Convención minera en Canadá devela sintonía entre gobierno del país norteamericano y régimen de Boluarte

Cuando el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anuncia que pronto habrá buenas noticias en el sector, como lo ha hecho en la recién concluida Convención Minera PDAC 2024 (3-6 de marzo) en Canadá, no sólo se deberían preocupar las comunidades campesinas de cuyos territorios se han apropiado las concesiones mineras, también la amplísima mayoría de habitantes de este país cuyas fuentes de agua nacen en la Cordillera de los Andes y donde se ubican los yacimientos de oro, plata, cobre y otros codiciados metales.

En esta edición de una de las mayores convenciones mineras del mundo, el régimen de Dina Boluarte ha apostado fuerte al enviar no sólo al controvertido titular del Minem, quien -de acuerdo a una investigación de “Hildebrandt en sus trece”- tiene mucho interés en impulsar proyectos mineros como Tía María en el Valle de Tambo y para el cual la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. fundada por Mucho ha prestado servicios igual que para otras mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Otro de quienes han ido a propagar la imagen de Perú país seguro y pujante para inversiones mineras ha sido el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha lamentado que el 90 por ciento del territorio concesionado no se está explotando, sin que mencionara, por supuesto, que la mayor parte de dichas concesiones se superponen con territorios que son hogar, tierra de cultivo y espacios de vida de cientos de comunidades campesinas que durante siglos han cuidado de las cabeceras de cuenca e incluso glaciares (como el caso del nevado Quelccaya amenazado por las concesiones de exploración de litio y uranio otorgadas a la empresa Macusani Yellowcake) de donde se abastece el agua que tomamos en Lima y en las demás ciudades y pueblos del país.

Concesiones otorgadas sin que se le informe y menos se consulte a las comunidades, lo que atenta contra el derecho a la consulta previa, como establece el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
Los ministros han respondido de esta forma al dudoso honor de haber sido designado el Perú este año, una vez más, como país minero patrocinador en la mencionada feria, la principal convención mundial de exploración minera y minería, que se celebra anualmente en el centro de Toronto Canadá.

No es casualidad tanta armonía entre estos dos países cuando de minerales se trata. Según una nota de Viviana Herrera, publicada en Mining Watch Canadá, actualmente operan más de 70 empresas mineras canadienses en Perú. En conjunto, manejan casi 10 mil millones de dólares en activos, lo que equivale al 4,5% del PIB del país andino en 2021. Con la consolidación del régimen de Boluarte, más favorable a la minería, estas empresas están viendo una gran oportunidad.

Incluso, cuando Perú se encontraba en medio de una espiral de crisis política a principios de 2023 y miles de peruanos confrontaban la violencia policial mientras protestaban en las calles, representantes de la embajada del país norteamericano se reunían con asociaciones de la industria minera y funcionarios peruanos para promover el aumento de la inversión minera canadiense en el país. Desde entonces, la sede diplomática no ha hecho más que intensificar su campaña de relaciones públicas en el año transcurrido desde que Boluarte asumió el poder.

Herrera reseña que Louis Marcotte, embajador de Canadá en Perú y Bolivia, ha participado en entrevistas con los medios de comunicación locales para promover la industria y aclamar a Perú como un socio minero estratégico, mientras que la embajada ha desplegado infografías y otros materiales en las redes sociales para describir cómo las empresas mineras canadienses hacen posible la vida en Perú: desde la producción de los metales que componen las baterías y las estructuras de autos eléctricos hasta la extracción de los ingredientes clave en productos que van desde limpiadores domésticos hasta consolas de videojuegos.

Solo para recordar que, en sintonía con esta ofensiva minera en Perú de países como Canadá, en noviembre, el gobierno lanzó el «Plan Unidos», una estrategia multisectorial para el crecimiento económico post pandémico que pretende agilizar los permisos mineros y designa el avance de siete proyectos mineros como prioridades económicas. Ese mismo mes, Boluarte promulgó un decreto ejecutivo para agilizar la concesión de permisos para el uso del agua en la minería, que se suma a varias otras reformas ya en marcha que, según el ministerio de Energía y Minas, pretenden «desbloquear los proyectos mineros y atraer más inversiones».

Porque como dijo Mucho durante su presentación en la convención “estoy seguro que la Cordillera de los Andes nos tiene grandes sorpresas”. Y aunque el ministro no se refería a un hecho que realza la biodiversidad presente en el país, en efecto esta semana se ha informado sobre el descubrimiento de un nuevo ciervo en América, el primer hallazgo de su tipo que se logra en este siglo a nivel planetario: El Pudú de Huancabamba que vive en los bosques de neblina de Piura nos recuerda la importancia de preservar hábitats no sólo imprescindibles para asegurar las fuentes de agua que allí nacen, sino que evidencia la enorme y verdadera riqueza que se halla en el país y el frágil equilibrio que nos une a los humanos con las demás especies vivas del planeta. Una alerta más de lo que significaría imponer el proyecto cuprífero Río Blanco de la empresa china Zijin justamente en esta zona. Una explotación minera impulsado por el régimen autoritario, en los distritos piuranos de Huancabamba, Ayabaca y Carmen de la Frontera, pese al rechazo abrumador de la población, que en consulta vecinal en 2007 le dijo no a la minería.