Derecho a la protesta: Oficiales PNP investigados bajo la figura de comisión por omisión

Cada vez son más los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que han sido incluidos por el Ministerio Público en las investigaciones para identificar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos registradas en las protestas sociales a fines de 2022 y a inicios de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.

LIMA

Se trata de dos oficiales en su condición de jefes operativos de la Región Policial de Lima y de otros cuatro policías. El primer grupo fue identificado como el mayor PNP José Luis Solari Chilcc y el capitán PNP Erick Torres Mostacero, quienes fueron incluidos por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas de las Protestas como presuntos autores de los delitos de lesiones graves, lesiones culposas y abuso de autoridad. Para ello se ha utilizado la figura penal de la comisión por omisión.

El artículo 13° del Código Penal sobre omisión impropia señala lo siguiente: “El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. 1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo”. Si bien estos oficiales no han sido los autores materiales del delito, sí podrían tener responsabilidad penal al tener un cargo de poder dentro de la estructura de mando de la PNP.

Sobre este tema, el abogado de un grupo de agraviados de las protestas y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), David Velazco, explicó que la aplicación de la figura de comisión por omisión “es de vital importancia, puesto que los jefes policiales quieren salvar responsabilidad señalando que ellos no han estado en el lugar de los hechos investigados, sin embargo, eran funcionarios que tenían un deber de cuidado y un rol de garante”.

Velazco también precisó que esta figura podría ser utilizada por los fiscales que vienen investigando las graves vulneraciones de derechos humanos en otras regiones donde se han asesinado a manifestantes y transeúntes. “Se trata de identificar responsabilidades en el comando operativo, desde las personas que dispararon las armas hasta los mandos policiales que tenían a cargo el control del operativo policial, tenían un deber de garante y no hicieron nada por impedir que se vulneren derechos”.

Con respecto a los otros cuatro agentes policiales también investigados, de acuerdo a la tesis del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas de las Protestas, Román Vílchez Guevara, Roberto Urbina Novoa, Reddy Atoche Sandoval y Robert Cruz Silva habrían cometido los delitos de lesiones graves, abuso de autoridad y otros en contra de varios ciudadanos. A uno de ellos le causó una grave fractura en la parte superior derecha de la cara y le generó la pérdida del globo ocular a causa del impacto de una bomba lacrimógena, mientras que, otra persona resultó con una fractura en el hueso húmero debido a la salvaje golpiza que recibió por parte de un grupo de policías.

PUNO

En relación con el asesinato de los jóvenes Sonia Aguilar (35 años, madre de dos hijos) y Salomón Valenzuela (30 años, padre de cuatro menores) impactados por proyectiles a larga distancia, hasta ahora la fiscal Nancy Chávez ha identificado al teniente PNP Luisín Roque Zubizarreta como responsable de la muerte de Sonia. No obstante, en la carpeta fiscal se están investigando las responsabilidades de siete policías, que alcanza al comisario de Macusani, el comandante Fredy Arellano Mendoza; parte de la cadena de mando policial de las operaciones de aquel día, y a los suboficiales Guido Hanco Flores; Ángel Linares Zegarra, y Luis Alberto Choque Albino, quienes prestaban servicio en dicha comisaría.

La fiscal también llegó a pedir a la oficina de Inspecciones de la Policía que remita un informe que aclare si se estaba investigando a los policías que participaron en las protestas. En ese contexto, tal vez causa extrañeza que el general Carlos Bravo Cáceres, exjefe policial de Puno, ahora sea jefe nacional de Inspecciones de la Policía.

En cuanto a la masacre del 9 de enero en Juliaca, el abogado de las familias, César Quispe, afirmó recientemente que, en diciembre del 2023, en la carpeta fiscal de dicha ciudad, se identificó a cuatro policías y un militar como presuntos responsables.

CUSCO

La muerte de Rosalino Florez Valverde, joven estudiante de gastronomía de 22 de años que recibió 36 perdigones en el cuerpo, es otro caso en investigación. El coronel PNP Edson Cerrón Lazo es señalado como presunto autor por omisión; cuando ocurrieron los hechos, se desempeñaba como jefe operativo del control de multitudes en la ciudad de Cusco. En tanto, Joe Erik Torres Lovon, sindicado como presunto autor directo del homicidio de Florez, se encuentra prófugo luego de conocerse que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

RÉGIMEN

Además, es importante resaltar que la Fiscalía de la Nación investiga a Dina Boluarte, al premier Alberto Otárola y otros exministros por las muertes durante las protestas sociales en diversas partes del país. A un año de ocurrida la criminal represión, los deudos de las 50 personas asesinadas exigen justicia y reparación.

Aún así Boluarte viajó a Ayacucho, donde fueron asesinadas 10 personas, y lanzó caramelos a la gente después de participar de un acto público que fue considerado como una burla por las familias enlutadas. No se descarta su visita por la Fiesta de la Virgen de la Candelaria a Puno, otra región que ha sido masacrada por el régimen, por lo que la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca ha advertido públicamente a la mandataria que su llegada a Puno sería una ofensa.

Foto: Amnistía Internacional