“El Estado no atiende adecuadamente a trabajadores y afectados por metales tóxicos”, así lo sustentaron organizaciones sociales ante la CIDH

Esta semana se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en EE.UU. un informe donde se señala la “Grave situación de la salud de los trabajadores mineros en Perú y responsabilidad del Estado y las empresas”. Estuvieron presentes para dar su testimonio, dos ex trabajadores mineros: Saúl Juárez y Richard Herrera Gálvez, ambos con serios problemas de salud. El Estado por su parte afirmó que no tiene la información suficiente respecto a este tema.

Las organizaciones que sustentaron el documento ante la CIDH fueron la Red Muqui – Perú, Instituto Natura – Chimbote, Perú y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible- GRUFIDES – Cajamarca, Perú. La abogada Mirtha Vásquez quien expresó su preocupación por la situación de salud de trabajadores y poblaciones expuestas a metales tóxicos en zonas de minería. “Detectamos que vacíos e insuficiente regulación, incluso el Estado ha flexibilizado normas ambientales para beneficiar a empresas y esto ha generado que se incremente el riesgo en la salud de las poblaciones”, afirmó.

Agregó que “se tiene conocimiento de varios casos, por ejemplo, en La oroya donde se ha detectado que el 99% delos niños tiene plomo en la sangre. También en una situación similar se encuentran los poblados de Simón bolívar en Pasco. Otra población afectada es la de Hualgalloc en Cajamarca y el caso emblemático de Choropampa donde ocurrió un derrame de mercurio que afectó gravemente la salud de la personas”.

Alan Richard Herrera Gálvez, ex trabajador de Minera Yanacocha, afirmó que laboró de 1998 hasta fines del 2012, durante el tiempo que trabajó tuvo problemas de alergias, luego, presentó   una ginecomastia. En los exámenes que la empresa le realizaba no se registraban mayores problemas. “Sin embargo, mi persona presenta altos niveles de mercurio, bario y arsénico” en el organismo y añadió que ello fue a causa de la exposición en el desempeño de sus labores.

Juárez Flores, ex trabajador de Antamina, aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos, que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

Por su parte, Guillermo Martínez, director del Instituto Natura en Áncash, aseveró que se demanda al Estado, la atención inmediata a la problemática de salud. También, que se trabaje una normativa que coloque los derechos de las personas por sobre un interés económico. El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke sostuvo ante la CIDH: “ Consideramos que el Estado debe asumir un rol fiscalizador y garante de derechos humanos. Debe apostar por un desarrollo que sea sostenible y respetuoso de la vida y la salud, no solo los trabajadores mineros porque los trabajadores viven con sus familias en las zonas donde hay actividad minera. Hay personas que están afectadas directamente por las actividades mineras”.

El procurador del Estado lamentó la situación de salud de los trabajadores presentes y aseguró que el Estado , tiene entidades encargadas de supervisión de la seguridad y la salud en el trabajo. Afirmó que tiene un sistema de reglamentación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y leyes que “aseguran un dialogo social”. Afirmó que se están generando instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El comisionado cuestionó si existen investigaciones en curso y ya con resultados sobre la problemática de salud, trabajadores mineros y poblaciones afectadas Y qué mecanismos de remediación existen en materia salud para los trabajadores. Las organizaciones sociales, por su parte, señalaron en su informe que se debería “ Establecer normativa y políticas públicas de prevención y protección de la salud, que exijan a las empresas mineras asumir y brindar una atención primaria, prioritaria y especializada a todos sus trabajadores afectados por los impactos generados por la actividad minera durante su época laboral activa como posterior, y también a sus familias y personas en general, afectadas por la exposición crónica a metales tóxicos”. También suscriben que el Estado sebe “asumir un rol supervisor, fiscalizador y garante de un desarrollo sostenible que permita el goce de un ambiente equilibrado en respeto a la vida y la salud humana de los trabajadores mineros, sus familias y las personas que habitan en entornos mineros”.