El Plan Unidos y la insistencia en la expansión minera del régimen de Boluarte

Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

La semana pasada, mediante una conferencia de prensa de la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el régimen de Dina Boluarte anunció el lanzamiento del Plan Unidos, con 25 propuestas multisectoriales para reactivar la economía, y que cuenta con dos ejes de acción: el impulso a la inversión privada y la protección de la cadena de pagos e impulso sectorial. Respecto al eje de “impulso a la inversión privada”, el plan propone destrabar proyectos mineros y fomentar otras siete iniciativas hacia el 2025 con una inversión de US$ cuatro mil 646 millones. En cuanto a las propuestas mineras se trata de la ampliación de Toromocho Fase II, en Junín y la reposición de Antamina, en Áncash. En tanto, para el 2024 se considera Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac). En 2025, se iniciaría el proyecto Zafranal (Arequipa).

En resumen, la mayoría de las propuestas mencionadas son parte de la cartera estimada de proyectos mineros que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, y que llevan varios años en proyección en los plazos que establece la normativa vigente. Mientras que, lo que en realidad están pidiendo los gremios mineros y para ello han montado una campaña comunicativa sin precedentes es despejar y facilitar los trámites administrativos en lo que los empresarios llaman la “tramitología minera”. Es decir, se deben reducir plazos, fusionar instituciones ambientales, eliminar requisitos y reducir la fiscalización ambiental en el sector minero, entre otros. En el fondo, se busca hacer minería donde sea y como sea, en el menor tiempo posible, y con una limitada participación de la gente. Esas son las reformas o cambios que ellos persiguen. Varios de estos puntos son los que serán revisados en los anuncios que ha hecho el premier Otárola de la PCM y el Ministro del MEF Alex Contreras.

Desde Red Muqui estamos convencidos que priorizar únicamente la inversión minera y con las características mencionadas, no solo es un error del gobierno y de los gremios mineros, sino que contraviene las evidencias del entorno que se están revelando. Diversas organizaciones y especialistas ya han señalado hace mucho tiempo que en este escenario de crisis multisistémica, tenemos que diversificar nuestra economía y proteger aquellos recursos y actividades económicas claves y estratégicas. Estamos hablando por ejemplo de invertir en el sector agropecuario, que en tiempos de pospandemia, crisis alimentaria y de crisis climática debería ser una eje central de cualquier discusión seria en nuestro país. El tema del agua es otro aspecto clave que se debe abordar, ya que no solamente va escasear sino que los conflictos en torno a su acceso serán cada vez más frecuentes y sobre ello ni una sola palabra en los planes del gobierno nacional o de los gobiernos regionales.

Lamentablemente todos estos anuncios de inversión económica en el Perú no toman en cuenta la participación de la población y las comunidades de los territorios. No se puede esperar más de un régimen que hoy gobierna a espaldas del pueblo y que cada día es más rechazado por la población.