El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”. “¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqquede Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

 

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La imposición de un modelo de consumo mundial, genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materia primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados, con el fin de saciar los apetitos de los patrones de consumo, lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras. Eso, usted ha dicho a los movimientos sociales, es colonialismo, que “engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano”. “Eso hermanos es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener”.

No queremos más violencia ni criminalización por defender nuestros derechos. Los pueblos y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería, pero cuyas tierras no están protegidas de ser favorecidas para otros intereses, poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria como país. Los pueblos, Santo Padre, cuestionan la realización de ciertas actividades económicas como la minera, que les son impuestas en sus territorios, sin la debida consulta previa.

En el Perú se está desconociendo a las comunidades campesinas como pueblos indígenas (siendo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, suscrito por el Perú, la Ley de Consulta Previa del Perú, y los informes del Estado Peruano al Comité de expertos de OIT las reconocen como tales). La población que vive en zonas de operaciones mineras, cuestiona que los mecanismos de participación ciudadana sean sólo informativos y no permiten se ponga en discusión la decisión sobre la realización o no de una actividad, discutiendo el por qué, para qué, en que nos beneficia o no, como afecta nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra existencia, es decir, privilegiar el vivir una ecología integral, que es el llamado de su Encíclica Laudato Sí.

Incoherencia de los gobernantes en el Perú con el Mensaje de Papa Francisco

Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dicta normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto.

Sólo, entre octubre 2016 y marzo 2017, el presente gobierno del señor Kuczynski, emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de lograr su objetivo, estos cambios en el marco normativo han propiciado un clima de conflictividad social en el país porque la mayor parte de estos decretos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general, como sucede con los derechos colectivos de las comunidades nativas y campesinas.

Sobre la minería informal que, por ejemplo, está en Puerto Maldonado, lugar que Su Santidad visitará, constatamos que son empresas mineras “formales”, las que mantienen el círculo vicioso de la minería informal, permitiéndoles alojarse en las concesiones de las que son titulares, les brindan herramientas, maquinaria e insumos químicos para su labor, y les compran la tierra mineralizada. Un círculo vicioso auspiciado por los marcos normativos vigentes.

Como su Santidad manifiesta “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato Si, 13).

Su Santidad, esperamos escuchar su mensaje de esperanza en el Perú

Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensaje de Su Santidad Papa Francisco en el Perú contribuya a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del Gobierno peruano. Por un lado, las empresas que imponen sus operaciones sin tener en cuenta la voluntad de la población, sin considerar el impacto a largo plazo de sus actividades en el ambiente y violando derechos fundamentales de las personas y comunidades, por otra parte,  el Gobierno que es sumiso a las presiones de las empresas mineras y sus intereses económicos, desregulando sus operaciones, eliminando garantías a las tierras de los pueblos   priorizando la economía y los ingresos por encima del bien común, la salud y la vida.

 

Carta abierta al Papa Francisco by prensamuqui on Scribd

Las organizaciones que conforman Red Muqui, junto a la Red Latinoamericana Iglesias y Minería enviaron una carta al Papa Francisco que busca resaltar su llamado al cuidado de la Casa Común y dar a conocer las problemáticas ambientales y sociales que viven las comunidades campesinas a raíz de las decisiones políticas del gobierno peruano.  El Sumo Pontífice llegará a Lima este 18 de enero y recorrerá tres regiones: Lima, La Libertad y Madre de Dios. Se espera que en su mensaje se incluya su preocupación por el respeto a las comunidades campesinas y nativas, y la protección de nuestro planeta Tierra.

En la encíclica Laudato Sí, publicada en el 2014, que plasma la postura del papa Francisco contra el consumo y abuso de la naturaleza. Allí, el Papa habla sobre los problemas ambientales, afirma que la causa principal del calentamiento global es la propia acción del ser humano, y ante ello, es necesario cambios “profundos” en los estilos de vida, modelos de producción y consumo. Critica el consumo masivo de bienes y hace un llamado a no seguir desgastando el planeta.

Red Muqui resalta, en la misiva, que el gobierno peruano actúa de forma incoherente al mensaje papal en la encíclica Laudato Sí. De forma que “se establecen políticas medioambientales que son permisivas frente al daño ambiental y social”.

«Solo durante el presente gobierno del señor Kuczynski, entre octubre 2016 y marzo 2017, el gobierno emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de su objetivo, estos cambios en los marcos normativos han propiciado un clima de conflictividad social en el país, porque la mayoría de estos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general», se añade en la carta.

Red Muqui reitera la preocupación de la sociedad civil por la forma en que el gobierno ha actuado irresponsablemente con el medio ambiente al flexibilizar estándares de calidad ambiental para facilitar inversiones en desmedro de la vida y salud de las personas.

Se concluye en la carta: “Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensajes de su santidad Papa Francisco en el Perú, contribuyan a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera, es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del gobierno peruano”.

La misiva ya fue canalizada a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica en diciembre. Se le hará llegar al Papa Francisco a su llegada al Perú el18 de enero.

El 17 de enero Red Muqui realizará el foro “Papa Francisco te esperamos escuchar” en Trujillo (Centro Cultural del Banco de la Nación: Calle Orbegoso N° 652), donde se expondrán detalles de la carta y se presentarán testimonios de comunidades afectadas.

Por su parte, a nivel nacional el 20 del mismo mes, un colectivo de organizaciones, entre ellas Red Muqui, están organizando una Vigilia por la Tierra y nuestros derechos. La actividad principal será en Lima desde las 5 de la tarde en el frontis la Nunciatura Apostólica, cuadra uno de la Avenida Salaverry, donde descansará el Papa Francisco.

Lee la carta completa AQUI