ONGs desmienten la campaña de difamación del gobierno

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La Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentalesde Desarrollo (ONGD) denunciaron que se viene realizando una campaña de difamación por parte de algunos sectores en contra de las ONGD, nacionales y extranjeras.

Asimismo, señalaron que  la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) condiciona la renovación de la inscripción de las organizaciones a una supervisión adicional, agregando nuevos procedimientos a los ya existentes para lo cual demandaron la derogatoria de los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los registros de la APCI y se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada resolución, respetando la ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en el país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.

Julia Cuadros, presidenta de la ANC, enfatizó que las ONG no se oponen a que el Estado supervise y fiscalice el uso de recursos que provienen de la cooperación internacional, por el contrario, están de acuerdo con la supervisión y fiscalización por parte de la APCI, SUNAT, ministerios y gobiernos regionales.

Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que en el Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones. Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse para que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de canales institucionalizados; de lo contrario, los conflictos continuarán, pues las protestas se convierten en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con el Estado, hagan conocer su desacuerdo.

La ANC reafirma que sus organizaciones socias y las ONGD no afiliadas aportan al desarrollo del Perú en diversos ámbitos como salud, igualdad de género, descentralización, población, derechos, agricultura, justicia, medio ambiente, fortalecimiento de la democracia, entre otros. Y esta labor se viene realizando durante los últimos 50 años de manera sostenida.

Asimismo, las ONGD participan junto con diversas instituciones del Estado en espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, el Acuerdo Nacional, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) y los diversos consejos de participación a nivel nacional y regional.

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A favor de la transparencia sin restricciones a la libertad de asociación y expresión

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Ante la campaña de difamación realizada por el gobierno y algunos medios de comunicación en contra de muchas organizaciones no gubernamentales de promoción del desarrollo – ONGD, nacionales y extranjeras, sus directivos, y ante la última directiva de la APCI (Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE)que condiciona la renovación de la inscripción de éstas a una supervisión,las y los abajo firmantes, demandamos:

–          Se deroguen los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los registros de la APCI referidos a “haber sido supervisada por la APCI (…) de ser el caso” y “haber cumplido con las recomendaciones efectuadas, como consecuencia de acciones de supervisión realizadas por la APCI”.

–          Se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada RDE, respetando la definición ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en nuestro país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.

Asimismo, señalamos lo siguiente:

  1. En el Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones.
  2. Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas. De lo contrario, los conflictos continuarán y escalarán, pues la protesta se convierte en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con las decisiones del Estado, hagan conocer su desacuerdo. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva amenguar la protesta con la utilización de la fuerza y mecanismos de control, es un error y va contra la esencia de la democracia.
  3. Nosotras y nosotros jamás nos hemos opuesto a que el Estado supervise y fiscalice el uso de recursos que provienen de la cooperación internacional. Por el contrario, siempre hemos estado de acuerdo con ello y es prueba de lo mismo que somos supervisados y/o fiscalizados por la APCI (antes por la SECTI), por la SUNAT, por los ministerios, por los gobiernos regionales, adicionalmente al seguimiento de nuestros financiadores y los evaluadores y auditores externos que los mismos designan. Somos las instituciones más fiscalizadas del país. Lo que nos parece inaceptable es que los mecanismos de supervisión y fiscalización se utilicen para controlar a quien piensa distinto. La discrepancia no puede ser castigada, sino entendida de forma positiva cuando es adecuadamente trasmitida y canalizada, debido a que permite que las decisiones se mejoren.
  4. En ese sentido, queremos recordar que las ONGD en el Perú tenemos más de 50 años de trabajo comprometido con la investigación, la promoción y el desarrollo. Contribuyendo a que se conozca el país, a la descentralización, a procesos participativos de planificación del desarrollo, a la elaboración de presupuestos por resultados, a la formulación de los planes de igualdad de oportunidades, planes de prevención de la violencia de género, entre otros. Hemos defendido la vida y los derechos humanos en los momentos más duros del conflicto interno, y contribuido a recobrar la democracia. En otras palabras hemos contribuido a defender y ampliar la democracia
  5. Hemos fundado y participamos en espacios de concertación como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la pobreza, el Acuerdo Nacional y los diversos Consejos de participación de otros sectores del estado a nivel nacional y regional, como la CMAN, CONCORD, entre otros.

La democracia se fortalece con una sociedad con autonomía, capacidad crítica y reconocimiento. Es por ello, que la declaración de Busán firmada por el gobierno peruano, reconoce la importancia de la sociedad civil, su derecho a ser actores del desarrollo, y de hacer presente los derechos de las poblaciones marginadas. Del mismo modo, el Foro de Alto Nivel sobre la eficacia al desarrollo realizado en México el 2014, reconoce la necesidad de generar un clima propicio y habilitante para el desempeño de la sociedad civil. Idea compartida por el Comisionado especial de la Naciones Unidas sobre el Derecho de Asociación y reunión.

 

Perú, 12 de junio de 2015.

 

RED MUQUI Y OTROS, FIRMAS ADJUNTO

 

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO:

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Conclusiones y acuerdos del VII Congreso Provincial de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas de Moyobamba – San Martín

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Las 700 autoridades consuetudinarias, representantes de los pueblos originarios, rondas campesinas, urbanas y nativas de la provincia de Moyobamba-San Martín, reunidas en el recreo campestre y turístico, los días 7 y 8 de junio del 2015, en el VII Congreso Provincial rondero, se llegado a las conclusiones y acuerdos que siguen:

1. Nos reafirmamos como pueblos originarios, descendientes de los pueblos que existían desde antes de la invasión europea; que hemos resistido a lo largo de la historia y que actualmente mantenemos nuestra identidad y tenemos nuestras propias instituciones y autoridades políticas; instituciones económicas como la reciprocidad, minga, trueque; nuestros idiomas, y que actualmente nos encontramos organizados como rondas campesinas, comunidades campesinas y comunidades nativas.

2. Nos reafirmamos en la cosmovisión que compartimos todos los pueblos originarios, que somos parte y debemos respetar y proteger la “Mama Pacha” o Madre Tierra y Mama Yaku o Madre Agua, y los Apus sagrados. Nuestra visión del Buen vivir se da en armonía de la Madre Naturaleza, lo que nos lleva a proteger y defender las lagunas, ríos, manantiales; páramos, bosques secos y de neblina; la flora y fauna, áreas verdes y todos los bienes de la Madre Naturaleza.

3. Reafirmamos la decisión de mantener nuestra identidad y ejercer nuestros derechos como pueblos originarios o indígenas, la libre determinación, autogobierno y autonomía, territorio integral (incluyendo los recursos naturales), derecho y justicia propia; y decidimos mantener y revitalizar nuestra identidad cultural y la práctica de los idiomas originarios entre otros.

Esclarecemos que todos los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas gozamos de todos los derechos de pueblos indígenas, sin exclusión; y que pueden usarse como sinónimos todos estos términos.

4. Decidimos la reconstitución de nuestros territorios ancestrales de forma integral como pueblos; la defensa de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios de las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; y exigimos frenar la parcelación de tierras colectivas.

Incluso donde hay propiedad familiar de la tierra, nos reafirmamos en nuestra identidad y autoridad colectiva del territorio.

5. Decidimos fortalecer la autoridad colectiva, el autogobierno, la autonomía, el derecho y la justicia propia en el ámbito territorial de los pueblos originarios, las rondas campesinas, las comunidades campesinas y nativas.

6. Decidimos mejorar nuestra formación y capacitación, con la transmisión de conocimientos de los/as mayores, y promover la participación de mujeres y jóvenes en nuestras organizaciones, y combatir el machismo y toda forma de violencia y discriminación.

7. Como pueblos originarios, planteamos una nueva forma de relación con el Estado y todos los niveles de gobierno; en el marco de un  modelo de Estado y gobierno plurinacional, con respeto de la libre determinación de todos los pueblos o naciones originarias; con plena participación en la toma de decisiones de los asuntos que nos competen; con consulta y consentimiento respecto de los actos legislativos y administrativos que nos puedan afectar.

8. Nos constituimos como Asamblea de los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas de Moyobamba, y planteamos una relación de coordinación con, participación en y fiscalización del Estado y todos los niveles de Gobierno central, regional y locales, con respeto de la libre determinación y autonomía de los pueblos.

Asimismo, nos planteamos como horizonte la constitución de un Estado Plurinacional a través de un proceso constituyente donde participemos todos los pueblos o naciones con igual dignidad; con garantía de la participación de mujeres y jóvenes.

9. Con relación al Gobierno central, regional y local, exigimos el respeto y la aplicación efectiva de nuestros derechos, ya reconocidos en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por el Perú y en vigor desde el 2/2/1995, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las decisiones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley Orgánica del Gobiernos Regionales Nº 27867, la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908, y demás normas que nos corresponden y favorecen.

10. Decidimos fortalecer nuestras acciones de control y fiscalización del Gobierno Central, Regional y locales, para que cumplan bien sus funciones, con compromiso, respeto de nuestros derechos y sin corrupción.

11. Exigimos que el Estado respete la integridad territorial y el consentimiento de los pueblos; y que no utilice la fuerza para imponer proyectos extractivos, de infraestructura, energía, megarepresas o cualquier otro proyecto de desarrollo que genera parcelación y destrucción los territorios y el ambiente, o desplazamiento forzoso.

12. Denunciamos y rechazamos la persecución de autoridades y miembros de pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas; en particular de quienes administran la justicia propia, y de quienes defienden los derechos al territorio y al agua, como en el caso de quienes están procesados y presos por administrar justicia consuetudinaria o por oponerse al megaproyecto extractivos, madereros, petroleros, mineros  y otros proyectos.

13. Exigimos que el Estado cumpla con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad de los 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada, en riesgo por oponerse al megaproyecto minero Conga. Asimismo, demandamos la atención de las personas que han quedado heridas o familiares de quienes han muerto en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Nuestra solidaridad y respaldo a los pueblos del Valle el Tambo de la Provincia de Eslay-Arequipa.

14. Las bases y toda su estructura orgánica hasta la CUNARC-P, asumen la responsabilidad de la propaganda intensa y campañas de educación e información para fortalecer la lucha en defensa de la justicia rondera, la vida, el agua, el territorio de uso ancestral, y a nivel nacional la soberanía de la patria.

15. Hacer efectivo la profundización del su Estatuto rondero, marco legal que los ampara y protege como pueblos originarios en todas las regiones, a través de fórums, encuentros y escuelas de capacitación.

16. De acuerdo al Estatuto todo rondero y rondera, tiene derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural de su localidad región y país, impulsando el nuevo modelo de desarrollo de acuerdo al derecho a la libre determinación y el buen vivir de los pueblos.

17. Derogatoria de Leyes y normas que en la actualidad están generando conflictos sociales en el país “Ley 30230, Ley 3941 y Decreto Supremo 001-2015 EM que atropellan derechos colectivos de campesinos e indígenas sobre sus territorios, normas que son arbitrarias y anticonstitucionales. Así mismo la derogatoria de la Ley 30151 que en la práctica debilita la defensa de los derechos fundamentales de las personas y que genera impunidad, cuando las fuerzas policiales y del orden reprimen y matan a las personas que protestan por defender sus territorios y derechos consuetudinarios de los pueblos.

18. Respaldamos la propuestas de la CUNARC-PERÚ en donde se exige se reconozcan a las rondas campesinas como pueblos originarios o indígenas y se le considere dentro de la modificación del artículo 16° del Código Penal. Así, el tenor del artículo deberá ser el siguiente:

“Artículo 16.-  La ley penal no se aplica cuando las autoridades de las pueblos originarios o indígenas, sean comunidades campesinas, rondas campesinas o comunidades nativas, ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política”.

19. Acatar el paro nacional de los pueblos cívico-popular del 22 de junio, por la defensa del marco legal y constitucional de las rondas campesinas y contra las leyes  que han aprobado  los del poder ejecutivo y legislativo que atenta contra los pueblos originarios en el Perú.

20. La bases ronderas, sectoriales, distritales, provincial respetaran la estructura orgánica e institucionalidad de las rondas campesinas de la Central Regional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas de San Martin y de la CUNARC-P.

21. Se ratifica la unidad, autonomía e independencia de las rondas campesinas y no permitir que nadie lo haga daño y que se respete la institucionalidad y estructura orgánica. Toda actividad que se hagan a espaldas fuera de la estructura orgánica (distritales,  provincial y regional y la CUNARC-P), no serán validados. Se asume la defensa y cuidado de  institucional de las rondas campesinas, para ello las bases de los órganos intermedios en cada evento congresal o asamblea de rondas campesinas ratificaran ser base de la CUNARC-PERÚ.

22. No se les considera miembros de las rondas campesinas a apersonas que promuevan el divisionismo, por intereses particulares ajenos a la noble institución rondera, como:

a) Ronderos que pierden las elecciones en los congresos ronderiles y que luego organizan grupos paralelos a la rondas, rompiendo la estructura orgánica e institucionalidad de la organización.

b) Personas que trafican y negocian utilizando a nuestra organización para sus apetitos personales y de lucro.

c) Los que se convierten en a yayeros de los gobiernos de turno locales, regional y nacional, pretendiendo subordinar a la institución rondera a sus fines politiqueros y populistas tras la mafia y la corrupción gubernamental.

d) No se permitirá que problemas personales se divulguen por medios de comunicación atentando contra la institucionalidad de la ronda campesina.

e) Todo rondero o dirigente de la estructura orgánica de las rondas campesinas de Moyobamba, de la Región San Martin y de la CUNARC-P, serán evaluados y fiscalizados desde las  bases, en eventos distritales, provinciales y regionales de acuerdo al Estatuto y sus reglamentos. De encontrar que estos no cumplen sus funciones o están utilizando sus cargos, con fines particulares o de lucro, serán disciplinados, destituidos de sus cargos y remplazados por otros compañeros o compañeras en asambleas o congresos extraordinarios.

23. Exigir la pronta libertad de los dirigentes hoy prisión preventiva, el compañero Orlando Cacique Panduro de la base Alfonso Ugarte- Moyobamba, y a la vez se archive los procesos seguidos a los ronderos de todas las bases que están pidiendo a cadena perpetua de manera arbitraria y así mismo se realizan jornadas de lucha hasta lograr el archivamiento de dicho proceso  y libertad del compañero.

CON RELACIÓN A LOS  GOBIERNOS LOCALES Y  REGIONAL.

1. El VII Congreso Provincial rondero Como Asamblea de los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas de SAN MARTIN planteamos una relación de coordinación con, participación en y fiscalización del Gobierno regional y locales; y proponemos sostener 3 reuniones ordinarias con los gobiernos locales y el Gobierno Regional y locales (una al inicio, otra a medio año, y otra al final de año), y otras extraordinarias en caso necesario.

2. Exigimos tener representación en el gobiernos Locales y Regionales como pueblos originarios, comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, con base en el art. 191 de la Constitución del Perú, el art. 6, inc. 1, b) Del Convenio 169 de la OIT, y el art. 1 de la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908.

3. Exigimos tener participación en el Consejo de Coordinación Regional (previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, el art. 11-A) como pueblos originarios, comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas y que, para estos efectos, el Gobierno Regional abra un libro específico para el registro de pueblos originarios, comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, dado que nuestra existencia legal y personalidad jurídica ya está reconocida por la propia Constitución y tratados internacionales; con base en el art. 12 del Convenio 169 de la OIT, los artículos 89 y 149 de la Constitución del Perú y el art. 1 de la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908.

4. Planteamos la creación de una Gerencia de Pueblos Originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, que tenga personal, presupuesto, plan operativo y todos sus instrumentos de gestión; debiendo funcionar siempre en coordinación, consulta, participación y con el consentimiento de los pueblos; encargada la rectoría e implementación de los derechos de los pueblos en la región.

EXIGIMOS QUE LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL CUMPLA CON:

1. Garantizar y llevar a cabo la coordinación, consulta y participación permanente con/de la Asamblea de pueblos originarios y las organizaciones de rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, a fin de llevar a cabo la política, planes, programas y acciones relacionadas con ellos, con su consentimiento.

2. Establecer una Política Pública local y regional sobre derechos de pueblos originarios, la cual debe adoptarse en consulta y con el consentimiento de los mismos.

3. Llevar a cabo una consulta  a los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, para la elaboración de un Diagnóstico y Plan Regional de Desarrollo y Buen Vivir de los pueblos originarios, y luego su implementación y evaluación participativa.

4. Implementar una política y programas de fortalecimiento organizativo, formación y capacitación a todo nivel, como Escuelas de pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas; así como Diplomados y otros programas autónomos o en convenio con otras instituciones; recuperando los saberes ancestrales y experiencia de los mayores, y promoviendo la participación de mujeres y jóvenes.

5. Fortalecer las funciones jurisdiccionales de los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, con base en su derecho consuetudinario; y fomentar el intercambio de experiencias.

6. Establecer un área de promoción y defensa jurídica de los derechos de pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas; y de sus autoridades y miembros perseguidos por ejercer o defender sus derechos (con base en el art. 8, inc. 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales).

7. Coordinar al interior del Gobierno Local y Gobierno Regional con las diferentes gerencias, oficinas y servicios que brinda, para impulsar y transversalizar los derechos de los pueblos en la región.

8.  Exigimos que el Gobierno Regional dé prioridad y garantice el saneamiento físico y legal de los territorios de pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, con participación de tales pueblos, a fin de garantizar el territorio integral ancestral de los mismos (que incluya la propiedad de áreas forestales y recursos naturales), cautelando su carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, con base en el art. 89 de la Constitución, el Convenio 169 (arts. 13 y 14) y el art. 51 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales.

9. Demandamos que el Gobierno Regional adopte una política pública regional consultada sobre la identidad, diversidad cultural y multilinguismo; que parta de la historia de los pueblos originarios; que recoja nuestra cosmovisión y saberes consuetudinarios; que fomente los idiomas originarios y que garantice la educación intercultural bilingüe en la región, así como el uso de los idiomas indígenas en los servicios públicos, con incentivos para quienes hablan dichos idiomas.

10. Que los Gobierno Locales y Regional respete nuestras formas de vida, desarrollo y buen vivir, y dé prioridad a nuestras actividades sostenibles de agricultura, agroforestal, ganadería y turismo, que dan trabajo y permiten mantener la Madre Tierra; y no la minería contaminante.

11. Demandamos la participación de los pueblos originarios en el “presupuesto participativo” y que los gobiernos locales y Gobierno Regional separen un presupuesto específico para la implementación del Plan de Desarrollo y Buen Vivir de los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas, considerando nuestras prioridades.

12. Proponemos que los gobiernos locales y el GR declare a la Región San Martín como “Región Verde de flora y fauna” que respeta y proteje la Madre tierra, las cabeceras de cuenca y todos sus cuerpos de agua, así como páramos y bosques; que no sean destruidos o contaminados; que asegure la reforestación; que fomente las actividades económicas sostenibles y orgánicas; y que ordene en toda la región la clasificación y reciclaje de residuos, para reducir la contaminación ambiental.

13. Demandamos la realización de un Diagnóstico de pasivos ambientales y la identificación de empresas responsables (madereras, etc…), para la reparación de los mismos; y exigimos el control y la coordinación entre las entidades correspondientes, para que no se produzcan daños en el futuro.

14. Exigimos el mejoramiento y control de los servicios públicos de salud, educación y otros, que cuenten con nuestra participación; que sean accesibles y de calidad, con respeto de nuestra cultura; y sin discriminación de los pueblos.

15. Exigimos que el Gobierno local y Regional sea transparente y dé información previa, adecuada y suficiente de los proyectos y obras que va a realizar para la fiscalización correspondiente. Los pueblos, rondas campesinas, comunidades y nativas establecerán Comités para la  fiscalización de tales proyectos y obras antes, durante y después de la ejecución de los mismos, cuya tarea debe ser facilitada por tales gobiernos.

16. Solicitamos que los gobiernos locales y el Gobierno Regional destinen locales para la Asamblea de Pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas en la Región San Martin; a fin de que podamos reunirnos de forma autónoma, y desarrollar actividades para nuestro fortalecimiento y formación; y recursos para alojamiento, alimentación y desarrollo de actividades.

17. Solicitamos que los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional asuma estos planteamientos como suyos, en forma de “Acuerdo del Concejo local y Regional”, para su implementación en coordinación, con la participación y fiscalización de la Asamblea de Rondas campesinas, comunidades nativas y campesinas.

Moyobamba, 8 de junio del 2015

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Aprueban proyecto que permitirá titulación de comunidades campesinas y nativas

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El proyecto fue aprobado en comisión y propone declarar de interés nacional y necesidad pública la priorización del deslinde y titulación pendientes de las tierras de comunidades campesinas y nativas que durante los últimos años ha generado conflictos sociales y enfrentamientos con el Ejecutivo.

“La falta de titulación es la principal preocupación de los pueblos indígenas este tema ha provocado – desde tiempo atrás- denuncias y protestas que ha generado conflictos con terceros por usurpación, tráfico de tierras y otros; por eso la razón de esta propuesta que permitirá dinamizar el proceso de demarcación territorial y titulación”, indicó el congresista pro Junín, Federico Pariona al referirse  ala iniciativa de su autoría que fue aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos

La iniciativa según precisó el congresista Pariona permitirá que estas poblaciones tengan seguridad jurídica sobre sus territorios. Además los gobiernos regionales estarán obligados a priorizar en el desarrollo de sus actividades anuales, así como en la asignación presupuestal, los procedimientos de establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades campesinas y nativas.

El parlamentario que representa la región Junín, precisó que no existen registros oficiales sobre el número de comunidades nativas e indígenas, razón por la que esta norma establece que sean los gobiernos regionales los encargados de recopilar, sistematizar solicitudes de reconocimiento, deslinde, titulación o demarcación territorial anualmente a fin de que sean sistematizados por el Ministerio de Agricultura como ente rector.

“Esta situación hace compleja la tarea de diseñar políticas y estrategias adecuadas para proteger el derecho de propiedad de las comunidades, así como su promoción y desarrollo”, afirmó el parlamentario que espera que el tema sea agendado en el Pleno antes de que se termine la legislatura.

De otro lado, Pariona sostuvo que cuando funcionó el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), creado en 1992, y luego COFOPRI, el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas fue en aumento, pero cuando se transfirió esta función a los gobiernos regionales, es cada vez menos la labor de titulación.

Hasta la sesión Ordinaria de la Comisión llegaron los líderes de las comunidades indígenas de la Selva Central (Satipo, Chanchamayo, La Merced, Oxapampa) que sustentaron ante este grupo de trabajo la necesidad que tienen de contar con expedientes de titulación completos que les permita acceder a la inscripción y registros oficiales que los acredite como propietarios, para ejercer todos los derechos que la ley les otorga.

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GRUFIDES a la opinión pública

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Ante las diversas opiniones e informaciones que involucran a nuestra institución y especulan sobre el uso de sus fondos, expresamos lo siguiente:

1. El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como organización no gubernamental (ONG), fundada por un grupo de cajamarquinos en el 2001. Como institución jurídica somos respetuosos del ordenamiento legal y cumplimos rigurosa y puntualmente las exigencias establecidas por el Estado peruano en cuanto a requisitos de funcionamiento solicitados a Organismos no Gubernamentales.

2. El señor Marco Arana Zegarra, no es miembro del Consejo Directivo de GRUFIDES y, tal como lo reconoce un reciente comunicado público de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), su actual Directora Ejecutiva es la señora Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, quien representa y dirige nuestra institución.

3. El dinero que maneja nuestra institución proviene de fondos concursables de la cooperación internacional, los cuales se viabilizan mediante proyectos, que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorias anuales. Además, reciben información de nuestras actividades y realizan acciones de fiscalización cuando lo requieren: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente estamos suscritos.

4. Nuestros fondos están estrictamente destinados a las actividades contenidas en los proyectos aprobados y en el ámbito específico en que se definen los mismos. Por esto, rechazamos enérgicamente que se intente relacionar el uso de nuestros recursos de la cooperación internacional privada con el financiamiento de partidos políticos, actividades individuales de alguno de neustros miembros o las protestas y acciones violentistas en la provincia de Islay y en diversos lugares del país. Estas falsas aseveraciones han sido desmentidas por la propia Coordnadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COECCI)

5. Nos reafirmamos en que la solución a los conflictos socio-ambientales para por afinar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho.

Cajamarca, 28 de mayo de 2015

 

COMITÉ DIRECTIVO

Ver:
http://www.apci.gob.pe/images/Comunicado/comunicado_APCI_14-05-15.pdf

Ver:

Pronunciamiento

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Nueve meses de prisión preventiva pide fiscal para dirigente Jesús Cornejo

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El fiscal provincial de Islay, Álvaro Torres, ha solicitado al juzgado la detención preventiva del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, quien fue detenido ayer en El Fiscal, cuando supuestamente intentaba tomar la carretera panamericana con un grupo de personas.

La información se conoció esta mañana, luego de que Cornejo pasara la noche en la división de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, en la avenida Goyeneche. Su esposa, Glenda Molina de Cornejo, informó esta mañana que se encuentra bien de salud y confía en que será liberado.

Insistió que Cornejo se encontraba reunido con algunas personas sin bloquear ninguna vía y tampoco es cierto que estuviera circulando con las placas del vehículo cubiertas. “¿Por fin, estaba circulando o estaba bloqueando la carretera?”, se preguntó.

De otro lado, anoche se hizo presente en el local donde se encuentra detenido, en el complejo policial de Santa Rosa, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien señaló que las detenciones de este tipo en medio del conflicto son “como apagar el incendio con gasolina”.

Fuente: El Buho de Arequipa

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Presidente de Corte pide a Gobierno no culpar a jueces

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El presidente de la Corte Superior de Justicia, Jhonny Cáceres, negó que los jueces dejen en libertad a todos los investigados para los que la Fiscalía pide prisión preventiva. Luego de sostener una reunión de emergencia con representantes del Ministerio Público y la Policía, explicó que de los 136 pedidos que se hicieron en el año, 102 fueron aceptados y 31 denegados.

Entre los casos rechazados están los referidos a los procesos que se siguen contra los manifestantes del Valle de Tambo. Sobre ello dijo que los jueces «no pueden meter a prisión a todos los que se les impute bloqueo de vías». «No puede ser que la Fiscalía pida prisión para todos los detenidos en una protesta y, los jueces tengan que aceptarlas. Se tiene que respetar la ley. En una solicitud de este tipo, se debe sustentar los hechos que cada persona cometió y probarlo, no solo decirlo», increpó.

Cáceres, pidió por ello al gobierno dejar de buscar culpables para los conflictos que no pudieron resolver.

Finalmente dijo que en la reunión con la Fiscalía y Policía, se acordó que estas ultimas dos instituciones, trabajen más coordinadamente, para evitar malos resultados, como el ocurrido en el caso de una banda que reglaba negocios y en que solo dos de los 5 integrantes fueron enviados a prisión.

 

Fuente: La República

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Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Violaciones de Transnacionales a los Derechos Humanos y Acceso de los Pueblos a la Justicia

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La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad – una coalición de más de 190 movimientos y organizaciones sociales – organizó el 23 de junio de 2014 una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra. Dicha audiencia inauguró la Semana de Movilización para Detener los Crímenes y la Impunidad Corporativa (23 al 27 de junio), organizada conjuntamente por movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza por un Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la última semana de la Sesión 26 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuando tomaba lugar la discusión y votación para decidir si se lanzaba un proceso para crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales (ETNs) sobre sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y consolidado que permita defender los derechos humanos y el medioambiente ante los crímenes y violaciones por parte de las transnacionales.

Durante la Audiencia del TPP, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de las actividades de ETNs en distintos sectores. El Tribunal escuchó testimonios sobre la devastación medioambiental causada por empresas petroleras, tales como las décadas de contaminación por parte de Chevron  en la Amazonía ecuatoriana, y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos son sistemáticamente violados cuando el control del agua pasa de la esfera pública o de los comunes a las manos de las ETNs, como por Coca-Cola Company en Colombia; de la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina; y de la española Hidralia en Guatemala. La industria minera también mostró no solo sus daños ambientales, sino también las violaciones de derechos humanos directas. Casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en Sudáfrica señalaron cómo la militarización y la violencia perpetradas sobre las poblaciones afectadas son al menos tan problemáticas como los daños ambientales. En este sentido, el caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue emblemático por la extensión global de una sola empresa, y mediante los testimonios de comunidades afectadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas se mostró un claro ejemplo de cómo las ETNs operan en todo el planeta con total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal el bloqueo sistemático del acceso a la justicia y obtención de remedio por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. Como resultado, el TPP reafirmó lo que ya había sido apreciado en sesiones anteriores, basado en las evidencias presentadas en Ginebra. Esto es, que las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y de los pueblos cometidas por las ETNs demandan una acción radical y urgente. Al final de la semana de movilización, el 26 de junio, las reivindicaciones de los testimonios presentados en la Audiencia del TPP resonaron en la adopción de una resolución histórica por los gobiernos en el CDH (A/HRC/26/L.22/Rev.1). Esta estableció un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en la elaboración del borrador de un instrumento legalmente vinculante que estipule las obligaciones en materia de Derechos Humanos de las ETNs. Los/as defensores/as de los derechos humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, en colaboración con diferentes movimientos sociales y redes de campaña, tuvieron un papel clave en este importante paso para parar la impunidad. En el aniversario de la resolución, cuando los Estados se preparan para la primera reunión del grupo de trabajo (6-10 de julio 2015, en Ginebra), este Mapa Temático actualiza los casos presentados en la Audiencia del TPP de Ginebra y recuerda la continuidad de la impunidad que justificó aquel tribunal.

La Audiencia del TPP en Ginebra se situó en continuidad con tres sesiones anteriores organizadas por la Red Bi regional Enlazando Alternativas, que han juzgado hasta 46 casos de violación de derechos humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la audiencia de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen hegemónico global legal, económico y político  que constituye los elementos sistémicos de una Arquitectura de la Impunidad, tales como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del TPP en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en el Sur de África, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula dentro de un proceso mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como del rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.

Este Mapa Temático ha sido preparado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad, a través de la colaboración de algunos de sus miembros: el Transnational Institute (TNI), el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y, más importante, los movimientos de comunidades afectadas y organizaciones aliadas, directamente responsables por la presentación de cada uno de los casos emblemáticos referenciados en el Mapa.

 

Derechos Humanos sin Fronteras

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Ordenamiento territorial para planificar el desarrollo y resolver democráticamente los conflictos por usos y ocupación del territorio.

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La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.

Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.

Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.

En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.

Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.

Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.

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Presentarán petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230

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10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


Email: [email protected]
Teléfono: 332-6525

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