Pasco: Centro Labor brinda apoyo a familias afectadas por metales tóxicos en extrema pobreza

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El Centro Labor, miembro de la Red Muqui, con el apoyo de la institución Desarrollo y Paz de Canadá, realizaron la semana pasada una jornada de apoyo solidario a las familias afectadas por metales tóxicos que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, que no han recibido canastas de los municipios distritales y tampoco el bono de 380 soles del gobierno central. Esta jornada se realizó la semana pasada en los distritos de Simón Bolivar, Yanacancha y Chaupimarca, pertenecientes a la provincia de Cerro de Pasco. Provincia que ha sido afectada ambientalmente por décadas de actividad minera, y que en la actualidad tiene presencia activa de las empresas mineras Volcan – en proceso de transferencia a la empresa Cerro de Pasco Resources-; el Brocal; y Nexa.

Doblemente afectados

Durante la visita del Centro Labor a las familias que identificaron en extrema pobreza se encuentra la familia de la señora Carmen Cristobal del distrito Simón Bolivar, quien señaló: “Yo estoy diagnosticada con plomo en mi organismo y mi hijo también. A la vuelta de la casa está el desmonte minero. Y actualmente no puedo trabajar por esta coyuntura del Covid_19 en la que no podemos salir y porque me encuentro enferma».

También se apoyó a la familia de Rusbel Templadera de la comunidad campesina de Quilacocha, quien se dedica al pastoreo de animales con su esposa. “No nos ha llegado el bono y tampoco podemos reclamar por el estado de emergencia”, manifestó.

La madre de familia Sonia Terrazos del AAHH José Carlos Mariátegui del distrito Simón Bolivar, también señaló que su hija y ella están afectadas por metales tóxicos en su cuerpo, con plomo en la sangre. «Encima no hay trabajo, y ahora estoy arriesgando la vida trabajando en una bodega».

 

 

Provincia afectada

El director de la institución Centro Labor de Pasco, Jaime Silva, nos manifestó que el agua que se consume en Cerro de Pasco “tiene metales pesados; el aire también lo tiene producto de los pasivos ambientales que se encuentran en la ciudad. El tajo abierto en la ciudad de Cerro de Pasco genera afectación al ambiente y al suelo por donde la gente transita”.

En Cerro de Pasco hay diversos estudios internacionales y por parte de CENSOPAS (Ministerio de Salud) que señalan que hay miles de afectados en la región. Si se tomaran muestras a la totalidad de habitantes de la provincia, quizá se encontraría que más de un 80% tiene metales pesados en su organismo.

Empresas mineras continúan trabajando

Durante estos días se ha tomado conocimiento que en el centro poblado de Corquijilca, del distrito de Tinllahuarco, provincia de Pasco, que hay trabajadores mineros en el campamento de la empresa Brocal que deben ser relevados al estar ya más de 30 días trabajando. La comunidad se opone a que ingreses nuevos trabajadores porque esto genera riesgo de contagio de Covid_19 en la comunidad y en el campamento minero. La mayoría de trabajadores de la empresa vienen de Lima, Arequipa, Cusco.

En la provincia de Cerro de Pasco continúan trabajando al 60% las empresas mineras Volcan – en proceso de transferencia a la empresa Cerro de Pasco Resources-; la empresa mencionada, Brocal; y Nexa, que antes era la empresa minera Milpo.

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Impacto del COVID-19 sobre los Derechos Humanos: ¿Qué dicen los organismos internacionales?

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Por Gloria De Marino / Área Político-Legal de Red Muqui

Durante la actual fase de la pandemia global del COVID-19, caracterizada por diferentes medidas de restricción y limitación de las libertades personales en la mayoría de los países del mundo; las principales organizaciones internacionales se han expresado sobre los deberes de los Estados en relación al respeto de los derechos humanos, exponiendo varias recomendaciones. Considerando las múltiples preocupaciones que han caracterizado el contexto peruano y que vienen siendo documentadas por Red Muqui en las últimas semanas: respecto a las condiciones laborales de los trabajadores mineros (ambos formales e informales); al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; y a la vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas contaminadas por metales pesados producto de la industria extractiva; se considera necesario revisar los últimos pronunciamientos de los organismos internacionales sobre el tema.

Para empezar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia que los derechos humanos más afectados por la pandemia son el derecho a la vida y a la salud, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la vivienda, al agua y a la alimentación. En este contexto de vulnerabilidad, especial atención debe ser puesta a las necesidades de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como las personas mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y las personas con discapacidad, entre otros. Además, hay que tomar en cuenta la dificultad de tomar medidas de prevención contra el virus en aquellos contextos de pobreza y pobreza extrema, especialmente cuando falta el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, una vivienda adecuada y un ingreso regular. Por lo tanto, las medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación de la enfermedad deben incorporar no solo una adecuada asistencia sanitaria, sino el acceso a una correcta alimentación, a medios de limpieza, y el otorgamiento de apoyo económico para los individuos en más dificultad[1].

Fundamental es también el rol de las empresas, que deben adoptar “procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos […], particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales] de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales”[2]. De acuerdo con este punto, las personas que siguen con sus actividades laborales deben poder contar con medidas de protección adecuadas a la emergencia.

Por otro lado, la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnes Callamard, se expresa sobre el uso de la fuerza policial y militar durante el estado de emergencia, declarado por muchos países frente a la pandemia. La Relatora Callamard subraya que el derecho a la vida no es derogable, y que los principios de legalidad, necesidad, proporción, precaución y no discriminación deben guiar las medidas del uso de la fuerza. Además, recuerda que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía es ilegal bajo el derecho internacional, incluido durante el estado de emergencia. En otras palabras, el estado de emergencia puede legítimamente asignar más poder a la policía, pero esta opción nunca incluye el poder de tomar la vida de manera arbitraria. El aumento de la violencia policial durante el estado de emergencia, a nivel global, se ve generalmente dirigido hacia individuos y grupos que se encuentran constreñidos a romper la cuarentena y las restricciones a la movilidad personal por razones de necesidad y sobrevivencia, como es el caso de personas en pobreza y trabajadores de la calle, personas sin casa y migrantes. Por lo tanto, romper una restricción de libertad no puede ser una excusa para un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, y bajo ninguna circunstancia debería comportar el uso de fuerza letal. Finalmente, la Relatora Callamard recomienda que los Estados y la policía consideren y entiendan estas realidades[3].

Para concluir, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU destaca que es responsabilidad de los Estados prevenir y mitigar los múltiples impactos de la pandemia, actuando en el marco de los derechos humanos, con una atención especial hacia los grupos más vulnerables de la sociedad[4].

Considerando que los impactos de la pandemia se cuentan, en primer lugar, en términos de vidas humanas afectadas a nivel de salud, el derecho a la vida y el bienestar de la persona deberían representar la prioridad por los Estados. Un segundo nivel de afectación abarca las consecuencias sociales, culturales y económicas de la pandemia y de la cuarantena. Unos ejemplos son el aumento de la violencia domestica contra mujeres, niños y niñas; el incremento de los casos de racismo y xenofobia dirigidos a particulares grupos, como migrantes y estranjeros; y la dificultad económica vivida en casos de interrupción de ingreso. Todos estos elementos concurren a crear un escenario complejo de riesgos para los derechos humanos, y al mismo tiempo un desafío por los Estados.

 

 

 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

[2] Ibid. p. 12.

[3] Human Rights Dispatch No. 1 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf

[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ONU https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

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La salud en manos mineras: La minería en America Latina en tiempos del Covid-19

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César Padilla / Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina (OCMAL)

Abril 2020

Sin duda, la nueva situación que han tenido que enfrentar un sinnúmero de actividades económicas en los últimos meses han puesto de manifiesto una enorme falta de preparación para coordinar las acciones necesarias tendientes a proteger a la población de un invitado de piedra, la COVID 19.

La gran minería siempre se ha jactado del número de empleos que proporciona y con ello ha intentado legitimar una actividad tan lucrativa como destructiva.

Mas allá del hecho que la gran minería emplea relativamente poca gente comparada con otras actividades económicas, lo cierto es que esa masa de trabajadores mineros se mueve como rebaño desde las faenas a sus lugares de vivienda y viceversa.

También es cierto que esos desplazamientos generalmente desde y hacia lugares alejados, se realiza en masa, es decir cientos de trabajadores, en su mayoría hombres, se trasladan en buses hasta las ciudades mas cercanas y también muchas veces en avión a sus lugares de origen.

El empleo local es poco y lo que vemos es la instalación de tercerizados que ocupan los pueblos y localidades cercanas para desde allí, prestar servicios a la gran compañía minera. Son trabajadores mineros, pero ciertamente de segunda o tercera categoría pues no dependen de la planilla de sueldos de la empresa minera sino de intermediarios contratistas que son quienes tienen los contratos con la gran minera.

Estos dos grupos de trabajadores tienen ciertas características: trabajan en el entorno de las faenas mineras y tienen un contacto intensivo, tanto en los campamentos como en los medios de desplazamiento hacia la faena, en los comedores de los casinos, en los espacios abiertos y cerrados donde tienen que realizar las labores mineras.

También es imprescindible mencionar que la cadena extractiva de la minería requiere protocolos que no son de fácil alteración. La cadena extractiva es muy estricta en sus prodecimientos y muchos de ellos no pueden alterarse sin riesgo de que algo colapse en medio de tantas actuaciones humanas.

Cabe por otro lado señalar la sorpresa que han experimentado las poblaciones cercanas a las grandes faenas mineras al ver que los decretos de cuarentena y confinamiento afectaron a casi todas las actividades económicas excepto las mineras.

Ha sucedido en varios países de la región, bajo la presión de los gremios mineros con apoyo de los Estados, con el objetivo de sostener la actividad minera a modo de discriminación positiva para el bien del país.

Si bien es cierto, los precios de los minerales, exceptuando el oro, han descendido producto de la menor actividad que ha generado la emergencia sanitaria mundial, también es cierto que los stocks deberían soportar una menor producción, compensada con un menor consumo.

Pero la lógica minera ha funcionado siempre al revés: a menor precio de los minerales, mayor producción para compensar las pérdidas por precio. La OPEP, que intenta de manera articulada regular los precios del petróleo, hace exactamente lo contrario: reduce la producción para impulsar los precios.

Sólo se piensa en suspender actividades mineras cuando los costos de producción son mayores al precio de venta.

Esta parece ser la situación minera actual en la región. Las preocupaciones se dirigen a la productividad y comercialización en primer lugar y luego las otras prioridades, entre ellas la salud.

“Esta semana tomamos la decisión de contratar vuelos chárter y buses especiales para el traslado de nuestros trabajadores desde sus ciudades de origen, hasta llegar a las faenas. Con este transporte ida y vuelta, aseguramos que las medidas sanitarias se mantengan durante el trayecto completo”

Lo anterior suena al menos extraño. Con ciudades con cercos sanitarios que controlan a quienes ingresan y salen, con municipios con cuarentena total o parcial, con vuelos prácticamente suspendidos en su totalidad por la misma situación, la minería contrata vuelos chárter para distribuir a los trabajadores desde y hacia la mina.

Conociendo el comportamiento de la COVID 19 que entre sus características más particulares y al mismo tiempo más riesgosas tiene aquella que hace que el período de incubación sea de hasta 14 días, las mineras ponen énfasis en los desplazamientos de los trabajadores invirtiendo en buses y vuelos especiales para repartirles sin reparar en las probabilidades de contagio, tanto en las faenas como en los lugares de vivienda de los trabajadores.

Hemos visto también con asombro, cómo las empresas mineras en este caso se hacen cargo de decisiones que deben estar exclusivamente en manos de la autoridad y mejor aún, con apoyo de la población.

Es que la minería no sólo goza en la mayoría de los países de la región de un estatus especial, sino que tiene el poder de permear la autoridad e incidir en sus decisiones, desde criterios económicos, por sobre la salud, como ya mencionamos. (https://www.ocmal.org/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/)

Actividad de “utilidad pública” y con eso, lo que venga será tratado con la misma deferencia. Mientras tanto sabemos que lo que algún día pudo haber sido considerado de “utilidad pública” ya ha dejado de ser hace tiempo.

Si observamos el aporte fiscal que realiza la minería en América Latina vemos que no sólo es muy restringido, sino que en muchos casos los Estados terminan subsidiando la actividad minera. (https://www.ocmal.org/subsidiando-a-las-empresas-mineras/)

Las medidas drásticas se toman cuando la sangre ha llegado al río como ha sido el caso de Panamá que a fuerza de comprobar contagios ha tenido que clausurar una actividad minera considerada importante y estratégica para alimentar el extractivismo. (https://www.business-humanrights.org/es/ordenan-suspender-proyecto-minero-panam%C3%A1-0)

Finalmente, vemos que la delicada situación de crisis sanitaria que viven los países de América Latina es muy bien aprovechada por el empresariado minero. Reparten elementos de protección a la población y donan equipamiento médico. Una forma de quedar bien en tiempos de crisis y de paso blanquear la imagen deteriorada que tiene el sector por las consecuencias ambientales y sociales por las afectaciones a las comunidades, las destrucciones de fuentes de agua, la contaminación con metales pesados y tantos otros ejemplos de desprecio por la vida y seguridad ecológica del planeta.

Por cierto, sus donativos no compensarán el enorme daño causado a comunidades y ecosistemas; por el contrario, agravarán su responsabilidad en el contagio en este delicado momento que viven las comunidades. Y todo ello con la aprobación de nuestros débiles Estados.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas

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Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; asícomo por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y detrabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo estodificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad.

 

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La administración de justicia en el sector minero en tiempos de Estados de emergencia y de Covid_19

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Artículo de Rodrigo Lauracio Apaza / Equipo legal de Red Muqui

Para muchas familias en nuestro país estas semanas de cuarentena se han convertido en toda una odisea, debido a las carencias, que incluso ya las aquejaban con anterioridad a la pandemia desatada por el virus Covid N° 19. Innegablemente las más vulnerables son aquellas que se encuentran en extrema pobreza o pobreza, y sobre todo las que se ubican en las zonas rurales (comunidades campesinas y nativas). Para ellas el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, salud, educación o incluso alimentación eran ya de por sí, limitados. En las actuales circunstancias estas se han visto acrecentadas.

Pero a estas insatisfacciones también se ha sumado el acceso a los derechos básicos o prestación de servicios públicos. Si en las circunstancias de “normalidad constitucional”, es decir cuando no había un estado de emergencia, desde el Estado no se podía garantizar estos derechos y servicios en plenitud; con el actual Estado de excepción era previsible que esta deficiencia se acrecentaría.

Para graficar un poco este escenario, recordemos algunos casos.

Fiscalización y Minería

El primero está relacionado con la actividad minera informal en la zona denominada “Cerro el Toro” (La Libertad). Hace una semana se ha denunciado que se continúan desarrollando actividades mineras informales con normalidad, pese a las restricciones que existen actualmente, en las que laboran muchas personas de la zona andina de La Libertad. El ministerio Público (Fiscalía en Materia Ambiental de la Libertad) declaró que no podía iniciar acciones legales (interdicción) contra los responsables debido a limitaciones derivadas del Estado de Emergencia[1].

El segundo caso está relacionado con la actividad minera formal. El día de ayer se ha hecho público que la empresa minera Antamina (Ancash) ya tiene 7 personas confirmadas con Covid_19 y varias personas con síntomas que se encuentran en cuarentena dentro del campamento minero. Ello hace notar que al primer trabajador diagnosticado con Covid_19 el 31 de marzo, que presentó síntomas desde el 25 de marzo, no se le brindó las atenciones requeridas de forma oportuna, y no se implementaron las medidas preventivas necesarias para evitar contagios dentro del campamento minero y en las ciudades aledañas (Pueblo de San Marcos, Provincia de Huari). Conocido los hechos por el Ministerio Público (Fiscalía Provincial Penal de San Marcos); la Fiscalía aperturó investigación preliminar contra la compañía, pero no pudo desarrollar la diligencia de constatación debido a las abstenciones funcionales de colaboración y apoyo por parte de la PNP[2].

Estos dos casos, juntos a otros que probablemente hayamos podido conocer, solo nos evidencia que se está poniendo en una situación de indefensión a aquellas personas que de por sí ya son “vulnerables”. El rol del Ministerio Público (fiscalías) es fundamental, ya que es el ente garante de derechos ante una situación de comisión de delitos. El cual no se puede ver mermado o restringido en absoluto, aún en un Estado de emergencia.

El rol del Poder Judicial

De la misma forma el Poder Judicial tiene un rol fundamental en este contexto de emergencia, pues la administración de justicia no es un servicio que pueda dejar de funcionar. Lo mismo ocurre con la PNP, quienes a pesar de tener bajo su responsabilidad el control del orden interno para garantizar el aislamiento social, como prioridad, también deben de prestar colaboración oportuna e idónea en los procesos de investigación de delitos.

Todas estas exigencias que demandamos, desde luego no puede representar un riesgo para la salud e integridad del personal que labora en estas intuiciones, como jueces y fiscales; por ello las Cortes Superiores de Justicia y las Juntas de Fiscales Superiores deben optar por medidas que permitan a las personas acceder a la justicia (plantear denuncias, demandas, quejas, etc.) en este contexto de aislamiento social.

Finalmente, la población debe saber que, con el establecimiento de un estado de emergencia, efectivamente se restringen derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad de domicilio; pero no se restringen derechos como el acceso a la justicia (la posibilidad de hacer denuncias por algún delito o agravio), y el Estado no deja de garantizarlos. Es decir, no se está impedido de acudir a las dependencias policiales o sedes del Ministerio Público para presentar denuncias, y menos constituirá delito alguno.

Por lo tanto, si bien estamos ante una situación excepcional como ya dijimos, no estamos ni deberíamos estar desprotegidos. Si hubiera alguna omisión o no te quisieran atender en las dependencias judiciales de tu distrito o provincia, denúncialo o hazlo público. Es importante el control y la vigilancia ciudadana de los funcionarios públicos en este estado de emergencia.

[1] Puede ser visto en: http://www.laindustria.pe/nota/14724-huamachuco-fiscal-admite-que-no-puede-intervenir-en-cerro-el-toro#.Xo4w3yqpV8g.whatsapp. (Consultado el 10, de abril del 2020).

[2]Puede ser visto en: https://convoca.pe/agenda-propia/antamina-fiscal-abre-investigacion-preliminar-contra-minera-por-caso-de-covid-19. (Consultado el 10, de abril del 2020).

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Antamina paraliza labores después de 7 casos confirmados de Covid-19 y denuncia de trabajadores con síntomas

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El día de hoy circuló la noticia de un medio periodístico limeño que señaló que habrían 60 trabajadores contagiados de Covid-19 de la empresa minera Antamina que se ubica en Ancash. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud de Ancash, consultado por Red Muqui, señaló que hasta ahora son 7 casos confirmados los relacionados a la empresa minera Antamina y que la información propalada por un medio periodístico de Lima no tiene como fuente a la DIRESA de Ancash. La(s) DIRESA(s) en todas las regiones del país son las entidades del Estado responsables en emitir información oficial sobre el número de pruebas de descarte de Covid-19 que realizan y el resultado de casos positivos y negativos.

El jueves 9 de abril, el director regional de Salud en Ancash, Luis Palomino, anunció vía conferencia de prensa que 7 personas de Antamina habían dado positivo a las pruebas de Covid-19 y que estaban realizando la cuarentena en sus centros de producción.  En referencia a la empresa señaló: “han confirmado que el sábado están haciendo tamizajes con pruebas rápidas a todos los trabajadores para ver quienes dan positivo y quiénes no”. Sin embargo, este fin de semana pasado, 11 y 12 de abril, no se realizaron las pruebas de descarte de Covid-19 en el campamento de Yanacancha de Antamina debido a que la empresa minera no tiene las pruebas de descarte de Covid-19.

Empresa minera mintió

La semana pasada, tras la protesta de los trabajadores y la denuncia de instituciones y medios periodístico; la empresa minera Antamina anunció mediante un comunicado que había adquirido pruebas de descarte de Covid-19 para todos sus trabajadores y trabajadores de empresas contratistas con las que laboran. Sin embargo, este anunció fue desmentido el día de ayer, domingo 12 de abril, por los propios representantes de la minera Antamina ante la protesta de los trabajadores que exigían que les realicen las pruebas de descarte para volver a sus casas. El representante de Antamina señaló: “las únicas entidades que tienen las pruebas es el MINSA y ESSALUD. Las pruebas no las tenemos”.

Trabajadores aislados no pudieron salir de Antamina

En la protesta del día domingo 12 de abril, los trabajadores exigieron que la empresa minera Antamina cumpla con las pruebas de descarte de Covid-19 para que puedan retornar a sus casas. Un trabajador señaló que observaron que 3 buses salieron el día sábado 12 de abril con trabajadores mineros. Sin embargo, el representante de Antamina señaló que esos 3 buses “no es para usted ni para mí, es para la gente que está aislada. Nos han regresado los buses. El Estado no nos va a dejar salir”. De esta manera, Antamina confirmó que además de los trabajadores con Covid-19 que confirmó la DIRESA de Ancash, hay más trabajadores que se encuentran aislados en el campamento de Yanacancha, que intentaron salir en esos 3 buses.

Empresa minera paraliza labores

Frente a todos estos acontecimientos que se han hecho público estos días; la empresa minera Antamina acaba de anunciar mediante un comunicado el día de hoy, lunes 13 de abril, después de 19 días de haberse detectado al primer trabajador con síntomas de Covid19, que “hará una suspensión temporal de operaciones: Porque no se trata de la mina sino de la salud, seguridad y tranquilidad de todos”.

En el comunicado ya no señalan específicamente que harán pruebas de descarte de Covid19 a sus trabajadores, como lo anunciaron en comunicados pasados, sino, solamente: “haremos evaluaciones médicas a todos los que permanecen en nuestros campamentos. Actuaremos de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de Salud. Debemos comenzar esta misma semana”.

Posteriormente, la empresa minera informó que envió una carta notarial al medio de prensa de Lima para que se rectifique en la información vertida sobre los 60 trabajadores con Covid-19 de Antamina, confirmando en la carta que sí hay 7 trabajadores de Antamina y sus empresas contratistas con el virus. Sin embargo, en la carta, la empresa no reconoce que tiene trabajadores aislados en el campamento con síntomas de Covid-19.

Desde la Red Muqui exigimos que la empresa minera cumpla con su ofrecimiento de adquirir las pruebas de descarte de Covid-19 para todos sus trabajadores y sea transparente en los comunicados que emite. Asimismo, es fundamental que SUNAFIL y los representantes del Ministerio de Salud constaten in situ las condiciones en las que se encuentra los trabajadores directos de Antamina y de sus empresas contratistas para que se eviten más contagios dentro del campamento minero.

 

Nota actualizada hasta las 9pm del 13 de abril.

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

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El rol de los entes fiscalizadores en tiempos del Covid-19.

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

No cabe duda que en estos tiempos del coronavirus tanto el Estado como la sociedad civil estamos aprendiendo a enfrentar todos los desafios que nos plantea esta pandemia. No basta con emitir normas legales. Según la Defensoria del Pueblo, hasta el momento ya van más de 200 normas emitidas por el gobierno nacional, sectorial, regional y local para afrontar la propagacion del Covid – 19. También es importante estar atentos al rol que cumplen los entes supervisores, reguladores y fiscalizadores estatales, ya que tanto los funcionarios publicos, los organismos estatales, así como las empresas privadas han venido infringiendo el Estado de Emergencia.

 

Es importante señalar que estos entes fizcalizadores como OEFA, Osinerming, Sunafil, entre otros, están autorizados para supervizar, fiscalizar y sancionar, si el caso lo amerita, a las instituciones y empresas que infrinjan las normas y el estado de emergencia. Uno de los sectores al que hemos hecho seguimiento es el de la minería y que ha sido cuestionada por haber sido exceptuada del estado de emergencia.  Probablemente es el sector que más denuncias ha recibido, ya que ha expuesto a sus propios trabajadores y las comunidades aledañas al contagio del virus. Desde la Red Muqui hemos reportado varios casos confirmados de contagio de trabajadores en empresas mineras como Antamina y Cerro Verde, por ejemplo.

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que es el organismo encargado de promover, supervisar y fiscalizar los temas laborales en el Perú, es probablemente uno de los entes que más denuncias ha recibido en las ultimas semanas, y muchas de estas del sector minero. El caso más conocido es de la empresa minera Antamina (Ancash), que ya suma dos personas con covid-19. Recientemente la Diresa confirmó que un policía que brindaba servicios de seguridad a Antamina en el campamento de Yanacancha se contagió de covid-19 por tener contacto con el primer caso reportado: el trabajador minero del mismo campamento. Como se sabe, la PNP tiene convenio privado con la empresa minera Antamina y la comisaría queda muy cerca al campamento de Yanacancha. Además de ello, en los últimos días, los trabajadores han denunciado maltrato y abuso de la empresa, ya que no solo estan confinados, sino tampoco saben si son portadores del virus. En este caso, Sunafil ha tenido que intervenir para que Antamina tome las medidas necesarias en atención a los pedidos de los trabajadores: realización de pruebas de covid-19 a todos los trabajadores y retorno a casa tras las pruebas de descarte. Sin embargo, por la gravedad de las denuncias, el caso no ha quedado ahí; la Fiscalia local ha abierto una investigación preliminar contra la empresa por los presuntos delitos de “violación de medidas sanitarias, desobediencia y resistencia a la autoridad”.

 

El caso de Antamina es uno más de muchos casos de trabajadores de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay (Cusco), Shougan (Ica), Southern (Tacna), incluido los trabajadores de empresas que se dedican al transporte, acopio, concentrado y exportación de minerales en los puertos del Callao (Perubar, Impala, Ferrovías), que se ha denunciado en estas semanas y, lamentablemente, a pesar de las aclaraciones del presidente Vizcarra el viernes 20 de marzo, de las acciones recientes de Sunafil, y de la denuncian de organizaciones de derechos humanos, no se han respetado las normas sanitarias y laborales en el sector minero. Urge que los entes reguladores y fiscalizadores como Sunafil cumplan un rol más proactivo y efectivo. Ya lo hemos señalado: en estos tiempos de Covid-19 nadie deberia tener corona y muchos menos el sector minero, que ponen en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y las comunidades aledañas.

 

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Después de semanas, Gobierno da facilidades para traslado de producción agropecuaria

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Después de la presión de Conveagro, gremio que reúne a las organizaciones agrarias y ganaderas a nivel nacional, y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que lograron tener una reunión con el ministro de Agricultura el 30 de marzo, Jorge Montenegro; el Ministerio emitió el 4 de abril la resolución ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, que “establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19”.

Como es de conocimiento público, los gremios agrarios han estado exigiendo al gobierno central medidas para que las y los agricultores del sector rural puedan sobrevivir a esta crisis desencadenada por el Covid-19, que los perjudica en su producción regular al tener limitaciones de tránsito y encarecimiento del transporte de carga, compra de insumos, comercialización, etc, que agrava más las condiciones en las que ya venían produciendo; especialmente en aquellos lugares donde no tienen acceso al agua y a la tierra por el uso que hacen de los bienes comunes las empresas extractivas como la minería. Y, también en aquellos lugares donde los pasivos ambientales mineros son un peligro para la producción agropecuaria.

Actividades que comprende la medida

Hasta la fecha, después de 23 días de cuarentena, la resolución ministerial del MINAGRI es la única medida que el gobierno ha emitido para el sector agropecuario. Medida que “comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias diversas. c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso. f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, productos veterinarios y material genético. g) Importación y exportación de productos agropecuarios. h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego)”.

Estas medidas comprenden a los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realizan algunas de las actividades señaladas con el objetivo de que se mantenga la cadena alimenticia en el país que, en las últimas semanas, se ha visto perjudicada con el alza de precios de algunos alimentos en las ciudades del país y el abastecimiento al gran mercado mayorista de Lima.

Gráfica de la reducción de ingresos promedio al Mercado Mayorista (Eduardo Zegarra)

 

 

 

Pase laboral de tránsito

La resolución del Ministerio de Agricultura también comprende que los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario puedan tramitar virtualmente el pase personal laboral ante la única Plataforma Digital del Estado Peruano (gob.pe/pase laboral) o, en su defecto, tramitar el pase en la comisaría más cercana con la acreditación expedida por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, con el formato anexo en la resolución ministerial.

Protocolo sanitario

La resolución también señala que “los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos fines”. Para ello, el Ministerio emitió un protocolo en el que señala que los productores, trabajadores y empresarios deben desinfectar sus herramientas de trabajo; guardar la distancia mínima de un metro si interactúan con otras personas; no compartir cabinas de tractores ni de camiones durante la campaña; uso de ropa exclusiva para labores del campo; y el personal dedicado a la carga y descarga de alimentos, debe hacer uso obligatorio de guantes y mascarilla. Si quieres revisar todo el protocolo, entra AQUÍ.

Agro abandonado

En declaraciones al periodista Glatzer Tuesta, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, señaló que además de la indiferencia de los grandes medios de comunicación con la problemática del sector en estas crisis por el Covid-19; los funcionarios del Estado del sector agricultura no están informando sobre la realidad del campo al gobierno central.

“Somos 2.2 millones de agricultores familiares que alimentamos al país (..) y 1 millón 200 mil productores viven en condición de pobreza y no podemos colocar nuestras colocar nuestras cosechas de papa, producción de quesos que venían a Lima, etc. El bono social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no llega a los hombres y mujeres de la agricultura familiar, porque no han sido reconocidos en la primera medida”.

Desde la Red Muqui, institución que ha venido denunciando las condiciones en las que laboran los trabajadores mineros en esta emergencia sanitaria nacional, nos sumamos también a las exigencias de Conveagro y las organizaciones gremiales agrarias para que este sector, que es indispensable para la alimentación del país, sea apoyado por el Estado. Es inadmisible que el gobierno permita que las actividades mineras continúen funcionando con normalidad sin una adecuada fiscalización, teniendo a la fecha 4 personas contagiadas en el sector minero; y al sector agrario se le mantenga abandonado.

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Trabajadores de campamento de Antamina protestan y exigen que les hagan pruebas de Covid-19

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Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

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Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

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Presentan Proyecto para derogar artículos de “Ley de Protección Policial” que generan impunidad

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El día de hoy, la congresista Mirtha Vasquez y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, con el respaldo de su bancada, acaban de ingresar el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprimía el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial. El Proyecto de ley de las congresistas mantiene únicamente una parte del artículo 1 de la Ley de Protección Policial, referida a que las y los policías tendrán asesoría y defensa legal gratuita cuando afronten “una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial”. Esta asesoría y defensa legal será realizado por “un Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú”, tal como lo señala el artículo 6 de la Ley aprobada, en consonancia con lo planteado en el artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 31012 aprobada (Ley de Protección Policial) tiene 6 artículos en total y una disposición complementaria derogatoria.

La congresista Mirtha Vasquez señaló en sus redes sociales que el Proyecto de Ley 4986 busca derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del Gatillo Fácil”, como llaman también a la Ley de Protección Policial. “No podemos retroceder en derechos humanos ni permitir la impunidad con una norma que atenta contra el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía”, añadió.

Análisis del Proyecto de Ley

El proyecto de Ley de la bancada del Frente Amplio mantiene la esencia del primer párrafo de la Ley de Protección Policial en el artículo 1. y desecha el segundo párrafo del mismo artículo, porque atenta contra el principio de la autonomía judicial, al señalarse que los jueces deben establecer “mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”

Los siguientes artículos que quieren derogarse de la Ley de Protección Policial; el artículo 2 y 3, son declarativos y contradictorios con el artículo 1, 3 y 4, que fundamentalmente plantean que los jueces no pueden “dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías investigados; y también están “exentos de responsabilidad penal” cuando causen lesiones o muertes en cumplimiento de su función.

Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios.

El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país.

La ONU se pronuncia

Después de recibir la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la Ley de Protección Policial aprobada, el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció el día de ayer: “Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”.

Agregó que, “en el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.

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