Los asistentes al Foro Público internacional “Experiencias de vigilancia ambiental participativas y políticas públicas para la gestión sostenible de los recursos naturales en América Latina” realizado en la ciudad del Cusco el día miércoles 09 de noviembre del 2016, provenientes de los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, y de diversas regiones andinas y amazónicas del Perú, nos dirigimos a la opinión pública peruana para manifestar lo siguiente:
- Planteamos la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental en el Perú, devolviendo a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, sus funciones sancionadoras, para que ejerza los medios coercitivos necesarios para exigir a las empresas el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales, a fin de evitar mayores impactos ambientales y sociales. Por ello exigimos que se discuta y apruebe el proyecto de ley presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
- Fortalecer el marco de la gestión ambiental en el Perú, con el reconocimiento de los más de 30 Comités y organizaciones que realizan acciones de vigilancia y monitoreo ambiental participativo en nuestras regiones andinas y amazónicas, y los resultados que sus actividades generan, como primer eslabón de alerta temprana dentro del sistema nacional de gestión ambiental. Actualmente existe una iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental” que fue presentado en el Congreso de la Republica y que busca reconocer a estos vigilantes y monitores ambientales comunales.
- Revisar los marcos normativos y las políticas públicas que flexibilizan las garantías sobre territorios de las comunidades, buscando eliminarlas despojándolas de sus territorios y obligándolas a desplazarse, desregulando los estándares ambientales, y limitando la institucionalidad ambiental, que no recibe el apoyo necesario para ejercer sus limitadas funciones de fiscalización.
- Recuperar el carácter vinculante de la Zonificación Económica y Ecológica y el Ordenamiento Territorial, como mecanismos que establezcan niveles de protección a las cabeceras de cuenca, ecosistemas frágiles generadores de recursos hídricos, y zonas de producción de alimentos que permitan la soberanía alimentaria para el Perú.
- El crecimiento indiscriminado y sin mayores restricciones de concesiones otorgadas para actividades extractivas, sin que además haya mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa, genera mayor impacto en las actividades económicas locales como la agricultura familiar, la que además no recibe apoyo de parte de las entidades correspondientes del Estado. De esa manera nuestra economía no se puede diversificar y sigue siendo dependiente de las actividades extractivas, sin que nuestras comunidades tengan derecho a elegir sus modos de vida.
Esperamos que el Congreso de la República y las instancias competentes del Poder Ejecutivo, tomen en consideración las preocupaciones que planteamos y acojan las propuestas que consideramos son importantes para lograr la prevención de los conflictos sociales, una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.
Cusco, 09 de noviembre del 2016.
