Perú cerrará el 2023 con el pico más alto en conflictividad social de los últimos 7 años
El país no solo atraviesa una larga crisis institucional, democrática y de derechos humanos, sino también en cuanto a la conflictividad social que, este 2023, alcanzó el pico más alto de los últimos siete años. Así lo revela el 33° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presentado la semana pasada por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
Los casos superan los 220, en su mayoría (más del 60%) responden a la categoría de socioambiental. El 67% de los cuales están vinculados con la minería. Esta cifra muestra una constante que ya dura casi dos décadas.
“El incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macrorregión, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría (del Pueblo) que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.
En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos. Entre estos, Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, Huanta por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca en Ayacucho y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).
Además, el informe del OCM advierte sobre el incremento de la minería informal e ilegal en zonas de frontera. Hay indicios de actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que no solo se diversifican, sino que se complementan entre sí. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.
Este reporte también analiza la propuesta del Ejecutivo de destrabar proyectos mineros, que va de la mano del discurso y presiones del empresariado por lograr la reducción de los estándares ambientales y sociales. De igual manera, el documento aborda otros puntos, entre ellos la preocupación por la seguridad hídrica, expone casos emblemáticos de los conflictos sociales en las regiones y el inminente peligro de déficit hídrico.
¿Qué ocurre en el interior del país?
Sobre la conflictividad minera, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, expresó que, si bien la atención mediática se ha centrado en la crisis política y social, los conflictos ecoterritoriales en zonas mineras se han mantenido como una constante.
“Los reclamos en los territorios han sido más fuertes, pero invisibilizados por el gobierno y los medios (de comunicación). Particularmente, los conflictos se han agudizado en la minería informal e ilegal, llegando a picos de violencia incontrolables para los gobiernos regionales y el nacional”, culminó.
Tampoco las tendencias sociales y políticas para el próximo año son alentadoras, por lo que la conflictividad asociada a la minería seguiría en aumento.
