FEDEPAZ- Después de un largo proceso judicial y de un importante recorrido de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento junto a las hermanas y hermanos awajún de la Comunidad Nativa de Supayaku (San Ignacio, Cajamarca), el día 10 de diciembre de 2018 (Día Internacional de los Derechos Humanos), el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, volvió a expedir sentencia declarando FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Recordemos que el pueblo indígena awajún de Cajamarca está organizado en 2 comunidades: Naranjos y Supayaku. La delimitación política las ubica en distintos distritos (San José de Lourdes y Huarango, respectivamente) pero ambas pertenecen a la provincia de San Ignacio y, lo más importante, ambas habitan el mismo bosque amazónico y tienen como principal fuente de agua el río Chirinos.

En septiembre de 2013, el MINEM aprobó el Proyecto de Exploración Minera “Yagku Entsa” (Quebrada amarilla) de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C., ubicado en zona de cabecera de cuenca del río Chirinos que corresponde a la jurisdicción de Naranjos y, por ello, solo consideró a ésta como zona de influencia.

Desde una visión integral del territorio awajún, aprobar un proyecto minero exploratorio en base a acuerdos tomados solo con Naranjos, sin considerar en ninguna fase del proceso a Supayaku, cuando son las dos únicas comunidades awajún de la región que comparten el mismo bosque y sus recursos, resulta todo un despropósito; más todavía si la decisión viene del propio Estado peruano, representado por el MINEM.

En este proceso, el 2 de agosto de 2016 el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda en primera instancia, sin embargo, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima en abril de 2017 la declaró nula, basándose en observaciones formales, señalando que el Juzgado no se había pronunciado sobre otros puntos incorporados por el MINEM en la contestación de la demanda, puntos que trataban sobre cuestiones secundarias. Por ello, a efecto de dar cumplimiento a esta disposición de la instancia superior, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima se ha pronunciado ampliamente sobre todos los puntos que son materia de la demanda y de la contestación de la misma.

Esta nueva sentencia de primera instancia, utiliza fundamentos claves como el que expresara el Tribunal Constitucional, en el año 2009, en aplicación del Convenio 169, estableciendo en su jurisprudencia que los “pueblos interesados” comprenden comunidades afectadas y colindantes, como sucede con Supayaku y Naranjos. Cabe resaltar que en esta nueva sentencia, como consecuencia de haberla declarado fundada nuevamente, el juez dispone la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución Administrativa que aprobó el Proyecto “Yagku Entsa” en 2013, así como dispone la suspensión inmediata de las actividades de exploración minera, hasta que el MINEM tome medidas paradeterminar su viabilidad, previa aplicación del derecho a la consulta previa que le asiste a la Comunidad Awajún de Supayaku y a los pueblos indígenas que pudiesen ser afectados.

Como se recordará, FEDEPAZ ha defendido legalmente a la comunidad de Supayaku durante todo este proceso y ha acompañado los periodos de mayor tensión y agresividad que surgieron en su relación con su comunidad hermana, Naranjos; proporcionándoles herramientas para fortalecer sus capacidades de diálogo y de recomponer los lazos afectados por el conflicto socioambiental, a raíz del irresponsable actuar del MIMEM y la empresa Águila Dorada SAC.

Eso explica porque la incidencia sobre este caso emblemático ha sido permanente y articulada con diversos actores locales, regionales, nacionales e internacionales, en respaldo de la legítima oposición del pueblo awajún de Cajamarca a dicho proyecto minero, y de las denuncias sobre sus negativos impactos ambientales, sociales y económicos.

Al respecto, el equipo de FEDEPAZ expresa su satisfacción por este favorable resultado, después del largo camino para la comunidad de Supayaku. Se trata de un gran paso y precedente en la lucha y la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena awajún y de todos los pueblos originarios afectados por la minería en el Perú.

Gracias por difundir.

Lima, 14 de diciembre de 2018

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Ante el anuncio de la empresa minera Candente Cooper en octubre del presente año respecto al reinicio de actividades para implementar el proyecto de exploración Cañariaco en territorio de la comunidad indígena San Juan de Kañaris, provincia Ferreñafe, región Lambayeque; la comunidad se viene organizando para desarrollar una estrategia que les permita que se respete la voluntad popular expresada en el 2012, en que el 95% de la comunidad le dijo NO al proyecto minero Cañariaco a través de una consulta popular realizado por la propia comunidad, según las declaraciones del presidente de la comunidad, Hermógenes Tantarico.
La empresa canadiense Candente Cooper anunció que estaría reiniciando las operaciones del proyecto minero cuprífero Cañariaco en el marco de la delegación de facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en el mes de septiembre, en que se emitió el Decreto Legislativo  N° 1394, que modifica algunas disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA) respecto al plazo de pérdida de vigencia de la certificación ambiental cuando no se inicia la ejecución de un proyecto.
A pesar de los impactos ambientales de gran magnitud que generaría el proyecto minero, ya que se encuentra en una zona de bosque de neblina, ecosistema de alta fragilidad y complejidad; éste cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) aprobado el 2012 y una modificatoria aprobada el 2014 por el Ministerio de Energía y Minas.  De los estudios que ha podido realizar Red Muqui, a través del informe de la ingeniera consultora Mary Chávez, respecto a los EIA aprobados; se concluye que los impactos generados en el medio ambiente serían irreversibles:
“El desbosque en la parte alta de la cuenca del río Cañariaco trae como consecuencia directa la erosión de suelos, la interrupción del ciclo hidrológico y la pérdida de la biodiversidad. Los impactos ambientales negativos se agudizarían por fenómenos naturales como el Niño y la actividad sísmica. Sin embargo, para la empresa CCPSA, son impactos de baja significancia en sus EIA-sd.
Entre las especies afectadas se encuentran el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp., estos dos, últimas especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú (información que se señala en el informe EIA-sd 2014). Los hábitats afectados no podrían suplirse con un Plan de Revegetación o un Plan de Rescate».
Entre otros impactos ambientales se tendrían:
–  Las perforaciones tienden a impactar las aguas freáticas de manera irreversible: cambio en la dirección y flujo del agua freática, y también, por la cavidad de perforación, puede fluir agua subterránea lixiviando metales hacia la superficie.
–  Afectación a los cuerpos de agua superficial. Para la aprobación del EIA-sd 2012 tuvieron que reubicar 13 plataformas por encontrarse a menos de 50 m de un cuerpo de agua; sin embargo, en el EIA-sd 2014 se aprobó plataformas ubicadas a menos de 50 m, un  gran número de ellas a unos 10m de distancia de las quebradas; y llama la atención que se aceptó como “medida” el uso de tinas y/o tanques metálicos de 1m3 para evitar el vertimiento al agua superficial (río Jatun Yacu y las quebradas adyacentes).
–  Contaminación de suelos, y también de las aguas subterráneas y superficiales.
Los lodos de perforación –agua con aditivos de perforación-, serían enterrados en las pozas de sedimentación instaladas en las plataformas (alrededor de 600 pozas en total). Cabe acotar que el material de las pozas son de geomembrana; esto es, se deja plástico, más residuo de la perforación en los suelos donde se tiene bosques con gran biodiversidad.
Ante el anuncio del inicio de actividades por parte de la empresa Candente Cooper el presidente de la comunidad Hermógenes Tantarico ha señalado que la población de Cañaris se encuentra en alerta y preocupada por esta situación en tanto se generarían impactos ambientales dentro de su territorio que afectarían sus actividades productivas, ya que ellos basan su economía en la producción agrícola y ganadera, y para esto la protección de los cuerpos de agua y suelos es fundamental. «Nosotros hemos realizado una consulta popular el 2012 y el 95% de la comunidad dijo NO a la minería. Esto debe ser respetado por el gobierno central»

Días después del Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las industrias extractivas como la minería.

El presente Decreto, señala el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma” con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM. Asimismo, los espacios generados con las comunidades amazónicas, víctimas de la contaminación petrolera, también fueron eliminados.

El Ejecutivo señala que en los casos en que se hayan creado Comités de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, estos continuarán, como en el caso de la provincia de Cotabambas de la región Apurímac. Sin embargo, las comunidades de Cotabambas han venido exigiendo la reactivación de la Mesa de Diálogo desde fines del 2016 en que el gobierno la suspendió. En la provincia aún no se levanta el Estado de Emergencia que se ha renovado durante estos años; se mantiene el convenio de la empresa minera y la policía para resguardar sus intereses; la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para la comunidad; y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor del sur, continúan.

La fundamentación del Decreto se basa en la necesidad de lograr mayor “eficiencia” en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de las competencias y funciones. En el sector vinculado a la minería, las mesas que el Ejecutivo está eliminando son las referidas a las “Mesas de Diálogo para el Desarrollo….”. La eliminación de las Mesas de Diálogo no han sido de mutuo acuerdo entre las comunidades y el Poder Ejecutivo; es más, durante estos años ha sido visible que diversas protestas se han reanudado porque el Estado no cumplía con implementar los acuerdos arribados en las Mesas de Diálogo y porque el Estado desarrollaba una lógica de negociación con las comunidades para que el proyecto extractivo vaya sí o sí en sus territorios, generando diversos incentivos de obras de infraestructura y el mejoramiento de servicios públicos. Por estos motivos, el desarrollo de varias Mesas de Diálogo se ha extendido durante meses para llegar a acuerdos, sin contar con la fase de implementación.

Por ello, al parecer este Decreto se emite con el objetivo de que los procesos de diálogo se concentren en la fase de negociación. Con esto lo que se estaría haciendo es generar menos condiciones para un mejor diálogo para la prevención y resolución de conflictos.

Como ya se ha señalado por Red Muqui durante la campaña “Todo está amarrado”, el Estado Peruano no concibe el diálogo como política preventiva y reduce los procesos a una negociación y muchas veces imposición de las condiciones de desarrollo de los proyectos mineros. Bajo las lógicas de eficiencia, el diálogo es concebido como si fuese un costo operativo para las empresas, por lo cual busca reducirse. No se concibe en el diálogo que las comunidades puedan decir NO al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Cabe recordar que en la reciente CADE, los grandes empresarios hicieron alusión a la “negociación como método para la resolución de conflictos con las comunidades y el Estado. Señalaron que en la negociación todos tienen que renunciar a “algo” para lograr acuerdos.

Nos preocupan este tipo de lógicas que son contrarias a la defensa de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo son parte del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la consulta previa y a la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas. Desde Red Muqui señalamos que los derechos humanos no son negociables, son irrenunciables.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas»[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

 

Acción solicitada:

 

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

  • Sr. Martín Alberto Vizcarra, Presidente de la República del Perú. E-mail: [email protected]
  • Sra. Silva Pessah, Ministra de Salud. E-mail: [email protected]
  • Sr. Daniel Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. E-mail: [email protected]
  • Sr. Pedro Chavarry, Fiscal de la Nación. E-mail: [email protected]
  • Sr. José Luis Lecaros Cornejo, Presidente del Poder Judicial. E-mail: [email protected][email protected]
  • Sr. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. E-mail: [email protected]
  • S. E. Sr. Claudio de la Puente, Embajador, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: [email protected]
  • S. E. Sr. Gonzalo Gutiérrez Reinel, Embajador del Perú ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea . E-mail: [email protected]
  • S. E. Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Embajadora del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: [email protected]

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: [email protected]

Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

 


[1] El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina. Es una de las organizaciones miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[2] El certificado de defunción de la Sra. Ccahuana, uno de los documentos en los que se basaba el artículo de los Sres. Ruíz y Osores, señalaba como causa directa de muerte un choque séptico e insuficiencia cardiorrespiratoria, con la contribución de la intoxicación crónica por cadmio y arsénico. Posteriormente, el doctor afirmó por escrito que no tenía evidencias objetivas que sustentasen la intoxicación crónica por metales pesados padecida por la Sra. Ccahuana. Finalmente, el doctor había denunciado presiones y se había retractado de dicho escrito. Sin embargo, la retractación no ha sido tomada en cuenta por el Ministerio Público.

[3] El artículo está disponible aquí: http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf

[4] Para más información sobre los estados de emergencia véase el comunicado conjunto del 26 de noviembre de 2018 de la CNDDHH y la OMCT, «La CNDDHH y la OMCT reclaman el final de los Estados de Emergencia en el corredor minero», disponible aquí: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/peru/2018/11/d25133/.

[5]  Véase informe del Observatorio: Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto

de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latinahttps://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-un-preocupante

[6] Véase: http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huacho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huacho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Copemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Las autoridades mencionadas iniciaron investigaciones del caso en el centro poblado de Huaccho a causa de las graves condiciones de contaminación y sus efectos fuertemente negativos en la salud de la población local. La policía dio a conocer que existe la posibilidad de un conflicto abierto entre las comunidades con el apoyo de las autoridades locales frente la empresa minera que sigue operando en esa zona.

La situación de contaminación ya va ocurriendo hace varios años y se supone que las aguas contaminadas provienen del campamento cerca de la cuenca de Sechín y que el rio, del cual la comunidad se abastece, va pasando por antiguos relaves de actividades mineras pasadas en la zona.

La minería afecta los recursos hídricos

Acompañando el caso, la parlamentaria María Elena Foronda señaló como urgente la intervención inmediata de la OEFA, de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. Pidió que el Ministerio de Salud actúe de inmediato frente a la denuncia de la comunidad campesina de Quillo. Foronda exigió que se recopile información oficial sobre el caso de los afectados y se encuentre los responsables de la contaminación.

Red Muqui exige que las autoridades del gobierno regional implementen la fiscalización ambiental y que haya una intervención por parte de la OEFA y del Ministerio de Salud aplicando la política pública recientemente aprobada el 26 de octubre:»Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas». Es urgente que desde la PCM se garantice la implementación de los lineamientos a nivel multisectorial con plazos y metas, para actuar frente a casos como este.

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

 


Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

Litio en su estado físico y en baterías

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

 

Uranio en su forma natural y procesada

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

 

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.

La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y las organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental saludamos la aprobación de los «Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas» emitida por el Ministerio de Salud.

Nos parece importante que con estos lineamientos el MINSA busque afirmar su rol de ente rector en salud y trascienda de una mirada clínica hacia un abordaje integral, dando énfasis en su intervención a la atención y promoción de la salud ambiental y humana, en el marco de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes regionales.

Sin embargo es necesario resaltar que la problemática de salud ambiental que existe actualmente rebasa las competencias del Ministerio de Salud: hasta la fecha hay al menos 4867 personas afectadas entre ellas muchos niños y niñas, focalizadas en 17 regiones del país incluyendo territorios de pueblos indígenas que se encuentran expuestas a diversas fuentes de contaminación que involucran a diversos sectores.

La complejidad de la situación hace necesaria la acción multisectorial articulada para una respuesta integral y eficaz, en la cual la Presidencia del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, se comprometan con la implementación de estos lineamientos de política pública, brindándole el respaldo necesario. Es importante, garantizar el compromiso multisectorial, por lo cual es necesario el compromiso formal de todos los sectores involucrados.

Asimismo consideramos un avance la elaboración del diagnóstico. Sin embargo, identificamos que falta información y ausencia de casos emblemáticos de la amazonia como las comunidades de Cuninico y Chiriaco.

Resaltamos la importancia de la participación de la sociedad civil organizada mediante comités de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, dado que la población necesita involucrarse de diversas formas, especialmente en territorios alejados de las ciudades donde se encuentran las personas vulnerables a los problemas ambientales y de salud por metales tóxicos.

Si bien hemos dado un paso adelante como país, las primeras tareas y desafíos son ahora convertir los lineamientos en acciones concretas, con responsables, plazos, presupuestos, indicadores y priorizar por dónde empezar. Es sustancial establecer medidas de corto, mediano y largo plazo, con la participación de los y las afectados.

Incorporar el seguimiento de la población afectada a través del programa de atención del niño sano o de control de las mujeres embarazadas, deberían ser acciones que se puedan implementar con prontitud como una primera acción que demuestre el compromiso del Estado en la solución de esta problemática. Otra medida de corto plazo es establecer los espacios de articulación para implementar las repuestas integrales.

Desde las organizaciones sociales y la sociedad civil estaremos expectantes a la implementación de estos lineamientos. Confiamos que el Estado asumirá su rol de garante del derecho a la salud en relación a la problemática de contaminación ambiental.

(Anuncio publicado en La República, 25 de noviembre del 2018)

 

Como Red Muqui queremos enfatizar que para garantizar la multisectorialidad de los lineamientos emitidos, la Presidencia de Consejo de Ministros debe comprometerse con la implementación de aquellos. Estos lineamientos son importantes ya que en ello se ha reconocido entre otros puntos que el Ministerio de Salud tiene opinión vinculante para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) y también reconoce dentro la estrategia de salud integral los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental participativo.

El 19 de noviembre Red Muqui participó en la conferencia internacional “La minería en América Latina y el Caribe: interdependencias, desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible” por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con el Programa “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países Andinos” del Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania (BMZ) y en coordinación con la Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA).

Los ejes y temas principales de la conferencia fueron entre otros el valor agregado de la minería para el desarrollo sostenible en la región andina, los retos y oportunidades de la gobernanza y gestión de los recursos naturales para el desarrollo sostenible y las cadenas de valor para la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Los objetivos de esta conferencia fueron “promover un diálogo regional sobre una minería contribuyendo a un desarrollo incluyente y más sostenible en el marco de la Agenda 2030”. Se trató de “sistematizar mensajes y aprendizajes de una discusión multiactor sobre cómo la minería puede ser un elemento que apoye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales servirán como insumo para la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas

Junto a la Red Muqui participaron varios representantes de alto nivel del sector público de los países andinos en el sector de minería y medio ambiente, representantes de empresas mineras, de la sociedad civil, la academia y las instituciones organizadoras: CEPAL, Ministerio de Energía y Minas de Perú, Secretaria de Política Minera de Argentina, Embajada de Alemania, Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania (BMZ), Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA), Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (Bolivia), Asociación Colombiana de Minería (Colombia), Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Minas (Ecuador), Comunidad Andina, Consorcio de Investigación Económica y Social (Perú), Compañía de Minas Buenaventura (Perú), Ministerio de Minería (Chile), Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Umicore (Bélgica), World Economic Forum, Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (Bolivia), Newcrest Mining Limited (Australia), Codelco(Chile), Estudios y Políticas Públicas de Cochilco (Chile).

Javier Jahncke señaló por parte de Red Muqui que el balance de 15 años de minería desde el 2003 al presente año que han realizado, constata una fuerte dependencia económica de la minería y los vaivenes de los precios internacionales en nuestro país. Nombró puntos importantes como el hecho de que el estado devolvió en varia ocasiones más tributos a las empresas mineras como beneficios tributarios de lo que recibió como impuestos de aquellas. También la falta de diversificación real de la economía nacional para evitar una dependencia de la minería, que es una preocupación grande de las organizaciones de Red Muqui, ya que a nivel estatal no se están tomando mayores medidas para una diversificación económica planificada a largo plazo.

A causa de ello han aumentado los conflictos sociales en los últimos años porque a nivel nacional hay muchas actividades económicas que están viéndose perjudicadas por los impactos significativos de las actividades mineras. La falta de un ordenamiento territorial está vinculada directamente con los conflictos por el uso del territorio entre las empresas mineras y las comunidades que viven y usan el territorio. Explicó que cerca del 50% del territorio nacional son tierras que pertenecen a las comunidades campesinas e indígenas y cerca del 50% del territorio de comunidades campesinas tiene superposiciones con concesiones mineras.

Jahncke enfatizó que la pauta de la maximización de ganancias privilegia el aumento de la producción por encima de la protección del medio ambiente, de los derechos de las personas y pueblos a su territorio y a su salud sin considerar consecuencias drásticas en el futuro.

En referencia a las buenas prácticas del gobierno, Jahncke señaló en el marco de la intención estatal de ampliar la actividad económica minera, una pregunta esencial: “¿quiénes son parte de las decisiones como actores en el proceso del desarrollo de la actividad minera?. A nivel administrativo se encuentran actualmente el administrador que es el Estado peruano y el administrado que es son las empresas mineras y o personas naturales que solicitan un derecho de explotación minera. Según Red Muqui los gobiernos regionales y locales con sus planes de desarrollo concertado y ordenamiento territorial, así como las poblaciones y pueblos indígenas de las zonas de influencia directa e indirecta , no se ven suficientemente involucrados en el proceso de decisión sobre los proyectos mineros.

Red Muqui criticó que no se hayan invitado a otros representantes de la sociedad civil, de comunidades indígenas, afrodecendientes y campesinas afectadas en regiones bajo la influencia de proyectos mineros. En cuestiones generales no quedó claro qué forma de “desarrollo” la conferencia y sus participantes quisieran promover, quiénes participarían en el proceso de planeamiento e implementación de proyectos mineros y que rol deberían asumir el Estado y las poblaciones en ello.

Por Fidel Torres Guevara*

Leisa, 11 de noviembre, 2018.- Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

El presente artículo describe las acciones organizativas y de innovación tecnológica que algunas de estas comunidades, en los páramos de Piura, están desarrollando para conservarlos y, al mismo tiempo, lograr su integración a circuitos económicos amplios y avanzar en su bienestar.

Los ecosistemas de montaña como los páramos, que son nacientes de cuencas y brindan servicios ambientales hídricos y de biodiversidad endémica, requieren ser gestionados por las comunidades que viven en ellos o en su entorno para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Los páramos andinos del norte peruano, en la región Piura, constituyen las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Huancabamba, que suministran agua a dos reservorios para la irrigación de 40 000 hectáreas en Piura y 38 000 hectáreas en la región Lambayeque. Además, estos páramos tienen la más rica flora montañosa tropical del mundo, con aproximadamente 4 700 especies y un alto nivel de endemismo (Sánchez, 2012).

La gestión de conservación y manejo sostenible de un ecosistema como los páramos por las organizaciones comunales que los habitan, implica su integración en procesos interrelacionados de investigación e innovación de tipo tecnológico, organizacional e institucional, cuyos beneficios económicos, sociales, culturales y políticos se fundamentan en la conservación de este ecosistema (Zamora, 2005).

Actualmente las organizaciones comunales del territorio de los páramos cuentan con el acuerdo colectivo de la conservación de los páramos vigilado por las Rondas Campesinas. En cumplimiento de este acuerdo, desde 2010 han gestionado proyectos de investigación para la valorización de su biodiversidad (Torres, 2013), a fin de proteger su capital natural frente a la amenaza de proyectos de extracción de los minerales existentes en su subsuelo, como también para aprovechar las oportunidades del biocomercio.

Estas organizaciones comunales participan conjuntamente con entidades de investigación en la generación de conocimiento sobre la composición de la diversidad vegetal de los páramos, a partir de estudios etnobotánicos y caracterización de los compuestos bioactivos de especies medicinales y funcionales conocidas por mujeres y varones expertos, reconocidos por sus comunidades. Los productos de estas investigaciones son intangibles que no generan rentabilidad inmediata, sino que representan un capital social y cognitivo fundamental para las innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación del páramo, ecosistema estratégico de montaña.

Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos.   

Las comunidades de los páramos mantienen una demanda insatisfecha: vincularse a la dinámica de la economía regional y nacional a través de sus productos. Ante ello, algunas han iniciado emprendimientos de innovación mediante cambios tecnológicos con objetivos como mejorar la elaboración de ciertos productos (quesos, papas, yogur, plantas aromáticas, frutales) y diversificar su producción (piscicultua de trucha) y sus servicios (ecoturismo), con base en planes de negocio y coinversión. Un valor agregado de estos productos y servicios es que se obtienen mediante tecnologías, prácticas y acuerdos colectivos orientados a la conservación de los páramos. El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. Estos factores constituyen servicios ecosistémicos que, a través de compensaciones e incentivos, deben ser retribuídos por la red de agentes de la cuenca que usan el agua.

La innovación orientada a la conservación de recursos estratégicos requiere de políticas de apoyo diferentes a las que se tiene para innovación agraria en zonas vinculadas a la economía industrial. Es necesario diseñar políticas específicas para el establecimiento de un sistema de innovación en el territorio de los páramos (gráfico 1).

Innovaciones tecnológicas e investigaciones orientadas a la innovación para la conservación de los páramos

En el entorno de los páramos de Piura se registran innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación de los páramos, emprendidas por organizaciones comunales de Ayabaca y Huancabamba. Se trata de cambios tecnológicos enfocados en el uso racional del agua y el uso intensivo del suelo para la producción de bienes que tienen demanda y que detienen el avance de la frontera agropecuaria hacia los páramos.

Innovaciones tecnológicas

• Mediante sistemas portátiles de riego por aspersión, se incrementó la producción de leche por la mayor disponibilidad de pasturas sin aumento de la superficie. Las técnicas de procesamiento de los productos lácteos han mejorado su calidad, logrando un incremento de 60% en la producción de quesos y de 100% en los ingresos.

• Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la décima parte de una hectárea (1 000 m2) se producen minitubérculos de alta sanidad en una cantidad que alcanza para cultivar 25 ha de papa, a solo el 40% del costo de los tubérculos-semillas procedentes de otras regiones (que, además, son portadores de enfermedades contaminantes de los suelos).

• Producción de alevines por la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques del Páramo y Neblina, Pacaipampa (ACOBOSPA) para mejorar la rentabilidad de la crianza de trucha.

• Innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos.

Investigaciones para nuevas innovaciones

• La Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA-Piura) ha seleccionado, durante tres años, cinco genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.

• Etnobotánica y bioprospección vegetal en páramos y bosques nublados del norte del Perú para la innovación médica y el biocomercio. Con ACOBOSPA se han estudiado 50 especies, determinando su identidad taxonómica. Se ha analizado el perfil fitoquímico y el nivel de toxicidad de 23 especies. Siete de ellas son altamente promisorias para domesticar por su alto contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, significativo nivel de actividad antioxidante, valor de actividad antibiótica y muy bajos niveles de toxicidad. AMUPPA ha desarrollado cinco tipos de fitopreparaciones basados en especies medicinales.

• Caracterización, determinación taxonómica y perfil fitoquímico de cultivares nativos de papa del microgenocentro Altos de Frías de Ayabaca, Piura.


 

Organización para la gestión de las innovaciones orientadas a la conservación de los páramos

Las innovaciones e investigaciones que implementan las organizaciones sociales de los páramos como emprendimientos aislados son poco sostenibles. Necesitan articularse en un sistema o red de innovación para optimizar sus resultados a través de la gestión colectiva que les permita superar las restricciones de infraestructura y servicios que limitan la competitividad de sus productos. Es necesario un sistema de innovación territorial para incentivar el desarrollo del mercado de servicios, medio natural de la interacción e intercambio de conocimientos entre ofertantes y demandantes para la formación de redes de aprendizaje (Kuramoto, 2007).

Las acciones colectivas coordinadas a través de redes de innovación permiten a las organizaciones crear nuevas reglas de juego o una nueva institucionalidad que las favorezcan e incentiven políticas de desarrollo local o regional (Glave y Jaramillo, 2007).

Para ello las organizaciones han constituido la Plataforma de Concertación de Organizaciones para la Gestión de los Páramos y el Comité Territorial de los Páramos de Piura. La primera es el espacio de encuentro de las organizaciones donde se identifican las demandas prioritarias de innovación, se implementan las innovaciones y se proponen acciones para su institucionalización. La segunda gestiona la conversión de las innovaciones exitosas en normas o políticas para integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertado en los diferentes niveles de gobierno (gráfico 1).

Referencias

– Glave, Manuel, y Jaramillo, Miguel (2007). Perú: instituciones y desarrollo. Avances y agenda de investigación. En: Grade (2007). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, pp. 301-349. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-8.pdf

– Kuramoto, Juana R. (2007). Sistemas de innovación tecnológica. En: GRADE (2007), pp. 103-133. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-3.pdf

– Sánchez, Isidoro (2012). La diversidad biológica de Cajamarca: visión étnica, cultural y potencialidades. Cajamarca: Gobierno Regional de Cajamarca.

– Torres, Fidel (2013). Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Economía y sociedad, revista de investigación No. 82, pp. 61-71.


*Fidel Torres Guevara es Coordinador del Proyecto Páramos: Recursos Hídricos y Biodiversidad. Instituto de Montaña. Unión Europea, Instituto Von Humboldt, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su correo: to=[email protected]» target=»_blank» style=»box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(23, 89, 139);»>[email protected]

Durante el Foro Social Temático “Minería y Extractivismo” que se desarrolló desde el 12 al 15 de noviembre, se compartió un panel sobre “Ecofeminismo y extractivismo” entre mujeres panelistas de Brasil, Nigeria, pueblos indígenas de Estados Unidos y Filipinas, que contó también con la participación de mujeres de 60 países de todo el mundo que se ubicaban en el público.

Entre las experiencias que contaron las panelistas, señalaron que ha habido un aumento dramático de las actividades extractivas en los últimos 15 años y al mismo tiempo han visto una mayor resistencia social contra las actividades extractivas.

Señalaron que históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostiene la reproducción de la vida en sus familias y en las comunidades, respecto de las mujeres que viven en el campo a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades. A este trabajo se le llama “trabajo de cuidado”, que son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir, y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía; lo cual es contradictorio porque este trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida. Agregaron además que son discriminadas por ser indígenas y negras, pobres y del campo.

Contaron que normalmente ellas son las primeras en enterarse de las contaminaciones en sus tierras porque están pendiente de la alimentación de sus hijos e hijas y requieren que la tierra esté en buenas condiciones para la producción de los alimentos. Por ello a veces sufren de contaminación, porque al verificar las fuentes de contaminación de los metales pesados, no cuentan con los recursos necesarios para identificar esos elementos.

Al respecto, Beatriz Cortéz de Red Muqui, señaló anteriormente en un artículo sobre la situación de las mujeres frente al extractivismo en el Perú, que “sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida”.

Al finalizar el panel las mujeres coincidieron en que la resistencia al modelo extractivista también muestra alternativas, ya que están protegiendo la agricultura familiar, las fuentes de agua y la tierra para otro tipo de actividades económicas alternativas a la explotación minera y petrolera, que es devastadora en sus territorios.