Se ha difundido a través de Youtube un video del momento en el que un poblador de nombre Antonio es detenido y llevado por varios policías durante la protesta en Islay contra el proyecto minero ‘Tía María’ el día 22 de abril en Valle de Tambo.

En el vídeo se puede observar como un Policía corre hacia el hombre y le «siembra» un objeto en la mano, el poblador resistiéndose tira el objeto, siendo el mismo policía quien lo recoje y lo vuelve a poner en las manos del poblador.

Todo parece indicar que un miembro de prensa estaba esperando ese momento ya que el fotografo aparece corriendo y enfocando directamente la mano del detenido el cual estaba siendo presionado por el policía. La foto posteriormente fue publicada en el diario. Lo que genera que en el video se denuncie una supuesta complicidad con el periodista gráfico.

También se puede observar que la polícia trata de asustar al poblador dentro de una camioneta policial increpándole por haber tenido, supuestamente, el objeto en la mano, a lo que él responde entre lágrimas que no le pertenecía.

Atravesando un paisaje lunar a través de las pampas de La Joya, en un camino de herradura, una se encuentra con una puerta: es la entrada al Proyecto Minero Tía María. Para pasar es necesario pedir permiso al vigilante de la empresa. No, no es agresivo como los de Yanacocha, simplemente apunta en un papel y deja pasar a los transeúntes. Más adelante 20 policías caminan bajo el tórrido sol con una especie de cascos con tapaorejas de tela. Sudados y sedientos. Nos miran alejarnos.

A los dos lados de esa pista afirmada vemos que hay piedritas puestas como si fueran pequeñas apachetas: no son dos, ni decenas, son miles de piedritas durante varios kilómetros. ¿Quién se ha tomado tremendo esfuerzo? Nos dicen que la empresa Southern se gana el “cariño” de la gente contratando a pobladores para poner, literalmente, piedras al costado de la vía. Un trabajo inútil, improductivo, pero de salario seductor. Sobre la siguiente curva vemos el cerro de cobre: ese será el tajo al que muchos temen y otros desean. Un par de vueltas más y la aridez se corta de porrazo: un valle hermoso, verde, impregnado de arroz y árboles frutales, salta a la vista. Desde hace cien años, agricultores y campesinos, le han ganado la batalla a pulso contra la tierra seca: granadas y membrillos que penden de los árboles imponen su presencia y su victoria.

Hoy el distrito de Cocachacra está concesionado al 108%, ¡¿cómo es posible?! Hay concesiones sobre concesiones producto del relajamiento del ordenamiento territorial durante el gobierno aprista. Hoy, para las empresas mineras es un derecho legítimo otorgado por el Estado peruano. En su carrera loca por conseguir inversiones como sea, el gobierno de AGP concesionó todo el valle del Tambo. Por eso, no se trata de cuestionar por cuestionar el proyecto sino por la posibilidad de la entrada de otras empresas.

Incluso, el tajo de Tía María no sería tan problemático si no incluyera el tajo La Tapada, cuyo perímetro de influencia llega casi a orillas del río. Se ha solucionado con el levantamiento de observaciones el problema del agua superficial con las posibilidades de desalinización del agua de mar (pequeño dolor de cabeza para los veraneantes de Mejía que también se oponen al proyecto), pero ¿y la contaminación de la napa freática en cada uno de los dos tajos? ¿por qué el Estado no acepta el pedido de los alcaldes y los miembros de las juntas de usuarios para que UNOPS revise si sus observaciones fueron levantadas o no con el segundo EIA?

El día jueves 16 de abril una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Cooperacción llegamos a Cocachacra invitados por su alcalde, Elard Valencia, con la finalidad de recoger información sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto. En el año 2011, durante su primera escalada, murieron tres personas por impactos de arma de fuego de la PNP y hoy hay decenas de heridos de perdigones o gases lacrimógenos. Sí, la gran diferencia entre usar balas y perdigones implica la vida de los seres humanos, felizmente eso lo sabe el actual ministro del Interior Pérez Guadalupe. Sin embargo las lágrimas que corrían por los rostros de esos agricultores trejos cuando nos narraban sus historias están vinculadas con el dolor moral: la indignación. “¡¿Por qué, doctorita, creen que somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por cuatro dirigentes?, ¿por qué nos llaman terroristas antimineros?! Somos gente honrada que vive de la agricultura, y lo único que queremos es vivir en paz!”.

Mientras tanto el gerente de la Southern Copper que acusa a la población inocente de ser terroristas, Óscar González Rocha, es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. ¿Quién es el delincuente?

Fuente: La República

Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora de Derechos Humanos, sostiene que la detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo en Arequipa “es como apagar el incendio con gasolina”.

“El gran problema es que en una situación de conflicto con tensiones mutuas y desconfianza, no se debe llenar más leña al fuego.  La detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo es como apagar el incendio con gasolina”, precisó en Radio Exitosa

“La gente está esperando que el diálogo sea efectivo. El Estado no puede ser wachimán de las empresas mineras”, agregó Silva.

Como se sabe, Cornejo fue detenido esta mañana en el sector de El Fiscal en la provincia arequipeña de Islay, por intentar bloquear  la vía que une Arequipa con Cocachacra.

Fuente: Radio Exitosa

La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que se requiere reforzar los mecanismos que buscan una solución al conflicto social derivado del proyecto minero “Tía María”, región Arequipa, ya que la situación en la provincia de Islay tiende a agravarse.

“Han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro indefinido y en ese tiempo las clases escolares se han suspendido, hay señales de desabastecimiento en los mercados, las transacciones económicas y los trámites administrativos se han visto interrumpidos y el clima de intranquilidad se extiende, principalmente, a lo largo de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía”, sostuvo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Para la Defensoría del Pueblo, la reunión de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, llevada a cabo en Arequipa el viernes último, es una actividad útil para brindar explicaciones a la opinión pública sobre los alcances de este instrumento ambiental. Sin embargo, es necesario pasar de un esquema de divulgación abierta a un esquema de diálogo técnico entre los representantes de los ministerios comprendidos en este asunto y los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, los municipios distritales y sus respectivos equipos técnicos quienes son los que han planteado directamente cuestionamientos al EIA.

También se considera que la reunión de diálogo técnico debe ser adecuadamente preparada, correspondiendo al gobierno nacional remitir las invitaciones formales a los actores concernidos en el conflicto, acreditar a los participantes, elaborar una agenda de temas materia principal de la discusión, establecer reglas de respeto mutuo y que todas las partes garanticen que dicha reunión se realice en condiciones de seguridad para todos.

“Una reunión de esta naturaleza implica una actitud de escucha y de disposición a recoger los planteamientos que sean pertinentes y estén debidamente sustentados. La voluntad de dialogar viene aparejada de la voluntad de corregir, en caso de que hubiere necesidad de hacerlo. No cabe descartar de plano ninguna vía de solución. Al diálogo técnico debe sucederle un espacio de negociación en el que creativamente las partes construyan una salida al problema”, dijo por su parte el Adjunto para los Conflictos Sociales, Rolando Luque Mogrovejo.

El funcionario señaló que, simultáneamente a la apertura al diálogo, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los dirigentes y alcaldes que promueven o respaldan el paro a prescindir de los actos de fuerza que perjudican a terceras personas, en particular a niños y adolescentes, cuya formación educativa se viene resintiendo seriamente al haberse interrumpido la asistencia a clases. En ese sentido, la Defensoría pide la reanudación de las clases escolares y normalización de las actividades en Islay, diálogo técnico y respeto al derecho a protestar siempre que sea de manera pacífica.

La Defensoría del Pueblo espera una atención pronta a este conflicto y mantiene su disposición a colaborar en el marco de sus competencias legales.

Lima, 13 de abril del 2015.

Defensoria del Pueblo