Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.
Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.
El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.
Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia
Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.
Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.
El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.
Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.
Recientemente el presidente de CONVEAGRO, Clímaco Cárdenas, ha señalado en una entrevista que nuestro país se encuentra camino a una crisis alimentaria frente al inminente fracaso de la campaña agrícola para el 2021. Esto debido a que el anunciado Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro) del gobierno nunca llegó a quienes más lo necesitaban. Cárdenas menciona que no solo tendremos crisis alimentaria, sino que calcula que unos 600 mil productores pasarán a condición de pobreza extrema en los próximos meses. Una de las principales causas de este problema es la descapitalización de los agricultores, manifiesta el presidente de Conveagro. Esta noticia es más que alarmante, no solo por la afectación que van a sufrir miles de familias campesinas, agricultores y agricultoras, si no porque podemos quedarnos sin alimentación para el próximo año.
Uno de los principales problemas para colocar los prestamos en los pequeños agricultores es que las entidades bancarias y las cajas de ahorro y crédito simplemente no quieren aplicar estos prestamos debido a las pocas ganancias que generaría el préstamo y porque además quieren mover su propio capital y no el dinero del Estado, por ello la importancia de fortalecer Agrobanco, señalan los gremios agrarios. Otro tema relevante es la poca capacidad y voluntad que tiene el Ministerio de Agricultura y Riego para gestionar la demanda de los pequeños agricultores, y que por el contrario este ministerio solo busca priorizar el apoyo a las empresas agroexportadoras. Si bien en este momento en el país tenemos una relativa calma debido a la disminución de los casos de contagio y fallecidos por la Covid-19, esto no significa que los problemas en los demás sectores estén resueltos, como es el caso del agro. Más de 2 millones de familias producen el 70% de los alimentos que se consume en nuestro país, un dato más que relevante para que el gobierno y las instancias competentes hagan algo.
Finalmente, un tema que no queremos dejar pasar es la conmemoración del Día Internacional de las mujeres rurales: el 15 de octubre, las Naciones Unidas ha establecido como fecha simbólica para reconocer el trabajo y aporte de millones de mujeres rurales en el mundo entero. Naciones Unidas señala que una cuarta parte de la población mundial son mujeres rurales y trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias, además garantizan la seguridad alimentaria; sin embargo, siguen sufriendo de la pobreza, discriminación por género y la violencia estructural de nuestra sociedad. En nuestro país recientemente un Juzgado de Cusco ha señalado que programas televisivos como el de “La Paisana Jacinta”, que ridiculizaban a la mujer andina, sean retiradas definitivamente de la TV peruana. Aunque muchos se oponen a tal medida, lo cierto es que es una sentencia justa que reivindica los derechos de miles de mujeres andinas rurales en nuestro país, a propósito del internacional de la mujer rural.
La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.
La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país
La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.
En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.
[1] INEI 2020
Red Muqui se inició hace 17 años tras la convocatoria de diversas instituciones para la defensa de derechos ambientales y humanos debido a la expansión de las industrias extractivas en el país. Con presencia en las distintas regiones para tener una mirada macroregional, nuestro objetivo es plantear propuestas sostenibles.
Por eso, los invitamos a ser parte de nuestra semana Muqui!
Fecha: del 19 al 23 de octubre.
Organiza: miembros de Muqui y equipo de Muqui Nacional.
Objetivos:
- Conmemorar los 17 años del trabajo institucional de Red Muqui, así como compartir y fortalecer los lazos de articulación y de identidad en los miembros de Muqui.
- Promover espacios de discusión y debate sobre la situación de la minería y las agendas de las comunidades y poblaciones locales en el contexto de la pandemia, la reactivación económica y las elecciones presidenciales.
Actividades en la semana:
| Fecha | Actividad | Participan | Organizan |
| Lunes 19 de octubre | Foro virtual: “Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?
Hora: 6.00 PM. |
Miembros de Muqui y publico en general que se conecta por las redes sociales | Muqui Nacional |
| Martes 20 de octubre | Difusión de video de la campaña “ElAgroParaLaOlla” y del “ValleDetambo”
Hora: 7:00 AM |
Participan miembros y aliados de Muqui | Muqui nacional |
| Miércoles 21 de octubre | Programa de capacitación Muqui Virtual. 2da unidad (2da clase)
Hora: 4:30 PM. |
Participan lideres/as de 8 regiones del país y miembros de Muqui | Muqui Nacional, sus miembros y participantes de OSB |
| Seminario virtual ¿Desarrollo con Litio y Uranio en Puno?
Hora: 5.30 PM. |
Miembros de Muqui, plataforma y redes aliadas y publico en general | Muqui Sur, Muqui Nacional, y Wayka. | |
| Jueves 22 de octubre | Asamblea virtual de los miembros de Red Muqui
Hora: 3:00 a 6:00 PM.
|
Miembros de Muqui y el equipo de Muqui. | Asamblea Muqui Nacional |
| Viernes 23 de octubre | Noche cultural virtual para miembros de Muqui y conmemoración en memoria de Rosa Quedena/Fedepaz. | Miembros y amigos/as de Muqui | Muqui Nacional |
El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.
Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el 2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.
En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.
En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.
En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.
Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.
Descargar la Guía AQUÍ
Nota elaborada por el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui-
El día 14 de octubre de 2020 se presentó la demanda de acción popular contra los decretos supremos N° 016-2020-EM y 017-2020-EM, los cuales aprueban el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes Z-67 y Z-68 ubicados en la región de Ancash. El objetivo de esta demanda es que el Poder Judicial declare la nulidad de ambos decretos y detenga la exploración y explotación petrolera en el mar ancashino por parte de la empresa Tullow Oil.
Como recordaremos, estos lotes ya fueron adjudicados en el 2018 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para posteriormente ser declarados nulos por el gobierno de Martín Vizcarra, quien ahora en el 2020 vuelve a adjudicarlos a la misma empresa trasnacional. El motivo de la demanda de acción popular es la violación a los derechos a la participación ciudadana y seguridad alimentaria que conlleva la adjudicación de estos lotes petroleros.
El derecho a la participación ciudadana se ve lesionado debido a que no se realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que implica la exploración y explotación de los lotes petroleros en cuestión, contando con poca convocatoria de los gremios pesqueros y con un déficit clamoroso por parte del Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a la hora de dar respuesta a las interrogantes de la sociedad civil ancashina.
El derecho a la seguridad alimentaria se ve violentado debido a que la exploración y explotación petrolera del mar ancashino como tal ya genera una afectación a las cadenas de reproducción y captura de especies marinas del litoral, elementos fundamentales para el desarrollo del comercio y alimentación de la población de Santa, Casma y Huarmey.
La demanda ha sido interpuesta en el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima mediante expediente 00090-2020-0-1801-SP-DC-01 y esperemos que siga su trámite para absolver este problema jurídico cuanto antes. Los demandantes son un grupo de representantes de organizaciones y expertos regionales, el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con el soporte y acompañamiento del Instituto Natura y el, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC.
Perú, 14 de octubre de 2020
Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui
Durante las últimas semanas pareciera que hemos vuelto a una especie de cierta normalización de las cosas como era antes de la pandemia, ya que los temas de siempre en cuanto afectación de derechos humanos se refiere han vuelto a estar en el centro de la atención. Nos referimos a los últimos hechos registrados contra líderes defensores ambientales, incluido mujeres, en zonas de actividad minera. Nos referimos al caso del señor Ismael Acha de Ayabaca (Piura), quien fuera acuchillado por una comunera la semana pasada por ser critico a la actividad minera y particularmente al proyecto minero Río Blanco en Piura. El segundo hecho ocurrió en la zona conocida como Morococha antigua (Junín) donde se encuentra operando la minera Chinalco y su proyecto Toromocho. Desde hace varios meses, 40 familias de esta zona reciben hostigamientos permanentes de la minera con el apoyo de la PNP. La semana pasada varias mujeres fueron agredidas, golpeadas y detenidas por efectivos policiales por intentar solicitar una reunión con los representantes de la minera Chinalco para atender sus reclamos.
De un tiempo a esta parte no solo están en riesgo la vida de los líderes, dirigentes y defensores/as ambientales de la Amazonía, si no de las zonas andinas donde se encuentran asentadas las actividades mineras. Lamentablemente en lo que va del año ya han sido asesinados varios defensores ambientales, por ello que la preocupación y el riesgo en el que se encuentran estas personas es más que alarmante. Si bien desde el gobierno nacional y en concreto desde el MINJUSDH se han venido aprobando normas y protocolos para garantizar la protección de derechos de los defensores/as, en la práctica esto aún es insuficiente. Recientemente (01 de octubre) se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El gran desafío es que el protocolo y el registro realmente protejan la vida y los derechos de las y los defensores ambientales, que hoy más que nunca se encuentran en situación de riesgo, tal como se viene constatando en los casos mencionados.
Lamentablemente en los últimos 20 años, cuando se habla de desarrollo económico, no se menciona los impactos y los costos de este desarrollo en nuestro país, y particularmente de las actividades extractivas como la minería. A parte de ser uno de los países con mayor conflictividad social en materia socioambiental en Latinoamérica, Perú es donde menos garantías se han brindado a los defensores de derechos humanos y ambientales, solo por mencionar que los casos de las personas muertas en conflictos sociales no han sido investigados ni mucho menos sancionado a los responsables, en este caso a miembros de los efectivos policiales. Por ello, desde Red Muqui insistimos en afirmar que el marco normativo no solo privilegie la actividad extractiva, si no garantice y proteja realmente los derechos las personas impactadas por estas actividades.
El miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria aún en ese entonces de la comunidad campesina Yanta, atacó con cuchillo al comunero Ismael Acha, ex dirigente de la comunidad y opositor al proyecto minero Río Blanco.
Lo que inició con agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante y logró herirlo en el brazo, cerca al corazón, tal como se observa en las fotografías que fueron difundidas. Según Alexander Acha, hermano de la víctima que presenció el hecho, el objetivo de la señora era matar a su hermano.
“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida”
PNP no actuó
Tras este hecho, inmediatamente la madre de Ismael Acha llamó a la comisaría de la provincia de Ayabaca y se comunicó con el mayor Solis, quien le indicó que personal policial se acercaría al lugar de los hechos. Sin embargo, hasta ahora la PNP no se ha acercado al lugar de los hechos, ni ha ubicado a la agresora.
La madre de familia nos indicó que también se comunicó con el abogado de las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, y que le señaló que llevarían el caso. Sin embargo, días después el abogado le señaló que dejó de trabajar como asesor legal de las rondas campesinas.
Hechos extraños para la madre de familia, quien cree que la empresa minera entró a tallar en estas diligencias que se harían y nunca se implementaron.
Actualmente Ismael Acha se encuentra en Piura recuperándose de los dolores y de los puntos que le colocaron internamente y externamente en el brazo. La médica legista que lo atendió en el Hospital de Sullana no le entregó el certificado médico con el diagnóstico lo realizado completamente, y la familia está a la espera de tener el certificado completo para realizar la denuncia a la Fiscalía.
Sin embargo, frente a la gravedad de la agresión y el intento de asesinato denunciado púbicamente, la Fiscalía debió haber actuado de oficio, pero hasta ahora no ha realizado ninguna acción.
Rondas respaldan a Ismael Acha
Frente a lo sucedido, el 1 de octubre las rondas campesinas de provincia de Ayabaca se reunieron en la sede de la comunidad de Hualcuy y mostraron su respaldo al defensor ambiental Ismael Acha. Asimismo, al siguente día, la comunidad de Yanta cambió de dirigentes, entre las que se encontraba la señora Elvía Majuan, y expresaron su solidaridad con Ismael Acha y su familia.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.
En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.
Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”
Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.
La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”
Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras
Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:
- Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
- Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
- Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.
TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas
Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.