Cajamarca: Comuneros de Hualgayoc-Bambamarca y Chota irán a paro exigiendo el retiro de minera Anta Norte

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Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

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Chumbivilcas: Comunidades de Ccapacmarca acuerdan nuevo diálogo con Mirtha Vásquez por conflicto con Las Bambas

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Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

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Puerto Huarmey: como peces, lobitos y las personas convivían hasta la llegada de Antamina

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Recientemente, el 7 de diciembre, fue noticia que un tribunal de segunda instancia de Chimbote revocó la prisión preventiva y ordenó la liberación inmediata de cinco pobladores de Puerto Huarmey detenidos hace un mes, tras las protestas ocurridas el 1 de noviembre en dicho puerto. Los manifestantes fueron arrestados por la policía y acusados por el Ministerio Público de haber cometido delitos de violencia contra la autoridad. Hasta hace algunos años el puerto y sus alrededores eran conocidos por sus playas y sus variados y abundantes pescados y mariscos. Para conocer y entender los reclamos de sus pobladores hay que desplazarse hacia este pueblo costero ubicado a 286 kilómetros al norte de Lima. El  recorrido comienza  en la Caleta Puerto Grande con vecinos que alguna vez vivieron en este lugar junto a otras 30 familias.

 

Playa de Puerto Huarmey

 

Una vida centrada en la pesca, igual que la mayoría del pueblo que trabajaba en torno a lo que se obtenía del mar. Incluso llegó a haber tres fábricas que transformaban la anchoveta capturada en harina de pescado. Cientos de puestos laborales que hace veinte años comenzaron a desaparecer. Los frutos del mar ya no estaban al alcance, ni de los pescadores artesanales, ni de la industria pesquera. Ahora quedan pocos rastros de las viviendas que albergaban a los pescadores y sus familias en la caleta. Algunos pocos la siguen usando para embarcar y desembarcar con sus botes a motor trayectos que les llevan varias horas recorriendo la costa en dirección al sur. Antes, para llegar a la mejor zona de captura situada apenas a unos trescientos metros, recorrían el trecho a remo. A través de artes de pesca menores, consideradas por el Instituto del Mar del Perú como aquellas con menores impactos en los ecosistemas, sacaban una gran variedad de especies codiciadas en lugares tan alejados como Chimbote. Otros se sumergían en sus aguas como buzos y atrapaban así peces de peñón, como el congrio o la vieja.

 

Puerto Caleta Grande, al fondo se observan barcos remolcadores de la industria minera

 

Todo cambió cuando en aquella zona de pesca, por excelencia llamada Puerto Punta de Lobitos, se instaló el año 2000 un muelle con una estructura de enormes pilares de fierro colocados en transversal, capaces de sostener una cinta transportadora de varios cientos de metros de longitud. A través de ella, la empresa minera Antamina descarga desde entonces el cobre, plata, zinc, molibdeno y plomo que obtiene de sus operaciones situadas a 309 kilómetros de distancia en la sierra de Ancash.

¿Un error de ingeniería?

Un sitio para el terminal del embarque había sido aprobado en 1999 por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, máxima autoridad marítima y costera del Perú como parte del proyecto minero de Antamina. Una explotación que se convertiría en el mayor productor de cobre del Perú y el noveno en cuanto a su envergadura a nivel mundial. El lugar preciso para construir esa infraestructura era Puerto Lagarto, a cientos metros de distancia y separado por un cerro de la bahía de los pescadores. Sin embargo, este gigante proyecto minero, un tercio de cuya propiedad corresponden a la australiana BHP Billiton y a la helvética Glencore respectivamente, y un 22,5 por ciento está en manos del conglomerado canadiense Teck Base Metals; “se equivocó”. En vez del lugar señalado se instaló en la bahía profunda y de aguas calmas, zona de captura de los pescadores artesanales.

El documento aludido en poder de Red Muqui demuestra fehacientemente cuál era la zona asignada. Sin embargo, basta con ir a Puerto Huarmey para ver dónde se ubica el terminal del ducto.

 

 

Terminal del mineroducto y del muelle con la cinta transportadora en Puerto Punta de Lobitos

 

Video que muestra cómo los barcos cargueros están a la espera de su turno de ser llenados e impiden así también la labor de los pescadores artesanales

 

Desde entonces la vida del pueblo que giraba en torno a la pesca cambió drásticamente, los pescadores que lanzaban sus redes en ese lugar perdieron esa posibilidad ya que la estructura que penetra unos ciento cincuenta metros mar adentro divide el espacio en dos, además hay al menos seis superficies redondas flotantes, pero ancladas al fondo repartidas a una distancia de unos treinta metros entre sí que sirven para amarrar a los barcos carga en los que llevan los preciados minerales al exterior. Es decir toda la infraestructura ocupa una considerable área del mar y costa para sus operaciones, que de acuerdo al documento de concesión de la obra corresponden a 48.980 m². En otras palabras, ya no hay sitio para los botes y las mallas para pescar. El animal al que hacía alusión el lugar que allí encontraba lo mismo que los humanos desapareció. Ya no quedan ni lobitos, es decir los lobos marinos que atraían a los visitantes del lugar, ni lo que comían.

Vista de la costa desde los cerros cerca de Puerto Punta de Lobitos

 

¿Por qué han desaparecido peces, lobos marinos, pingüinos y otros animales?

Las causas exactas de la desaparición de los peces no se han establecido y probablemente nunca se sepan, tampoco se han hecho estudios que verifiquen la cuantía de especies o el estado del fondo marino.

Lo que sí han observado los pescadores y de lo que dan fe ex operarios de la terminal es el reiterado y recurrente vertido del mineral en el mar y en la costa. Algo que ocurre al momento de la descarga del material en los barcos, ya que una parte cae fuera de la manga colocada al final de la cinta transportadora y también porque el depósito, que almacena los metales extraídos, en ocasiones es abierto de par en par. Entonces los fuertes vientos que barren los cerros entran también a ese espacio y esparcen por la costa su carga. En pocas palabras, el transporte del mineral desde el yacimiento de Antamina hasta los barcos que se lo llevan, a pesar de que se hace a través de un mineroducto, es todo menos un proceso hermético. 

Otra evidencia del cambio de escenario en relación a la situación previa, que si bien no establece un nexo causal entre la actividad de la minera en la zona y eventuales impactos medioambientales, es el cierre de las tres fábricas de harina de pescado que llegaron a funcionar simultáneamente en el Puerto. 

 

La última de las fábricas de harina de pescado que cerró sus operaciones en 2007

En 2007, cerró la última de ellas: CFG.

Si bien la anchoveta, insumo básico de la harina de pescado, es capturado más allá de las primeras cinco millas desde la costa, zona reservada para la pesca artesanal, la gente del pueblo no se explica qué llevó a la desaparición de esta industria.

La falta de atención de salud

En esta época de fines del 2021, el pueblo rodeado de la agreste monotonía de cerros y planicies de color ocre con muy poca vegetación aparece apagado, casi deshabitado. Pero la imagen engaña, y no son pocos los que se resisten a abandonar el lugar donde nacieron y que los vio crecer. Vecinos, que hace tiempo vienen solicitando a la empresa un diálogo directo. Sin embargo, Antamina los ha consolado con incluirlos en un Comité de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de Huarmey, un espacio que a los vecinos no convence ya que en veinte años no los ha tomado en cuenta como protagonistas principales en esta historia. Según una funcionaria de la posta de salud, que vio pasar al último médico en marzo de 2021, continúan malviviendo alrededor de 2 mil 800 personas en los tres centros poblados que conforman Puerto Huarmey. Personas que han tenido  acceso en contadas ocasiones a médicos, especialmente desde 2016 hasta el 2019 a través del programa del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS del Ministerio de Salud y en otras ocasiones con algún galeno cuyos honorarios fueron cubiertos por la minera. Otro aporte de la empresa ha sido un mototaxi, acondicionada precariamente para hacer la función de ambulancia y actualmente fuera de servicio por falta de mantenimiento.

“Ambulancia” de la posta de salud Puerto Huarmey

 

Y no es que falten los enfermos en este rincón del Perú, poblado desde época preincaica como lo demuestra la huaca, situada a pocos metros de lo que fue la mayor fábrica de harina de pescado de la zona, ahora completamente abandonada y rodeada de basura y bofedales que con sus aguas color rojizo advierten a cualquier ser vivo mantenerse alejado. De este sitio arqueológico se extrajeron al menos tres momias llevadas al Museo Regional de Casma “Max Uhle». Después, este espacio, que aún mantiene una forma de montículo o pirámide construida por antiguas culturas, fue abandonado a su suerte, como muchos otros lugares de este pueblo empobrecido. Los lugareños, en tanto, no saben las causas de su dolencias, algunas de las cuales afectan la piel y los sistemas respiratorios. Seguro que no les favorecen las aguas pestilentas, llenas de espuma y de color rosado estancadas en una lagunita a doscientos metros de la única plaza de juegos que también cuenta con una canchita de pasto sintético de fútbol salón. Tampoco los incontables pedazos de bolsas y botellas plásticas, neumáticos y restos de animales muertos esparcidos entre precarias viviendas construidas de latas, cartón y maderas que se alternan con otras construcciones de adobe o de concreto.

 

Aguas estancadas en Puerto Huarmey

A falta de condiciones mínimas, tampoco son buenas las fiestas

Posiblemente la imagen más tétrica, es la zona proclamada como sitio arqueológico en un gran panel de piedra y situada en dirección a la antigua caleta de pescadores ahora abandonada. Expuestos sobre la arena y piedra hay miles de huesos humanos que probablemente hayan ido emergiendo de sus antiguas tumbas por la acción del viento y la erosión. Lo que no hay, es alguna institución o entidad que se haga cargo de resguardar sitios que suponen ser el último descanso que tenemos. 

 

 

Basurales frente a la huaca del pueblo y restos óseos humanos

 

Tal vez, las necesidades son tantas, que la empresa que a inicios del año lideraba la producción de cobre en el Perú y que durante el 2020 exportó minerales por un valor de 2 mil 170 millones de dólares, en vez de invertir en este pueblo para restituir mínimamente las condiciones de vida de gente que vivía de y para la pesca, ahora financia, o al menos hasta el inicio del pandemia financiaba un gran festival con conciertos de cumbia y competencias de motocross. 

O tal vez, sea hora que se visibilice lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas cuando otorgó la concesión del área de Punta Lagarto para la instalación del muelle de Antamina y que establece en el punto 9: “ La empresa Antamina Operadora SA, se obliga bajo responsabilidad a no contaminar la tierra, el aire ni el agua, de manera que no ocasione daños ni ponga en peligro la vida, salud humana o el normal desarrollo de la flora y fauna, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a las que se dicten para la protección de medio ambiente, conforme al artículo A-150410 del Reglamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres”.

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Poder Judicial reconoce derechos constitucionales de familias de Antigua Morococha frente a las acciones de Chinalco

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Las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el lunes 22 de noviembre a las 11 Am en el auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467, Lince),  para presentar sus demandas, luego de haber logrado una resolución del poder judicial que reconoce y declara sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven. Luego de casi un año de demora del proceso de Habeas Corpus presentado por los pobladores de la antigua ciudad de Morococha contra la empresa minera Chinalco por la violación de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito al haber cerrado el acceso de los pobladores a sus viviendas donde viven con sus familias, si mal el juez, en primera instancia, declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señala que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales, situación que contradice lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

El reconocimiento de los derechos y su expresa declaración en la sentencia de habeas corpus, constituye un importante pronunciamiento de nuestra justicia emitida dentro de un proceso constitucional, aunque la demora de un año en su expedición, rehabilita el reconocimiento de los derechos de los pobladores de la antigua ciudad de Morococha y exhorta a la municipalidad distrital de Morococha, a la empresa Minera Chinalco y al Ministerio de Energía y Minas a evitar amenazas y posibles violaciones de derechos fundamentales de los pobladores que aun residen con sus familias en la antigua ciudad de Morococha situación que se reconoce independientemente de que vivan o no en una zona declarada de riesgo no mitigable.

Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Chinalco para poder desarrollar su proyecto minero, el 2012 inició el reasentamiento de aproximadamente 1200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.

Fecha: Lunes 22 de noviembre del 2021

Hora: 11:00 am

Lugar: Auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467 Lince – Lima)

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Nuevo paro para exigir fin a la contaminación de la Cuenca del Coata comienza este 8 de noviembre

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Intermitentes declaratorias de Estados de Emergencia y abundante evidencia por parte de organismos estatales de altos niveles de contaminación, de importante fuente de agua de al menos 50 mil personas, no han mejorado la situación.

Pobladores expuestos a metales pesados por la contaminación de la cuenca Coata, ingresarán a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, debido al incumplimiento de compromisos de remediación de la cuenca y atención de salud a personas con mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.

Félix Suasaca, presidente del frente de defensa unificado en contra de la contaminación de la cuenca coata, manifestó que la medida de protesta social es para exigir la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al rio Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Roman y Seda Juliaca.

Asimismo, exigirán la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura. De la misma forma, solicitaran la publicación de la resolución suprema 02-2020 PCM que reconoce el plan de acción del gobierno nacional que involucra a los ministerios de salud, energía y minas, ambiente, educación y vivienda.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por varios organismos estatales, entre ellos la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sus muestras evidencian alarmantes concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan ampliamente los Límites Máximos Permitidos y los Estándares de Calidad Ambiental establecidas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de esta contaminación, el pasado 28 de setiembre, mediante el Decreto Supremos 158-2021-PCM, el gobierno nacional declaró en Estado de Emergencia por un plazo de 60 días, los distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno y distrito de Caracoto de la provincia de San Roman, región de Puno, por existir peligro inminente de contaminación del agua de consumo humano. Sin embargo y a pesar de que las razones de la polución no han sido subsanadas, el gobierno ha vuelto a levantar el Estado de Emergencia.

Ante esta medida, los dirigentes de frente de defensa de los distritos mencionados, manifestaron estar cansados con las declaratorias de emergencias, mesas técnicas, compromisos y planes de acción, sin resultados favorables para la población afectada por la contaminación. En ese sentido indicaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que el presidente Pedro Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros estén presentes en la zona para dar solución definitiva al tema.

Organismos defensores de Derechos Humanos han constado la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa.  No obstante que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha solicitado acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental se inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación demora cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas.

Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales cincuenta mil serían los más afectados ya que viven en la en la zona baja de la cuenca.

Por último, a pesar de que no hay claridad sobre los mecanismos para enfrentar la situación de afectación que ha sido calificada por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) de  Muy Alto Riesgo, las declaratorias de estado de emergencia se han dejado de emitir. A ello se suma que el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente. Para asegurar que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, se requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

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Defensores del medio ambiente convocan movilización y denuncian violencia extrema en sus regiones

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Perú ocupa el noveno lugar, entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo.

Defensores/as de derechos humanos y del ambiente del Perú se movilizan a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario

Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.

Durante el 2020, en plena pandemia, 6 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness. Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020.  El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.

Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.

En ese contexto, este 26 de octubre se llevará a cabo una primera reunión en la que se darán encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En esta reunión se discutirá la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia

Al día siguiente, este miércoles 27 de octubre a las 10am se realizará un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra. Conoce el evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»

Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por
el cambio climático. Entérate más de la campaña: https://bit.ly/3G91KA8

Exigen implementación de Nuevo Protocolo para defensores

Por ello, pedimos al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.

Evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Contacto de prensa: José Carlos Zúñiga: 927160871

 

 

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Debida diligencia: Derechos laborales no son costos a reducir por las Mineras

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La semana pasada ocurrió un lamentable accidente de transporte donde 16 trabajadores de 8 empresas contratistas de la empresa minera Las Bambas perdieron la vida. La empresa minera emitió un comunicado donde señala que las personas fallecidas eran “colaboradores”. Debe quedar claro que, si bien se trataban de trabajadores contratados por empresas tercerizadas, todas estas personas realizaban labores directamente vinculadas a garantizar la producción de la empresa principal, es decir la empresa minera.  No se trata de “colaboradores” sino de trabajadores a los que les corresponden derechos sociales.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

La tercerización es la figura legal que utilizan las empresas para reducir sus costos de producción. Especialmente las empresas mineras, que se basan fuertemente en políticas de competitividad y productividad. La ventaja competitiva es aplicada por las empresas mineras como principio orientador de su gestión y de manejo de sus procesos productivos. Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, como el derecho al trabajo, todas las empresas deberían de actuar con debida diligencia. La “debida diligencia” es un concepto que se introduce desde los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) el 2011. En el marco de estos principios se establece que en base al deber de prevención, las empresas deben actuar con debida diligencia para evitar la violación de los derechos humanos.

La debida diligencia implica que las empresas mineras identifiquen previamente todos los riesgos que sus actividades productivas generan, además es necesario que identifiquen y delimiten los derechos humanos en riesgo. Sin embargo, como es el caso de empresas como Las Bambas, persisten en sus políticas de negación de derechos humanos. Esta es una política común en varias empresas mineras, por ello los sindicatos mineros están en permanente lucha. Es el caso ahora del Sindicato Unificado de los Trabajadores de Atococha, quienes han realizado una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial a su favor que anula el proceso de cese colectivo que aplicó la empresa minera Cerro SAC en Pasco y que afectó a 164 trabajadores y sus familias

El secretario general del sindicato ha informado que la autoridad laboral regional no atiende sus demandas y que esperan una solución de parte del Ministerio de Trabajo. Los ceses colectivos junto a la suspensión perfecta son modalidades que las empresas mineras han utilizado para prescindir de los trabajadores y reducir sus costos de producción. Al igual que en el caso de la tercerización laboral, su objetivo es no tener trabajadores en planilla con derechos reconocidos de forma integral.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

Fuente: Facebook de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos.

Es de suma importancia que el Estado en todos sus niveles pueda implementar un enfoque de derechos humanos en sus políticas de promoción de la economía, ya que la estabilidad de la inversión minera en nuestro país no puede seguir suponiendo recorte de derechos humanos, especialmente derechos de carácter social como el derecho al trabajo. El gobierno actual debe asumir una política en debida diligencia en derechos humanos para fortalecer su potestad de regulación y promover un desarrollo sostenible.

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¿Qué dijo Bellido sobre las actividades mineras en su presentación congresal?

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El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

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Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de Minera Aruntani

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Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

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