Fiscalía de Arequipa pide dos años de prisión para abogado constitucionalista y médico ambientalista por denunciar la contaminación de metales pesados
El día de ayer, 8 de noviembre, a las 9am, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se inició el juicio penal en contra del abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda y del médico ambientalista Fernando Osores Plenge por denunciar la contaminación de metales pesados en la provincia cusqueña de Espinar. La fiscalía acusa a ambos por el supuesto delito de «expedición y uso de certificado médico falso». Anteriormente también los acusaban por el delito de «falsificación de documentos» pero el Ministerio Público archivó esa acusación por carecer de fundamento. La investigación contra Fernando Osores Plenge y Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) había comenzado por una acusación del Ministerio de Salud por supuestamente haber usado información falsa en una denuncia sobre la muerte de la campesina Margarita Ccahuana Córdova en un reportaje publicado en el portal web Justicia Viva en 2015: “La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas, en el que se advirtió que la campesina Ccahuana falleció a consecuencia de la contaminación por metales pesados, situación conocida desde hace años por las autoridades de Salud.”
El desarrollo del juicio
En declaraciones a la Red Muqui, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, señalaron que la fiscalía entró en contradicciones al momento de iniciar su sustentación en la acusación al imputarles el delito de falsificación de documentos, cuando esa imputación había sido archivada anteriormente por el Ministerio Público. Esto fue desestimado inmediatamente por el Juzgado en el desarrollo del juicio. El abogado defensor de los implicados, Carlos Rivera, señaló que la «Fiscalía no ha tenido ni el cuidado ni la necesaria precisión sobre los términos de la acusación».
Sobre el certificado de defunción, la Fiscalía sostuvo que el doctor Julián Olave Tapia, quien fue el que suscribió dicho documento cuando falleció Margarita Ccahuana, luego se retractó. Respecto al Informe 100/10 que elaboró el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), y ahora desconoce; señaló que los originales los elabora el CENSOPAS y que los funcionarios de dicha entidad pública sostienen que son falsos al no tener sus firmas. Ante ello, el médico acusado, Fernando Osores, señaló que CENSOPAS es una institución que anteriormente ha sido cuestionada en Cajamarca por no entregar los resultados de sus muestras a las comunidades en 4 años y, asimismo, en Espinar, también ha sido denunciada por las comunidades de Espinar y antes de fallecer, por la propia Margarita Ccahuana, debido a que no le entregaban sus resultados habiendo pasado ya tres años.
Sobre el certificado de defunción, el juez preguntó si sería probable que la retractación del médico Olave pudiera considerarse como una autoinculpación (algo proscrito del orden legal y constitucional) y también preguntó si existía alguna pericia a través de la cual se pudiera acreditar la falsedad de dichos documentos.
Audiencia postergada
La audiencia fue suspendida hasta el 30 de noviembre por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, debido a que la acusación de la fiscalía era contradictoria y no tenían los documentos probatorios en su acusación, señalaron finalmente, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores.
El MINSA pretende silenciar las acciones y acusaciones de las ONG
Según los incriminados Fernando Osores y Ruiz Molleda, la intención del MINSA tiene como objetivo: «silenciar las diferentes acciones y acusaciones de las ONG y de los dirigentes de las comunidades campesinas y de las organizaciones afectadas«. Denuncian que ahora son perseguidos por el Estado por estar defendiendo los derechos fundamentales como la dignidad de la persona, la integridad personal, la vida y la salud en asociación a un ambiente equilibrado.
El caso ha generado una ola de solidaridad nacional e internacional. En junio de este año se había difundido en público un pronunciamiento en el cual un conjunto de organizaciones peruanas y extranjeras junto a numerosas personas declararon su firme rechazo a la acusación fiscal del Estado peruano.
Criminalización de defensores de derechos humanos
La decisión de iniciar un procesamiento penal en contra de los denunciados tomada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo del fiscal Juan Menzala, se condena fuertemente como un acto de criminalización y amedrentamiento a los defensores de derechos humanos, así como un grave precedente contra la libertad de expresión que es un derecho fundamental de cada persona.