Pedirán reparaciones civiles y atención médica a comunidades afectadas por metales en la sangre en Espinar

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

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El nuevo gobierno debe realizar balance y consenso nacional para saber enfrentar un próximo ciclo de la minería

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  • Indicó Grupo Propuesta Ciudadana en su publicación “Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”
  • Cambiar el esquema tributario es una de las propuestas para obtener un crecimiento justo
  • La distribución del canon minero debe estar sujeto a resultados

El coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, indicó que para aprovechar un eventual boom minero, el gobierno entrante deberá hacer un balance sobre cómo se ha aprovechado el precio alto de los metales, además de realizar un consenso nacional a fin de que el país obtenga rentas más justas por esta actividad extractiva.

En entrevista con el programa web “Los Desayunos de Correo y Usil”, Baca presentó la última publicación del Grupo Propuesta Ciudadana: “Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”, además de los problemas y desafíos que nos deja este proceso del gran ciclo minero que fue la base del crecimiento económico en de los último 10 años.

En ese sentido, el economista comentó que parte del estudio recalca que la renta que obtuvo el Perú, producto de la explotación minera, no estuvo al nivel de otros países de la región debido a que el marco tributario -diseñado en los años 90- ha permanecido inalterado durante 20 años.

“Las políticas que se tomaron para reactivar el crecimiento económico, como la reducción del impuesto a la renta, no ha sido acertada ya que no se ven los resultados. Se supone que debió haber mayores inversiones y eso no se ve en el sector extractivo, porque estas dependen de la economía mundial”, comentó en los “Desayunos de Correo y Usil”.

Para ello, Baca considera que el próximo gobierno debe hacer un balance y un consenso nacional sobre cómo enfrentar un próximo ciclo. Uno de los errores a corregir -como plantea el documento del Grupo Propuesta Ciudadana– es apuntar a tener una estructura tributaria progresiva, basada en impuestos a la renta y no en impuesto indirectos, como ocurre actualmente.

Otra cuestión que debe atender el próximo presidente, es ver cuáles son los motores del nuevo crecimiento, tomando en cuenta que el sector minero y petrolero no va a tener los resultados de antes.

“Estos sectores, como la agroexportador y el turismo, nos han mostrado resultados. También hay sectores a los que se deben dar mayores impulsos como al de la industria textil que también tiene mucho potencial”, agregó.

¿Y el canon?

“Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”, también le dedica un análisis al canon minero. Baca explicó que el esquema de distribución del canon, si bien fue adecuado al inicio, con el aumento de los recursos que trajo el boom minero, se hizo insostenible, tanto para el Congreso, como para el Ejecutivo.

“El canon se ha reducido a la quinta parte de lo que había en los años de altos precios. Debería abordarse el esquema de transferencias intergubernamentales con una distribución de recursos más transparentes y predecibles. Esto permitiría que los gobiernos locales y regionales tengan mejor noción cuánto dinero van a disponer”, propuso.

El coordinador de Propuesta Ciudadana también señaló que la gestión deficiente de los ingresos por canon –desde gobierno central, regional y local- ha contribuido a generar inequidades y conflictividad social.  Es por ello, que Propuesta Ciudadana  refiere que la estructura de repartición del canon debe ser más equitativa y apuntar a crear fondos de inversión.

Algo que también debe contemplar el próximo gobierno es que en la época de bonanza, el canon representaba el 20% del presupuesto total, y ahora representa menos del 10%,  por lo que sería un error enfocarnos en el canon, ahora.

“El reto mayo es como el Perú retoma las sendas del crecimiento, que se estiman por encima del 3%. En los próximos 5 años no hay proyectos nuevos, entonces hay que ver que los existentes corran en un clima de menor conflictividad” concluyó.

VER ENTREVISTA EN VIDEO

Foto: Captura YouTube Propuesta Ciudadana

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Vuelve a estallar Las Bambas con huelga indefinida por falta de diálogo por parte del Estado

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ESTA SEMANA

  • Ejecutivo volvió a postergar mesa de diálogo con autoridades y dirigentes de Cotabambas
  • PCM adujo que suspensión responde a que distritos no acreditaron representantes
  • Autoridades y dirigentes buscan audiencia con el presidente Ollanta Humala

Nuevamente se complica la situación en la zona de influencia de proyecto minero Las Bambas. Los dirigentes  de las provincias de Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac), anunciaron el reinicio de una huelga interprovincial indefinida que iniciará en el transcurso de esta semana.

Esta medida de fuerza responde a la suspensión de la mesa de trabajo –y diálogo– por parte del Ejecutivo, que en dos oportunidades (16 de noviembre y 19 de enero) dejó “en el aire” a autoridades y dirigentes, bajo la excusa de no tener acreditados a los representantes de distritos y centros poblados que se encuentran en la zona de influencia de Las Bambas. Esta suspensión les fue comunicada –el mismo día de la reunión– mediante un oficio (del 18 de enero) firmado por el Jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, José Ávila.

No obstante, los alcaldes y dirigentes sociales alegan haber remitido una carta (el 14 de diciembre) con la lista de nombres, así como otros documentos en los que solicitaron la instalación de la Mesa.

Ante este desplante, el alcalde provincial de Cotabambas, tres alcaldes distritales (Haquira, Mara, Challhuahuacho, Coyllurqui), el Gerente General del Gobierno Regional Apurímac, los Frentes de Defensa y comunidades, se reunieron el 21 de enero en la Municipalidad Provincial de Cotabambas (Tambobamba), tomaron los siguientes acuerdos:

  • Declararse en paro provincial indefinido suspendido.
  • Conformación de una Comisión Mixta integrada por autoridades políticas y dirigentes de la provincia de Cotabambas y Grau para viajar a Lima buscar una audiencia con el  Presidente de la República.
  • Terminar la reunión con una movilización pacífica por las principales arterias de la ciudad de Tambobamba, liderada por las autoridades locales y el representante del Gobierno Regional.

En cuanto a la fecha de inicio del paro interprovincial, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello, refirió que no pueden revelar la fecha exacta de inicio de la huelga, pues están temerosos que agentes de inteligencia enviados por el Gobierno, puedan identificar a los dirigentes.

«La huelga se inicia lo más pronto posible, en esta semana. Hay personas que nos graban y van a los domicilios para indagar sobre nuestras actividades por eso no podemos revelar nuestras coordinaciones», comentó al diario La República.

En la asamblea de Tambopata, autoridades y dirigentes reiteraron que el principal punto a tratar en la Mesa de Trabajo y Diálogo, son las modificaciones realizadas al EIA por parte de la empresa MMG, ya que el proyecto minero Las Bambas se ha concentrado en las provincias de Cotabambas y Grau piden que se determine adecuadamente los impactos y se adopten las medidas necesarias para que se eviten daños ambientales.

 

Fuente: Diario La República / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: RED MUQUI SUR

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PRONUNCIAMIENTO: Caso Espinar, exigir el derecho a la salud no puede ser un delito

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Mostramos nuestra preocupación por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, en contra de Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, aliado de RED MUQUI, y que forma parte de las instituciones con las que coordinamos conjuntamente diversas acciones legales en defensa de los derechos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas, especialmente la actividad minera.

El supuesto delito de Ruiz, según el MINSA, habría sido el haber hecho público el certificado de necropsia de la señora Margarita Cahuana, en el que se evidencia una intoxicación por presencia de metales pesados (por arsénico y cadmio), en la zona de las unidades de producción minera Tintaya – Antapaccay de Espinar, Cusco, donde la empresa (Antes Xstrata)  Glencore ha tenido la titularidad del proyecto minero.

Lamentablemente la denuncia de Ruiz no es una novedad. Existen estudios (CENSOPAS) que desde el año 2010 establecen la presencia de metales pesados por encima de los esta?ndares establecidos  por la ley peruana (D.S. Nro. 002-2008 MINAM Esta?ndares de calidad Nacionales para el agua) en miembros de las Comunidades Campesinas locales. Además de ello un segundo informe del CENSOPAS realizado el 2012 confirma presencia de metales pesados en estas personas.

Asi mismo las autoridades ambientales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la fecha no han establecido responsabilidades respecto de los agentes que han generado la contaminación para evitar que esta continúe, o se remedie sus impactos.

Esta inacción del Estado en materia de atención de salud, y la responsabilidad que le compete, estaría buscando no ser asumida presionando desde diversas instancias para que se cambien en su momento los resultados de la citada necropsia de la señora Cahuana, y poner en cuestión el certificado que hiciera público el abogado Ruiz. El médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, y ex miembro del equipo del Censopas, Fernando Osores también está incluida en la citada denuncia.

Frente a ello, antes de asumir denuncias como ésta, el Estado debería preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para el tratamiento de las personas afectadas.

El problema central de éste caso de persecución legal, surge por la denuncia realizada en contra del Estado, al no cumplir su rol de fiscalizador de las actividades económicas como la minería, a fin de que no sea lesiva para la salud, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución; además de no cumplir con velar por la salud de la población, como también establece su artículo 65.

Por ello, exigimos que el MINSA y el MINAM declaren en Emergencia Sanitaria y Ambiental respectivamente a Espinar y active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud integral de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que no solamente se realicen atenciones generales, si no especializadas a personas que tienen metales pesados en su cuerpo. Asi mismo pedimos que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios.

Finalmente, RED MUQUI muestra su solidaridad con Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, y exigimos que no se criminalice injustamente a quienes denuncian la inacción del Estado, y que sólo buscan la atención en salud de los afectados cuya vida corre riesgo si no se les asiste con la emergencia que se requiere.

 

Lima, 21 de enero de 2016

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Las Bambas: Challhuahuacho le da 48 horas al Ejecutivo para emitir norma que ejecuta proyectos de desarrollo en la zona

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  • Hace 10 días el Ejecutivo se reunió con alcalde y 34 dirigentes en la PCM y garantizó emitir norma
  • Desde hace 12 años se sostiene una mesa de diálogo para cambiar situación de pobreza extrema del distrito
  • Obras de desarrollo social e infraestructura compromete a cinco ministerios

El alcalde, Antolín Chipani y dirigentes del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) decidieron suspender la reunión de diálogo con el Ejecutivo, debido a que hasta ahora no se emite la norma que autoriza la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo social e infraestructura en beneficio de los centro poblados que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Durante la reunión programada para este 19 de enero, presidentes de las comunidades indígenas, dirigentes de las organizaciones sociales y autoridades locales de Challhuahuacho estuvieron esperando en vano la presentación del decreto supremo que garantizaría la ejecución de 700 millones de soles en obras y programas para combatir la pobreza extrema en el distrito donde opera la empresa minera MMG.

Al ver que los funcionarios de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, no cumplieron el acuerdo de elaborar este decreto supremo, los dirigentes y autoridades encabezadas por el alcalde Chipani, decidieron y plantearon que no hay espacio para más ofrecimientos, ya que desde el 2004 el Estado viene incumpliendo los acuerdos tomados en conjunto con la población.

“Esta vez hemos decidido luchar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de Challhuahuacho, que nos ha costado más de medio año de trabajo. (…) damos un plazo de 48 horas para que el Dr. (José) Ávila como alto comisionado de la ONDS-PCM y los Ministros del MINEM, MINAM, MINAGRI, MVCS estén en el distrito de Challhuahuacho, y entreguen a la población el DECRETO SUPREMO que garantice la inversión de 700 Millones en nuestro distrito, para revertir la situación de pobreza extrema en la zona de influencia del mega proyecto minero MMG – las BAMBAS. Propiedad del Estado Chino”, emplazó el alcalde Chipani a través de su cuenta de Facebook.

Decreto Supremo fue un compromiso

El 8 de enero último, el Ejecutivo ser reunió en la PCM (sede Lima) con el alcalde Chipani y dirigentes comunales de Challhuahuacho, en dicho encuentro los funcionarios de la ONDS-PCM, dirigida por José Ávila, firmaron un acta de compromiso en donde se acordó la emisión de un decreto supremo -así como una serie de resoluciones ministeriales-  que garantizarían la ejecución de los proyectos en este distrito.

Hace 13 días en Lima y a su salida de la reunión con la PCM, el alcalde de Chalhuahuacho indicó que el contenido de las resoluciones incluirían los proyectos que ofreció el gobierno durante la mesa de diálogo desarrollada entre febrero y agosto del año pasado. Estos dispositivos legales tienen que ver con la construcción de puestos de salud, centros educativos, vías de comunicación, instalación de agua y desagüe, además de luz eléctrica, obras estimadas en 700 millones de soles.

En ese tiempo, Antolín Chipana indicó al Diario La República que la razón para negociar la emisión de la norma, respondía a que el gobierno de Ollanta Humala se encuentra de salida.

“Estas obras son para la provincia de Cotabambas y la región de Apurimac. Y es el resultado de la gestión del alcalde de Challhuahuacho y el resultado del compromiso de nuestro pueblo, el sacrificio de los hombres y mujeres YANA WARAS, quienes luchan por conseguir una vida digna para todos y todas”, señaló un comunicado publicado en la cuenta personal de Facebook del burgomaestre.

DATO:

Challhuahuacho pertenece a la provincia de Cotabambas, que en setiembre de 2015 estuvo inmersa en un paro interpronvincial de protesta por causa de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. Alegaron que la minera china MMG no respetó los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información.

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

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Peregrinos del señor de Qoyllorit’i marcharon en contra de Concesiones Mineras

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Más de 800 personas, integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’i conjuntamente con el Consejo de Naciones  marcharon por las principales calles de la ciudad del Cusco, en protesta a las concesiones mineras en el santuario y la minería ilegal que existe en esta zona.

 

Tras la marcha y en mitin realizado en Plaza de Armas se logró el consenso para firmar el acta de conformidad entre el Presidente Regional, el alcalde Provincial del Cusco, el Titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Director Regional de Energía y Minas, el presidente del Consejo de Naciones y la hermandad , donde se comprometen a hacer cumplir las funciones de evaluación y derogatoria del proyecto minero que buscaba explotación en el santuario del señor de Qoyllorit’i que tendría un plazo de  5 meses antes de la celebración por las fiestas del Cusco; caso contrario las 8 naciones, la hermandad y el pueblo cusqueño tomaran medidas extremas como tomar el santuario de Saqsayhuaman en un nuevo paro indefinido.

 

El representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Econ. Daniel Maraví Vega Centeno, ratificó que la entidad cultural no autorizará ninguna actividad de exploración o explotación minera en el Santuario de Qoyllurit´i a fin de salvaguardar la peregrinación anual que realizan miles de fieles.

 

«Hemos asumido el compromiso de colocar hitos para delimitar el área intangible, como espacio cultural, que tiene más de 3 mil 641 hectáreas para el resguardo, protección y salvaguardia de este legado que es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO» dijo el titular ante una multitud presente en la Plaza de Armas de Cusco, quienes exigían la defensa del santuario ante el avance de la actividad minera informal.

 

Aseguró que la entidad cultural mantendrá permanente coordinación y trabajo con el Consejo de Naciones y la Hermandad del Señor de Qoyllurit´i para defender este territorio religioso que es reconocido como la mayor peregrinación que se realiza en  Sudamérica, asimismo anunció su pleno respaldo a todas las acciones que dispongan las autoridades correspondientes.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras

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Naciones de la hermandad del Señor de Qoyllorit’y marcharan en contra de concesiones mineras

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Integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’y este 18 de enero marcharan en la ciudad del Cusco en protesta contra las concesiones mineras que realizo en Ministerio de Energía y Minas al territorio del Santuario de Sr. De Qoyllorit’y ubicado en las faldas del nevado Ausangate, en la localidad de Sinakara de la provincia de Quispicanchi.

 

Esta marcha viene siendo convocada por la Hermandad del Señor de Qoyllorit`y  y el consejo de las 8 naciones comprendidas por Paucartambo, Quispicanchis, Paruro, Acomayo, Chinchero, Urubamba, Canchis y Anta, quienes anualmente participan de la peregrinación en el Sinakara. El motivo de  esta movilización es pedir la anulación de las concesiones mineras que se realizaron en este territorio.

 

 

Según las declaraciones de Felipe Achahui integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, en esta marcha  no  se permitirá la presencia de partidos políticos y candidatos en campaña debido a la coyuntura electoral, esto para no terjiberzar los objetivos de la marcha. También manifestó que durante la marcha se dirigirán a la Dirección  Desconcentrada de Cultura, seguidamente a la dirección de energía y minas solicitando la intervención de estos organismos para la anulación de las  concesiones.

 

Sobre la concesión minera del Sinakara

La Dirección Regional de Energía y Minas confirmó la existencia de 40 concesiones mineras fuera del área intangible listas para su tratamiento administrativo y posterior exploración y explotación; hecho que afectaría el área intangible. Con la afirmación de la Dirección Regional de Energía y Minas se puede ver que las concesiones mineras amenazan la ruta tradicional de bperegrinación y la geografía del santuario, afectando la práctica cultural y la vida cotidiana de las comunidades campesinas del entorno.

 

Entre tanto con Resolución Directoral Nacional Nº 696 / INC del 29 de marzo del 2010, la Dirección Desconcentrada de Cultura efectuo la  delimitación del área intangible, indienable como espacio cultural que  considera un área de 3, 641, 04 hectáreas; mientras que la zona destinada para los derechos mineros son 170 mil hectáreas.

 

Afectación a la festividad de fe y devoción

Debemos destacar que la festividad del Señor de Qoyllorit’y se realiza en los meses de Junio en las faldas del nevado Ausangate a 5362 msnm, en la localidad de Sinakara en la provincia de Quispicanchi, convocando a miles de devotos e integrantes de las naciones, a esto se suma la declaratoria de la festividad y el santuario del Qoyllorit’y como patrimonio cultural de la nación, realizado el 10 de agosto de 2004, así mismo el 27 de noviembre de 2011 la UNESCO inscribió a la «Peregrinación al santuario del Señor de Qoyllorit’y» como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

Movilización de las naciones

La municipalidad distrital de Ocongate conjuntamente con los directivos de las danzas de Ocongate, la hermandad y las 8 naciones; se vienen pronunciando sobre este atentado; es así que el alcalde de Ocongate José Adrián Barrientos Díaz se dirigió a la Capital de la Republica pidiendo al SERNAP la anulación de las concesiones mineras, para proteger el área natural del Ausangate que es considerado patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad.

Así mismo Felipe Achahui, integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, menciono: Que, parte de los pobladores de Mahuayani tienen temor por la realización de estas concesiones, “La zona intangible solo consta de casi 3600 hectáreas frente a un territorio inmenso y que las actividades están paralizadas por el momento…”. De otro lado ha señalado que existe un grupo de pobladores en la zona de Carhuayo que estarían a favor de la actividad minera en la zona, pues brindaría oportunidad de trabajo para los mismos.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

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Minera Yanacocha deja sin cultivos y alimento a hijo de Máxima Acuña

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CON NUEVO ATENTADO

En lo que va de este año, trabajadores de la empresa minera Yanacocha han irrumpido dos veces en la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe, para amedrentar a su segundo hijo, Daniel, quien vive solo en su propiedad de Tragadero Grande (comunidad campesina de Sorochuco de Celendín Cajamarca), predio que Yanacocha reclama como suya.

Esta vez, alrededor de 150 hombres ingresaron a la propiedad de la familia Chaupe Acuña y destruyeron los cultivos de papa que Daniel iba a cosechar en dos meses.

Este nuevo hostigamiento, ocurrió apenas cuatro días después de que su perro guardián y mascota, fuese encontrado herido.  El sábado 30 de enero, muy temprano en la mañana, Daniel se había alejado de su casa para alimentar a sus ovejas y ayudar a su vecino con sus actividades agrícolas. Al volver (4 de la tarde) su perro Cholito, tenía un profundo corte de 10 centímetros en el pescuezo.


Precisamente este martes 2 de febrero último, el hijo de Máxima Acuña pudo comprobar quienes se habían ensañado con su mascota; al promediar las 10 de la mañana, Daniel observó cómo es que alrededor de 150 hombres, entre policías y agentes de seguridad privada de la empresa Yanacocha, destruyeron su sembrío y sacaban sus papas 2 meses antes de la cosecha. Cuando Daniel Chaupe exigió explicaciones, solo recibió risas y amenazas: “Ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ahora con tu sembrío, mañana te toca a ti”.

Al tratar de registrar este nuevo atropello con su teléfono celular, algunos de estos hombres persiguieron a Daniel, sin embargo, él logro escapar y denunciar este hecho a través de las redes sociales.

“Mi perrito llamado Cholito es pastor de mis ovejas y guardián de nosotros (…) este animalito me ha salvado de la muerte de muchas oportunidades cuando la empresa minera me perseguían a matarme y él nos alertaba y en las noches cuando querían entrar a mi casa él no les dejaban que se acerquen”, publicó en su cuenta personal de Facebook.

Este tipo de hostigamiento, ocurre justo cuando Daniel cumple 25 años. Aun así, amigos de la familia llevaron a su perro Cholito a un veterinario en Cajamarca para tratar la herida que estaba muy infectada.

Daniel comentó que desde hace unos meses, viene siendo espiado con drones y cámaras de vigilancia. De esta manera se aseguran de atentar contra su hogar cuando él no está en casa, indicó.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada defensora de Máxima Acuña de Chaupe, explicó que la minera se ampara en la Ley N° 30230 para invadir constantemente el terreno de los Acuña Chaupe, predio que la empresa reclama como suyo.

«Con la Ley 30230 se modificó la figura del derecho de ‘defensa posesoria’, lo que antes significaba que una persona que posee un terreno tiene un derecho ganado aunque no sea propietaria, ahora lo puede hacer un propietario que no se encuentra en su terreno», explicó.

En ese sentido, la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) comentó que bajo esta figura legal –modificada- la empresa minera Yanacocha hace valer sus “derechos de propietario” para invadir las tierras de Máxima Chaupe.  “Así han cambiado la ley para que encaje en este de casos. La minera entra porque considera que es su propiedad y según ellos están ejerciendo su defensa”, agregó.

De igual modo, Vásquez Chuquilin aseguró que se han presentado denuncias, pero la fiscalía del sector no resuelve ninguna, hasta el momento.

Fotos: CATAPA / Facebook de Daniel Chaupe / Dariem Charles

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Falta de seguridad jurídica en territorios y consulta previa siguen siendo los temas más urgentes de Pueblos Indígenas

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  • Señala informa anual sobre comunidades indígenas que la Sociedad Civil envía a la OIT
  • Partidos políticos fueron informados sobre agenda indígena pendiente
  • Otros temas son criminalización de la protesta, cambio climático, salud y educación intercultural y mujer indígena

La necesidad de saneamiento físico legal y titulación de las tierras, así como la efectiva aplicación de la ?Consulta Previa en comunidades campesinas y nativas, siguen siendo pendientes y de cumplimiento por parte del Estado, así lo indica la última versión del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Por octavo año consecutivo, las Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (al que pertenece RED MQUI) han recopilado este reporte incluye eventos, procesos y desarrollos jurídicos que han tenido lugar entre julio de 2013 y junio de 2015.

El documento de 90 páginas forma parte del informe que se envía a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo. En esta ocasión también fue presentado y entregado a los representantes de partidos políticos quienes también hablaron de su propuestas de gobierno.

VER PROPUESTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, Jorge Bracamonte, director ejecutivo de la CNDDHH, remarcó el objetivo de tener un diálogo profundo sobre lo que cada agrupación hará, de llegar a gobernar.

La presentación del informe comenzó con la exposición de la agenda indígena nacional a cargo de Ketty Macedo, presidente del Pacto de Unidad (que agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas del Perú).

Luego, la presentación de los temas sobre derechos pendientes y de mayor vulneración en el año 2015, estuvo a cargo de Javier Jahncke (Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI), Richard Smith (Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común) y Richard O’Diana (Abogado del  Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP).

Al referirse a consulta previa en minería, Javier Jahncke, señaló que hasta la fecha solo hay tres procesos culminados (Apurímac, Cusco y Ancash), los cuales se han dado en la etapa final de aprobación de los proyectos. En ese sentido el representante de la RED MUQUI recalcó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recién realiza la consulta, de manera informativa, y en la etapa de la resolución de inicio de actividades.

Por su parte, Richard Smith se refirió como es que los textos de las leyes (30230 Y 30327) han ido cambiando en desmedro de la territorialidad de las comunidades indígenas en el Perú. Smith explica cómo es que, a través de decretos supremos, el gobierno de Ollanta Humala ha venido invisibilizando a los pueblos indígenas, a lo que se suma la falta de una cifra oficial de número de comunidades y titulación de tierras.

A su turno, Richard O’Diana señaló que no basta con que el Gobierno diga que existen 21 procesos de consulta previa culminados, de un total de 30 iniciados, ya que estos han concluido sus procesos de diálogo, pero «no han culminado oficialmente, la consulta termina con la promulgación de una medida, una medida que es la que se consulta», precisó.

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Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Servindi

Fotos: RED MUQUI

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