Corte Superior de Arequipa absuelve a 10 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas por oponerse al proyecto minero Tía María

Diez personas defensoras de derechos humanos, que fueron criminalizadas y brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales por oponerse al proyecto minero Tía María, en Arequipa, fueron absueltas por la justicia luego de 8 largos años de proceso judicial. Mientras que, lamentablemente, la condena a seis años de privación de la libertad contra una defensora fue confirmada a pesar de no existir pruebas.

Se trata de agricultores del Valle de Tambo, entre el grupo se encuentran 7 mujeres, quienes fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Southern Perú, por la presunta comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves.

Entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015, los defensores y defensoras iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión del Ministerio de Energía y Minas por autorizar la ejecución de Tía María, puesto que consideraban que dicho proyecto iba afectar el medio ambiente, las tierras agrícolas, así como la calidad y cantidad del agua en el Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, tal como establece el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Este grupo participaba de las protestas pacíficas debido a que el Estado peruano pretendía desconocer la consulta vecinal, realizada el 27 de septiembre de 2009, en la que el 97 % de la población del Valle del Tambo le dijo no al proyecto minero Tía María y sí a la agricultura. Este resultado marcó un precedente histórico en la defensa del medio ambiente y el territorio, una de las primeras en Latinoamérica que abrumadoramente rechazó la actividad minera.

Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el expediente judicial N°. 4116- 2016, declaró infundadas las apelaciones presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a las diez personas defensoras de derechos humanos y ambiente.

Indignantemente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada. Al igual que las personas absueltas, no existen pruebas contra ella de los delitos de disturbios y lesiones leves, por los cuales se le condena.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz, con el apoyo institucional de Red Muqui, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, hecho que confirma que las y los agricultores de Valle de Tambo fueron injustamente acusados.

El abogado David Velazco Rondón, director de Fedepaz, consideró que la decisión judicial es contradictoria, por un lado, absuelve a diez defensoras, y, por el otro, confirma la condena contra Elida Maritza Ticona.

“Ha habido una posición contradictoria del orden judicial, el mismo razonamiento ha tenido que utilizarse para ella. No hay coherencia. Esto hace que se exteriorice la ‘política pública‘ que tiene el Estado para criminalizar la protesta social y afectar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades a gozar de un ambiente sano y equilibrado”.

Por lo tanto, el abogado expresó su solidaridad con la defensora de derechos humanos que viene siendo criminalizada por defender su territorio y medio ambiente.

Red Muqui saluda la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa y a la vez manifiesta su indignación a la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a las personas de derechos humanos, la cual se comprueba en este caso de Valle de Tambo.