DETERMINA ÚLTIMO LIBRO DE OXFAM EN PÉRU

  • Esta norma, conocida como ‘paquetazo ambiental’,  representa un caso de captura política del Estado
  • Nuevo gobierno debe fortalecer institucionalidad ambiental
  • OXFAM lanzó publicación "CUANDO EL PODER EXTRACTIVO CAPTURA EL ESTADO"

En el marco de la presentación de la publicación: “Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú”, del investigador y experto en grupos económicos, Francisco Durand, y que contó con el apoyo de Oxfam en Perú, se discutieron procesos de captura política en el país, así como los efectos negativos de la Ley N° 30230 - Ley que establece medias tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (julio, 2014), conocida como ‘paquetazo ambiental’.

En opinión del investigador Francisco Durand, la norma, cuyo principal impulso llegó del sector privado, es una prueba clara de captura del Estado por una élite de poder económico compuesta por gremios empresariales, medios de comunicación y think tanks. La citada ley, cuyo objetivo según su nombre lo indica fue “establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”,  legisla a través de 65 artículos en una serie de ámbitos que van desde el ambiental, social y tributario.

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En el aspecto tributario, la ley es negativa por varios factores, opina Francisco Durand. “Concede una amnistía en el caso de deudas tributarias pendientes de pago, sea cual fuere el estado en que se encuentren, con lo cual reduce la capacidad de sanción a los malos contribuyentes. Además, condona deudas que incluyen el pago de las pensiones y aportaciones al sistema nacional de salud, lo que puede ser considerado inconstitucional, en tanto esta clase de recursos son derechos inalienables”, explica. Por último, Durand resalta el hecho de que se haya suspendido la Norma XVI del Código Tributario, que calificaba la elusión tributaria, recortando esta capacidad supervisora y sancionadora de la Sunat.

Más allá de la dimensión tributaria, la cuestionada ley recortó por tres años la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), limitando la posibilidad de multar a las empresas solo en casos excepcionales. Según Milagros Salazar, directora del portal periodístico Convoca, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental  bajo esta norma, con graves efectos ambientales y económicos: “Con la ley 30230 se premió el mal comportamiento de empresas y se dejó de cobrar a empresas mineras y petroleras hasta S/.55 millones en sus primeros ocho meses de aplicación, si se toman en cuenta las resoluciones de sanción ratificadas por el OEFA”, explicó Milagros Salazar.

Finalmente, Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú, recordó que el Título III de la Ley 30230 estableció “procedimientos especiales para el saneamiento físico legal”. Según precisó, ello permite que los diversos proyectos de inversión accedan a territorios rurales de manera expeditiva, recortando poderes de la Sunarp, acelerando plazos y procedimientos,  y relativizando el necesario ordenamiento territorial.

“En un país donde cada sector estatal opera con su propio catastro, esta situación pone en riesgo la propiedad de miles de pequeños campesinos/as e incluso de comunidades campesinas y nativas que aún no han legalizado la propiedad colectiva de sus territorios”, advirtió Pinto.

En esa línea, sostuvo que los retos del nuevo gobierno deben estar marcados por una agenda abierta frente a la Ley 30230 y las posteriores normas que la reforzaron. “Es necesario repensar la institucionalidad ambiental debilitada con la 30230, así como el ordenamiento territorial como el mejor sistema de prevención de conflictos socioambientales. No se puede seguir con lógicas cortoplacistas, como las que se han impulsado en los últimos 20 años, pues no han generado resultados satisfactorios ni justos”, dijo. 

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Fuente: OXFAM en Perú

Fotos: Atoq Ramón / OXFAM en Perú

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA

Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir.

El próximo gobierno está obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.

Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional.

1. Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios?

2. Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación superior y la formación profesional técnica? ¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y fortaleciendo la Seguridad Social?

3. Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva (mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4. Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la agroecología como respuesta al cambio climático?

5. Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país?

6. Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas propuestas?

7. Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? ¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? ¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos de participación ciudadana?

8. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas

plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de concertación?

9. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar que esos hechos no se repitan?

10. Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad.

 

mayo, 2016

 

Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, y Red Muqui.

 

 

NO HAY DEMOCRACIA SIN IGUALDAD

  • Movimientos sociales de todo el país demandan propuestas concretas que se basen en la democracia y en la lucha contra las desigualdades persistentes.
  • RED MUQUI aportó y suscribió en comunicado público dirigido a candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de junio, organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas, exigen al candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas en plena vigencia de la democracia. Los/as representantes de estos grupos sociales coinciden en que no se puede hablar de democracia sin cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

“Oficialmente siete millones de peruanos/as viven en situación de pobreza monetaria, muchos de ellos en zonas rurales. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y carencias en el acceso a servicios, el número de peruanos/as pobres es bastante más elevado”, dijo Armando Mendoza, investigador de Oxfam. Mendoza explicó que si bien los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en los últimos años, no han resuelto las persistentes desigualdades que se expresan en nuestro país en diversas dimensiones como el acceso a servicios básicos y género.

En el caso de los servicios básicos, solo un 30% de peruanos/as accede a la salud por barreras geográficas, culturales o económicas, señaló, Luis Lazo de Foro Salud. Lazo detalló que las brechas de déficit de infraestructura, equipamientos y recursos humanos, genera un abismo entre la necesidad y demanda de la población, y la capacidad de la oferta del sistema de salud vigente. De otro lado, ocho millones de personas en el país no acceden a agua potable.

Sobre los estándares laborales actuales, tres de cada 10 trabajadores peruanos tienen un empleo decente, mientras que siete de cada 10 trabajan en la informalidad y en empleos precarios. Por ello, se exige la aprobación de la Ley General del Trabajo Justa y Democrática, adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores, así como eliminar los regímenes “especiales” vigentes.

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Para fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental, José De Echave, ex viceministro de Ambiente e investigador de CooperAcción identificó como puntos clave la derogatoria de los paquetazos ambientales, la promulgación de la ley de Ordenamiento Territorial, así como el fortalecimiento de la autoridad ambiental y de sus organismos adscritos.

Atender las demandas de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales, es una deuda pendiente del Estado.

La violencia contra la mujer es otra problemática desatendida. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes 2014), 72% de las mujeres peruanas declaró haber vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con Diana Miloslavich, de Flora Tristán, se requiere continuar con los planes y programas actuales de violencia contra la mujer con mayor presupuesto y voluntad política.

Encarar estás problemáticas es clave para terminar con la desigualdad en nuestro país.

Conoce el comunicado REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales aquí: http://bit.ly/25hwCWC.

Quienes suscriben son: Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, Red Muqui.

DATOS:

  • Actúa.pe es una red de vigilancia de discursos políticos, de información y de propuesta, que impulsa la participación ciudadana electoral bajo un concepto interactivo que conecta a los votantes con los/as candidatos/as.
  • Está formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, e impulsa un proceso electoral en el cual la lucha contra la desigualdad sea parte fundamental de las propuestas políticas.

 

Fuente / Fotos: Actúa.pe

POR MEDIO DE UNA CARTA

Organizaciones de la Sociedad Civil avocadas a temas medioambientales y de derechos humanos, expresaron su preocupación ante el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), y solicitaron que este pronuncie públicamente y exhorte al sector minero peruano, a construir un diálogo constructivo para prevenir o cortar el ciclo de los conflictos socio ambientales que se producen en nuestro país en torno a la minería.

Esta iniciativa de dirigirse al ICMM, responde a la posición de quienes dirigen algunas empresas y gremios mineros en el Perú, en desmedro del derecho a la consulta previa y a la situación social que existe detrás de proyecto minero.

Es así que este grupo de organizaciones y redes nacionales e internacionales, remitieron una carta al presidente del ICMM, Tom Butler, con citando algunas frases desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), que públicamente se emiten en contra de los organismos reguladores ambientales del Estado, de las comunidades afectadas por la minería, así como de ONG y dirigentes sociales de base a quienes denominan “terroristas antimineros”.

Para la sociedad civil estos comentarios de algunos miembros de la SNMPE en los medios de comunicación, contraviene a la minería social y ambientalmente responsable que promueve el ICMM, y que para ello es necesario garantizar una adecuada regulación ambiental, y el respeto a la ley de consulta previa a los pueblos indígenas del país.

“Tales comentarios no solo son opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos la sociedad civil hace para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente legal y social que permita el desarrollo sostenible del país”, resalta la carta al ICMM.

Para ello, las 16 organizaciones que dirigieron esta carta, adjuntaron las declaraciones –entre el 2013 y 2016– de Carlos Gálvez y Carlos del Solar, presidente y expresidente de la SNMPE, respectivamente; así como de Óscar González Rocha y Julio Morriberón, presidente y director de relaciones institucionales, respectivamente.

“Estamos convencidos de que comentarios como estos no reflejan los valores o principios del ICMM. Pero además, solo conducen a profundizar la polarización de la sociedad en torno a la minería., algo contraproducente en un país que necesita mejorar sus condiciones de gobernabilidad para hacer posible inversiones sostenibles”, afirmó la Sociedad Civil en la misiva.

Las organizaciones que suscribieron esta carta fueron: Oxfam América, COOPERACCIÓN, Arzobispado de Huancayo, Fundación para el Debido Proceso- DPLF, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Programa Perú, Environmental Investigation Agency-EIA, RED MUQUI, Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), Asociación Proyecto Amigo, CADEP "José María Arguedas”, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Paz y Esperanza, Red Uniendo Manos Perú, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura (REDAD), Natural Resource Governance Institute (NRGI) y la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.

DATOS:

  • El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés) es una organización liderada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable.
  • Reúne a muchas de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como asociaciones regionales, nacionales y de commodities.
  • Sus miembros están comprometidos a mejorar su rendimiento en el desarrollo sustentable y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que necesita la sociedad.

VER CARTA

DECLARACIONES DEL SECTOR MINERO PERUANO

 

Foto: Perumin

CON CARTA DE LA CIUDADANÍA

OXFAM en Perú lanzó una petición digital para que todos los peruanos y peruanas pidan a los candidatos/as que defiendan nuestro medio ambiente, a través del fortalecimiento de las instituciones medioambientales del Estado. De igual modo, este petitorio exige una mejor implementación y cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, quienes son los más afectados con la debilidad de la fiscalización ambiental que ejerce Estado, en favor de la inversión.

“Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental”, es uno de los principales pedidos ciudadanos.

Asimismo, la petición de la ciudadanía insta a la reflexión a los partidos políticos en contienda, sobre las muertes causadas por los estallidos de conflictos sociales que se suscitan por la lucha por el uso y control de nuestros recursos naturales. Es por ello, que la petición contempla la protección del derecho a consulta previa, libre e informada, así como anteponer las personas, antes que a la economía.

"Nos preocupan las constantes presiones de algunos intereses económicos por eliminar la consulta previa; y por los graves impactos que tienen ciertas leyes “pro-inversión”, debilitando las instituciones medioambientales. Mientras muchos gobiernos mejoran sus políticas ambientales, el Perú va en sentido contrario", indica parte de la carta.

En ese sentido, la iniciativa de OXFAM y de la ciudadanía firmante, también llama a la reflexión acerca de la presión que el gobierno recibe por parte de las empresas minerías, petroleras y agronegocios que por buscar mayores mercados para explotar, exigen reducir los controles socio-ambientales, afectando nuestros derechos para proteger nuestros territorios y formas de vida.

Ello se refleja en la promulgación de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.

“El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva”, se exhorta a los candidatos y a los votantes.

OXFAM Perú y RED MUQUI te invita a firma ahora y compartir la iniciativa con tus contactos: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.

 

Foto: OXFAM

AFIRMA OXFAM EN PERÚ

El representante de OXFAM en el Perú, Vladimir Pinto, indicó que una reglamentación del derecho a la Consulta Previa no permite que el Estado pueda comprender, de manera más amplia, este derecho propio de los pueblos indígenas.

“Resulta un asunto complejo, porque entrar en detalles restringe el entendimiento de este derecho. Creo que el camino de la reglamentación no es recomendable para otros países, que lamentablemente están pensando en ello como Colombia, Brasil y México, donde se discute como reglamentar el derecho a la consulta”, aseguró Pinto.

Si bien, resaltó que el Perú es un ejemplo en Latinoamérica por ser el país que tiene una ley reglamentada, así como protocolos y modificaciones en los textos de procedimientos de algunos sectores, ello no asegura el éxito de un proceso de consulta.

“Se ha hecho mucho trabajo normativo. Se ha creado una institucionalidad ADHOC, y ello es una forma homogénea de hacer las cosas, sin embargo, tenemos una entidad rectora en el Estado, pero al final cada ente tiene su propio mecanismo específico de implementar las consultas”, consideró.

Para el representante de OXFAM en nuestro país, el éxito de un proceso de consulta previa radica el plan de consulta para cada proceso específico.

“En el Perú, durante los distintos procesos de consulta que se han desarrollado, lo que determina el éxito de las consultas es el plan de consulta porque eso es lo que realmente se negocia. En la mayoría de los casos, estos planes van más allá del reglamento, y con ellos se ha llegado a modificar cosas que, incluso, están específicamente normadas”, señaló.

Durante su intervención en el evento de OXFAM “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Vladimir Pinto, resaltó el buen resultado que ha traído la consulta previa en aprobación o modificación de leyes de alcance general.

“Los casos de Consulta Previa sobre temas generales que son los que mejor funcionan, más que los casos específicos de afectación. En el Perú tenemos la reglamentación de la ley forestal, el plan nacional de salud intercultural, en donde hubo un dialogo real entre el Estado y las organizaciones y con cambios significativos entre la norma originalmente planteada”, comentó.

De igual modo, Pinto sugirió que el manejo de la cultura de la consulta previa no puede estar solo en un sector del Estado, sino que cada una de las partes involucradas en el proceso debe tener un especialista en la materia, así como un entendimiento básico de los derechos de los pueblos indígenas.

En respuesta, la Directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, puntualizó que el reglamento ayuda a determinar que se consulta todo aquello que tiene afectación directa sobre los pueblos indígenas, es decir un cambio en la situación jurídica y el ejercicio de un derecho.

“Es un gran reto explicarle a un funcionario como es que la afectación directa de los derechos colectivos y cómo eso ayuda a identificar qué es lo que se consulta”, explicó.

En cuanto a la identificación de pueblos indígenas, Acevedo dijo que el Perú cuenta con una base de datos referencial y que se va a actualizando de acuerdo a los trabajos de campo que el Estado realiza en las comunidades indígenas. Esto se debe a que en los censos poblaciones no se ha recogido información sobre ello.

La representante del Ministerio de Cultura, también aseguró que cuando se implementa el derecho a la consulta, surgen agendas que no están relacionadas al proceso o a lo que se está discutiendo en un caso particular.

“En consulta previa se discute sobre una medida que afecta el derecho colectivo. Hay una agenda indígena y otros temas pendientes que no necesariamente se van a debatir en un proceso de consulta previa. La consulta no es el remedio para los temas históricos, de titulación, acceso a la educación, salud, entre otros”, aclaró Acevedo.

DATO:

Vladimir Pinto (OXFAM Perú) y Ángela Acevedo (Ministerio de Cultura) participaron y comentaron el contenido de dos informes: "Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina", y "Índice de consentimiento de las comunidades 2015". Ambos documentos fueron presentados en el evento “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, realizado en el marco del EITI y organizado por OXFAM y el Ministerio de Cultura.

 

FOTO: Captura YouTube RED MUQUI

EN LATINOAMÉRICA

  • Indica último de estudio de OXFAM y DPLF en seis países
  • Poder Judicial cumple con darle más contenido legal al derecho a la consulta

En Latinoamérica, el vacío político es el común denominador entre las entidades encargadas del proceso de consulta, lo cual dificulta imponer ciertas decisiones en otras instituciones públicas, fue una de las grandes conclusiones del informe "Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina", elaborado por OXFAM y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Durante el evento internacional de Oxfam en el marco del EITI, “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Daniel Cerqueira, Oficial de Programas Senior de DPLF fue el encargado de presentar los hallazgos de este reciente estudio.

Oxfaminforme

El informe cubre a los países de Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y Chile, y está dirigido a los gobiernos ya que se orienta a cómo se puede perfeccionar los procesos de consulta. A nivel de Latinoamérica, Cerqueira ofreció un diagnóstico sobre se cumple el derecho a la consulta previa y acerca de las entidades encargadas de la misma.

Cómo estamos en Latinoamérica

Es así que solo Bolivia reconoce constitucionalmente, el derecho a la consulta. En el caso de Chile y Costa Rica, no se le reconoce ningún derecho a los pueblos indígenas, ni hace mención en sus constituciones. Por su parte, los países restantes (del estudio) tienen una serie de disposiciones que reconocen una serie de derechos conexos que de alguna forma han sido regulados por sus poderes.

Una de las conclusiones, es que lo común entre los 6 países del informe, es el rol que cumple el  Poder Judicial para llenar de contenido a este derecho. Ello está más presente en Colombia, donde toda decisión en torno a la consulta previa, tiene fundamentos en la Corte Institucional, mientras que en el caso peruano, destaca el Tribunal Constitucional.

Ámbito de aplicación y sujetos de la consulta

El informe da cuenta de que en Bolivia por ejemplo, excluye a la consulta en los procesos de exploración de la minería. De igual forma, se evidencia que muchas medidas legislativas tienen afectación directa en los pueblos indígenas, y no se toma en cuenta que según la legislación internacional, estas medidas también deberían ser sometidas a consulta si se considera que van a vulnerar los derechos.

Problemática de entidades encargadas

Según el estudio OXFAM-DPLF una de las entidades que más pasa por falta de apoyo y fuerza política son los ministerios de Cultura, encargados de tutelar los derechos indígenas. Un caso a resaltar es el de Brasil y la Fundación Nacional del Indio cuyos presidentes tienen cargos temporales y en su mayoría son técnicos, no ejercen política.

A esto se suma la falta de de articulación y descentralización de las entidades encargadas de la consulta, así como la falta de recursos para llevar a cabo los procesos, etc. Otra dificultad es que no cuenta con equipos multidisciplinarios, sino de más abogados.

“Lo más sencillo de resolverse con los temas legales. Lo complicado son los temas interculturales de por medio. No se encuentran funcionarios propiamente indígenas”

De igual forma, se recomienda que otros organismos que velan por los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, emitan mayores recomendaciones y de esta manera puedan denunciar incumplimiento de los estándares de consulta previa durante los procesos.

En el caso de las entidades encargadas del proceso de consulta, Colombia es el único país que tiene una dirección nacional de Consulta Previa. Sin embargo, pasa por centralizar muchas cosas, además de tener restricciones constitucionales y jurisdiccionales.

En el caso de Brasil, al ser una república federativa, el congreso no puede centralizar a una entidad especializada, ciertos procesos de consulta que son competencia de algunos municipios federales. En el caso de las consultas descentralizadas que se encuentran en la mayoría de países del estudio, se ve como estas se inclinan por las empresas públicas o privadas, esa es una tendencia. Se denomina que la consulta está descentralizada, a que son varias instituciones involucradas en el tema.

DATO

  • La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) está conformada por seis integrantes de la Comisión de la Verdad en El Salvador, cuyo aporte ha sido investigar el rol del Poder Judicial en los procesos de violencia en Centroamérica, así como el estudio de la impunidad.
  • Hace unos años esta organización decidió colocar el programa de industrias extractivas y derechos humanos ante los innumerables conflictos sociales en América Latina y que son la cusa de la fractura del estado de derechos y de la democracia.
  • La consulta y consentimiento previo se derivan del Convenio 169, en especial del artículo 6.1 y 6.2, incluso para países que no han ratificado este instrumento, pueden estar vinculados si pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a consultar a pueblos indígenas.

EN RESPUESTA A OXFAM

Tras conocer las polémicas declaraciones de algunos representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que critican, descalifican y hasta desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, al igual que el rol de las instituciones ambientales y sociales que la defienden, el presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhortó a este gremio a fije una posición oficial al respecto.

“Tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente (…) hemos compartido su carta y atraído sus preocupaciones a la atención de la SNMPE y los hemos animado a que respondan a sus inquietudes y delineen una posición oficial”, respondió Butler a la carta enviada organizaciones de la sociedad civil peruana.

Según el CEO de la ICMM este es el proceso que su organización realiza cada vez que las organizaciones de la sociedad civil observan o critican a sus miembros corporativos.

VER NOTA ANTERIOR

Butler, también anotó que durante su última visita a nuestro país, el director de Operaciones de la ICMM, Aidan Davy, participó en un evento organizado por Oxfam y el Ministerio de Cultura del Perú para discutir el tema de la consulta previa.

En ese sentido, Butler, aseguró que Davy le informó que los miembros del SNMPE estuvieron presentes y públicamente manifestaron su compromiso con la consulta previa. “Confío en que este mensaje también ha sido puesto en conocimiento de los demás signatarios”, puntualiza el máximo representante de la ICMM.

Precisamente, durante dicho evento sobre consulta previa (24 de febrero), el también Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy, remarcó que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas"; pero, al ser consultado sobre los comentarios de algunos empresarios del que pertenecen al gremio que agrupa gran parte del sector minero de nuestro país, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Como se recuerda, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

Entre los firmantes de la carta está la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: GRUFIDES, REDAD, Red Uniendo Manos Perú, Aprodeh, Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP), CooperAcción y el Arzobispado de Huancayo.

En la misiva enviada al ICMM, se incluyeron expresiones como: “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), que además de opiniones, también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca satanizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

En respuesta, Oxfam y aliados esperan que la SNMPE atiendan las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

VER RESPUESTA DEL ICMM

DATOS

  • El ICMM está conformado por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo.
  • En su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara sobre el consentimiento previo, libre e informado (CPLI). 
  • Contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio.
  • Los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas
  • Tiene como preceptos, adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Foto de Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy: Comunicaciones RED MUQUI

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