¿Por qué en el Perú no funciona el diálogo?

Especialistas y representantes de la sociedad civil conversaron sobre los mecanismos de diálogo y cómo se han llevado a cabo dejando al margen de cualquier decisión a las comunidades y poblaciones.

La empresa minera Chinalco nunca escuchó a la población de Morococha, cuenta Silvia Aguilar, dirigente social, les prometieron un convenio marco, seguridad ambiental, social y pusieron como condición primero la reubicación de la ciudad. Cuando fueron trasladados, los acuerdos no se cumplieron a cabalidad. “Nosotros no teníamos asesoría legal, estábamos en desventaja” señala. Como este caso, en que el proceso de Diálogo se vio truncado, existen muchos más, donde ha sido inminente que estallen los conflictos, derivándose, luego, en protestas, enfrentamientos y movilizaciones.

Red Muqui analizó junto a varios especialistas los procesos de Diálogo en el país, cómo se han llevado a cabo y cuáles han sido sus obstáculos en el Foro público “Balance de los procesos de diálogo en el Perú en la actividad minera” que se realizó el 15 de marzo último en Lima. Allí participaron representantes de la sociedad civil, especialistas en conflictos sociales. En el primer panel participaron Milton Vásquez de Plataforma Interinstitucional Celendín, Silvia Aguilar Cajachagua – Representante de la sociedad civil de Morococha y Jaime Borda Pari- Director de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

Milton Vásquez, de Plataforma Interinstitucional Celendín, comentó sobre el emblemático caso de Conga. “El diálogo vino después del conflicto, cuando debió instalarse la mesa de diálogo antes de que ocurra.” Sánchez, señaló que se vivía un constante clima de enfrentamiento entre las comunidades y la empresa minera Yanacocha.

“El escenario era muy complicado porque Cajamarca ya estaba militarizada, ellos decían que se instalaban mesas de diálogos, pero en verdad, todo era para enseñarnos a los cajamarquinos las bondades de la minería”, señaló Miltón Sanchez.

Por su parte, Silvia Aguilar Cajachagua- Representante de la sociedad civil de Morococha- contó que el 2008 se inició la negociación para la firma del convenio marco para el reasentamiento de la ciudad de Morococha, pero muy amañadamente dentro de este proceso instalado cambió la agenda. Ella comentó que la población se sintió engañada en repetidas situaciones.

Por su parte el director de Derechos Humanos sin Fronteras, Jaime Borda, dio a conocer que en el caso de Espinar el diálogo también se vio empañado por intereses económicos.

“Lo que hemos tenido en el Sur es que las mesas de diálogo están condicionadas”, comentó. Agregó que el Estado está “monetarizando las demandas de la población “ y por eso estás han llegado a su límite, ya que, cuando las comunidades no aceptan, se declara Estado de emergencia y se usa la fuerza. “Así no se puede tener una relación horizontal, las negociaciones no son equitativas, solo los técnicos los especialistas tienen voz, puntualizó.

Todo está amarrado

El segundo panel fue moderado por la periodista Milagros Salazar, directora del medio de investigación Convoca. Participaron: Juan Aste, ingeniero economista y asesor de RED MUQUI, Javier La Rosa, asesor de la Comisión de Pueblos indígenas, andinos, amazónicos, y afroperuanos, Ambiente y ecología del Congreso; y Giselle Huamaní, especialista en conflictos sociales.

Juan Aste, consultor de RED MUQUI, afirmó que a las empresas no “les importan lo que digan las comunidades, ellos van a llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, dijo en el panel.

Comentó que los conflictos sociales deben ser abordados en el territorio donde ocurren y no traerlos a Lima y que se debería trabajar de forma preventiva porque la base del conflicto es la imposición. Puso como ejemplo, el caso de Tía María, donde las comunidades están defendiendo su modelo de desarrollo agrícola y agroindustrial y exigen el reconocimiento de la consulta popular realizada el 2009.

El asesor congresal, Javier La Rosa, afirmó que muchos de los problemas que ocurren en el diálogo tienen que ver con el sistema mismo en que están diseñados. “Habría que ver ¿qué entienden ambas partes por diálogo”, aseveró. Añadió que siempre hay que tomar en cuenta a los actores más débiles y evitar que los conflictos crezcan.

Finalmente, Giselle Huamaní, especialista en conflictos sociales, afirmó que “las mesas de dialogo en espacio de crisis no son adecuadas”. Señaló que, por ejemplo, en Morococha se ha estado tratando de plantear propuestas y se ha buscado la concertación. “Hay que hacer un esfuerzo, tratar de identificar casos donde el diálogo si funciona, lamentablemente, las prácticas positivas no llegan a los medios”, señaló.

Por su parte, RED MUQUI, viene trabajando para contribuir al debate y la generación de espacios para la mejora de mecanismos de diálogo. En el documento Balance y Propuesta para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú se proponen una serie de mecanismos que contribuirían a generar procesos más horizontales y democráticos. Se propone, entre otros, crear un Sistema Nacional de prevención y atención de conflictos sociales a nivel local, regional y nacional; también, que el Estado asuma como prioridad impulsar procesos de diálogo de forma transversal y garantice la defensa de los derechos por encima de intereses económicos.

Se puede ver la lista completa de PROPUESTAS MUQUI AQUÍ

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