Pleno del Congreso verá hoy aprobación de Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales

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El Pleno del Congreso de la República ha agendado en el punto 5 de su sesión de hoy jueves 09 de abril, el debate del proyecto de ley 3941: «Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social», también denominado el «cuarto paquetazo», dictaminado por las Comisiones de Economía y la de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Ha sido inusitada la rapidez con que se ha puesto en agenda el citado proyecto, y es muy probable incluso que se intente exonerarlo de plazo de publicación.

Es lamentable que la Comisión de Pueblos del Congreso haya sido expedita en tramitar el dictamen del Congreso, pero no lo haya sido cuando se debió invitar formalmente a las organizaciones nacionales para que participen brindando sus puntos de vista y aportes, ni cuando debió haber considerado la aplicación de la consulta previa legislativa a un proyecto de ley que afecta los derechos de los pueblos indígenas y los ambientales, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT al Estado Peruano.

Exigimos a los congresistas que consideren los aportes que hay hecho llegar las organizaciones nacionales de pueblos indígenas como el Pacto de Unidad y AIDESEP, y tomen en cuenta los que en su momento enviamos desde Red Muqui, y remarcamos temas centrales en ese sentido:

– Que no se bloquee definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos a la propiedad y posesión comunal, a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas.

– Que no se agudice la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental y no se anulen los avances del SENACE. Puesto que, en su primera disposición complementaria transitoria, el proyecto establece que mientras no se dé la transferencia de funciones desde los sectores, que no tiene fecha de culminación, el Ministerio de Energía y Minas seguirá cumpliendo el doble rol actual, de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, aprobando títulos habilitantes, al igual que los demás sectores, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se toman hasta la fecha.

– Que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

– Que, al no existir a la fecha una referenciación de las tierras eriazas de parte del Estado, no se puede establecer que éstas no están siendo ocupadas y son de su propiedad, o que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, demandamos al Congreso de la República que no apruebe en pleno finalmente ésta norma, por los derechos que afecta, y los riesgos para la paz social que conlleva.

Lima, 09 de abril de 2015

PRENSA MUQUI
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Congresista nacionalista Nayap: “si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

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Ayer al mediodía, luego de la aprobación por parte de sólo 6 congresistas del proyecto de ley 3941 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología, se realizó en el Hall de los pasos perdidos del Congreso de la República una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de AIDESEP Henderson Rengifo, el representante del Pacto de Unidad Marcelino Bustamante, y los congresistas Verónika Mendoza, Eduardo Nayap y Claudia Coari.

La Congresista Verónika Mendoza planteó  su preocupación porque el proyecto aprobado “bloquea el proceso de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas”. Además se plantean que “si una comunidad quisiera ejercer su derecho a la posesión, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel, lo que es una agresión expresa”.

Según Mendoza, “lo único que está generando el gobierno con la aprobación de medidas como el proyecto de ley 3941 es conflictividad e inseguridad jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los propios inversionistas”.

 

Por su parte el Congresista Eduardo Nayap remarcó: “Soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que siento. Que un gobierno que se dice de “inclusión social”, habiendo aprobado la ley de consulta previa, emita un proyecto de esta naturaleza, es indignante”.

Nayap señaló que “los indígenas junto con los campesinos no somos miles, somos millones. Veremos su reacción cuando se levanten los pueblos por la aplicación del proyecto de ley aprobado”.

Finalmente señaló que, “el desarrollo no puede ser a costillas de los pueblos indígenas que viven en sus tierras desde antes de la existencia de la República del Perú”. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

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Red Muqui renueva su compromiso por la defensa y promoción de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería

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RED MUQUI RENUEVA SU COMPROMISO POR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS POR LA MINERÍA

La RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones de 11 regionales a nivel nacional, que desde hace 12 años acompaña a comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

La RED MUQUI, sus miembros y aliados a nivel nacional e internacional, vienen siendo objeto de un ataque sistemático de parte de gremios empresariales, empresas mineras y sus operadores que aparecen como “opinólogos” en diversos medios de comunicación a nivel nacional y local, para difundir mentiras e información inexacta o utilizada malintencionadamente sobre nuestro accionar, con el fin de restar credibilidad a nuestra labor, y afectar nuestra imagen pública.

Sobre el particular nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques injustificados que sufren los miembros de Red Muqui y nuestros aliados por el sólo hecho de acompañar a comunidades y poblaciones que nos solicitan asesoramiento y apoyo para ejercer la defensa de sus derechos.

2. Aclaramos que ni la Red Muqui ni las instituciones que la conforman, tienen vinculación partidaria alguna en su accionar. Red Muqui apoya las causas de poblaciones y comunidades que nos lo han solicitado, las que consideramos justas y de las que tenemos elementos técnicos y legales para sustentarlas, como el caso de Tía María, recientemente.

3. Asimismo refirmamos que no somos contrarios a las inversiones, sino que exigimos que éstas sean responsables, respetuosas de los marcos normativos nacionales e internacionales, y de los derechos humanos y el ambiente, pues deben mejorar la calidad de vida y fomentar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de las personas, no afectarlos, pues esa es la verdadera manera de “medir” el desarrollo.

4. Red Muqui tiene como lema ser una Red de “Propuesta y Acción”, por ello además de acompañar casos que consideramos emblemáticos, nos caracterizamos por plantear propuestas, que justamente surgen del estudio de casos. En este sentido, el año 2014 hemos difundido en el marco de la campaña electoral regional y local, el documento «Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú» en nueve ejes temáticos, que han sido parte de la discusión en diferentes regiones del país, y que esperamos también sean parte del debate en el proceso electoral nacional.

5. Hacemos un llamado a las diferentes instancias de gobierno para recordarles que es una obligación que les compete el acompañar y dar asesoramiento a las poblaciones y comunidades que habitan en zonas mineras, a fin de evitar vulneraciones de derechos. Lamentablemente dichas instancias, en su mayoría no cumplen su rol garante de derechos, sino que priorizan la inversión en cualquier lugar y a cualquier costo, por ello buscan a instituciones y redes como la Red Muqui y sus miembros, para que les brinden información técnica y legal sobre su situación, a fin de defender sus derechos.

Finalmente, debemos decir que la defensa de los derechos de las personas y del ambiente no debería ser motivo para la persecución y reglaje de quienes la efectúan, sino que las instituciones dedicadas a éstos temas, y los dirigentes sociales y autoridades defensores de derechos, antes que recibir diatribas y seguimiento, deberían más bien recibir garantía y apoyo para ejercer su tarea, en tanto el Estado no asuma el rol que le compete.

Lima, 07 de abril de 2015

 

RED MUQUI
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SENACE se presentó ante Sociedad Civil bajo promesa de ser estrictos con quienes elaboren los EIA

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  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

“La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.

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Comunicado de la CUNARC – PERÚ (22.06.15)

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La Centra Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÙ), hace un llamado a todas las bases ronderas, comunidades campesinas y nativas, que de todas maneras realizaremos el paro de hoy 22 de junio a nivel nacional junto a la Confederación Nacional Agraria del Perú y de más organizaciones campesinas e indígenas que formamos parte del Pacto de Unidad.

1. En tal sentido les pedimos a los pueblos originarios a no dejarnos sorprender por las versiones que están emitiendo los operadores del Gobierno de Ollanta Humala, la CONFIEP y los del poder Ejecutivo y Legislativo, al decir que las rondas campesinas ya no hay razón para que protesten  porque ya no serían afectadas en nuevo Código Penal y ya no verían afectado su derecho a impartir justicia, debido a que el artículo que les quitaba dicha potestad en sus respectivas jurisdicciones será eliminado del proyecto de nuevo Código Penal. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren.

2. Debemos informales que nosotros como Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), no estamos pidiendo ninguna anulación de los artículos 14 (Diversidad cultural e interpretación intercultural) y 16 (Jurisdicción especial), tal como lo dice en un informe que nos hace llegar el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica Juan Carlos Eguren a través del oficio Nº 942-2014-2015-CJDHH/CR-P.

3. Lo que estamos pidiendo como CUNARC-P es que consideren LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA EL RESPETO DE LA JUSTICIA RONDERA FRENTE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL y la propuestas como CUNARC-P del ARTÍCULO 16 DE CÓDIGO PENAL. Esto en cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 8y9 del C169 de la OIT, del artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, del artículo 1 de la Ley de Rondas campesinas–Ley 27908, que dispone la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas, las rondas campesinas gozan del ejercicio de funciones jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario. En consecuencia, las rondas campesinas no pueden estar excluidas de la aplicación de la ley y jurisdicción penal ordinaria.

La CUANRC-P estamos proponiendo la siguiente redacción alternativa al artículo 16 del proyecto de Nuevo Código Penal:

a) La ley penal ordinaria no se aplica a las autoridades ni miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas ni comunidades nativas, por el cumplimiento del derecho consuetudinario y/o el ejercicio de la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política.

b) Los miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas o comunidades nativas, no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria ni procesos administrativos, en los casos que corresponden al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

4. Además nuestra protesta del día de hoy 22 de junio y del día 9 de julio es por lo antes mencionado y por la anulación de las leyes que el Estado ha aprobado para facilitar el despojo de la tierra y territoriode comunidades y pequeños productores, mediante leyes (Ley N°30230, Ley N°3941, recientemente aprobada por el Congreso de la República, Ley N° 30151 y DS 001-2015-EM) que ponen en riesgo la seguridad jurídica, violación a los derechos humanos, el derecho sobre tierras y territorios y sobre sus recursos naturales (tierra, agua, etc…), en favor de la gran inversión.

5. El abandono intencionado del Estado a la pequeña agricultura familiar y comunitaria, que es una enorme fuente de ingresos, de empleo y de alimentos para el país. Mientras se promociona, subsidia y apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria.

Atentamente

Ydelso Hernández Llamo
Presidente de la CUNARC-PERÙ

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