Pronunciamiento: Elementos para una salida dialogada, pacífica y duradera

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Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

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PRONUNCIAMIENTO: No a la criminalización de la protesta, primero son los derechos de la Comunidad de Fuerabamba

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La Comunidad Campesina de Fuerabamba se ha esforzado por mantener un proceso de diálogo y negociación con la empresa minera china, MMG Las Bambas, a cargo del proyecto minero en Apurímac, para lograr la atención de sus legítimas demandas por la afectación de sus derechos fundamentales y colectivos a causa de las actividades mineras y en particular por el impacto ambiental y de salud que genera el transporte del mineral de dicha operación; por las afectaciones a su territorio, en gran parte por los incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa, sin que haya una respuesta efectiva de parte del gobierno; lo que ha desencadenado en la actual protesta que lleva más de 50 días.

Hasta la fecha, el Estado peruano, nuevamente, no ha cumplido con asumir su rol como garante de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades afectadas; ésta vez en el caso del proyecto minero Las Bambas. Hace poco el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, señaló que la negociación entre la comunidad y la empresa minera es un “asunto privado”, donde supuestamente el Estado no tiene injerencia. Éstas declaraciones develan la política de abstención que maneja el gobierno peruano para resguardar los derechos de las comunidades, y posturas así son las que incitan a la conflictividad social.

En medio de ésta permanente ausencia estatal para garantizar los derechos de las comunidades; en estos días la Policía Nacional (PNP) ha detenido en Lima a Gregorio Rojas Paniura, Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba; a los abogados Frank Aníbal Chávez Sotelo y Jorge Martín Chávez Sotelo; y a Carlos Fernando Vargas Arizabal, por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado de Apurímac; quiénes son acusados por los delitos de crimen organizado y extorsión.

Al respecto, desde la Red Muqui y nuestras instituciones miembros, junto a organizaciones aliadas; mostramos nuestra profunda preocupación por la detención del Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo; debido a la acusación de que serían parte de una “organización criminal”, como les imputa la Fiscalía. Respecto de los abogados; señalamos que debe haber una investigación rápida e imparcial para determinar si existen responsabilidades. Se pueden tener diversas estrategias legales, pero consideramos que no se puede criminalizar la defensa de derechos, más aún cuando se trata de defensa de derechos humanos.

Estos métodos de criminalización donde se hace uso ilegítimo del derecho penal, son una práctica estatal recurrente para desarticular la organización de comunidades que buscan exigir el respeto de sus derechos.

Finalmente, exigimos al gobierno que reconsidere el pedido de “imponer la fuerza” en el caso Las Bambas; pues una posible intervención de la PNP y las fuerzas armadas sólo agudizaría más la actual situación de conflictividad que el gobierno ya ha ocasionado con sus decisiones. También exigimos al gobierno que agote todas las vías para desarrollar un diálogo informado y participativo.

Firman:

y también

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Pronunciamiento: Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba se solidarizan con las luchas del pueblo en el Corredor Minero Sur

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1- Los pobladores de la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba del Cusco mantienen un paro indefinido contra la empreza minera MMG Limited, propietaria de Las Bambas.

2..-Ellos exigen el pago de compensación por el uso sus tierras que debería realizar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Limited, así como demandas ambientales estancadas, y la presencia del Estado contra la pobreza.

3.-Durante el paro, los comuneros han denunciado que “la Minera habría modificado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas», sin respetar la Consulta Previa, al haber suprimido la construcción del Mineroducto, con lo cual la empresa usaría sus carreteras públicas para llevar y traer su materiales.

4.-El Paro también es en rechazo a la criminalización a la protesta que vienen sufriendo 17 detenidos,que fueron torturados, y hoy son procesados, con evidencias falsas, a 17 años de prisión por defender el territorio de su comunidad.

5-.Rechazamos las versiones anti populares del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides; empresario que cree que el Perú es su chacra, al exigir “más firmeza” al gobierno y a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

6,.Sabemos que la situación de los conflictos mineros se agravan ante un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos”, que se debe exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca».

8.- Denunciamos que el Perú se procesa una DICTADURA MINERA con la aplicación de la «Política Nacional de Competitividad y Productividad» hacia el 2030: que afina las   reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (Dictadura Fujimorista), imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo para beneficiar a un grupo de empresarios nacionales y extranjeros ”

 

¡Abajo la Política de Competitividad y Productividad!

Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba

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Gobierno prioriza la agroexportación y NO la agricultura familiar

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Durante el Foro realizado el martes 19 de marzo en el Congreso de la República: «Perspectivas de la agricultura familiar en el proceso de reconstrucción», organizado por la Plataforma Nacional de Agricultura Familiar por la Reconstrucción del Agro Peruano; se analizó la pobre labor que ha tenido hasta ahora el gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura en el proceso de reconstrucción tras los efectos del niño costero, en especial en la infraestructura, los canales de riego y los cultivos destruidos; sumado al escaso apoyo a la agricultura familiar, que emplea a más de 3 millones de peruanos y peruanas, que se han visto fuertemente afectados. De acuerdo al informe de la Organización de Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de la producción para nuestra alimentación proviene de las comunidades campesinas.

Reconstrucción nula

Al iniciar el Foro, el coordinador de la Plaforma Nacional de Agricultura Familiar, Felimón Mechato, señaló que desde el año 2017 vienen exigiendo, como parte de la Plataforma Nacional de Reconstrucción, que se desarrolle una reconstrucción sostenible y que se trabaje la prevención; pero no se ha tomado en cuenta la opinión de los directamente afectados. “El Estado ha priorizado la gran inversión, la gran empresa; no ha tomado en cuenta el aparato productivo que está en el campo. No se ha trabajado nada en las parcelas, las unidades productivas; hasta ahora los productores están sin trabajo. Nada se ha hecho en la agricultura familiar para satisfacer las necesidades básicas de los productores ante la afectación de los cultivos y los canales de riego”, enfatizó.

Al respecto, el especialista Fernando Eguren del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), señaló que hay 3 puntos fundamentales que la nueva ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, ha declarado:

  1. El tema agrario tiene que pasar a primer lugar en la agenda política.
  2. La agricultura familiar debe tener un espacio mucho más importante en el país.
  3. Tiene que prolongarse la ley de promoción de las agroexportaciones; que le da una serie de beneficios y subsidios a esta gran agricultura de exportación.

Sobre los 3 puntos señalados por la nueva ministra, el especialista agregó que no es posible que se le dé esa serie de beneficios a una agricultura de exportación que principalmente beneficia a los latifundios que se encuentran en la costa peruana; y que hasta ahora no se implemente la ley de agricultura familiar que ya tiene reglamento pero hasta ahora no tiene presupuesto. Confirmado posteriormente por la representante de Agro Rural, Mariela Mejía, que señaló que ya tienen un Plan para implementar la ley de agricultura familiar pero que están esperando la última opinión del Ministerio de Cultura, y que a la fecha no cuentan con presupuesto para la implementación.

El especialista señaló a Red Muqui que no hay  información clara sobre la cantidad de latifundios; pero en una exposición hace 3,4 años, el director de Estadística del MINAGRI indicó que existen unas 50 empresas en la costa, cada una con más de mil hectáreas. “Tenían más o menos el 30% de las tierras de la costa. Ahora, si continúa éste gobierno, como lo han hecho desde Fujimori, ampliando fronteras agrícolas de Chavimochic, Majes Siguas, y van a vender eso en módulos grandes que solo pueden comprar las grandes corporaciones; ese porcentaje de concentración de la tierra en la costa va a pasar de 30% a 40%”, precisó.

El abandono a la agricultura familiar en el proceso de reconstrucción es una muestra del desinterés del gobierno por este importante sector, agregó; indicando que, si realmente la nueva ministra tiene voluntad política, es fundamental que funcione la comisión multisectorial de agricultura familiar que es responsabilidad de su Ministerio.

A su turno, el economista Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana – parte de Red Muqui, que ha hecho seguimiento al proceso de reconstrucción durante estos años, señaló que: “a dos años de la reconstrucción; la reconstrucción propiamente no ha empezado aún. Todo el 2018 ha sido un trabajo de elaboración de expedientes según declaraciones de Edgar Quispe, director de la Autoridad para la Reconstrucción”.

Agregó que los especialistas en Piura señalan que en lugar de que las grandes inversiones disminuyan la vulnerabilidad frente a las lluvias; no lo está haciendo. Un ejemplo es lo que ha ocurrido este año con lluvias menores a las de hace dos años, pero que han causado fuertes problemas con las inundaciones. “El diseño está fracasando; es centralista, como ocurrió en Pisco”, sentenció.

El especialista explicó también que el agro en el 2018 fue el segundo sector más importante en los gastos del gobierno: más de 700 millones. El 2017 se gastó más de mil millones. “Eso ocurre porque el 2017 y el 2018 han metido en la función agraria la limpieza de cauces, descolmatación y limpieza de ríos, etc; y en menor medida mantenimiento de limpieza de infraestructura. Esa gran plata que ha ido ahí no es algo que beneficia directamente a los agricultores; lo que beneficia directamente es la rehabilitación de canales de riego, que ha tenido un monto pequeño en comparación con las otras actividades”, finalizó.

Asimismo, el economista de Propuesta Ciudadana, presentó un cuadro comparativo del presupuesto asignado a la pequeña agricultura respecto del total del presupuesto nacional desde el 2013 hasta la actualidad; visibilizando que el mayor presupuesto que tuvo la agricultura familiar fue el 2013 con 2,9%, que posteriormente bajó hasta llegar al 1,9% de inversión en la actualidad (datos extraídos de la web del MEF).

Hablan los actores

En el turno del segundo panel, el sub gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Regional de Huarochirí, Gustavo Perez, señaló que tras las lluvias se han perjudicado 6 distritos de la parte alta de Santa Eulalia, perjudicándose los agricultores para vender sus productos a la capital, y como alimentos de primera necesidad para ellos mismos. Agregó también que hay que tener cuidado con las actividades mineras que se encuentran en la cuenca alta del río Rímac, porque podría perjudicar a los sectores agrícolas.

El alcalde de la Municipalidad de San Bartalomé de Huarochirí, Rodrigo Chavez, señaló que necesitan también apoyo del Estado por los productos que se afectaron por las lluvias y que vienen desarrollando como la tuna, la chirimoya, palta y duraznos, como parte de la apuesta de la agricultura agroecológica que vienen implementando.

A su turno, el representante de la Plataforma Regional de Seguimiento, Evaluación y Procesos de Reconstrucción de Piura, Luis Espinoza Jirón, señaló que durante las lluvias, por ejemplo, se afectó los enjambres de las abejas. Y sobre el gobierno agregó:“éste se aprovecha por la pasividad que tenemos los agricultores. Todas las políticas de Estado están orientadas al subsidio de la agricultura de exportación pero al pequeño agricultor siempre nos marginan”

 Agricultura Familiar: alternativa fundamental

Durante el Foro, Fernando Eguren de CEPES, señaló que en el contexto actual en el mundo se ha puesto en los primeros lugares de la agenda global y nacional algunos temas que antes no estaban presentes: el cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales; el calentamiento global; y estos temas, indicó, son el marco general al interior del cual deben definirse las políticas en los países. “Hace unos años no estaban en el primer lugar y las políticas no la tomaban en cuenta. En el caso del Perú está a la zaga; no está siguiendo el ritmo de los cambios que son necesarios”.

“El agro peruano tiene que ser reconstruido y la agricultura familiar tiene un papel muy importante. Se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución, la que está mejor dotada para adecuarse al cambio climático, a un tratamiento mucho más amigable con la naturaleza por su poca emisión de carbono. Es la que produce los alimentos de los principales grupos humanos; entonces está llamada a cumplir un papel mucho más importante del que cumple hasta este momento”.

Como parte de las conclusiones del Foro, Beatriz Salazar de CEPES, también señaló: ”es necesario que se vea la agricultura familiar no como un problema si no como una solución. La agricultura familiar puede ser solución a la pobreza, a la falta de empleo. Donde hay agricultura familiar hay menos enfermedades, más empleo; a diferencia de las zonas donde hay agroexportación o agroindustria, rescatando lo que dijo el congresista Horacio Zevallos, con el ejemplo del valle del tambo y otras zonas que ha visitado”.

Agregó que los agricultores pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. “Los agricultores, sobre todo los agricultores agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra, de los suelos. Con las practicas integrales se puede contribuir para que los suelos tengan un mayor contenido orgánico y puedan ser más fértiles para que se ayude a mejorar los rendimientos en las cosechas y se ayude a la seguridad alimentaria de todos los peruanos y peruanas, reduciendo el problema de la anemia que tanto se habla como las prioridades del gobierno”, finalizó.

Exigencia a la nueva ministra

La ministra ha señalado que la agricultura familiar tendrá prioridad, pero es incoherente con la inversión que se le está dando a la agricultura familiar. No hay presupuesto para implementar el Plan, “hasta para darle poco presupuesto a las necesidades de los agricultores en el plan de la reconstrucción”, enfatizó la moderadora del último panel, Beatriz Salazar.

El congresista Horacio Zevallos, señaló que no se debe continuar favoreciendo a los latifundios, que sólo traen pobreza, enfermedades y esclavizan al agricultor peruano. Precisó que “se necesita un Ministerio que funcione”.

Una de las conclusiones de varios panelistas fue que se necesita mayor organización de los agricultores para ejercer presión al gobierno y al congreso para que realmente se le dé la prioridad que merece a la agricultura familiar, como alternativa de desarrollo sostenible para todo el Perú.

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Salvador del Solar favoreció a mineras cuando fue ministro de Cultura

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Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.

La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017

La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.

Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.

“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”

“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.

Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Las empresas mineras

En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.

Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.

¿En qué situación está el juicio?

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.

La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.

Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.

Para mayor ampliación sobre la última resolución del TC ver nuestra nota: Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

 

Documentos adjuntos:

1. Nota de Hildebrant en sus trece.

2. Carta de organizaciones de derechos humanos pidiendo explicaciones al Ministerio de Cultura.

3. Respuesta del Ministerio de Cultura

 

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Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

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El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

Recordemos que el presente caso es una demanda de amparo de comunidades de Arboleda contra el Ministerio de Energía y Minas por omisión de consulta previa antes del otorgamiento de concesiones. La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque podría sentar precedentes constitucionales en la materia.

Ésta última resolución del Tribunal Constitucional (TC) que data de diciembre de 2018 fue notificada en la misma semana que la anterior resolución de noviembre de 2018 (notificada el lunes 04 de marzo de 2019) donde el TC se ratificaba en la postura que mantiene desde el 2012, donde señala que tiene jurisdicción para resolver el caso.

Este cambio de postura se da en casi un mes, entre noviembre y diciembre del 2018, y llama la atención de los abogados de las instituciones que vienen litigando el caso. En palabras del Dr. José Bayardo Chara de DHUMA: “en la misma semana nos notifican dos resoluciones con contenido contrario. Durante el año pasado hubo bastante movimiento en el TC, ya que intervino la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentando un amicus curiae para el caso, donde señalaban que se afectada su derecho a la defensa por no ser considerados parte del proceso”. Según el abogado de DHUMA ésta resolución no toma en cuenta el principio de economía procesal y tutela jurisdiccional efectiva, ya que el juicio ha estado sin resolverse 7 años, para que al final el TC decida declarar nulo todo lo actuado y devuelva el caso a primera instancia.

En un reciente pronunciamiento del 12 de marzo, IDL y DHUMA cuestionan: “Que el juicio vuelva a foja cero afecta los derechos constitucionales de la comunidad campesina. ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad a tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo que se dilucide ante jueces y tribunales? Es intolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional.

 

Aymarazo

El 2011 se desarrolló el Aymarazo; un ciclo de protestas organizadas por comunidades campesinas de Puno durante el gobierno de Alan García, que autorizó las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito en Puno, bajo el argumento de que el territorio ya estaba concesionado. En ese entonces, las comunidades descubrieron que el 60% de sus territorios habían sido concesionados sin que se les consulte. Producto de éstas protestas, 18 comuneros aymaras fueron procesados penalmente por oponerse a la ejecución de las obras de la minera canadiense; siendo acusados del delito de “extorsión”.

 

La posición del Ministerio de Cultura y Salvador del Solar

En agosto del 2017, Red Muqui presentó una carta al MINCUL para conocer su postura en el caso Arboleda debido a que el ex ministro de cultura y ahora presidente de la PCM, Salvador del Solar, se habría reunido con los integrantes del tribunal para hacer incidencia personal en el caso de la comunidad de arboleda. En ese entonces, a través de una carta de respuesta, el MINCUL no desconoció ello ante nuestra pregunta formal y señaló que el MINCUL solicitaría su participación en el proceso en calidad de litisconsorte.

La respuesta formal que nos dio el Ministerio de Cultura fue bastante preocupante porque desconoció la importancia de los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio, además que negó que las concesiones mineras no consultadas sí afectan los derechos de las comunidades campesinas. Entre las partes más controversiales de la respuesta del Ministerio de Cultura tenemos las siguientes:

  • ·«De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo”.
  • “La medida administrativa asociada al título de concesión minera no generaría afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la concesión solo otorga un derecho de carácter expectaticio al titular de la misma”.
  • “El título de concesión no supone, per se, la implementación y viabilidad de un proyecto minero sobre una zona concesionada. Motivo por el cual, la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”.
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Preocupante designación de Salvador del Solar como Premier por su postura frente a la consulta previa y las empresas mineras

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En un contexto en el que estamos viviendo una ofensiva extractivista minera por parte del Gobierno del Presidente Vizcarra y del empresariado minero, nos preocupa desde RED MUQUI la designación como premier del señor Salvador del Solar; ex ministro de Cultura (MINCUL), quién, durante su gestión en dicho Ministerio, respondió una carta que le dirigimos RED MUQUI, DHUMA de Puno, la CNDDHH e IDL, de manera conjunta, en base a una serie de preguntas que le hicimos llegar, y que nos dejaron honda preocupación; preocupación que hoy con su presencia en la PCM vuelve a presentarse.

En el informe de respuesta de agosto del 2017 a nuestra carta, el MINCUL indicaba que “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”, dejando de lado el rol garante de derechos que debe jugar el estado peruano, en particular con nuestros pueblos indígenas u originarios. Ver Informe completo aquí  ➥ bit.ly/2Ciygkb

En la misma carta, en las respuestas a las preguntas dirigidas a Salvador del Solar, si bien se le consultó sobre su posible intervención ante los magistrados del Tribunal Constitucional en contra de una demanda de amparo presentada por la comunidad campesina de Arboleda (Puno), para que el Estado reconozca e implemente el derecho a la consulta previa que había sido omitido para la realización de un proyecto minero; no tuvimos respuesta sobre dicha pregunta.

Justamente cerca de dos años después, cuando asume la cartera de la PCM, coincidentemente la citada demanda de amparo, en la que habría incidido Del Solar cuando asumía funciones en el MINCUL; volvió a foja cero tras la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró nulo todo lo actuado y envió al Poder Judicial de Puno la demanda presentada por la Comunidad Campesina de Arboleda ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que hasta ahora vienen desconociendo y negando el derecho a la consulta previa a las comunidades al entregar concesiones mineras a las empresas; concesiones que se superponen con su territorio ancestral, y dónde se encuentran, además, zonas arqueológicas.

Reiteramos nuestra preocupación ante la reciente designación del Sr. Del Solar, porque el Ministerio de Cultura debió promover la implementación de la consulta previa, tal como lo establece su Reglamento de Organización y de Funciones; y no actuar en contra de su aplicación, y más aún, por la intervención que habría tenido en su momento cuando fuera ministro del MINCUL ante los magistrados del TC para favorecer a una empresa minera, debido a que ésta función corresponde a los procuradores públicos no a los/as ministros. Reiteramos al respecto que el MINCUL nunca negó dicha situación en su carta de respuesta.

Todo se agrava porque estamos en un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos” en América Latina; léase, exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca». Junto a ello, la PNCP señala como objetivo estratégico hacia el 2030: “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (gobierno Fujimorista), las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo”; lo que va de la mano con la “Visión Minería al 2030”, parte de la PNCP, que busca “la aceptación social” de la actividad minera. “Visión” que Red Muqui no ha suscrito y espacio del cual se retiró a inicios de año.

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Las mujeres lideran la lucha por salvar el medio ambiente

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La creciente demanda mundial de una amplia gama de recursos naturales está amenazando la salud ambiental del mundo en un grado sin precedentes. Existe un acuerdo generalizado de que, a menos que se establezcan políticas nuevas y más efectivas para controlar sus efectos negativos, esta situación podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo humano.

Durante los últimos 200 años, los procesos industriales y de la agricultura han sido responsables del aumento de los niveles de contaminación y de la degradación del aire, el agua y la tierra. Además de la explotación sin restricciones de los recursos naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas han tenido efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud y la calidad de vida de las personas, particularmente las mujeres y los niños.

Como consecuencia, se ha desarrollado a nivel mundial una mayor conciencia acerca de la necesidad e importancia de que las mujeres contribuyan a la identificación de problemas ambientales, así como a la planificación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de sus comunidades. En ese sentido, las mujeres y los niños han demostrado ser participantes muy activos y efectivos en la defensa del medio ambiente.

La participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente es cada vez más importante, dado que los abusos no cesan. El 22 de Enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaraba en el Foro Mundial de Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”. Tres días más tarde, una represa de la Minera Vale, en Minas Gerais, colapsó, y 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico inundaron 290 hectáreas dejando 110 muertos y 238 desaparecidos.

En 2018 en Argentina, a su vez, la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, fue de 112.766 hectáreas, equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace. Noemí Cruz, quien coordina la campaña de bosques de la organización, dijo al respecto: “Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes donde está prohibido”.

Debido a sus roles como administradoras del hogar, proveedoras económicas y a su papel en la reproducción, las mujeres son propensas al deterioro de su salud en varias circunstancias. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a los contaminantes ambientales, ya que cada paso en el proceso reproductivo puede ser alterado por sustancias tóxicas en el ambiente, las que pueden aumentar el riesgo de aborto, defectos de nacimiento, retraso del crecimiento fetal y muerte perinatal.

Aunque durante mucho tiempo las mujeres habían sido consideradas receptoras pasivas de ayuda en lugar de participantes activas en el desarrollo y consecución de mejores condiciones de vida, su papel es cada vez más crucial tanto para las economías de los países en desarrollo como para el futuro del medio ambiente. En ese sentido, como educadoras ambientales y motivadoras para el cambio, las mujeres son agentes claves en los procesos que conducen a un desarrollo más sostenible y saludable del planeta.

Tradicionalmente, las mujeres son protectoras del medio ambiente, cuya calidad creen esencial para el crecimiento saludable de sus hijos. Una encuesta mundial sobre las actitudes del público sobre el medio ambiente patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mostró que las mujeres, en comparación con los hombres, prefieren elegir un nivel de vida más bajo con menos riesgos para la salud que un nivel de vida más alto con más riesgos para la salud.

En América Latina, las mujeres indígenas se han vuelto especialmente activas en el uso de técnicas para proteger el medio ambiente, y en desarrollar estrategias para la reducción de la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible. Responden así a amenazas que afectan seriamente su calidad de vida, como son el cambio climático y los intereses de las corporaciones explotadoras de minerales y de petróleo en tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

Después de que el huracán Mitch azotara a Honduras, las mujeres de la comunidad afro-indígena garífuna ubicada en la costa caribeña de Honduras crearon el Comité de Emergencia Garífuna. Éste organizó bancos de semillas para la seguridad alimentaria, plantó árboles frutales para limitar la erosión de las áreas costeras y ayudó a reubicar comunidades lejos de las áreas de alto riesgo, entre otras actividades conducentes a la mejora y recuperación de vida comunitaria.

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente, tuvo un papel destacado en la Resistencia al Proyecto Conga de explotación de oro y cobre en la región de Cajamarca, en el Nordeste de Perú, y tuvo un papel destacado en la defensa del medio ambiente. A pesar de ataques a ella y su hija, continuaron sus actividades en contra del proyecto, al que consideraban una seria amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua en la zona. En 2016, el proyecto fue abandonado, en gran medida debido a la oposición de personas como Acuña, que arriesgaron sus vidas en la defensa del medio ambiente.

No tuvo su misma suerte Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 debido a su oposición a una represa que amenazaba las tierras sagradas de los indígenas Lenca, en Honduras. Su hija, Bertha Zúñiga, ha continuado con el trabajo de su madre, a pesar de serios atentados contra su vida y la de los miembros de su grupo.

Afortunadamente, existe una creciente evidencia de que las mujeres en varios países del mundo están asumiendo roles centrales en el movimiento ambiental de base. Y hay una creencia cada vez mayor de que las políticas de desarrollo que no involucren a mujeres y hombres en un plano de igualdad no tendrán éxito a largo plazo.

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Por riesgos inminentes, Ley de remediación de Pasivos Ambientales debe ser discutido y aprobado

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El día de ayer, martes 5 de marzo, en la mañana, se suspendió la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tenía que discutir el pre dictamen sobre Pasivos Ambientales, para posteriormente aprobarse y ser discutido por todo el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió por falta de quórum porque solo estaban presentes 4 congresistas: Wilbert Rozas, presidente de la Comisión y María Elena Foronda del Frente Amplio; Juan Carlos Del Águila de Fuerza Popular y Marisa Glave del Nuevo Perú.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 6 de marzo, se discutió el pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas, pero no se aprobó, por lo que es importante que el próximo martes la Comisión de Pueblos sí logue el quórum, discuta y aprueba el pre dictamen para que pueda pasar a ser discutido al pleno del Congreso.

Recientemente, el lunes 4 de marzo, se realizó el Foro: “Peligros en la cuenca del río Rímac y alternativas de solución”, en el Congreso de la República. Foro organizado por la Comisión de Pueblos, la Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); con el apoyo de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac y la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Rímac.

Pasivos Ambientales en la Cuenca del río Rímac

Red Muqui, a través del especialista Edwin Alejandro Berrospi, señaló que en la cuenca alta del rio Rímac se han identificado 220 pasivos ambientales mineros (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en el distrito de Chicla) que representa más del 2% a nivel nacional, de los cuales 140 pasivos se encuentran clasificados como de muy alto riesgo.

Agregó que la alarmante cifra de los pasivos ambientales constituye un grave riesgo para la salud de la población de Lima. “Un movimiento sísmico o un aumento de caudal del rio Rímac provocarían un desastre ambiental porque la gran cantidad de desmontes de mina y relaves mineros que se encuentran depositados en los cauces del río Rímac afectaría a la ciudad de Lima. El caso más conocido es el depósito de relaves de Tamboraque que tiene más de medio millón de toneladas de desechos tóxicos ubicado al borde del Rímac y sumados a los otros 19 depósitos de relaves de Millotingo, Chinchan, Casapalca, Yauliyacu, Tablacah, superan más de 3 millones de toneladas de desechos tóxicos que son una bomba de tiempo”, finalizó.

El fiscal de la comunidad campesina de San Mateo de Huanchor, Asencio Montes, parte de la Plataforma de la Cuenca Alta del Río Rímac, señaló que “en el barrio de San Antonio se toma agua con arsénico, que ha sido contaminada por el vertimiento de aguas de mineras de la parte alta. Además, la relavera ubicada en Ticlio está expuesta a 300 metros, y contamina los pastizales que comen nuestros ganados”.

El Foro también contó la participación de los representantes de las instituciones mencionadas y el Frente de Defensa de los Intereses de Chicla (FREDICH); el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando Licera y Carmen Yupanqui de la Dirección de Calidad de la ANA; y Fánel Guevara, presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA).

La presidenta de IPROGA señaló que las principales actividades contaminantes en la zona provienen de la minería; actividades industriales; manejo de residuos sólidos; y el vertimiento de aguas de actividades domésticas. En ese orden.

Agregó que “el drenaje ácido de minas que se produce por las empresas mineras atraviesan las aguas subterráneas y a través del contacto con los cuerpos de agua, o desmontes directo de las mineras; también por el vertimiento de agua que se usa para procesar el mineral; por la desertificación que se produce por la eliminación de vegetación y suelo orgánico en las operaciones a tajo abierto y por el uso intensivo de agua que genera contaminación del agua subterránea, superficial y del aire”.

Propuestas

El jefe de la ANA, Walter Obando, y la ingeniera Carmen Yupanqui, Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la ANA, explicaron que frente a los problemas señalados vienen implementando el programa integral de control de avenidas, acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, sistemas de información geográfica y la implementación del Plan Maestro para la restauración del río.

Asimismo, el jefe de la ANA, a solicitud de la Comisión de Pueblos, señaló que su institución remitirá al Ministerio de Agricultura el proyecto de Marco Metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca; un instrumento importante para avanzar en el proceso de reglamentación y proteger las cabeceras de cuenca frente a las amenazas de los relaves mineros existentes y frente a los nuevos proyectos mineros que buscan instalarse en zonas donde no debería desarrollarse la minería.

Fánel Guevara de IPROGA, indicó que es necesario garantizar mecanismos que promuevan el ordenamiento territorial en la cuenca, estableciendo un organismo de gestión para el Rímac que responda a su realidad, adecuando e implementando instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de estándares nacionales de calidad ambiental, advirtiendo la instalación de actividades mineras cerca de las fuentes de agua.

En el turno de la Comisión de Pueblos, el presidente de la Comisión, Wilbert Rozas, recogiendo también lo expuesto por los dirigentes sociales, concluyó que es importante discutir y aprobar el pre dictamen para la remediación de pasivos ambientales por la actividad minera; el cual reúne 8 proyectos de ley y propone hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en el país.

Finalmente, desde Red Muqui señalamos que es fundamental discutir y aprobar el pre dictamen sobre pasivos ambientales, debido a que los relaves mineros que se encuentran sobre las cuencas y ríos en el país en un contexto de intensas lluvias y huaycos, son un grave riesgo para las poblaciones aledañas y para el agua que toman las personas en general.

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Congreso emite 2 nuevos Informes sobre efectos de la minería en Espinar

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A partir de la audiencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos del Congreso de la República en la provincia de Espinar, región Cusco; ésta Comisión ha emitido dos informes de asesoría: “Contaminación, conflicto y demandas asociados a la minería a tajo abierto y las políticas de gobierno” e “Impactos en la salud por contaminación por metales pesados”. Estos informes documentan el proceso de afectación a la salud humana y ambiental que existe en Espinar cuyo conflicto data del 2012 y evalúa las medidas que desde el gobierno local se ha podido hacer frente a la problemática.

Los informes señalan que las contribuciones de la minería por concepto de regalías mineras y canon minero al presupuesto público de la Municipalidad Provincial de Espinar para el año 2017, ascendió a 44 millones de soles; lo que representó el 44% del valor total. Se tiene que en los últimos 10 años el valor de la regalía minera ha superado el valor del canon minero en la región.

Se señala también que un subtotal equivalente al 51.8% del presupuesto del Municipio de Espinar financiaron las obras de transporte y actividades de planeamiento (mantenimiento de obras de infraestructura pública, transferencias para proyectos de inversión, entre otros). Otro subtotal de casi 16% a los sectores agropecuario y comercio; mientras que fueron montos mucho menores los que fueron destinados a la atención de necesidades básicas como saneamiento (7.9%), educación (7.8%) y salud (2% que forma parte del casillero “Otros”).

En la práctica el aporte de los titulares mineros para garantizar las necesidades básicas de la zona es bastante limitado, así también los informes señalan que existen límites constitucionales al crecimiento económico basado en la minería cuando colisiona con los derechos que el Estado se obliga a garantizar. Por lo que la CPAAAAE señala que en el caso Espinar se vienen vulnerando las siguientes garantías constitucionales: (a) derechos ambientales, de salud, de tranquilidad social, de prioridad del agua para consumo humano y de seguridad agroalimentaria; (b) conservación ecológica y la sustentabilidad de los recursos naturales; (c) los derechos colectivos de las comunidades campesinas originarias (Convenio 169-OIT).

Sobre la situación de la atención integral de la salud humana en la zona; la CPAAAAP también señala que a pesar que ha solicitado al MINSA información respecto a la situación de la población de Espinar; ésta no ha sido brindada, y la CPAAAAP señala lo siguiente:

“Si bien no existe un resultado oficial que identifique la causa de la contaminación de las aguas, suelos y aire de la Provincia de Espinar, sí existen pruebas irrefutables de que ello viene afectando gravemente la salud de su población. Desde el 2010 hasta el 2017, se han realizado dosajes por DIRESA y CENSOPAS cuyos resultados evidencian ello (…) La no identificación de la fuente de contaminación referida, si bien no es impedimento para brindar una atención integral en salud, sí resulta grave, pues no permite la adopción de medidas preventivas efectivas y necesarias, ni tampoco la identificación de los responsables, quienes además de reparar los daños ocasionados deben indemnizar a los afectados”.

Una mirada desde Espinar – Cusco

Asimismo, la especialista Karem Luque de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, que hace parte de la Red Muqui, señala sobre los informes, que las comunidades aledañas a los proyectos mineros de la empresa Glencore en sus distintas etapas, y la población urbana de Espinar, exigen unánimemente que el MINAM haga público los estudios de causalidad que encargó al Instituto Peruano de Energía Nuclear el 2016 y que a la fecha no se conocen los resultados públicamente. Recalcó que la última protesta realizada en Espinar, que contó con miles de participantes, exigió ello y que se construya una nueva Planta de Tratamiento de Agua para que el agua potable tenga un tratamiento adecuado previamente y no consuman agua contaminada.

“Es importante saber la causalidad de la contaminación para realizar una política preventiva en aquellos lugares donde se reconozcan las fuentes de la contaminación”, y, agregó, para que se pueda pensar también en la posibilidad de reubicación de las comunidades afectadas por metales pesados, teniendo claridad de los responsables de la contaminación. Señaló, finalmente, que las personas de las comunidades están cansadas porque tras años de mesas de diálogos y promesas del Estado, no se ha cumplido ni en la atención en salud a las personas que tienen metales pesados en su organismo, contrariamente a lo que señaló la ministra de salud en su visita al Congreso de la República hace unas semanas.

Propuestas de la Red Muqui

Finalmente, como señalamos en nuestra Agenda Muqui (hacer clic), en el punto 1, sobre las propuestas en “Salud Ambiental y humana, y remediación de pasivos ambientales mineros”; es necesario:

  • “Desarrollar una política de salud que se proponga lograr el bienestar general, buscando prevenir enfermedades, no solo curar, sino que realice promoción de la salud. Ello implica una respuesta articulada desde el Estado, para mejorar los determinantes ambientales que influyen en ella”.
  • “Identificar e inventariar los focos de contaminación en las diferentes zonas del país y sus causas a fin de reducir sus impactos en la salud” (pág 16).

Como Red Muqui seguiremos dando seguimiento a la problemática de la minería en Espinar conjuntamente con la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, y seguiremos participando en la recientemente instalada “Mesa Técnica sobre Políticas para Atención Integral”, para lograr que el Estado cumpla con su responsabilidad de ser garante de derechos de las personas y comunidades de su país.

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