Di Caprio en los premios Óscar: No menospreciemos a nuestro planeta

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  • El discurso del actor fue a favor del medio ambiente, y a todos quienes lo defienden

El reciente ganador del Óscar 2016, el actor Leonardo Di Caprio, aprovechó el espacio para agradecer por el máximo galardón del cine, para hablar del cambio climático y concientizar a millones de televidentes en el mundo.

Con la estatuilla en manos por su papel principal en la película “El renacido”, Di Caprio remarcó que el cambio climático no es un tema que la humanidad debe postergar, mas aun cuando el 2015 ha sido el año más cálido y existen millones de personas que son más vulnerables como son los pueblos indígenas en el planeta.

“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año 2015 nos dejó el planeta más cálido de la historia. El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta para encontrar nieve. El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor amenaza para nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para después”, comentó en su discurso.

Asimismo, Leonardo DiCaprio mencionó sobre la necesidad de defender a todos aquellos líderes que se enfrentar a grandes políticos y empresas trasnacionales para defender el medio ambiente.

“Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan por los intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los indígenas, de los miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta”, aseveró.

Después de cinco nominaciones, a la Academia le pareció que su papel en El renacido merecía el reconocimiento que hace tanto tiempo el actor esperaba. Antes, el protagonista del film del director mexicano Alejandro Iñárritu había dicho: «Gracias a la Academia y a todos (…) El renacido fue producto de los esfuerzos inalcanzables de un elenco y equipo con quienes tuve la suerte de trabajar Fuera de la pantalla, el señor Alejandro Iñárritu. Al desarrollarse la historia del cine tú has abierto caminos, qué talento tan increíble», añadió.

No es la primera vez que el actor utiliza los espacios de premiación para exponer su posición sobre el medio ambiente, en su también reciente premiación en los Globos de Oro de este año (enero 2016), Di Caprio, dedicó unas palabras a los pueblos originarios norteamericanos:

«Quiero compartir este premio con toda la gente de las Naciones Originarias de Canadá representadas en esta película, y todas las comunidades indígenas del mundo. Es hora de que reconozcamos vuestra historia y que protejamos vuestras tierras indígenas de intereses corporativos y gente que quiere explotarlas. Es el momento de escucharos y proteger este planeta para las generaciones futuras», finalizó el autor de “El renacido”.


El discurso de Leonardo DiCaprio tras ganar el… por elhuffingtonpost

A continuación el breve discurso que el ganador del Óscar en la categoría de mejor actor, lanzó a los presentes en el Teatro Dolby:

“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año 2015 nos dejó el planeta más cálido de la historia.

El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta para encontrar nieve.

El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor amenaza para nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para después.

Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan por los intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los indígenas, de los miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta.

Por lo hijos de nuestros hijos y todos aquellos que han sido acallados por la avaricia de la política. Les doy gracias a todos por este increíble premio esta noche.

¡No menospreciemos a nuestro planeta!»

Fotos: CNN

Video: Dailymotion The Huffington Post

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Sociedad Civil pide a Newmont interceder ante Yanacocha y cese hostigamiento a la familia Chaupe Acuña

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AL SER ACCIONISTA PRINCIPAL

Más de 60 organizaciones y redes –nacionales e internacionales– de la Sociedad Civil le pidieron a la trasnacional Newmont que, en su calidad de accionista principal, tome medidas urgentes e inmediatas para que la minera Yanacocha cese el hostigamiento que ejerce sobre Máxima Acuña y a su familia, desde el año 2011.

En una carta dirigida al presidente y CEO de Newmont, Gary Goldberg, las organizaciones civiles firmantes, cuestionaron que el funcionario acuda a la sétima conferencia internacional del EITI para promover la transparencia en minería y hablar sobre las comunidades afectadas por la actividad extractiva, mientras Yanacocha vulnera los derechos de una familia campesina que decidió no vender sus terrenos al proyecto Conga.

“Lamentamos (…) y rechazamos rotundamente que mientras usted inaugura un evento que promueve la transparencia en actividades extractivas, la trasnacional que dirige, junto con la empresa Buenaventura –su socia en Yanacocha– violen de manera sistemática, prepotente y abusiva, los derechos humanos de la Señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia”, aseveraron en la carta a Newmont.

En ese sentido, las Sociedad Civil nacional e internacional, le detalló Newmont los atentados que estos agricultores vienen soportando por proteger su terreno de Tragadero Grande (Celendín, Cajamarca); del mismo modo le informaron a Goldberg sobre la situación judicial de este caso, tal como el fallo final de la Sala Penal de Cajarmarca (17 de diciembre, 2014), y la medida cautelar a favor de los Chaupe (5 de mayo, 2014) dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“(…) Yanacocha actúa ignorando los protocolos internos de Newmont y los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, asumidos voluntariamente por las principales empresas mineras del mundo (…)”, se recalca en la misiva.

Tras resaltar que Newmont forme parte de la iniciativa EITI y que se oriente a generar transparencia desde la minería, la Sociedad civil peruana e internacional le recordó a Goldberg que solo sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se puede llevar un diálogo alturado y responsable sobre el rol de la minería en estrategias socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

VER CARTA EN ESPAÑOL

VER CARTA EN INGLÉS

Goldberg en el EITI

El 24 de febrero último, Gary Goldberg expuso en la sesión plenaria de la 7ª Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), y aseguró que junto a otros líderes del sector minero mundial, han participado en algunas reuniones con el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, organismo que ha venido recibiendo quejas y exhortos de comunidades y pueblos afectados por la minería en el mundo.

Según el presidente de la principal accionista de la minera Yanacocha, ahí pudo acercarse a la gente que afirmaba que la minería es la causa de todos los males. De igual modo, comentó que han invitado y llevado a diferentes organizaciones mundiales e instancias de la iglesia, a conocer los lugares donde realizan sus actividades extractivas. Ello para “desbaratar las mentiras que se crean en torno a la minería”.

Pese a ello, Gary Goldberg reconoció es muy importante lograr la licencia social, porque ello les permite desarrollar sus proyectos de oro, en el caso de Newmont.

“Es cierto que hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Estamos buscando el bien común. Nos estamos asegurando que los ingresos lleguen a las comunidades”, apuntó Goldberg.

Transparencia e imagen minera

En otro momento de la Conferencia Global del EITI en Lima, indicó que su trasnacional viene trabajando con otras 22 empresas en la mejora de la industria minera, a través del EITI.

Igualmente destacó que en sus 35 años de experiencia, ha ido cambiando su mirada hacia la búsqueda de nuevos compromisos y uno de ellos es la transparencia.

“Las empresas deben cambiar sus perspectivas respecto a la transparencia. Ello con el fin de que la percepción de la gente acerca de la minería cambie. La gran mayoría no confía en los informes que presentan las mineras”, afirmó.

Asimismo, Goldberg propuso que en minería debe haber mecanismos que permitan mayor transparencia, más allá del vaivén de los precios de los minerales y la naturaleza cíclica de los mismos.

Como una cuestión pendiente, el máximo representante de Newmont advirtió que el sector minero debe tomar en cuenta las recomendaciones del EITI. “Solo 10% de las recomendaciones se llevan a la práctica. De cumplir con la mayoría de estas, podríamos mejorar la aplicación del EITI y lograr la transparencia que todos deseamos alcanzar como meta”, remarcó.

Foto: PT Newmont / Colectivo Tajo abierto / Twitter MINEM

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La sociedad civil peruana ante la VII conferencia global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA – Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

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Chinalco podría afectar la alta calificación internacional del Perú ante el EITI

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AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

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Grupo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH demanda al Estado atender recientes derrames de petróleo y sus impactos

El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Los derrames ocurridos demuestran el descuido y la desidia del Estado peruano con respecto al mantenimiento de sus propias instalaciones estratégicas energéticas que atraviesan tramos importantes y altamente sensibles de la región amazónica y territorios de comunidades nativas, violando el derecho de los ciudadanos peruanos a conservar un ambiente sano y contar con garantías para su salud. Estos derrames se suman otros dos que en menos de dos años ocurrieron en el Oleoducto Nor Peruano que afectaron gravemente a las comunidades de Cuninico, San Francisco y San Pedro. En ese sentido, solicitamos la renovación del ducto ampliamente deteriorado, así como el establecimiento de una indemnización en favor de las comunidades nativas afectadas.

Demandamos que los Ministerios del Ambiente, Cultura y Salud asuman su deber de protección de la naturaleza y de la salud y vida de las comunidades nativas de la zona, y que Petroperú realice la pronta remediación de la zona afectada. Asimismo, exigimos la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, por sus lamentables declaraciones en las que ha afirmado que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas. No obstante es notorio que han sido niños y ciudadanos de las comunidades afectadas quienes recogieron con sus propias manos el crudo derramado sin la debida protección. Por ello debe brindarse también la atención de salud que corresponde a una emergencia de éste tipo.

En vista que no son los primeros derrames de crudo del Oleoducto Nor Peruano, exigimos el cierre inmediato de esta instalación hasta que la misma se renueve o, al menos, reciba el mantenimiento necesario y se adopten todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos derrames. Por ello es que saludamos la reciente Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el OEFA ordena como medida preventiva que Perupetro otorgue, respecto a los tramos I y II del ramal Norte del Oleoducto Nor peruano, el mantenimiento efectivo, inmediato e integral de las partes del ducto que no han sufrido deterioro severo y el reemplazo del ducto de aquellas secciones que han sufrido deterioro severo. Lo que a esta resolución de OEFA le faltó es ordenar la inmediata paralización del bombeo de petróleo hasta que Petroperú realice el mantenimiento y el reemplazo del ducto (o al menos establecer un plazo máximo para que OEFA realice las acciones que se le ordenan).

Asimismo, reconocemos los esfuerzos y alertas de las comunidades nativas afectadas y sus organizaciones representativas de CORPI SL, ORPIAN-P y AIDESEP que denunciaron estos hechos y están en la zona atendiendo la grave situación, por lo que respaldamos sus demandas.

febrero, 2016

 

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Lanzan petición a candidatos para que se comprometan a fortalecer instituciones medioambientales

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CON CARTA DE LA CIUDADANÍA

OXFAM en Perú lanzó una petición digital para que todos los peruanos y peruanas pidan a los candidatos/as que defiendan nuestro medio ambiente, a través del fortalecimiento de las instituciones medioambientales del Estado. De igual modo, este petitorio exige una mejor implementación y cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, quienes son los más afectados con la debilidad de la fiscalización ambiental que ejerce Estado, en favor de la inversión.

“Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental”, es uno de los principales pedidos ciudadanos.

Asimismo, la petición de la ciudadanía insta a la reflexión a los partidos políticos en contienda, sobre las muertes causadas por los estallidos de conflictos sociales que se suscitan por la lucha por el uso y control de nuestros recursos naturales. Es por ello, que la petición contempla la protección del derecho a consulta previa, libre e informada, así como anteponer las personas, antes que a la economía.

«Nos preocupan las constantes presiones de algunos intereses económicos por eliminar la consulta previa; y por los graves impactos que tienen ciertas leyes “pro-inversión”, debilitando las instituciones medioambientales. Mientras muchos gobiernos mejoran sus políticas ambientales, el Perú va en sentido contrario», indica parte de la carta.

En ese sentido, la iniciativa de OXFAM y de la ciudadanía firmante, también llama a la reflexión acerca de la presión que el gobierno recibe por parte de las empresas minerías, petroleras y agronegocios que por buscar mayores mercados para explotar, exigen reducir los controles socio-ambientales, afectando nuestros derechos para proteger nuestros territorios y formas de vida.

Ello se refleja en la promulgación de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.

“El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva”, se exhorta a los candidatos y a los votantes.

OXFAM Perú y RED MUQUI te invita a firma ahora y compartir la iniciativa con tus contactos: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.

 

Foto: OXFAM

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Redes y Colectivos de la Sociedad Civil convocan al plantón de protesta «TODXS POR MÁXIMA»

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, RED MUQUI, DEMUS el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, han convocado a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes desde hace meses vienen sufriendo hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha.

La acción está programa para este martes 16 de febrero desde las 4 y 30 de la tarde. El objetivo como Sociedad Civil, es que desde el espacio ciudadano, se visibilice y denuncie la hostilidad que Yanacocha utiliza como medio para obtener los terrenos de los Chaupe Acuña para la actividad extractiva del proyecto minero Conga.

Para ello, la CNDDHH, ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia a las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima. Como parte de las intervenciones, se realizará una Alfombra Roja humana y se tenderá una tela larga donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para participar en esta intervención, ingrese a: on.fb.me/1Xisr8C

Desde hace 4 años, la familia Chaupe Acuña sufre una serie de atentados en su propiedad, sin embargo, la empresa Yanacocha ha intensificado los hostigamientos con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con una dron. Pese a esta situación, el Estado peruano permanece indiferente, pese a las denuncias que la defensa de Máxima Chaupe ha presentado ante la Fiscalía de Cajamarca.

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención URGENTE sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia; asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicaron en un comunicado.

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

Foto: Diseño RED MUQUI

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Ciudadanía dirige petición a ministro del Interior y Fiscalía de la Nación por caso Máxima Acuña

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Amnistía internacional viene recogiendo firmas para firmar una carta de petición dirigida al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; en la misiva cada ciudadano -con su nombre, D.N.I. y correo electrónico- podrá pedirle a dichas autoridades que se ocupen del caso de Máxima Chaupe e intervengan ante el hostigamiento, que ella y su familia sufren por parte de la minera Yanacocha, empresa que reclama como suyos los terrenos de esta familia campesina.

FIRMA AQUÍ

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia en el norte de Perú, han denunciado nuevos actos de intimidación y acoso perpetrados contra ellos, en esta ocasión por personal de seguridad de una empresa minera. Mantienen una disputa legal con la empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven. Creen que los continuos actos de acoso e intimidación que sufren son un intento de obligarlos a marcharse.

Según organizaciones locales de derechos humanos, a las nueve y media de la mañana del 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de papas que mantenían para su propio consumo. La familia denunció el incidente ante el Ministerio Público.

Dos días antes, el perro de la familia había sido hallado vivo pero con una herida de arma blanca en el cuello.

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, llevan años manteniendo una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La empresa minera impugnó la decisión, y el 9 de marzo de 2015 la Corte Suprema confirmó la primera sentencia de absolución. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía y de personal de seguridad privado de la empresa minera Yanacocha, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de sus tierras. El 3 de febrero de 2015, el abogado de Máxima Acuña dijo a la prensa que al menos 200 policías habían entrado en las tierras de la familia y habían demolido una ampliación que Máxima estaba construyendo en su casa. Máxima Acuña y su familia describieron que estaban construyendo la ampliación para apoyar la estructura de su casa actual contra la lluvia.

El 20 de enero de 2015, Máxima Acuña y su familia denunciaron estar sufriendo acoso e intimidación por parte de la policía en su casa. Unos días después, el abogado de Máxima Acuña dijo a Amnistía Internacional que más de 15 policías y guardias de seguridad privada habían entrado en las tierras de la familia y habían empezado a tomar fotografías de la casa. Cuando la familia preguntó a los policías por qué estaban en su propiedad, ninguno respondió, y tampoco mostraron documentos legales que respaldaran sus acciones. El 30 de enero de 2014, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armado, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero de 2014 para intimidarla de nuevo.

 

Carta de petición:

Sr. José Luis Pérez Guadalupe

Ministro del Interior

Sr. Pablo Sánchez Velarde

Fiscal de la Nación Señor Ministro,

Señor Fiscal, Señor Ministro.

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el caso de Máxima Acuña y su familia. Según organizaciones locales de derechos humanos, el día 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de patatas que mantenían para su propio consumo.

Le recuerdo que: – Se debe proteger a Máxima Acuña y a su familia frente a cualquier acto de intimidación, conforme a los deseos de la propia familia, y deben respetar sus derechos humanos en todo momento, incluido su derecho a la parcela en la que viven. – Me preocupa que Máxima Acuña y su familia han sido objeto de una campaña de intimidación y acoso por miembros de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha y que, hasta ahora, ninguno ha comparecido ante la justicia – Además le pido ordenar un investigación exhaustiva e imparcial de sus denuncias de destrucción de cultivos y a llevar a los responsables ante la justicia.

Fuente: Amnistía Perú

Foto: Captura página web Amnistía Perú

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