RED MUQUI saluda la llegada de Papa Francisco a nuestro Perú, y hacemos votos por que cale en todas las peruanas y peruanos su mensaje de cuidado de nuestra naturaleza y sus recursos naturales, de respeto por las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, y su llamado para que los seres humanos y la naturaleza no se pongan al servicio del dinero.
El día de mañana Papa Francisco dirigirá su primera homilía en Puerto Maldonado en la región Madre de Dios, una localidad, como gran parte de dicha región afectada por la actividad minera ilegal y donde las más afectadas con ello son las comunidades nativas.
En la carta que RED MUQUI y la RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA hemos dirigido a Papa Francisco a mediados de diciembre a través de la Nunciatura Apostólica, hemos planteado a Su Santidad, nuestra preocupación respecto de la acción del actual gobierno en materia ambiental y respeto de nuestras comunidades campesinas y nativas.
Nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que viajó a El Vaticano para invitar a Papa Francisco a venir al Perú, es quien, al contrario del llamado del Santo Padre, “toma medidas, dicta normas, y establece políticas públicas”, que son permisivas y complacientes frente al daño ambiental y social, “para facilitar el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las comunidades y poblaciones, su entorno, y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú”.
Entre los 112 decretos que dictó, con las facultades que le dio el actual Congreso y su visto bueno posterior, dicto un pequeño paquete en apoyo de la formalización de la minería informal e ilegal.
Uno de dichos decretos fue el D.Leg. Nº 1320, que modifica los artículos 40 y 41 del TUO de la Ley General de Minería, que se refieren a la caducidad de la concesión y a la penalidad que deben pagar los titulares de concesiones por falta de producción. Antes de esta norma, la empresa minera que obtenía una concesión debía pagar un derecho de vigencia anual para mantener la concesión, y sólo perdía el derecho si hasta por 15 años dejaba de pagar. Con ésta norma se amplía el plazo para revertir la concesión al Estado a 30 años, cuando recién pierde la titularidad. Al mantener por más tiempo la titularidad de las concesiones – sin caducidad – facilita que los mineros informales, que por ejemplo están en Puerto Maldonado, donde Su Santidad viajará, sigan operando en las zonas donde hay concesiones que son “formales”, con total impunidad, con todo lo que ello conlleva.
Y es que son empresas mineras “formales”, las que mantienen el circulo vicioso de la minería informal, les facilitan alojarse en las concesiones de las que son titulares, les brindan herramientas, maquinaría e insumos químicos para su labor, y les compran la tierra mineralizada.
Este decreto, junto a los decretos 1244, 1293 y 1336, buscan favorecer la “formalización” de la minería informal, pero en realidad la facilitan eliminando, con el sólo hecho de integrarse al registro integral de formalización, el delito de minería ilegal, permitiendo ello con sólo presentar declaraciones juradas, primero de los permisos de los propietarios de las tierras (sin que haya acuerdo de Asamblea en el caso de las Comunidades) y segundo del IGAFOM, instrumento ambiental, sin que haya mecanismos efectivos de fiscalización de su cumplimiento, que están a cargo de los Gobiernos Regionales, que no tienen ni fondos ni especialistas suficientes para ello, y OEFA sólo puede intervenir a solicitud de los GOREs.
De otro lado el gobierno se ha convertido en cómplice de ésta situación, pues no realiza una debida fiscalización del transporte y la comercialización de insumos para la minería ilegal a través de las entidades competentes. Está claro que insumos como el mercurio y el cianuro sólo están a cargo de las empresas mineras y sus proveedores, que son las únicas que lo pueden facilitar, y que en muchos casos son insumos similares a los utilizados por el narcotráfico.
No se puede atacar la problemática de la informalidad de la economía en el país, formalizando todo de la misma manera. La problemática de la minería ilegal requiere alternativas concretas de actividades económicas que les brinden ingresos alternativos a través de actividades sostenibles, que respeten el ambiente, los derechos fundamentales de las personas, y brinden condiciones de trabajo adecuadas.
Otro decreto del actual gobierno, el D.Leg. Nº 1333, creó el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), que tiene la potestad de sanear física y legalmente los territorios donde el Estado decida priorizar una inversión, sin importar la propiedad o posesión que tengan los pueblos indígenas u originarios (comunidades campesinas y nativas) que ancestralmente se asientan allí. Estas normas son una continuación de un conjunto de paquetes normativos que se viene promoviendo desde los gobiernos de Fujimori, García y Humala para facilitar el acceso a dichas tierras en beneficio de terceros, en especial para proyectos mineros y de infraestructura.
Reiteramos, como hemos dicho a Su Santidad, que nuestras comunidades no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida, quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería, pero cuyas tierras no están protegidas de ser destinadas a otros intereses, poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria como país.
Papa Francisco sobre estos temas, sobre estas preocupaciones que te hemos alcanzado, te esperamos escuchar en nuestro país, para convocarnos a salvar el planeta, y para ello debemos voltear la mirada a nuestras comunidades, al respeto a la tierra, a la Pacha Mama.
Lima, 18 de enero de 2018
