Ginebra. La delegación del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente –que agrupa a 21 organizaciones sociales de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina- presentaron hoy en la sesión paralela ante la ONU rumbo al EPU China el informe alternativo que demuestra violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de empresas Chinas en Latinoamérica. El informe presenta un análisis de casos por país, donde se ilustra los tipos de vulneraciones en 18 proyectos (mineros, petroleros e hidroeléctricos), por ejemplo, 15 de estos proyectos se encuentran en territorio indígena, 11 en áreas naturales protegidas y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

En la actividad que duró hora y media, ocho representantes de los cinco países impactados por los proyectos de inversión china informaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de leyes y convenios de derechos humanos en los que vienen incurriendo los consorcios y bancos chinos. Por ello, señala Julia Cuadros, miembro ejecutivo de la Ong peruana CooperAcción: “En nuestro informe recomendamos que China debe ratificar el Convenio 169 de la OIT, y estamos complacidos de que el Consejo de Derechos Humanos haya recogido en su Resumen las  comunicaciones de las partes interesadas”.

En la sesión paralela, Sofía Jarrín enfatizó en las recomendaciones del colectivo, que la República Popular China respete, proteja y cumpla los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas y que la forma de hacerlo es incorporando los principios, convenios y tratados de DD.HH. en los acuerdos bilaterales y en los contratos de los proyectos”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) miembro del colectivo señaló que hay un patrón recurrente de comportamiento de las empresas e inversionistas chinos, marcado por la violación de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente y que dada la escala de del financiamiento chino, China se ha tornado un actor crítico, a nivel global, para la vigencia de los derechos humanos.

La delegación que se encuentra en Ginebra ha sostenido diversas reuniones con los altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos – OHCHR y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea, y con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay  y  Nueva Zelanda.

La Oficina del Alto Comisionado reconoció el trabajo del CICDHA y de las 21 organizaciones suscriptoras de los 8 informes sombra y la importancia de un proceso que articule a los afectados en el territorio, las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los impactos de las empresas chinas en la región. Así, Sebastien Guilioz responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado, destacó que la información proporcionada contribuye sustantivamente al aterrizaje de las estrategias diseñadas para que Consejo de Derechos Humanos apoye al Estado Chino y la implementación de una agenda de Derechos Humanos.

En la reunión también participó la responsable de las Américas de los cinco países afectados, la responsable de Pueblos indígenas y grupos étnicos, la responsable de empresas y derechos humanos y la responsable del tema de defensores.

Una delegación del CICDHA, también participó en la sesión consultiva entre la sociedad civil y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea. En el encuentro con delegaciones de todo el mundo se presentó la iniciativa regional, los resultados del proceso y las recomendaciones para el Estado chino.

Reporte regional: http://chinaambienteyderechos.lat/reports/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8DbTFVBIZGI&t=50s

Inversiones chinas en Perú es un documental interactivo que analiza el comportamiento de cuatro empresas mineras chinas en Perú: Las Bambas, Shougang, Chinalco y Río Blanco Cooper, en cuanto a derechos humanos, derecho laboral y sindical, derecho a la tierra, el territorio; derecho a la vida, a la integridad.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones.

Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Los principales productos exportados a China son los minerales de cobre y sus concentrados con un valor de más de 5 millones de 67% del total de las exportaciones tradicionales. Esto ha generado que China tenga gran influencia en el mercado de América Latina. En el Perú las empresas chinas han cometido una serie de atropellos a los derechos humanos como en el caso de Las Bambas, en Apurimac donde, además, el Estado tiene alianzas con la policía nacional. El otro caso emblemático es el de Río Blanco ubicado en Piura.

Dirigentes de comunidades de Piura siguen denunciando públicamente que la minera china Xiamen nunca ha contado con el permiso social y ocupa ilegalmente el territorio. A pesar de ello, el 2016, Perú y China firmaron un convenio para la promoción del proyecto minero Río Blanco. En el campo laboral, varias empresas mineras chinas que operan en Perú se destacan por desconocer los derechos fundamentales en el trabajo, amparados por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la empresa Shougang Hierro Perú SAA, donde prevalecen bajos niveles remunerativos, altos niveles de conflictividad laboral, así como un largo historial de denuncias por malas prácticas laborales.

Te invitamos a navegar y conocer estos cuatro casos que representan más de US$17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

http://inversioneschinasperu.org/index.html

Esta semana se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en EE.UU. un informe donde se señala la “Grave situación de la salud de los trabajadores mineros en Perú y responsabilidad del Estado y las empresas”. Estuvieron presentes para dar su testimonio, dos ex trabajadores mineros: Saúl Juárez y Richard Herrera Gálvez, ambos con serios problemas de salud. El Estado por su parte afirmó que no tiene la información suficiente respecto a este tema.

Las organizaciones que sustentaron el documento ante la CIDH fueron la Red Muqui – Perú, Instituto Natura – Chimbote, Perú y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible- GRUFIDES – Cajamarca, Perú. La abogada Mirtha Vásquez quien expresó su preocupación por la situación de salud de trabajadores y poblaciones expuestas a metales tóxicos en zonas de minería. “Detectamos que vacíos e insuficiente regulación, incluso el Estado ha flexibilizado normas ambientales para beneficiar a empresas y esto ha generado que se incremente el riesgo en la salud de las poblaciones”, afirmó.

Agregó que “se tiene conocimiento de varios casos, por ejemplo, en La oroya donde se ha detectado que el 99% delos niños tiene plomo en la sangre. También en una situación similar se encuentran los poblados de Simón bolívar en Pasco. Otra población afectada es la de Hualgalloc en Cajamarca y el caso emblemático de Choropampa donde ocurrió un derrame de mercurio que afectó gravemente la salud de la personas”.

Alan Richard Herrera Gálvez, ex trabajador de Minera Yanacocha, afirmó que laboró de 1998 hasta fines del 2012, durante el tiempo que trabajó tuvo problemas de alergias, luego, presentó   una ginecomastia. En los exámenes que la empresa le realizaba no se registraban mayores problemas. “Sin embargo, mi persona presenta altos niveles de mercurio, bario y arsénico” en el organismo y añadió que ello fue a causa de la exposición en el desempeño de sus labores.

Juárez Flores, ex trabajador de Antamina, aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos, que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

Por su parte, Guillermo Martínez, director del Instituto Natura en Áncash, aseveró que se demanda al Estado, la atención inmediata a la problemática de salud. También, que se trabaje una normativa que coloque los derechos de las personas por sobre un interés económico. El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke sostuvo ante la CIDH: “ Consideramos que el Estado debe asumir un rol fiscalizador y garante de derechos humanos. Debe apostar por un desarrollo que sea sostenible y respetuoso de la vida y la salud, no solo los trabajadores mineros porque los trabajadores viven con sus familias en las zonas donde hay actividad minera. Hay personas que están afectadas directamente por las actividades mineras”.

El procurador del Estado lamentó la situación de salud de los trabajadores presentes y aseguró que el Estado , tiene entidades encargadas de supervisión de la seguridad y la salud en el trabajo. Afirmó que tiene un sistema de reglamentación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y leyes que “aseguran un dialogo social”. Afirmó que se están generando instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El comisionado cuestionó si existen investigaciones en curso y ya con resultados sobre la problemática de salud, trabajadores mineros y poblaciones afectadas Y qué mecanismos de remediación existen en materia salud para los trabajadores. Las organizaciones sociales, por su parte, señalaron en su informe que se debería “ Establecer normativa y políticas públicas de prevención y protección de la salud, que exijan a las empresas mineras asumir y brindar una atención primaria, prioritaria y especializada a todos sus trabajadores afectados por los impactos generados por la actividad minera durante su época laboral activa como posterior, y también a sus familias y personas en general, afectadas por la exposición crónica a metales tóxicos”. También suscriben que el Estado sebe “asumir un rol supervisor, fiscalizador y garante de un desarrollo sostenible que permita el goce de un ambiente equilibrado en respeto a la vida y la salud humana de los trabajadores mineros, sus familias y las personas que habitan en entornos mineros”.

Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron ayer   frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del agua ANA. Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.

El ANA al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha. Los pobladores afirman que se hecho de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos para las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano. Esta resolución aprueba una cota Máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 msnm que las comunidades señalan no es sustentable.

Hermogenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes es del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco. Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectárea de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el habitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.

Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación. Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.

Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solórzano aseveró que se espera que la Institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique. También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.