanto, habiéndose aprobado los Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas (Resolución Ministerial No. 979-2018 MINSA), que considera la concurrencia de los distintos sectores vinculados a la salud de las poblaciones, exigimos concluir con el proceso de constitución de la Comisión Multisectorial, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y que fue ofrecida en el mes de agosto del 2019 por el propio Viceministro Raúl Molina en reunión con los voceros y voceras de la Plataforma.

Comisión Multisectorial, que será la encargada de elaborar, implementar y monitorear el Plan Nacional de Atención Integral a las poblaciones expuestas a fuentes ambientales de metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas; que establezca los objetivos, actividades, presupuestos y responsables del Plan, desde la convergencia y participación multisectorial e intergubernamental, a favor de los niños y niñas, las comunidades y poblaciones expuestas, tomando en cuenta nuestra efectiva participación como poblaciones afectadas.

6 de marzo del 2020

 

Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui- Pasco

Movimiento por la Salud de la Oroya-MOSAO

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud-La Oroya

Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín.

Juntas de Usuarios de Riego Mantaro.

Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín.

Consejo Regional de la Mujer – Huancayo

Mesa de Diálogo de la Mujer – Huancayo

Comunidad de Óndores – Junín

CONAMOVIDE – Tarma

Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco – Oroya

FEMUCARINAP – Chanchamayo

Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana – Espinar

ONAMIAP

Comunidad Nativa Wachapea -Chiriaco

Comunidad Nativa Pakun- Chiriaco

Comunidad Nativa Nazareth- Chiriaco

Comunidad Nativa Umukay – Chiriaco

Plataforma Zona Norte Por la Salud Ambiental y Humana – Lambayeque

Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes – AUPE- Espinar

Frente Dignidad Callao.

Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha-Pasco.

Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Rímac

Comuneros de San Mateo de Huanchor – Huarochiri

Comuneros de San Antonio – Huarochiri

Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baúl Torata Moquegua.

Instituto Natura – Chimbote

Derecho, Interculturalidad y Ambiente -DIA – Lima

TierrActiva – Lima

Mesa técnica De Salud Ambiental y Humana

Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui –  Grufides – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights International (ERI) – CooperAcción

25 de febrero de 2020

El debate electoral: Propuestas ante la problemática minera en el Perú se desarrolló el miércoles 11 de diciembre a las 6pm, en la sala de conferencias del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la presentación  inicial de dos casos emblemáticos de la problemática minera en nuestro país, que fueron parte de los ejes de debate de los candidatos al Congreso: Salud ambiental y humana; territorio – concesiones, recursos naturales (agua) y ordenamiento Territorial; criminalización de la protesta; y alternativas al desarrollo (minería).

Casos emblemáticos

Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, desarrolló su presentación señalando a los candidatos que se encontraban escuchándola: Manuel Dammert de Juntos por el Perú; Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio; Juan Gálvez de Acción Popular; y Pedro Gamio del Partido Morado; que sus partidos políticos y de ser electos como congresistas, incidan ante la PCM en la conformación de la Comisión Multisectorial que permita la articulación de diferentes ministerios para que haya políticas de prevención, remediación y atención integral en salud a las y los afectados por metales tóxicos, que actualmente se encuentran en una situación muy difícil al no tener medicamentos y atención especializada.

Yolanda Zurita expone las propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Yolanda Zurita expone la problemática y propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Asimismo, que recojan los proyectos de ley impulsados, como el de Salud Integral Ambiental y Humana, Registro Nacional de afectados/as por metales tóxicos, y el proyecto de modificación de la Ley de Pasivos ambientales.

Pasivos Ambientales

A su turno, el representante de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Río Rímac, Genaro Aguilar, recalcó, sobre los pasivos ambientales (PAMs); que una muestra de la poca remediación de los PAMs en nuestro país, es lo que se ve con Tamboraque. “638 mil toneladas de residuo tóxico siguen al borde del río Rímac sin ser trasladados y remediados. Hace más de 10 años la PCM declaró en emergencia Tamboraque y hasta ahora nada”. De haber un fuerte sismo, los residuos tóxicos caerían al río Rímac y afectaría el agua que toman los limeños.

Genaro Aguilar, vocero de la Cuenca Alta del Río Rímac presenta la problemática de los pasivos ambientales

Entre las propuestas que señaló el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, fue la defensa estricta de los ríos, manantiales, ecosistemas frágiles que se encuentran amenazados por los pasivos ambientales, actividades mineras en operación, hidroenergía, etc. “El Congreso debe exigir a la Autoridad Nacional del Agua que cumpla con establecer los criterios pendientes para la delimitación de las cabeceras de cuenca a ser protegidas, como un proceso de ordenamiento hídrico. Este proceso es parte de la aplicación de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca aún pendiente de ejecutar”.

Agenda de Red Muqui

Añadiendo al desarrollo de los casos expuestos; el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, señaló la agenda prioritaria de la Red para el nuevo período político con el nuevo congreso. “La aplicación del Ordenamiento Territorial, que tiene un proyecto de ley archivado en el Congreso, tiene que basarse en las visiones de futuro y modos de vida de los actores sociales, y buscando la decisión que brinda mayor sostenibilidad; y no en el ordenamiento del territorio para beneficio principalmente de las empresas mineras”.

Asimismo, enfatizó, igual que el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, que el Congreso debe exigir a la ANA, que se dicte la metodología de aplicación de los criterios para el establecimiento de las cuencas que deben ser protegidas, como parte del cumplimiento de la Ley de Protección de cabeceras de cuenca que hasta ahora no se ejecuta.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui.

En materia de criminalización de la protesta, el vocero de Red Muqui señaló que los futuros congresistas deben plantear la derogatoria de los marcos normativos que permiten la criminalización de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad de las fuerzas armadas en los “actos en el ejercicio de sus funciones”. Agregó, por ejemplo, que se debe derogar la ilegal ley de “Activos Críticos” que permiten la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la policía en situación de conflictos social en que estén involucradas con el desarrollo estratégico del país. Esta ley incluso plantea el apoyo de fuerzas internacionales en apoyo a situaciones de riesgo de los “activos críticos”.

Y, en materia ambiental, remarcó que se deben revisar los marcos normativos dictados en el Congreso que han afectado derechos fundamentales y colectivos, y limitado las funciones de la institucionalidad ambiental.

Terminada la 1era parte, inició el debate de candidatos al Congreso con la moderación del periodista Glatzer Tuesta; quien planteó los ejes del debate a los candidatos y preguntó y repreguntó para que las y los candidatos tengan respuestas concretas a los ejes presentados.

Debate de candidatos

Roció Silva Santisteban, candidata del Frente Amplio.

Respecto al eje de salud ambiental y humana, la candidata número 2 del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló que no se oponen a la minería en todo el Perú, sino que son antiextractivistas por los efectos que genera en la población. “El estado debe cumplir con su deber de atención a la salud con una comisión de alto nivel multisectorial”, precisó.

A su turno, el candidato número 15 del Partido Morado, Pedro Gamio, señaló: “se necesita mayor predictibilidad y establecer líneas de base en salud en los estudios de impacto ambiental (EIA). Para eso se necesitan reformas”, enfatizando en la necesidad de la prevención para que no haya más personas enfermas por exposición a metales pesados en sus territorios.

Ordenamiento Territorial

Manuel Dammert, candidato de Juntos por el Perú.

Respecto al eje de ordenamiento territorial; el candidato número 2 de Juntos por el Perú, Manuel Dammert señaló: “Hay que buscar fuentes alternativas de energía en el sur del Perú; debido a que el gas lo están quemando para la minería. El sur es fuente de alimentos y no puede ser destruido. O el gas sirve para la agricultura o sirve para que lo rematen afuera”.

Rocío Silva Santisteban señaló: “Para nosotros la propuesta es un cambio constitucional, en lo ambiental los conflictos que se vienen dando son ecoterritoriales como en el Valle de Tambo donde los agricultores defienden su tierra y defienden su valle que es fértil. Por ello la licencia social debe estar incorporada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”

Pedro Gamio, candidato del Partido Morado

Pedro Gamio enfatizó: “El ordenamiento territorial debe ser vinculante. El país debe tener planeamiento estratégico de lo que se puede hacer con sus recursos. Actualmente no tenemos política rural. No podemos seguir tan pasivos con el tema de la minería ilegal”

Juan Gálvez, candidato número 19 de Acción Popular, precisó que es necesario “una ley marco del ordenamiento territorial. El ordenamiento tiene que asegurar una gestión integral de los recursos hídricos y debe garantizar la participación de las comunidades y garantizar su salud”

Criminalización de la protesta

Respecto a la criminalización de la protesta; Rocío Silva señaló que en el país se criminaliza la disidencia. Es una estrategia del Estado usar figuras del derecho penal para castigar a las organizaciones sociales, por eso hay que derogarla Ley 30251, derogar las normas que permiten los convenios entre empresas y la PNP”

En su intervención, Pedro Gamio precisó “es cierto que hay que garantizar el derecho a la protesta, pero hay un límite, no puede afectar otros derechos. Hasta en la guerra hay límites.

Manuel Dammert señaló que el fondo del asunto es la soberanía del Estado. “Se deben rechazar los convenios privados entre la minería y la PNP, y se debe garantizar el derecho a la protesta”.

Juan Gálvez, candidato de Acción Popular

Juan Gálvez, agregó: “El estado utiliza la fuerza para amedrentar. La PNP tiene un rol que le otorga la constitución. El estado debe ponerse los pantalones y hacer que la actividad minera sea en beneficio de las comunidades”.

En el último eje de debate, el periodista Glatzer Tuesta señaló que la corrupción era hoy uno de los grandes temas en el Perú, y preguntó, cuál era la opinión de los candidatos frente a este tema.

Al finalizar el debate, en representación del Consejo Directivo de Red Muqui, Nury García dio el agradecimiento a los candidatos por haber presentando sus propuestas y enfatizó que en el Perú no todo puede verse como mercancía que hay que vender y comprar. Por ello, como Red Muqui, señaló, continuarán acompañando a las organizaciones, comunidades y poblaciones, en defensa de sus derechos frente a un modelo de desarrollo que privilegia el desarrollo de la actividad minera y no de otras actividades económicas que la gente desarrolla de manera sostenible.

Ver video del debate, 1era parte 

Ver parte final del debate

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí