En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, remarcó del documento que los problemas de la desaceleración sostenida de la economía mundial, la tendencia decreciente del precio del cobre, en el marco de la guerra comercial entre China y EE.UU y otros factores más, están trasladándose como una presión para reducir el costo laboral y ambiental y/o se apliquen devoluciones y/o exoneraciones de impuestos como condición para la realización de las inversiones en Perú. “Esta situación nos hace muy vulnerables ya que cada vez se deja poco margen para un excedente que podría servir para promover la diversificación de la economía y salir del círculo vicioso de un modelo económico extractivista, que está llevando a un crecimiento de las economías informal e ilegal”.

Asimismo, en el Foro se coincidió en el análisis local y global de la minería con las otras organizaciones y participantes como CIDSE, la institución Juntos por la Justicia Global, que señaló que a nivel mundial “en los últimos quince años, se ha llevado a cabo la expansión, consolidación e intensificación de un modelo de uso abusivo de los llamados «recursos naturales», de los cuales la minería es un caso ejemplar en todo el mundo. Este modelo ha sido devastador y degradante en áreas socioambientales, intensificando las condiciones del calentamiento global y la injusticia climática”. También se mencionó que este modelo sometió a las economías locales a una lógica de acumulación que beneficia a las corporaciones del sector, impone cambios y regresiones a las leyes de protección social y ambiental, impacta las vidas cotidianas de las comunidades tradicionales, indígenas y campesinas por violaciones. de los derechos humanos, afectando en particular la vida de mujeres y niños.

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

Programa general del Foro:

Debates estratégicos claves

1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

1. Ecofeminismo y extractivismo
2. La campaña del derecho de decir no
3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
9. Financiarización de las actividades extractivistas
10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
11. Justicia energética
12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
13. Trabajo vs intereses comunitarios
14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados

Con más de 300 activistas, especialistas e investigadores de todas las partes del mundo se dio inicio, el día de hoy, lunes 12 de noviembre, en Johannesburgo – Sudáfrica, al Foro mundial que tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma política común y global que pueda consolidar la resistencia y adelantar alternativas al modelo económico dominante.

Durante las últimas décadas, hemos constatado una intensificación del extractivismo, un modelo destructivo basado en el abuso de los denominados “recursos naturales”, del que la minería es un caso ejemplar. En nombre del progreso y del desarrollo, este modelo ha tenido efectos devastadores y degradantes. Ha conllevado la sobre explotación de la clase trabajadora, la desposesión sistemática de comunidades, la intensificación de las condiciones detrás del calentamiento global y la injusticia climática. Se impone así en las economías locales una lógica de acumulación que sólo beneficia a las transnacionales – los nuevos dirigentes mundiales. Mujeres, clase asalariada, trabajadores sin tierra y poblaciones campesinas resisten y luchan por otro mundo; señala el texto de inicio del Programa del Foro.

“Para los organizadores del “Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo”, a medida que la crisis ecológica se profundiza y dado el impacto destructivo del extractivismo, muchas veces es difícil decirle a la gente “no debemos extraer” cuando es la única manera que ven para salir de la pobreza; muchas personas dicen: “es nuestro turno de desarrollar y progresar”. Pero, felizmente muchas comunidades, personas y sus movimientos están encontrando diferentes formas alternativas de luchar contra la pobreza y de salir adelante sin perjudicar los ríos, el medio ambiente, la naturaleza y sus culturas”. (fuente: Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo)

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

Programa general del Foro:

Debates estratégicos claves

1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

1. Ecofeminismo y extractivismo
2. La campaña del derecho de decir no
3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
9. Financiarización de las actividades extractivistas
10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
11. Justicia energética
12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
13. Trabajo vs intereses comunitarios
14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados

¿Conflictos de interés en el sector minero? El medio de investigación y datos Convoca publicó este viernes un informe periodístico donde se da cuenta sobre la movilidad laboral entre empleados de empresas mineras y funcionarios públicos. Ese es el caso del actual ministro de energía y minas, Francisco Ísmodes, quien trabajó por 22 años en la empresa minera Millpo, sancionada por incumplir normas ambientales y generar impactos. Desempeño labores de gerente corportativo, gerente general y gerente legal.

Convoca afirma que “junto al caso del ministro Ísmodes está el de uno de sus más altos funcionarios: el del viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, quien trabajó en las empresas mineras Lumina Cooper y Gold Field La Cima. Para esta última compañía, el titular de Energía y Minas realizó una consultoría en febrero de 2015, según aparece en su declaración de intereses”.

Las mineras Milpo S.A.A., Gold Fields y Lumina Copper, para las cuales trabajaron el ministro Ísmodes y el viceministro Incháustegui por separado, infringieron normas ambientales entre 2008 y 2014, según el registro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En total, las tres compañías debían pagar multas por 3 millones 436 mil 213 soles, sin embargo, debido a que a mediados de 2014 entró en vigencia el artículo 19 de la Ley 30230 —‘Ley del paquetazo ambiental’—, estas empresas se beneficiaron con una reducción total de 1 millón 230 mil 140 soles en multas.

Cabe resaltar, que, durante el gobierno de Humala, se aprobó la Ley 30230 que permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan medidas correctivas.

Convoca señala, también, que “entre 2008 y 2013, tiempo en el que Ísmodes fungía el cargo de gerente de asuntos corporativos, el OEFA abrió diez expedientes sancionadores a la minera Milpo. Nueve de ellos derivaron en una sanción económica contra la compañía: sumadas en conjunto, el monto total al que ascendió la multa fue de 1 millón 341 mil 761 soles”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, comentó que “bajo estos mecanismos de “puerta giratoria” se posiciona el pensamiento de las empresas en el sector público, así se toman decisiones en base al sector empresarial. Ocurre, también, una tergiversación del rol del Estado, que debe ser garante de derechos, así se toman decisiones en favor de empresas y no en favor de los derechos de las personas”. Agregó que “en el fondo esas influencias del poder son determinantes para cambiar funcionarios ¿eso no es corrupción?”.

Finalmente, el medio de investigación publicó una herramienta web que permite ver qué funcionarios ha pasado por la “puerta giratoria” y laboraron en empresas privadas para luego ingresar al Estado. Puedes revisarla aquí: http://puertagiratoria.convoca.pe/

Revisa el informe completo de Convoca

No ha crecido el empleo, la minería nos ha colocado en una situación vulnerable, afirmó el especialista Juan Aste en el Congreso. Presentó el Balance 15 años de minería en el Perú, en el marco del aniversario por la creación de la RED MUQUI. Se conversó, también, sobre el desafío de construir propuestas desde y para las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

El informe fue elaborado por el ingeniero economista Juan Aste con insumos de la Red Muqui. En el documento se explica como la minería en el Perú se ha considerado como sector eje desde los años cincuenta del siglo XX por lado de los gobiernos. Hoy en día la economía peruana se está concentrando aún más en el sector extractivo. Consecuencias de este proceso son, por ejemplo, el crecimiento del sector informal y la economía ilegal, incrementando la violencia y la inseguridad, igualmente se van fortaleciendo los espacios de la corrupción en todos los niveles.

El especialista, Juan Aste hizo mencionó en la conferencia que durante el gobierno de Alan Garcia crea toda la institucionalidad ambiental para permitir concesiones, durante el gobierno de Ollanta, se criminaliza la protesta y estallan una serie de conflictos. “Pedro Pablo Kuczynski ha hecho una cosa gravísima, solo hay que ver bajo qué condiciones gana la licitación Southern, se permite mediante el nuevo reglamento, realizar exploración en áreas protegidas a 50 metros de una laguna” agregó.

En el Balance, también, se hace mención a la política de los gobiernos pasados, comenzando desde el 2001 que gobernó Toledo, hasta el actual de Vizcarra, reafirma una política económica neoliberal del llamado Consenso de Washington. Entre las medidas principales de aquella política figuran garantizar las libertades financieras y comerciales, promover la apertura a la inversión extranjera, desregular el mercado. El fracaso de esta política se ve en el caso de Argentina del 2001. Las consecuencias graves en el Perú son la consolidación de capital extranjero como inversiones en las industrias extractivas, acentuando la desindustrialización del país, el centralismo y las economías informales e ilegales. No se han establecido medidas suficientes ni hacia la equidad, la conservación y protección ambiental, ni hacia una diversificación de la producción desde las regiones a fin de generar más empleo e ingresos.

Por su parte, Aste, enfatizó que reforzar a la minería como eje del modelo económico en el Perú no solo significa mayor dependencia sino vulnerabilidad respecto a los problemas de la economía internacional. Eso se refleja en la crisis financiera y económica profunda en del 2007 y en una desaceleración de la economía mundial para 2010-2018.

Cabe mencionar, que la minería en el Perú tiene presencia transnacional desde inicios del siglo XX con la Cerro Corporation de EEUU. Llegaron después otros capitales como de Australia, Canadá, Suiza y China. Entre el 2010 y el 2016 la inversión china, principalmente estatal, destinada a América Latina creció 260%, pasando de 31,720 a 113,662 millones de dólares, siendo Brasil, Perú y Argentina los principales receptores.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, comentó que dicha organización ha trabajado durante 15 años para que se escuche a las comunidades, el modelo de vida que ellas consideran adecuado para su desarrollo. Agregó que la Red es una organización de 29 instituciones que acompaña procesos significativos de comunidades como el caso emblemático de La Oroya fomentando la participación y propuestas de políticas públicas de las comunidades.

Fueron expuestos ante sesión paralela a la de la ONU las violaciones de derechos humanos de cuatro proyectos mineros dirigidos por empresas de capitales chinos: Las Bambas, Chinalco, Shougang y Río Blanco Cooper.

En el marco del tercer Examen Periódico Universal de China, EPU, que se realizará en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el 6 de noviembre, representantes de Perú y de otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), participaron en la Sesión paralela de la ONU, donde compartieron información y testimonios sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos que operan con financiamiento chino en territorios latinoamericanos. Entre los casos expuestos están cuatro casos de empresas mineras de capitales chinos en el Perú: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

En estos cuatro casos de acuerdo al informe alternativo presentado a la ONU, se sustenta que se vienen vulnerando losderechos humanos, derechos laborales y sindicales, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a la vida y a la integridad de las comunidades indígenas y campesinas.

En el caso de la mina Las Bambas, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y la población en general de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, han protestado porque no se han producido procesos de consulta previa y participación ciudadana, para producir modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Han protestado por el polvo, la vibración y el ruido que produce el tránsito de 370 camiones diarios por una carretera sin asfaltar, la misma que no fue incluida en el EIA, y que atraviesa los territorios de 18 comunidades campesinas. El conflicto suscitado por este y otros temas ha tenido el lamentable saldo de 4 personas fallecidas por disparos de bala, de manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, en el marco de un Convenio de Seguridad firmado entre la comandancia policial y la empresa minera. La Mesa de Diálogo que se instaló entre el Gobierno Nacional, las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC y la Empresa china MMG ha sido suspendida inconsultamente desde fines del 2016. Las OSC vienen demandando la reanudación del diálogo para atender temas urgentes como la reparación a las familias de las víctimas, la realización de una Actualización del EIA y la celebración de un Convenio Marco de Responsabilidad Social entre la empresa MMG y la población.

“El proyecto minero representa una problemática para nosotros las comunidades campesinas porque nuestros derechos están siendo violados, estamos siendo criminalizados y no existe ningún compromiso sostenible de la empresa para nuestros pueblos y comunidades campesinas”, sostuvo Víctor Limaipuma, representante del Frente de Defensa de Cotabambas, Apurímac, quien expuso las condiciones bajo las que opera el proyecto minero Las Bambas.

En el caso del proyecto Toromocho, la población de la ciudad de Morococha fue desplazada a una nueva ciudad; sin embargo, la población reubicada denuncia el incumplimiento del EIA del Reasentamiento, el cual forma parte del EIA del proyecto Toromocho cuyo titular es la empresa estatal china Chinalco. Sostiene que, el reasentamiento, lejos de mejorar su calidad de vida, como fue comprometido, se ha venido deteriorando debido a que la nueva ciudad no cuenta con condiciones para desarrollar actividades económico-productivas que permitan el sustento diario de las familias. Asimismo, señalan que Nueva Morococha ha sido construida en una zona de alto riesgo ambiental, debido a la cercanía a una laguna de relaves y al hecho de haber sido construida sobre un bofedal (pantano) que hace que exista un alto porcentaje de humedad con los consecuentes impactos en la salud de la población. Actualmente, en la Antigua Morococha todavía se encuentran viviendo entre escombros más de 60 familias, quienes no quieren reubicarse en la nueva ciudad, debido a la ausencia de oportunidades laborales y la falta de condiciones de salubridad.

En el caso de la mina Marcona operada por la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Group, uno de los principales problemas es que a pesar de que Shougang tiene una alta rentabilidad en sus operaciones, las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores no son las adecuadas. Mientras que las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones. Los trabajadores de Shougang denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias. Shougang ha negado reiteradamente el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Así, la empresa china Shougang mantiene un historial de prácticas que vulneran los derechos laborales desde hace 26 años con un récord de 16 huelgas por parte de los trabajadores. “Las remuneraciones que Shougang otorga están por debajo del promedio de la gran minería; además, las condiciones de trabajo son precarias y se producen despidos y amenazas a los trabajadores de manera permanente”, mencionó Nelly Ledesma, Asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú en su intervención frente a la sesión.

Finalmente el caso del proyecto minero Río Blanco operado por el consorcio chino Zijin, es un proyecto que tiene como antecedente la usurpación de tierras, actúa sobre el territorio de comunidades campesinas de manera irregular desde mediados de los años noventa. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto Río Blanco son: las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) en Piura y las comunidades y poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), en tanto el principal río de dicha localidad (Chinchipe) tiene sus nacientes en los páramos y bosques de neblina de ésta zona. Los pobladores de las comunidades campesinas afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. De realizarse la actividad minera se afectaría irreversiblemente este ecosistema.

Julia Cuadros, miembro ejecutivo de CooperAcción señala que lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas.

Hasta este momento, los delegados de la CICDHA −cuyo objetivo es exigir al Estado Chino proteger, cumplir y respetar los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de las empresas chinas− se han reunido con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay y Nueva Zelanda.

Las reuniones que prosiguen serán con la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de la ONU, a la que asistirán cuatro representantes de pueblos indígenas latinoamericanos, y una reunión paralela con las Misiones de Irlanda y Suiza, a la que asistirán representantes de la CICDHA.

Cabe señalar que el Colectivo de la Sociedad Civil está integrado por organismos no gubernamentales como: CooperAcción, Aprodeh, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Perú Equidad, EarthRights International, Veecht Mee Tegen Onrecht, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, el Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas.

Documental interactivo Inversiones Chinas en el Perú:

http://inversioneschinasperu.org/