Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima vemos con preocupación que el Dictamen de Ley Marco de Cambio Climático, aprobado el día 07 de noviembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), aún no haya sido puesto en agenda de sesión del Pleno a casi dos semanas de su aprobación.  Sería contraproducente que por falta de voluntad política el proyecto de Ley no se apruebe en la presente legislatura, lo que ocasionaría un retroceso en este esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando desde el 2014 y que nos permitirá mejorar la gestión de la problemática del cambio climático en nuestro país acorde a nuestros compromisos internacionales.

Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser un primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios, y demás actores interesados.

Esperamos que en el debate en el Pleno de Congreso se incorporen a la Ley otras disposiciones que fortalezcan  la Gobernanza, que para ser efectiva debe contar con la participación de todas las partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros. Una de las prioridades que una Ley Marco de Cambio Climático debe contener es la participación amplia y diversa de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de cambio climático. En esa línea, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe ser reconocida como el principal espacio de la Gobernanza Climática, por lo que debe participar en el diseño, gestión, monitoreo, evaluación y fiscalización de todos los instrumentos, medidas y mecanismos climáticos de nivel nacional e internacional.

Asimismo, esperamos que la Ley que finalmente sea aprobada fortalezca el rol del Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional y Ente Rector  en materia de cambio climático. Sólo así nuestros compromisos internacionales expresados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas lograrán concretarse. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben ser entendidas como algo más que un conjunto de metas y medidas apropiadas para lograrlas, son una herramienta para articular y movilizar los esfuerzos gubernamentales y privados, particularmente en las actividades y sectores identificados como los prioritarios en Adaptación y Mitigación. Es por ello que una Ley Marco de Cambio Climático las debe incluir como un instrumento de gestión climática y, por lo tanto, reconocer su carácter vinculante.

Exigimos que se publique el texto final del dictamen de Ley Marco de Cambio Climático que fuera acordado en la CPAAAAE y su posterior debate en el Pleno del Congreso antes que culmine esta Legislatura. Recordamos a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario para el país.

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

El Documental “Historias de Agua” se presentará este viernes 17 de noviembre en Huancayo, en el auditorio de Passdih Jr. Lima 415- Huancayo a las 4 PM. Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Dejando claras evidencias de los abusos y negligencias tanto del gobierno como de la empresa privada, y de los intereses personales que existen desde hace décadas por parte de grupos políticos mayoritarios dentro de nuestro actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

Los efectos del Cambio Climático se hacen cada vez más visibles en nuestro país. La Autoridad Nacional del Agua ha advertido que solo en los próximos 20 años, se extinguirán 5 nevados. Las comunidades padecen ante las variables del clima y las heladas que se producen fuera de temporada. Por ello, ante la preocupación sobre esta problemática se propuso la Ley Marco de Cambio Climático.

Este martes 7 de noviembre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso debatió y aprobó por mayoría el pre dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático. Norma aguarda su aprobación en la próxima sesión del pleno del Congreso.

De acuerdo al texto del pre dictamen, presentado por la presidencia, se señala que el objetivo de la Ley será principalmente la de coordinar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas que permitan reducir la vulnerabilidad climática de nuestro país.

Así también, que propicien una gestión participativa y transparente de las medidas de mitigación y adaptación a este desmesurado incremento de temperatura en todo el mundo. Siendo Perú el tercer país más vulnerable al Cambio Climático, nace la urgencia de aprobar tal norma que no solo permitirá aprovechar nuestro bajo crecimiento en carbono sino además cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

“Con la aprobación de este pre dictamen, los congresistas de esta Comisión han asumido responsablemente el compromiso por frenar el cambio climático que ahora aguarda su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Ojo que seremos el primer país en Sudamérica en tener una legislación especial de cambio climático. Estamos seguros que todo el parlamento lo apoyará”, señaló el presidente  de la Comisión, Marco Arana.

Dictamen es producto de la acumulación de diez proyectos de Ley relacionados a forestación, reforestación, heladas, friajes, conocimientos ancestrales y cambio climático. Tras su aprobación, se estima que pre dictamen sea debatido y consensuado este próximo jueves durante la próxima sesión del Pleno del Congreso.

Red Muqui presentó informe y documental en el Congreso donde alerta sobre la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos mineros en Cerro de Pasco, La Oroya, y la Cuenca de San Mateo. El foro «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados» fue coorganizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Centro Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar. Las organizaciones expusieron sobre la afectación a la salud de la concentración de metales y pasivos.

Un inmenso cráter y una chimenea humeante son la herencia y el símbolo de los que fueron dos de los motores económicos mineros más potentes del país.  Y en medio de este escenario cenizo, las arterias fluviales que nutren estas tierras se tiñeron de colores amarillentos y rojizos que, a través de sus aguas sinuosas, y del  hollín, contaminaron las aguas, aire y  vidas de las poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya, zonas relacionadas hidrográficamente con el río Mantaro, y la Cuenca de San Mateo, cabecera donde nace el río Rimac,

24 niños de Cerro de Pasco y La Oroya, a quienes se les realizó un dosaje, están expuestos de manera crónica a arsénico, cadmio,  plomo, mercurio, superando todos los niveles permisibles por el Ministerio de Salud, es la conclusión del Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016, elaborado por la Red Muqui. «El arsénico y el cadmio son cancerígenos, tal y como reconoce  la Organización Mundial de la Salud, y el plomo y el mercurio son dos venenos que tienen una gran predilección por el sistema nervioso central, es decir, destruyen los nervios,  el cerebro, y producen anemia», sostiene Fernando Osores, doctor ambientalista autor del informe.

«Mi hijo Benjamín tiene un crecimiento anómalo de células retinales, un retinoblastoma, que ya le ha hecho perder un ojo. Además, sufre de diferentes enfermedades, como daño a la vesícula», afirma Lourdes Mendoza, habitante de Cerro de Pasco. «No existe ninguna solución hasta la fecha. Este no es un daño a personas aisladas, sino a una población integral y constituye un tema de salud pública. Los ministerios no están actuando desde una mirada de interrelación de salud y medio ambiente», afirma Javier Janhcke, secretario ejecutivo de  Red Muqui.

Exposición permanente de metales pesados y pasivos ambientales

El informe alerta del peligro de  los depósitos de relaves, que constituyen un foco de contaminación y afectación a la salud de las personas.  En Cerro de Pasco, se encuentran los depósitos de Quiulacocha con 115 hectáreas y 78 millones de toneladas de depósito, o del desmonte Excelsior con 94 hectáreas y 50 millones de toneladas de depósito. Por su parte, en la Oroya se encuentran los depósitos de trióxido de arsénico de Vado que contiene 115,000.00 toneladas.

La cuenca del Río Mantaro es de gran importancia para la economía del Perú: genera alrededor de 35% de la energía eléctrica, y la producción agrícola del valle provee de gran cantidad de alimentos a la capital. Sin embargo, el peligro de los relaves también está latente en Lima. El informe no solo alerta sobre el relave de Tamboraque- que contiene aproximadamente 690,000 toneladas métricas de residuos- sino también de otros ocho pasivos ambientales de los que poco se habla. Es el caso del relave Chinchán, el de Tablachaca, ubicado al margen del rio Rímac, que contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora Casapalca. También están los depósitos de relaves de Antuquito, Casapalca, y el de Yauliliaco que contiene 3.3 millones de toneladas métricas.

Historias de agua

En el marco del Foro «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados» , se presentó el  documental «Historias de Agua», producido por Red Muqui, que  narra  los impactos dramáticos de la contaminación sobre las poblaciones objeto del informe. El largometraje recorre las aguas de los Andes y retrata las historias de ciudadanos que viven afectados por problemas de salud y por contaminación ambiental.

«Sólo se habla de los beneficios que trae la minería, y con este documental quisimos mostrar el otro lado de la historia. Queremos que se visibilice esta problemática ante la falta de empatía con esta población que busca justicia y salud», afirma Gabriela Delgado, productora del documental

En el marco del Foro: «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados» que se realzará en el Congreso de la República, RED MUQUI presentará el documental Historias de Agua. El evento es organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en coorganización con Red Muqui, Centro Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar e iniciará hoy a las 2:30 de la tarde en el Auditorio Alberto Andrade Carmona ( ingreso por la Av. Abancay).

El Dr. Fernando Osores, médico ambientalista, presentará el Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016, realizado para RED MUQUI, que expone la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos mineros de ambas zonas, relacionadas hidrográficamente con el río Mantaro. Además, contiene información relacionada a los pasivos ambientales mineros sobre la cuenca del río Rímac en la localidad de San Mateo.

El informe recoge análisis y estudios de 24 niños- cuyas edades fluctúan entre 3 y 5 años, procedentes del distrito de Simón Bolívar de Cerro de Pasco y La Oroya-, que constataron la prevalencia de exposición de metales pesados como plomo, cadmio, mercurio y arsénico, a través de análisis de orina, sangre y cabello.

En el evento se expondrán otros estudios, como la “Evaluación de Metales Pesados en Muestras de Cabellos de Niños de Simón Bolívar – Pasco” realizado por Laura Grassi, Científica ambiental de Source International – Italia.  El Ministerio de Salud presentará el  Estudio “Dosaje de Metales Pesados en Personas Expuestas en los Distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, en Atención a la Emergencia Sanitaria” y el estudio sobre afectación a la salud por metales pesados – Caso La Oroya”

Para dar sus testimonios sobre la problemática, se contará con la presencia de los afectados. Estarán en el panel Genaro Aguilar Sandoval, Representante de la Comunidad Campesina San Antonio y miembro de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la cuenca alta del río Rímac; Rosa Amaro, Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) y Zumel Trujillo Bravo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Pasco.

El evento cerrará con el estreno del documental «Historias de Agua», producido por RED MUQUI, que muestra la contaminación sobre la salud y ambiente en dichas zonas, realizando un recorrido a través de las arterias fluviales que nutren a estas tierras, desde la cabecera de cuenca hasta Lima. Los parlamentarios Humberto Morales y María Elena Foronda estarán en el Foro para comentar sobre la afectación de los pasivos ambientales mineros en la salud de las personas.

Cerro de Pasco, La Oroya y Espinar son tres casos emblemáticos donde se ha demostrado que la población está contaminada con metales pesados como plomo, cadmio y arsénico.  Son ciudades donde la gran minería ha prosperado dejando pasivos ambientales a su paso que dañan la vida y la salud de las personas y el medio ambiente. Para mostrar esta problemática, RED MUQUI y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología han montado una muestra fotográfica en la Sala Luna Pizarro del Congreso de La República.  Las fotos estarán expuestas hasta el jueves 2 de noviembre que se realizará el Foro Estudios en poblaciones afectados por metales pesados.

De esta forma se grafica la afectación al paisaje, los ríos, animales y personas que ha traído la continua contaminación con metales pesados. El primer caso que se presenta es el de la ciudad de Cerro de Pasco, donde el distrito más afectado es Simón Bolívar. Allí se encuentra ubicado el depósito de desmonte minero Excélsior que contiene 200 millones de toneladas, acumuladas durante un siglo de explotación minera, a sus alrededores se ubica el centro poblado de Champamarca. Al lado de esa montaña de deshecho minero se ubica la laguna Quiulacocha que ha sido convertida en una relavera de minerales. Los responsables de este desastre ecológico son empresas mineras que por años han operado en la zona. Actualmente, los pasivos le pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Las fotos también muestran el caso emblemático de La Oroya. En dicha ciudad de Junín se encuentra el Complejo Metalúrigico, cuyo último operador ha sido la empresa norteamericana Doe Run, que tiene un nivel mínimo de operación, actualmente. Por décadas ha emitido gases tóxicos y contaminando a la población con dióxido de azufre y plomo.

El último Informe de atención Médica realizado por RED MUQUI a 24 niñas y niños, 15 de Cerro de Pasco y 9 de La Oroya  dio como resultado que  en su mayoría excedían los límites permisibles no solo en plomo sino en otros tres metales pesados como cadmio, arsénico y mercurio. Los que generan serias consecuencias en la salud.

Finalmente, está Espinar, provincia de Cusco donde los niveles de contaminación han ocasionado serios daños a la salud también. Los exámenes de CENSOPAS han demostrado que la población tiene concentraciones de plomo, arsénico, cadmio, mercurio, talio y manganeso por encima de los límites permisibles.

Pese a que la población, en especial los niños, ha manifestado sentirse afectada por sarpullidos, problemas estomacales, problemas de comprensión en los niños. Incluso, existen casos de menores con diagnóstico de cáncer, no hay mayor preocupación por parte del Estado o las empresas para brindar una atención médica especializada para las/los intoxicados por metales pesados.

Las fotos son testimonio de cómo el aire, el agua y suelo contaminados dañan la salud y el medio ambiente.  Esta exposición es la antesala del Foro: «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados», que se realizará este jueves 2 de noviembre en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en la cuadra dos Avenida Abancay, a partir de las 2:30 pm. El Ingreso es libre.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó al Perú para reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos (DD.HH.) y con representantes del gobierno. Organizaciones sociales como Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus de trabajo Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH, pueblos indígenas, entre otras estuvieron presentes para dar a conocer su punto de vista por el accionar del Estado en materia de Derechos Humanos, conflictos socio ambientales y actividades extractivas, entre

“Gobierno nacional prioriza la inversión, en especial de corporaciones transnacionales, ello, por encima de los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas”, afirmó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que se está afectando gravemente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y que se ha subordinado los derechos de las personas a intereses económicos.

“Hay más de 800 casos de defensores y defensoras criminalizados en todo el país por la protesta social. Se les aplican penas de hasta 20 años o más, a quienes actúan en defensa de sus derechos ante la falta de justicia del Estado”, dieron a conocer los miembros del Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH. Finalmente, señalaron que existe un uso abusivo de la fuerza en los conflictos sociales que trae como consecuencia heridos y fallecidos en las protestas.

Por su parte Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, comentó que se requiere el reconocimiento de los Pueblos Indígenas. “No tenemos una verdadera institucionalidad indígena”. Agregó “que la Consulta Previa se vende como avances del Estado Peruano, pero no se aplica el consentimiento, y se incumple con los acuerdos que se toman”.

Miembros Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas indicaron sobre la Consulta Previa en minería sólo se consulta la medida de autorización de inicio de actividad de exploración o explotación, lo que no representa una decisión sobre temas centrales que determinan la realización o no de un proyecto. Es necesario ajustar las normas al Convenio 169 y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, afirmaron que, bajo la premisa de desaceleración económica, se ha facilitado la desregulación ambiental, limitando el rol fiscalizador del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) y reduciendo los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y con ello la rigurosidad de las autorizaciones que se otorgan.

El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, comentó que en la afectación respecto de derechos que sufren grupos poblacionales debe intervenir el Estado buscando una sociedad más comprensiva e inclusiva.

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Riesgos que implica para las comunidades campesinas de Piura la aprobación del Proyecto de Ley n° 1910/2017-cr y el 1718/2017-cr que promueven la titulación de tierras y la eliminación de la autonomía comunal 

 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional y regional en Piura para manifestar lo siguiente:

1. La iniciativa legislativa presentada por el congresista piurano de Fuerza Popular Luis Humberto López Vilela, que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la demarcación y titulación de tierras comunales, se constituye como un riesgo a la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Piura. Este Proyecto de Ley bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo del sector agrícola atenta contra la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, debilitando sus procesos de titulación colectiva.

2. Los efectos de este Proyecto de Ley deben analizarse en función de todo el marco normativo recientemente dictado, teniendo como fundamento a la Ley N° 30230, que establece procedimientos especiales para el saneamiento físico legal en territorios que aún no se encuentran titulados, o teniendo título no lo tuvieran inscrito en registros públicos, o tuvieran problemas en su formalidad y fueran «imperfectos» por problemas de linderos y otros. Según el art. 38 inciso b) de dicha norma, se aplica dicho saneamiento, entre otros casos, a proyectos que cuenten con concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional o con la participación de PROINVERSION. Es decir, el derecho a concesión minera incluiría la facultad del titular de iniciar los procesos de saneamiento físico y legal por sobre la voluntad colectiva de las comunidades directamente afectadas.

3. Está también el Decreto Legislativo N° 1333, norma aún vigente, que crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) que tiene como objetivo facilitar la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura priorizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las facultades de saneamiento físico y legal que se le otorgan y que incluye incluso, la facultad de convocar a asambleas comunales para lograr estos fines. Las facultades otorgadas al APIP modifican también las competencias de Gobiernos Regionales y Locales respecto a titulación y saneamiento de propiedades comunales de tal forma que se constituye como una instancia centralizadora de la toma de decisiones a nivel nacional, pasando por encima incluso de la autonomía de las comunidades establecida en la Constitución.

4. Esta perspectiva normativa, que consideramos tiene como objetivo eliminar a las Comunidades Campesinas, se basa en la lógica de una política económica que el Estado peruano viene impulsando gobierno tras gobierno desde hace 25 años, y que hoy se ha exacerbado, priorizando los proyectos de inversión, fundamentalmente mineros y de infraestructura como ejes de a economía, a través de las asociaciones público-privadas en éste último caso, de tal forma que para lograr esto se busca impulsar la reconcentración de tierras a través de su adquisición a partir de procesos de  individualización de la titularidad y hasta la expropiación y no la protección de los procesos de titulación colectiva de las comunidades campesinas, de tal forma que el “interés nacional” se ve guiado por la priorización de proyectos de inversión en infraestructura o proyectos de inversión de industrias extractivas y no el interés colectivo de las comunidades campesinas y poblaciones, que debiera ser el fin de la economía.

5. La aprobación del Proyecto de Ley presentado sobre Piura, y del proyecto de ley N° 1718/2017-CR, que no es otra cosa que el mismo proyecto de ley N° 1333, con modificaciones que lo hacen más agresivo para los derechos colectivos, a la luz del marco jurídico vigente, terminaría profundizando la débil protección jurídica de la propiedad comunal y vulnerando el artículo 89° de la Constitución Política que declara la autonomía de las comunidades campesinas.

6. El fundamento del “interés nacional” al que apela el proyecto de ley N° 1910/2017-CR resulta ser un argumento genérico y ambiguo cuando en la práctica la instancia gubernamental que va a terminar decidiendo y priorizando sobre el uso del territorio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de PROINVESIÓN, y no las Comunidades Campesinas quienes son las que deberían tener las garantías jurídicas para decidir sobre el uso de su territorio y su desarrollo económico.

Desde RED MUQUI esperamos que ambos Proyectos de Ley sean archivados, pues atentan contra la autonomía de las Comunidades Campesinas y buscan su desaparición en favor de facilitar el acceso a sus tierras de intereses económicos, como los mineros, favorecidos por las normas dictadas por el gobierno y el Congreso de la República.

Lima, 18 de octubre de 2017