La contraofensiva a los Pueblos Indígenas en medio de la pandemia

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de La Red Muqui.

 

Desde el 01 de julio hemos ingresado a una nueva modalidad de convivencia en nuestro país, y es que el gobierno peruano a decretado el levantamiento de la cuarentena en varias regiones – manteniendo algunas restricciones-, y en la practica la gente ya se ha volcado a las calles masivamente en busca de comida y trabajo. Ni los bonos focalizados ni los programas de reactivación económica han llegado a los sectores más pobres del país. En medio de este escenario varios especialistas señalan que la situación de la pandemia no está controlada ni remotamente, y que los meses de julio y agosto van a seguir siendo críticos. Por su parte, el gobierno y las empresas mineras vienen anunciando una agresiva reactivación económica en el sector minero.

 

A la par de esta situación, la contraofensiva de los gremios empresariales mineros y del mismo gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- a los pueblos indigenas es más que evidente, cuando se habla de reactivación economica no se menciona absolutamente nada de las comunidades indígenas impactadas por las actividades extractivas en los ultimos años, mucho menos del debilitamiento de la institucionalidad ambiental, así como el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas. Sobre este último punto la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señalo que el MEF va financiar al Ministerio de Cultura “para que identifique todos los pueblos originarios del país, para acelerar los proyectos mineros” y que en algunos casos se va hace la “consulta previa virtual”. Si ya el mecanismo presencial tenía varios cuestionamientos, ahora se dice que el proceso será virtual y rápido, es decir no solo es un retroceso, si no que va en contra de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas (PPII).

 

Los cambios no irán solamente en afectación a los PPII, la ministra, además, ha mencionado que: “En el marco de la mesa ejecutiva con el sector privado, se está trabajando en la mejora del reglamento de procedimientos mineros, del reglamento de exploración minera y los lineamientos para colecta de muestras”; es decir se vienen cambios y reformas en todos los sectores para facilitar la inversión minera. Estas medidas no incluyen opinión ni participación de organizaciones de la sociedad civil, se están aprobando solo en reuniones del sector privado y el ejecutivo en nombre de la reactivación economica. La CIDH ya ha señalado claramente que los gobiernos nacionales “deben abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada”.

 

Finalmente, en medio de toda esta situación tan difícil que vivimos en nuestro país, recibimos la triste noticia de la partida del Apu Santiago Manuin, quien fuera un reconocido líder y dirigente social amazónico. Quienes lo conocimos sabemos de la calidad y sencillez de persona que fue. Se lo llevó el virus, pero también la desidia de un Estado que en vez de defenderlo lo acusó y criminalizó en los trágicos sucesos de Bagua (2009). ¡¡Descansa en Paz Santiago!!

 

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Trabajador de 60 años fallece y aumentan los trabajadores contagiados por COVID-19 de la minera Shougang

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 El trabajador fallecido pertenecía a grupo de riesgo. Federación Minera del Perú alerta que más de 100 personas habrían tenido contacto con trabajador fallecido, tal como informó programa radial Marcona en vivo.

 

Desde comienzos de mayo de este año la PCM dio inicio a la primera fase de reactivación económica en el país, mediante Decreto Supremo 080-2020-PCM. En los días siguientes el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras que es un requisito para reiniciar sus labores. Al respecto, desde Red Muqui presentamos observaciones sobre las deficiencias del marco normativo emitido para el retorno y/o continuación de actividades mineras.

Una de nuestras principales preocupaciones fue la flexibilización de los estándares de protección del derecho a la salud y de la clasificación del riesgo de los trabajadores mineros, así como la falta de capacidad del Estado para poder fiscalizar y sancionar el comportamiento de las empresas mineras en contextos de distanciamiento social al que nos obliga la pandemia por el COVID-19.

Trabajador de contratista de minera Shougang fallece

El 25 de junio, el ingeniero Javier Jesús Yanayaco de 60 años falleció con síntomas de COVID-19. Él era contratado por la empresa contratista “General San Martín” y se encontraba en las habitaciones del campamento minero de  Shougang; y, 48 horas antes de su deceso ya había mostrado síntomas de ser portador del virus. En el VIDEO que circula en redes se puede apreciar que el trabajador es retirado de la habitación en la que se encontraba por algunos trabajadores de la empresa sin seguir un protocolo adecuado y sin contar con elementos de protección personal. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros denunció a través de una nota de prensa lo que el programa de radio Marcona en vivo había señalado,: más de 100 personas tuvieron contacto con trabajador fallecido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa minera no implementa normas de prevención de la salud

Como la norma de vigilancia, prevención y control lo establece, las empresas mineras se encuentran obligadas a realizar monitoreos permanentes de la salud de sus trabajadores y en el caso de reportarse personas con síntomas de COVID-19, debía ser informado a la autoridad de salud regional y garantizar que el trabajador acceda a atención médica. Sin embargo, la empresa minera Shougang ha venido incurriendo en irregularidades y abusos con sus trabajadores desconociendo su deber de prevención de la salud y seguridad ocupacional.

Uno de los requisitos del Ministerio de Energía y Minas para que las empresas mineras puedan reanudar sus actividades era que puedan presentar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, aprobados por los Comités de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa minera. Sin embargo, se conoce que los trabajadores que participan en la instancia de este comité no estaban adecuadamente informados sobre la naturaleza y el contenido de este Plan, por lo que mostraron su rechazo a la aprobación de este documento sin que se transparente su contenido. Solo mediante mandato de la autoridad administrativa regional, la empresa minera Shougang ha empezado a entregar copias de este documento a sus trabajadores.

Empresa coacciona a trabajadores y busca eximirse de responsabilidades

El sindicato de trabajadores de Shougang también denuncia que la empresa ha estado obligando a los trabajadores a empezar sus labores sin antes haberles realizado las pruebas rápidas, así como tampoco les han brindado las condiciones adecuadas para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en las instalaciones laborales comunes de la empresa, infringiendo los criterios establecidos por el propio Ministerio de Energía y Minas en su Resolución Ministeriales N° 128-2020-MINEM.

Ante la renuencia de varios trabajadores de planilla y de contratas de ir a trabajar por los riesgos que corrían, la empresa empezó a amenazarlos con aplicarles la “suspensión perfecta” y el 02 de junio solicita la aplicación de esta medida ante el Ministerio de Trabajo de Ica. Sin embargo, el sindicato denuncio estas irregularidades y el gobierno regional de Ica resolvió desaprobando la aplicación de estas medidas mediante Resolución Directoral 336-2020-GORE-ICA-DRTPE/DPSC.

Es en este contexto que la empresa exigía a los trabajadores de los grupos de riesgo (enfermedades preexistentes, obesidad, mayores de 60 años) que firmen documento de medidas excepcionales para cómputo de días de trabajo que no laboraran, para inducirlos a error sobre los derechos que les corresponden. Como se sabe, los trabajadores de riesgo se encuentran amparados por la normativa sanitaria para tener licencia con goce de haber, sin embargo, la empresa quería que ellos firmen una declaración jurada para que por su cuenta y riesgo accedan a ir a trabajar. Este anexo podía ser usado para que luego la empresa lo presente como documentos de negociación con trabajadores para efectos de aplicar finalmente la medida de suspensión perfecta. Estas denuncias fueron hechas por los mismos sindicatos de trabajadores de la empresa minera .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta número de trabajadores contagiados

En los últimos días a través de medios locales como “Marcona en Vivo” se han venido reportando el aumento de casos de trabajadores contagiados, quienes en un principio dieron negativo en las pruebas rápidas, pero en las pruebas moleculares vienen saliendo positivo. Luego del fallecimiento del ingeniero Yanayaco, la empresa contratista San Martin empezó a realizar pruebas rápidas en un hotel alquilado de la ciudad de Marcona. Los trabajadores vienen denunciando la falta de la precaria ejecución de los protocolos de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Además, la ausencia de información transparente y oportuna sobre el resultado de sus exámenes, por los que muchos se encuentran en la incertidumbre de contagiar o ser contagiados entre ellos mismos mientras realizan pruebas y exigen aislamiento. Algunos trabajadores denuncian que, ante confirmación de contagio, ellos mismos tienen que ir a buscar atención a ESSALUD.

Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Salud deben asumir rol garante de derechos

Esta serie de irregularidades evidencia el comportamiento arbitrario e ilegal de la empresa Shougang para con sus trabajadores. Como lo informa el sindicato de trabajadores, muchas veces la empresa prefiere recurrir a empresas contratistas para acceder a mano de obra contratada en precarias condiciones y de esta forma debilitar la organización sindical y la protección de derechos laborales. Se evidencia también la ausencia de capacidad fiscalizadora de la autoridad laboral, ya que estas vulneraciones han venido ocurriendo permanentemente. Ahora tenemos como saldo el fallecimiento de un primer trabajador del grupo de riesgo cuyo traslado a un centro hospitalario tuvo demoras y fue hecho por otros trabajadores mineros no calificados, poniendo en riesgo a más personas.

Exhortamos al ministerio de Energía y Minas y al ministerio de Salud que precisen y modifiquen las normas que regulan los protocolos de salud en el sector minero con la finalidad de prevenir otras muertes de trabajadores mineros; y al organismo de fiscalización laboral, SUNAFIL, llevar adelante una exhaustiva investigación por la muerte de este trabajador minero y las condiciones laborales de los otros trabajadores, quienes deben de tener condiciones idóneas en las unidades mineras en este contexto de pandemia a causa del Covid-19.

 

 

 

 

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Dirigente rondero de Puno: “Reactivación económica debe reorientarse para el sector agropecuario en crisis, porque solo ha llegado a los grandes”

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Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

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Crisis ambiental y privilegio minero en desmedro de las comunidades en plena pandemia del Covid-19

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Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

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El Agro y el día del campesino(a): nada que festejar, mucho por enmendar

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

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El agro, la salud y el trabajo de los peruanos y peruanas debe ser la prioridad para superar la crisis económica y alimentaria

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Durante las últimas semanas la situación sanitaria, social y económica producto de la pandemia en nuestro país se ha agravado aún más. Las iniciales medidas positivas del gobierno ya no son efectivas, y las decisiones de reactivación económica buscan priorizar solo al sector de la gran empresa, entre ellas la gran minería. Mientras tanto, lamentablemente las cifras del virus no son alentadoras a más de 90 días de cuarentena. Según el reporte del MINSA a la fecha: hay más de 240.000 casos confirmados de COVID-19; por otro lado, el virus ya ha causado la muerte de más de 7.000 personas, según datos oficiales.

Desde el inicio de la cuarentena el sector minero ha sido uno de los que más privilegios normativos y políticos ha recibido por parte del gobierno: fue considerado una actividad esencial, cuando no lo era, y han trabajado hasta el 50 % de sus operaciones en pleno estado de emergencia. Ello es aún más cuestionable considerando los casos de los contagios en los trabajadores mineros, llegando a registrarse más de 800 casos, inclusive se habla de un sub registro de casos que las propias empresas mineras no contabilizan y, por ende, el Estado.

Al mismo tiempo, se han incrementado las denuncias de contaminación ambiental en cuencas y territorios cercanos a proyectos mineros, son los casos de Cajamarca, Pasco, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. Además, durante las últimas semanas se han emitido varias normas como el Decreto Legislativo N°1500 que flexibiliza las normas ambientales y de fiscalización en el país, y que facilitan el aplazamiento de pagos de multas que varias empresas tienen pendientes de pago con el Estado, postergándolas inclusive hasta al 2022.

De otro lado, tanto la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, así como el señor Roque Benavides y el mismo presidente de la empresa Southern Perú, Óscar González Rocha, han señalado que los proyectos mineros como Tía María en el valle de Tambo, Arequipa, y Conga en Cajamarca deberían ser retomados para reactivar la economía, sabiendo que ambos proyectos han tenido serios cuestionamientos técnicos y ambientales que no fueron absueltos en su momento, y sobre todo que no cuentan con la licencia social de la población local.

Ante esta situación, desde la Red Muqui, reconociendo la difícil situación por la que están pasando millones de peruanos, queremos plantear los siguientes puntos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y la sociedad civil en general:

  • Se debe revisar y actualizar los protocolos sanitarios para el sector minero con la participación de los trabajadores mineros, así como de las poblaciones y comunidades locales afectadas por estos proyectos, para superar las graves deficiencias en su implementación en la primera y segunda fase de la reactivación económica.
  • No se puede debilitar aún más la institucionalidad ambiental en el país, mucho menos modificar normas que flexibilizan la fiscalización ambiental, o la participación ciudadana de la población local para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. Se debe revisar con urgencia las últimas normas aprobadas como el D.L. 1500 y la normativa del sector ambiental emitida en ese marco: Resolución del Consejo Directivo N° 00007-2020-OEFA/CD, Resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD y Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM.
  • Se debe priorizar la actividad agrícola sobre proyectos mineros cuestionados como Tía María y Conga. El caso del valle de Tambo en Arequipa es un ejemplo de como hoy en día su producción agrícola viene sosteniendo la alimentación y la vida de miles de peruanos y peruanas. Insistir en estos proyectos, en medio de esta crisis sanitaria y económica, podría reactivar la conflictividad social en estas regiones debido a que la población ya decidió sobre el tipo de desarrollo que quieren.
  • Los derechos a una vida digna y a la salud deben ser prioritarias en las medidas de reactivación económica que viene implementando el gobierno como Reactiva Perú y Arranca Perú. Por ello, los fondos de estos programas deben ser re-direccionados a las medianas y pequeñas empresas que dan trabajo y seguridad a millones de ciudadanos peruanos, y no a las grandes empresas que tienen cuestionamientos y sanciones ambientales como por ejemplo las mineras Volcan y Chinalco. Cualquier préstamo debe considerar el estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, al medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
  • La reactivación económica se debe impulsar desde los territorios garantizando el derecho al trabajo de todos las y los peruanos, y apoyando de modo particular al sector agrario. Desde hace meses los gremios agrarios y campesinos vienen exigiendo un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles al gobierno para enfrentar la crisis alimentaria en ciernes, para de esta manera asegurar la producción de la campaña agrícola 2020-2021.
  • Es urgente responder con medidas integrales desde el Gobierno y el Congreso de la Republica a estas demandas, ya que los bonos focalizados y rurales no están llegando. Por ello, exigimos que el gobierno implemente una renta básica universal para que todos y todas tengan una economía mínima que les permita sobrevivir. Desde Red Muqui estamos impulsando la campaña #ElAgroParaLaOlla para visibilizar la problemática de la agricultura familiar y del campo.

Finalmente, queremos señalar que comprendemos la grave crisis en la que nos encontramos y nos solidarizamos con el dolor de miles de familias que han perdido a sus seres queridos; por ello, hacemos un llamado al gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales y a la ciudadanía en general que no bajemos la guardia, ya que la vida y la salud de millones de peruanos todavía está expuesta al virus. Desde Red Muqui creemos que las medidas del gobierno deberían estar orientadas a atender esta situación y no solo a un determinado sector empresarial.

Lima, 19 de junio del 2020.

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Reactivar la economía sin medir daños ambientales y vulneración de derechos: impactos del Covid-19 en la pesca

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Informe del Instituto Natura, miembro de la Red Muqui.

Tal como ha sucedido con otras actividades productivas, por presión de grupos empresariales, la actividad pesquera industrial ha sido considerada dentro del paquete de reactivación económica, no obstante, los impactos de la Covid 19 sufridos por trabajadores y trabajadoras han sido invisibilizados.

La alerta de los pescadores industriales ha servido para poner en evidencia que no sólo ellos y los trabajadores y trabajadoras de compañías productoras de harina de pescado han sido expuestos al contagio, sino que a su vez la actividad pesquera artesanal y todas sus actividades conexas como la comercialización, transporte, provisión, armadores, estiba y otros, venían ya cobrando victimas por la ausencia de políticas sanitarias adecuadas.

Así también se ha incrementado la exposición al contagio por Covid 19 a pobladores de zonas costeras por el desplazamiento de pescadores y otros trabajadores y trabajadoras. Pero, a la vez, el reinicio de operaciones de las plantas productoras de harina, aceite y conservas de pescado ha agravado la vulnerabilidad a la salud de pobladores de zonas adyacentes a zonas industriales por humos tóxicos y efluentes contaminados generados por la industria.

Alerta de los pescadores

Ojalá que esta muerte detenga estos abusos, ha dicho en un mensaje tras la muerte de su padre, el joven hijo del pescador Hesler Meléndez Maza, fallecido por COVID-19 de la embarcación Ribar 18 de la Cia Pesquera COPEINCA.

De acuerdo a la información brindada por tripulantes de embarcaciones de pesca industrial, temerosos por amenazas de represalias por parte de sus empresas, suman a la fecha 118 pescadores en actividad contagiados y 5 fallecidos, desde el día 13 de mayo en que se inició la temporada de pesca 2020 de anchoveta (R.M. 147-2020-PRODUCE). Riesgo que incluye a trabajadores de la industria pesquera que suman 120 infectados y 2 fallecidos.

CUADRO: CONTAGIADOS Y FALLECIDOS POR EMPRESA Y EMBARCACIÓN

Empresa Embarcación Contagiados Fallecidos
CIA. Pesquera COPEINCA Rodga 18  
Ribar 18 17 1
CIA. Pesquera LUCIANA Tiburón 6 5  
CIA. Pesquera DIAMANTE Polar 3 18 1
Graciela (*) 3  
CIA. Pesquera TASA Tasa 45 18 2
Tasa 36   1
Tasa 424 (**) 17  
CIA. Pesquera CFG Invesment Alejandría VI 3  
— Simy 6   1
— Lima 5 18  
TOTAL   117 6

FUENTE: SINDICATO DE PESCADORES DE CHIMBOYTE Y ANEXOS

Los protocolos para la apertura de la pesca industrial harinera en el litoral peruano (R. M. 139-2020-PRODUCE) no fueron validados de manera formal y a la vez los gremios y actores principales de la pesca no han sido convocados para elaborar normas sanitarias y laborales con criterios uniformes y consensuados para todas las empresas de esta industria, frente a los riesgos a la salud y la vida.

Subsisten las puertas giratorias en sectores productivos de Estado. Cayetana Aljovin Ex Ministra de la primera etapa del actual gobierno tiene ahora el cargo de presidenta  de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y ha sido la vocera de la reactivación económica en el sector, aseverando que la pesca estaba en “la capacidad de no poner en riesgo a sus trabajadores, a través de la implementación de eficaces protocolos de sanidad”. (10 ABR 2020  – Diario Correo)

En un  pronunciamiento publicado el 3 de junio y suscrito por dirigentes de centrales y sindicatos de pescadores, trabadoras y trabajadores de la industria pesquera, pescadores artesanales y decenas de gremios, organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigen la suspensión inmediata de la temporada de pesca 2020 y actividad industrial pesquera durante la emergencia sanitaria, la validación de Protocolos Sanitario Exclusivos para la Pesca Industrial con participación de gremios de pescadores y el cese de funciones de la Ministra de Producción por su incompetencia en la gestión de la emergencia sanitaria para el Sector Pesquero.

Las otras pescas

El día 5 de junio en un conversatorio de pescadores industriales y artesanales, dirigentes de gremios del norte del país (Lima, Chimbote y Tumbes) expresaron en detalle sus demandas relacionadas a problemas pre-existentes y crónicos, así también aquellos que se ha  acrecentado durante la emergencia sanitaria.

La actividad pesquera artesanal no se suspendió, ha continuado abasteciendo de pescado y productos hidrobiológicos a los mercados aún durante la cuarentena. Los pescadores artesanales de Tumbes y Piura han contado tres fallecidos por Covid 19 y otros tres fallecidos en los que solo se sospecha su contagio, debido a que no ha habido conformación de las autoridades de salud de la zona. (Guillermo Panta – AGAPCCHDME. Zorritos – TUMBES)

No obstante consideran que los protocolos ha sido insuficientes pues aun siendo respetados ha habido contagios. No hubo  disponibilidad de pruebas rápidas por parte del estado y han sido los mismos pescadores y armadores los que han tenido que costear estos análisis.

No ha sido así con los trabajadores de las además actividades de la cadena productiva de pesca de consumo humano, entre los que se cuenta a transportistas, estibadores, comercializadores, entre otros en terminales y mercados. Siendo así que áreas de comercialización como la del terminal portuario de Chimbote han  tenido que ser clausuradas temporalmente como medida sanitaria. Lo que no ha impedido que se continúe comercializando pescado incluso en la vía pública. (19 MAYO 2020 – RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ)

Una gran contaminación

Durante más de 30 años, con Covid 19 o sin él, los vecinos del AA HH 15 de Abril de Chimbote demandan atención por la grave contaminación a la que están expuestos por parte de la industria pesquera.

Perro en tiempos de emergencia sanitaria la cosa se agrava debido a un gran número de pobladores -sobre todo de los grupos vulnerables-, quienes sufren de afecciones a las vías respiratorias: asmas, bronquitis crónicas, entre otras. “Desde el inicio de la temporada de pesca 2020, en plena cuarentena, estamos expuestos a humos tóxicos y malos olores, sobre todo al hollín que emana de las chimeneas de las fábricas” afirma Elmer Peña Rodríguez, dirigente vecinal de este barrio costero.

Junto a los dirigentes de los asentamientos humanos y pueblos jóvenes 27 De Octubre, El Trapecio, Señor de los Milagros, La Libertad, La Florida Alta y Baja, Miraflores y Miramar, coinciden en que es urgente la suspensión temporal de la actividad industrial pesquera durante la emergencia sanitaria, exigen la publicación urgente del monitoreo realizado por la OEFA y  reevaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las actividades industriales pesqueras. Plantean el diálogo con la ministra del Ambiente, PRODUCE y la Municipalidad Provincial del Santa para brindar soluciones integrales y sostenibles a los pobladores quienes vienen siendo vulnerados en sus derechos constitucionales  al ambiente sano, la salud y la vida. A vez consideran que la proyección de estas soluciones debería enmarcarse en el Plan Integral de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol. (PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO PUEBLOS DE LA FRANJA COSTERA DE CHIMBOTE)

El impacto generado por el reinicio de la actividad pesquera se ha sentido en numerosos lugares de embarque, en caletas y desembarcaderos. Los pobladores de Végueta (Lima) también han denunciado que el repunte de los casos de Covid 19 en esta localidad ha coincidido con la reactivación de las actividades industriales y de pesca en las plantas de la Compañía Pesquera Tasa y la Compañía Pesquera Hayduck. El desplazamiento del personal y los protocolos inadecuados contribuyeron al contagio. (Henry Palma – Plataforma por la Sostenibilidad de la Pesca Artesanal –Végueta)

Puntos para una propuesta de plan de acción

  1. Acción legal en la forma de una denuncia penal a los responsables del plan de reactivación económica y las consecuencias en los derechos laborales, a la vida y la salud de trabajadores de la cadena productiva de pesca industrial y artesanal
  2. No volver a la normalidad después de la pandemia. Una nueva normalidad frente a la emergencia y encaminada a soluciones integrales
  3. La protección del recurso pesquero es un motivo indispensable. La anchoveta es una especie indispensable en la cadena trófica marina. Los impactos de la actividad industrial pesquera y otras actividades como la exploración y extracción de petróleo en zonas marinas atentan directamente en contra de su protección y conservación.
  4. Protección de derechos integrales de los pescadores como primer eslabón de la cadena productiva, para que no sean más el último eslabón de la cadena de injusticia.
  5. Alerta a la Organización Mundial de Harina y aceite de Pescado (Organización de Ingredientes Marinos – IFFO) sobre procedimientos lesivos a la salud durante la producción de harina y aceite de pescado con que se pone en riesgo a miles de trabajadores y población costera en el Perú, sobre todo durante una emergencia sanitaria mundial como la que atravesamos.
  6. Campaña de incidencia en políticas públicas nacionales para la etapa post pandemia en temas relacionados con el ambiente, actividades productivas y derechos integrales.
  7. Incluir la demanda de los trabajadores de las cadenas productivas de pesca industrial y pesca artesanal en la Plataforma de Empresas y Derechos Humanos – Perú.

 

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Las razones del por qué la minería no es de interés nacional

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Por: Juan Aste Daffós, ingeniero economista y especialista ambiental                                                          

¿La minería es crucial para la economía y por eso es de interés nacional?

Completamente falso. La minería solo aportó el 3% del total de ingresos tributarios neto de devoluciones al Estado peruano que representa el 2.6% de las exportaciones mineras para el 2015-2019. Su aporte al PBI ha sido del 9.3% en el mismo período, mientras su efecto multiplicador en la minería es cada vez más débil, y el estudio para 1960-2011 «Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Perú», Cepal, OIT,2014, concluye que la economía peruana “ha pasado de un modelo primario exportador semindustrial a uno primario exportador y de servicios» (pág. 40 del estudio). Mientras el IPE (2017) y Macroconsult (2012), financiados por la sociedad nacional de minería, concluyen en sus estudios que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 9 y 4 empleos indirectos, respectivamente; mientras en Chile, la International Copper Association (ICA) realizó el estudio “Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile” para 1990-2016 y concluyó que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 3.7 empleos indirectos.

Creemos más en la seriedad de los estudios en Chile que los estudios pagados por los propios dueños de las minas en el Perú. En empleo directo, la minería solo aportó con el 1.1% de la PEA entre el 2012-2019. O sea, genera muy poco empleo directo e indirecto, siendo un 67% trabajadores eventuales de contrata y, de preferencia, son de regiones distintas a las que realizan su trabajo. En realidad, su principal aporte es que las exportaciones mineras son el 60% del ingreso por exportaciones y sirven para disponer de dólares para las importaciones, afectando cada vez más a los productores nacionales y a la generación de empleo e ingresos, sin contar el valor del impacto ambiental, económico y social que causan en su entorno.

Si la minería genera pocos puestos de trabajo directos e indirectos, aporta muy poco en tributos, y su aporte con las divisas fomenta el circulo vicioso de la dependencia de las importaciones, y no asume el valor del impacto ambiental, económico y social que genera, afectando irreversiblemente la biodiversidad, ríos, la producción y el empleo, así como la salud de los trabajadores mineros y la población de su entorno; ¿sabes para lo que sirve la minería en Perú, además de favorecer a las transnacionales y a las productoras mundiales de tubos para construcción, cables, autos, computadoras y otros?, para que abandonemos el impulso del turismo ecológico, arqueológico y vivencial, la producción agroalimentaria, los productos de la medicina natural, y la gastronomía, asociados con todos los servicios de transporte, restaurantes y hotelería y el comercio que ello implica para llevar los productos a los hogares, generando empleo masivo en asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, y otras formas de organización colectiva de la producción. Por esto, debe haber consulta en todos los casos.

Ordenemos el territorio hacia una economía del buen vivir que dependa menos de la minería y el mercado internacional.

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De reactiva Confiep a Arranca Perú, más privilegios para las grandes empresas

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

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Reactiva Perú: privilegios e impunidad de las empresas mineras

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“Reactiva Perú” es el programa económico que, en el marco de la delegación de facultades, fue aprobado por el MEF mediante Decreto Legislativo 1455 a inicios del mes de abril. El objetivo del programa es que a través de los recursos del Banco Central de Reserva, es decir los recursos públicos, se pueda asegurar la cadena de pagos de las empresas ante el impacto del COVID-19. El programa está dirigido a que las empresas cuenten con “capital de trabajo” para enfrentar pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. El capital de trabajo son aquellos recursos que las empresas necesitan para poder operar y son gastos que se dan a corto plazo, uno de los rubros más importantes para que puedan operar es el pago de sueldos a sus trabajadores, es decir el sostenimiento de la fuerza laboral.

El Decreto legislativo establece que el mecanismo para colocar este financiamiento es a través de créditos otorgados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF), es decir los bancos; y que el programa será administrado por la Coorporación Financiera del Desarrollo (COFIDE) que es una empresa estatal de derecho privado. Entre las principales condiciones que establece el DL para el acceso a este programa es que las empresas beneficiarias no tengan deudas tributarias con la SUNAT y no tengan relación con la ESF, es decir que no haya relación con los bancos que entregan los créditos, o que se encuentren pendientes de reparación civil al Estado producto de tener sentencia firme por delitos de corrupción.

A la vez el la Ministra de Economía y Finanzas anunció que este programa estaba dirigido a beneficiar a las empresas de todos los tamaños, especialmente a las MYPES, que son la mayoría de empresas en el país y que sostienen una importante cantidad de trabajadores formales dependientes.

Las empresas beneficiadas y los cuestionamientos

Sin embargo, de las últimas investigaciones periodísticas realizadas por OJO PÚBLICO se hizo de conocimiento público que diversas empresas de gran facturación pudieron acceder a estos préstamos estatales y en este listado resaltan empresas mineras como:  Chinalco Perú, Aurífera Retamas, el Consorcio Minero Horizonte y Volcan.

Respecto a Chinalco (China) y Volcan (Suiza) son una de las empresas que vienen generando mayor impacto en el ambiente y en la vida de la población de los distritos Morococha y Pasco respectivamente. En el caso de Chinalco y su Proyecto Toromocho, que  es uno de los más grandes en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, actualmente  se encuentra en fase de expansión y con un conflicto latente con la población de la zona, pues las condiciones en las cuales fue llevado el proceso de reasentamiento de la población a la nueva ciudad de Morococha no fueron informadas adecuadamente generando gran impacto en la economía local de las familias. La  zona donde se realizó el reasentamiento es una zona de alto riesgo, al respecto el día sábado 13 de junio el ANA emitió una resolución jefatural declarando Estado de Emergencia Hídrico y peligro inminente el distrito de Morococha, por el desborde de la laguna Huascacocha que se encuentra contaminada por aguas residuales que provenientes de la actividad minera.

Sobre el caso de la Minera Volcan cuyo accionista mayoritario es la transnacional Glencore, opera hace decadas en Cerro de Pasco, y es responsable de impactos acumulativos al ambiente, y por tanto a la salud humana de la población que hasta la fecha no se encuentran atendidos ni reparados. Por lo que concierne el daño ambiental, varios estudios subrayan la contaminación de ríos y lagunas a causa de los metales pesados presentes en el agua en cantidades superiores a los límites consentidos. El aire también se ve afectado con las operaciones extractivas: por un lado, los explosivos utilizados en el proceso minero provocan nubes de polvo tóxico que provienen de la mina a cielo abierto; por otro lado, desde las aguas rojas de las lagunas que se han convertido en depósito de residuos, como la laguna de Quiulacocha, que hace que se levanten vapores tóxicos.  Todo ello a resultado en un impacto sin precedentes a la salud humana en el Perú, en la actualidad se reportan casos de niños y adultos, con particular gravedad en niños que tienen plomo y mercurio en la sangre, varios de ellos ya han fallecido producto de esta contaminación. Muchas de las familias afectadas se encuentran aún en búsqueda de reparación y atención a los daños causados por la industria minera, en su mayoría estas familias se encuentran aún si quiera tener diagnósticos oficiales por parte del Estado.

Empresas con corona y privilegios.

Los daños causados a la vida, la salud humana y ambiental, así como a la sostenibilidad económica de las familias y poblaciones producto de la actividad extractiva es incalculable. Sumemos a esto que a nivel administrativo existen deudas millonarias con el Estado por parte de empresas como Volcan a causa de sus infracciones ambientales. Ante esta situación tan grave de impunidad, donde miles de personas se encuentran impactadas irremediablemente por la actividad minera nos preguntamos cómo es que el Ministerio de Economía no ha establecido criterios administrativos más estrictos para el otorgamiento de los préstamos de Reactiva Perú, para evitar que este tipo de empresas accedan a los recursos públicos que sostenemos todos los ciudadanos peruanos

Empresas transnacionales como Volcan facturan grandes utilidades y  también benefician a accionistas nacionales como la familia Letts Colmenares y Prima AFP del holding de Credicorp del grupo Romero, los mismos dueños del BCP una de los bancos que gestionan los créditos de REACTIVA Perú. Son empresas que sí cuentan con sostenibilidad económica para financiar su capital de trabajo, pero que lastimosamente bajo la doctrina de competitividad y productividad, estas inversiones de capital son vistas solo como costos que tienen que reducir al igual que todos los costos de prevención de impactos ambientales y la salud que deberían de garantizar bajo criterios de debida diligencia.

Justamente por esta situación de impunidad en la violación de derechos humanos y ambientales de varias empresas privadas y de modo particular en las extractivas, es que desde las instituciones de derechos humanos venimos exigiendo la necesidad de la aprobación internacional de un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos y a nivel nacional la aprobación de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos priorizado por la PCM y que establezcan garantías de protección a  los derechos de los pueblos en base a los Principios Rectores  de la ONU y los pilares de proteger, respetar y remediar.

 

 

 

 

 

 

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