Territorio Yanacocha: relatos de impunidad

La lucha de Isidro Llanos

El campesino Isidro Llanos fue asesinado el 2 de agosto de 2006 a los 58 años en Combayo. La población de esa comunidad, perteneciente al ditrito de la Encañada,  se movilizó contra las intenciones de la empresa  Yanacocha de ampliar el proyecto minero (Carachugo II). Sin embargo, desde los años noventa la minera se había instalado en el cerro Carachugo, donde se fundió la primera barra doré.

«Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino», relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. «No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso», comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. «No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo», relata su hermana Paula Llanos.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque «declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos». «El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado», sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. «Cuando se produce una situación de conflicto armado aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado», comenta Bregaglio.

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, «cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional». No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de «sobrepasado», considera que debe ser definido, para «no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder». No obstante, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del «orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable», pues de lo contrario, «viviríamos en una anarquía».

Las muertes de Conga

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín: César Medina, José Faustino Sánchez, Paulino Leonterio y Joselito Sánchez. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al «traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego». En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia, se afirma que «es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín».

El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales», apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. El 4 de julio el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM.

La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Impunidad

“Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces.

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien», comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  chica de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma «no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona». «Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía», cuenta. Marisol Malqui, viuda de José Faustino, dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. «Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.». Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  «¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Santos Huamán, madre de Joselito Sánchez, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. «Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura».

«En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vida judicial», declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. “Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales», concluye Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

Existe un convenio de «prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP». Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina el abogado Juan Carlos Ruíz. «Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo», declara Rolando Luque.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas estructurales de la población permanecen; y el Estado mantiene esta legislación. El desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Escribe Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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